Categoría: Tribuna Roja Nº 81, agosto 19 de 2000

La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, seccional Córdoba, con la firma de su presidente, Diego Vellojín, su coordinador, Rafael Barrera, y sus directivos Janeth Espitia y Darìo Riasco, denunciaron que con el nuevo acuerdo de la cadena agroindustrial, los cultivadores pierden 75 mil pesos por tonelada con respecto al acuerdo del año pasado.

A raíz del acuerdo de la cadena agroindustrial del maíz amarillo, sorgo, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura, se hizo mucha propaganda para la siembra y en Córdoba se alcanzó la cifra de 25 mil hectáreas. Se propaló que sembráramos amarillo que éste no tendría problemas en el mercadeo, que habría crédito (Banco Agrario) barato y oportuno, que la semilla y los insumos iban a estar menos caros.

Incluso hubo la visita del presidente Pastrana a Cereté, el pasado 3 de mayo, para firmar el acuerdo de la cadena productiva entre Fenalce, que representó aparentemente a los agricultores, y la Industria de Alimentos Concentrados de la Andi.

El convenio que se tenía anteriormente fijaba en 218 dólares la tonelada de maíz grado 2, calidad 15:3, y con tasa de cambio promedio del mes anterior a la negociación respectiva. En el nuevo convenio, el maíz quedó a 195 dólares con tasa promedio de diciembre a mayo. El maíz amarillo, con estos parámetros y con un descuento diferencial por transporte de 9 mil pesos por tonelada queda a $373.200. Con el convenio anterior hubiera quedado alrededor de $ 448.800 la tonelada. En cuentas resumidas y claras, hay una diferencia mínima de $ 75.000 menos para los agricultores con respecto al precio concertado el año anterior. Además, todas las promesas que se hicieron para que sembráramos resultaron falsas pues no hubo crédito y la semilla y los insumos subieron hasta en 56%.

Entendemos que la avicultura está pasando también por la crisis provocada por la apertura económica, pero el Estado es el llamado a prestar auxilio a la industria nacional y no los productores agropecuarios con la disminución de los precios de sus productos y de sus ingresos y con la pérdida del empleo o de sus parcelas y empresas.

Al desventajoso precio debemos sumarle las consecuencias de “la sobreoferta” norteamericana de maíz, soya, trigo y algodón en este año, según informa el periódico The Wall Street Journal Americas en artículo reproducido por El Tiempo el 14 de junio de este año. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el mes pasado que “los agricultores estadounidenses plantaron 31.8 millones de hectáreas de maíz, un aumento del 2,8%, ó 840.000 hectáreas respecto del año anterior. Este incremento impulsó a algunos analistas a predecir que la cosecha del cultivo número uno de la nación alcanzará dimensiones récord este año”.

“Piedra pa’ mi jonda” dirán los agentes de las políticas neoliberales de importar y no producir en Colombia los alimentos y materias primas que consumimos en el país. Políticas que están rematando la agricultura y la industria nacional.

Rechazamos la política del gobierno de Pastrana de aceptar sumisamente los acuerdos internacionales que nos imponen importaciones indiscriminadas y los convenios que se firmen en detrimento del productor primario, o sea el agricultor, como en este caso que estamos viviendo.

La Asociación por la Salvación Agropecuaria continúa exigiendo al gobierno que defienda la seguridad alimentaria de la nación protegiendo a sus productores, como lo hacen los países desarrollados, donde al decir de la anterior noticia “los subsidios del gobierno animan a los agricultores a incrementar la producción a pesar de los bajos precios…”, lo cual “podría elevar este año los costos del Tío Sam (Estados Unidos) en subsidios a los agricultores a mil millones de dólares”. O como lo practica el gobierno colombiano con el sector financiero subsidiado en los dos últimos años con varios billones de pesos.

El Comité Departamental de Salvación Agropecuaria llama a los productores agrícolas y agroindustriales de Córdoba a unir fuerzas con todos los agricultores de Colombia y el resto de la población en las acciones civilizadas y pacíficas que buscan que el gobierno de Pastrana cambie las políticas que continúan destruyendo la producción nacional y aumentando la miseria de los colombianos, como las importaciones indiscriminadas de productos agropecuarios, los aumentos de los impuestos y las tarifas de los servicios públicos, los negociados con el patrimonio nacional y los recortes a la democracia.

