Categoría: Tribuna Roja Nº 81, agosto 19 de 2000

El gobierno de Pastrana ha planteado que carreteras, puertos y ferrocarriles van a entregarse al sector privado por el sistema de concesión, a favor de unos pocos grupos financieros nacionales y extranjeros, lo cual llevará a instalar más peajes, a aumentar sus costos y a aumentar gravámenes como el de valorización.

Hoy pretende golpear a los pobladores del norte del Cauca con la instalación de unas casetas de peaje en La Ye de Villarrica, lo cual contribuirá a hundir aún más en la crisis a la región.

Invias entregará en concesión el tendido de una variante a la Carretera Panamericana y obras de adecuación y mantenimiento de la vía entre Popayán y Buga, todo ello en una longitud de 516 kilómetros.

El costo de la obra asciende a 445 mil millones de pesos a precios de 1999. En lo que concierne a Santander de Quilichao, el proyecto incluye, como obras principales, la variante de 6.5 kilómetros entre El Tajo y El Yari y la doble calzada Santander-La Ye, en una extensión de 14 kilómetros.

El concesionario recupera las inversiones a través de los recaudos de los seis peajes que le entrega Invias: cuatro ya existentes y dos nuevos, el de La Ye y el de Rozo, en el Valle. Además, se contempla el cobro de valorización a los propietarios de los predios aledaños a las variantes y dobles calzadas.

¿A quién benefician y a quién perjudican los peajes?

Tal como está concebido el proyecto, los primeros beneficiados serán los inversionistas, que se lucrarán durante más de veinte años a costillas de los usuarios de la vía. El otro sector ganancioso es el de los grandes exportadores e importadores, quienes con ahinco vienen presionando el proyecto, pues contarán con una vía rápida para el movimiento de sus mercancías hacia el aeropuerto Bonilla Aragón, la Zona Franca, el puerto seco de Buga y el puerto de Buenaventura.

La gran perjudicada es la población, que tendrá que asumir el pago del nuevo peaje y el incremento oneroso en los precios del transporte.

¿Necesita el norte del Cauca una infraestructura adecuada? Sí, pero que la paguen los empresarios que se han establecido en la región como agentes de las trasnacionales. La consigna del Comité Cívico No al Peaje es entonces: “¡Sí a las obras, no al peaje!”

El 8 de julio, en la Asamblea del Valle, trescientos delegados de las ligas de usuarios del suroccidente del país se reunieron con el propósito de trazar un plan unificado de lucha contra las privatizaciones y el alza en las tarifas. El evento fue convocado por el Frente Ciudadano por la Defensa de Emcali y contó con representantes de Sintraemcali, la USO y otras numerosas organizaciones.

El capital financiero continúa empeñado en apropiarse de Emcali, la más importante empresa del suroccidente colombiano, tal como ya lo hizo con EPSA, antigua CVC. Emcali tiene un mercado de 600 mil usuarios y factura al día, en promedio, $ 2.700 millones. Es dueña de tres mil hectáreas de cuencas hidrográficas, de 2.600 km de redes de acueducto y 2.400 km de alcantarillado, 1.880 km de redes de energía, 160 km de redes subterráneas, 18 subestaciones de energía, 30 centrales telefónicas y una planta de tratamiento de aguas residuales.

A la caza de tan jugoso negocio, el alto gobierno ya intervino a Emcali y está a la espera de un inversionista foráneo, obedeciendo los dictados del Banco Mundial. Para hacer aún más atractiva la compra, la Alcaldía de Cali acaba de decretar un nuevo aumento de las tarifas.

Ya el capital extranjero ha entrado a saco en la empresa. Hace unos años, mediante bonos de deuda pública, Emcali hizo cuantiosas inversiones en Termoemcali, una planta de generación térmica que le está produciendo pérdidas anuales por 50 millones de dólares, pues un aberrante contrato PPA la obliga a comprarle durante veinte años la energía a un consorcio trasnacional.

Ante esta conjura se han puesto en pie de lucha las ligas de usuarios, veedurías, organizaciones sindicales y dirigentes de diversos partidos, entre ellos el MOIR.

La ponencia central del Encuentro fue presentada por Sintraemcali. Aurelio Suárez Montoya, dirigente del MOIR en Risaralda, dictó una conferencia, en la cual afirmó que “con el pretexto de la libre competencia, los últimos tres gobiernos han convertido el monopolio estatal en monopolio privado”. Como consecuencia, “los servicios públicos dejan de ser derechos ciudadanos para convertirse en mercancías, en beneficio del capital financiero internacional y en desmedro del capital productivo nacional”.

Suárez calificó como una gran falacia la política de “las alianzas estratégicas” con el capital financiero internacional en los servicios públicos, ya que las empresas tienen que aumentar permanentemente las tarifas para poder mantener una tasa de ganancia “que deje contento al inversionista”. Denunció que “las privatizaciones exigen que el Estado venda sus activos por debajo de su costo de oportunidad, sin que exista esfuerzo patrimonial por parte de los financistas”. Betania y Chivor, por ejemplo, fueron vendidas en la mitad de su costo. Termotasajero, recibida en 130 millones de dólares, fue puesta en el mercado en sólo 30 millones de dólares. La Empresa de Energía de Bogotá ferió el 50% de su capital, avaluado en 3 mil millones de dólares, por sólo 1.700 millones. De esta manera, la economía nacional se arruina y el único que sale ganando es el capital foráneo.

El encuentro aprobó la siguiente plataforma de lucha:

Derogar la privatizadora ley 142.
Las empresas de servicios públicos deben ser Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Algunas deben ser Establecimientos Públicos. En ambos casos, han de ser administradas exclusivamente por el Estado.
Prohibir la venta de las empresas de servicios públicos.
No permitir su división.
No desmontar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Subsidiar los servicios del sector productivo nacional, es decir, la industria y la agricultura.
Eliminar la estratificación rural.

