SALARIOS POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE SUBSISTENCIA

En 1983 tuvo que hacer el DANE toda suerte de malabares con la canasta familiar de los obreros para probar que la inflación llegó tan sólo al 16.7%. Con base en este porcentaje, el gobierno de Betancur fijó el ridículo 18.5 por ciento como tope a los incrementos salariales del sector estatal.

En realidad, ambas cifras envuelven un engaño, pues lo que llama el DANE “canasta mínima vital” conformada con los criterios del Instituto Nacional de Nutrición (INN), no obedece a un cálculo real. En las tiendas y plazas de mercado, como lo sabe cualquier ama de casa, siguen aumentando en espiral vertiginosa los precios de todos los artículos.

En tanto que de 1970 a esta parte los salarios nominales se han ido acrecentando hasta en un 1.000% para la industria manufacturera más avanzada, el salario real ha disminuido aproximadamente en un l0%, es decir, que con las remuneraciones actuales el trabajador adquiere hoy menos mercancías que hace unos trece o catorce años. De este modo la mayoría de los asalariados no consigue llegar siquiera al nivel mínimo de subsistencia. Para no hablar de la multitud de cesantes, cuyas miserables existencias se consumen en la inanición.

Tal es el resultado inmediato de la política de austeridad pregonada por el gobierno en el marco de la denominada “concertación”. ¿Qué significa la palabreja? Que para los salarios se fijan mezquinos topes de aumento, mientras los precios siguen subiendo sin control en beneficio de los empresarios, y las cargas fiscales se manipulan en provecho de los grupos en el Poder. Si bien varios regímenes han dicho haber aplicado la concertación con el criterio de exigir por igual sacrificios a patronos y obreros, los sueldos tienden día tras día a ser menores en relación con las utilidades crecientes de los capitalistas. Los ingresos de los grandes financistas y accionistas se elevan sin cesar, mientras aparecen las empresas con pérdidas cuantiosas en sus balances anuales. El régimen del “cambio con equidad” pretende que sean los obreros los que carguen sobre sus hombros los efectos dañinos de la crisis y de las ganancias especulativas de la banca.

Para menoscabar los salarios, el Ministerio del Trabajo ha recurrido en los últimos dos años a ilegalizar huelgas, como en el caso de Puertos de Colombia; a autorizar, millares de despidos, como en las textileras de Medellín; a generalizar los contrapliegos en las negociaciones colectivas, como en la Caja Agraria; a hacer valer por sobre las conquistas sindicales el sistema de contratistas privados, como en Ecopetrol, y, en general, a volcar sobre la opinión pública una mendaz campaña de descrédito para mostrar a los obreros cual una “oligarquía de overol” que se queda con la ganancia de las empresas.

Por fortuna, tal como lo probaron Sittelecom, la Registraduría, los bancarios y el proletariado del sector oficial en las recientes movilizaciones, la clase obrera no se muestra dispuesta a transigir en punto tan vital ni a admitir mansamente índices tan mentirosos para sus reivindicaciones.

EL FIASCO DE LA VIVIENDA POPULAR

El 19 de abril de 1982, en un discurso transmitido por televisión a millones de colombianos, el entonces candidato del Movimiento Nacional y hoy Presidente de la República expuso con algún detalle el programa de vivienda que aplicaría su gobierno. Para responder a las críticas de su principal contrincante en las urnas, Alfonso López Miechelsen, quien lo acusaba de tratar el problema “con cierta frivolidad, con. cierta superficialidad, con cierta ligereza”, el señor Betancur reafirmó su compromiso de acabar con el 60 por ciento del déficit habitacional del país, estimado en un millón de unidades, y enumeró los diferentes mecanismos posibles para financiar la empresa: declaró que su administración adelantaría “planes masivos de carácter popular, por supuesto, y sin cuota inicial”, y dijo que esto ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los pobres e incluso a detener, al menos en parte, la emigración del campo a las ciudades.

Aunque el programa de vivienda que propuso Belisario Betancur en su campaña batía todas las marcas dé la demagogia y sólo estaba dirigido, como se ha podido comprobar fehacientemente después de año y medio de gobierno, a pescar en el río revuelto de las elecciones, lo cierto fue que sus ofertas de construir entre 100 mil y 150 mil alojamientos anuales contribuyeron de manera decisiva, con centenares de miles de votos, al triunfo de su candidatura.
Sin embargo, además del llamado déficit cuantitativo urbano de un millón de unidades, que afecta al 25 por ciento de la población del país, se calcula que un 30 por ciento adicional de las familias colombianas habita en casas o apartamentos semiderruidos que requieren arreglos urgentes, ya sea porque están a punto de caerse, como suele pasar, o porque son edificaciones que atentan contra la salud y, con frecuencia contra la propia vida de sus moradores.

