ANTE LA OPROBIOSA PRESENCIA: ¡AFUERA CLINTON Y SU PLAN COLOMBIA!

(Intervención del MOIR en el programa de televisión por el Canal RCN. Agosto de 2000)

Buenas noches

Como lo ratifica una reciente encuesta, la gran mayoría de los colombianos rechaza la gestión del gobierno de Pastrana, lo considera deshonesto y cree que bajo el resto de su presidencia lo que le espera a Colombia es peor situación económica, mayor corrupción y más violencia.

Ahora se informa que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, vendrá a respaldar personalmente este gobierno que las mayorías de nuestro pueblo tanto repudian. El jefe del imperialismo hollará nuestro suelo patrio, para anunciar que intensificará su intervención a fin de ayudarle al gobierno de Pastrana a aplicar el plan que le ordenó, el llamado Plan Colombia y, así, según sus propias palabras, sacar adelante los intereses norteamericanos en esta región.

Con la anunciada visita de Clinton será más nítida en Colombia la línea divisoria entre el imperialismo norteamericano y el gobierno vendepatria de Pastrana, por un lado, y, al frente, las grandes mayorías del país, las gentes demócratas y patriotas, a cuya vanguardia están los trabajadores que realizaron recientemente el triunfal Paro Nacional de Protesta.

Ante la oprobiosa presencia de Clinton, y en armonía con los intereses y la dignidad de nuestra nación, el MOIR llama a corear la siguiente consigna: ¡Afuera Clinton y su Plan Colombia!

LAS RAZONES DEL ROMPIMIENTO CON LUIS ALFONSO HOYOS

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, secretario regional del MOIR en Caldas

El acuerdo de Actitud Renovadora y el MOIR, en torno a la candidatura de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal a la gobernación de Caldas, era un compromiso integral con dos partes. Primero: responsabilizaba de la crisis nacional a las políticas neoliberales de apertura y privatización impuestas por el llamado Consenso de Washington, comprometiéndonos a luchar por la soberanía nacional, contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, por la protección a la producción urbana y rural, por la no privatización de La Chec, en defensa de la educación y la salud públicas, en contra de las alzas en las tarifas y la reducción de los ingresos de los colombianos, por una solución política y soberana del conflicto armado y contra el terror y la violencia, vinieren de donde vinieren. Y segundo: dejaba sentado que Actitud Renovadora quedaba en libertad de votar por quien quisiera al Senado de la República, pero que ello sólo lo determinaría después del 29 de octubre, para no crearle trabas y compromisos burocráticos a la mayor unidad posible en torno al proyecto de cambio que estábamos propiciando en la política caldense, tanto en las elecciones como después de ellas. Se trataba de un acuerdo patriótico que nos diferenciaba, en el fondo y en la forma, de la manguala que ha mal gobernado a Caldas y a Colombia.

Es obvio que la alianza pudo pactarse porque el MOIR no exigió que la candidatura de unidad la encarnara Jorge Enrique Robledo Castillo y tampoco exigió que Actitud Renovadora respaldara su nombre al Senado de la República, a pesar de que muchos caldenses clamaban por lo uno o por lo otro. La importancia del acuerdo programático alcanzado bien justificaba una conducta consecuente de nuestra parte.

A diferencia del pacto entre el MOIR y Actitud Renovadora, el que después acordaron Luis Alfonso Hoyos y Luis Emilio Sierra, para respaldarse mutuamente a Gobernación y Senado y repartirse la burocracia departamental, fue una componenda dirigida a satisfacer mezquinos apetitos personales, a la cual se llegó por el descarado chantaje electorero del uno y la falta de carácter del otro. Es evidente que ese pacto, el cual ni siquiera se nos consultó, viola el acuerdo programático que habíamos firmado con Hoyos y rompe el compromiso de Actitud Renovadora de mantener su neutralidad frente a las candidaturas al Senado. He ahí otro episodio del conocido «yo te rasco para que tu me rasques» de la politiquería colombiana, que Luis Alfonso Hoyos tanto dice repudiar.

Pero no obstante la gravedad de la violación de la palabra empeñada por parte de Luis Alfonso Hoyos, el MOIR hizo esfuerzos para salvar el acuerdo alcanzado.

Por ello le ofrecimos mantenerle el respaldo a su candidatura, siempre y cuando reconociera públicamente su error y regresara a la posición anterior a su acuerdo clientelista con Luis Emilio Sierra. Infortunadamente, al final pudieron más sus ambiciones electorales que la trascendencia de una propuesta de unidad democrática y patriótica.

Ante estos hechos, llamamos a los caldenses que estén por sacar al departamento y a Colombia de la tragedia que padecen a no respaldar a ningún candidato a la Gobernación, porque es evidente que ninguno de ellos representa una verdadera opción de cambio y porque las elecciones no pueden seguir siendo el juego de bobos de escoger entre el peor y el más malo.

En Chocó: CINCO DÍAS EN PARO CÍVICO POR LA DIGNIDAD

Miles y miles de chocoanos iniciaron un paro indefinido el 20 de junio, después que el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó lanzara una urgente proclama en la cual denunció la desidia del gobierno frente a las gravísimas carencias que aquejan al departamento.

Al Comité se sumaron todas las fuerzas: los diputados y concejales, el MOIR, el Partido Comunista, la CUT y el movimiento sindical, el magisterio, la Iglesia, la Cámara de Comercio, la Liga de Profesionales, los conductores y transportadores, la Federación de Juntas Comunales, las madres comunitarias y las veedurías ciudadanas. Las marchas y protestas, que enarbolaron las banderas de Colombia y del departamento, contaron con la solidaridad del propio gobernador y del alcalde de Quibdó.

Bajo la consigna de “el pueblo no aguanta más”, la proclama que convocaba al Paro Cívico condenó el racionamiento de energía eléctrica hasta por ocho horas diarias, en desmedro de la ya débil economía chocoana, la total quiebra del sistema de salud pública, el pésimo estado de las carreteras, el taponamiento de las bocas del río Atrato, que ha interrumpido la navegación, la educación privatizada y cada vez más costosa, el arbitrario desmonte del régimen prestacional de los docentes, el abandono de los maestros pagados por los fiscos municipales y la parálisis en la construcción de la ciudadela universitaria.

Agregaba el comunicado: “Carecemos de acueducto y alcantarillado, de infraestructura deportiva y recreacional” y “el desempleo se ha incrementado por la política neoliberal de reducción del tamaño del Estado y por los desplazamientos” causados por la violencia.

El Comité señaló también que en la actualidad el Chocó “sólo posee 26 kilómetros de vías pavimentadas” y rechazó las supercherías medioambientalistas “que han decretado el atraso sostenible del Chocó bajo el pretexto irracional de mantenerlo virgen para usufructo de la humanidad, mientras sus habitantes languidecen”.

Se trataba de exigir, en síntesis, según lo comentó el periódico Chocó 7 Días, de Quibdó, “vías, agua y luz, un pedido elemental que no debería estarse formulando en este nuevo siglo, cuando se supone que las exigencias deberían versar sobre otros tópicos de mayor envergadura”.

Ante tan desolador panorama, la única salida fue el paro indefinido, que se inició el martes 20 de junio y se levantó el sábado 25, después de que el gobierno accediera a firmar un acuerdo por escrito, en el cual se comprometió a asignar once millones de dólares para la interconexión eléctrica Viterbo-Cértegui y treinta mil millones de pesos para pavimentar el tramo Quibdó-Las Ánimas, y además a pavimentar las vías Quibdó-Condoto y Quibdó-Santa Cecilia, a reiniciar la vía al mar (Las Ánimas-Nuquí), a construir el acueducto por gravedad en la capital del departamento –utilizando como fuente el río Ichó—, a continuar la Ciudad Universitaria, a destinar de inmediato 3.500 millones de pesos para atender el déficit hospitalario, más otros mil millones para fortalecer la red asistencial, a darle nuevos aires al Laboratorio de Salud Pública del departamento, a incorporar a 84 docentes departamentales al situado fiscal, a ampliar la red de Telecom y a gestionar recursos para el dragado del Atrato y otra serie de obras de carácter prioritario, entre ellas, la electrificación del Baudó y de la Costa Pacífica. El costo total del acuerdo ha sido calculado en 130 mil millones de pesos.

El racionamiento diario de luz eléctrica había sido suspendido por ISA días antes de que arrancara el paro indefinido.

Por ser un logro de la unidad del pueblo, es a todos los chocoanos a quienes corresponde “vigilar que el compromiso se cumpla, para que su lucha no se diluya y sea víctima de los estragos del olvido y de la falta de voluntad oficial, carcomas que han precedido otras manifestaciones similares, de las cuales sólo hemos obtenido respuestas parciales con sabor a frustración”.

Jorge Salgado, secretario regional del MOIR e integrante del comité negociador, dijo que se integró un comité de seguimiento que estará atento a las respuestas del gobierno. “Pero el mejor garante –añadió Salgado— seguirá siendo el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó, que debe convertirse, de ahora en adelante, en un frente amplio y permanente de lucha, integrado a la gran corriente nacional y democrática que batalla por la segunda independencia de Colombia”.

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial: HACIA LA FRAGMENTACIÓN DEL PAÍS

Por Alfonso Hernández

Próximamente, el Gobierno presentará al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, desarrollo del artículo 288 de la Constitución de 1991, que busca dividir la nación en regiones. Dicha tendencia fragmentadora no se aplica con exclusividad a Colombia, puesto que constituye el complemento indispensable, la otra cara de la globalización. La organización federal de los países sojuzgados es la que mejor se ajusta a los intereses imperialistas de hoy, pues mina el logro de los pueblos que, durante los siglos XIX y XX, se sacudieron de la dominación colonial y constituyeron Estados con independencia política y mercado interior relativamente autónomo.

