Categoría: Tribuna Roja Nº 100, septiembre 1 de 2005

Por Jorge Enrique Robledo, senador

Según El Tiempo del 2 de agosto de 2005, Andrés Pastrana dijo: «La pregunta es si es lícito negociar con tal poder electoral (que representan los paramilitares) mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías». También afirmó: «Tampoco es sano para una democracia que un gobernante esté comprando conciencias para aprobar la reelección. Paradójicamente, Uribe pasó de prometer meri¬tocracia a ser el Presidente que más ha oxigenado a la vieja clase política».

Pero una vez nombrado embajador en Washington, intentó su defensa: «Ni el Presidente me compró la conciencia, ni yo le vendí mis principios». «¡Ya voy, Toño!», comentó D’Artagnan, en su columna de El Tiempo. Dos días después de esta opinión, el presidente Uribe Vélez le ofreció a este periodista la Embajada de Colombia en Canadá.

Sobre el nombramiento del expresidente Andrés Pastrana como embajador de Colombia ante la Casa Blanca, las opiniones en los medios de comunicación fueron comunes alabando tal decisión, o por lo menos justificándola. No faltaron los que la calificaron como una «jugada maestra» de Uribe, e incluso alguno dijo que por esa vía el hijo de Misael saldría del descrédito que lo acosa y se convertiría en presiden¬cia¬ble.

Ante semejante espectáculo, somos muchos los colombianos, bastantes más de los que piensa el uribismo, que no sabemos qué es lo peor en esta historia: si la compraventa implícita en la nueva relación entre Uribe y Pastrana, las coincidencias de fondo que sostienen un contubernio que avergüenza a Colombia ante los países civilizados del mundo o la actitud de quienes, vanamente, intentan cubrir con un manto de respetabilidad lo que carece de toda dignidad.

Es imposible que alguien pueda demostrar que Uribe no «adquirió» a Pastrana, y que no lo hizo con el mismo tipo de práctica politiquera y clientelista que ha hecho famoso a este gobierno, método que, con razón, había denunciado en todos los tonos el ex presidente conservador. Y a quienes pretenden lavarle la cara al Presidente aduciendo que la culpa recae sobre su nuevo Embajador, cabría preguntarles quién es más culpable, según la vieja máxima: si el que peca por la paga o el que paga por pecar.
La nueva alianza entre Uribe y Pastrana, que reencaucha la ocurrida durante las elecciones presidenciales del año 2002, tiene como fundamento la coincidencia en torno a la aceptación de las políticas ,que vienen de Washington, medidas que, como puede demostrarse hasta la saciedad, se inspiran en tres grandes lineamientos: sustituir trabajo nacional por trabajo extranjero, estimular la concentración de la riqueza en manos de unos poquísimos y gobernar con el criterio de que el país funciona mal porque los pobres y las capas medias todavía viven demasiado bien.

En términos de la necesidad política de defender lo que no tiene defensa, no es sorprendente esta alianza cuando caminan decisiones tan contrarias al progreso del país como las que cada día se destapan en las «negociaciones» del TLC, en la anunciada reforma tributaria para subirle los impuestos al pueblo y bajárselos a las transnacionales y en el incumplimiento de la palabra presidencial sobre la no privatización de Telecom y la Refinería de Cartagena.

Y aunque sea paradójico, por tanto, el nombramiento de Pastrana no expresa fuerza sino debilidad.

La actitud de justificar el espectáculo bochornoso que se comenta tiene dos explicaciones. De una parte, así se expresan los amigos de Uribe y de Pastrana, quienes, por razones obvias para ellos, no van a permitir que sus escrúpulos los contrapongan con el poder de sus jefes. Y, de la otra, si algo caracteriza la descomposición del país, fenómeno que tanto se ha profundizado en esta administración, es que desde las cumbres del poder se les viene inoculando a los colombianos la idea de que «en política, todo vale», sin importar cuáles sean las posiciones que se asumen, siempre y cuando conduzcan al éxito personal de los protagonistas.

Pero se equivocan quienes así actúan, si creen que todos los colombianos pensamos como ellos, que el horrible país que modulan carece de reservas morales y que nadie cae en cuenta de lo que pasa o nadie repudia esas actuaciones. Porque por muy grave que sean las crisis, y notorio el implacable socavamiento de la capacidad de resistencia a la ignominia, siempre las naciones, todas las naciones, aferradas a posiciones de principios, terminan por salir hasta de los peores pantanos.

Declaración del senador Jorge Enrique Robledo

«Soy consciente de que es duro calificar de robo lo que quieren hacer en Telecom. El multimillonario mexicano Carlos Slim solo dará por más de la mitad de Telecom 150 millones de dólares, pues el resto, hasta llegar a 1.700 millones de dólares, los pagará con las propias utilidades de la empresa y a lo largo de quince años. ¿Cómo calificar que se entregue a solo 136 dólares cada línea instalada de propiedad de Telecom?

«Las cifras son elocuentes. Telecom tiene dos millones ciento noventa mil líneas. Es una empresa que el año pasado obtuvo utilidades operacionales por cuatrocientos mil millones de pesos (152 millones de dólares) sobre ingresos de novecientos setenta y nueve mil millones, lo que da un margen operacional del 48%, el mejor del sector de las telecomunicaciones; controla el 60% de la larga distancia nacional y el 40% de la larga distancia internacional.

«Es sabido que lo más promisorio en las telecomunicaciones no son los celulares sino la telefonía fija, porque es la que permite mover por Internet todos los negocios de banda ancha y de transmisión de voz, de datos y de imágenes. Así como la telefonía IP, que es el futuro de las llamadas de larga distancia.

«Que el gobierno nacional nos explique por qué el señor Fabio Echeverri Correa, presidente de la junta directiva de Telecom, un negociante famoso en Colombia, resulta ser tan pésimo cuando se trata de hacer negocios con el patrimonio del Estado».

Jorge Enrique Robledo, senador

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo Bogotá en el sepelio de la camarada Consuelo Suárez, Bogotá, 13 de agosto de 2005:

Le damos el último adiós, sus familiares, amigos y compañeros, a Consuelo Suárez Montoya, con quien todos, cada uno a su manera, compartimos momentos inolvidables, momentos que la mantendrán entre nosotros.

Nos acompañarán también los rasgos de su personalidad que nos hicieron, además, respetarla y admirarla, sentimientos que se generan por razones que van más allá del afecto que suele acompañar al parentesco o la amistad.