Un sector de la burguesía antioqueña, que lidera el alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, ha lanzado la propuesta de liquidar o privatizar las Empresas Varias de esta ciudad, encargadas del servicio de aseo.

Meses atrás, un tribunal conminó a Empresas Varias a proceder al reintegro inmediato de 209 trabajadores despedidos de manera arbitraria. El fallo le ordenó además además cancelarles los salarios caídos y demás prestaciones. Esta sentencia es lo que ahora utiliza la administración municipal como pretexto para entregar las EE. VV. al capital privado.

El recién creado Comité por la Defensa del Patrimonio Público, en coordinación con el Sindicato de Empresas Varias y otras organizaciones, convocó el 27 de junio un Foro Ciudadano, en el Hotel Nutibara, con el fin de acordar acciones que neutralicen cualquier intento de enajenar este importante bien oficial.

En el evento fueron ponentes el doctor Gerardo Domínguez, contralor municipal, quien demostró con cifras que la empresa sí es viable; los concejales Jorge Mejía y Carlos Alberto Zuluaga; Óscar Guzmán, presidente del Sindicato de Empresas Varias; Gonzalo Álvarez Henao, director de Acción Popular, y Eduardo Benavides, coordinador del Comité.

Gonzalo Álvarez denunció que existen nóminas paralelas, pues se tienen contratados con particulares una serie de servicios que bien podrían ser realizados por personal de planta. Jorge Mejía y Carlos Alberto Zuluaga anunciaron que se opondrán a cualquier proyecto de privatización o liquidación que presente el alcalde al Concejo. Por último, Eduardo Benavides señaló que las privatizaciones constituyen uno de los pilares de la política neoliberal impuesta por Estados Unidos por intermedio del FMI y el Banco Mundial y acatado dócilmente por los mandatarios locales.

El Foro aprobó desplegar una campaña de denuncia en los barrios de la ciudad y convocó a la mayor cantidad de organizaciones sociales a unirse al Comité por la Defensa del Patrimonio Público.

Por Javier Gaviria B., de la Asociación de Ligas de Usuarios de Antioquia

San Antonio de Prado y San Cristóbal, corregimientos de Medellín, fueron hace unos días alevemente sorprendidos con los exagerados incrementos en las tarifas de los servicios públicos. En las últimas facturas advirtieron que se les había cambiado el estrato socio-económico de manera arbitraria y sin consultar las reales condiciones económicas de sus familias.

La ley 505 de 1999 ordena a los alcaldes, bajo amenaza de sanciones, imponer una nueva estratificación a los «centros poblados» en la zona rural, ciñéndose a metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación, la agencia del Banco Mundial en Colombia. La tipología que se aplica, de características eminentemente físicas, no tiene en cuenta las condiciones socio-económicas. Los burócratas fijan el estrato sin entrar en los domicilios y sin adelantar encuesta alguna sobre salarios. Se entiende por centros poblados los corregimientos, las inspecciones de policía y los caseríos de más de veinte casas contiguas.

La estratificación resultante, que se traduce de inmediato en alza de tarifas, constituye un verdadero atropello contra los ya maltrechos ingresos domésticos, pues apunta a exprimir aún más a los colombianos de bajos ingresos. A lo anterior se agrega que en 2001 desaparecerán por completo los subsidios a los consumos de los servicios públicos domiciliarios para todos los estratos sociales.

Con urgencia, entonces, debemos aprestarnos a organizar Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos para levantar la bandera de resistencia contra las nuevas estratificaciones, las alzas y los cortes.

En diciembre de 1999, aprovechando el receso de fin de año, el Instituto Municipal de Proyectos Especiales, Impes, les impuso a los habitantes de Bello el cobro de valorización de la Obra 808. Ésta pretende realizarse en las cinco comunas y parte del sector rural de Bello, población de 350 mil habitantes. Tendrá medio centenar de frentes de trabajo con el propósito de abrir nuevas calles, ampliar y adecuar otras, pavimentar, construir puentes y corredores viales, diseños de urbanismo, bulevares, obras de protección, empalmes y rectificaciones. Refleja el rezago vial que tiene Bello y deben por tanto realizarse en su mayor parte, junto con otras obras indispensables y que benefician a la comunidad bellanita.