Del total de compatriotas que no tienen vivienda, dos terceras partes no ganan ni siquiera el salario mínimo. Cerca de la mitad de los habitantes de Bogotá se hacinan en barrios piratas, que cubren una extensión de casi trece mil hectáreas, y que en la mayoría de los casos no disponen de servicios públicos.

La política de Belisario Betancur en esta materia no se aparta, sustancialmente, de la línea seguida por los gobiernos anteriores, que consiste en colocar bajo el dominio directo del capital financiero, a través de las corporaciones de Ahorro y Vivienda, la mayor parte de la actividad constructora del país.

Sin embargo, si algo ha demostrado la experiencia de más de una década es que el sistema UPAC, que se iniciara, en el cuatrienio de Misael Pastrana Borrero, y cuyos intereses han sido incrementados en la actual administración, ni quiere ni puede resolverles el problema del techo a los sectores populares. Las corporaciones mencionadas tienden a invertir en residencias costosas, inaccesibles para los pobres, en las que obtienen altas tasas de rentabilidad, por lo general superiores al cien por ciento, y además tienen a su alcance muchos medios para eludir las timidísimas disposiciones oficiales que les ordenan destinar un cierto porcentaje de sus recursos a la construcción de “soluciones” baratas.
A su turno, las diversas medidas de Belisario Betancur no han impedido que el ICT siga siendo lo que siempre ha sido: una entidad que se su crónica debilidad financiera, que se encuentra en un proceso de descapitalización creciente y que depende cada vez más de las emisiones del Banco de la República, de las inversiones forzosas de las compañías de seguros y de las cajas de ahorro, del “encaje” de los bancos comerciales y de los préstamos directos del sector privado, lo que encarece el dinero destinado a construir vivienda subsidiada para los que más la necesitan.

Los decretos del actual gobierno tuvieron también el efecto de elevar escandalosamente los precios de los lotes para este tipo de vivienda, muchas veces en beneficio de los grandes pulpos urbanizadores, y al mismo tiempo aumentaron en un 15 por ciento anual las cuotas mensuales que deberán pagar al Inscredial los adjudicatarios. El área de los alojamientos para las clases populares ha disminuido en casi 15 metros cuadrados por unidad, como lo denunció hace poco un alto funcionario del Departamento de Planeación Nacional, y las “ratoneras inconclusas” que construye el ICT, cuando no son lotes sin servicios, se entregan en obra negra para que sean terminadas por el mismo usuario.

En cuestiones de vivienda, como se ve, el régimen tampoco puede.

Editorial: ¡BASTA!

Nunca hemos cortejado el respaldo de los votantes con el aliciente de realizar a través de unos comicios los vuelcos revolucionarios que acucia Colombia. Aunque no cejemos en explicar el fondo y los alcances de tales transformaciones consignadas en nuestro programa, lo cierto es que hartos esfuerzos se requieren para desvanecer las ilusiones que cual fiebres recurrentes atacan cada dos años el ánimo de los electores, a causa de las retocadas promesas de siempre de los candidatos del bipartidismo. Ayer encaramos la euforia levantada alrededor de los tres millones de sufragios del Mandato Claro que posteriormente desembocarían en la desbandada del continuismo; hoy nos batimos contra la avalancha embaucadora del Movimiento Nacional, cuyos demagógicos desplantes han cretinizado a mucha gente. Y nos hallamos en la recta final de la mitaca de 1984, un momento oportuno para que los estratos populares y las fuerzas democráticas y revolucionarias efectúen un riguroso examen de la labia y de los logros del cuatrienio iniciado el 7 de agosto de 1982. Nadie dirá que año y medio no abarca un plazo prudencial para juzgar la obra de una administración, así sea la de Belisario Betancur, quien, habiendo anunciado tantas ofertas a una nación tan menesterosa como la nuestra, se demorará su tiempo para desacreditarse por completo.

Sin embargo, despuntan en el horizonte signos alentadores. Crecen los incrédulos a medida que brotan los fiascos en los proyectos bandera del Ejecutivo.

Los sueños de poseer techo propio, con o sin cuota inicial, rápidamente se esfuman para la pobrería esperanzada en el “sí se puede”, pues descubre que los terrenos urbanizables se hallan de antaño acaparados, las redes de los servicios no llegarán jamás hasta zonas marginadas, el Instituto de Crédito Territorial adolece de un déficit inextinguible, los costos de los préstamos de la Upac subieron por ley y sus míseros ingresos familiares encuéntranse lejos de los topes fijados a los adjudicatarios. Los pocos favorecidos por el gobierno se quejan de la pésima condición de las cajas de sardina que adquirieron por vivienda, y hasta organizan comités y movilizaciones a objeto de exigir la satisfacción de sus demandas y protestar por los incrementos decretados en los pagos al Inscredial.

