EXITOSA MARCHA PANELERA

Por José Fernando Ocampo, coordinador de Unidad Panelera en Cundinamarca

Diez mil paneleros de todo el país marcharon por la Carrera Séptima de Bogotá hasta el Ministerio de Agricultura para defender la producción de panela. Productores de municipios de la Hoya del Río Suárez en Boyacá y Santander, como Santa Ana, Moniquirá, Güepsa, Chitaraque, Togüí, Barbosa, Chipatá, Charalá, San José de Suaita, San José de Pare, Vélez, y otros; de la provincia del Gualivá en Cundinamarca, como Villeta, la Peña, Quebradanegra, Chaguaní, Tobia, Nimaima, Nocaima, Vianí, Caparrapí y San Juan de Rioseco; además de importantes delegaciones del Cauca, Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima, hicieron sentir su protesta por la situación desesperada de los paneleros de Colombia. Protestaron por las importaciones de panela, de mieles y de alcoholes y contra los derretideros de azúcar y el ingenio panelero que se construye en Padilla, Cauca, y exigieron condonación de deudas y precios de sustentación para su producto.

Fue una marcha pacífica, democrática y sin incidentes de ninguna naturaleza. Frente al Ministerio de Agricultura intervinieron los dirigentes de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Angel María Caballero y Jorge Robledo; Pedro Camargo, coordinador nacional de Unidad Panelera y un representante por cada departamento. Durante el trayecto, los paneleros agitaron sus consignas, cargaron pancartas, portaron caña, repartieron panela y regaron mieles como símbolo de su protesta.

Gobierno recibe a Unidad Panelera

Por orden del presidente de la República, el viceministro de Agricultura, Luis Arango Nieto recibió a los dirigentes de Unidad. Allí se acordó una agenda de reuniones para tratar los problemas de dicha producción. El primer resultado de la marcha fue, pues, el reconocimiento por parte del gobierno de Unidad Panelera como organización de los productores de panela de Colombia.

Dos reuniones se llevaron a cabo, en las cuales se discutieron los problemas de los derretideros de azúcar, de las importaciones y el contrabando de panela y de las deudas de los productores.

Gobierno incumple compromisos

Incumplen compromisos

Aunque en esas reuniones el gobierno se comprometió con Unidad Panelera a combatir los ilegales derretideros de azúcar, o sea, a hacer cumplir la ley, y para tal efecto conformó un grupo elite compuesto por los Ministerios de Agricultura y Salud,

el Invima, la Procuraduría y la Policía, que debería actuar en coordinación con las Secretarías de Salud de Valle, Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima, lo cierto es que hasta el momento, finales de julio, nada ha hecho al respecto. En Tuluá un derretidor saca al mercado de 8 mil a 15 mil bultos semanales de “panela”. Se calcula que si se acaba la producción de los derretideros, la oferta de panela bajaría aproximadamente 20%, con una notoria reacción en el precio para los paneleros

Sobre importaciones y contrabando de panela

Importaciones y contrabando

De las reuniones con el gobierno también quedó claro que las importaciones y el contrabando de panela se deben al tratado de libre comercio de la Comunidad Andina, firmado por Colombia con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Según el tratado, todos los productos agrícolas son de libre importación y exportación en la Comunidad Andina.

Lo más grave es que el gobierno de Pastrana no está dispuesto ni siquiera a ponerle restricciones a ese comercio, como lo permite el mismo tratado, por intermedio de cláusulas de salvaguardia y barreras sanitarias. Es conocido, por ejemplo, que la panela ecuatoriana es de muy mala calidad, especialmente en los aspectos sanitarios por el uso masivo de blanqueadores químicos, prohibidos en nuestro país.

Hemos descubierto que el contrabando de panela se vuelve legal con solo adquirir un formulario de veinte mil pesos. Por eso el mercado del interior está inundado de panela del Ecuador y el de la costa de panela venezolana. Lo que está matando entonces la agricultura colombiana es el pacto de libre comercio con la Comunidad Andina y la falta de protección del gobierno colombiano a sus productores

Esta lucha apenas comienza

Por ahora sólo hay un compromiso del gobierno: controlar los derretideros. En el problema de las importaciones y el contrabando el gobierno no ofrece soluciones. El Pacto Andino es una amenaza cada vez mayor contra la producción panelera. Sobre el ingenio panelero no hay definición, a pesar de que es claramente violatorio de la Ley 40 de 1990.

Y quedan sobre el tapete los precios de sustentación, las deudas y los impuestos prediales. ¡Esta lucha apenas comienza!

FRANCISCO MOSQUERA SANCHEZ

(Apartes de la intervención en el acto conmemorativo del 6o. aniversario de la muerte del camarada Mosquera, el 1o. de agosto, en Medellín)

En Tribuna Roja del 29 de septiembre de 1994 se lee: «El camarada Francisco Mosquera Sánchez nació en Piedecuesta, Santander, el 25 de mayo de 1941. Desde su infancia hasta el día de su muerte dejó impreso el testimonio de su inquebrantable vocación revolucionaria, y sembró a lo largo de su fructífera vida entre sus familiares, sus amigos y sobre todo entre sus copartidarios y discípulos, la simiente de la insumisión, de la lealtad con los desposeídos y de la fe indeclinable en el triunfo de los ideales proletarios que supo encarnar como nadie, hasta el punto de haberse convertido en el más grande marxista-leninista que haya conocido la historia de Colombia».

Hablar de su vida sería una tarea bien larga, y por ello sólo me ocuparé de tres hechos, que estimo de suma importancia. El primero, el rompimiento con el MOEC y la fundación del MOIR. Mosquera, en lo temprano de su vida, entendió que con las concepciones extremoizquierdistas no habría revolución en Colombia; asumió entonces la defensa de los intereses políticos e ideológicos de la clase obrera. Con esa posición de clase y con esa base teórica cimentó el MOIR, y supo enfrentar las diversas etapas de nuestro Partido: la de Unidad y Combate con el revisionismo colombiano, que tan claramente combatió y caracterizó, pero con el cual no vaciló en adelantar tareas conjuntas cuando fue conveniente y propicio hacerlo; y la de Combate y Unidad, con las mismas fuerzas y con el sindicalismo amarillo de las centrales obreras bipartidistas. Más fogueado en la lucha, supo orientar nuestro pequeño contingente en ese tenebroso período, el del túnel, cuando el MOIR tuvo que abandonar vastas regiones para preservar sus fuerzas y salvar las vidas de muchos compañeros.

Sobre la apertura económica

Un segundo hecho de gran importancia en la vida de Mosquera fue que en forma rápida y precisa definió las características del neoliberalismo y las consecuencias que la apertura económica tendría para la industria, el agro, la salud, la educación, el patrimonio público y, en general, para todo el pueblo colombiano. Certeramente habló de esta etapa como la de recolonización de Estados Unidos sobre nuestra nación. Seis años después de su muerte, apreciamos los grandes aciertos de Mosquera en este diagnóstico. La industria se encuentra quebrada o ad portas de quebrarse por la libre importación de mercaderías; el campo languidece en el abandono y el atraso, y su sector empresarial en fuerte retroceso por la libre importación de alimentos; la salud es privatizada; en la educación se promueve la autofinanciación a todo nivel, o sea, se privatiza a marchas aceleradas; las empresas estatales van cayendo una tras otra en manos del capital financiero; y el pueblo, cada día ve más esquilmados sus bolsillos con impuestos indirectos como el Iva, el dos por mil, la sobretasa a la gasolina, y con la eliminación de subsidios, los aumentos de los servicios públicos y la imposición de nuevos gravámenes tipo valorización. Hoy, orientado por el pensamiento de Mosquera, nuestro Partido enfrenta la situación promoviendo la lucha de las masas, acumulando fuerzas y razones para batallas de mayor envergadura, como el mismo Pacho las definió.