Estados Unidos viene pregonando la “democracia local” con el objeto de consolidar su dictadura mundial; según las condiciones políticas, actúa unas veces privilegiando la saña para desmembrar naciones, como en Yugoslavia e Indonesia y, otras, la maña, para imponer un federalismo enervante, como en América Latina. Echando leña a ese fuego, el Banco Mundial, en su Informe sobre el desarrollo mundial 1999-2000, afirma que al siglo XXI lo diseñarán dos fuerzas en apariencia contradictorias: la global y la local; a los Estados nacionales de mediano o bajo desarrollo no les quedaría, según esta interesada versión, alternativa distinta que la de contribuir a socavar su propia integridad.

Los ponentes del proyecto de ley de ordenamiento reconocen que se trata de sujetar a Colombia a las apetencias de los mandamases del mundo: “Para que el país y sus regiones se inserten en el proceso de globalización se requiere una reorganización político administrativa.” Este propósito, el verdadero, se adorna con otros de apariencia nobilísima: velar por la igualdad de las entidades territoriales, defender las minorías étnicas, fortalecer la democracia, proteger la naturaleza, erradicar la pobreza…

Al comienzo, se manifestaron abiertamente las intenciones. César Gaviria propuso en la Asamblea Constituyente hacer de Colombia un país federal. Pero las dificultades que han tenido que enfrentar los divisionistas hacen que el proyecto del gobierno de Pastrana no plantee directamente ese designio. Buscan la conformación de regiones autónomas, cada una de las cuales agruparía un número de departamentos, un federalismo embozado. Adicionalmente, anotemos que el ordenamiento territorial afianza las políticas descentralistas que, desde los años ochentas, han venido cargando a los entes territoriales con una serie de obligaciones que, mal que bien, atendía el Estado central, cuyo presupuesto se destina cada vez más al servicio de la deuda. El federalismo, tipo de organización político-administrativa que permitió en Norteamérica o en Alemania unir lo que estaba desunido, ahora se utilizará aquí para separar lo que está unido.

Contenido de la Ley

Conforme a la Constitución de 1991, el proyecto de ley, a lo largo de siete títulos y 109 artículos, define el concepto y los principios rectores del ordenamiento, y establece la división político-administrativa del país, compuesta por las entidades y las divisiones territoriales. Entre las primeras figuran: departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, que se gobiernan por autoridades propias, ejercen sus competencias, administran sus recursos y establecen tributos y participan en las rentas de la nación. Pueden emitir títulos y bonos de deuda pública y contratar crédito externo.

Son divisiones territoriales las regiones administrativas y de planificación (RAP), las provincias departamentales, las asociaciones de municipios, las áreas metropolitanas, las localidades, las comunas y los corregimientos. Las regiones administrativas y de planeación (RAP) y las provincias departamentales pueden llegar a ser entidades territoriales, previo el cumplimiento de los requisitos que determina la ley. Además, se autoriza la creación de áreas de desarrollo territorial. Como puede ver el lector, se crea un verdadero batiburrillo en la organización político-administrativa del país. En medio de ese caos irán sacando adelante el verdadero tipo de organización que les interesa, consistente en un archipiélago de regiones, fácilmente sojuzgable por el capital imperialista.

El proyecto también define las competencias de la Nación, de las entidades y de las divisiones la territoriales. Crea el Sistema Institucional para el Ordenamiento Territorial, SIOT, con su consejo superior, su comisión y subcomisiones y las redes de apoyo nacional y subnacional, pero todo bajo el control del Ejecutivo. Además, crea otra serie de instrumentos, el más importante de los cuales es el Proyecto Estratégico Nacional de Ordenamiento Territorial, en el que se formulan los lineamientos y se busca, entre otros, “armonizar la visión del territorio con el contexto internacional” y “definir políticas de fronteras y zonas prioritarias de integración” externa. Con el propósito de debilitar la identidad nacional se impulsan programas pedagógicos para fortalecer el regionalismo.

Como competencias exclusivas de la nación se señalan las referentes a la justicia, la defensa nacional, las relaciones internacionales, la dirección general de la economía, los principios de la hacienda pública, el régimen monetario, crediticio y cambiario y de comercio exterior. Competencias todas que distan de ser de su exclusividad, pues en realidad las ejercen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Pentágono. En materia de organización del territorio, la nación pasa a ser facilitadora, término posmoderno que significa celestina.

Las regiones se conforman por la unión de dos o más departamentos constituidos en entidad territorial, con el supuesto objetivo de procurar el desarrollo económico y social y la nación delegaría en ellas algunas de sus propias competencias. Como formar regiones, verdadero interés de la política imperialista, toma inevitablemente su tiempo, optan por fusilar mientras llega la orden: el proyecto da pie a crear las áreas de desarrollo territorial, las que se definen como alternativas flexibles, puesto que pueden constituirse por “iniciativa” privada -como por ejemplo la exigencia de cualquier multinacional- y están facultadas para acceder a recursos de crédito y de cooperación internacionales y a aportes de entidades públicas o privadas.. Dichas áreas se pueden integrar por convenios entre departamentos, municipios, y demás entidades o divisiones. La nación contrataría con ellas la ejecución de programas del Plan Nacional de Desarrollo. Se consagra el derecho del capital capital privado a determinar la configuración del territorio. Así, las inversiones y las obras que se adelanten por parte de las entidades político-administrativas, serán definidas por los consorcios extranjeros.

La política gubernamental de formar regiones tiene a los departamentos como blanco de ataque. Aunque el proyecto no los acaba de golpe, sí hay una marcada inclinación a debilitarlos. Tanto en éste como en las disposiciones de saneamiento fiscal de las entidades territoriales se anuncia que se van a disolver aquéllos que no mantengan una solvencia acreditada por la Dirección de Apoyo Fiscal. En la frustrada convocatoria del referendo, Pastrana consignó la intención de acabar las Asambleas. Este vapuleo contra los departamentos busca que éstos cedan a las regiones emergentes su participación en las rentas de la nación, buena parte de los impuestos que recaudan y el poder que detentan.

El llamado rumbo municipalista de la descentralización ha sido reemplazado por uno regionalista, porque el imperialismo necesita entidades políticas, naciones o regiones, lo suficientemente pequeñas para que no puedan formar un sistema productivo que integre las diversas ramas de la industria, de la agricultura y de los servicios en un mercado interior con cierta autonomía, pero lo bastante grandes para alcanzar una capacidad impositiva que les permita emprender las obras que requieren los monopolios, tales como aeropuertos, sistemas de comunicaciones, y endeudarse y cumplir. Entidades de riesgo soberano las llama el capital financiero. El tamaño ideal es, entonces, el de las regiones como la Costa Atlántica o el de países como Costa Rica.

La región: plataforma exportadora de las multinacionales

A la región se le asigna la tarea de “promover el desarrollo económico y social de su territorio”, y se le indica que para lograrlo debe exportar. Esto no sólo se plantea en el proyecto de ley en cuestión, sino que el Plan de Desarrollo señala que ella debe incorporarse al contexto internacional, mediante la estrategia exportadora; para ello se crearon los Comités Regionales de Comercio Exterior, Carce. Como la producción autóctona, despojada de toda protección, tiene pocas posibilidades de competir, excepción hecha de los frutos de la naturaleza, como la guadua, el arasá y el chontaduro o algunos productos típicos, como la chancaca, los canastos y las ollas de barro, el fomento de las exportaciones se basa en atraer a los oligopolios trasnacionales. “El capital extranjero tendrá un papel de primer orden en la construcción de un aparato productivo moderno y enfocado hacia los mercados internacionales. (…) La idea es crear nuevos clusters (agrupamientos) de productos y servicios en Colombia. Es así como se buscará nueva inversión extranjera directa que se vincule con el sector manufacturero, especialmente en sectores exportadores y en servicios con alto valor agregado. Todo esto, incentivando a las empresas extranjeras que se instalen en Colombia y utilicen nuestro territorio como plataforma exportadora” (págs. 9 y 10 Plan Nacional de Desarrollo, Tomo 2).

Presentada como redentora de las regiones, la estrategia exportadora sólo servirá a los financistas internacionales. Esta aseveración la confirma Jorge Ramírez Ocampo, consultor de comercio exterior del gobierno, quien, en la XXIII Asamblea General de Gobernadores, realizada en Cartagena del 10 al 12 de febrero de 1999, señaló que solamente doce empresas hacen el 50% de las exportaciones colombianas; 200, el 82%, y lo más grave es que de éstas 200 empresas, 120 son multinacionales.

De tal manera que las regiones se constituyen en base exportadora de las grandes multinacionales. En ellas, a lo largo y ancho de América Latina, las compañías gringas explotan mano de obra barata y se abastecen de recursos naturales para dirimir su contienda por el control de la economía mundial con sus pares de Europa y Japón. Apropiarse de las industrias locales, arrasar toda competencia e imponer que los bienes públicos y privados de la América pobre se pongan a disposición de las empresas de la potencia, tal es el verdadero objetivo de todas las reformas impuestas, entre ellas la del ordenamiento territorial.

El caso de Costa Rica constituye otra prueba. Es uno de los países considerados exitosos en sus esfuerzos por incrementar su comercio exterior. Lo cierto es que el 10% del total de sus exportaciones y el 53% de las de productos electrónicos corresponden a Intel, la multinacional estadounidense que produce microprocesadores. A más de esto, la economía costarricense se especializa en las maquilas de confección, para firmas también norteamericanas (Cepal, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999, pág 87).