La denominada Universidad a Distancia, otro de los caballitos de batalla del “cambio con equidad”, se ve cada vez más distante, mientras los centros de la educación pública languidecen en medio de increíbles carencias y se continúa con la vertiginosa privatización de la enseñanza.

En puntos neurálgicos como los impuestos, la carestía y los altos intereses bancarios, las actuaciones del loado gobernante riñen abiertamente con lo que fuera su retórica electoral. A la oligarquía financiera, a los magnates de la industria y a los grandes terratenientes les alivió la carga tributaria aún más de cuanto lo hicieran en el pasado sus vituperados antecesores; entre tanto elevó casi todos los gravámenes indirectos, fundamentalmente al consumo, acentuando la índole regresiva y discriminatoria del sistema impositivo colombiano y obligando a la inmensa mayoría del pueblo a acrecentar sus aportes para el sostenimiento del Estado de los expoliadores.
En abril comenzará a cobrarse el exótico Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica ya no sólo a la venta de los productos, conforme lo ordenaban las viejas normas dirimidas, sino que afecta a cada uno de los diversos eslabones del proceso de producción y distribución de las mercancías. Fuera de que repercutirá nocivamente en el costo de la vida, la rebuscada y enmarañada disposición se traducirá en entrabamiento y merma de las operaciones comerciales y por ende de la actividad industrial.

Al trepar y convertir los reajustes anuales del impuesto predial en un medio de descongelación periódica del monto de los alquileres, a fin de que los arrendadores tributen más sí desean percibir más de sus inmuebles, el gobierno recurre a otro intrincado y tramposo mecanismo para conseguir mayores recursos a cargo de los sectores menos afortunados de la población y a costa de atizar la hoguera inflacionaria.

Y así, el vencedor del 30 de mayo, quien derrotara a López Michelsen con sus dadivosos juramentos formulados durante la justa electoral, entre los cuales subrayó el compromiso categórico de no agobiar a los contribuyentes con nuevos arbitrios, pues subsanaría las falencias presupuéstales mediante algunos correctivos dirigidos a encinturar a los evasores, terminó echando por el caño la palabra empeñada, primero, al declarar su emergencia económica hundida por la Corte, y luego, al convocar las sesiones extraordinarias del Congreso para que éste le resucitara su paquete de medidas fiscalistas.
Respecto a las declaraciones de evitar las alzas y frenar la inflación, proferidas sin falta por quienes en nombre de los partidos tradicionales aspiran a la presidencia de la república, el señor Betancur se ha burlado también descaradamente de la masa anhelante que lo respaldó en las urnas. Las tarifas de los servicios públicos prosiguen su ascenso ininterrumpido y a tasas asfixiantes, generándose por doquier paros y conflictos de magnitudes regionales, como los realizados ya en dos ocasiones memorables y a “ritmo paisa” por cuenta de los propios coterráneos del primer mandatario.

No obstante venir disminuyendo los combustibles su cotización en los mercados internacionales, en Colombia acaba de autorizarse por resolución ejecutiva una adición del 16% a los precios de la gasolina, tras la mira de ampliar los recaudos del Fondo Vial Nacional y de fortalecer las rentas de los departamentos.

Con la supresión del subsidio a un porcentaje considerable del transporte urbano, se han aminorado en una cuantía relativamente módica las erogaciones del Estado, pero se les inflige un duro golpe a los esquilmados bolsillos de los desposeídos. Decisiones de este tenor, tan delicadas y lesivas desde el punto de vista social, las pueden adoptar con cierta holgura los regímenes antipopulares que gozan de algún crédito o capacidad de engaño.

Recurriendo al ardid aplicado unívocamente por las administraciones frentenacionalistas, la actual se valió asimismo de las festividades navideñas y de fin de año para soltar en diciembre la cascada de licencias encarecedoras de una multitud de artículos y servicios, alegando, con los datos amañados del DANE en la mano, que aquellos inevitables dictámenes no inciden en la canasta familiar o lo hacen en una proporción exigua.
Se manipula la estadística para darle artificialmente fuerza a la negativa de los patronos a acceder a las justas peticiones de las masas laboriosas de la ciudad y el campo. Como pocas veces en la historia reciente o remota del país, en lo corrido del presente período se ha hecho manifiesta la tendencia inherente al capitalismo de colocar las entradas de los asalariados por debajo del nivel mínimo desubsistencia. Prueba de ello son la campaña de difamación orquestada contra los operarios de los puertos, quienes libraron durante varias semanas una heróica pelea para evitar el recorte de sus modestas remuneraciones; la ilegalización de la huelga de los obreros de Fabricato que rechazaban indignados el desconocimiento a la convención colectiva; las provocaciones sistemáticas contra la Unión Sindical Obrera (USO) encaminadas a debilitarla; la proliferación de los contrapliegos patronales en busca de la anulación de viejas y sentidas reivindicaciones, cual está aconteciendo en la Caja Agraria, y la ridícula propuesta de 18.5% de aumento salarial presentada a los trabajadores de las entidades del Estado y que ha desencadenado encendidas respuestas en Telecom, la Registraduría, la rama jurisdiccional, los establecimientos educativos y la Empresa de Teléfonos de Bogotá, para no citar más que algunos ejemplos. Muy aleccionador resulta para el porvenir de la revolución colombiana que sea la clase obrera la que, con su indomeñable resistencia, se ponga a la vanguardia en la tarea de desarmar el tinglado erigido en torno a la fachendosa figura del ex ministro de Trabajo del 23 de febrero de 1963.