Centralismo democrático

El tercer aspecto, de los más importantes en la obra de Mosquera, es su contribución teórica al marxismo-leninismo, su aporte a la caracterización y delimitación del centralismo democrático: «Creo, después de mucho meditarlo, que el aspecto principal de la organización del partido es el centralismo. El Partido puede existir sin democracia, pero no puede existir sin el centralismo. El centralismo puede darse sin democracia, pero la democracia no puede darse sin centralismo». Dio prioridad al centralismo sobre la democracia, y definió los métodos para centralizar: los utilizados por las clases dominantes de «represión, coacción y violencia» y los tres que puede utilizar un partido revolucionario: el de «unanimidad, cuando predomina la confianza» entre los miembros de una organización; el «de los acuerdos», que «presupone que hay divergencias», debiéndose recurrir a pactos que no lesionen los principios y cediendo en los aspectos secundarios, método algunas veces utilizado por el MOIR; y el tercero, decía Pacho, «el de la democracia, el que nosotros preferimos. Por eso somos partidarios del centralismo democrático, de que la minoría se someta a la mayoría. Los comunistas estamos por el método de la democracia: que la mayoría centralice, lo cual es verdadera democracia. Puede haber centralismo sin democracia, pero no democracia sin centralismo. La democracia sin centralismo es una burla. La única manera de hacer valer la democracia es que alguien ejecute la voluntad de la mayoría, de lo contrario es una farsa. Un demócrata que se burle de la voluntad de la mayoría, del centralismo, es un farsante».

Este breve resumen de las tesis de Mosquera sobre el centralismo democrático, desarrolladas en Lecciones de la táctica y de la lucha interna, recoge las ideas que nos permitieron, sin ceder un ápice, darle la lucha a la fracción derechista que quiso cambiar el rumbo de nuestro Partido, pretendiendo arrebatarles la dirección a las mayorías mosqueristas en el Comité Ejecutivo Central del MOIR, fracción que terminó fuera de nuestro Partido, acolitando las políticas de los representantes del bipartidismo. Haber profundizado sobre el centralismo democrático fue uno de los más grandes logros de Mosquera.

Interés por la ciencia

No puedo pasar este homenaje a Mosquera sin referirme a una de sus facetas como ser humano. Como marxista, defendía al obrero y al pueblo raso y tenía un vivísimo interés por la ciencia. Largas horas pasaba estudiando temas tan complejos como el big bang en astronomía; o química, biología y genética para entender la doble espiral helicoidal del ADN; se capacitaba en las nuevas tecnologías de los computadores y trataba de comprender lo que significa la radiación monocromática del rayo laser. Pacho Mosquera, siguiendo a los grandes pensadores de la humanidad, como Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, estudiaba la ciencia en sus fronteras, en lo más avanzado del conocimiento humano. Y asombraba el derroche de conocimientos ciertos que poseía sobre muchas materias. Comprendía, discutía y profundizaba sobre el origen del universo; opinaba acerca de la explicación genética del crecimiento desmedido de las células, basado en desfases del ADN. Y así, otros temas. Desgraciadamente, sobre muchos de ellos la vida no le dio tiempo de escribir. Esto fue conocido por una veintena de militantes que pudieron asistir a los famosos Ateneos de Cali y Medellín, y sus avanzadas disertaciones sobre astronomía, medicina, ingeniería genética, biología, botánica, matemáticas, química, física y, en últimas, sobre la dialéctica de la naturaleza.

Cómo hubiera recibido alborozado Francisco Mosquera las noticias sobre los dieciséis planetas en otros sistemas solares lejanos, descubiertos desde su muerte, y con ello, él lo sabía, el aumento de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Vida no necesariamente inteligente, vida primitiva, a nivel bacterial o viral. Mosquera creía en la universalidad de las leyes de la ciencia y la posible existencia de otras formas de vida. Era un lector ferviente de Carl Sagan, y anhelaba que se descubriera la vida en otros sistemas, golpe mortal a las concepciones idealistas.

Cómo hubiera gozado Francisco Mosquera con la clonación de la oveja Dolly y el desciframiento del código genético en el programa del genoma humano. Orgulloso de sus concepciones hubiera dicho que estos descubrimientos le abren la posibilidad a la raza humana para poblar otros planetas al clonar, crear o programar bacterias o virus terrestres que soporten las altas temperaturas y presiones y las venenosas atmósferas, y sembrarlas en esos ambientes hostiles, para paulatinamente, en procesos de muchos años, millones talvez, cambiar las condiciones atmosféricas y hacerlas ricas en oxígeno, necesario para el hombre.

Muere nuestro querido jefe un lunes 1° de agosto de 1994. Hoy, los aquí asistentes y cientos de militantes de otras regiones del país, conmemoramos combativamente su temprana muerte, porque combativamente seguimos en el rumbo por él trazado.

Y el mejor homenaje que le podemos rendir es que el jueves 3 de agosto vamos a dar una pelea nacional en su nombre. El Paro Nacional de Protesta contra la política económica, social y laboral del gobierno de Andrés Pastrana, impuesta por el FMI, contra el Plan Colombia, y contra el infame acuerdo bipartidista que, a cambio de la no revocatoria de los mandatos, impulsa en el Congreso las regresivas reformas laboral, tributaria, al régimen de pensiones y a las transferencias a los entes territoriales.

En Tribuna Roja del 29 de septiembre de 1994, leemos: «Pacho nos aportó un nuevo estilo y una nueva forma en la lucha contra el revisionismo; nos inculcó la teoría desarrollada por Mao Tsetung en lo referente a las revoluciones democráticas del Tercer Mundo; enseñó al proletariado de Colombia principios básicos para la construcción del partido obrero que habrá de transformar nuestra realidad; asombró con sus decisiones tácticas probadamente acertadas gracias a su instinto de clase, a su clarividencia y a su rigor teórico. Trabajó en los campos de la filosofía, la historia, las ciencias naturales, el arte, generando cada vez nuevas dudas, encontrando facetas inimaginadas, resolviendo problemas que sólo un auténtico discípulo de Marx podría haber afrontado con tal consagración y honestidad. Fue un hombre universal, el más grande que nos haya sido dado conocer».

¡Gloria eterna al camarada Francisco Mosquera!

EN VILLETA SE REALIZÓ PRIMER CONGRESO PANELERO DE CUNDINAMARCA

Seiscientos delegados, provenientes de los municipios de Villeta, Quebradanegra, La Peña, Nocaima, Nimaima, La Vega, Útica, Caparrapí y otros de la provincia de Gualivá, en el occidente de Cundinamarca, realizaron en el Club Social de Villeta, el pasado 24 de julio, el Primer Congreso de Unidad Panelera en esta sección del país.

Presentaron saludos al evento los alcaldes de Villeta, La Peña y Nimaima, así como el diputado Pedro María Ramírez y varios candidatos de los distintos partidos y movimientos en las próximas elecciones. El Congreso reiteró su disposición de seguir en la lucha por la defensa de un precio de sustentación para la panela, y por el rechazo a las importaciones de panela y mieles y a la puesta en funcionamiento del ingenio del Cauca.

La democracia participativa: CRÓNICA DE UNA FALACIA

Por Alejandro Torres

Desde hace más de una década el país asiste al auge de la llamada democracia participativa; en su nombre se revocan mandatos, se impulsan referendos, se efectúan plebiscitos, se hacen privatizaciones, se viola la ley, se aupa el federalismo. El invento, que corre parejas con la apertura, va contra el interés nacional, e integra la superestructura ideológica, jurídica y política de la recolonización de Colombia.

La novedad tomó cuerpo en el gobierno de Belisario Betancur quien propició la elección popular de los alcaldes, mientras permitía que el Fondo Monetario Internacional estableciera una humillante monitoría sobre el país. Pero su apogeo se inició durante el cuatrienio de Virgilio Barco.

Éste, antes de posesionarse como presidente, le dijo al escritor Pierre Gilhodés: “La gente piensa que me elige para administrar bien el país, pero lo que me va a corresponder es la reforma política.” Su ministro de Gobierno, el profesor Fernando Cepeda, fungiendo de campeón de la democracia, señaló que la esencia del “reto reformista” de ese cuatrienio había sido “modificar la correlación tradicional de las fuerzas del poder en Colombia (…) hablar de la redistribución del poder, potenciar a los débiles (enpowerment, dicen los teóricos) y para ello era esencial abrir los canales de participación.”(1)

Se trataba de desbancar a los prohombres del Frente Nacional. Durante el gobierno de Barco caerían los del Partido Social Conservador, los más débiles de la coalición. Desde entonces, hemos vivido una sucesión ininterrumpida de episodios claves, marcados con el objetivo de “modificar la correlación tradicional de fuerzas del poder”. De entre ellos destaquemos la Asamblea Constitucional de 1991; la revocación por ésta de los congresistas elegidos en 1990; el juicio a Samper, incluido el procesamiento por la Corte Suprema de Justicia de los representantes a la Cámara que lo exoneraron; el fracasado referendo de Pastrana.