Las regiones compiten entre sí y financian a las multinacionales

¿Cómo debe la región incrementar las exportaciones? Subsidiando a las multinacionales. Así lo declara Martín Gustavo Ibarra, el otro consultor de comercio exterior del gobierno: “Yo subrayo el punto del Dr. Ramírez, en el sentido en que los incentivos que dan las regiones son los únicos permitidos en la Organización Mundial de Comercio en este momento; una región puede ir desde regalar un terreno, exonerar de impuesto de industria y comercio, dar incentivos fiscales, específicos para atracción de inversión o tener un presupuesto”. En eso consisten “las alianzas estratégicas”, “la concertación entre las empresas y las entidades territoriales”, ése es el papel de las regiones y de las áreas de desarrollo territorial, y de toda esa armazón de entes y divisiones: “regalar un terreno”, “exonerar de impuestos de industria y comercio o tener un presupuesto” para entregárselo a los consorcios. ¡El Estado sigue interviniendo en la economía, pero sólo en provecho de los monopolistas! Los hospitales se cierran porque no hay recursos; a las multinacionales se les colma de obsequios. Para los colombianos, apretón fiscal; para los potentados del mundo, largueza. Para los productores nacionales, disciplina de mercado, ser competitivos o desaparecer; para los imperialistas, subsidios a granel.

No sobra insistir en que se está limitando nuestra capacidad productiva a lo que requieran los colonialistas. Volvamos a las palabras de Jorge Ramírez: “Tenemos que empezar por preguntarle al mundo qué nos quiere comprar y cuando nos digan qué nos quieren comprar, nosotros ver cómo lo podemos producir competitivamente. Cuando sepamos qué necesita el mundo, (…) cómo es la necesidad de nuestros clientes, cómo son las tallas de los zapatos, cómo son los gruesos de los anteojos, entonces, podemos salir a producir eso competitivamente”. Que se arruine la agricultura, que importemos millones de toneladas de alimentos, que vaya a la bancarrota la industria, que se desatiendan las necesidades de la población; en todo caso, salgamos a preguntar al exterior de qué talla quieren los zapatos. Así no habrá en nuestro suelo más que subsidiarias o subcontratistas de las multinacionales. Economía de ensamblaje, limitada a los renglones y segmentos de menor desarrollo tecnológico, ese es el modelo que nos ofrecen para el siglo XXI. Así, unas zonas habrán de especializarse en autopartes o en confecciones y otras en adminículos electrónicos, según nos lo dicten los amos del mundo.

Miremos, de nuevo, el caso de Costa Rica. Intel deseaba instalar una planta en América Latina para producir microprocesadores destinados a la exportación. Costa Rica hizo hasta lo imposible por satisfacer a esa compañía: construyó dos subestaciones eléctricas, una para uso exclusivo de Intel, y le redujo la tarifa a la mitad, construyó diversas obras viales para facilitar la construcción de la planta y el transporte de productos, adoptó una política de cielos abiertos para aumentar la frecuencia de los vuelos con los Estados Unidos, puso en funcionamiento sendos consulados en Filipinas y Malasia –donde hay otras subsidiarias de Intel- y creó un centro de llamadas (call center) de dedicación exclusiva. Así, los empobrecidos costarricenses financian a Intel, una de las firmas más poderosas del mundo. Pero los ejemplos abundan, Rio Grande do Sul, Ceará y Bahía engordan la bolsa de Ford y de General Motors, y todo el norte de México es un paraíso para los inversionistas.

Si todo lo anterior no fuera suficiente para calar la naturaleza de las reformas comentadas, adviértase que cuando los promotores de la descentralización hablan de la actitud de las regiones frente a la nación utilizan términos de pelea como autonomía, empoderamiento, exigencias, derrotar el centralismo; pero cuando se refieren a las relaciones con el capital foráneo, los vocablos son melifluos: atracción, estímulo, coquetería, en una palabra, entrega. La región, altanera, vuelve la espalda a la patria, y, enseguida, se prosterna, llorosa, mendicante ante los imperialistas.

No faltan quienes piensan que, de todas maneras, la inversión extranjera representa una fuente de empleo; la verdad es muy otra. En Colombia, la inversión extrajera neta, sin contar la correspondiente a petróleo, “pasó de 350 millones de dólares en 1992 a 3.495 millones de dólares en 1997” (Plan Nacional de Desarrollo), y el desempleo no ha hecho nada distinto a treparse, alcanzando hoy más del 20%.

Mayor apretón fiscal

En vez de progreso y bienestar para los habitantes de las comarcas se anuncian sudor y lágrimas. Junto al proyecto de ordenamiento territorial hay un conjunto de reformas que afectan a los entes territoriales: desde hace años se ambienta una fuerte rebaja de las transferencias de la nación, se prepara una reforma para incrementar los tributos locales, y hay disposiciones que, so pretexto de sanear los fiscos, imponen fuertes restricciones al gasto. Para garantizar el pago de la deuda al sector financiero, la ley 550, llamada de reactivación económica, somete a municipios y departamentos a ajustes semejantes a los que le impone el Fondo Monetario Internacional a la nación. Por ejemplo, tienen que vender empresas, despedir trabajadores, reducir los gastos y el Ministerio de Hacienda girará directamente a los prestamistas parte de las transferencias nacionales. Y la banca ya reclama que dichas partidas no se limiten a inversiones en salud y educación, sino que quiere echarles mano, de manera directa.

La descentralización, que tantas ilusiones sembró entre los amantes de su patria chica, condujo a un verdadero estrangulamiento financiero de departamentos y municipios, cuya deuda ya supera los tres billones de pesos. La regionalización representará aún mayores descalabros.

No se puede permitir que los justos reclamos por el abandono de vastas zonas del país, por las políticas lesivas al interés de las mayorías que se han impuesto desde la cúpula del Estado y por la francachela que se ha hecho con los bienes públicos sigan siendo utilizadas por quienes aúpan las reformas neoliberales, entre las que figura atomizar a Colombia, lo que agudizará esas mismas dolamas.

Cierto que el edificio de nuestra nación hace mucho que presenta agrietamientos; pero en este caso, la solución no estriba en demolerlo, sino en echar a la calle a la administración; y cuanto más pronto, mejor.

CAUCASIA A LA VANGUARDIA EN LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Por Víctor Arbeláez

El pasado 24 de mayo, a las 6 de la mañana, un espectacular estruendo de centenares de voladores dio inicio a un combativo Paro en Caucasia, municipio de 63 mil habitantes en el norte de Antioquia. Ganaderos, comerciantes, mineros, sindicatos, profesores, Iglesia, juntas de acción comunal, comités por servicios públicos, venteros ambulantes y madres comunitarias, todos unificados en el Comité Cívico, presentaron horas después un pliego de peticiones al gobierno nacional.

En 1984 fue creada la empresa industrial y comercial del Estado, Empresas Públicas de Caucasia, con el municipio como único dueño, para prestar los servicios de plaza de mercado, aeropuerto, explotación de las playas del río Cauca, aseo y matadero. En la distribución de energía eléctrica, la empresa actúa como intermediaria, pues debe comprarla en la bolsa y revenderla a los usuarios, casi todos de estratos 1, 2 y 3. En 1997, EE. PP. de Caucasia estableció una tarifa media de $ 22.10 el kilovatio hora. Pero en el marco de la privatización, las dos generadoras de energía (Isagen y Empresas Públicas de Medellín) le impusieron en la bolsa un precio de compra de $ 66.01 el kilovatio hora, casi el triple del que tenía programado, con el pretexto del “fenómeno del Niño”. Esta situación la llevó a acumular una deuda por más de 35 mil millones de pesos, a mayo de 2000, de los cuales 46% son por intereses de mora.

El gobierno de Pastrana le ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervenir a las EE. PP. de Caucasia, lo cual aumentó sus dificultades. Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, apoyada en la Ley 142, impuso racionamientos de dos, tres, cuatro y hasta ocho horas diarias, como castigo por la deuda y el incumplimiento de la empresa en los pagos, sanción de la que no escaparon los usuarios que se encuentran a paz y salvo.

Para el 24 de mayo se esperaba un apagón de tres horas, después de un par de meses de sufrir cortes diarios de dos horas. Esto indujo al Comité a señalar ese día como hora cero del Paro Cívico y presentar su pliego de peticiones al gobierno, exigiendo suspender los apagones, condonar la deuda de la empresa, disminuir las tarifas del alumbrado público y solucionar los problemas ocasionados por la privatización del acueducto y por las sobrefacturaciones en la energía y telecomunicaciones. Demandaron también la terminación de la carretera Caucasia-Nechí-El Bagre.

Del 24 al 27 de mayo, la población caucasiana bloqueó, al norte y al sur, la carretera troncal que comunica a la Costa con Antioquia y el resto del país. La participación multitudinaria en los bloqueos y el cierre total del comercio y de los establecimientos públicos en el casco urbano muestran un movimiento esencialmente democrático, con gran organización y disciplina. El acierto táctico del Comité Cívico en la dirección de la lucha de las masas y en los objetivos del Paro determinaron el triunfo obtenido al conquistar la suspensión inmediata del racionamiento y la atención de los demás puntos del pliego, en acuerdo suscrito entre los representantes del gobierno nacional, la alcaldía y el Comité Cívico. Los dirigentes del Comité permanecerán vigilantes para impedir cualquier intento de burlas las reivindicaciones alcanzadas.

A las 6 de la mañana del 27 de mayo, los voladores en alborada anunciaron la victoria y la terminación del Paro.