Entre sus virtudes, escogí destacar en estas palabras, que me impuse fueran pocas, que Consuelo fue valiente, virtud de las más difíciles de lograr y que tanta falta hace en el mundo de hoy. Con valor la vimos capoteando las duras pruebas que le impuso la vida. Y así, también, con entereza y dignidad, libró su batalla final.

En este honroso deber de despedir a Consuelo debo resaltar también una faceta de su personalidad que ella no me hubiera perdonado dejar de mencionar. Me refiero a que en los asuntos medula¬res de nuestra lucha política, en esos en los que nos jugamos la vida, ella no vaciló en defender su verdad.

Queridos familiares –Doña Olga, Aurelio, demás hermanos y sobrinos–, amigos y compañeros de Consuelo: permítanme despedirla diciendo que detrás de su dulzura y aparente fragilidad, las cuales tanto cariño nos inspiraban, hubo una mujer especial, una mujer de un temple especial.

Por Aurelio Suárez Montoya

Después de once rondas de negociación y de las declaraciones del presidente Uribe y del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, acerca de la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el balance del proceso contiene la cesión por parte de los negociadores colombianos a Estados Unidos de casi todo el mercado industrial nacional; de la protección del sector agrope¬cuario, el cual queda a merced de las picardías del comercio agrícola norteamericano basado en los subsidios estatales; de la privatización de los servicios públicos esenciales, entre los que se cuentan además las fuentes de agua; de la biodiver¬sidad y los conocimientos ancestrales vinculados a ella; de una parte muy amplia de la legislación nacional, derrumbada o modificada según los intereses expansio¬nistas de Estados Unidos; de la soberanía territorial, al no incluirse en el TLC, por ejem¬plo, conceptos como el de las 200 millas de explotación económica, y hasta de la política económica, subordinada a las maniobras especulativas de los flujos de capital financiero.

Colombia está postrada en las mesas de negociación y, luego de la reunión en el Rancho Crawford, las órdenes de Bush se han implementado a cabalidad. Confirmando lo que se había previsto desde el inicio de las negociaciones, en mayo de 2004, por los sectores más esclarecidos de la sociedad, el gobierno decidió, a partir del trágico-cómico encuentro presidencial, zafarse de los eventuales compromisos que había adquirido con los gremios inquilinos del «cuarto de al lado» y anunció que «asumiría los costos políticos» que le trajera la suscripción del TLC. Se avisó de un rompimiento del ritual de conciliación que tenía felices a todos y no solamente se tiró por la borda en Washington, pocos días después de la cita de Texas, lo que algunos denominan como «estrategia conjunta» sino que en el caso más sonado, en el de la agricultura, ya se está en la idea de apenas brindar alguna defensa a tres productos: maíz, arroz y algunas presas de pollo; una defensa que, al final, será vulnerable. En tanto el compromiso es que tarde o temprano, y más lo segundo que lo primero, no habrá arancel alguno que pueda atajar la avalancha de excedentes venidos del norte de América.

Contra la entrega del país se han venido pronunciando erguidamente, mediante consultas populares, los arroceros, los productores agropecuarios de clima frío y las organizaciones sociales del Cauca, como también los indígenas del Tolima, que llevaron a cabo una gran Minga en días recientes, con una marcha entre El Guamo e Ibagué.

Consulta arrocera

No obstante tan desgraciado comportamiento oficial, acompañado del desprecio por la mayoría de la nación, los agricultores y campesinos de Colombia han adoptado formas de resistencia y de acumulación de fuerzas para cuando los momentos cruciales exijan el embate final. Aprendiendo de las comunidades indígenas y campesinas de los seis municipios del oriente del departamento del Cauca, que en marzo dijeron SÍ a la vida y NO al TLC, los productores de arroz de la zona central hicieron una consulta popular que abarcó los cuatro departamentos que responden por 80 de cada 100 toneladas de arroz de las que se producen en Colombia. En 36 municipios de Tolima, Huila, Meta y Casanare, el domingo 6 de junio hubo más de 90 urnas donde 6.300 productores, 70% de los que podían votar, respondieron dos preguntas acerca de su posición sobre un tratado en el que el arroz y demás productos agropecuarios subsidia¬dos quedaran incluidos. De los votantes, 99,6% contestó que NO. Esto fue, además, un rechazo a la propuesta oficial en la mesa agrícola del TLC preparada en mala hora por Fedearroz.

Consulta a agricultores de clima frío

Del mismo modo, en 20 municipios de los departamentos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, donde se encuentran los cultivos más representativos de trigo, cebada y avena y también zonas muy importantes de siembra de papa y de lechería campesina, el 4 de septiembre se va a hacer una Consulta Popular para conocer la opinión de los cultivadores acerca del TLC, que incluya esos cereales y demás productos agropecuarios de clima frío. Hay que notar que estos productores, en los términos en los cuales se conocen las ofertas que Colombia ha hecho a Estados Unidos, están ya sacrificados por el gobierno al prometerse a los norteamericanos el ingreso inmediato de dichos renglones al mercado nacional, y sin arancel alguno. Los campesinos y agricultores de estas regiones no tienen siquiera la posibilidad de transformarse en productores de otras cosechas; muchos de ellos han persistido en los cultivos tradicionales porque las condiciones ecológicas y económicas no les permiten cambiar.

La competencia entre Estados Unidos y Colombia es completamente desigual. El sector del trigo estadounidense recibió en el año 2003 más de 1.700 millones de dólares en forma de subsidios estatales. Ese país debe exportar cerca de la mitad de lo que produce (43%) y es conocido que sus granos se venden en el exterior con un precio de hasta 44% por debajo de los costos de producción. La producción de un bushell de trigo cuesta 6,24 dólares y se exporta a 3,5. Las importaciones con arancel cero que vendrán con el TLC, según lo entregado por los negociadores colombianos, podrían incluir además las harinas, los residuos de los procesos industriales, las pastas y la sémola. En relación con la cebada, hay que notar que desde el gobierno de César Gaviria el monopolio cervecero (Bavaria, hasta hace poco de Julio Mario Santo¬domingo) había adquirido licencia para comprarla en el extranjero, también a precios por debajo de los costos de producción, lo cual produjo la desaparición a partir de 1992 de casi 30.000 hectáreas y 50.000 toneladas. Las denigrantes acusaciones sobre la «ineficiencia» de los productores colombianos se fundan en un comercio donde el dumping se impone, lo cual quedará completamente legalizado al ser aprobado el TLC. Lo de la cebada es una muestra clara: de acuerdo con lo fijado en la Ley Agrícola de 2002 en Estados Unidos, un productor de dicho cereal recibirá 11 dólares por cada tonelada que produzca y, además, préstamos para comer¬¬cialización a tasas subsidiadas cuando el precio de la tonelada en el mercado sea inferior a 86,35 dólares, y les reconocen pagos compensatorios cuando el precio en el mercado interno esté por debajo de 101 dólares por tonelada.