La constituyente de 1991

Casi demolido el conservatismo, Barco propuso realizar un plebiscito para suprimir de la Carta el artículo que impedía que la Constitución se modificara por medio de tales consultas. Los improvisados reformadores, tomando como pretexto la “soberanía popular”, no se paraban en consideraciones legales. A la postre, su intentona sería declarada inconstitucional por la Corte.(2)

El mandatario, empecinado, presentó su enmienda, en 1988, por la vía exclusiva del Congreso. En diciembre de 1989, con la reforma ya a punto, las Cámaras, aplicando la medicina prescrita por el gobierno, aprobaron someter a un plebiscito la extradición de los colombianos, exigida por los gringos. Entonces, el promotor de la democracia participativa, montó en cólera y retiró el proyecto. Puso así al desnudo las inconsecuencias y dobleces de sus invenciones. La democracia participativa, con sus referendos y plebiscitos, permite a los ciudadanos expresar su parecer sobre lo divino y lo humano, siempre y cuando no se alteren los designios oficiales. En 1991, una vez se hubo pactado con Pablo Escobar el fin de la ola de terror indiscriminado para que los corsarios de la apertura pudieran lanzarse sosegadamente al abordaje de Colombia, los reformadores, olvidándose de sus aspavientos moralistas e instigados por Bush y Gaviria, estamparían como artículo 35 de su código la negativa de extraditar nacionales.

La democracia participativa irrumpió definitivamente en 1990: nacía como fruto del estado de sitio; de la violación de las normas establecidas; de la alteración del principio básico de la democracia, según el cual, se hace lo que dictan las mayorías; de la vulneración de los compromisos adquiridos; de las amenazas del Ejecutivo contra las otras dos ramas. En fin, era la instauración de una dictadura lumpenizada, necesaria para demoler los logros de casi dos siglos de vida republicana y postrar el país a los dictados de la globalización: asaltar el mercado interno; atomizar la nación para hacerla presa fácil de las multinacionales; avasallar las clases, sectores e instituciones predominantes durante la vigencia del anterior “modelo”; disgregar y someter aún más a la clase obrera a una tiranía económica y política y arruinar a las demás capas productivas.

Rememoremos los hechos principales. Retirada del Congreso la reforma, se inventaron la séptima papeleta, introducida fraudulentamente en las elecciones del 11 de marzo. El “escrutinio” lo hicieron los medios de comunicación, que registraron el milagro de la multiplicación de los votos, al contabilizar varias veces más papeletas de las que se imprimieron. Como anotara Francisco Mosquera, “la reforma de la ley fundamental había comenzado…con su quebrantamiento.”

El 27 de mayo, día de la elección presidencial, se les preguntó a los votantes si para “fortalecer la democracia participativa” votaban para convocar una Asamblea que reformara la Constitución Política de Colombia. La Corte y su asustadizo presidente Jorge Carreño Luengas, bendijeron los decretos de estado de sitio 926 y 927 que autorizaban el texto de la convocatoria y el conteo de los votos. Cedieron a las presiones del gobierno, de la prensa, y al sitio impuesto por bandas de desbandados ex integrantes de las guerrillas del M-19 y del EPL, que les recordaban los hechos dantescos del 5 y 6 de noviembre de 1985, cuando en el Palacio de Justicia ardiera la paz belisariana.

El acogotado máximo tribunal convalidó también el decreto 1926, expedido por Gaviria, el cual le confería legalidad al acuerdo político para la convocación de la Asamblea Constitucional. Incluso, aprobó más de lo exigido. Declaró que la Asamblea no tendría límites, excepto los que ella misma, por sí y ante sí, se impusiera. Con esas decisiones preservó una mediocre existencia, porque su principal atributo, el de ejercer el control de constitucionalidad, le fue cercenado y transferido a una Corte Constitucional, entidad más acorde para mantener el rumbo trazado por los nuevos Núñez.

Francisco Mosquera, en Omnia consumata sunt, escrito de noviembre de 1990, desveló el alboroto innovador: “Asistimos a uno de esos remezones sociales tan comunes en nuestra crónica republicana, que sin implicar una revolución, ni siquiera un avance, precipitan, junto con el eclipse de criterios o esquemas administrativos, la caída de los hombres que los esgrimieron y el ascenso de aquéllos que por fuerza de las circunstancias están llamados a llenar el vacío”; y caracterizó la apertura como un eufemismo tras del cual “lo que se esconde es la más grande ofensiva de colonización económica sobre Colombia.” Recordemos que, paralelamente a los ajetreos políticos mencionados, el Congreso elegido el 11 de marzo, esperando que le perdonaran la vida, aprobaba febrilmente el voluminoso paquete de reformas radicado por Gaviria, el cual contenía la columna vertebral del nuevo rumbo económico, pues versaba sobre los cambios internacionales, el comercio exterior, el régimen de inversiones extranjeras, las disposiciones financieras, el manejo de los puertos y del sistema de vivienda, el endeudamiento externo y la normativa laboral, amén de su primera reforma tributaria. En diciembre, la tarea estaba cumplida. Para Gaviria, el trabajo del Congreso era de “dimensiones históricas”, lo llamó “Admirable”; pocos meses después lo revocó.

Empero, las masas se negaron a hacer de comadronas de la democracia participativa; el 9 de diciembre, día de la elección de los constituyentes, participaron apenas 3 millones 700 mil personas, la abstención alcanzó el 76%, la más alta desde los inicios del Frente Nacional; mientras para elegir el Congreso habían sufragado más de 7 millones 600 mil. En las urnas, la revocada democracia representativa había doblado a la revocante participativa.

No obstante el exiguo resultado, Gaviria y sus congéneres han pretendido falsificar los hechos escribiendo una historia oficiosa según la cual, en 1990, “el pueblo se volcó a las urnas” en apoyo de la emboscada neoliberal. Es propio de los portavoces de esta “nueva” democracia inventar “fenómenos de opinión”. Por ejemplo, Pastrana, al inicio de su fracasada intentona de referendo parloteó sobre un masivo apoyo popular a su iniciativa, expresado, según él, en una avalancha de faxes y de mensajes por correo electrónico. El peripuesto ex presentador de noticias no para mientes en que a tan necesarios avances no tiene acceso ese pueblo, al que invoca pretendiendo santificar sus trápalas.

De la Asamblea tan precariamente elegida formaba parte el M-19. Eso era lo que el profesor Cepeda llamaba “potenciar a los débiles”, incorporar “fuerzas importantes” sin representación parlamentaria, para que jugaran “un papel fundamental en la legitimación del proceso electoral de 1990.” A comienzos de 1989, dicho grupo insurrecto se había comprometido a desmovilizarse. El pacto contemplaba la muy participativa figura de la favorabilidad política, esto es, la consagración de la desigualdad de los ciudadanos ante la ley en pro de los enmontados de la víspera a los que se benefició, entre otras gabelas, con la de inscribir un candidato presidencial que no llenaba los requisitos exigidos por la Constitución. Los conversos, para devolver atenciones, se alistaron de alzapuertas.

Y al socaire del patrocinio gubernamental tuvieron su auge y su caída; de su millón de votos y sus 19 constituyentes de 1991, pasaron en 1994, a un rotundo fracaso electoral, y eso que recurrieron a la operación avispa que supuestamente abominaban como expresión del clientelismo. Ahora, el referendo pastranista, con revocatoria del Congreso, patrocinio del Ejecutivo, lista única, voto obligatorio y “medios”, sacó nuevamente a la palestra a los voceros supérstites de esta tendencia, con Antonio Navarro a la cabeza, quienes en uniforme de futbolistas y entrenados por Cepeda hijo, se dispusieron a emprenderla de nuevo a las patadas contra la norma escrita, a nombre de la ética falsa que ostenta la cúpula oficial

Volviendo a la Constituyente, ésta fue presidida por los conspicuos voceros de la manguala ensamblada por Gaviria. Conformaron una presidencia colegiada: por los emergentes del liberalismo, Serpa; por los colaboracionistas, Navarro; Álvaro Gómez, por los ultramontanos. En su elección privaron los particulares cánones de la democracia participativa, se violentó el cuociente electoral, sistema aprobado en el reglamento de la Asamblea y estatuido por la Constitución para elegir cualquier cuerpo con un número plural de miembros. No importaba atropellar los elementales derechos de las minorías, el todo era propinarle un golpe más al acontecido social-conservatismo.

Entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, los asambleístas del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, maquilaron una nueva Constitución. Fabricaron, como piedras angulares de la naciente “democracia”, una lista de preceptos jurídico-políticos, apenas comparable con “el mare mágnum de fórmulas abstractas” que componían los “bienes morales” de la Mamá Grande, la estrafalaria matrona del cuento de García Márquez. Según el relato, en el patrimonio de ésta figuraban desde la soberanía nacional y los partidos tradicionales hasta la pureza del lenguaje y el peligro comunista; a ello, los constituyentes, le sumarían la república unitaria descentralizada, la federalización, la soberanía popular, la internacionalización de la economía, la corte constitucional, la fiscalía general de la nación, la circunscripción nacional, la sociedad civil, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos de los humanos, la dosis personal, la justicia indígena, la acción de tutela, los jueces de paz, el derecho de petición, el desarrollo sostenible y el ambiente sano, el mantenimiento de la paz…con justicia social.

En el nuevo legado también ocupan primerísimo lugar las “formas de participación democrática”: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Éstas se consignan, “con vocación de eternidad”, en los artículos 103 a 107; sin embargo, ya en el 170 se dictamina que los referendos “no proceden” sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni sobre el presupuesto ni en lo referente a materias fiscales o tributarias; es decir, tal artera democracia no procede en lo atañedero a la soberanía de la patria, ni a las condiciones de vida del pueblo y de los productores nacionales. Con ella sucede igual que con el “Estado Mayor de las libertades” (la libertad personal, de prensa, de palabra, de asociación, de reunión de enseñanza, de culto, etc.) de que hablara Marx al analizar la Constitución francesa de 1848: “Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva –por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente.” (3)

En lo que hace a la “consulta popular”, según los entibadores de la reforma de 1991, “su espíritu” se orienta principalmente al ámbito local, con el fin de “lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios básicos y en la administración en general, transfiriendo la responsabilidad a la ciudadanía para que ella responda de sus propias demandas.”(4) O sea, que sirve para profundizar la descentralización con el propósito de que los fiscos locales atiendan, entre otras cosas, la educación y la salud, para que el centro no distraiga un solo peso del objetivo de “honrar” la deuda externa. A esto le ponen, además, un enervante ropaje ideológico, según el cual “el egoísmo es el sello característico de la especie”, a la población le interesan ante todo las cosas cotidianas y sólo luego de la búsqueda del bienestar personal mira por las dificultades de sus connacionales. Que las gentes se reduzcan a las miserias de la rutina local, que se embrutezcan pensando sólo en lo cotidiano, que crean que sus carencias tendrán fin si separan del país a su ciudad o a su región.

Inútil pretensión la de regresar al aislamiento medieval que la propia democracia burguesa enterró por siempre, en su afán de conformar la nación que permitiera crear un mercado interior para el capital. Por el contrario, los pueblos defenderán los nexos con sus compatriotas y su nación. Y la expansión imperialista, al esparcir hasta los confines del mundo sus deslumbrantes desarrollos y las mismas dolencias, antes que al enconchamiento los incitará a buscar, allende las fronteras, un lenguaje común y una lucha común, como lo planteara Francisco Mosquera.

En el atiborrado artículo 103 se estableció que el gobierno patrocinaría “mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación”. El postulado se refiere ante todo a las celebradísimas organizaciones no gubernamentales, ONG, que también suelen denominarse de la “sociedad civil”, las cuales desde entonces proliferan y constituyen la nueva clientela de los que se precian de sepultureros del clientelismo. Una nueva mesocracia que, sin que nadie la elija, se arroga la representación de éste o aquél sector. Sus voceros alardean de apolíticos y se escudan en el hastío general con la antigua casta política, pero destilan hiel sobre las “nuevas ideologías que pretendieron reemplazar las tradicionales.” Un doble cometido: de un lado, aprovechar la creciente inconformidad para apuntalar la casta emergente y, de otro, evitar la materialización del fantasma revolucionario. A cambio, el Estado les dispensa contratos y contraticos y los recomienda para las nóminas y las becas de las fundaciones de las multinacionales. Sus teóricos llaman a esto pasar de la democracia política a la social, en la que “el individuo es tomado en consideración en la diversidad de sus status y papeles específicos, por ejemplo como padre y como hijo, como cónyuge, como empresario y como trabajador, como maestro y como estudiante; y también como médico y enfermo, como oficial y como soldado, como administrador y como administrado, como productor y consumidor, como gestor de servicios públicos y como usuario, etc.”(5) ¡Que la democracia reine entre los cónyuges y entre médicos y enfermos, que los usuarios de los servicios públicos tengan hasta sus “vocales de control”, que el pueblo embote su mente en esos escarceos y no columbre la dictadura que le han impuesto!

Otra engañifa es la de la participación de los trabajadores en la propiedad accionaria de las empresas por privatizar, consagrada en la Carta de 1991, en su interminable capítulo de los derechos, cuya extensión es apenas equiparable con la ruina esparcida por toda la geografía patria desde los días del “revolcón”. El emplasto pretendía sustraer a los empleados de la lucha contra la privatización, como pronto sucedería en Alcalis de Colombia. Algunos figurones sindicales se prestaron a la trama. Por ejemplo, el señor Angelino Garzón, nuevo ministro del Trabajo, a nombre de un llamado sindicalismo socio-político, propuso que los trabajadores participaran en la “propiedad, cogestión y en las utilidades de las empresas” para “ejercer la democracia participativa en la vida económica del país”; que frente a la huelga se estimularan “mecanismos de concertación y autocontrol sindical (…) para evitar que se convierta en factor de desestabilización política de la vida democrática de un país”, y que las “prácticas como el diálogo, la negociación, la concertación y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, conllevan, en la vida real, a que la huelga no pase de ser un derecho escrito en la Constitución Política.” (6)

¡Que la huelga no pase de ser un “derecho escrito en la Constitución política” para que no se convierta en “factor de desestabilización de la vida democrática.”! ¡Que el obrerismo trueque tan insustituible herramienta por una miserable participación del cero punto algo por ciento en las acciones que controlan los amos del capital, y por las cuales les cobran a los trabajadores el cien por ciento de sus prestaciones!

En desarrollo del artículo 56 crearon la participante Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Sociales. En ella, patronos y funcionarios fingen escuchar atentamente a los voceros de los desposeídos; luego, el gobierno les participa las decisiones tomadas en su contra. Accidentalmente, también se les invita a otros “escenarios” participativos, como sucedió con las recientes “mesas de concertación”, acordadas como consecuencia del fracaso de Pastrana en la revocatoria del Congreso y en las que se planificaría agilizar la refrendación por las Cámaras de las exigencias del Fondo Monetario. No sobra decir que fue sólo el pretendido vapuleo al parlamento lo que llegó a poner en duda la aprobación de la “agenda” fondomonenarista; antes de eso, a la inmensa mayoría de los “padres de la patria”, ni les pasaba por la mente semejante desacato.