Cobrar valorización por estos trabajos es un absurdo mayor. Ello no significa que nos opongamos al desarrollo del municipio, sino que resulta inaceptable que se cargue con dobles impuestos a la ya agobiada comunidad.

Recogiendo la experiencia de la lucha que los habitantes de Belén han librado en contra de la valorización en la Carrera 76 de Medellín, desde septiembre se empezaron a constituir Comités Cívicos contra el pago de valorización de la Obra 808, inicialmente en el barrio París y luego en La Maruchenga, Barrio Nuevo, Niquía, Rosalpi y Briceño. Se realizaron dos marchas multitudinarias en febrero y mayo, además de foros en los sectores afectados, acciones que han evitado que el grueso de los habitantes pague la valorización. En estas protestas han participado también las Veedurías Ciudadanas.

En la tarea de constituir un frente amplio, se han entablado relaciones con comerciantes, industriales, voceros de las distintas Iglesias, juntas comunales, concejales, colegios y hospitales. Fue así como se llevó a cabo el Foro del 14 de julio, con más de 600 delegados, el cual aprobó un Pliego de Solicitudes y una Declaración Final. Del Foro quedó el compromiso de organizar una gran concentración en el parque principal, el 3 de agosto, en el marco del Paro Nacional de Protesta de los trabajadores colombianos. También se acordó un Paro Cívico Municipal, para derrotar los propósitos de la administración.

“Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal”

César Vallejo

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que Colombia es el país que ofrece mejor salud en América Latina. Hacía tiempo que una noticia no era recibida con tanta sorpresa y tanto escepticismo; ni siquiera los medios de comunicación, tan obsecuentes, pudieron disimular su asombro.

No era para menos. Si algo llena páginas y copa minutos de los noticieros es el lamentable deterioro de la salud de la población y de las instituciones públicas prestadoras del fundamental servicio. No pasa día en que no se sepa del cierre de un hospital, o del incremento del déficit presupuestal anual de tales entidades que en el último lustro ha sido de alrededor de 200.000 millones de pesos anuales; de la escasez de medicamentos que se volvió crónica; de la muerte de los pacientes en las salas de espera de los servicios de urgencias; del martirio de los pobres a los que se les niega la atención por no ofrecer garantías de que podrán cancelar la factura; hasta se ha vuelto común que se retengan los cadáveres mientras los atribulados deudos no paguen o garanticen la cuenta del difunto.

Ante la inconformidad creciente, la alta burocracia culpa de la situación a los magros salarios y a las reducidas prestaciones de los trabajadores del sector. Con base en tales argumentos los últimos gobiernos han perseguido aviesamente a médicos, odontólogos, enfermeras, auxiliares, personal de servicios generales y administrativos. Por ejemplo, a través de los llamados convenios de desempeño, a cuya firma se supeditan los giros presupuestales, se botan trabajadores o se les obliga a renegociar las convenciones colectivas. A los profesionales despedidos se les conmina a conformar cooperativas o empresitas de “economía solidaria” para cotratar, en degradadas condiciones económicas y laborales, con las entidades de las que fueron expulsados.

A aquéllos también les exige más “productividad”, es decir, se concentra en uno lo que antes hacían varios y se reduce a mínimos absurdos el tiempo de duración de los procedimientos. Hoy, bajo la mirada vigilante de cancerberos provistos de cronómetro, los médicos deben con una mano poner el estetoscopio y con la otra elaborar la “factura detallada” del servicio. En general el incremento de la carga laboral es alarmante, se dobla el número de pacientes que debe atender un auxiliar; las vacantes no se reemplazan, el personal de contratistas se suprime y su carga se traslada a los empleados de planta. Además, campean las amenazas de despido, de procesos disciplinarios, la persecución sindical. Ya hay pruebas contundentes de que la sobrecarga laboral y el despotismo han causado un agudizamiento de distintas enfermedades entre los trabajadores, incluidas las afecciones neurológicas.