Con base en lo expuesto, cualquiera puede entender por qué los agricultores de clima frío se deben pronunciar contra la ordalía a que se les va a someter con el TLC. Y esto es extensivo a los productores de papa y leche. En relación con este último producto, se sabe que el pago directo por litro producido en Estados Unidos equivale a 450 pesos colombianos más el precio de compra; esto hace imposible pensar en exportaciones nacionales exitosas con precios remunerativos para los productores y también que cualquier volumen o cantidad importada de leche en polvo o larga vida que llegue a «precio de quema» al país puede perfectamente tirar al piso los precios de compra a los productores; quienes, dicho sea de paso, ya están amenazados con la reciente declaratoria del gobierno de «libertad controlada de precios». En cuanto a la papa, basta mirar que en los estados de Idaho y Nebraska y en otros de los primeros en producción del tubérculo en el país del Norte, el promedio es de 40 toneladas por hectárea, mientras que en Colombia, en el mejor de los casos, no llega a 20. Acá existe la posibilidad de vulnerar el mercado nacional en segmentos donde la demanda se enfoca hacia presentaciones de papa precocida o semipro¬cesada o incluso en chips.

En el Cauca, ampliación de la consulta contra el TLC

También en el departamento del Cauca, para hacerla entre el 26 y el 28 de agosto, fueron convocadas nuevas organizaciones sociales a otra Consulta Popular sobre el TLC. El Consejo Regional Indígena, CRIC, y la Asociación de Pequeños y Medianos Pro ductores del Cauca, Agropemca, entre otras, les pedirán a sus asociados el respectivo concepto sobre el nocivo Tratado. Se espera que por lo menos otros 50 mil productores den su opinión. Igualmente, 117 resguardos indígenas de Colombia, encabezados por los del Tolima, marcharon desde Guamo hasta Ibagué entre el 24 y el 26 de agosto para rechazar el TLC y exigir del gobierno de Uribe atención a las condiciones de miseria y hambre en las cuales viven y que se agravarán cuando entre en vigencia el inicuo Acuerdo.

La conducta oficial y las reacciones gremiales

No es de extrañar que la actitud gubernamental frente a las distintas manifestaciones sociales contra el TLC sea de desdén y menosprecio. Nada importa, el presidente Uribe Vélez ha impuesto el «sí o sí». Frente a la autoritaria conducta, típica del estilo característico del régimen uri¬bista, se empiezan a escuchar en tonos más altos los reproches de los mismos grupos a quienes el gobierno había tenido hasta hace poco como interlocutores válidos. «Es un contrato de adhesión», han afirmado voceros de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y de la Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce.

Y los cultivadores de algodón no justifican que se vaya a otorgar una ventaja imposible de disputar a la fibra norteamericana que se exporta con cotizaciones 55% por debajo de los costos. Los cultivadores de palma africana reclaman por las concesiones hechas a las oleaginosas, como aceites de girasol, canola, maíz, soya y similares, que los afectarán indefectiblemente. un Y en el azúcar, un artículo que es considerado como potencial ganador en el TLC, los productores de caña se quejan de los bajos precios de compra que les anuncian los ingenios para adquirirles su producción , la que será destinada a la elaboración de etanol para ser mezclado con la gasolina y usado por el parque automotor nacional.

Nadie en el sector agropecuario está conforme con la forma como el gobierno ha decidido acometer lo que él mismo llama la fase política de la negociación del TLC. Todo resultó tal como algunas organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, lo habían advertido de antemano, y como en forma permanente con gran claridad e inteligencia lo señalara en infinidad de ocasiones el senador Jorge Enrique Robledo, en sus debates en el Congreso y en centenares de conferencias, reuniones y discursos a lo largo y ancho del país.

Debemos reforzar la resistencia civil por la soberanía económica

En la medida en la cual el gobierno arremete y Estados Unidos acosa por una suscripción rápida del TLC, los esfuerzos de unidad y de resistencia del sector agropecuario nacional han de ser mayores. George W. Bush «le puso las botas» a Uribe Vélez para que proceda como capataz de lo que el Imperio considera una manada dócil. Lo deseable es que se forje la más amplia unidad que le produzca al TLC todos los obstáculos posibles para su cristalización: desde los recursos jurídicos hasta la movilización generalizada. En ningún caso habrá razones para discriminar a nadie. Todos los afectados por el Tratado debemos unirnos férreamente.

Si al gobierno sólo le resta como su única carta la capacidad de engaño y manipulación de la opinión rural, a los productores y al pueblo en general les sobran motivos para rechazar la pretensión colonizadora de Estados Unidos, con la connivencia de los gobernantes genuflexos de nuestra nación. A unos se les acaba la retórica, a otros la paciencia. E incluso los sueños de acceso al mercado norteamericano, «el mercado más grande del mundo», que durante tanto tiempo acariciaron algunos, se desvanecen ahora con el duro despertar frente a la decisión presidencial de firmar a toda costa.

El Paro Cívico Nacional del 12 de octubre, entre cuyos propósitos principales se encuentra la lucha contra el TLC, será una primera ocasión para ir aglutinando a todas las clases y sectores dispuestos a librar la batalla frontal contra el TLC. Poco a poco debe irse cuajando un gran frente de unidad nacional que tenga en cuenta que: «Si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación; y si, en procura de un brillante porvenir, simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar a la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa», tal como lo pidiera Francisco Mosquera en su admirable advertencia contra la apertura del revolcón de César Gaviria y de Rudolf Hommes. Ahora más que nunca debe retumbar por toda Colombia la consigna acuñada por Mosquera: «¡Por la soberanía económica, Resistencia Civil!».