A pesar de los fingidos zapateos del Ministro de Hacienda contra los financistas y las reiteradas amenazas presidenciales de reducir los índices del interés bancario, éstos se mantienen en los mismos topes de usura, si no se acrecientan como ene el caso de la Upac. Dicha meta se aleja cada día, pues toda la política económica al mando apunta en dirección opuesta. Al alto costo del dinero contribuyen el enorme déficit fiscal superior a los cien mil millones de pesos, las sucesivas emisiones de moneda sin respaldo prescritas para tapar los huecos del erario, la velocidad imprimida a la devaluación automática y los títulos ofrecidos a elevadas tasas por el Estado con el objeto de competir con las corporaciones particulares en la captación del ahorro de los ciudadanos. El régimen brama contra los crecidos intereses y actúa como puede para impedir su baja.

Sobre las caldeadas materias del capital financiero, la socaliña consiste en que cuando los emisarios de la ética belisarista reprimen o intervienen cualesquiera de las instituciones cogidas en franca violación de los códigos, lo llevan a cabo, según se afirma, en aras de remediar las fraudulencias y los demás desafueros característicos de las operaciones del aludido sector; empero, la inflexible severidad con que se sancionan los delitos de unos grupos, se torna en indulgencia infinita al tratarse de otros. ¿Acaso no ha planteado el gobierno la expropiación en parte de Michelsen Uribe, expresidente del Banco de Colombia, a tiempo que a los accionistas Sarmiento Angulo y Cortés del Banco de Bogotá, enredados también en prácticas dolosas de agio y especulación, les anticipó benévolamente 5.860 millones de pesos para salvarlos de la quiebra y a la espera de que el público compre una buena cantidad de sus acciones? En otras palabras, el señor Betancur, que sabe por dónde va el agua al molino, toma partida en la disputa entre los monopolios y de contera posa de juez moralizador en el turbulento mundo de los negocios.
En cuanto a la prometida limpieza de la corrupción administrativa, que tantos votos reportara al triunfo del Movimiento Nacional en aquel domingo de mayo, en vez de registrarse avances durante el año y medio transcurrido desde entonces, se retrocede en múltiples aspectos. No olvidemos que de la primera nómina de dignatarios cercanos nombrados por Belisario Betancur, dos gobernadores no pudieron ni siquiera posesionarse debido a que sobre ellos pesaban sólidas sospechas por conductas punibles en sus desempeños de cargos anteriores, uno, en el ámbito público, y el otro, en la esfera privada; tres más fueron sindicados de graves irregularidades, entre los cuales el de Antioquia hubo de renunciar en las postrimerías de 1982.

El encargado de la cartera de justicia, Lara Bonilla, se vio envuelto en un escándalo mayúsculo al ser acusado de recibir un cheque por un millón de pesos como apoyo de los llamados “dineros calientes” a su participación en el penúltimo debate electoral. La denuncia se le comprobó plenamente y el ministro, pese a sus reiteradas embestidas verbales contra el narcotráfico, no consiguió en ningún momento refutar la inculpación.

Las investigaciones referentes al cinematográfico robo de los US$ 13.5 millones de un préstamo del Chase Manhattan Bank a Colombia, y a las cuales deberían estar vinculados aunque fuese por negligencia funcionarios de dirección y manejo de las dependencias respectivas, no pasan de configurar un novelón policíaco de pobrísima factura, en donde no hay pistas, ni presos, ni nada.

El favoritismo manifiesto en el reparto de los canales de la televisión y la consiguiente pésima programación de la misma, le valieron la caída al ministro de comunicaciones; y para colmo, en su reemplazo se designó a Nohemí Sanín Posada, persona de estrechos vínculos con tres programadoras, dos de las cuales, Cenpro y Promec, son contratistas del Estado.