El encuentro abogó por que la CVC (EPSA) revierta a sus dueños originales y por que sea preservada Acuavalle como empresa única departamental. Por unanimidad, los delegados aprobaron, finalmente, participar en la Jornada Nacional de Protesta del próximo 3 de agosto.

Héctor Valencia H., Secretario general MOIR

Cartagena de Indias, heroica por las históricas batallas de sus pobladores contra toda suerte de agresiones, ha sido escogida como sitial para que Bill Clinton, a nombre de la potencia imperial que preside, manifieste una nueva e intensificada intervención destinada a impulsar la implantación del Plan Colombia, actualmente piedra angular de su política de recolonización de nuestra nación. Dentro de tal propósito, la visita del mandatario norteamericano entraña tanto el reconocimiento a Pastrana por haber dedicado su gestión gubernativa a adecuar el país para la aceptación de dicho Plan, como el respaldo concreto a todas las medidas y acciones que en aplicación de éste han emprendido las instituciones estatales colombianas en conjunción con diversos organismos del gobierno de Estados Unidos.

Es necesario recordar que durante la última década los gobiernos colombianos han aplicado, de manera ora desaforada, ora gradual, pero siempre dócil y perseverantemente, la política de apertura neoliberal que Washington les ha dictado. Todas sus determinaciones de importancia en los campos económico, social y militar han obedecido al cumplimiento de esa política acorde con los intereses de Estados Unidos. Con Pastrana llevando a grados extremos ese servilismo, los resultados no pueden ser más nefastos: gran quiebra de la producción industrial y agraria, millones de compatriotas cayendo en masa en el desempleo y en niveles de pobreza e indigencia insoportables, violencia y terrorismo desatados en campos y ciudades, menoscabo o negación crecientes de los derechos democráticos. No es de extrañar entonces que, como lo testimonian forzosamente recientes encuestas, la población repudie la administración pastranista y afirme que bajo ella seguirá empeorando la situación económica e incrementándose la corrupción y la violencia.

El gobierno de Washington, promotor de este siniestro proceso, ha sido también su interesado guardián mediante un creciente y constante intervencionismo en nuestros asuntos con el pretexto de su presunta lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, de proclamadas preocupaciones por la paz, la construcción económica y la democracia. Con el recurso a esta última estratagema busca involucrar como elementos de intervención sus mismas propuestas para «remediar» los males sociales que su política de subyugación sigue generando. Cuestión que enlaza con que ahora Clinton, cual diablo predicador que harto de carne se mete a fraile, esté abogando enfática y públicamente junto a conspicuos dirigentes socialdemócratas europeos, por la justicia social, la reducción de la desigualdad en los ingresos y el fortalecimiento de la «sociedad civil», mientras clama por las bondades del diálogo y la concertación: «permitir a los opositores que expresen su opinión y convertirlos en socios constructivos». Al predicar estos salmos con miras a un remozamiento del neoliberalismo y a la aceptación de su política de globalización, también aguarda generar en los diferentes países corrientes políticas que adopten una complaciente pasividad o diversos grados de colaboracionismo con la potencia norteamericana. Precisamente entre nosotros y respecto al Plan Colombia, ya han surgido quienes se inclinan por la concertación sobre medidas antipopulares y antilaborales que le son complementarias, partidarios de gestiones y fórmulas alternativas dentro de sus lineamientos y hasta adeptos a buscar consensos para su aplicación.

El Plan Colombia es un plan de intervención integral. Le traza una estrategia al Estado para cuyo cumplimiento incide en la estructura y funciones de sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; ahonda y refina los aspectos de la apertura económica, y dota de considerable armamento al ejército y la policía, con lo que les regula sus operaciones contra el narcotráfico y las agrupaciones armadas, y legitima que Washington disponga a su arbitrio la magnitud, modalidades e intensidad de la rampante intromisión militar que ha puesto en marcha.

Dada su amplia cobertura, el Plan Colombia contempla medidas, con sus correspondientes aportes, en asuntos como el llamado desarrollo de cultivos alternativos, el medio ambiente, el sistema judicial y el penitenciario; ayudas a la fiscalía y las administraciones municipales, recursos para organizaciones no gubernamentales (ONG) y para los trabajadores de derechos humanos, entrenamiento de fiscales, y hasta aporta dólares para la evaluación de estrategias de negociación en el proceso de paz. Es lógico que estas contribuciones monetarias para los diversos componentes del Plan tengan su contrapartida: el entrometimiento de instituciones y funcionarios norteamericanos en las respectivas organizaciones colombianas –públicas o privadas, incluidas las «independientes» o las de la «sociedad civil» que sean cooptadas— para controlar y determinar el cumplimiento de sus tareas. La lesión a nuestra soberanía que así se configura no puede ser más intolerable.

A la visita de Clinton la ha precedido la presencia de funcionarios civiles y militares de jerarquía en Washington, quienes, cual avanzada, ocuparon el escenario que les brindó en la asamblea de la ANDI su desaprensivo presidente para aleccionar a la apocada concurrencia sobre el apoyo a un plan que, en palabras crudas de quien los presidía, Thomas Pickering, «tiene elementos que afectan cada empresa, institución, electorado y ciudadano de Colombia». Tras ellos y junto a los «asesores» militares gringos, quienes se sumarán a los centenares ya instalados en los comandos, llegará un destacamento de funcionarios que, de acuerdo con reciente directiva presidencial, aumentarán el esfuerzo estadounidense para ayudarle a Pastrana a poner en práctica el Plan. Esta demasía la justifica el mismo Clinton como «la manera correcta de adelantar los intereses de Norteamérica en la región».

Al hollar nuestro suelo para ejecutar el lanzamiento del siniestro Plan, Clinton infiere una despótica y grosera ofensa a la nación que, ineluctablemente, despertará en los compatriotas de bien la más absoluta abominación, y suscitando repudio entre las gentes que con dignidad mantienen viva su raigambre nacional, defienden sin atenuaciones la soberanía y atesoran un auténtico espíritu democrático. Esta erguida postura, manifestada ya en los sucesivos y triunfales paros de los trabajadores, en las protestas y luchas de los más diversos sectores sociales y en la actitud crítica de profesionales e intelectuales honestos, será el soporte fundamental de la resistencia civil contra la implantación del nuevo proyecto imperialista.