MENSAJE DEL MOIR AL PARTIDO COMUNISTA

Compañero Jaime Caicedo, secretario general,

y demás dirigentes del Partido Comunista Colombiano:

Al cumplir 70 años de existencia política, expresamos nuestro reconocimiento a las luchas que en diferentes etapas ha librado el Partido Comunista Colombiano por la democracia y el progreso del país. Sea ocasión también de reiterarles nuestras condolencias por la reciente muerte del compañero Gilberto Vieira.

Consideramos que en este evento de celebración de siete décadas de trajinar político de su organización partidaria, nuestro mejor saludo es reafirmar ante ustedes la posición de principios del MOIR frente a la mayor crisis que ha enfrentado Colombia, sintetizada así:

Levantar las banderas de lucha y, siempre junto a las masas como protagonistas principales, marchar contra todos los planes que en lo económico, lo político y lo militar está imponiendo el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación, de los cuales el Plan Colombia es una prueba tan fehaciente como abominable.

Oponer, de palabra y de hecho, firme resistencia contra con las diversas formas de intervencionismo que para la aplicación de esos planes utiliza Washington.

Combatir todas y cada una de las políticas de servilismo pro-imperialista que actualmente desarrolla el gobierno de Andrés Pastrana, políticas que quebrantan nuestra soberanía y convierten a la nación en objeto de la estrategia de recolonización norteamericana.

En consecuencia, creemos que el 70 aniversario del Partido Comunista Colombiano se celebra en tiempos propicios para llamar a la participación activa y militante en el Paro Nacional de Protesta a realizarse el 3 de agosto próximo, el cual constituirá una muestra más del rumbo de unidad y resistencia que están adoptando la clase obrera y el pueblo en aras de su liberación definitiva.

Reciban ustedes un saludo revolucionario,

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR.

Héctor Valencia,

Secretario general.

EXITOSA MARCHA PANELERA

Por José Fernando Ocampo, coordinador de Unidad Panelera en Cundinamarca

Diez mil paneleros de todo el país marcharon por la Carrera Séptima de Bogotá hasta el Ministerio de Agricultura para defender la producción de panela. Productores de municipios de la Hoya del Río Suárez en Boyacá y Santander, como Santa Ana, Moniquirá, Güepsa, Chitaraque, Togüí, Barbosa, Chipatá, Charalá, San José de Suaita, San José de Pare, Vélez, y otros; de la provincia del Gualivá en Cundinamarca, como Villeta, la Peña, Quebradanegra, Chaguaní, Tobia, Nimaima, Nocaima, Vianí, Caparrapí y San Juan de Rioseco; además de importantes delegaciones del Cauca, Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima, hicieron sentir su protesta por la situación desesperada de los paneleros de Colombia. Protestaron por las importaciones de panela, de mieles y de alcoholes y contra los derretideros de azúcar y el ingenio panelero que se construye en Padilla, Cauca, y exigieron condonación de deudas y precios de sustentación para su producto.

Fue una marcha pacífica, democrática y sin incidentes de ninguna naturaleza. Frente al Ministerio de Agricultura intervinieron los dirigentes de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Angel María Caballero y Jorge Robledo; Pedro Camargo, coordinador nacional de Unidad Panelera y un representante por cada departamento. Durante el trayecto, los paneleros agitaron sus consignas, cargaron pancartas, portaron caña, repartieron panela y regaron mieles como símbolo de su protesta.

Gobierno recibe a Unidad Panelera

Por orden del presidente de la República, el viceministro de Agricultura, Luis Arango Nieto recibió a los dirigentes de Unidad. Allí se acordó una agenda de reuniones para tratar los problemas de dicha producción. El primer resultado de la marcha fue, pues, el reconocimiento por parte del gobierno de Unidad Panelera como organización de los productores de panela de Colombia.

Dos reuniones se llevaron a cabo, en las cuales se discutieron los problemas de los derretideros de azúcar, de las importaciones y el contrabando de panela y de las deudas de los productores.

Gobierno incumple compromisos

Incumplen compromisos

Aunque en esas reuniones el gobierno se comprometió con Unidad Panelera a combatir los ilegales derretideros de azúcar, o sea, a hacer cumplir la ley, y para tal efecto conformó un grupo elite compuesto por los Ministerios de Agricultura y Salud,

el Invima, la Procuraduría y la Policía, que debería actuar en coordinación con las Secretarías de Salud de Valle, Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima, lo cierto es que hasta el momento, finales de julio, nada ha hecho al respecto. En Tuluá un derretidor saca al mercado de 8 mil a 15 mil bultos semanales de “panela”. Se calcula que si se acaba la producción de los derretideros, la oferta de panela bajaría aproximadamente 20%, con una notoria reacción en el precio para los paneleros

Sobre importaciones y contrabando de panela

Importaciones y contrabando

De las reuniones con el gobierno también quedó claro que las importaciones y el contrabando de panela se deben al tratado de libre comercio de la Comunidad Andina, firmado por Colombia con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Según el tratado, todos los productos agrícolas son de libre importación y exportación en la Comunidad Andina.

Lo más grave es que el gobierno de Pastrana no está dispuesto ni siquiera a ponerle restricciones a ese comercio, como lo permite el mismo tratado, por intermedio de cláusulas de salvaguardia y barreras sanitarias. Es conocido, por ejemplo, que la panela ecuatoriana es de muy mala calidad, especialmente en los aspectos sanitarios por el uso masivo de blanqueadores químicos, prohibidos en nuestro país.

Hemos descubierto que el contrabando de panela se vuelve legal con solo adquirir un formulario de veinte mil pesos. Por eso el mercado del interior está inundado de panela del Ecuador y el de la costa de panela venezolana. Lo que está matando entonces la agricultura colombiana es el pacto de libre comercio con la Comunidad Andina y la falta de protección del gobierno colombiano a sus productores

Esta lucha apenas comienza

Por ahora sólo hay un compromiso del gobierno: controlar los derretideros. En el problema de las importaciones y el contrabando el gobierno no ofrece soluciones. El Pacto Andino es una amenaza cada vez mayor contra la producción panelera. Sobre el ingenio panelero no hay definición, a pesar de que es claramente violatorio de la Ley 40 de 1990.

Y quedan sobre el tapete los precios de sustentación, las deudas y los impuestos prediales. ¡Esta lucha apenas comienza!

FRANCISCO MOSQUERA SANCHEZ

(Apartes de la intervención en el acto conmemorativo del 6o. aniversario de la muerte del camarada Mosquera, el 1o. de agosto, en Medellín)

En Tribuna Roja del 29 de septiembre de 1994 se lee: «El camarada Francisco Mosquera Sánchez nació en Piedecuesta, Santander, el 25 de mayo de 1941. Desde su infancia hasta el día de su muerte dejó impreso el testimonio de su inquebrantable vocación revolucionaria, y sembró a lo largo de su fructífera vida entre sus familiares, sus amigos y sobre todo entre sus copartidarios y discípulos, la simiente de la insumisión, de la lealtad con los desposeídos y de la fe indeclinable en el triunfo de los ideales proletarios que supo encarnar como nadie, hasta el punto de haberse convertido en el más grande marxista-leninista que haya conocido la historia de Colombia».

Hablar de su vida sería una tarea bien larga, y por ello sólo me ocuparé de tres hechos, que estimo de suma importancia. El primero, el rompimiento con el MOEC y la fundación del MOIR. Mosquera, en lo temprano de su vida, entendió que con las concepciones extremoizquierdistas no habría revolución en Colombia; asumió entonces la defensa de los intereses políticos e ideológicos de la clase obrera. Con esa posición de clase y con esa base teórica cimentó el MOIR, y supo enfrentar las diversas etapas de nuestro Partido: la de Unidad y Combate con el revisionismo colombiano, que tan claramente combatió y caracterizó, pero con el cual no vaciló en adelantar tareas conjuntas cuando fue conveniente y propicio hacerlo; y la de Combate y Unidad, con las mismas fuerzas y con el sindicalismo amarillo de las centrales obreras bipartidistas. Más fogueado en la lucha, supo orientar nuestro pequeño contingente en ese tenebroso período, el del túnel, cuando el MOIR tuvo que abandonar vastas regiones para preservar sus fuerzas y salvar las vidas de muchos compañeros.

Sobre la apertura económica

Un segundo hecho de gran importancia en la vida de Mosquera fue que en forma rápida y precisa definió las características del neoliberalismo y las consecuencias que la apertura económica tendría para la industria, el agro, la salud, la educación, el patrimonio público y, en general, para todo el pueblo colombiano. Certeramente habló de esta etapa como la de recolonización de Estados Unidos sobre nuestra nación. Seis años después de su muerte, apreciamos los grandes aciertos de Mosquera en este diagnóstico. La industria se encuentra quebrada o ad portas de quebrarse por la libre importación de mercaderías; el campo languidece en el abandono y el atraso, y su sector empresarial en fuerte retroceso por la libre importación de alimentos; la salud es privatizada; en la educación se promueve la autofinanciación a todo nivel, o sea, se privatiza a marchas aceleradas; las empresas estatales van cayendo una tras otra en manos del capital financiero; y el pueblo, cada día ve más esquilmados sus bolsillos con impuestos indirectos como el Iva, el dos por mil, la sobretasa a la gasolina, y con la eliminación de subsidios, los aumentos de los servicios públicos y la imposición de nuevos gravámenes tipo valorización. Hoy, orientado por el pensamiento de Mosquera, nuestro Partido enfrenta la situación promoviendo la lucha de las masas, acumulando fuerzas y razones para batallas de mayor envergadura, como el mismo Pacho las definió.