Por Gustavo Triana

El acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional, Ecopetrol y la USO, con la participación como garantes de la Iglesia Católica, la CUT y el Concejo de Barrancabermeja, puso fin a la patriótica huelga de 35 días que culminó en mayo de 2004. Las partes acordaron no privatizar a Ecopetrol, dotarla de autonomía financiera y adelantar el Plan Maestro de Cartagena, nombre con el que se conoce la ampliación y modernización de la refinería de dicha ciudad.

Alegando que deben dar cumplimiento a las metas fiscales impuestas por el FMI, y muy a pesar de contar con distintas fuentes para financiar ese estratégico proyecto tan importante para Cartagena y para todo el país, Uribe, Carrasquilla, Mejía y Yano¬vich han notificado que la Refinería de Cartagena se privatizará y, en consecuencia, la nueva empresa será operada por inversionistas privados pues tendrá sólo 49% de participación estatal.

El proyecto es estratégico por varias razones: el inminente déficit de combustibles líquidos que enfrentaremos al perder la autosuficiencia en crudo; los elevados precios internacionales; la importancia del desarrollo de la petroquímica, principalmente en la Costa Caribe, y la rentabilidad del proyecto. La refinería pasará de cargar 78 mil barriles diarios a 140 mil y se adecuará para la producción de materia prima con destino a la industria petro¬química. El costo se estima en 800 millones de dólares, con una alta taza de retorno de la inversión, si tenemos como referencia que el margen neto de refinación actual es de 2.35 dólares por barril, margen que aumentará con la modernización.

Ecopetrol puede perfectamente desarrollar el proyecto con asignaciones precisas en el presupuesto nacional, como ya había sido aprobado en el gobierno de Andrés Pastrana. Ecopetrol tiene en el Fondo de Estabilización Petrolera, FAEP, más de 1.100 millones de dólares y 1.1 billones de pesos en un portafolio de inversiones temporales no estratégicas que puede recoger y dedicarlo al Plan Maestro de Cartagena. La estatal petrolera tiene además la capacidad de endeudamiento que requiere un proyecto de semejante magnitud. Si no se le confía a ella, es por las imposiciones del FMI y por favorecer a las trasnacionales del petróleo, en claro detrimento de los intereses nacionales y de nuestra soberanía.

Como no es posible adelantar esa política antinacional sin antes golpear la valerosa resistencia de la USO, Yanovich y el ministro de «Desprotección Social» continúan desconociendo las recomendaciones de la OIT, que no encontró fundamento en la ilegalización de la huelga del año pasado. Ese organismo de las Naciones Unidas exigió reconsiderar las sanciones tomadas contra los dirigentes y huelguistas y cesar todos los procedimientos. En contravía de la OIT, Yanovich y los demás apátridas ejecutivos de Ecopetrol siguen dedicados a sancionar con suspensiones de hasta noventa días a los dirigentes, imponerles cobros pecuniarios de hasta cinco millones de pesos por las protestas y tratan de volver a despedir a los ciento seis compañeros reintegrados por el tribunal ad hoc.

La USO, aun en proceso de recuperación después de la intensa batalla librada y con los fondos económicos completamente diezmados, sabrá sobreponerse y sacar adelante las tareas que se ha propuesto para defender a Ecopetrol, hacer respetar los acuerdos y obligar al gobierno y a la administración a cumplir las recomendaciones de la OIT.

Afiliando al ya mayoritario contingente de obreros vinculados por el sistema de contratistas, acercando a los trabajadores de la mal llamada nómina directiva y granjeándose de nuevo la simpatía de las poblaciones petroleras, la USO cumplirá con su histórico papel, como defensora de la riqueza nacional.

En todo el país se multiplican las expresiones de respaldo para la candidatura unitaria de Carlos Gaviria a la Presidencia de la República. Las fotogradías muestran aspectos centrales del Congreso Nacional de Unidad, convocado por Alternativa Democrática los pasados 19 y 20 de agosto, del acto de lanzamiento de sus Bases Programáticas, de un acto de campaña en Neiva y de la sede de la campaña Gaviria Presidente (calle 37 N° 15 – 73, Bogotá)

Miles de dirigentes nacionales y departamentales se hicieron presentes el 19 de agosto en el Gran Congreso Nacional de Unidad convocado por Alternativa Democrática con el objetivo de ratificar el respaldo a la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, las Bases Programáticas que sirven de marco político e ideológico a la campaña y la propuesta de «Unidad Total» que se le enviara al Polo Democrático Independiente desde enero del presente año. Durante el día se trabajó en nueve comisiones que recogieron sugerencias para el Plan de Gobierno que Carlos Gaviria le presentará al pueblo colombiano para la trasformación de nuestra sociedad en todos los campos: político, económico, social, cultural, relaciones internacionales y tratamiento del conflicto armado interno. La discusión clara, franca y sincera fue la nota predominante en todas las comisiones.

En la noche, el acto central del Congreso superó todas las expectativas, por la masiva asistencia y el entusiasmo, alegría y fraternidad de todos los participantes. Globos multicolores con el nombre de Carlos Gaviria, centenares de pancartas, pendones y banderas engalanaron el recinto y dieron cuenta de la presencia allí de las distintas organizaciones que conforman a Alternativa Democrática

En la mesa de honor tuvieron asiento el candidato con su señora esposa, doña María Cristina Gómez de Gaviria, y Orlando Fals Borda, presidente del FSP. Los parlamentarios de Alternativa Democrática: Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Peñaloza, Wilson Borja, Alexander López y Venus Albeiro Silva, y los dirigentes de las fuerzas políticas que la conforman: del MOIR, Héctor Valencia, Carlos Naranjo y Francisco Valderrama; por Unidad Democrática, Jorge Gantiva y Arnulfo Bayona; Jaime Caicedo y Nixon Padilla por el Partido Comunista; Bertina Calderón y Daniel Libreros, de Presentes por el Socialismo; Jaime Arévalo, del Modep; Domingo Tovar y Ricardo López, por Dignidad Obrera; Efraín Viveros y Tarsicio Rivera, por el Colectivo Guillermo Marín; el sacerdote Bernardo Hoyos, Tiberio Trespalacios y María Lara, por el Movimiento Ciudadano, y Leonel Peña y Saúl Reyes, por Opción Siete.