¡Afuera Clinton y su Plan Colombia!

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central

Héctor Valencia H.,

Secretario general

Bogotá, agosto 17 de 2000.

Acuerdo programático del MOIR y el PSOC

Colombia atraviesa por la peor crisis de su historia contemporánea. La política de apertura económica, impuesta por los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, lesiona de manera grave la producción nacional industrial y agropecuaria, le entrega a la iniciativa privada empresas que deberían mantener su carácter estatal, y ha llevado a cifras alarmantes el desempleo y el empobrecimiento de los colombianos.

La situación de Bogotá no es sino el reflejo de la crisis nacional. En el pasado decenio la capital ha experimentado un acelerado proceso de desindustrialización. En los dos últimos años se liquidaron 284 empresas y el desempleo se elevó por encima de 20%. Parejo con este deterioro de la economía, la administración distrital ha elevado escandalosamente los tributos y el grueso de los recaudos se destina a obras faraónicas y de ornato. Detrás de esta política se esconde el propósito de convertir a Bogotá en una ciudad de servicios para que las multinacionales establezcan sus sedes de operación hacia América del Sur y, en especial, hacia la Zona Andina. La expedición por decreto del alcalde del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, garantiza la continuidad de semejante política durante los próximos diez años.

Ante esta situación crítica de la nación y de la ciudad, se impone la unidad y la coordinación de quienes estamos por un futuro próspero y democrático para la nación colombiana. En la búsqueda de estos objetivos, se requiere de la más amplia participación de la población para que, sin discriminación de edad, sexo, raza, clase social, religión o color político, se aglutine a todos los que estemos por una patria mejor para los colombianos.

Como marco de orientación de nuestra acciones en el Distrito Capital, los abajo firmantes proponemos los siguientes puntos:

1. En nuestro accionar político y en el Concejo Distrital, trabajar por la defensa de la soberanía de la nación, el mantenimiento de la unidad territorial del país y la defensa de la producción nacional, y en contra del Plan Colombia, de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, de la política de apertura económica y del debilitamiento del mercado interno por el predominio de las importaciones y la disminución en la capacidad adquisitiva de los más amplios sectores populares.

2. Oponernos a las propuestas de desarrollo basadas en la subcontratación internacional, el ensamblaje y la promoción de la capital del país como ciudad de servicios para el capital extranjero.

3. Luchar contra la venta de la ETB, de la EAAB y de aquellas empresas del Estado vitales para el desarrollo nacional y el bienestar de los colombianos, asegurando el honesto y eficiente manejo administrativo. En consecuencia, pugnamos por el retorno de la totalidad de la EEB al patrimonio del Distrito y al servicio de los capitalinos.

4. Defender un sistema gratuito y de calidad para la educación de la niñez y la juventud de la capital, que cubra desde el preescolar completo, e impedir que los establecimientos educativos sean entregados a las ONG en un proceso de privatización que va a afectar principalmente la educación media. Nos oponemos al desmantelamiento del sistema de salud con el cierre de hospitales, la fusión entre ellos y su conversión en empresas mercantiles.

5. Luchar para que los servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos, y rechazar las altas tarifas, el cobro del alumbrado público, el desmonte de los subsidios y exigir que prime el criterio social de servicio y no el de la máxima rentabilidad. Con este propósito nos comprometemos a impulsar la organización de los usuarios de los servicios públicos.

6. Impulsar una reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, que elimine la excesiva concentración de poder en el alcalde, que fortalezca el Concejo Distrital, derogue las disposiciones fiscalistas, como el cobro a las obras por valorización e impida el establecimiento de peajes urbanos. En este sentido, estamos por un sistema impositivo y fiscal cada vez más equitativo y progresivo.

7. Denunciar a los defraudadores de los recursos y bienes del Estado, y exigir su castigo ejemplar.

8. Fomentar el establecimiento de planes de vivienda de interés social que faciliten la adquisición de vivienda digna y adecuada y buscar soluciones definitivas a las deudas con las corporaciones de ahorro y vivienda.

9. Buscar mejores condiciones de vida y de trabajo para la población, mediante la definición de políticas que conduzcan a precios equitativos y razonables en los artículos de primera necesidad, en las tarifas del transporte y de los servicios públicos, así como con el establecimiento de sueldos y salarios que eleven la capacidad adquisitiva de la población, de forma que se mejore el nivel de vida de los colombianos y se respalde el desarrollo de la industria y el agro nacional.

El PSOC y el MOIR trabajaremos por movilizar a toda la ciudadanía en torno a este programa.

Por el Partido Socialdemócrata Colombiano, PSOC:

Jaime Dussán Calderón, Ismael Beltrán Rodríguez, Álvaro Argote Muñoz.

Por el MOIR:

Carlos Naranjo Ossa, Francisco Valderrama Mutis, Francisco Cabrera Gutiérrez.

(Intervención del MOIR en el programa de televisión por el Canal RCN. Agosto de 2000)

Buenas noches

Como lo ratifica una reciente encuesta, la gran mayoría de los colombianos rechaza la gestión del gobierno de Pastrana, lo considera deshonesto y cree que bajo el resto de su presidencia lo que le espera a Colombia es peor situación económica, mayor corrupción y más violencia.

Ahora se informa que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, vendrá a respaldar personalmente este gobierno que las mayorías de nuestro pueblo tanto repudian. El jefe del imperialismo hollará nuestro suelo patrio, para anunciar que intensificará su intervención a fin de ayudarle al gobierno de Pastrana a aplicar el plan que le ordenó, el llamado Plan Colombia y, así, según sus propias palabras, sacar adelante los intereses norteamericanos en esta región.