La pequeña polémica sobre la licitación del Metro de Medellín, suscitada a raíz de las imputaciones hechas por una de las firmas perdedoras que señala sin ambages a la Empresa del Tren Metropolitano, y a través de ella al alto gobierno, de protuberantes trasgresiones y omisiones en el afán de otorgarle el contrato a un consorcio hispano-alemán, deja flotando en el ambiente un olorcillo a cosa podrida, porque los incriminados prácticamente no se dieron por aludidos, porque los integrante de la junta de la mencionada entidad dependen en forma directa de Palacio y porque no se ignoran las otrora relaciones económicas del Presidente con los españoles, Betancur Cuartas se limitó a solicitarle una “investigación” a Carlos Jiménez Gómez, cuyo nombramiento a la Procuraduría General de la Nación se lo debe exclusivamente a la amistad de años con el actual depositario del solio de Bolívar.

Dentro de su parasitismo las clases oligárquicas identifican al Estado como la fuente más expedita de enriquecimiento, para lo cual da lo mismo demandarle garantías, que exigirle protección, arrebatarle prebendas, o saquearlo simplemente. Por eso ni pensar que bajo la organización social reinante se alcance el saneamiento del aparato administrativo. Pero sí creemos útil conminar al movimiento que convirtió la lucha por la depuración en una consigna para escalar al Poder a que responda por la alarmante propagación de los gérmenes degenerativos detectados en los organismos oficiales, máxime cuando el Contralor acaba de notificarnos de que en 1983 los desfalcos, los sobornos y las coimas en el área pública arrojaron la inverosímil cifra de 65.000 millones de pesos.

Por todo lo señalado, a estas alturas del cuatrienio, comienza a propagarse la duda acerca de la verdadera índole del experimento belisarista, incluso entre las capas del pueblo que con mayor entusiasmo saludaron su arribo triunfal. Aun cuando en los pronunciamientos políticos las autoridades todavía se cuidan de conservar una imagen atractiva, y siguen halagando al oportunismo con las venias al bloque soviético y la búsqueda de una pacificación dialogada, las definiciones en el terreno económico ponen al desnudo el carácter real y las preferencias ciertas del régimen. No obstante criticar a los Estados Unidos y defender de dientes afuera el no alineamiento ante las superpotencias, la facción gobernante no tiene el menor reato de refrendar el plan de Reagan para la Cuenca del Caribe, aplaudir el informe de Kissinger sobre Centroamérica, recabar a través de los créditos externos una redoblada injerencia en el país de las agencias prestamistas internacionales, y sobre todo, ampliarle las ventajas a la inversión foránea, con lo que se le facilita a los monopolios, preferencialmente estadinenses, la explotación de los recursos naturales y del trabajo de los colombianos.

No obstante hablarse tanto de proteger a los indigentes, se colocan en provecho de la minoría opresora todas y cada una de las prerrogativas que la república neocolonial y semifeudal de Colombia está en condiciones de conferir en los dominios económico, cultural y militar. A los obreros se les recorta su paga o se les lanza a la calle a engrosar las filas de los millones de desempleados, y si no sé inclinan respetuosos ante los caprichos de sus esquilmadores, han de sufrir sin clemencia los rigores de la represión. Para los campesinos la acción estatal, en vez de significar educación, salud, tierra para el laboreo, se traduce en un violento y constante asedió, en una tragedia más de sus atormentadas existencias. El presupuesto no alcanza para el funcionamiento de los hospitales, ni cubre uno que otro subsidio en pro de las masas populares: pero en cambio el Ejecutivo, con gracias y subvenciones a montón, rescata de sus trances a los magnates de las finanzas, la industria y el agro. Nada distinto representan los fondos de “capitalización empresarial” y de “democratización de la banca”, cada uno constituido por diez mil millones de pesos, así se arguya falazmente que con ellos principiará a desconcentrarse la propiedad accionaria en el país.
¿Y de dónde salen las sumas para enjugar las generosidades del señor Betancur, si persiste el déficit fiscal, si el Estado se halla tremendamente endeudado, si los desfalcos por motivo de la corrupción administrativa no se detienen y el gasto público se multiplica sin cesar? Sencillamente de las emisiones del Banco de la República. Emitir, emitir, emitir: en eso se resume la orientación económica del “sí se puede”, un régimen de mentalidad desclasada que juega al azar con el destino de sus gobernados y pone al servicio de la fortuna de unos cuantos los haberes de la nación entera.

Por ello y por mucho más nuestro grito de guerra en esta confrontación electoral ha sido: ¡A combatir la demagogia oficial! No será solo la proclama para unos sufragios. En el futuro habremos de perseverar en la labor esclarecedora. Sin desenmascarar ante el pueblo las iniquidades y mentiras de las oligarquías, cometido prioritario de nuestra lucha política, jamás obtendremos desalojarlas del poder.