De otro lado, a la red hospitalaria pública o semipública se le condena a la ruina. Veamos unos pocos ejemplos. Al hospital San Juan de Dios (La Hortúa), que atiende a empobrecidos sectores bogotanos y en el que se forman los médicos de la Universidad Nacional, se le redujo la contratación estatal hasta ponerlo al borde del cierre, y sus empleados completan ya más de un año sin salarios. El alcalde de Bogotá, con el pretexto de acabar la ineficiencia y suplir los recortes de las transferencias de la nación, aplica la fórmula neoliberal de “racionalizar” los gastos mediante la conformación de unas redes de hospitales para, con el argumento de la especialización, suprimir de la mayoría de ellos la prestación de servicios médicos vitales que vienen ofreciendo y para impulsar un plan masivo de despidos. En la clínica Leon XIII del Seguro Social de Medellín los trabajadores y usuarios organizan jornadas de vigilia procurando defender la institución del cierre anunciado por el gobierno.

He ahí el panorama que le deparó a la salud pública la era neoliberal. Éste era el real fondo de los “principios” de eficiencia, universalidad y solidaridad, estampados en la Constitución gavirista y en la ley 100 de 1993, los cuales, según la palabrería de la Carta, garantizarían el “derecho irrenunciable a la seguridad social”. Todo se ha reducido a que quienes aún tienen trabajo tienen que elevar sus cotizaciones, porque deben ser solidarios y contribuir al traslado universal y eficiente de centenares de miles de millones de pesos de los trabajadores y de los fondos del Estado a los magnates de las finanzas que convirtieron la enfermedad en un jugoso negocio para la salud de sus arcas.

Tribuna Roja publicará una serie de artículos sobre entidades claves del sector. En éste número comenzamos con una entrevista a la compañera Emperatríz Ávila, presidenta del sindicato de La Hortúa, quien ha conducido la ejemplar batalla contra el cierre de la entidad.

Emperatriz Ávila, presidenta del sindicato del hospital San Juan de Dios, labora en el área de corte y confección y lleva 16 años en la entidad; lleva un año dirigiendo la recia batalla de más de 2 mil trabajadores contra el plan del gobierno de cerrarlo. Los siguientes son extractos de la entrevista que concedió a Tribuna Roja.

T.R. ¿Qué significado tiene para la capital el San Juan de Dios?

E.A. Esta es una Fundación que tiene 450 años, aquí llegan pacientes de los sectores populares de Bogotá, y practican los estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad Nacional. Su objeto social, que es el de atender a la población más pobre, sobre todo a quienes no están afiliados a ningún régimen. Quien legó estos bienes no lo hizo para que dieran rentabilidad mercantilizando la salud. El gobierno antes asumía una responsabilidad económica, ahora nos dijo: defiéndanse ustedes.

T.R. ¿Compañera, háblenos algo más sobre la financiación del hospital?

E.A Los recursos se obtenían de partidas y auxilios que exigíamos los trabajadores para cubrir el déficit que causa atender a los insolventes. Hace cuatro años el gobierno decidió que eramos privados y que no nos podía dar fondos.

T.R. Aquí práctican los estudiantes de la Nacional, ¿qué recibe el hospital por esto?

E.A. Con tristeza hay que decir que sectores de la Universidad han perdido la ideología que antes tenían. Al empezar el conflicto algunos médicos y estudiantes propusieron que los trabajadores renunciáramos, que acabáramos el sindicato, y se unieron a la campaña del gobierno y la prensa para desprestigiarnos; se fueron a otros centros en donde ni los aceptan gratis, ni les dan la misma calidad de educación, ni tienen manejo directo del paciente como aquí, ni tienen la misma experiencia de La Hortúa. Otro sector más consciente de la realidad nos propuso pelear conjuntamente contra el cierre, con ellos elaboramos un proyecto de ley para que la práctica la costeen los ministerios de Educación y de Salud.

T.R. El gobierno argumenta que los trabajadores ganan demasiado..

E.A. El salario mínimo aquí no llega a $ 400 mil; en la red del Distrito pagan 150 o 200 mil pesos por encima de lo que nosotros devengamos; en el San Vicente de Paul y en el General de Medellín doblan o triplican nuestros sueldos. Quienes ingresamos antes de 1996 los únicos derechos que mantenemos son la retroactividad de las cesantías y la pensión a los 20 años de trabajo. Es el gobierno el que ha provocado la crisis para facilitar la liquidación.

T.R. ¿Hay sectores interesadas en los contratos que el Estado hacía con La Hortúa?

E.A. Sí, aquí había quienes querían formar unas “unidades empresariales” en beneficio de unos pocos; detrás de ellos estaban Colsanitas y la misma Secretaría de Salud que quería apropiarse del Materno Infantil., otros querían el Instituto de Inmunología del doctor Patarroyo.