Con la anunciada visita de Clinton será más nítida en Colombia la línea divisoria entre el imperialismo norteamericano y el gobierno vendepatria de Pastrana, por un lado, y, al frente, las grandes mayorías del país, las gentes demócratas y patriotas, a cuya vanguardia están los trabajadores que realizaron recientemente el triunfal Paro Nacional de Protesta.

Ante la oprobiosa presencia de Clinton, y en armonía con los intereses y la dignidad de nuestra nación, el MOIR llama a corear la siguiente consigna: ¡Afuera Clinton y su Plan Colombia!

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, secretario regional del MOIR en Caldas

El acuerdo de Actitud Renovadora y el MOIR, en torno a la candidatura de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal a la gobernación de Caldas, era un compromiso integral con dos partes. Primero: responsabilizaba de la crisis nacional a las políticas neoliberales de apertura y privatización impuestas por el llamado Consenso de Washington, comprometiéndonos a luchar por la soberanía nacional, contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, por la protección a la producción urbana y rural, por la no privatización de La Chec, en defensa de la educación y la salud públicas, en contra de las alzas en las tarifas y la reducción de los ingresos de los colombianos, por una solución política y soberana del conflicto armado y contra el terror y la violencia, vinieren de donde vinieren. Y segundo: dejaba sentado que Actitud Renovadora quedaba en libertad de votar por quien quisiera al Senado de la República, pero que ello sólo lo determinaría después del 29 de octubre, para no crearle trabas y compromisos burocráticos a la mayor unidad posible en torno al proyecto de cambio que estábamos propiciando en la política caldense, tanto en las elecciones como después de ellas. Se trataba de un acuerdo patriótico que nos diferenciaba, en el fondo y en la forma, de la manguala que ha mal gobernado a Caldas y a Colombia.

Es obvio que la alianza pudo pactarse porque el MOIR no exigió que la candidatura de unidad la encarnara Jorge Enrique Robledo Castillo y tampoco exigió que Actitud Renovadora respaldara su nombre al Senado de la República, a pesar de que muchos caldenses clamaban por lo uno o por lo otro. La importancia del acuerdo programático alcanzado bien justificaba una conducta consecuente de nuestra parte.

A diferencia del pacto entre el MOIR y Actitud Renovadora, el que después acordaron Luis Alfonso Hoyos y Luis Emilio Sierra, para respaldarse mutuamente a Gobernación y Senado y repartirse la burocracia departamental, fue una componenda dirigida a satisfacer mezquinos apetitos personales, a la cual se llegó por el descarado chantaje electorero del uno y la falta de carácter del otro. Es evidente que ese pacto, el cual ni siquiera se nos consultó, viola el acuerdo programático que habíamos firmado con Hoyos y rompe el compromiso de Actitud Renovadora de mantener su neutralidad frente a las candidaturas al Senado. He ahí otro episodio del conocido «yo te rasco para que tu me rasques» de la politiquería colombiana, que Luis Alfonso Hoyos tanto dice repudiar.

Pero no obstante la gravedad de la violación de la palabra empeñada por parte de Luis Alfonso Hoyos, el MOIR hizo esfuerzos para salvar el acuerdo alcanzado.

Por ello le ofrecimos mantenerle el respaldo a su candidatura, siempre y cuando reconociera públicamente su error y regresara a la posición anterior a su acuerdo clientelista con Luis Emilio Sierra. Infortunadamente, al final pudieron más sus ambiciones electorales que la trascendencia de una propuesta de unidad democrática y patriótica.

Ante estos hechos, llamamos a los caldenses que estén por sacar al departamento y a Colombia de la tragedia que padecen a no respaldar a ningún candidato a la Gobernación, porque es evidente que ninguno de ellos representa una verdadera opción de cambio y porque las elecciones no pueden seguir siendo el juego de bobos de escoger entre el peor y el más malo.

Miles y miles de chocoanos iniciaron un paro indefinido el 20 de junio, después que el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó lanzara una urgente proclama en la cual denunció la desidia del gobierno frente a las gravísimas carencias que aquejan al departamento.

Al Comité se sumaron todas las fuerzas: los diputados y concejales, el MOIR, el Partido Comunista, la CUT y el movimiento sindical, el magisterio, la Iglesia, la Cámara de Comercio, la Liga de Profesionales, los conductores y transportadores, la Federación de Juntas Comunales, las madres comunitarias y las veedurías ciudadanas. Las marchas y protestas, que enarbolaron las banderas de Colombia y del departamento, contaron con la solidaridad del propio gobernador y del alcalde de Quibdó.

Bajo la consigna de “el pueblo no aguanta más”, la proclama que convocaba al Paro Cívico condenó el racionamiento de energía eléctrica hasta por ocho horas diarias, en desmedro de la ya débil economía chocoana, la total quiebra del sistema de salud pública, el pésimo estado de las carreteras, el taponamiento de las bocas del río Atrato, que ha interrumpido la navegación, la educación privatizada y cada vez más costosa, el arbitrario desmonte del régimen prestacional de los docentes, el abandono de los maestros pagados por los fiscos municipales y la parálisis en la construcción de la ciudadela universitaria.

Agregaba el comunicado: “Carecemos de acueducto y alcantarillado, de infraestructura deportiva y recreacional” y “el desempleo se ha incrementado por la política neoliberal de reducción del tamaño del Estado y por los desplazamientos” causados por la violencia.

El Comité señaló también que en la actualidad el Chocó “sólo posee 26 kilómetros de vías pavimentadas” y rechazó las supercherías medioambientalistas “que han decretado el atraso sostenible del Chocó bajo el pretexto irracional de mantenerlo virgen para usufructo de la humanidad, mientras sus habitantes languidecen”.

Se trataba de exigir, en síntesis, según lo comentó el periódico Chocó 7 Días, de Quibdó, “vías, agua y luz, un pedido elemental que no debería estarse formulando en este nuevo siglo, cuando se supone que las exigencias deberían versar sobre otros tópicos de mayor envergadura”.