De los sectores sociales: Gloria Inés Ramírez, Rosario Fandiño y Luz Marina Turga, por el Movimiento Social de Mujeres; Whitney Chávez, Gustavo Triana, Hernando Hernández, Miguel Antonio Caro y Manuel Téllez, por el Movimiento Sindical; el poeta Juan Manuel Roca, y los intelectuales Ricardo Sánchez, José Fernando Ocampo, Miguel Eduardo Cárdenas, Diego Isaías Peña y Alfredo Molano; Carlos Rosero y Lipe Perea, por las Comunidades Negras; Félix Hernández, del Movimiento Indígena de Caldas; Jesús Mendoza y Miguel Ortega, de la Confederación de Pensionados; Tatiana Roa e Hildebrando Vélez por los ambientalistas; Saúl Franco, Giovanni Jiménez y CESID Camacho, por el Movimiento de la Salud; Germán Godoy por los viviendistas; Mónica Marín, Jeison Cárdenas, Javier Soto, Bibiana Rivera, Laura Hernández, Diana Marulanda y Adriana Lozano, de las Juventudes de Alternativa Democrática; Patricia Ariza, Luis Hernando parra, César Grande, Javier García y Gabriel Franco, por el Movimiento Cultural; Enrique Daza de Recalca y Alfredo Holguín del Comité Colombia de Lucha contra el ALCA; Aurelio Suárez, director ejecutivo de Salvación Agropecuaria; Oscar Gutiérrez y Rodrigo Acosta de la Unión por la Defensa de los Servicios Públicos; Alejandro Baquero de Llaneros con Carlos Gaviria y Raúl Franco y Jairo Puente Bruges, de Oxígeno Verde de Villavicencio y Bucaramanga, respectivamente.

Y como invitados especiales: Samuel Moreno, presidente el Polo Democrático y Gustavo Petro, Jesús Bernal, Bruno Díaz y Daniel García Peña; Franklin Legro, del Movimiento Democrático del Valle, y Raúl Franco. Así como delegados fraternales de Patria para Todos, de Venezuela, y del Movimiento Democrático del Ecuador, quienes presentaron el saludo de las dos naciones hermanas.

Con especial alborozo fueron recibidas las intervenciones del poeta Juan Manuel Roca, varias veces Premio Nacional de Poesía, dando el apoyo de más de setecientos artistas y escritores a Carlos Gaviria; de Jorge Alvin Anaya, tesorero nacional de la CUT, con la adhesión de más de dos mil dirigentes sindicales; José Fernando Ocampo, entregó más de quinientas firmas de profesores universitarios y profesionales. Patricia Ariza saludó a nombre de las mujeres al candidato presidencial, mientras decenas de ellas hacían un vistoso desfile por el coliseo.

Se leyeron mensajes de Carlos Rodrí¬guez, presidente de la CUT; de la Confederación de Pensionados de Colombia; del doctor Parmenio Cuéllar, ex gobernador de Nariño, y de Unes Colombia y la Confederación General de Viviendistas. El diputado Víctor Chirinos, del Grupo Parlamentario Venezolano y los compañeros de Colombianos en Venezuela 2006: Una Sola Bandera, enviaron sendas cartas de solidaridad al Congreso de Unidad.

Después de una fraternal y efusiva presentación que el doctor Orlando Fals Borda hiciera del doctor Gaviria, en medio de los vítores y las serpentinas lanzados por sus seguidores, el candidato presidencial hizo el cierre del evento con un importante discurso que publicamos en las páginas 3 y 4 de esta edición.

Congreso de Alternativa Democrática

El sábado 20 cerca de setecientos dirigentes de las organizaciones integrantes de AD se reunieron en las instalaciones de la Asociación Distrital de Educadores para tomar determinaciones concretas sobre la campaña. El doctor Carlos Gaviria hizo el cierre del evento con un emocionado discurso.

Tribuna Roja

En Bogotá, el 21 y 22 de julio, se reunió el Primer Congreso Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios. Más de 1.400 delegados, de varios centenares de organizaciones de usuarios, sindicales, comunales, ambientales, ONG y centros de investigación, dedicaron estos dos días al estudio, análisis y toma de decisiones, frente a la situación que padecen la mayoría de los colombianos por causa de los costos y la baja calidad de los servicios públicos domiciliarios.

El Congreso: un proceso de unidad

El Congreso definió programa, métodos de lucha y normas de funcionamiento, y aprobó el plan de acción de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios, nombre que la mayoría escogió para la naciente organización.
Desde el mes de junio del año anterior, un encuentro comprometió la voluntad de varias Ligas y del periódico El Usuario para acoger e impulsar todas las manifestaciones unitarias de este sector, y con la Alianza por Servicios Esenciales Dignos de Medellín organizaron el evento Lucha Popular y Servicios Públicos. Y allí decidieron asistir al Foro Servicios Públicos Domiciliarios, una Década de Miseria y Exclusión, que con el patrocinio de Sintra¬emcali y la Internacional de Servicios Públicos ISP, se realizó en Cali en noviembre.

Estos eventos fueron ganando en la unidad de las diversas fuerzas y así se creó la Coordinadora Nacional de Usuarios, que preparó la reunión de enero de 2005 en Manizales, y la Jornada Nacional y Apagón de Protesta que se hizo en febrero. En marzo, el Primer Seminario Nacional de Dirigentes acordó una propuesta de programa, métodos de lucha y normas de funcionamiento, documentos básicos discutido en los encuentros, seminarios, foros y congresos departamentales que se llevaron a cabo en todo el país en los meses previos al Congreso. La organización contó, además, con una mesa en Bogotá, que facilitó la consecución de recursos y aportes de fuerzas sindicales, como Sintrate¬lé¬fonos, y de grupos ambientalistas y de ONG, como Censat-Aguaviva y Planeta Paz y muchos más que sumaron para el éxito del proceso.

La situación de los servicios públicos

El Congreso analizó los cambios marcados en la prestación de los servicios públicos por la apertura económica, la Constitución de 1991 y la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por los partidarios del consenso de Washington y, como respuesta, el nacimiento de las primeras organizaciones de usuarios, a finales de 1994, cuando comprendieron que los neoliberales se proponían entregar al capital privado nacional y extranjero y, a menos precio, las empresas del Estado, incrementar las tarifas y crear nuevas contribuciones para el sector comercial e industrial no-monopolista, reducir los subsidios y los consumos básicos de subsistencia, y elaborar nuevas fórmulas para el cálculo de las tarifas, al igual que modificar y extender la estratificación que aplicaban las empresas en todo el país.

