Categoría: Tribuna Roja Nº 81, agosto 19 de 2000

En diciembre de 1999, aprovechando el receso de fin de año, el Instituto Municipal de Proyectos Especiales, Impes, les impuso a los habitantes de Bello el cobro de valorización de la Obra 808. Ésta pretende realizarse en las cinco comunas y parte del sector rural de Bello, población de 350 mil habitantes. Tendrá medio centenar de frentes de trabajo con el propósito de abrir nuevas calles, ampliar y adecuar otras, pavimentar, construir puentes y corredores viales, diseños de urbanismo, bulevares, obras de protección, empalmes y rectificaciones. Refleja el rezago vial que tiene Bello y deben por tanto realizarse en su mayor parte, junto con otras obras indispensables y que benefician a la comunidad bellanita.

Cobrar valorización por estos trabajos es un absurdo mayor. Ello no significa que nos opongamos al desarrollo del municipio, sino que resulta inaceptable que se cargue con dobles impuestos a la ya agobiada comunidad.

Recogiendo la experiencia de la lucha que los habitantes de Belén han librado en contra de la valorización en la Carrera 76 de Medellín, desde septiembre se empezaron a constituir Comités Cívicos contra el pago de valorización de la Obra 808, inicialmente en el barrio París y luego en La Maruchenga, Barrio Nuevo, Niquía, Rosalpi y Briceño. Se realizaron dos marchas multitudinarias en febrero y mayo, además de foros en los sectores afectados, acciones que han evitado que el grueso de los habitantes pague la valorización. En estas protestas han participado también las Veedurías Ciudadanas.

En la tarea de constituir un frente amplio, se han entablado relaciones con comerciantes, industriales, voceros de las distintas Iglesias, juntas comunales, concejales, colegios y hospitales. Fue así como se llevó a cabo el Foro del 14 de julio, con más de 600 delegados, el cual aprobó un Pliego de Solicitudes y una Declaración Final. Del Foro quedó el compromiso de organizar una gran concentración en el parque principal, el 3 de agosto, en el marco del Paro Nacional de Protesta de los trabajadores colombianos. También se acordó un Paro Cívico Municipal, para derrotar los propósitos de la administración.

“Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal”

César Vallejo

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que Colombia es el país que ofrece mejor salud en América Latina. Hacía tiempo que una noticia no era recibida con tanta sorpresa y tanto escepticismo; ni siquiera los medios de comunicación, tan obsecuentes, pudieron disimular su asombro.

No era para menos. Si algo llena páginas y copa minutos de los noticieros es el lamentable deterioro de la salud de la población y de las instituciones públicas prestadoras del fundamental servicio. No pasa día en que no se sepa del cierre de un hospital, o del incremento del déficit presupuestal anual de tales entidades que en el último lustro ha sido de alrededor de 200.000 millones de pesos anuales; de la escasez de medicamentos que se volvió crónica; de la muerte de los pacientes en las salas de espera de los servicios de urgencias; del martirio de los pobres a los que se les niega la atención por no ofrecer garantías de que podrán cancelar la factura; hasta se ha vuelto común que se retengan los cadáveres mientras los atribulados deudos no paguen o garanticen la cuenta del difunto.

Ante la inconformidad creciente, la alta burocracia culpa de la situación a los magros salarios y a las reducidas prestaciones de los trabajadores del sector. Con base en tales argumentos los últimos gobiernos han perseguido aviesamente a médicos, odontólogos, enfermeras, auxiliares, personal de servicios generales y administrativos. Por ejemplo, a través de los llamados convenios de desempeño, a cuya firma se supeditan los giros presupuestales, se botan trabajadores o se les obliga a renegociar las convenciones colectivas. A los profesionales despedidos se les conmina a conformar cooperativas o empresitas de “economía solidaria” para cotratar, en degradadas condiciones económicas y laborales, con las entidades de las que fueron expulsados.

A aquéllos también les exige más “productividad”, es decir, se concentra en uno lo que antes hacían varios y se reduce a mínimos absurdos el tiempo de duración de los procedimientos. Hoy, bajo la mirada vigilante de cancerberos provistos de cronómetro, los médicos deben con una mano poner el estetoscopio y con la otra elaborar la “factura detallada” del servicio. En general el incremento de la carga laboral es alarmante, se dobla el número de pacientes que debe atender un auxiliar; las vacantes no se reemplazan, el personal de contratistas se suprime y su carga se traslada a los empleados de planta. Además, campean las amenazas de despido, de procesos disciplinarios, la persecución sindical. Ya hay pruebas contundentes de que la sobrecarga laboral y el despotismo han causado un agudizamiento de distintas enfermedades entre los trabajadores, incluidas las afecciones neurológicas.