Ante tan desolador panorama, la única salida fue el paro indefinido, que se inició el martes 20 de junio y se levantó el sábado 25, después de que el gobierno accediera a firmar un acuerdo por escrito, en el cual se comprometió a asignar once millones de dólares para la interconexión eléctrica Viterbo-Cértegui y treinta mil millones de pesos para pavimentar el tramo Quibdó-Las Ánimas, y además a pavimentar las vías Quibdó-Condoto y Quibdó-Santa Cecilia, a reiniciar la vía al mar (Las Ánimas-Nuquí), a construir el acueducto por gravedad en la capital del departamento –utilizando como fuente el río Ichó—, a continuar la Ciudad Universitaria, a destinar de inmediato 3.500 millones de pesos para atender el déficit hospitalario, más otros mil millones para fortalecer la red asistencial, a darle nuevos aires al Laboratorio de Salud Pública del departamento, a incorporar a 84 docentes departamentales al situado fiscal, a ampliar la red de Telecom y a gestionar recursos para el dragado del Atrato y otra serie de obras de carácter prioritario, entre ellas, la electrificación del Baudó y de la Costa Pacífica. El costo total del acuerdo ha sido calculado en 130 mil millones de pesos.

El racionamiento diario de luz eléctrica había sido suspendido por ISA días antes de que arrancara el paro indefinido.

Por ser un logro de la unidad del pueblo, es a todos los chocoanos a quienes corresponde “vigilar que el compromiso se cumpla, para que su lucha no se diluya y sea víctima de los estragos del olvido y de la falta de voluntad oficial, carcomas que han precedido otras manifestaciones similares, de las cuales sólo hemos obtenido respuestas parciales con sabor a frustración”.

Jorge Salgado, secretario regional del MOIR e integrante del comité negociador, dijo que se integró un comité de seguimiento que estará atento a las respuestas del gobierno. “Pero el mejor garante –añadió Salgado— seguirá siendo el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó, que debe convertirse, de ahora en adelante, en un frente amplio y permanente de lucha, integrado a la gran corriente nacional y democrática que batalla por la segunda independencia de Colombia”.

Por Alfonso Hernández

Próximamente, el Gobierno presentará al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, desarrollo del artículo 288 de la Constitución de 1991, que busca dividir la nación en regiones. Dicha tendencia fragmentadora no se aplica con exclusividad a Colombia, puesto que constituye el complemento indispensable, la otra cara de la globalización. La organización federal de los países sojuzgados es la que mejor se ajusta a los intereses imperialistas de hoy, pues mina el logro de los pueblos que, durante los siglos XIX y XX, se sacudieron de la dominación colonial y constituyeron Estados con independencia política y mercado interior relativamente autónomo.

Estados Unidos viene pregonando la «democracia local» con el objeto de consolidar su dictadura mundial; según las condiciones políticas, actúa unas veces privilegiando la saña para desmembrar naciones, como en Yugoslavia e Indonesia y, otras, la maña, para imponer un federalismo enervante, como en América Latina. Echando leña a ese fuego, el Banco Mundial, en su Informe sobre el desarrollo mundial 1999-2000, afirma que al siglo XXI lo diseñarán dos fuerzas en apariencia contradictorias: la global y la local; a los Estados nacionales de mediano o bajo desarrollo no les quedaría, según esta interesada versión, alternativa distinta que la de contribuir a socavar su propia integridad.

Los ponentes del proyecto de ley de ordenamiento reconocen que se trata de sujetar a Colombia a las apetencias de los mandamases del mundo: «Para que el país y sus regiones se inserten en el proceso de globalización se requiere una reorganización político administrativa.» Este propósito, el verdadero, se adorna con otros de apariencia nobilísima: velar por la igualdad de las entidades territoriales, defender las minorías étnicas, fortalecer la democracia, proteger la naturaleza, erradicar la pobreza…

Al comienzo, se manifestaron abiertamente las intenciones. César Gaviria propuso en la Asamblea Constituyente hacer de Colombia un país federal. Pero las dificultades que han tenido que enfrentar los divisionistas hacen que el proyecto del gobierno de Pastrana no plantee directamente ese designio. Buscan la conformación de regiones autónomas, cada una de las cuales agruparía un número de departamentos, un federalismo embozado. Adicionalmente, anotemos que el ordenamiento territorial afianza las políticas descentralistas que, desde los años ochentas, han venido cargando a los entes territoriales con una serie de obligaciones que, mal que bien, atendía el Estado central, cuyo presupuesto se destina cada vez más al servicio de la deuda. El federalismo, tipo de organización político-administrativa que permitió en Norteamérica o en Alemania unir lo que estaba desunido, ahora se utilizará aquí para separar lo que está unido.

Contenido de la Ley

Conforme a la Constitución de 1991, el proyecto de ley, a lo largo de siete títulos y 109 artículos, define el concepto y los principios rectores del ordenamiento, y establece la división político-administrativa del país, compuesta por las entidades y las divisiones territoriales. Entre las primeras figuran: departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, que se gobiernan por autoridades propias, ejercen sus competencias, administran sus recursos y establecen tributos y participan en las rentas de la nación. Pueden emitir títulos y bonos de deuda pública y contratar crédito externo.

Son divisiones territoriales las regiones administrativas y de planificación (RAP), las provincias departamentales, las asociaciones de municipios, las áreas metropolitanas, las localidades, las comunas y los corregimientos. Las regiones administrativas y de planeación (RAP) y las provincias departamentales pueden llegar a ser entidades territoriales, previo el cumplimiento de los requisitos que determina la ley. Además, se autoriza la creación de áreas de desarrollo territorial. Como puede ver el lector, se crea un verdadero batiburrillo en la organización político-administrativa del país. En medio de ese caos irán sacando adelante el verdadero tipo de organización que les interesa, consistente en un archipiélago de regiones, fácilmente sojuzgable por el capital imperialista.