Andrés juega a la democracia directa

El golpe de mano de Pastrana, pretendía, como el de Gaviria en 1991, “apartar a las Cámaras” y “empequeñecer a la dirigencia política”; convertir el Senado en un conciliábulo de 70 miembros controlado fácilmente por el Ejecutivo, ya que en una “democracia directa y mediática”, como la definió el gobierno en su exposición de motivos, la mayoría de sus miembros le deberían su elección a aquél y a los medios de comunicación; apuntaba a liquidar las Asambleas y minimizar los Concejos; creaba un inquisitorial Tribunal de Ética, compuesto por los presidentes de las Cortes, organismo que actuaría “verdad sabida y buena fe guardada”, sistema propuesto por el alvarismo en 1991 para los fallos que emitiera el Procurador en los procesos contra los funcionarios, de tal manera que éstos no se ampararan en “la tarifa de pruebas y en interminables procedimientos”, (7) es decir, eliminar las garantías del debido proceso y disponer al antojo de la suerte de hasta el último empleado; obligar a que las votaciones de los congresistas fueran públicas para someterlos a un régimen de chantaje e intriga permanentes. (8)

A escaso un mes del histriónico lanzamiento televisivo, la maniobra empezó a hacer agua. Primero, porque la ciudadanía captó que la música que animaba la danza de la corrupción se tocaba en la Casa de Nariño y, segundo, porque el bebedizo que se le quería hacer tragar al Congreso, especialmente a las reconstituidas mayorías liberales, era demasiado ponzoñoso. El impenitente señor Cepeda, padre, lo expresó de la siguiente manera: “El liberalismo, siendo mayoría, no puede escamotear esa apelación al pueblo. Y mientras ese proceso político se desenvuelve, tiene que mostrar –con sentido de Estado- que cumple ejemplarmente sus responsabilidades en el Congreso con respecto a la agenda económica.”(9) Esto es, que a pesar de que los de la “oposición patriótica” postularon que ésta consistía en apoyar al gobierno en lo referente a la economía, la paz, las relaciones internacionales, el Plan Colombia, Pastrana quiso arrebatarles incluso el Capitolio, el escenario donde plantear una que otra discrepancia. Luego del descontrol inicial y de una serie de propuestas hechas a topa tolondro, como la de instituir el sistema parlamentario o la de citar una Asamblea Constituyente, la “oposición” descubrió el secreto que la sacaría del embrollo: revocar al revocador.

Y ahí fue Troya. El edificio amenazó con venírseles encima a todos, a villanos y a “gentes de bien”. Unos pocos ejemplos bastan. Las calificadoras de riesgo, que en medio del desorden, orientaron a sus fondos de inversión para que se alzaran con unas buenas divisas, equipararon el referendo con Frankestein. La gran prensa, que había había recibido alborozada la iniciativa, se desbordó. Carlos Lleras, el editorialista de Santodomingo en El Espectador, anotó que era difícil hallar época más convulsionada “con una peor dirección del Estado” e “ignorancia total del arte de gobernar”; que el referendo “ni se estudió bien (…) ni se redactó con técnica (…) ni se pensó en las consecuencias de la propuesta de revocar el Congreso”. El Tiempo clamó: “toda la nave está en peligro de irse a pique (…) es el país político arruinando al país nacional”, y no se puede “sacrificar un país para pulir un verbo. El verbo revocar”. Los generales de todas las Armas le notificaron a su comandante en jefe que por más ilegal que fuera la revocatoria del jefe del Estado, de todas formas el gobierno quedaría en interinidad. Hasta se alcanzó a firmar, por los “notables”, una declaración llamando al Gobierno y al Congreso, a partidos y movimientos, a “poner el bien común por encima de cualquier otro interés” y urgiéndolos a “encontrar un Gran Acuerdo Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad”. Se entiende por “el bien común”, claro está, el de los dueños del capital, firmantes de la epistola, aunque también la rubricaran algunos representates de quienes por lo común no tienen bienes. En la noche del 26 de mayo, menos de dos meses después de iniciada su intentona de golpe, el apocado presidente comunicó a los colombianos: “El gobierno no va a insistir en las elecciones anticipadas del Congreso.” Claro que cayó como tentetieso, porque, además de Gaviria, reforzó su gobierno con los herederos de las “casas” López y Santos; lentejismo sí, pero de mejor familia.

A propósito, no le faltaba razón al jurisperito Julio César Turbay Ayala, al decir que las revocatorias del Congreso y la del Presidente eran “ilegales aunque inmensamente populares”. En realidad lo establecido en la Constitución y en las leyes 131 y 134 de1994, reglamentarias del “voto programático” y de los “mecanismos de participación ciudadana”, respectivamente, es que la revocatoria sólo “procede” para alcaldes y gobernadores. Aparte de alegatos jurídicos sobre que para revocar un mandato primero hay que conferirlo, la verdad es que el tema tiene “su cámara alta y su cámara baja” y se ha venido manejando con arreglo a las circunstancias políticas, es decir, sin normas, que es la norma de la democracia participativa.(10)

El relevo en México

¿Qué obliga al círculo emergente a lanzarse reiteradamente contra quienes han servido bien a los pulpos imperiales y a los magnates nativos a lo largo del siglo? En la primera etapa de su dominación neocolonial los gringos se apoyaron en los grandes terratenientes y la gran burguesía intermediaria, cuya expresión política era la alianza liberal-conservadora, que controlaba férreamente el Estado, como lo dijo el MOIR desde su nacimiento. Los monopolios imperialistas requerían tomar el control del mercado interior de los demás países para darle curso a la explotación de la mano de obra, la venta de sus mercancías, la colocación de sus capitales, la extracción de las materias primas. En términos generales, aquéllos producían para el mercado interior de un país o máximo para el de un reducido número de países limítrofes. Era la época en que los gringos “chupaban el nectar con algunas consideraciones.” (11) Esta etapa se inició en el mundo luego del espantoso crac de 1929, hecho que llevó a los teóricos de las metrópolis a olvidar sus añosas ideas sobre que los fenómenos de superproducción y paro dentro del capitalismo los solucionaba el mercado y decidieron que “de aquí en adelante el Estado, cual supremo regulador, habrá de interferir con el objeto de acrecentar la demanda y promover las inversiones, sin pararse en pelillos o reparar en faltantes y descubiertos”.(12) Fueron décadas de simbiosis entre los amos imperiales, las mencionadas clases y el Estado.

Pero el advenimiento de la gigantesca concentración de capitales, característica de las últimas décadas del siglo, facilitada por la centralización de las decisiones que han permitido los grandiosos desarrollos tecnológicos; la necesidad de rebajar los costos, de disponer al instante de los recursos para orientarlos al servicio de las necesidades de la más vasta disputa global, terminaron agrietando sin remedio las antiguas relaciones (13). A los conglomerados se les hicieron estorbosas hasta las menudencias cepalinas: “sus tímidas medidas arancelarias, sus escasos subsidios, sus cortos estímulos, su sustitución de importaciones, sus certificados de abono tributario, sus créditos de fomento, etc.” (14) Les había llegado la hora a los oligarcas criollos de ser menos socios y más vasallos; y los jefes de la coalición liberal-conservadora debían desalojar, porque el mando lo asumirían personajes dóciles y fácilmente intercambiables como los jóvenes posgraduados de Harvard. A éstos, para llevar a cabo la empresa, en el campus se les dotó de nuevos y sinuosos arreos: cruzadas contra la corrupción y el narcotráfico; defensa de los derechos de los humanos, encomendada a los propietarios de maquilas; ostracismo para los chafarotes, a quienes antes les donaban las cámaras de tortura para prevenir el comunismo; protección del medio y utilización proclive de los medios.

Los recientes sucesos de México, corresponden a estas mismas tendencias. La derrota del Partido Revolucionario Institucional, PRI, luego de 70 años de indiscutido dominio, la precedió una abierta campaña en su contra, orquestada por los Estados Unidos, lo cual luce inconcebible dada la sujeción casi sin sombras de la casta dirigente mexicana a la Casa Blanca. La edición del hebdomadario The Economist, de la semana anterior a las elecciones, contribuyó a despejar las dudas: “Aunque la vieja red de conexiones políticas está siendo desatada nudo a nudo, aún existe, (…) Zedillo (…) no tocó el corazón del sistema. Un signo de esto es su rescate de varias industrias y bancos (…) Otro fracaso en la lidia contra el sistema, es la persistencia de monopolios o cuasi monopolios en áreas tales como las telecomunicaciones, la cerveza y el cemento. Aunque el gobierno está atestado con jóvenes tecnócratas brillantes, como el mismo Zedillo, ellos chocan con los miembros de la vieja guardia quienes creen en la protección de los campeones nacionales.”