T.R. Hace 13 meses que no les pagan, ¿cómo han sorteado la situación?

E.A. Hemos subsistido con el apoyo de las cárceles, de la porción del mercado que nos han donado los presos, de la solidaridad de algunos sindicatos, de la de los barrios pobres, y de la de nuestras familias. Hemos empeñado las cosas y perdido los apartamentos; pero vamos a empezar de nuevo ya que logramos lo más difícil que era mantener el hospital abierto.

T.R.¿Qué enseñanzas les ha dejado esta dura resistencia?

E.A.Lo más importante ha sido entender que la clase obrera está muy mal por falta de organización, no tenemos una dirección unificada, ni un proyecto para de verdad no dejarnos doblegar. Lo otro es que casi nos acostumbrarnos a vivir sin salario, porque veníamos a trabajar con la conciencia de defender la salud pública y de algún día tener nuevamente salario. Al principio hubo mucha angustia, pero en este momento la gente ya no llora; llegamos a pensar que seríamos los pacientes para reabrir el área de salud mental, pero no fue así.

T.R. ¿Qué nos puede decir de la represión a que se les ha sometido?

E.A. Nos tomamos el hospital desde el mes de agosto del año pasado, para impedir su militarización; hemos cuidado los elementos y la atención de los pacientes. Cuando efectúamos acciones de denuncia, mandan la fuerza pública a reprimirnos, hemos respondido en la medida de la agresión.

T.R. ¿Pensaron en asumir la administración del hospital?

E.A. Hemos hecho propuestas para mejorar la administración, pero ésta siempre estuvo en mmanos de los jefes de departamento a través de un comité; con ellos coordinábamos para asegurar los medicamentos, el vapor, la alimentación y el combustible, necesarios para atender los hospitalizados y a los enfermos que llegaban a diario. Nosotros no ibamos a administrar una institución quebrada a la que no le darían ni un solo contrato, para luego echarnos la culpa del desastre.

T.R.¿Cuál es la salida?

E.A. Reabrir el hospital; que el Estado le de contratos especiales de atención de pacientes que no tienen recursos; que se nos vincule a la red del Distrito para atender casos de alta complejidad; que se abran áreas que han estado cerradas; incluso vender internacionalmente servicios de trasplantes, resonancia magnética y atención de quemados. El objetivo central es que nos saquen de la ley 100.

T.R. ¿Cómo ha sido el apoyo de otras organizaciones de la salud?

E.A. Nos preocupa un poco que no haya una solidaridad mayor; hay quienes piensan que si acaban el Seguro Social, mejor porque se fortalece el San Juan; que si cierran hospitales de la red distrital, mejor porque se fortalece tal o cual clínica. Sí seguimos así vamos a permitir que el gobierno acabe con todos.

T.R.¿Cómo está el estado de ánimo de la gente y en particular el suyo?

E.A. Estamos optimistas. Yo voy a seguir hasta el final porque es mi obligación estar en las buenas y en las malas. Ya demostramos que podíamos mantener abierto el hospital para no perder la pelea. Ahora viene otra etapa.

Por Gustavo Triana

Fedepetrol y Funtrammetal, organizaciones de segundo grado que agrupan en conjunto a 12.500 trabajadores del petróleo, la petroquímica y el gas, el carbón, la metalurgia y la minería, acordaron el 19 de julio, en Bogotá, realizar en febrero de 2001 un congreso de fusión en que se dará nacimiento a Funtraenergetica, como federación única, y se trazará un plan que apunte a crear sindicatos de industria fuertes en tan estratégico sector de la economía.

Fedepetrol aglutina a operarios de Ecopetrol, Oxy, Texaco, Esso, El Cerrejón, Carbocol, Andercol, Ingerser, Omimex, Gas Oriente y Ferticol. Funtrammetal reúne a trabajadores de las empresas Drummond, Promigas, Gases del Caribe, Colgas, Hojalasa, Colmotores, Mineros de Colombia, Carbones del Caribe, Distral y Hullera de Amagá, entre otras.

Ambas federaciones cuentan con una larga trayectoria en el movimiento sindical y se hallan arraigadas en los sectores que sostienen las exportaciones colombianas, justamente en aquellos donde el saqueo imperialista es más voraz. Es allí donde las concesiones, asociaciones y privatizaciones han favorecido durante décadas el interés de las grandes multinacionales, principalmente las norteamericanas.