Esta política, impulsada sin reservas por los últimos gobiernos, significaba que los servicios se convertirían en negocios, los usuarios en clientes y el patrimonio nacional sería privatizado, llevó a que los sectores populares promovieran la resistencia civil y democrática para enfrentar las medidas que desde los despachos oficiales se trazaban contra el pueblo.

Once años después, el balance de la apertura y la privatización es catastrófico. Lo que hoy tenemos son poderosos monopolios privados que extorsionan a los usuarios y transfieren pingües utilidades a sus casas matrices. Las tarifas son proporcionalmente más elevadas que antes, y la cobertura y la calidad se diluyen en los abrumadores cortes del servicio. Al aplicar las reformas laborales lograron empobrecer a los trabajadores y dar mayores utilidades a las multinacionales. De otra parte, el ahorro y la acumulación de riqueza nacional se redujo. Y la corrupción y la politiquería han cometido toda clase de desmanes contra los bienes públicos y estatales.

La política de servicios públicos en el gobierno de Uribe

Otra conclusión del Congreso fue que durante el gobierno de Uribe Vélez, la situación ha empeorado. El Plan de Desarrollo uribista, es «más de lo mismo»: mayores recortes en los consumos básicos de subsistencia y en los subsidios, más alzas en las tarifas, nueva estratificación y más privatizaciones. Y engendros como las «empresas de energía social», las zonas especiales y los «fondos de capitalización social», como el de Emcali.

Este gobierno pone el énfasis de su política en la entrega del agua y los sistemas de acueducto y alcantarillado al capital privado. Transnacionales como Aguas de Barcelona, Aguas de Roma, Dragados de España y la francesa Aguas de Lyon se toman el sector. Por concesión se delega la administración y se garantiza la utilidad del privado, mientras la inversión en infraestructura de redes queda en manos del Estado. Al tiempo, se tramita la entrega de bosques, parques naturales y fuentes de agua. Las leyes de Agua y Bosques y la concesión de los Parques Naturales, constituyen el marco propicio para otorgar estos recursos vitales a las transnacionales, convertirlos en simples mercancías, feriar la biodiversidad y volver negocio los recursos naturales, base de la prestación de los servicios públicos.

Leyes y decretos del uribismo hacen invivible la vida de los usuarios: aumentan los cortes del servicio, se promueven embargos y remates de las viviendas de los morosos, se amenaza con cárcel el no pago y, sin consideración alguna, se factura un alumbrado público que en muchas ocasiones ni prestan. Imponen contadores comunitarios y sistemas prepago. Hasta los acueductos veredales están amenazados. Y, como si fuera poco, se elevan los avalúos catastrales y el impuesto predial.

El gobierno respalda la descapitaliza¬ción de empresas, para que retornen a sus casas matrices la inversión inicial. Propicia que los contratos de venta de energía -PPA- se sostengan con cargo a los usuarios. Define las fórmulas tarifarias con el criterio de elevar las tasas de utilidad de los inversionistas, y autoriza a las empresas de energía el cobro de la revisión de las instalaciones internas, contadores y acometidas externas de las viviendas y comercios.

Los servicios públicos y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

De especial interés en el Congreso fue el tema del TLC. A pesar del empobrecimiento generalizado de la población, el gobierno insiste en la apertura y las privatizaciones. «La apertura no es una equivocación, es una conspiración», y ahora quieren llevarla a su máxima expresión, suscribiendo el Tratado de Libre Comercio. Con el TLC, los servicios serán sometidos, aún más, a los intereses de las multinacionales. Los gobiernos no les podrán exigir nada porque estarán sujetos a una legislación internacional, con tribunales de arbitramento privados para la solución de los conflictos.

La estrategia de los norteamericanos es convertir los servicios públicos en nuevos negocios para sus monopolios, y para lograrlo exigen libre acceso al mercado colombiano, libre operación, eliminación de cualquier tipo de regulación, y trato nacional, así no tengan presencia en nuestro territorio De esta manera, el imperio aspira, como lo señalan con franqueza sus agentes, a convertir a Colombia en un mercado para sus bienes, capitales y em presas de servicios, donde pueda actuar libre de aranceles y donde le sea posible hacer negocios, garantizar sus inversiones, proteger sus capitales y explotar una mano de obra barata. Bien barata.

El programa de la Unión

El programa de la Unión, aprobado en el Congreso, promueve la resistencia civil y popular a las políticas de apertura y privatización, y al Tratado de Libre Comercio -TLC- con los Estados Unidos.

De la misma manera, exige la eliminación de los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994, y llama a luchar porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana, libre de las imposiciones del FMI. Y convoca a defender la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y a rechazar la privatización parcial o total de las mismas.

La Unión luchará también por una legislación nacional que defina a las empresas de servicios públicos como entidades estatales para prestación de servicios con calidad, amplia cobertura y altamente subsidiados. Y porque los servicios públicos domiciliarios sean derechos fundamentales de los colombianos. Además, luchará porque el agua y demás recursos naturales, relacionados con la generación y prestación de servicios públicos domiciliarios, sean bienes inalienables de la nación e indelegables en su administración y operación.

Además de aprobar los métodos de lucha y las normas de funcionamiento, el Congreso definió un plan de acción que contempla, entre otras actividades:

1. El respaldo a la consulta popular sobre el TLC, promovida por el movimiento sindical, universitario y comunal. Aprender de la experiencia de los pueblos indígenas.

2. El apoyo al paro nacional del próximo 12 de octubre, que promueven la Gran Coalición Democrática, las Centrales Obreras y otros sectores populares del país,.

3. Una Jornada Nacional de Protesta en noviembre de 2005, y promover diversas acciones legales y jurídicas, entre ellas el referendo para eliminar los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y por la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994.

Tribuna Roja

El Movimiento de Unidad Indígena Popular por Caldas decidió sumar sus fuerzas a la campaña CARLOS GAVIRIA PRESIDENTE y anunció que se identifica con el proyecto político del candidato y, sobre todo, con su defensa irrestricta de la territorialidad de las etnias ancestrales. Lo respalda, además, porque «ha manifestado una conducta clara y vertical contra el ALCA, el TLC y las aspiraciones reeleccionistas del actual gobierno» y con la esperanza de que «avancemos en la construcción de la unidad de todos los sectores independientes, democráticos, populares y de izquierda de este país.

La Declaración de apoyo lleva las firmas de José Nelson Ortiz Guapacha, presidente de la organización, y de Sandra V. Trejos Ruiz, secretaria. El Movimiento cuenta en la actualidad con un diputado en el departamento de Caldas, Félix Antonio Hernández, y ocho concejales en Supía y Riosucio. Eligió asimismo al alcalde de esta última población, Darío Edgardo Tabasco Bueno.