A los magnates del globo no les bastó la entrega que les hicieron de todo el norte mexicano para establecer el reino de la maquila, operado por millones de esclavos modernos; ni les fue suficiente asolar sectores enteros de la producción industrial y agrícola azteca, expuesta a la depredación del Tratado de Libre Comercio, TLC. Ahora van por los que les ayudaron a forjar ese paraíso de la explotación: “los doce de México”, el grupo de “cacaos” indisolublemente ligados al PRI, entre ellos, los Azcárraga, amos de la televisión; los Slim, zares de las telecomunicaciones; los Zambrano, dueños de Cemex, una de las más grandes cementeras del mundo; los Hernández, magnates financieros. Todos propietarios de fortunas de miles y miles de millones de dólares, y favorecidos con el proceso privatizador.

Por lo demás, Vicente Fox, quien el 1 de diciembre asumirá el mando, ya ha ofrecido iniciar la feria de Pemex, la poderosa petrolera estatal, y del sistema eléctrico; profundizar la autonomía de los estados y municipios; incrementar el impuesto al valor agregado y abolir la exención que de él gozan los alimentos. Y como ejemplo de la orientación del relevo político, mencionemos que puso a cargo de las relaciones internacionales a dos “intelectuales de izquierda”: Adolfo Aguilar y Jorge Castañeda, éste último, pontífice de la perniciosa “nueva izquierda” latinoamericana, que posa de contestataria y cuya misión consiste en encubrir con supuestas “políticas sociales” la centuplicada explotación imperialista sobre nuestros pueblos.

No cabe duda, la democracia participativa es arma predilecta de la camarilla en ascenso para barrer o someter aún más a las vetustas capas dominantes de ayer, las cuales tienen demasiados intereses propios y pretenden para sí aunque sea una porción del mercado nacional, ya que el global, con el que las engatusaron para que avivaran la apertura, es cada vez más ancho pero más ajeno. Y aquéllas ventajas, por decirlo de alguna manera, no les cuadran a las trasnacionales… porque las descuadran.

***

Los dichos y hechos de la “democracia participativa” confirman la tesis leninista de que “las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en último resultado, necesariamente, una dictadura de la burguesía”; y nos persuaden de que sólo el democratismo consecuente de los trabajadores puede establecer, en interés de las mayorías, mediante la instauración de su propia dictadura, instituciones como las revocatorias de los elegidos. Dice también Lenin, al respecto de las inmortales enseñanzas que dejara a los obreros del mundo la Comuna de París, y que plasmara Marx con trazos indelebles en La guerra civil en Francia: “La completa elegibilidad y la amovibilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción; la reducción de su sueldo a los límites del ‘salario corriente de un obrero’: estas medidas democráticas, sencillas y ‘evidentes por sí mismas’, al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Estas medidas atañen a la reorganización del Estado, a la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la ‘expropiación de los expropiadores’ (…) es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social.”(15)

Afrontemos la emboscada de la falaz democracia en boga, aferrándonos, como el náufrago a la tabla, a las enseñanzas del marxismo sobre el Estado.

Notas:

(1) Malcolm Deas, Carlos Ossa, Coordinadores, El gobierno Barco política, economía y desarrollo social, Bogotá, Fedesarrollo-Fondo Cultural Cafetero, pág. 49 a 78.

(2) El artículo 218 de la Constitución que rigió hasta 1991, establecía: “la Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo podrá ser reformada por un acto legislativo (…)” y en el segundo inciso del mismo artículo incorporó el numeral 13 del plebiscito de 1957 que rezaba: “En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución.”

(3) C. Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte, C. Marx F. Engels, Tomo I, Obras Escogidas, Moscú, Editorial Progreso, pág. 420.

(4) Política Colombiana, Contraloría General de la República, 1994, Vol. IV, Nº 2, pág. 27-32, María Ángela Holguín Cuellar.

(5) Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Bogotá, 1994, Fondo de Cultura Económica, pág. 42.

(6) Gaceta Constitucional, Nº 11, páginas 10, 11 y 12 del 27 de febrero de 1991; y Nº 45, páginas 2, 3 y 4, del 13 de abril de 1991.

(7) Gaceta Constitucional, Nº 50 A, 19 de abril de 1991, pág. 22.

(8) Montesquieu, el exégeta de la democracia burguesa, lo planteaba de la siguiente manera. “Pero cuando el cuerpo de los nobles emite los sufragios en una aristocracia, o el senado en una democracia, todo secreto sería poco en el momento de la votación, ya que se trata en este caso de prevenir intrigas.”

(9) El Tiempo, mayo 5 de 2000, Gobierno y oposición.

(10) Francisco Mosquera, Resistencia Civil, Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas, Bogotá, Editor Tribuna Roja, 1995, pág. 485. Refiriéndose a la incertidumbre sembrada por el revolcón gavirista señala que “la norma es la falta de normas.”

(11) Ibidem, pág. 491.

(12) Tribuna Roja, septiembre de 1984, Causas y efectos de la última crisis, Nº 49, Francisco Mosquera.

(13) Tribuna Roja, abril 27 de 2000, Globalización y empresas multinacionales, Nº 80, pág. 5, 6 y 7. AlfonsoHernández.

(14) Tribuna Roja, agosto 13 de 1993, La apertura no impedirá la crisis imperialista, Nº 53, pág. 1. Francisco Mosquera.

(15) V.I. Lenin, El Estado y la revolución, Pekín, Ediciones en lenguas extranjeras, pág. 42 y 53.

LA PAPA AMENAZADA DE MUERTE

Por Hernán Pérez Zapata

Por obra y gracia de la apertura de las importaciones, ahora el turno de la hecatombe es para el cultivo de la papa, básico para la alimentación del pueblo colombiano. Consumimos anualmente 64 kilos per cápita y somos el quinto consumidor mundial. Colombia es, además, uno de los centros mundiales de origen de este tubérculo, vinculado a la dieta alimenticia de miles de millones de pobladores del planeta.

El ICA aprobó la licencia sanitaria para importar papa de Ecuador, Perú, Holanda, Canadá, Egipto, Francia y Chile. Las presiones de las multinacionales norteamericanas McDonald, MacCain y otras han llevado a que se importen además papas procesadas.

La actual política de importaciones de papa arruinarán a miles de cultivadores en la altiplanicie cundi-boyacense, Antioquia, Nariño y otras regiones productoras, pues los empresarios recibirán pagos a niveles por debajo de los costos de producción, que hoy sobrepasan los cinco millones de pesos por hectárea. Endeudamientos impagables, crédito escaso, nulo o insuficiente, altos costos de producción sin control por parte del Estado, impuestos, altas tarifas de los servicios públicos, costosos combustibles, reducción de la actividad investigativa, eliminación de comercializadoras estatales, ausencia de precios rentables de sustentación, son, además de la inseguridad, las gravísimas dificultades que hoy soportan los productores.

Ya Colombia conoce las nefastas secuelas que les dejó a los productores nacionales el millón de toneladas de trigo importadas anualmente, los casi dos millones de toneladas de maíz, los casos del algodón, el sorgo, la soya, el plátano, el fríjol, la leche, el pescado, la panela e infinidad de productos que perfectamente podemos producir. La desprotección en que ha dejado el gobierno al agro nos ha llevado a importar mas de 60% de los alimentos que consumimos, para el exclusivo beneficio de las comercializadoras internacionales y los importadores.

Es la política impuesta al país por Estados Unidos con su estrategia de globalización de la economía, que como lo expresara con sinceridad el ex secretario de Estado y Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, en la Conferencia Anual de Periódicos Independientes en el Trinity College de Dublín, Irlanda, el 12 de octubre pasado, lo que se denomina globalización “es en realidad otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”.

El precio a la baja

Lo central en este momento es que se está presentando una tendencia a la baja del precio, que comenzó a finales de mayo y se agravará en las postrimerías de agosto, cuando salga la cosecha de papa capira o R12, la cual se siembra principalmente para la industria. La táctica de este último sector, hoy dominado por dos trasnacionales, la MacCain y la Pepsicola (Fritoley) consiste en argüir que tienen las bodegas llenas de papa importada. Debe anotarse de paso que las enormes bodegas que hoy posee la MacCain las construyó Papas Margarita con dineros del presupuesto nacional, al recibir más de 400 millones de pesos como incentivo a la capitalización rural.