Los comités ejecutivos convinieron ya nombre, estatutos y plataforma de lucha, que serán discutidos con cada uno de los sindicatos filiales. Acordaron además un plan de trabajo conducente a sacar del letargo a vastos contingentes del petróleo, el gas y la minería, aún huérfanos de organización.

Los objetivos de Funtraenergetica se centran en resistir la agresión imperialista, defender los recursos naturales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

El gobierno de Pastrana ha planteado que carreteras, puertos y ferrocarriles van a entregarse al sector privado por el sistema de concesión, a favor de unos pocos grupos financieros nacionales y extranjeros, lo cual llevará a instalar más peajes, a aumentar sus costos y a aumentar gravámenes como el de valorización.

Hoy pretende golpear a los pobladores del norte del Cauca con la instalación de unas casetas de peaje en La Ye de Villarrica, lo cual contribuirá a hundir aún más en la crisis a la región.

Invias entregará en concesión el tendido de una variante a la Carretera Panamericana y obras de adecuación y mantenimiento de la vía entre Popayán y Buga, todo ello en una longitud de 516 kilómetros.

El costo de la obra asciende a 445 mil millones de pesos a precios de 1999. En lo que concierne a Santander de Quilichao, el proyecto incluye, como obras principales, la variante de 6.5 kilómetros entre El Tajo y El Yari y la doble calzada Santander-La Ye, en una extensión de 14 kilómetros.

El concesionario recupera las inversiones a través de los recaudos de los seis peajes que le entrega Invias: cuatro ya existentes y dos nuevos, el de La Ye y el de Rozo, en el Valle. Además, se contempla el cobro de valorización a los propietarios de los predios aledaños a las variantes y dobles calzadas.

¿A quién benefician y a quién perjudican los peajes?

Tal como está concebido el proyecto, los primeros beneficiados serán los inversionistas, que se lucrarán durante más de veinte años a costillas de los usuarios de la vía. El otro sector ganancioso es el de los grandes exportadores e importadores, quienes con ahinco vienen presionando el proyecto, pues contarán con una vía rápida para el movimiento de sus mercancías hacia el aeropuerto Bonilla Aragón, la Zona Franca, el puerto seco de Buga y el puerto de Buenaventura.

La gran perjudicada es la población, que tendrá que asumir el pago del nuevo peaje y el incremento oneroso en los precios del transporte.

¿Necesita el norte del Cauca una infraestructura adecuada? Sí, pero que la paguen los empresarios que se han establecido en la región como agentes de las trasnacionales. La consigna del Comité Cívico No al Peaje es entonces: “¡Sí a las obras, no al peaje!”

El 8 de julio, en la Asamblea del Valle, trescientos delegados de las ligas de usuarios del suroccidente del país se reunieron con el propósito de trazar un plan unificado de lucha contra las privatizaciones y el alza en las tarifas. El evento fue convocado por el Frente Ciudadano por la Defensa de Emcali y contó con representantes de Sintraemcali, la USO y otras numerosas organizaciones.

El capital financiero continúa empeñado en apropiarse de Emcali, la más importante empresa del suroccidente colombiano, tal como ya lo hizo con EPSA, antigua CVC. Emcali tiene un mercado de 600 mil usuarios y factura al día, en promedio, $ 2.700 millones. Es dueña de tres mil hectáreas de cuencas hidrográficas, de 2.600 km de redes de acueducto y 2.400 km de alcantarillado, 1.880 km de redes de energía, 160 km de redes subterráneas, 18 subestaciones de energía, 30 centrales telefónicas y una planta de tratamiento de aguas residuales.

A la caza de tan jugoso negocio, el alto gobierno ya intervino a Emcali y está a la espera de un inversionista foráneo, obedeciendo los dictados del Banco Mundial. Para hacer aún más atractiva la compra, la Alcaldía de Cali acaba de decretar un nuevo aumento de las tarifas.

Ya el capital extranjero ha entrado a saco en la empresa. Hace unos años, mediante bonos de deuda pública, Emcali hizo cuantiosas inversiones en Termoemcali, una planta de generación térmica que le está produciendo pérdidas anuales por 50 millones de dólares, pues un aberrante contrato PPA la obliga a comprarle durante veinte años la energía a un consorcio trasnacional.