El proyecto también define las competencias de la Nación, de las entidades y de las divisiones la territoriales. Crea el Sistema Institucional para el Ordenamiento Territorial, SIOT, con su consejo superior, su comisión y subcomisiones y las redes de apoyo nacional y subnacional, pero todo bajo el control del Ejecutivo. Además, crea otra serie de instrumentos, el más importante de los cuales es el Proyecto Estratégico Nacional de Ordenamiento Territorial, en el que se formulan los lineamientos y se busca, entre otros, “armonizar la visión del territorio con el contexto internacional” y “definir políticas de fronteras y zonas prioritarias de integración” externa. Con el propósito de debilitar la identidad nacional se impulsan programas pedagógicos para fortalecer el regionalismo.

Como competencias exclusivas de la nación se señalan las referentes a la justicia, la defensa nacional, las relaciones internacionales, la dirección general de la economía, los principios de la hacienda pública, el régimen monetario, crediticio y cambiario y de comercio exterior. Competencias todas que distan de ser de su exclusividad, pues en realidad las ejercen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Pentágono. En materia de organización del territorio, la nación pasa a ser facilitadora, término posmoderno que significa celestina.

Las regiones se conforman por la unión de dos o más departamentos constituidos en entidad territorial, con el supuesto objetivo de procurar el desarrollo económico y social y la nación delegaría en ellas algunas de sus propias competencias. Como formar regiones, verdadero interés de la política imperialista, toma inevitablemente su tiempo, optan por fusilar mientras llega la orden: el proyecto da pie a crear las áreas de desarrollo territorial, las que se definen como alternativas flexibles, puesto que pueden constituirse por “iniciativa” privada -como por ejemplo la exigencia de cualquier multinacional- y están facultadas para acceder a recursos de crédito y de cooperación internacionales y a aportes de entidades públicas o privadas.. Dichas áreas se pueden integrar por convenios entre departamentos, municipios, y demás entidades o divisiones. La nación contrataría con ellas la ejecución de programas del Plan Nacional de Desarrollo. Se consagra el derecho del capital capital privado a determinar la configuración del territorio. Así, las inversiones y las obras que se adelanten por parte de las entidades político-administrativas, serán definidas por los consorcios extranjeros.

La política gubernamental de formar regiones tiene a los departamentos como blanco de ataque. Aunque el proyecto no los acaba de golpe, sí hay una marcada inclinación a debilitarlos. Tanto en éste como en las disposiciones de saneamiento fiscal de las entidades territoriales se anuncia que se van a disolver aquéllos que no mantengan una solvencia acreditada por la Dirección de Apoyo Fiscal. En la frustrada convocatoria del referendo, Pastrana consignó la intención de acabar las Asambleas. Este vapuleo contra los departamentos busca que éstos cedan a las regiones emergentes su participación en las rentas de la nación, buena parte de los impuestos que recaudan y el poder que detentan.

El llamado rumbo municipalista de la descentralización ha sido reemplazado por uno regionalista, porque el imperialismo necesita entidades políticas, naciones o regiones, lo suficientemente pequeñas para que no puedan formar un sistema productivo que integre las diversas ramas de la industria, de la agricultura y de los servicios en un mercado interior con cierta autonomía, pero lo bastante grandes para alcanzar una capacidad impositiva que les permita emprender las obras que requieren los monopolios, tales como aeropuertos, sistemas de comunicaciones, y endeudarse y cumplir. Entidades de riesgo soberano las llama el capital financiero. El tamaño ideal es, entonces, el de las regiones como la Costa Atlántica o el de países como Costa Rica.

La región: plataforma exportadora de las multinacionales

A la región se le asigna la tarea de “promover el desarrollo económico y social de su territorio”, y se le indica que para lograrlo debe exportar. Esto no sólo se plantea en el proyecto de ley en cuestión, sino que el Plan de Desarrollo señala que ella debe incorporarse al contexto internacional, mediante la estrategia exportadora; para ello se crearon los Comités Regionales de Comercio Exterior, Carce. Como la producción autóctona, despojada de toda protección, tiene pocas posibilidades de competir, excepción hecha de los frutos de la naturaleza, como la guadua, el arasá y el chontaduro o algunos productos típicos, como la chancaca, los canastos y las ollas de barro, el fomento de las exportaciones se basa en atraer a los oligopolios trasnacionales. «El capital extranjero tendrá un papel de primer orden en la construcción de un aparato productivo moderno y enfocado hacia los mercados internacionales. (…) La idea es crear nuevos clusters (agrupamientos) de productos y servicios en Colombia. Es así como se buscará nueva inversión extranjera directa que se vincule con el sector manufacturero, especialmente en sectores exportadores y en servicios con alto valor agregado. Todo esto, incentivando a las empresas extranjeras que se instalen en Colombia y utilicen nuestro territorio como plataforma exportadora» (págs. 9 y 10 Plan Nacional de Desarrollo, Tomo 2).

Presentada como redentora de las regiones, la estrategia exportadora sólo servirá a los financistas internacionales. Esta aseveración la confirma Jorge Ramírez Ocampo, consultor de comercio exterior del gobierno, quien, en la XXIII Asamblea General de Gobernadores, realizada en Cartagena del 10 al 12 de febrero de 1999, señaló que solamente doce empresas hacen el 50% de las exportaciones colombianas; 200, el 82%, y lo más grave es que de éstas 200 empresas, 120 son multinacionales.

De tal manera que las regiones se constituyen en base exportadora de las grandes multinacionales. En ellas, a lo largo y ancho de América Latina, las compañías gringas explotan mano de obra barata y se abastecen de recursos naturales para dirimir su contienda por el control de la economía mundial con sus pares de Europa y Japón. Apropiarse de las industrias locales, arrasar toda competencia e imponer que los bienes públicos y privados de la América pobre se pongan a disposición de las empresas de la potencia, tal es el verdadero objetivo de todas las reformas impuestas, entre ellas la del ordenamiento territorial.