De otro lado, a la red hospitalaria pública o semipública se le condena a la ruina. Veamos unos pocos ejemplos. Al hospital San Juan de Dios (La Hortúa), que atiende a empobrecidos sectores bogotanos y en el que se forman los médicos de la Universidad Nacional, se le redujo la contratación estatal hasta ponerlo al borde del cierre, y sus empleados completan ya más de un año sin salarios. El alcalde de Bogotá, con el pretexto de acabar la ineficiencia y suplir los recortes de las transferencias de la nación, aplica la fórmula neoliberal de “racionalizar” los gastos mediante la conformación de unas redes de hospitales para, con el argumento de la especialización, suprimir de la mayoría de ellos la prestación de servicios médicos vitales que vienen ofreciendo y para impulsar un plan masivo de despidos. En la clínica Leon XIII del Seguro Social de Medellín los trabajadores y usuarios organizan jornadas de vigilia procurando defender la institución del cierre anunciado por el gobierno.

He ahí el panorama que le deparó a la salud pública la era neoliberal. Éste era el real fondo de los “principios” de eficiencia, universalidad y solidaridad, estampados en la Constitución gavirista y en la ley 100 de 1993, los cuales, según la palabrería de la Carta, garantizarían el “derecho irrenunciable a la seguridad social”. Todo se ha reducido a que quienes aún tienen trabajo tienen que elevar sus cotizaciones, porque deben ser solidarios y contribuir al traslado universal y eficiente de centenares de miles de millones de pesos de los trabajadores y de los fondos del Estado a los magnates de las finanzas que convirtieron la enfermedad en un jugoso negocio para la salud de sus arcas.

Tribuna Roja publicará una serie de artículos sobre entidades claves del sector. En éste número comenzamos con una entrevista a la compañera Emperatríz Ávila, presidenta del sindicato de La Hortúa, quien ha conducido la ejemplar batalla contra el cierre de la entidad.

Emperatriz Ávila, presidenta del sindicato del hospital San Juan de Dios, labora en el área de corte y confección y lleva 16 años en la entidad; lleva un año dirigiendo la recia batalla de más de 2 mil trabajadores contra el plan del gobierno de cerrarlo. Los siguientes son extractos de la entrevista que concedió a Tribuna Roja.

T.R. ¿Qué significado tiene para la capital el San Juan de Dios?

E.A. Esta es una Fundación que tiene 450 años, aquí llegan pacientes de los sectores populares de Bogotá, y practican los estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad Nacional. Su objeto social, que es el de atender a la población más pobre, sobre todo a quienes no están afiliados a ningún régimen. Quien legó estos bienes no lo hizo para que dieran rentabilidad mercantilizando la salud. El gobierno antes asumía una responsabilidad económica, ahora nos dijo: defiéndanse ustedes.

T.R. ¿Compañera, háblenos algo más sobre la financiación del hospital?

E.A Los recursos se obtenían de partidas y auxilios que exigíamos los trabajadores para cubrir el déficit que causa atender a los insolventes. Hace cuatro años el gobierno decidió que eramos privados y que no nos podía dar fondos.

T.R. Aquí práctican los estudiantes de la Nacional, ¿qué recibe el hospital por esto?

E.A. Con tristeza hay que decir que sectores de la Universidad han perdido la ideología que antes tenían. Al empezar el conflicto algunos médicos y estudiantes propusieron que los trabajadores renunciáramos, que acabáramos el sindicato, y se unieron a la campaña del gobierno y la prensa para desprestigiarnos; se fueron a otros centros en donde ni los aceptan gratis, ni les dan la misma calidad de educación, ni tienen manejo directo del paciente como aquí, ni tienen la misma experiencia de La Hortúa. Otro sector más consciente de la realidad nos propuso pelear conjuntamente contra el cierre, con ellos elaboramos un proyecto de ley para que la práctica la costeen los ministerios de Educación y de Salud.

T.R. El gobierno argumenta que los trabajadores ganan demasiado..

E.A. El salario mínimo aquí no llega a $ 400 mil; en la red del Distrito pagan 150 o 200 mil pesos por encima de lo que nosotros devengamos; en el San Vicente de Paul y en el General de Medellín doblan o triplican nuestros sueldos. Quienes ingresamos antes de 1996 los únicos derechos que mantenemos son la retroactividad de las cesantías y la pensión a los 20 años de trabajo. Es el gobierno el que ha provocado la crisis para facilitar la liquidación.