EL GOBIERNO JUEGA CON LA SOBERANIA NACIONAL

Si la demagogia ha sido la característica fundamental del régimen de Belisario Betancur en lo interno, su política externa no se queda atrás. A tiempo que realiza uno que otro desplante de pretendida independencia frente al imperialismo norteamericano y posa de no alineado, sus emisarios mendigan en todos los organismos crediticios internacionales (controlados, como se sabe, por el capital financiero estadinense) cuantiosos empréstitos que hipotecan aún más al país y constriñen la ya arruinada economía nacional. Luego de haber apoyado la iniciativa de Reagan para la Cuenca del Caribe, un plan destinado a afianzar la tambaleante dominación del Tío Sam en la zona, Betancur decidió dar el voto de Colombia por Nicaragua para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es precisamente con relación a este último país que el gobierno está mostrando su catadura de estraperlista.

A finales del año pasado, el régimen sandinista de Nicaragua resucitó su absurda reclamación sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y los cayos aledaños, incluyendo dichos territorios insulares dentro de la jurisdicción nicaragüense en una edición reciente del Anuario Estadístico, publicado por una entidad oficial. Tamaña provocación vino a sumarse a la serie de incidentes diplomáticos y declaraciones chovinistas de la junta de Managua que, desde 1980 en adelante y sintiéndose respaldada por Cuba y la URSS, desconoce los hechos históricos y los tratados bilaterales que dan a Colombia soberanía indisputable sobre las islas. No obstante, el país no se enteró del último desafío sino hasta el 22 de enero del año en curso, ya que el gobierno de Betancur guardó silencio al respecto a pesar de la gravedad del asunto. Sólo cuando la prensa informó de la nueva intentona del Estado nicaragüense se pronunció públicamente la Casa de Nariño. Betancur afirmó, como si nada hubiera ocurrido, que su administración no consideraba que los inauditos procedimientos de la nación centroamericana fueran obstáculo alguno para el proceso de Contadora.

En materias tan delicadas como son la soberanía y la integridad territorial del país, el señor Betancur prefirió ocultarles a sus conciudadanos la actitud de Managua con el propósito de que sus tejemanejes de pacifista internacional no se vieran-perjudicados ante la opinión pública. Hasta el propio Alfredo Vázquez Carrizosa, tan complaciente con los abusos del socialimperialismo, no pudo menos que preguntarse “cómo nuestra Cancillería se opone, a través del grupo de Contadora, a una eventual invasión de los Estados Unidos a Nicaragua, mientras ese país insiste en reclamar como suyos territorios colombianos”.

A pesar de lo antedicho, el régimen belisarista se apresuró a elogiar como positivo el informe de la Comisión Kissinger sobre Centroamérica, el cual no solamente traza la política a seguir por parte del imperio en la región, sino que descarta de un plumazo a Contadora como posible solución al conflicto. Pero al mismo tiempo, el mentor del “sí se puede” deja circular rumores acerca de la inminente normalización de relaciones con Cuba, cuyo comandante en jefe reconoció no hace mucho que su gobierno había estado brindando respaldo a ciertos grupos terroristas colombianos. Tal ha sido, en síntesis, la conducta de la actual administración en cuestiones internacionales: prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Si con ello se pone, en peligro la soberanía del país, qué importa; lo prioritario se reduce a salvaguardar la imagen del cabecilla del Movimiento Nacional.

Universidad a Distancia: UN FRAUDE PARA LA EDUCACIÓN

No obstante el énfasis dado por Belisario Betancur y su gobierno a sus proyectos “bandera”, aquel de la “educación abierta y a distancia” es de los que más fehacientemente han puesto en evidencia la demagogia que caracteriza su estilo. Durante la campaña electoral, el “candidato nacional” dejó entrever vagamente la posibilidad de que cualquier colombiano, con el solo requisito de acreditar su cartón de bachiller, podría hacerse doctor sin necesidad de asistir a muchas clases. Semejante perspectiva, en un país donde año tras año el 60% de los bachilleres queda marginado de las universidades, generó entusiastas expectativas.

Tan sólo doce días después de su posesión, el presidente promulgó el decreto 2412 de 1982, mediante el cual fue creada y reglamentada la educación abierta y a distancia.

A la carrera, el gobierno pretendía cumplir con sus ofrecimientos; y a la carrera, por lo mismo, aprovecho la existencia jurídica de la Universidad Estatal del Sur de Bogotá, Unisur, creada en las postrimerías del mandato de Turbay, para adaptarla como centro piloto de su experimento.

El primer y fundamental obstáculo residía, sin embargo, en la financiación de un proyecto tan ambicioso, inspirado en logros de países como Inglaterra y España, donde los expertos duraron décadas diseñando sus programas. Así las cosas, el gobierno optó por la vía más expedita: quitarles parte de su magro presupuesto a las universidades públicas.