Centralismo democrático

El tercer aspecto, de los más importantes en la obra de Mosquera, es su contribución teórica al marxismo-leninismo, su aporte a la caracterización y delimitación del centralismo democrático: «Creo, después de mucho meditarlo, que el aspecto principal de la organización del partido es el centralismo. El Partido puede existir sin democracia, pero no puede existir sin el centralismo. El centralismo puede darse sin democracia, pero la democracia no puede darse sin centralismo». Dio prioridad al centralismo sobre la democracia, y definió los métodos para centralizar: los utilizados por las clases dominantes de «represión, coacción y violencia» y los tres que puede utilizar un partido revolucionario: el de «unanimidad, cuando predomina la confianza» entre los miembros de una organización; el «de los acuerdos», que «presupone que hay divergencias», debiéndose recurrir a pactos que no lesionen los principios y cediendo en los aspectos secundarios, método algunas veces utilizado por el MOIR; y el tercero, decía Pacho, «el de la democracia, el que nosotros preferimos. Por eso somos partidarios del centralismo democrático, de que la minoría se someta a la mayoría. Los comunistas estamos por el método de la democracia: que la mayoría centralice, lo cual es verdadera democracia. Puede haber centralismo sin democracia, pero no democracia sin centralismo. La democracia sin centralismo es una burla. La única manera de hacer valer la democracia es que alguien ejecute la voluntad de la mayoría, de lo contrario es una farsa. Un demócrata que se burle de la voluntad de la mayoría, del centralismo, es un farsante».

Este breve resumen de las tesis de Mosquera sobre el centralismo democrático, desarrolladas en Lecciones de la táctica y de la lucha interna, recoge las ideas que nos permitieron, sin ceder un ápice, darle la lucha a la fracción derechista que quiso cambiar el rumbo de nuestro Partido, pretendiendo arrebatarles la dirección a las mayorías mosqueristas en el Comité Ejecutivo Central del MOIR, fracción que terminó fuera de nuestro Partido, acolitando las políticas de los representantes del bipartidismo. Haber profundizado sobre el centralismo democrático fue uno de los más grandes logros de Mosquera.

Interés por la ciencia

No puedo pasar este homenaje a Mosquera sin referirme a una de sus facetas como ser humano. Como marxista, defendía al obrero y al pueblo raso y tenía un vivísimo interés por la ciencia. Largas horas pasaba estudiando temas tan complejos como el big bang en astronomía; o química, biología y genética para entender la doble espiral helicoidal del ADN; se capacitaba en las nuevas tecnologías de los computadores y trataba de comprender lo que significa la radiación monocromática del rayo laser. Pacho Mosquera, siguiendo a los grandes pensadores de la humanidad, como Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, estudiaba la ciencia en sus fronteras, en lo más avanzado del conocimiento humano. Y asombraba el derroche de conocimientos ciertos que poseía sobre muchas materias. Comprendía, discutía y profundizaba sobre el origen del universo; opinaba acerca de la explicación genética del crecimiento desmedido de las células, basado en desfases del ADN. Y así, otros temas. Desgraciadamente, sobre muchos de ellos la vida no le dio tiempo de escribir. Esto fue conocido por una veintena de militantes que pudieron asistir a los famosos Ateneos de Cali y Medellín, y sus avanzadas disertaciones sobre astronomía, medicina, ingeniería genética, biología, botánica, matemáticas, química, física y, en últimas, sobre la dialéctica de la naturaleza.

Cómo hubiera recibido alborozado Francisco Mosquera las noticias sobre los dieciséis planetas en otros sistemas solares lejanos, descubiertos desde su muerte, y con ello, él lo sabía, el aumento de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Vida no necesariamente inteligente, vida primitiva, a nivel bacterial o viral. Mosquera creía en la universalidad de las leyes de la ciencia y la posible existencia de otras formas de vida. Era un lector ferviente de Carl Sagan, y anhelaba que se descubriera la vida en otros sistemas, golpe mortal a las concepciones idealistas.

Cómo hubiera gozado Francisco Mosquera con la clonación de la oveja Dolly y el desciframiento del código genético en el programa del genoma humano. Orgulloso de sus concepciones hubiera dicho que estos descubrimientos le abren la posibilidad a la raza humana para poblar otros planetas al clonar, crear o programar bacterias o virus terrestres que soporten las altas temperaturas y presiones y las venenosas atmósferas, y sembrarlas en esos ambientes hostiles, para paulatinamente, en procesos de muchos años, millones talvez, cambiar las condiciones atmosféricas y hacerlas ricas en oxígeno, necesario para el hombre.

Muere nuestro querido jefe un lunes 1° de agosto de 1994. Hoy, los aquí asistentes y cientos de militantes de otras regiones del país, conmemoramos combativamente su temprana muerte, porque combativamente seguimos en el rumbo por él trazado.

Y el mejor homenaje que le podemos rendir es que el jueves 3 de agosto vamos a dar una pelea nacional en su nombre. El Paro Nacional de Protesta contra la política económica, social y laboral del gobierno de Andrés Pastrana, impuesta por el FMI, contra el Plan Colombia, y contra el infame acuerdo bipartidista que, a cambio de la no revocatoria de los mandatos, impulsa en el Congreso las regresivas reformas laboral, tributaria, al régimen de pensiones y a las transferencias a los entes territoriales.

En Tribuna Roja del 29 de septiembre de 1994, leemos: «Pacho nos aportó un nuevo estilo y una nueva forma en la lucha contra el revisionismo; nos inculcó la teoría desarrollada por Mao Tsetung en lo referente a las revoluciones democráticas del Tercer Mundo; enseñó al proletariado de Colombia principios básicos para la construcción del partido obrero que habrá de transformar nuestra realidad; asombró con sus decisiones tácticas probadamente acertadas gracias a su instinto de clase, a su clarividencia y a su rigor teórico. Trabajó en los campos de la filosofía, la historia, las ciencias naturales, el arte, generando cada vez nuevas dudas, encontrando facetas inimaginadas, resolviendo problemas que sólo un auténtico discípulo de Marx podría haber afrontado con tal consagración y honestidad. Fue un hombre universal, el más grande que nos haya sido dado conocer».

¡Gloria eterna al camarada Francisco Mosquera!

EN VILLETA SE REALIZÓ PRIMER CONGRESO PANELERO DE CUNDINAMARCA

Seiscientos delegados, provenientes de los municipios de Villeta, Quebradanegra, La Peña, Nocaima, Nimaima, La Vega, Útica, Caparrapí y otros de la provincia de Gualivá, en el occidente de Cundinamarca, realizaron en el Club Social de Villeta, el pasado 24 de julio, el Primer Congreso de Unidad Panelera en esta sección del país.

Presentaron saludos al evento los alcaldes de Villeta, La Peña y Nimaima, así como el diputado Pedro María Ramírez y varios candidatos de los distintos partidos y movimientos en las próximas elecciones. El Congreso reiteró su disposición de seguir en la lucha por la defensa de un precio de sustentación para la panela, y por el rechazo a las importaciones de panela y mieles y a la puesta en funcionamiento del ingenio del Cauca.

La democracia participativa: CRÓNICA DE UNA FALACIA

Por Alejandro Torres

Desde hace más de una década el país asiste al auge de la llamada democracia participativa; en su nombre se revocan mandatos, se impulsan referendos, se efectúan plebiscitos, se hacen privatizaciones, se viola la ley, se aupa el federalismo. El invento, que corre parejas con la apertura, va contra el interés nacional, e integra la superestructura ideológica, jurídica y política de la recolonización de Colombia.

La novedad tomó cuerpo en el gobierno de Belisario Betancur quien propició la elección popular de los alcaldes, mientras permitía que el Fondo Monetario Internacional estableciera una humillante monitoría sobre el país. Pero su apogeo se inició durante el cuatrienio de Virgilio Barco.

Éste, antes de posesionarse como presidente, le dijo al escritor Pierre Gilhodés: “La gente piensa que me elige para administrar bien el país, pero lo que me va a corresponder es la reforma política.” Su ministro de Gobierno, el profesor Fernando Cepeda, fungiendo de campeón de la democracia, señaló que la esencia del “reto reformista” de ese cuatrienio había sido “modificar la correlación tradicional de las fuerzas del poder en Colombia (…) hablar de la redistribución del poder, potenciar a los débiles (enpowerment, dicen los teóricos) y para ello era esencial abrir los canales de participación.”(1)

Se trataba de desbancar a los prohombres del Frente Nacional. Durante el gobierno de Barco caerían los del Partido Social Conservador, los más débiles de la coalición. Desde entonces, hemos vivido una sucesión ininterrumpida de episodios claves, marcados con el objetivo de “modificar la correlación tradicional de fuerzas del poder”. De entre ellos destaquemos la Asamblea Constitucional de 1991; la revocación por ésta de los congresistas elegidos en 1990; el juicio a Samper, incluido el procesamiento por la Corte Suprema de Justicia de los representantes a la Cámara que lo exoneraron; el fracasado referendo de Pastrana.