T.R. ¿Hay sectores interesadas en los contratos que el Estado hacía con La Hortúa?

E.A. Sí, aquí había quienes querían formar unas “unidades empresariales” en beneficio de unos pocos; detrás de ellos estaban Colsanitas y la misma Secretaría de Salud que quería apropiarse del Materno Infantil., otros querían el Instituto de Inmunología del doctor Patarroyo.

T.R. Hace 13 meses que no les pagan, ¿cómo han sorteado la situación?

E.A. Hemos subsistido con el apoyo de las cárceles, de la porción del mercado que nos han donado los presos, de la solidaridad de algunos sindicatos, de la de los barrios pobres, y de la de nuestras familias. Hemos empeñado las cosas y perdido los apartamentos; pero vamos a empezar de nuevo ya que logramos lo más difícil que era mantener el hospital abierto.

T.R.¿Qué enseñanzas les ha dejado esta dura resistencia?

E.A.Lo más importante ha sido entender que la clase obrera está muy mal por falta de organización, no tenemos una dirección unificada, ni un proyecto para de verdad no dejarnos doblegar. Lo otro es que casi nos acostumbrarnos a vivir sin salario, porque veníamos a trabajar con la conciencia de defender la salud pública y de algún día tener nuevamente salario. Al principio hubo mucha angustia, pero en este momento la gente ya no llora; llegamos a pensar que seríamos los pacientes para reabrir el área de salud mental, pero no fue así.

T.R. ¿Qué nos puede decir de la represión a que se les ha sometido?

E.A. Nos tomamos el hospital desde el mes de agosto del año pasado, para impedir su militarización; hemos cuidado los elementos y la atención de los pacientes. Cuando efectúamos acciones de denuncia, mandan la fuerza pública a reprimirnos, hemos respondido en la medida de la agresión.

T.R. ¿Pensaron en asumir la administración del hospital?

E.A. Hemos hecho propuestas para mejorar la administración, pero ésta siempre estuvo en mmanos de los jefes de departamento a través de un comité; con ellos coordinábamos para asegurar los medicamentos, el vapor, la alimentación y el combustible, necesarios para atender los hospitalizados y a los enfermos que llegaban a diario. Nosotros no ibamos a administrar una institución quebrada a la que no le darían ni un solo contrato, para luego echarnos la culpa del desastre.

T.R.¿Cuál es la salida?

E.A. Reabrir el hospital; que el Estado le de contratos especiales de atención de pacientes que no tienen recursos; que se nos vincule a la red del Distrito para atender casos de alta complejidad; que se abran áreas que han estado cerradas; incluso vender internacionalmente servicios de trasplantes, resonancia magnética y atención de quemados. El objetivo central es que nos saquen de la ley 100.

T.R. ¿Cómo ha sido el apoyo de otras organizaciones de la salud?

E.A. Nos preocupa un poco que no haya una solidaridad mayor; hay quienes piensan que si acaban el Seguro Social, mejor porque se fortalece el San Juan; que si cierran hospitales de la red distrital, mejor porque se fortalece tal o cual clínica. Sí seguimos así vamos a permitir que el gobierno acabe con todos.

T.R.¿Cómo está el estado de ánimo de la gente y en particular el suyo?

E.A. Estamos optimistas. Yo voy a seguir hasta el final porque es mi obligación estar en las buenas y en las malas. Ya demostramos que podíamos mantener abierto el hospital para no perder la pelea. Ahora viene otra etapa.

Por Gustavo Triana

Fedepetrol y Funtrammetal, organizaciones de segundo grado que agrupan en conjunto a 12.500 trabajadores del petróleo, la petroquímica y el gas, el carbón, la metalurgia y la minería, acordaron el 19 de julio, en Bogotá, realizar en febrero de 2001 un congreso de fusión en que se dará nacimiento a Funtraenergetica, como federación única, y se trazará un plan que apunte a crear sindicatos de industria fuertes en tan estratégico sector de la economía.

Fedepetrol aglutina a operarios de Ecopetrol, Oxy, Texaco, Esso, El Cerrejón, Carbocol, Andercol, Ingerser, Omimex, Gas Oriente y Ferticol. Funtrammetal reúne a trabajadores de las empresas Drummond, Promigas, Gases del Caribe, Colgas, Hojalasa, Colmotores, Mineros de Colombia, Carbones del Caribe, Distral y Hullera de Amagá, entre otras.