Ante esta conjura se han puesto en pie de lucha las ligas de usuarios, veedurías, organizaciones sindicales y dirigentes de diversos partidos, entre ellos el MOIR.

La ponencia central del Encuentro fue presentada por Sintraemcali. Aurelio Suárez Montoya, dirigente del MOIR en Risaralda, dictó una conferencia, en la cual afirmó que “con el pretexto de la libre competencia, los últimos tres gobiernos han convertido el monopolio estatal en monopolio privado”. Como consecuencia, “los servicios públicos dejan de ser derechos ciudadanos para convertirse en mercancías, en beneficio del capital financiero internacional y en desmedro del capital productivo nacional”.

Suárez calificó como una gran falacia la política de “las alianzas estratégicas” con el capital financiero internacional en los servicios públicos, ya que las empresas tienen que aumentar permanentemente las tarifas para poder mantener una tasa de ganancia “que deje contento al inversionista”. Denunció que “las privatizaciones exigen que el Estado venda sus activos por debajo de su costo de oportunidad, sin que exista esfuerzo patrimonial por parte de los financistas”. Betania y Chivor, por ejemplo, fueron vendidas en la mitad de su costo. Termotasajero, recibida en 130 millones de dólares, fue puesta en el mercado en sólo 30 millones de dólares. La Empresa de Energía de Bogotá ferió el 50% de su capital, avaluado en 3 mil millones de dólares, por sólo 1.700 millones. De esta manera, la economía nacional se arruina y el único que sale ganando es el capital foráneo.

El encuentro aprobó la siguiente plataforma de lucha:

Derogar la privatizadora ley 142.
Las empresas de servicios públicos deben ser Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Algunas deben ser Establecimientos Públicos. En ambos casos, han de ser administradas exclusivamente por el Estado.
Prohibir la venta de las empresas de servicios públicos.
No permitir su división.
No desmontar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Subsidiar los servicios del sector productivo nacional, es decir, la industria y la agricultura.
Eliminar la estratificación rural.

El encuentro abogó por que la CVC (EPSA) revierta a sus dueños originales y por que sea preservada Acuavalle como empresa única departamental. Por unanimidad, los delegados aprobaron, finalmente, participar en la Jornada Nacional de Protesta del próximo 3 de agosto.

Héctor Valencia H., Secretario general MOIR

Cartagena de Indias, heroica por las históricas batallas de sus pobladores contra toda suerte de agresiones, ha sido escogida como sitial para que Bill Clinton, a nombre de la potencia imperial que preside, manifieste una nueva e intensificada intervención destinada a impulsar la implantación del Plan Colombia, actualmente piedra angular de su política de recolonización de nuestra nación. Dentro de tal propósito, la visita del mandatario norteamericano entraña tanto el reconocimiento a Pastrana por haber dedicado su gestión gubernativa a adecuar el país para la aceptación de dicho Plan, como el respaldo concreto a todas las medidas y acciones que en aplicación de éste han emprendido las instituciones estatales colombianas en conjunción con diversos organismos del gobierno de Estados Unidos.

Es necesario recordar que durante la última década los gobiernos colombianos han aplicado, de manera ora desaforada, ora gradual, pero siempre dócil y perseverantemente, la política de apertura neoliberal que Washington les ha dictado. Todas sus determinaciones de importancia en los campos económico, social y militar han obedecido al cumplimiento de esa política acorde con los intereses de Estados Unidos. Con Pastrana llevando a grados extremos ese servilismo, los resultados no pueden ser más nefastos: gran quiebra de la producción industrial y agraria, millones de compatriotas cayendo en masa en el desempleo y en niveles de pobreza e indigencia insoportables, violencia y terrorismo desatados en campos y ciudades, menoscabo o negación crecientes de los derechos democráticos. No es de extrañar entonces que, como lo testimonian forzosamente recientes encuestas, la población repudie la administración pastranista y afirme que bajo ella seguirá empeorando la situación económica e incrementándose la corrupción y la violencia.