La constituyente de 1991

Casi demolido el conservatismo, Barco propuso realizar un plebiscito para suprimir de la Carta el artículo que impedía que la Constitución se modificara por medio de tales consultas. Los improvisados reformadores, tomando como pretexto la “soberanía popular”, no se paraban en consideraciones legales. A la postre, su intentona sería declarada inconstitucional por la Corte.(2)

El mandatario, empecinado, presentó su enmienda, en 1988, por la vía exclusiva del Congreso. En diciembre de 1989, con la reforma ya a punto, las Cámaras, aplicando la medicina prescrita por el gobierno, aprobaron someter a un plebiscito la extradición de los colombianos, exigida por los gringos. Entonces, el promotor de la democracia participativa, montó en cólera y retiró el proyecto. Puso así al desnudo las inconsecuencias y dobleces de sus invenciones. La democracia participativa, con sus referendos y plebiscitos, permite a los ciudadanos expresar su parecer sobre lo divino y lo humano, siempre y cuando no se alteren los designios oficiales. En 1991, una vez se hubo pactado con Pablo Escobar el fin de la ola de terror indiscriminado para que los corsarios de la apertura pudieran lanzarse sosegadamente al abordaje de Colombia, los reformadores, olvidándose de sus aspavientos moralistas e instigados por Bush y Gaviria, estamparían como artículo 35 de su código la negativa de extraditar nacionales.

La democracia participativa irrumpió definitivamente en 1990: nacía como fruto del estado de sitio; de la violación de las normas establecidas; de la alteración del principio básico de la democracia, según el cual, se hace lo que dictan las mayorías; de la vulneración de los compromisos adquiridos; de las amenazas del Ejecutivo contra las otras dos ramas. En fin, era la instauración de una dictadura lumpenizada, necesaria para demoler los logros de casi dos siglos de vida republicana y postrar el país a los dictados de la globalización: asaltar el mercado interno; atomizar la nación para hacerla presa fácil de las multinacionales; avasallar las clases, sectores e instituciones predominantes durante la vigencia del anterior “modelo”; disgregar y someter aún más a la clase obrera a una tiranía económica y política y arruinar a las demás capas productivas.

Rememoremos los hechos principales. Retirada del Congreso la reforma, se inventaron la séptima papeleta, introducida fraudulentamente en las elecciones del 11 de marzo. El “escrutinio” lo hicieron los medios de comunicación, que registraron el milagro de la multiplicación de los votos, al contabilizar varias veces más papeletas de las que se imprimieron. Como anotara Francisco Mosquera, “la reforma de la ley fundamental había comenzado…con su quebrantamiento.”

El 27 de mayo, día de la elección presidencial, se les preguntó a los votantes si para “fortalecer la democracia participativa” votaban para convocar una Asamblea que reformara la Constitución Política de Colombia. La Corte y su asustadizo presidente Jorge Carreño Luengas, bendijeron los decretos de estado de sitio 926 y 927 que autorizaban el texto de la convocatoria y el conteo de los votos. Cedieron a las presiones del gobierno, de la prensa, y al sitio impuesto por bandas de desbandados ex integrantes de las guerrillas del M-19 y del EPL, que les recordaban los hechos dantescos del 5 y 6 de noviembre de 1985, cuando en el Palacio de Justicia ardiera la paz belisariana.

El acogotado máximo tribunal convalidó también el decreto 1926, expedido por Gaviria, el cual le confería legalidad al acuerdo político para la convocación de la Asamblea Constitucional. Incluso, aprobó más de lo exigido. Declaró que la Asamblea no tendría límites, excepto los que ella misma, por sí y ante sí, se impusiera. Con esas decisiones preservó una mediocre existencia, porque su principal atributo, el de ejercer el control de constitucionalidad, le fue cercenado y transferido a una Corte Constitucional, entidad más acorde para mantener el rumbo trazado por los nuevos Núñez.

Francisco Mosquera, en Omnia consumata sunt, escrito de noviembre de 1990, desveló el alboroto innovador: “Asistimos a uno de esos remezones sociales tan comunes en nuestra crónica republicana, que sin implicar una revolución, ni siquiera un avance, precipitan, junto con el eclipse de criterios o esquemas administrativos, la caída de los hombres que los esgrimieron y el ascenso de aquéllos que por fuerza de las circunstancias están llamados a llenar el vacío”; y caracterizó la apertura como un eufemismo tras del cual “lo que se esconde es la más grande ofensiva de colonización económica sobre Colombia.” Recordemos que, paralelamente a los ajetreos políticos mencionados, el Congreso elegido el 11 de marzo, esperando que le perdonaran la vida, aprobaba febrilmente el voluminoso paquete de reformas radicado por Gaviria, el cual contenía la columna vertebral del nuevo rumbo económico, pues versaba sobre los cambios internacionales, el comercio exterior, el régimen de inversiones extranjeras, las disposiciones financieras, el manejo de los puertos y del sistema de vivienda, el endeudamiento externo y la normativa laboral, amén de su primera reforma tributaria. En diciembre, la tarea estaba cumplida. Para Gaviria, el trabajo del Congreso era de “dimensiones históricas”, lo llamó “Admirable”; pocos meses después lo revocó.

Empero, las masas se negaron a hacer de comadronas de la democracia participativa; el 9 de diciembre, día de la elección de los constituyentes, participaron apenas 3 millones 700 mil personas, la abstención alcanzó el 76%, la más alta desde los inicios del Frente Nacional; mientras para elegir el Congreso habían sufragado más de 7 millones 600 mil. En las urnas, la revocada democracia representativa había doblado a la revocante participativa.

No obstante el exiguo resultado, Gaviria y sus congéneres han pretendido falsificar los hechos escribiendo una historia oficiosa según la cual, en 1990, “el pueblo se volcó a las urnas” en apoyo de la emboscada neoliberal. Es propio de los portavoces de esta “nueva” democracia inventar “fenómenos de opinión”. Por ejemplo, Pastrana, al inicio de su fracasada intentona de referendo parloteó sobre un masivo apoyo popular a su iniciativa, expresado, según él, en una avalancha de faxes y de mensajes por correo electrónico. El peripuesto ex presentador de noticias no para mientes en que a tan necesarios avances no tiene acceso ese pueblo, al que invoca pretendiendo santificar sus trápalas.

De la Asamblea tan precariamente elegida formaba parte el M-19. Eso era lo que el profesor Cepeda llamaba “potenciar a los débiles”, incorporar “fuerzas importantes” sin representación parlamentaria, para que jugaran “un papel fundamental en la legitimación del proceso electoral de 1990.” A comienzos de 1989, dicho grupo insurrecto se había comprometido a desmovilizarse. El pacto contemplaba la muy participativa figura de la favorabilidad política, esto es, la consagración de la desigualdad de los ciudadanos ante la ley en pro de los enmontados de la víspera a los que se benefició, entre otras gabelas, con la de inscribir un candidato presidencial que no llenaba los requisitos exigidos por la Constitución. Los conversos, para devolver atenciones, se alistaron de alzapuertas.

Y al socaire del patrocinio gubernamental tuvieron su auge y su caída; de su millón de votos y sus 19 constituyentes de 1991, pasaron en 1994, a un rotundo fracaso electoral, y eso que recurrieron a la operación avispa que supuestamente abominaban como expresión del clientelismo. Ahora, el referendo pastranista, con revocatoria del Congreso, patrocinio del Ejecutivo, lista única, voto obligatorio y “medios”, sacó nuevamente a la palestra a los voceros supérstites de esta tendencia, con Antonio Navarro a la cabeza, quienes en uniforme de futbolistas y entrenados por Cepeda hijo, se dispusieron a emprenderla de nuevo a las patadas contra la norma escrita, a nombre de la ética falsa que ostenta la cúpula oficial

Volviendo a la Constituyente, ésta fue presidida por los conspicuos voceros de la manguala ensamblada por Gaviria. Conformaron una presidencia colegiada: por los emergentes del liberalismo, Serpa; por los colaboracionistas, Navarro; Álvaro Gómez, por los ultramontanos. En su elección privaron los particulares cánones de la democracia participativa, se violentó el cuociente electoral, sistema aprobado en el reglamento de la Asamblea y estatuido por la Constitución para elegir cualquier cuerpo con un número plural de miembros. No importaba atropellar los elementales derechos de las minorías, el todo era propinarle un golpe más al acontecido social-conservatismo.

Entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, los asambleístas del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, maquilaron una nueva Constitución. Fabricaron, como piedras angulares de la naciente “democracia”, una lista de preceptos jurídico-políticos, apenas comparable con “el mare mágnum de fórmulas abstractas” que componían los “bienes morales” de la Mamá Grande, la estrafalaria matrona del cuento de García Márquez. Según el relato, en el patrimonio de ésta figuraban desde la soberanía nacional y los partidos tradicionales hasta la pureza del lenguaje y el peligro comunista; a ello, los constituyentes, le sumarían la república unitaria descentralizada, la federalización, la soberanía popular, la internacionalización de la economía, la corte constitucional, la fiscalía general de la nación, la circunscripción nacional, la sociedad civil, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos de los humanos, la dosis personal, la justicia indígena, la acción de tutela, los jueces de paz, el derecho de petición, el desarrollo sostenible y el ambiente sano, el mantenimiento de la paz…con justicia social.

En el nuevo legado también ocupan primerísimo lugar las “formas de participación democrática”: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Éstas se consignan, “con vocación de eternidad”, en los artículos 103 a 107; sin embargo, ya en el 170 se dictamina que los referendos “no proceden” sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni sobre el presupuesto ni en lo referente a materias fiscales o tributarias; es decir, tal artera democracia no procede en lo atañedero a la soberanía de la patria, ni a las condiciones de vida del pueblo y de los productores nacionales. Con ella sucede igual que con el “Estado Mayor de las libertades” (la libertad personal, de prensa, de palabra, de asociación, de reunión de enseñanza, de culto, etc.) de que hablara Marx al analizar la Constitución francesa de 1848: “Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva –por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente.” (3)

En lo que hace a la “consulta popular”, según los entibadores de la reforma de 1991, “su espíritu” se orienta principalmente al ámbito local, con el fin de “lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios básicos y en la administración en general, transfiriendo la responsabilidad a la ciudadanía para que ella responda de sus propias demandas.”(4) O sea, que sirve para profundizar la descentralización con el propósito de que los fiscos locales atiendan, entre otras cosas, la educación y la salud, para que el centro no distraiga un solo peso del objetivo de “honrar” la deuda externa. A esto le ponen, además, un enervante ropaje ideológico, según el cual “el egoísmo es el sello característico de la especie”, a la población le interesan ante todo las cosas cotidianas y sólo luego de la búsqueda del bienestar personal mira por las dificultades de sus connacionales. Que las gentes se reduzcan a las miserias de la rutina local, que se embrutezcan pensando sólo en lo cotidiano, que crean que sus carencias tendrán fin si separan del país a su ciudad o a su región.