Unisur proyectó servir a 97.500 estudiantes para 1986, iniciando con unas 7.500 matrículas en 1983, cuando abrió su primer programa, el de “ingeniería de alimentos”. Los inscritos superaron tales previsiones; cerca de 10.000 bachilleres iniciaron un programa que les exigiría un mínimo de seis años y medio de estudios, de los cuales tres para un membrete provisional de “tecnólogos”, uno y medio de trabajo obligatorio (sin fuentes de empleo establecidas) y otros dos para su titulo como ingenieros. De los 10.000 que en un comienzo pagaron el equivalente a medio salario mínimo, por cada semestre, hoy sólo queda una tercera parte.

La Universidad a Distancia demanda inversiones muy grandes, pues supone el establecimiento de centros regionales, requiere la elaboración de módulos y textos especialmente diseñados para nuevas metodologías educativas y exige el pago de tutores calificados. Nada de esto fue previsto por el gobierno de Betancur: el presupuesto quiere sustraerse de universidades con déficits crónicos; los módulos han sido elaborados en varios establecimientos educativos sin coordinación, y a toda prisa; los centros regionales, donde los hay, fueron improvisados, y los tutores son, en su inmensa mayoría, todo tipo de gentes necesitadas de empleo, con bajos sueldos y sin preparación necesaria para asumir este tipo de docencia. Tal es el deplorable balance de la renovación educativa del actual gobierno.

ALZAS, LA VERDADERA FAZ DEL RÉGIMEN

Las alzas en las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y el transporte dejan al descubierto la verdadera faz del régimen.

Cuando en los primeros años de la década de los setentas se dispararon los precios del petróleo los funcionarios del ramo esgrimieron este hecho como fundamento para subir el costo de la gasolina, así Colombia no dependiera sino en parte mínima de las importaciones de hidrocarburos para su abastecimiento doméstico. Hoy, luego de que los crudos han bajado notoriamente su cotización en el mercado externo, el belisarismo, en lugar de disminuirlos en igual proporción, los incrementó en cerca del 16%. Aún más, reiterando su fidelidad hacia los de arriba, pretende atribuir, cual sus antecesores, la difícil situación financiera de Ecopetrol a los salarios devengados por los obreros. Para derribar el infundió basta aclarar que de los $77.50 que cuesta al público actualmente cada galón de gasolina corriente, la empresa nacional sólo recibe $47.72, lo que equivale al 61.6%, mientras el Estado, mediante el impuesto a las ventas, los recaudos para el Fondo Vial Nacional y los tributos departamentales, se apropia del 32%. El cesto queda en manos de los distribuidores, conformados principalmente por las tres grandes firmas imperialistas que operan en el país.

Con todo, la crisis de las finanzas públicas ha tocado fondo. Para atender la caótica situación de sus recursos, en gran parte debida al traslado continuo de dineros oficiales a los poderosos grupos financieros e industriales del país, el gobierno de turno no tiene otra alternativa que seguir exaccionando aún más los ya de por sí menguados presupuestos familiares.

No de otra manera se puede entender la racha de alzas que se han desencadenado, entre las cuales se destaca la del transporte por su desmedida magnitud. A partir del pasado primero de enero el Instituto Nacional del Transporte suspendió el subsidio para los buses urbanos de modelo posterior a 1977 y los autorizó a cobrar una tarifa de 513, cuando antes era de $4.50, lo que ha significado un aumento del 188.9%. Sumando el parque automotor que ya el año anterior no gozaba de subvención y los nuevos vehículos que llevarán el letrero transporté sin subsidio (TSS), se comprende que queda afectado por la medida el 62.5% del tránsito colectivo.

Pero donde más ha quedado al descubierto la demagogia reinante es en el caso de los servicios públicos, en donde se ha continuado con la upaquización de las tarifas. En septiembre de 1982, por medio de la resolución 005 de la Junta Nacional de Tarifas, se autorizó a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá para que estableciera un incremento mensual acumulativo del 3.25% en el precio del kilovatio-hora, lo que equivale a un 46.8% anual. En agosto pasado las tarifas del servicio de teléfonos en la ciudad capital subieron un 40%, y las del agua están sometidas a incrementos mensuales del 1.5%.

El presidente Betancur ha tenido que señalar claramente, y en repetidas ocasiones, la necesidad de autofinanciar los servicios mediante tarifas progresivas, tal como quedó consignado en su mensaje al Congreso de la República el pasado 20 de julio. A tal lenguaje lo obligan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entidades estas que determinan por encima de la soberanía nacional la conducción de Colombia.

La respuesta de las masas no se ha hecho esperar. El año inmediatamente anterior los pobladores de Riosucio, La Virginia, Barranquilla, Cartago, el oriente antioqueño, y de otras muchas regiones más, se levantaron en protesta. Hoy decenas de municipios de Antioquia, Nariño, etc., combaten denodadamente contra la política oficial, el alza de tarifas, y la mala prestación de servicios. Al “prestigio’ del Ejecutivo le ha llegado el principio del fin.