Ambas federaciones cuentan con una larga trayectoria en el movimiento sindical y se hallan arraigadas en los sectores que sostienen las exportaciones colombianas, justamente en aquellos donde el saqueo imperialista es más voraz. Es allí donde las concesiones, asociaciones y privatizaciones han favorecido durante décadas el interés de las grandes multinacionales, principalmente las norteamericanas.

Los comités ejecutivos convinieron ya nombre, estatutos y plataforma de lucha, que serán discutidos con cada uno de los sindicatos filiales. Acordaron además un plan de trabajo conducente a sacar del letargo a vastos contingentes del petróleo, el gas y la minería, aún huérfanos de organización.

Los objetivos de Funtraenergetica se centran en resistir la agresión imperialista, defender los recursos naturales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

El gobierno de Pastrana ha planteado que carreteras, puertos y ferrocarriles van a entregarse al sector privado por el sistema de concesión, a favor de unos pocos grupos financieros nacionales y extranjeros, lo cual llevará a instalar más peajes, a aumentar sus costos y a aumentar gravámenes como el de valorización.

Hoy pretende golpear a los pobladores del norte del Cauca con la instalación de unas casetas de peaje en La Ye de Villarrica, lo cual contribuirá a hundir aún más en la crisis a la región.

Invias entregará en concesión el tendido de una variante a la Carretera Panamericana y obras de adecuación y mantenimiento de la vía entre Popayán y Buga, todo ello en una longitud de 516 kilómetros.

El costo de la obra asciende a 445 mil millones de pesos a precios de 1999. En lo que concierne a Santander de Quilichao, el proyecto incluye, como obras principales, la variante de 6.5 kilómetros entre El Tajo y El Yari y la doble calzada Santander-La Ye, en una extensión de 14 kilómetros.

El concesionario recupera las inversiones a través de los recaudos de los seis peajes que le entrega Invias: cuatro ya existentes y dos nuevos, el de La Ye y el de Rozo, en el Valle. Además, se contempla el cobro de valorización a los propietarios de los predios aledaños a las variantes y dobles calzadas.

¿A quién benefician y a quién perjudican los peajes?

Tal como está concebido el proyecto, los primeros beneficiados serán los inversionistas, que se lucrarán durante más de veinte años a costillas de los usuarios de la vía. El otro sector ganancioso es el de los grandes exportadores e importadores, quienes con ahinco vienen presionando el proyecto, pues contarán con una vía rápida para el movimiento de sus mercancías hacia el aeropuerto Bonilla Aragón, la Zona Franca, el puerto seco de Buga y el puerto de Buenaventura.

La gran perjudicada es la población, que tendrá que asumir el pago del nuevo peaje y el incremento oneroso en los precios del transporte.

¿Necesita el norte del Cauca una infraestructura adecuada? Sí, pero que la paguen los empresarios que se han establecido en la región como agentes de las trasnacionales. La consigna del Comité Cívico No al Peaje es entonces: “¡Sí a las obras, no al peaje!”

El 8 de julio, en la Asamblea del Valle, trescientos delegados de las ligas de usuarios del suroccidente del país se reunieron con el propósito de trazar un plan unificado de lucha contra las privatizaciones y el alza en las tarifas. El evento fue convocado por el Frente Ciudadano por la Defensa de Emcali y contó con representantes de Sintraemcali, la USO y otras numerosas organizaciones.

El capital financiero continúa empeñado en apropiarse de Emcali, la más importante empresa del suroccidente colombiano, tal como ya lo hizo con EPSA, antigua CVC. Emcali tiene un mercado de 600 mil usuarios y factura al día, en promedio, $ 2.700 millones. Es dueña de tres mil hectáreas de cuencas hidrográficas, de 2.600 km de redes de acueducto y 2.400 km de alcantarillado, 1.880 km de redes de energía, 160 km de redes subterráneas, 18 subestaciones de energía, 30 centrales telefónicas y una planta de tratamiento de aguas residuales.

A la caza de tan jugoso negocio, el alto gobierno ya intervino a Emcali y está a la espera de un inversionista foráneo, obedeciendo los dictados del Banco Mundial. Para hacer aún más atractiva la compra, la Alcaldía de Cali acaba de decretar un nuevo aumento de las tarifas.

Ya el capital extranjero ha entrado a saco en la empresa. Hace unos años, mediante bonos de deuda pública, Emcali hizo cuantiosas inversiones en Termoemcali, una planta de generación térmica que le está produciendo pérdidas anuales por 50 millones de dólares, pues un aberrante contrato PPA la obliga a comprarle durante veinte años la energía a un consorcio trasnacional.