El caso de Costa Rica constituye otra prueba. Es uno de los países considerados exitosos en sus esfuerzos por incrementar su comercio exterior. Lo cierto es que el 10% del total de sus exportaciones y el 53% de las de productos electrónicos corresponden a Intel, la multinacional estadounidense que produce microprocesadores. A más de esto, la economía costarricense se especializa en las maquilas de confección, para firmas también norteamericanas (Cepal, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999, pág 87).

Las regiones compiten entre sí y financian a las multinacionales

¿Cómo debe la región incrementar las exportaciones? Subsidiando a las multinacionales. Así lo declara Martín Gustavo Ibarra, el otro consultor de comercio exterior del gobierno: «Yo subrayo el punto del Dr. Ramírez, en el sentido en que los incentivos que dan las regiones son los únicos permitidos en la Organización Mundial de Comercio en este momento; una región puede ir desde regalar un terreno, exonerar de impuesto de industria y comercio, dar incentivos fiscales, específicos para atracción de inversión o tener un presupuesto». En eso consisten «las alianzas estratégicas», «la concertación entre las empresas y las entidades territoriales”, ése es el papel de las regiones y de las áreas de desarrollo territorial, y de toda esa armazón de entes y divisiones: «regalar un terreno», «exonerar de impuestos de industria y comercio o tener un presupuesto» para entregárselo a los consorcios. ¡El Estado sigue interviniendo en la economía, pero sólo en provecho de los monopolistas! Los hospitales se cierran porque no hay recursos; a las multinacionales se les colma de obsequios. Para los colombianos, apretón fiscal; para los potentados del mundo, largueza. Para los productores nacionales, disciplina de mercado, ser competitivos o desaparecer; para los imperialistas, subsidios a granel.

No sobra insistir en que se está limitando nuestra capacidad productiva a lo que requieran los colonialistas. Volvamos a las palabras de Jorge Ramírez: «Tenemos que empezar por preguntarle al mundo qué nos quiere comprar y cuando nos digan qué nos quieren comprar, nosotros ver cómo lo podemos producir competitivamente. Cuando sepamos qué necesita el mundo, (…) cómo es la necesidad de nuestros clientes, cómo son las tallas de los zapatos, cómo son los gruesos de los anteojos, entonces, podemos salir a producir eso competitivamente». Que se arruine la agricultura, que importemos millones de toneladas de alimentos, que vaya a la bancarrota la industria, que se desatiendan las necesidades de la población; en todo caso, salgamos a preguntar al exterior de qué talla quieren los zapatos. Así no habrá en nuestro suelo más que subsidiarias o subcontratistas de las multinacionales. Economía de ensamblaje, limitada a los renglones y segmentos de menor desarrollo tecnológico, ese es el modelo que nos ofrecen para el siglo XXI. Así, unas zonas habrán de especializarse en autopartes o en confecciones y otras en adminículos electrónicos, según nos lo dicten los amos del mundo.

Miremos, de nuevo, el caso de Costa Rica. Intel deseaba instalar una planta en América Latina para producir microprocesadores destinados a la exportación. Costa Rica hizo hasta lo imposible por satisfacer a esa compañía: construyó dos subestaciones eléctricas, una para uso exclusivo de Intel, y le redujo la tarifa a la mitad, construyó diversas obras viales para facilitar la construcción de la planta y el transporte de productos, adoptó una política de cielos abiertos para aumentar la frecuencia de los vuelos con los Estados Unidos, puso en funcionamiento sendos consulados en Filipinas y Malasia –donde hay otras subsidiarias de Intel- y creó un centro de llamadas (call center) de dedicación exclusiva. Así, los empobrecidos costarricenses financian a Intel, una de las firmas más poderosas del mundo. Pero los ejemplos abundan, Rio Grande do Sul, Ceará y Bahía engordan la bolsa de Ford y de General Motors, y todo el norte de México es un paraíso para los inversionistas.

Si todo lo anterior no fuera suficiente para calar la naturaleza de las reformas comentadas, adviértase que cuando los promotores de la descentralización hablan de la actitud de las regiones frente a la nación utilizan términos de pelea como autonomía, empoderamiento, exigencias, derrotar el centralismo; pero cuando se refieren a las relaciones con el capital foráneo, los vocablos son melifluos: atracción, estímulo, coquetería, en una palabra, entrega. La región, altanera, vuelve la espalda a la patria, y, enseguida, se prosterna, llorosa, mendicante ante los imperialistas.

No faltan quienes piensan que, de todas maneras, la inversión extranjera representa una fuente de empleo; la verdad es muy otra. En Colombia, la inversión extrajera neta, sin contar la correspondiente a petróleo, “pasó de 350 millones de dólares en 1992 a 3.495 millones de dólares en 1997” (Plan Nacional de Desarrollo), y el desempleo no ha hecho nada distinto a treparse, alcanzando hoy más del 20%.

Mayor apretón fiscal

En vez de progreso y bienestar para los habitantes de las comarcas se anuncian sudor y lágrimas. Junto al proyecto de ordenamiento territorial hay un conjunto de reformas que afectan a los entes territoriales: desde hace años se ambienta una fuerte rebaja de las transferencias de la nación, se prepara una reforma para incrementar los tributos locales, y hay disposiciones que, so pretexto de sanear los fiscos, imponen fuertes restricciones al gasto. Para garantizar el pago de la deuda al sector financiero, la ley 550, llamada de reactivación económica, somete a municipios y departamentos a ajustes semejantes a los que le impone el Fondo Monetario Internacional a la nación. Por ejemplo, tienen que vender empresas, despedir trabajadores, reducir los gastos y el Ministerio de Hacienda girará directamente a los prestamistas parte de las transferencias nacionales. Y la banca ya reclama que dichas partidas no se limiten a inversiones en salud y educación, sino que quiere echarles mano, de manera directa.