Inútil pretensión la de regresar al aislamiento medieval que la propia democracia burguesa enterró por siempre, en su afán de conformar la nación que permitiera crear un mercado interior para el capital. Por el contrario, los pueblos defenderán los nexos con sus compatriotas y su nación. Y la expansión imperialista, al esparcir hasta los confines del mundo sus deslumbrantes desarrollos y las mismas dolencias, antes que al enconchamiento los incitará a buscar, allende las fronteras, un lenguaje común y una lucha común, como lo planteara Francisco Mosquera.

En el atiborrado artículo 103 se estableció que el gobierno patrocinaría “mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación”. El postulado se refiere ante todo a las celebradísimas organizaciones no gubernamentales, ONG, que también suelen denominarse de la “sociedad civil”, las cuales desde entonces proliferan y constituyen la nueva clientela de los que se precian de sepultureros del clientelismo. Una nueva mesocracia que, sin que nadie la elija, se arroga la representación de éste o aquél sector. Sus voceros alardean de apolíticos y se escudan en el hastío general con la antigua casta política, pero destilan hiel sobre las “nuevas ideologías que pretendieron reemplazar las tradicionales.” Un doble cometido: de un lado, aprovechar la creciente inconformidad para apuntalar la casta emergente y, de otro, evitar la materialización del fantasma revolucionario. A cambio, el Estado les dispensa contratos y contraticos y los recomienda para las nóminas y las becas de las fundaciones de las multinacionales. Sus teóricos llaman a esto pasar de la democracia política a la social, en la que “el individuo es tomado en consideración en la diversidad de sus status y papeles específicos, por ejemplo como padre y como hijo, como cónyuge, como empresario y como trabajador, como maestro y como estudiante; y también como médico y enfermo, como oficial y como soldado, como administrador y como administrado, como productor y consumidor, como gestor de servicios públicos y como usuario, etc.”(5) ¡Que la democracia reine entre los cónyuges y entre médicos y enfermos, que los usuarios de los servicios públicos tengan hasta sus “vocales de control”, que el pueblo embote su mente en esos escarceos y no columbre la dictadura que le han impuesto!

Otra engañifa es la de la participación de los trabajadores en la propiedad accionaria de las empresas por privatizar, consagrada en la Carta de 1991, en su interminable capítulo de los derechos, cuya extensión es apenas equiparable con la ruina esparcida por toda la geografía patria desde los días del “revolcón”. El emplasto pretendía sustraer a los empleados de la lucha contra la privatización, como pronto sucedería en Alcalis de Colombia. Algunos figurones sindicales se prestaron a la trama. Por ejemplo, el señor Angelino Garzón, nuevo ministro del Trabajo, a nombre de un llamado sindicalismo socio-político, propuso que los trabajadores participaran en la “propiedad, cogestión y en las utilidades de las empresas” para “ejercer la democracia participativa en la vida económica del país”; que frente a la huelga se estimularan “mecanismos de concertación y autocontrol sindical (…) para evitar que se convierta en factor de desestabilización política de la vida democrática de un país”, y que las “prácticas como el diálogo, la negociación, la concertación y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, conllevan, en la vida real, a que la huelga no pase de ser un derecho escrito en la Constitución Política.” (6)

¡Que la huelga no pase de ser un “derecho escrito en la Constitución política” para que no se convierta en “factor de desestabilización de la vida democrática.”! ¡Que el obrerismo trueque tan insustituible herramienta por una miserable participación del cero punto algo por ciento en las acciones que controlan los amos del capital, y por las cuales les cobran a los trabajadores el cien por ciento de sus prestaciones!

En desarrollo del artículo 56 crearon la participante Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Sociales. En ella, patronos y funcionarios fingen escuchar atentamente a los voceros de los desposeídos; luego, el gobierno les participa las decisiones tomadas en su contra. Accidentalmente, también se les invita a otros “escenarios” participativos, como sucedió con las recientes “mesas de concertación”, acordadas como consecuencia del fracaso de Pastrana en la revocatoria del Congreso y en las que se planificaría agilizar la refrendación por las Cámaras de las exigencias del Fondo Monetario. No sobra decir que fue sólo el pretendido vapuleo al parlamento lo que llegó a poner en duda la aprobación de la “agenda” fondomonenarista; antes de eso, a la inmensa mayoría de los “padres de la patria”, ni les pasaba por la mente semejante desacato.

Andrés juega a la democracia directa

El golpe de mano de Pastrana, pretendía, como el de Gaviria en 1991, “apartar a las Cámaras” y “empequeñecer a la dirigencia política”; convertir el Senado en un conciliábulo de 70 miembros controlado fácilmente por el Ejecutivo, ya que en una “democracia directa y mediática”, como la definió el gobierno en su exposición de motivos, la mayoría de sus miembros le deberían su elección a aquél y a los medios de comunicación; apuntaba a liquidar las Asambleas y minimizar los Concejos; creaba un inquisitorial Tribunal de Ética, compuesto por los presidentes de las Cortes, organismo que actuaría “verdad sabida y buena fe guardada”, sistema propuesto por el alvarismo en 1991 para los fallos que emitiera el Procurador en los procesos contra los funcionarios, de tal manera que éstos no se ampararan en “la tarifa de pruebas y en interminables procedimientos”, (7) es decir, eliminar las garantías del debido proceso y disponer al antojo de la suerte de hasta el último empleado; obligar a que las votaciones de los congresistas fueran públicas para someterlos a un régimen de chantaje e intriga permanentes. (8)

A escaso un mes del histriónico lanzamiento televisivo, la maniobra empezó a hacer agua. Primero, porque la ciudadanía captó que la música que animaba la danza de la corrupción se tocaba en la Casa de Nariño y, segundo, porque el bebedizo que se le quería hacer tragar al Congreso, especialmente a las reconstituidas mayorías liberales, era demasiado ponzoñoso. El impenitente señor Cepeda, padre, lo expresó de la siguiente manera: “El liberalismo, siendo mayoría, no puede escamotear esa apelación al pueblo. Y mientras ese proceso político se desenvuelve, tiene que mostrar –con sentido de Estado- que cumple ejemplarmente sus responsabilidades en el Congreso con respecto a la agenda económica.”(9) Esto es, que a pesar de que los de la “oposición patriótica” postularon que ésta consistía en apoyar al gobierno en lo referente a la economía, la paz, las relaciones internacionales, el Plan Colombia, Pastrana quiso arrebatarles incluso el Capitolio, el escenario donde plantear una que otra discrepancia. Luego del descontrol inicial y de una serie de propuestas hechas a topa tolondro, como la de instituir el sistema parlamentario o la de citar una Asamblea Constituyente, la “oposición” descubrió el secreto que la sacaría del embrollo: revocar al revocador.

Y ahí fue Troya. El edificio amenazó con venírseles encima a todos, a villanos y a “gentes de bien”. Unos pocos ejemplos bastan. Las calificadoras de riesgo, que en medio del desorden, orientaron a sus fondos de inversión para que se alzaran con unas buenas divisas, equipararon el referendo con Frankestein. La gran prensa, que había había recibido alborozada la iniciativa, se desbordó. Carlos Lleras, el editorialista de Santodomingo en El Espectador, anotó que era difícil hallar época más convulsionada “con una peor dirección del Estado” e “ignorancia total del arte de gobernar”; que el referendo “ni se estudió bien (…) ni se redactó con técnica (…) ni se pensó en las consecuencias de la propuesta de revocar el Congreso”. El Tiempo clamó: “toda la nave está en peligro de irse a pique (…) es el país político arruinando al país nacional”, y no se puede “sacrificar un país para pulir un verbo. El verbo revocar”. Los generales de todas las Armas le notificaron a su comandante en jefe que por más ilegal que fuera la revocatoria del jefe del Estado, de todas formas el gobierno quedaría en interinidad. Hasta se alcanzó a firmar, por los “notables”, una declaración llamando al Gobierno y al Congreso, a partidos y movimientos, a “poner el bien común por encima de cualquier otro interés” y urgiéndolos a “encontrar un Gran Acuerdo Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad”. Se entiende por “el bien común”, claro está, el de los dueños del capital, firmantes de la epistola, aunque también la rubricaran algunos representates de quienes por lo común no tienen bienes. En la noche del 26 de mayo, menos de dos meses después de iniciada su intentona de golpe, el apocado presidente comunicó a los colombianos: “El gobierno no va a insistir en las elecciones anticipadas del Congreso.” Claro que cayó como tentetieso, porque, además de Gaviria, reforzó su gobierno con los herederos de las “casas” López y Santos; lentejismo sí, pero de mejor familia.