Ante esta conjura se han puesto en pie de lucha las ligas de usuarios, veedurías, organizaciones sindicales y dirigentes de diversos partidos, entre ellos el MOIR.

La ponencia central del Encuentro fue presentada por Sintraemcali. Aurelio Suárez Montoya, dirigente del MOIR en Risaralda, dictó una conferencia, en la cual afirmó que “con el pretexto de la libre competencia, los últimos tres gobiernos han convertido el monopolio estatal en monopolio privado”. Como consecuencia, “los servicios públicos dejan de ser derechos ciudadanos para convertirse en mercancías, en beneficio del capital financiero internacional y en desmedro del capital productivo nacional”.

Suárez calificó como una gran falacia la política de “las alianzas estratégicas” con el capital financiero internacional en los servicios públicos, ya que las empresas tienen que aumentar permanentemente las tarifas para poder mantener una tasa de ganancia “que deje contento al inversionista”. Denunció que “las privatizaciones exigen que el Estado venda sus activos por debajo de su costo de oportunidad, sin que exista esfuerzo patrimonial por parte de los financistas”. Betania y Chivor, por ejemplo, fueron vendidas en la mitad de su costo. Termotasajero, recibida en 130 millones de dólares, fue puesta en el mercado en sólo 30 millones de dólares. La Empresa de Energía de Bogotá ferió el 50% de su capital, avaluado en 3 mil millones de dólares, por sólo 1.700 millones. De esta manera, la economía nacional se arruina y el único que sale ganando es el capital foráneo.

El encuentro aprobó la siguiente plataforma de lucha:

Derogar la privatizadora ley 142.
Las empresas de servicios públicos deben ser Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Algunas deben ser Establecimientos Públicos. En ambos casos, han de ser administradas exclusivamente por el Estado.
Prohibir la venta de las empresas de servicios públicos.
No permitir su división.
No desmontar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Subsidiar los servicios del sector productivo nacional, es decir, la industria y la agricultura.
Eliminar la estratificación rural.

El encuentro abogó por que la CVC (EPSA) revierta a sus dueños originales y por que sea preservada Acuavalle como empresa única departamental. Por unanimidad, los delegados aprobaron, finalmente, participar en la Jornada Nacional de Protesta del próximo 3 de agosto.

Héctor Valencia H., Secretario general MOIR

Cartagena de Indias, heroica por las históricas batallas de sus pobladores contra toda suerte de agresiones, ha sido escogida como sitial para que Bill Clinton, a nombre de la potencia imperial que preside, manifieste una nueva e intensificada intervención destinada a impulsar la implantación del Plan Colombia, actualmente piedra angular de su política de recolonización de nuestra nación. Dentro de tal propósito, la visita del mandatario norteamericano entraña tanto el reconocimiento a Pastrana por haber dedicado su gestión gubernativa a adecuar el país para la aceptación de dicho Plan, como el respaldo concreto a todas las medidas y acciones que en aplicación de éste han emprendido las instituciones estatales colombianas en conjunción con diversos organismos del gobierno de Estados Unidos.

Es necesario recordar que durante la última década los gobiernos colombianos han aplicado, de manera ora desaforada, ora gradual, pero siempre dócil y perseverantemente, la política de apertura neoliberal que Washington les ha dictado. Todas sus determinaciones de importancia en los campos económico, social y militar han obedecido al cumplimiento de esa política acorde con los intereses de Estados Unidos. Con Pastrana llevando a grados extremos ese servilismo, los resultados no pueden ser más nefastos: gran quiebra de la producción industrial y agraria, millones de compatriotas cayendo en masa en el desempleo y en niveles de pobreza e indigencia insoportables, violencia y terrorismo desatados en campos y ciudades, menoscabo o negación crecientes de los derechos democráticos. No es de extrañar entonces que, como lo testimonian forzosamente recientes encuestas, la población repudie la administración pastranista y afirme que bajo ella seguirá empeorando la situación económica e incrementándose la corrupción y la violencia.