La descentralización, que tantas ilusiones sembró entre los amantes de su patria chica, condujo a un verdadero estrangulamiento financiero de departamentos y municipios, cuya deuda ya supera los tres billones de pesos. La regionalización representará aún mayores descalabros.

No se puede permitir que los justos reclamos por el abandono de vastas zonas del país, por las políticas lesivas al interés de las mayorías que se han impuesto desde la cúpula del Estado y por la francachela que se ha hecho con los bienes públicos sigan siendo utilizadas por quienes aúpan las reformas neoliberales, entre las que figura atomizar a Colombia, lo que agudizará esas mismas dolamas.

Cierto que el edificio de nuestra nación hace mucho que presenta agrietamientos; pero en este caso, la solución no estriba en demolerlo, sino en echar a la calle a la administración; y cuanto más pronto, mejor.

Por Víctor Arbeláez

El pasado 24 de mayo, a las 6 de la mañana, un espectacular estruendo de centenares de voladores dio inicio a un combativo Paro en Caucasia, municipio de 63 mil habitantes en el norte de Antioquia. Ganaderos, comerciantes, mineros, sindicatos, profesores, Iglesia, juntas de acción comunal, comités por servicios públicos, venteros ambulantes y madres comunitarias, todos unificados en el Comité Cívico, presentaron horas después un pliego de peticiones al gobierno nacional.

En 1984 fue creada la empresa industrial y comercial del Estado, Empresas Públicas de Caucasia, con el municipio como único dueño, para prestar los servicios de plaza de mercado, aeropuerto, explotación de las playas del río Cauca, aseo y matadero. En la distribución de energía eléctrica, la empresa actúa como intermediaria, pues debe comprarla en la bolsa y revenderla a los usuarios, casi todos de estratos 1, 2 y 3. En 1997, EE. PP. de Caucasia estableció una tarifa media de $ 22.10 el kilovatio hora. Pero en el marco de la privatización, las dos generadoras de energía (Isagen y Empresas Públicas de Medellín) le impusieron en la bolsa un precio de compra de $ 66.01 el kilovatio hora, casi el triple del que tenía programado, con el pretexto del “fenómeno del Niño”. Esta situación la llevó a acumular una deuda por más de 35 mil millones de pesos, a mayo de 2000, de los cuales 46% son por intereses de mora.

El gobierno de Pastrana le ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervenir a las EE. PP. de Caucasia, lo cual aumentó sus dificultades. Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, apoyada en la Ley 142, impuso racionamientos de dos, tres, cuatro y hasta ocho horas diarias, como castigo por la deuda y el incumplimiento de la empresa en los pagos, sanción de la que no escaparon los usuarios que se encuentran a paz y salvo.

Para el 24 de mayo se esperaba un apagón de tres horas, después de un par de meses de sufrir cortes diarios de dos horas. Esto indujo al Comité a señalar ese día como hora cero del Paro Cívico y presentar su pliego de peticiones al gobierno, exigiendo suspender los apagones, condonar la deuda de la empresa, disminuir las tarifas del alumbrado público y solucionar los problemas ocasionados por la privatización del acueducto y por las sobrefacturaciones en la energía y telecomunicaciones. Demandaron también la terminación de la carretera Caucasia-Nechí-El Bagre.

Del 24 al 27 de mayo, la población caucasiana bloqueó, al norte y al sur, la carretera troncal que comunica a la Costa con Antioquia y el resto del país. La participación multitudinaria en los bloqueos y el cierre total del comercio y de los establecimientos públicos en el casco urbano muestran un movimiento esencialmente democrático, con gran organización y disciplina. El acierto táctico del Comité Cívico en la dirección de la lucha de las masas y en los objetivos del Paro determinaron el triunfo obtenido al conquistar la suspensión inmediata del racionamiento y la atención de los demás puntos del pliego, en acuerdo suscrito entre los representantes del gobierno nacional, la alcaldía y el Comité Cívico. Los dirigentes del Comité permanecerán vigilantes para impedir cualquier intento de burlas las reivindicaciones alcanzadas.

A las 6 de la mañana del 27 de mayo, los voladores en alborada anunciaron la victoria y la terminación del Paro.

Compañero Jaime Caicedo, secretario general,

y demás dirigentes del Partido Comunista Colombiano:

Al cumplir 70 años de existencia política, expresamos nuestro reconocimiento a las luchas que en diferentes etapas ha librado el Partido Comunista Colombiano por la democracia y el progreso del país. Sea ocasión también de reiterarles nuestras condolencias por la reciente muerte del compañero Gilberto Vieira.

Consideramos que en este evento de celebración de siete décadas de trajinar político de su organización partidaria, nuestro mejor saludo es reafirmar ante ustedes la posición de principios del MOIR frente a la mayor crisis que ha enfrentado Colombia, sintetizada así:

Levantar las banderas de lucha y, siempre junto a las masas como protagonistas principales, marchar contra todos los planes que en lo económico, lo político y lo militar está imponiendo el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación, de los cuales el Plan Colombia es una prueba tan fehaciente como abominable.

Oponer, de palabra y de hecho, firme resistencia contra con las diversas formas de intervencionismo que para la aplicación de esos planes utiliza Washington.

Combatir todas y cada una de las políticas de servilismo pro-imperialista que actualmente desarrolla el gobierno de Andrés Pastrana, políticas que quebrantan nuestra soberanía y convierten a la nación en objeto de la estrategia de recolonización norteamericana.

En consecuencia, creemos que el 70 aniversario del Partido Comunista Colombiano se celebra en tiempos propicios para llamar a la participación activa y militante en el Paro Nacional de Protesta a realizarse el 3 de agosto próximo, el cual constituirá una muestra más del rumbo de unidad y resistencia que están adoptando la clase obrera y el pueblo en aras de su liberación definitiva.

Reciban ustedes un saludo revolucionario,

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR.

Héctor Valencia,

Secretario general.