La decisión del Movimiento de Unidad Indígena y Popular por Caldas se suma a las recientes adhesiones a la campaña CARLOS GAVIRIA PRESIDENTE expresadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, que reúne a diecisiete cabildos y gobernadores, y por la ASI del Tolima, que llevó a cabo la gran Minga Indígena, Campesina y Popular, con una marcha entre Guamo e Ibagué, que culminó el viernes 26 de agosto bajo el lema «¡No al TLC, apoyo al Paro Cívico Nacional!».

Por Gustavo Triana

Las huelgas de los trabajadores de Indupalma, la plantación de palma africana más antigua del país, y de Incauca, el ingenio de mayor producción azucarera, le marcaron derrotero a la clase obrera colombiana para recuperar los derechos de asociación y contratación que las políticas neoliberales le han arrebatado. Estas luchas, no registradas en los medios de comunicación, ocurrieron en los meses de enero y junio de 2005, respectivamente.

El abaratamiento de la mano de obra se ha dado por dos vías. La primera, las reformas laborales y de pensiones y salud, que recortan o eliminan las conquistas consignadas en la ley; la otra vía es la negación de los derechos de asociación y contratación colectiva mediante la eliminación del contrato individual de trabajo. Para ello imponen modalidades de contratación que están por fuera de las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y de los Convenios Internacionales de la OIT, como las empresas asociativas de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado, los contratos sindicales, las agencias de empleo temporal y las maquilas, entre otras. Todas tienen en común la ausencia de contrato individual de trabajo, la inestabilidad en el empleo, la intermediación de la relación con los patronos y remuneraciones miserables que no incluyen el reconocimiento de salud, pensiones, transporte, vacaciones, cesantías, primas, horas extras. Es la reducción máxima de costos laborales y cuya permanencia para los explotadores depende de poder impedir la conformación de sindicatos y con ello la posibilidad de levantamientos de esos obreros por mejores condiciones de vida y de trabajo. Las cooperativas y los contratos sindicales trajeron consigo la aberración ideológica de hacer creer a algunos dirigentes sindicales que son dueños de empresas, cuando en realidad las fábricas y la producción continúan en manos de los patronos y ellos sólo son tristes intermediarios de la excplotación laboral.

En Indupalma se evocaron las batallas de los años 70

Mil trescientos trabajadores se levantaron en pie de lucha durante tres semanas en esta inmensa plantación, localizada en San Alberto, Cesar, para reclamar reajustes salariales, que no se hacían desde tres años atrás. La mayoría de ellos pertenecen a las tres cooperativas de trabajo asociado impuestas hacia 1990, cuando los dirigentes del sindicato fueron obligados bajo amenazas de muerte, en la propia mesa de negociación, a renunciar a la convención colectiva y a aceptar esa degradante forma de contratación.
La huelga fue brutalmente reprimida por los patronos y la fuerza pública, al punto que el movimiento fue disuelto sin que se lograran los objetivos; once de los principales dirigentes fueron detenidos y conducidos a Aguachica y los líderes de las tres cooperativas fueron vetados por Indupalma, que hizo llegar listas negras a las demás plantaciones del país. De resultas del chivateo, otros 18 dirigentes fueron despedidos en los Llanos Orientales.

La experiencia deja importantes enseñanzas. Faltó unidad con las demás cooperativas de la plantación y faltó coordinar tareas con el resto del movimiento sindical y con la población. Quedó en claro, además, que la pelea debe incluir como ob¬je¬tivo prioritario reconstruir la organización sindical. En pocas palabras, si no hay organización y enfoque de clase, será imposible enfrentar una política que es ordenada por el imperialismo y respaldada por el gobierno de Uribe Vélez.

La huelga en los ingenios azucareros, una experiencia para emular

En el año 2003 estalló un paro de corteros en el ingenio La Cabaña. Mil seiscientos hombres bloquearon las carreteras internas y obligaron a la administración a sentarse a negociar. Era tal el grado de explotación existente allí, que el contenido del pliego no se diferenciaba en nada del que la USO le presentó a la Troco a comienzos del siglo pasado, en 1923, ni de las exigencias de los trabajadores bananeros a la United Fruit, en 1928. Pedían que la empresa los transportara en buses y no en camiones y volquetas, como si fueran carga o ganado; demandaban sanitarios en los frentes de trabajo; lugares adecuados para tomar los alimentos y una remuneración justa por tonelada de caña cortada. La inmensa mayoría de los huelguistas pertenecían también a cooperativas de trabajo asociado o eran vinculados por intermedio de contratistas.

Después de varios días de intensa lucha, la huelga resultó triunfante. Aun cuando en este primer intento no prosperó una afiliación masiva a los sindicatos, sí fue el comienzo de un trabajo de reorganización del proletariado cañero.

Los 13 ingenios azucareros situados en las vegas del río Cauca, entre los departamentos de Cauca, Valle y Risaralda, explotan hoy a más de treinta mil obreros en las actividades de siembra, cosecha, transporte y refinación. Los otrora poderosos sindicatos de la industria azucarera fueron disminuidos a pequeños sindicatos de empresa e industria, que agrupan principalmente al personal de las plantas de proce¬samiento, mientras que por lo menos treinta mil hombres han sido lanzados a la oprobiosa intermediación de las empresas asociativas de trabajo, cooperativas y contratos sindicales. Se pasó de tener condiciones laborales reguladas por el Código del Trabajo y las convenciones colectivas a formas de contratación que no reconocen transporte, parafiscales, seguridad social, primas ni vacaciones. Se generalizaron modalidades tan aberrantes como descontar de la remuneración las herramientas, las dotaciones y el pago de los capataces. En no pocos casos, como en los tiempos de la United Fruit y otros enclaves, los intermediarios pagan con vales cambiables por víveres, drogas y ropas.

A esto condujo la política de flexi¬bilización laboral impuesta por el imperialismo y acatada dócilmente por los distintos gobiernos neoliberales, con el manido cuento de que debemos «hacernos competitivos y adecuar las condiciones laborales para insertar a Colombia en el mercado mundial». A semejante retroceso contribuyó un sector del sindicalismo, cuyos dirigentes se convirtieron incluso en contratistas, dueños de cooperativas y de contratos sindicales, como intermediarios de la oligarquía azucarera en la expoliación de sus compañeros.