El gobierno de Washington, promotor de este siniestro proceso, ha sido también su interesado guardián mediante un creciente y constante intervencionismo en nuestros asuntos con el pretexto de su presunta lucha contra el narcotráfico y, más recientemente, de proclamadas preocupaciones por la paz, la construcción económica y la democracia. Con el recurso a esta última estratagema busca involucrar como elementos de intervención sus mismas propuestas para «remediar» los males sociales que su política de subyugación sigue generando. Cuestión que enlaza con que ahora Clinton, cual diablo predicador que harto de carne se mete a fraile, esté abogando enfática y públicamente junto a conspicuos dirigentes socialdemócratas europeos, por la justicia social, la reducción de la desigualdad en los ingresos y el fortalecimiento de la «sociedad civil», mientras clama por las bondades del diálogo y la concertación: «permitir a los opositores que expresen su opinión y convertirlos en socios constructivos». Al predicar estos salmos con miras a un remozamiento del neoliberalismo y a la aceptación de su política de globalización, también aguarda generar en los diferentes países corrientes políticas que adopten una complaciente pasividad o diversos grados de colaboracionismo con la potencia norteamericana. Precisamente entre nosotros y respecto al Plan Colombia, ya han surgido quienes se inclinan por la concertación sobre medidas antipopulares y antilaborales que le son complementarias, partidarios de gestiones y fórmulas alternativas dentro de sus lineamientos y hasta adeptos a buscar consensos para su aplicación.

El Plan Colombia es un plan de intervención integral. Le traza una estrategia al Estado para cuyo cumplimiento incide en la estructura y funciones de sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; ahonda y refina los aspectos de la apertura económica, y dota de considerable armamento al ejército y la policía, con lo que les regula sus operaciones contra el narcotráfico y las agrupaciones armadas, y legitima que Washington disponga a su arbitrio la magnitud, modalidades e intensidad de la rampante intromisión militar que ha puesto en marcha.

Dada su amplia cobertura, el Plan Colombia contempla medidas, con sus correspondientes aportes, en asuntos como el llamado desarrollo de cultivos alternativos, el medio ambiente, el sistema judicial y el penitenciario; ayudas a la fiscalía y las administraciones municipales, recursos para organizaciones no gubernamentales (ONG) y para los trabajadores de derechos humanos, entrenamiento de fiscales, y hasta aporta dólares para la evaluación de estrategias de negociación en el proceso de paz. Es lógico que estas contribuciones monetarias para los diversos componentes del Plan tengan su contrapartida: el entrometimiento de instituciones y funcionarios norteamericanos en las respectivas organizaciones colombianas –públicas o privadas, incluidas las «independientes» o las de la «sociedad civil» que sean cooptadas— para controlar y determinar el cumplimiento de sus tareas. La lesión a nuestra soberanía que así se configura no puede ser más intolerable.

A la visita de Clinton la ha precedido la presencia de funcionarios civiles y militares de jerarquía en Washington, quienes, cual avanzada, ocuparon el escenario que les brindó en la asamblea de la ANDI su desaprensivo presidente para aleccionar a la apocada concurrencia sobre el apoyo a un plan que, en palabras crudas de quien los presidía, Thomas Pickering, «tiene elementos que afectan cada empresa, institución, electorado y ciudadano de Colombia». Tras ellos y junto a los «asesores» militares gringos, quienes se sumarán a los centenares ya instalados en los comandos, llegará un destacamento de funcionarios que, de acuerdo con reciente directiva presidencial, aumentarán el esfuerzo estadounidense para ayudarle a Pastrana a poner en práctica el Plan. Esta demasía la justifica el mismo Clinton como «la manera correcta de adelantar los intereses de Norteamérica en la región».

Al hollar nuestro suelo para ejecutar el lanzamiento del siniestro Plan, Clinton infiere una despótica y grosera ofensa a la nación que, ineluctablemente, despertará en los compatriotas de bien la más absoluta abominación, y suscitando repudio entre las gentes que con dignidad mantienen viva su raigambre nacional, defienden sin atenuaciones la soberanía y atesoran un auténtico espíritu democrático. Esta erguida postura, manifestada ya en los sucesivos y triunfales paros de los trabajadores, en las protestas y luchas de los más diversos sectores sociales y en la actitud crítica de profesionales e intelectuales honestos, será el soporte fundamental de la resistencia civil contra la implantación del nuevo proyecto imperialista.

¡Afuera Clinton y su Plan Colombia!

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central

Héctor Valencia H.,

Secretario general

Bogotá, agosto 17 de 2000.

Acuerdo programático del MOIR y el PSOC

Colombia atraviesa por la peor crisis de su historia contemporánea. La política de apertura económica, impuesta por los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, lesiona de manera grave la producción nacional industrial y agropecuaria, le entrega a la iniciativa privada empresas que deberían mantener su carácter estatal, y ha llevado a cifras alarmantes el desempleo y el empobrecimiento de los colombianos.