¡Abajo los impuestos al consumo!
Dos días antes de finalizar 1983, al socaire de las festividades decembrinas y burlándose de sus propias promesas electorales, el señor Betancur, a través del Deceso número 3541, aunó sin conmiseración la carga tributaria del pueblo. Alegando la urgencia de recaudar enormes sumas de dinero con el objeto de cubrir el cuantioso déficit del presupuesto nacional, agrandado por su irresponsable manejo de las finanzas públicas, el primer mandatario pretende limpiar los exhaustos bolsillos de los colombianos. El instrumento será la nueva figura jurídica del “impuesto al valor agregado”, que entrará a regir el primero de abril próximo y con el que se multiplican los gravámenes al consumo que todos los gobiernos-han venido Incrementando paulatinamente.

Con la modificación establecida el cobro del impuesto no sólo recaerá sobre el precio en fábrica, tal como se hacía antes, sino en los diferentes pasos por que transcurre el artículo en sus procesos de producción y comercialización. La insistencia de los áulicos en que se presentará una disminución en el gravamen no podrá engañar a nadie, pues desde abril las mercancías valdrán más por concepto del recargo-tributario y todos sentirán subir el costo de la vida.

Desde la reforma tributaria de López Michelsen el gravamen al consumo se ha convertido en la fuente predilecta de los ingresos corrientes del Estado, superando en la actualidad al impuesto de renta. En 1983 ese tributo le produjo a la Nación 60.000 millones de pesos, y los cálculos del Ministro de Hacienda le fijan 20.000 millones más para la vigencia de 1984.

Respaldar al MOIR en la presente campaña electoral significa contribuir a robustecer una fuerza revolucionaria que, fuera de desenmascarar los demagógicos engaños del gobierno alcabalero de Belisario Betancur, reclama la eliminación de todos los impuestos indirectos que esquilman preferentemente a las masas trabajadoras. ¡Que se establezca una tributación directa y progresiva! ¡Que se graven los bienes y las rentas de los ricachos! ¡Que el Estado deje de sostenerse con la exacción de los obreros, los campesinos y los pequeños y medianos productores y comerciantes!

¿. ..Y LO DEL METRO DE MEDELLIN?

Conforme a recientes denuncias aparecidas en la gran prensa, la Empresa del Tren Metropolitano de Medellín y del Valle de Aburrá, haciendo a un lado propuestas más ventajosas en calidad, experiencia, formas de pago y de financiación, adjudicó la construcción de la obra al grupo hispano-alemán Entrecanales RFA, por un valor superior en 155 millones de dólares (unos 15.000 millones de pesos) al precio ofrecido por otros competidores como el Grupo Mecolin o el Grupo Francés. El resultado de una de las más importantes licitaciones públicas abiertas en Colombia ha despertado amplios y diversos comentarios, no sólo por las demandas de los consorcios perdedores que señalan la existencia de serias irregularidades en la adjudicación, sino por la posible intervención de altísimos funcionarios de los gobiernos de Colombia y España en beneficio de los favorecidos. Sobre el primer aspecto es conveniente destacar que además de ignorarse mejores alternativas, tales como el aporte gratuito del gobierno británico por US$ 60 millones y la compensación comercial con carbón colombiano por US$ 150 millones, la Empresa hizo caso omiso de las incompatibilidades de Entrecanales RFA derivadas de sus vinculaciones con la firma consultora Electrowatt. Para colmos, la Empresa agregó unilateralmente la suma de USS 82 millones al precio base presentado por una de las compañías, lo cual colocaba a ésta en desventaja frente a los otros licitantes. Las denuncias, como se nota, son supremamente graves.

Sin embargo, el gobierno no ha respondido los cargos y el Primer Magistrado se redujo a pedirle al Procurador, Carlos Jiménez Gómez, que adelantara la investigación del caso. Pero dicho funcionario, como lo sabe el país, se cuenta dentro del selecto círculo de los más íntimos y allegados del señor Betancur, quien prácticamente lo impuso en el Ministerio Público para que fuera el fiscal de sus actos.

Se conoce igualmente que la empresa oficial fundada para la construcción de la obra está compuesta por quince miembros, diez de ellos representantes del jefe del Estado y cinco altos dignatarios de la administración seccional, o sea que la entidad depende directamente de la Presidencia. Asimismo, no faltará quien recuerde que el actual moralizador de la república realizó en no remoto pasado negocios con determinados monopolios europeos, especialmente ibéricos. Y si a esto se agrega que en la licitación hubo errores, irregularidades y omisiones, el asunto pasa de castaño a oscuro.