Contra esta situación se produjo recientemente, en junio y julio, el más alentador levantamiento de los corteros de la caña. La batalla la iniciaron 2.700 corteros del Ingenio del Cauca, Incauca, que el 25 de mayo bloquearon las entradas a la factoría y presentaron un pliego de peticiones con la asesoría de la CUT y Sintrai¬cañazucol. La movilización de los obreros y sus familiares, el respaldo de comerciantes, concejales y personeros, la simpatía de la población en todos los municipios aledaños, la solidaridad del movimiento sindical y la correcta dirección permitieron que al cabo de cinco días de huelga y total parálisis de la producción se firmara un acuerdo victorioso para los trabajadores y refrescante para el movimiento sindical colombiano, que debe sacar las mejores enseñanzas de esta ejemplar lucha.

El buen ejemplo prendió y en pocas semanas se lanzaron al paro otros siete mil corteros en los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla y María Luisa. En el Ingenio Tumaco se libró la batalla más enconada y la más larga, durante 21 días.

La CUT fue aceptada en todas las mesas de negociación, al igual que Sintrai¬cañazucol, junto con los negociadores nombrados por los huelguistas. Las asambleas aprobaron la afiliación al sindicato y se han estado constituyendo las seccionales en cada municipio. El número de cooperativas e intermediarios se redujo sustancial¬mente y algunas de las prestaciones pasaron a ser responsabilidad directa de los in¬genios. No se derrotó totalmente el sistema, pero se debilitó. Las condiciones de remuneración mejoraron en porcentajes superiores a 25%,incluido el reconocimiento por seguridad social y otras prestaciones legales y, lo más importante, se obtuvo conciencia de volver por los senderos de la organización, la unidad y la lucha de masas como el único camino que tenemos los trabajadores y la población para recobrar nuestra soberanía, condición sin la cual no podremos coronar la aspiración de construir una sociedad próspera y justa.
La construcción de una organización sindical fuerte y representativa de los trabajadores cañeros es urgente. El actual grado de dispersión atenta contra la efectividad de la lucha y aleja la concreción de una batalla unificada por recobrar los derechos de organización y contratación colectiva.

En tal dirección deben actuar los dirigentes del movimiento, y librar una dura discusión que derrote las posturas sectarias y las tendencias patronales que han conciliado durante años y que pelechan aprovechando la falta de un mando consecuente y centralizado en el proletariado azucarero.

Contra el TLC con EU y la reelección y por libertades sindicales y democráticas

Por Gustavo Triana

El Paro Nacional y la Minga se convocan en un momento crítico para los intereses nacionales. Está a punto de firmarse el TLC entre Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones, conformada por Colombia, Ecuador y Perú. Impuesto por la potencia imperialista y aceptado por las oligarquías neoliberales, tal acuerdo terminará de arruinar la producción nacional, profundizará el saqueo de los recursos naturales y la privatización del patrimonio público, abaratará la mano de obra hasta condiciones propias del esclavismo y socavará aún más nuestra soberanía. El TLC se negocia contra el parecer de las inmensas mayorías. Sectores de la producción agraria e industrial, la academia, los artistas, los indígenas, las Iglesias, han manifestado su total rechazo o sus reparos y exigido que se consulte a los colombianos. También demandan que Colombia se retire de las conversaciones.

La protesta del 12 de octubre se adelantará en medio de la visita de una Comisión de la OIT, que viene a recoger denuncias sobre las violaciones sistemáticas que el gobierno de Uribe hace de los convenios internacionales con las regresivas reformas en materia laboral y pen¬sional y con la feroz persecución de patronos y gobierno contra el movimiento sindical. El cinismo con que se niegan los derechos y se recortan las libertades sindicales han convertido al presidente Uribe y al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en verdaderos negreros de la era neoliberal.

El gobierno se ha apresurado a acatar las imposiciones del FMI, principalmente las reformas laboral, pensional y tributa¬ria, las reestructuraciones, liquidaciones y privatizaciones de empresas estatales, y las nuevas y más onerosas conce¬siones a las multinacionales del petróleo, del gas, del carbón, de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones. El ingreso de mercancías como consecuencia de la apertura económica y el lavado de dólares tienen a varias empresas al borde del cierre, lo que dejaría a miles de trabajadores sin empleo. Las empresas en bancarrota pertenecen a los sectores textilero, de confecciones, petroquímico y de calzado. Igual tragedia viven los productores de arroz, leche, trigo, cebada y maíz. Todas las tropelías anteriores son acompañadas de la ya caracterizada postura dictatorial y fanfarrona de Uribe que ha impuesto aberran¬tes recortes a las libertades individuales y a la democracia, en clara componenda con los sectores más atrasados y reaccionarios. Dentro de esta postura de dictadorcillo encuadra la pretensión de reelegirse por cuatro años más.

La Gran Coalición Democrática, recogiendo la inconformidad, enarbola una serie de banderas que motivan el llamamiento al Paro Nacional de Protesta del 12 de octubre, entre las que destacamos el rechazo al TLC y demás políticas de intervención imperialista; la lucha contra el nuevo paquete legislativo; la protesta contra el recorte de las libertades sindicales; la exigencia de que cesen las privati¬za¬ciones y reviertan al Estado los sectores estratégicos de la economía y los servicios públicos; la defensa de los derechos de las comunidades indígenas a su territorio y cultura; el repudio a la reelección de Uribe y a sus políticas; la defensa de las libertades democráticas; el apoyo a una solución negociada al conflicto interno, y la lucha decidida por la defensa de la educación y la salud públicas, el empleo y el alza general de salarios.

Es clave precisar la urgente necesidad de obtener el respaldo de la población en todo el territorio nacional y poder manifestar el rechazo contundente a las políticas antipopulares y antinacionales de Uribe y el imperialismo. Después de las grandes jornadas del año pasado, la oposición no ha logrado una protesta de envergadura en el actual, excepto la del Primero de Mayo. Los vientos de unidad que refrescan el quehacer político y social del país deben influir de manera determinante en el desarrollo de esta importante protesta y poder lograr la participación activa de todas las fuerzas sindicales, sociales y políticas, de tal manera que el Paro resuene en toda Colombia contra los gobiernos de Uribe y Bush, y aliente las luchas que en el mundo se libran contra la globalización imperialista y por la soberanía de las naciones.