La situación de Bogotá no es sino el reflejo de la crisis nacional. En el pasado decenio la capital ha experimentado un acelerado proceso de desindustrialización. En los dos últimos años se liquidaron 284 empresas y el desempleo se elevó por encima de 20%. Parejo con este deterioro de la economía, la administración distrital ha elevado escandalosamente los tributos y el grueso de los recaudos se destina a obras faraónicas y de ornato. Detrás de esta política se esconde el propósito de convertir a Bogotá en una ciudad de servicios para que las multinacionales establezcan sus sedes de operación hacia América del Sur y, en especial, hacia la Zona Andina. La expedición por decreto del alcalde del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, garantiza la continuidad de semejante política durante los próximos diez años.

Ante esta situación crítica de la nación y de la ciudad, se impone la unidad y la coordinación de quienes estamos por un futuro próspero y democrático para la nación colombiana. En la búsqueda de estos objetivos, se requiere de la más amplia participación de la población para que, sin discriminación de edad, sexo, raza, clase social, religión o color político, se aglutine a todos los que estemos por una patria mejor para los colombianos.

Como marco de orientación de nuestra acciones en el Distrito Capital, los abajo firmantes proponemos los siguientes puntos:

1. En nuestro accionar político y en el Concejo Distrital, trabajar por la defensa de la soberanía de la nación, el mantenimiento de la unidad territorial del país y la defensa de la producción nacional, y en contra del Plan Colombia, de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, de la política de apertura económica y del debilitamiento del mercado interno por el predominio de las importaciones y la disminución en la capacidad adquisitiva de los más amplios sectores populares.

2. Oponernos a las propuestas de desarrollo basadas en la subcontratación internacional, el ensamblaje y la promoción de la capital del país como ciudad de servicios para el capital extranjero.

3. Luchar contra la venta de la ETB, de la EAAB y de aquellas empresas del Estado vitales para el desarrollo nacional y el bienestar de los colombianos, asegurando el honesto y eficiente manejo administrativo. En consecuencia, pugnamos por el retorno de la totalidad de la EEB al patrimonio del Distrito y al servicio de los capitalinos.

4. Defender un sistema gratuito y de calidad para la educación de la niñez y la juventud de la capital, que cubra desde el preescolar completo, e impedir que los establecimientos educativos sean entregados a las ONG en un proceso de privatización que va a afectar principalmente la educación media. Nos oponemos al desmantelamiento del sistema de salud con el cierre de hospitales, la fusión entre ellos y su conversión en empresas mercantiles.

5. Luchar para que los servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos, y rechazar las altas tarifas, el cobro del alumbrado público, el desmonte de los subsidios y exigir que prime el criterio social de servicio y no el de la máxima rentabilidad. Con este propósito nos comprometemos a impulsar la organización de los usuarios de los servicios públicos.

6. Impulsar una reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, que elimine la excesiva concentración de poder en el alcalde, que fortalezca el Concejo Distrital, derogue las disposiciones fiscalistas, como el cobro a las obras por valorización e impida el establecimiento de peajes urbanos. En este sentido, estamos por un sistema impositivo y fiscal cada vez más equitativo y progresivo.

7. Denunciar a los defraudadores de los recursos y bienes del Estado, y exigir su castigo ejemplar.

8. Fomentar el establecimiento de planes de vivienda de interés social que faciliten la adquisición de vivienda digna y adecuada y buscar soluciones definitivas a las deudas con las corporaciones de ahorro y vivienda.

9. Buscar mejores condiciones de vida y de trabajo para la población, mediante la definición de políticas que conduzcan a precios equitativos y razonables en los artículos de primera necesidad, en las tarifas del transporte y de los servicios públicos, así como con el establecimiento de sueldos y salarios que eleven la capacidad adquisitiva de la población, de forma que se mejore el nivel de vida de los colombianos y se respalde el desarrollo de la industria y el agro nacional.

El PSOC y el MOIR trabajaremos por movilizar a toda la ciudadanía en torno a este programa.

Por el Partido Socialdemócrata Colombiano, PSOC:

Jaime Dussán Calderón, Ismael Beltrán Rodríguez, Álvaro Argote Muñoz.

Por el MOIR:

Carlos Naranjo Ossa, Francisco Valderrama Mutis, Francisco Cabrera Gutiérrez.