El gobierno de Washington, promotor de este siniestro proceso, ha sido también su interesado guardián mediante un creciente y constante intervencionismo en nuestros asuntos con el pretexto de su presunta lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, de proclamadas preocupaciones por la paz, la construcción económica y la democracia. Con el recurso a esta última estratagema busca involucrar como elementos de intervención sus mismas propuestas para «remediar» los males sociales que su política de subyugación sigue generando. Cuestión que enlaza con que ahora Clinton, cual diablo predicador que harto de carne se mete a fraile, esté abogando enfática y públicamente junto a conspicuos dirigentes socialdemócratas europeos, por la justicia social, la reducción de la desigualdad en los ingresos y el fortalecimiento de la «sociedad civil», mientras clama por las bondades del diálogo y la concertación: «permitir a los opositores que expresen su opinión y convertirlos en socios constructivos». Al predicar estos salmos con miras a un remozamiento del neoliberalismo y a la aceptación de su política de globalización, también aguarda generar en los diferentes países corrientes políticas que adopten una complaciente pasividad o diversos grados de colaboracionismo con la potencia norteamericana. Precisamente entre nosotros y respecto al Plan Colombia, ya han surgido quienes se inclinan por la concertación sobre medidas antipopulares y antilaborales que le son complementarias, partidarios de gestiones y fórmulas alternativas dentro de sus lineamientos y hasta adeptos a buscar consensos para su aplicación.

El Plan Colombia es un plan de intervención integral. Le traza una estrategia al Estado para cuyo cumplimiento incide en la estructura y funciones de sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; ahonda y refina los aspectos de la apertura económica, y dota de considerable armamento al ejército y la policía, con lo que les regula sus operaciones contra el narcotráfico y las agrupaciones armadas, y legitima que Washington disponga a su arbitrio la magnitud, modalidades e intensidad de la rampante intromisión militar que ha puesto en marcha.

Dada su amplia cobertura, el Plan Colombia contempla medidas, con sus correspondientes aportes, en asuntos como el llamado desarrollo de cultivos alternativos, el medio ambiente, el sistema judicial y el penitenciario; ayudas a la fiscalía y las administraciones municipales, recursos para organizaciones no gubernamentales (ONG) y para los trabajadores de derechos humanos, entrenamiento de fiscales, y hasta aporta dólares para la evaluación de estrategias de negociación en el proceso de paz. Es lógico que estas contribuciones monetarias para los diversos componentes del Plan tengan su contrapartida: el entrometimiento de instituciones y funcionarios norteamericanos en las respectivas organizaciones colombianas –públicas o privadas, incluidas las «independientes» o las de la «sociedad civil» que sean cooptadas— para controlar y determinar el cumplimiento de sus tareas. La lesión a nuestra soberanía que así se configura no puede ser más intolerable.

A la visita de Clinton la ha precedido la presencia de funcionarios civiles y militares de jerarquía en Washington, quienes, cual avanzada, ocuparon el escenario que les brindó en la asamblea de la ANDI su desaprensivo presidente para aleccionar a la apocada concurrencia sobre el apoyo a un plan que, en palabras crudas de quien los presidía, Thomas Pickering, «tiene elementos que afectan cada empresa, institución, electorado y ciudadano de Colombia». Tras ellos y junto a los «asesores» militares gringos, quienes se sumarán a los centenares ya instalados en los comandos, llegará un destacamento de funcionarios que, de acuerdo con reciente directiva presidencial, aumentarán el esfuerzo estadounidense para ayudarle a Pastrana a poner en práctica el Plan. Esta demasía la justifica el mismo Clinton como «la manera correcta de adelantar los intereses de Norteamérica en la región».

Al hollar nuestro suelo para ejecutar el lanzamiento del siniestro Plan, Clinton infiere una despótica y grosera ofensa a la nación que, ineluctablemente, despertará en los compatriotas de bien la más absoluta abominación, y suscitando repudio entre las gentes que con dignidad mantienen viva su raigambre nacional, defienden sin atenuaciones la soberanía y atesoran un auténtico espíritu democrático. Esta erguida postura, manifestada ya en los sucesivos y triunfales paros de los trabajadores, en las protestas y luchas de los más diversos sectores sociales y en la actitud crítica de profesionales e intelectuales honestos, será el soporte fundamental de la resistencia civil contra la implantación del nuevo proyecto imperialista.

¡Afuera Clinton y su Plan Colombia!

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central

Héctor Valencia H.,

Secretario general

Bogotá, agosto 17 de 2000.