Como producto de la lucha librada por los agricultores agrupados alrededor de Fedepapa, se logró arrancarle al Ministerio de Comercio Exterior el que un comité estudie la inclusión del tubérculo en los productos cuya importación requiere permiso previo. Pese al compromiso del gobierno en tal sentido, ésta es la hora, en vísperas de la cosecha, en que no se ha podido concretar dicho propósito.

Foro presidido en Carmen de Viboral, Antioquia, por el dirigente de Fedepapa, Alberto Caro, el pasado 13 de julio, convocado por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, lanzó una voz de alerta sobre la urgente necesidad de que los productores se movilicen en defensa de un precio justo, en rechazo a las importaciones y por la salvaguarda de la seguridad alimentaria del país, base de nuestra autodeterminación, soberanía y seguridad nacionales.


Foro rechaza importación de papa

Un rechazo unánime a la creciente importación de papa aprobaron los participantes en el Foro Papero realizado el 14 de julio en El Carmen de Viboral, porque atenta contra la producción nacional de 90 mil cultivadores y el empleo directo de 300 mil trabajadores e indirecto de tres millones de colombianos.

Alberto Caro, miembro de la Junta Directiva de Fedepapa, denunció que el gobierno dio licencia sanitaria para importar 74 mil toneladas en el presente año, procedentes de Egipto, Chile, Bélgica, Canadá, Holanda, Ecuador y Perú.

Estas importaciones siguen el mismo proceso que terminó quebrando la producción nacional de trigo, maíz, sorgo, etc., afectada por la actual importación de siete millones de toneladas de alimentos, que le cuestan al país más de dos mil millones de dólares por año. En el caso papero se amenaza la producción anual de 2 millones 600 mil toneladas en 170 mil hectáreas, que atienden el consumo nacional.

La medida oficial acabará con el único producto que queda en la producción campesina y empresarial de las zonas frías.

Hay además el peligro de la introducción de plagas y enfermedades no existentes en el país, como ha ocurrido con la polilla guatemalteca.

PASTRANA INCUMPLE ACUERDO CON LOS MAICEROS DE CÓRDOBA

La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, seccional Córdoba, con la firma de su presidente, Diego Vellojín, su coordinador, Rafael Barrera, y sus directivos Janeth Espitia y Darìo Riasco, denunciaron que con el nuevo acuerdo de la cadena agroindustrial, los cultivadores pierden 75 mil pesos por tonelada con respecto al acuerdo del año pasado.

A raíz del acuerdo de la cadena agroindustrial del maíz amarillo, sorgo, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura, se hizo mucha propaganda para la siembra y en Córdoba se alcanzó la cifra de 25 mil hectáreas. Se propaló que sembráramos amarillo que éste no tendría problemas en el mercadeo, que habría crédito (Banco Agrario) barato y oportuno, que la semilla y los insumos iban a estar menos caros.

Incluso hubo la visita del presidente Pastrana a Cereté, el pasado 3 de mayo, para firmar el acuerdo de la cadena productiva entre Fenalce, que representó aparentemente a los agricultores, y la Industria de Alimentos Concentrados de la Andi.

El convenio que se tenía anteriormente fijaba en 218 dólares la tonelada de maíz grado 2, calidad 15:3, y con tasa de cambio promedio del mes anterior a la negociación respectiva. En el nuevo convenio, el maíz quedó a 195 dólares con tasa promedio de diciembre a mayo. El maíz amarillo, con estos parámetros y con un descuento diferencial por transporte de 9 mil pesos por tonelada queda a $373.200. Con el convenio anterior hubiera quedado alrededor de $ 448.800 la tonelada. En cuentas resumidas y claras, hay una diferencia mínima de $ 75.000 menos para los agricultores con respecto al precio concertado el año anterior. Además, todas las promesas que se hicieron para que sembráramos resultaron falsas pues no hubo crédito y la semilla y los insumos subieron hasta en 56%.

Entendemos que la avicultura está pasando también por la crisis provocada por la apertura económica, pero el Estado es el llamado a prestar auxilio a la industria nacional y no los productores agropecuarios con la disminución de los precios de sus productos y de sus ingresos y con la pérdida del empleo o de sus parcelas y empresas.

Al desventajoso precio debemos sumarle las consecuencias de “la sobreoferta” norteamericana de maíz, soya, trigo y algodón en este año, según informa el periódico The Wall Street Journal Americas en artículo reproducido por El Tiempo el 14 de junio de este año. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el mes pasado que “los agricultores estadounidenses plantaron 31.8 millones de hectáreas de maíz, un aumento del 2,8%, ó 840.000 hectáreas respecto del año anterior. Este incremento impulsó a algunos analistas a predecir que la cosecha del cultivo número uno de la nación alcanzará dimensiones récord este año”.

“Piedra pa’ mi jonda” dirán los agentes de las políticas neoliberales de importar y no producir en Colombia los alimentos y materias primas que consumimos en el país. Políticas que están rematando la agricultura y la industria nacional.

Rechazamos la política del gobierno de Pastrana de aceptar sumisamente los acuerdos internacionales que nos imponen importaciones indiscriminadas y los convenios que se firmen en detrimento del productor primario, o sea el agricultor, como en este caso que estamos viviendo.

La Asociación por la Salvación Agropecuaria continúa exigiendo al gobierno que defienda la seguridad alimentaria de la nación protegiendo a sus productores, como lo hacen los países desarrollados, donde al decir de la anterior noticia “los subsidios del gobierno animan a los agricultores a incrementar la producción a pesar de los bajos precios…”, lo cual “podría elevar este año los costos del Tío Sam (Estados Unidos) en subsidios a los agricultores a mil millones de dólares”. O como lo practica el gobierno colombiano con el sector financiero subsidiado en los dos últimos años con varios billones de pesos.

El Comité Departamental de Salvación Agropecuaria llama a los productores agrícolas y agroindustriales de Córdoba a unir fuerzas con todos los agricultores de Colombia y el resto de la población en las acciones civilizadas y pacíficas que buscan que el gobierno de Pastrana cambie las políticas que continúan destruyendo la producción nacional y aumentando la miseria de los colombianos, como las importaciones indiscriminadas de productos agropecuarios, los aumentos de los impuestos y las tarifas de los servicios públicos, los negociados con el patrimonio nacional y los recortes a la democracia.

FORO EN DEFENSA DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN

Un sector de la burguesía antioqueña, que lidera el alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, ha lanzado la propuesta de liquidar o privatizar las Empresas Varias de esta ciudad, encargadas del servicio de aseo.

Meses atrás, un tribunal conminó a Empresas Varias a proceder al reintegro inmediato de 209 trabajadores despedidos de manera arbitraria. El fallo le ordenó además además cancelarles los salarios caídos y demás prestaciones. Esta sentencia es lo que ahora utiliza la administración municipal como pretexto para entregar las EE. VV. al capital privado.

El recién creado Comité por la Defensa del Patrimonio Público, en coordinación con el Sindicato de Empresas Varias y otras organizaciones, convocó el 27 de junio un Foro Ciudadano, en el Hotel Nutibara, con el fin de acordar acciones que neutralicen cualquier intento de enajenar este importante bien oficial.

En el evento fueron ponentes el doctor Gerardo Domínguez, contralor municipal, quien demostró con cifras que la empresa sí es viable; los concejales Jorge Mejía y Carlos Alberto Zuluaga; Óscar Guzmán, presidente del Sindicato de Empresas Varias; Gonzalo Álvarez Henao, director de Acción Popular, y Eduardo Benavides, coordinador del Comité.

Gonzalo Álvarez denunció que existen nóminas paralelas, pues se tienen contratados con particulares una serie de servicios que bien podrían ser realizados por personal de planta. Jorge Mejía y Carlos Alberto Zuluaga anunciaron que se opondrán a cualquier proyecto de privatización o liquidación que presente el alcalde al Concejo. Por último, Eduardo Benavides señaló que las privatizaciones constituyen uno de los pilares de la política neoliberal impuesta por Estados Unidos por intermedio del FMI y el Banco Mundial y acatado dócilmente por los mandatarios locales.

El Foro aprobó desplegar una campaña de denuncia en los barrios de la ciudad y convocó a la mayor cantidad de organizaciones sociales a unirse al Comité por la Defensa del Patrimonio Público.