(Intervención del MOIR en el programa de televisión por el Canal RCN. Agosto de 2000)

Buenas noches

Como lo ratifica una reciente encuesta, la gran mayoría de los colombianos rechaza la gestión del gobierno de Pastrana, lo considera deshonesto y cree que bajo el resto de su presidencia lo que le espera a Colombia es peor situación económica, mayor corrupción y más violencia.

Ahora se informa que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, vendrá a respaldar personalmente este gobierno que las mayorías de nuestro pueblo tanto repudian. El jefe del imperialismo hollará nuestro suelo patrio, para anunciar que intensificará su intervención a fin de ayudarle al gobierno de Pastrana a aplicar el plan que le ordenó, el llamado Plan Colombia y, así, según sus propias palabras, sacar adelante los intereses norteamericanos en esta región.

Con la anunciada visita de Clinton será más nítida en Colombia la línea divisoria entre el imperialismo norteamericano y el gobierno vendepatria de Pastrana, por un lado, y, al frente, las grandes mayorías del país, las gentes demócratas y patriotas, a cuya vanguardia están los trabajadores que realizaron recientemente el triunfal Paro Nacional de Protesta.

Ante la oprobiosa presencia de Clinton, y en armonía con los intereses y la dignidad de nuestra nación, el MOIR llama a corear la siguiente consigna: ¡Afuera Clinton y su Plan Colombia!

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, secretario regional del MOIR en Caldas

El acuerdo de Actitud Renovadora y el MOIR, en torno a la candidatura de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal a la gobernación de Caldas, era un compromiso integral con dos partes. Primero: responsabilizaba de la crisis nacional a las políticas neoliberales de apertura y privatización impuestas por el llamado Consenso de Washington, comprometiéndonos a luchar por la soberanía nacional, contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, por la protección a la producción urbana y rural, por la no privatización de La Chec, en defensa de la educación y la salud públicas, en contra de las alzas en las tarifas y la reducción de los ingresos de los colombianos, por una solución política y soberana del conflicto armado y contra el terror y la violencia, vinieren de donde vinieren. Y segundo: dejaba sentado que Actitud Renovadora quedaba en libertad de votar por quien quisiera al Senado de la República, pero que ello sólo lo determinaría después del 29 de octubre, para no crearle trabas y compromisos burocráticos a la mayor unidad posible en torno al proyecto de cambio que estábamos propiciando en la política caldense, tanto en las elecciones como después de ellas. Se trataba de un acuerdo patriótico que nos diferenciaba, en el fondo y en la forma, de la manguala que ha mal gobernado a Caldas y a Colombia.

Es obvio que la alianza pudo pactarse porque el MOIR no exigió que la candidatura de unidad la encarnara Jorge Enrique Robledo Castillo y tampoco exigió que Actitud Renovadora respaldara su nombre al Senado de la República, a pesar de que muchos caldenses clamaban por lo uno o por lo otro. La importancia del acuerdo programático alcanzado bien justificaba una conducta consecuente de nuestra parte.

A diferencia del pacto entre el MOIR y Actitud Renovadora, el que después acordaron Luis Alfonso Hoyos y Luis Emilio Sierra, para respaldarse mutuamente a Gobernación y Senado y repartirse la burocracia departamental, fue una componenda dirigida a satisfacer mezquinos apetitos personales, a la cual se llegó por el descarado chantaje electorero del uno y la falta de carácter del otro. Es evidente que ese pacto, el cual ni siquiera se nos consultó, viola el acuerdo programático que habíamos firmado con Hoyos y rompe el compromiso de Actitud Renovadora de mantener su neutralidad frente a las candidaturas al Senado. He ahí otro episodio del conocido «yo te rasco para que tu me rasques» de la politiquería colombiana, que Luis Alfonso Hoyos tanto dice repudiar.

Pero no obstante la gravedad de la violación de la palabra empeñada por parte de Luis Alfonso Hoyos, el MOIR hizo esfuerzos para salvar el acuerdo alcanzado.

Por ello le ofrecimos mantenerle el respaldo a su candidatura, siempre y cuando reconociera públicamente su error y regresara a la posición anterior a su acuerdo clientelista con Luis Emilio Sierra. Infortunadamente, al final pudieron más sus ambiciones electorales que la trascendencia de una propuesta de unidad democrática y patriótica.

Ante estos hechos, llamamos a los caldenses que estén por sacar al departamento y a Colombia de la tragedia que padecen a no respaldar a ningún candidato a la Gobernación, porque es evidente que ninguno de ellos representa una verdadera opción de cambio y porque las elecciones no pueden seguir siendo el juego de bobos de escoger entre el peor y el más malo.