A propósito, no le faltaba razón al jurisperito Julio César Turbay Ayala, al decir que las revocatorias del Congreso y la del Presidente eran “ilegales aunque inmensamente populares”. En realidad lo establecido en la Constitución y en las leyes 131 y 134 de1994, reglamentarias del “voto programático” y de los “mecanismos de participación ciudadana”, respectivamente, es que la revocatoria sólo “procede” para alcaldes y gobernadores. Aparte de alegatos jurídicos sobre que para revocar un mandato primero hay que conferirlo, la verdad es que el tema tiene “su cámara alta y su cámara baja” y se ha venido manejando con arreglo a las circunstancias políticas, es decir, sin normas, que es la norma de la democracia participativa.(10)

El relevo en México

¿Qué obliga al círculo emergente a lanzarse reiteradamente contra quienes han servido bien a los pulpos imperiales y a los magnates nativos a lo largo del siglo? En la primera etapa de su dominación neocolonial los gringos se apoyaron en los grandes terratenientes y la gran burguesía intermediaria, cuya expresión política era la alianza liberal-conservadora, que controlaba férreamente el Estado, como lo dijo el MOIR desde su nacimiento. Los monopolios imperialistas requerían tomar el control del mercado interior de los demás países para darle curso a la explotación de la mano de obra, la venta de sus mercancías, la colocación de sus capitales, la extracción de las materias primas. En términos generales, aquéllos producían para el mercado interior de un país o máximo para el de un reducido número de países limítrofes. Era la época en que los gringos “chupaban el nectar con algunas consideraciones.” (11) Esta etapa se inició en el mundo luego del espantoso crac de 1929, hecho que llevó a los teóricos de las metrópolis a olvidar sus añosas ideas sobre que los fenómenos de superproducción y paro dentro del capitalismo los solucionaba el mercado y decidieron que “de aquí en adelante el Estado, cual supremo regulador, habrá de interferir con el objeto de acrecentar la demanda y promover las inversiones, sin pararse en pelillos o reparar en faltantes y descubiertos”.(12) Fueron décadas de simbiosis entre los amos imperiales, las mencionadas clases y el Estado.

Pero el advenimiento de la gigantesca concentración de capitales, característica de las últimas décadas del siglo, facilitada por la centralización de las decisiones que han permitido los grandiosos desarrollos tecnológicos; la necesidad de rebajar los costos, de disponer al instante de los recursos para orientarlos al servicio de las necesidades de la más vasta disputa global, terminaron agrietando sin remedio las antiguas relaciones (13). A los conglomerados se les hicieron estorbosas hasta las menudencias cepalinas: “sus tímidas medidas arancelarias, sus escasos subsidios, sus cortos estímulos, su sustitución de importaciones, sus certificados de abono tributario, sus créditos de fomento, etc.” (14) Les había llegado la hora a los oligarcas criollos de ser menos socios y más vasallos; y los jefes de la coalición liberal-conservadora debían desalojar, porque el mando lo asumirían personajes dóciles y fácilmente intercambiables como los jóvenes posgraduados de Harvard. A éstos, para llevar a cabo la empresa, en el campus se les dotó de nuevos y sinuosos arreos: cruzadas contra la corrupción y el narcotráfico; defensa de los derechos de los humanos, encomendada a los propietarios de maquilas; ostracismo para los chafarotes, a quienes antes les donaban las cámaras de tortura para prevenir el comunismo; protección del medio y utilización proclive de los medios.

Los recientes sucesos de México, corresponden a estas mismas tendencias. La derrota del Partido Revolucionario Institucional, PRI, luego de 70 años de indiscutido dominio, la precedió una abierta campaña en su contra, orquestada por los Estados Unidos, lo cual luce inconcebible dada la sujeción casi sin sombras de la casta dirigente mexicana a la Casa Blanca. La edición del hebdomadario The Economist, de la semana anterior a las elecciones, contribuyó a despejar las dudas: “Aunque la vieja red de conexiones políticas está siendo desatada nudo a nudo, aún existe, (…) Zedillo (…) no tocó el corazón del sistema. Un signo de esto es su rescate de varias industrias y bancos (…) Otro fracaso en la lidia contra el sistema, es la persistencia de monopolios o cuasi monopolios en áreas tales como las telecomunicaciones, la cerveza y el cemento. Aunque el gobierno está atestado con jóvenes tecnócratas brillantes, como el mismo Zedillo, ellos chocan con los miembros de la vieja guardia quienes creen en la protección de los campeones nacionales.”

A los magnates del globo no les bastó la entrega que les hicieron de todo el norte mexicano para establecer el reino de la maquila, operado por millones de esclavos modernos; ni les fue suficiente asolar sectores enteros de la producción industrial y agrícola azteca, expuesta a la depredación del Tratado de Libre Comercio, TLC. Ahora van por los que les ayudaron a forjar ese paraíso de la explotación: “los doce de México”, el grupo de “cacaos” indisolublemente ligados al PRI, entre ellos, los Azcárraga, amos de la televisión; los Slim, zares de las telecomunicaciones; los Zambrano, dueños de Cemex, una de las más grandes cementeras del mundo; los Hernández, magnates financieros. Todos propietarios de fortunas de miles y miles de millones de dólares, y favorecidos con el proceso privatizador.

Por lo demás, Vicente Fox, quien el 1 de diciembre asumirá el mando, ya ha ofrecido iniciar la feria de Pemex, la poderosa petrolera estatal, y del sistema eléctrico; profundizar la autonomía de los estados y municipios; incrementar el impuesto al valor agregado y abolir la exención que de él gozan los alimentos. Y como ejemplo de la orientación del relevo político, mencionemos que puso a cargo de las relaciones internacionales a dos “intelectuales de izquierda”: Adolfo Aguilar y Jorge Castañeda, éste último, pontífice de la perniciosa “nueva izquierda” latinoamericana, que posa de contestataria y cuya misión consiste en encubrir con supuestas “políticas sociales” la centuplicada explotación imperialista sobre nuestros pueblos.

No cabe duda, la democracia participativa es arma predilecta de la camarilla en ascenso para barrer o someter aún más a las vetustas capas dominantes de ayer, las cuales tienen demasiados intereses propios y pretenden para sí aunque sea una porción del mercado nacional, ya que el global, con el que las engatusaron para que avivaran la apertura, es cada vez más ancho pero más ajeno. Y aquéllas ventajas, por decirlo de alguna manera, no les cuadran a las trasnacionales… porque las descuadran.

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Los dichos y hechos de la “democracia participativa” confirman la tesis leninista de que “las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en último resultado, necesariamente, una dictadura de la burguesía”; y nos persuaden de que sólo el democratismo consecuente de los trabajadores puede establecer, en interés de las mayorías, mediante la instauración de su propia dictadura, instituciones como las revocatorias de los elegidos. Dice también Lenin, al respecto de las inmortales enseñanzas que dejara a los obreros del mundo la Comuna de París, y que plasmara Marx con trazos indelebles en La guerra civil en Francia: “La completa elegibilidad y la amovibilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción; la reducción de su sueldo a los límites del ‘salario corriente de un obrero’: estas medidas democráticas, sencillas y ‘evidentes por sí mismas’, al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Estas medidas atañen a la reorganización del Estado, a la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la ‘expropiación de los expropiadores’ (…) es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social.”(15)

Afrontemos la emboscada de la falaz democracia en boga, aferrándonos, como el náufrago a la tabla, a las enseñanzas del marxismo sobre el Estado.

Notas:

(1) Malcolm Deas, Carlos Ossa, Coordinadores, El gobierno Barco política, economía y desarrollo social, Bogotá, Fedesarrollo-Fondo Cultural Cafetero, pág. 49 a 78.

(2) El artículo 218 de la Constitución que rigió hasta 1991, establecía: “la Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo podrá ser reformada por un acto legislativo (…)” y en el segundo inciso del mismo artículo incorporó el numeral 13 del plebiscito de 1957 que rezaba: “En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución.”

(3) C. Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte, C. Marx F. Engels, Tomo I, Obras Escogidas, Moscú, Editorial Progreso, pág. 420.

(4) Política Colombiana, Contraloría General de la República, 1994, Vol. IV, Nº 2, pág. 27-32, María Ángela Holguín Cuellar.

(5) Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Bogotá, 1994, Fondo de Cultura Económica, pág. 42.

(6) Gaceta Constitucional, Nº 11, páginas 10, 11 y 12 del 27 de febrero de 1991; y Nº 45, páginas 2, 3 y 4, del 13 de abril de 1991.

(7) Gaceta Constitucional, Nº 50 A, 19 de abril de 1991, pág. 22.

(8) Montesquieu, el exégeta de la democracia burguesa, lo planteaba de la siguiente manera. “Pero cuando el cuerpo de los nobles emite los sufragios en una aristocracia, o el senado en una democracia, todo secreto sería poco en el momento de la votación, ya que se trata en este caso de prevenir intrigas.”

(9) El Tiempo, mayo 5 de 2000, Gobierno y oposición.

(10) Francisco Mosquera, Resistencia Civil, Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas, Bogotá, Editor Tribuna Roja, 1995, pág. 485. Refiriéndose a la incertidumbre sembrada por el revolcón gavirista señala que “la norma es la falta de normas.”

(11) Ibidem, pág. 491.

(12) Tribuna Roja, septiembre de 1984, Causas y efectos de la última crisis, Nº 49, Francisco Mosquera.

(13) Tribuna Roja, abril 27 de 2000, Globalización y empresas multinacionales, Nº 80, pág. 5, 6 y 7. AlfonsoHernández.

(14) Tribuna Roja, agosto 13 de 1993, La apertura no impedirá la crisis imperialista, Nº 53, pág. 1. Francisco Mosquera.

(15) V.I. Lenin, El Estado y la revolución, Pekín, Ediciones en lenguas extranjeras, pág. 42 y 53.