UN ABUSO MÁS: ESTRATIFICACIÓN EN PRADO Y SAN CRISTÓBAL

Por Javier Gaviria B., de la Asociación de Ligas de Usuarios de Antioquia

San Antonio de Prado y San Cristóbal, corregimientos de Medellín, fueron hace unos días alevemente sorprendidos con los exagerados incrementos en las tarifas de los servicios públicos. En las últimas facturas advirtieron que se les había cambiado el estrato socio-económico de manera arbitraria y sin consultar las reales condiciones económicas de sus familias.

La ley 505 de 1999 ordena a los alcaldes, bajo amenaza de sanciones, imponer una nueva estratificación a los «centros poblados» en la zona rural, ciñéndose a metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación, la agencia del Banco Mundial en Colombia. La tipología que se aplica, de características eminentemente físicas, no tiene en cuenta las condiciones socio-económicas. Los burócratas fijan el estrato sin entrar en los domicilios y sin adelantar encuesta alguna sobre salarios. Se entiende por centros poblados los corregimientos, las inspecciones de policía y los caseríos de más de veinte casas contiguas.

La estratificación resultante, que se traduce de inmediato en alza de tarifas, constituye un verdadero atropello contra los ya maltrechos ingresos domésticos, pues apunta a exprimir aún más a los colombianos de bajos ingresos. A lo anterior se agrega que en 2001 desaparecerán por completo los subsidios a los consumos de los servicios públicos domiciliarios para todos los estratos sociales.

Con urgencia, entonces, debemos aprestarnos a organizar Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos para levantar la bandera de resistencia contra las nuevas estratificaciones, las alzas y los cortes.

HABITANTES DE BELLO SE LEVANTAN CONTRA LA VALORIZACIÓN

En diciembre de 1999, aprovechando el receso de fin de año, el Instituto Municipal de Proyectos Especiales, Impes, les impuso a los habitantes de Bello el cobro de valorización de la Obra 808. Ésta pretende realizarse en las cinco comunas y parte del sector rural de Bello, población de 350 mil habitantes. Tendrá medio centenar de frentes de trabajo con el propósito de abrir nuevas calles, ampliar y adecuar otras, pavimentar, construir puentes y corredores viales, diseños de urbanismo, bulevares, obras de protección, empalmes y rectificaciones. Refleja el rezago vial que tiene Bello y deben por tanto realizarse en su mayor parte, junto con otras obras indispensables y que benefician a la comunidad bellanita.

Cobrar valorización por estos trabajos es un absurdo mayor. Ello no significa que nos opongamos al desarrollo del municipio, sino que resulta inaceptable que se cargue con dobles impuestos a la ya agobiada comunidad.

Recogiendo la experiencia de la lucha que los habitantes de Belén han librado en contra de la valorización en la Carrera 76 de Medellín, desde septiembre se empezaron a constituir Comités Cívicos contra el pago de valorización de la Obra 808, inicialmente en el barrio París y luego en La Maruchenga, Barrio Nuevo, Niquía, Rosalpi y Briceño. Se realizaron dos marchas multitudinarias en febrero y mayo, además de foros en los sectores afectados, acciones que han evitado que el grueso de los habitantes pague la valorización. En estas protestas han participado también las Veedurías Ciudadanas.

En la tarea de constituir un frente amplio, se han entablado relaciones con comerciantes, industriales, voceros de las distintas Iglesias, juntas comunales, concejales, colegios y hospitales. Fue así como se llevó a cabo el Foro del 14 de julio, con más de 600 delegados, el cual aprobó un Pliego de Solicitudes y una Declaración Final. Del Foro quedó el compromiso de organizar una gran concentración en el parque principal, el 3 de agosto, en el marco del Paro Nacional de Protesta de los trabajadores colombianos. También se acordó un Paro Cívico Municipal, para derrotar los propósitos de la administración.

En Salud: REFORMAS QUE MATAN

“Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal”

César Vallejo

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que Colombia es el país que ofrece mejor salud en América Latina. Hacía tiempo que una noticia no era recibida con tanta sorpresa y tanto escepticismo; ni siquiera los medios de comunicación, tan obsecuentes, pudieron disimular su asombro.

No era para menos. Si algo llena páginas y copa minutos de los noticieros es el lamentable deterioro de la salud de la población y de las instituciones públicas prestadoras del fundamental servicio. No pasa día en que no se sepa del cierre de un hospital, o del incremento del déficit presupuestal anual de tales entidades que en el último lustro ha sido de alrededor de 200.000 millones de pesos anuales; de la escasez de medicamentos que se volvió crónica; de la muerte de los pacientes en las salas de espera de los servicios de urgencias; del martirio de los pobres a los que se les niega la atención por no ofrecer garantías de que podrán cancelar la factura; hasta se ha vuelto común que se retengan los cadáveres mientras los atribulados deudos no paguen o garanticen la cuenta del difunto.

Ante la inconformidad creciente, la alta burocracia culpa de la situación a los magros salarios y a las reducidas prestaciones de los trabajadores del sector. Con base en tales argumentos los últimos gobiernos han perseguido aviesamente a médicos, odontólogos, enfermeras, auxiliares, personal de servicios generales y administrativos. Por ejemplo, a través de los llamados convenios de desempeño, a cuya firma se supeditan los giros presupuestales, se botan trabajadores o se les obliga a renegociar las convenciones colectivas. A los profesionales despedidos se les conmina a conformar cooperativas o empresitas de “economía solidaria” para cotratar, en degradadas condiciones económicas y laborales, con las entidades de las que fueron expulsados.

A aquéllos también les exige más “productividad”, es decir, se concentra en uno lo que antes hacían varios y se reduce a mínimos absurdos el tiempo de duración de los procedimientos. Hoy, bajo la mirada vigilante de cancerberos provistos de cronómetro, los médicos deben con una mano poner el estetoscopio y con la otra elaborar la “factura detallada” del servicio. En general el incremento de la carga laboral es alarmante, se dobla el número de pacientes que debe atender un auxiliar; las vacantes no se reemplazan, el personal de contratistas se suprime y su carga se traslada a los empleados de planta. Además, campean las amenazas de despido, de procesos disciplinarios, la persecución sindical. Ya hay pruebas contundentes de que la sobrecarga laboral y el despotismo han causado un agudizamiento de distintas enfermedades entre los trabajadores, incluidas las afecciones neurológicas.

De otro lado, a la red hospitalaria pública o semipública se le condena a la ruina. Veamos unos pocos ejemplos. Al hospital San Juan de Dios (La Hortúa), que atiende a empobrecidos sectores bogotanos y en el que se forman los médicos de la Universidad Nacional, se le redujo la contratación estatal hasta ponerlo al borde del cierre, y sus empleados completan ya más de un año sin salarios. El alcalde de Bogotá, con el pretexto de acabar la ineficiencia y suplir los recortes de las transferencias de la nación, aplica la fórmula neoliberal de “racionalizar” los gastos mediante la conformación de unas redes de hospitales para, con el argumento de la especialización, suprimir de la mayoría de ellos la prestación de servicios médicos vitales que vienen ofreciendo y para impulsar un plan masivo de despidos. En la clínica Leon XIII del Seguro Social de Medellín los trabajadores y usuarios organizan jornadas de vigilia procurando defender la institución del cierre anunciado por el gobierno.

He ahí el panorama que le deparó a la salud pública la era neoliberal. Éste era el real fondo de los “principios” de eficiencia, universalidad y solidaridad, estampados en la Constitución gavirista y en la ley 100 de 1993, los cuales, según la palabrería de la Carta, garantizarían el “derecho irrenunciable a la seguridad social”. Todo se ha reducido a que quienes aún tienen trabajo tienen que elevar sus cotizaciones, porque deben ser solidarios y contribuir al traslado universal y eficiente de centenares de miles de millones de pesos de los trabajadores y de los fondos del Estado a los magnates de las finanzas que convirtieron la enfermedad en un jugoso negocio para la salud de sus arcas.

Tribuna Roja publicará una serie de artículos sobre entidades claves del sector. En éste número comenzamos con una entrevista a la compañera Emperatríz Ávila, presidenta del sindicato de La Hortúa, quien ha conducido la ejemplar batalla contra el cierre de la entidad.