Categoría: Tribuna Roja Nº 100, septiembre 1 de 2005

En todo el país se multiplican las expresiones de respaldo para la candidatura unitaria de Carlos Gaviria a la Presidencia de la República. Las fotogradías muestran aspectos centrales del Congreso Nacional de Unidad, convocado por Alternativa Democrática los pasados 19 y 20 de agosto, del acto de lanzamiento de sus Bases Programáticas, de un acto de campaña en Neiva y de la sede de la campaña Gaviria Presidente (calle 37 N° 15 – 73, Bogotá)

Miles de dirigentes nacionales y departamentales se hicieron presentes el 19 de agosto en el Gran Congreso Nacional de Unidad convocado por Alternativa Democrática con el objetivo de ratificar el respaldo a la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, las Bases Programáticas que sirven de marco político e ideológico a la campaña y la propuesta de «Unidad Total» que se le enviara al Polo Democrático Independiente desde enero del presente año. Durante el día se trabajó en nueve comisiones que recogieron sugerencias para el Plan de Gobierno que Carlos Gaviria le presentará al pueblo colombiano para la trasformación de nuestra sociedad en todos los campos: político, económico, social, cultural, relaciones internacionales y tratamiento del conflicto armado interno. La discusión clara, franca y sincera fue la nota predominante en todas las comisiones.

En la noche, el acto central del Congreso superó todas las expectativas, por la masiva asistencia y el entusiasmo, alegría y fraternidad de todos los participantes. Globos multicolores con el nombre de Carlos Gaviria, centenares de pancartas, pendones y banderas engalanaron el recinto y dieron cuenta de la presencia allí de las distintas organizaciones que conforman a Alternativa Democrática

En la mesa de honor tuvieron asiento el candidato con su señora esposa, doña María Cristina Gómez de Gaviria, y Orlando Fals Borda, presidente del FSP. Los parlamentarios de Alternativa Democrática: Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Peñaloza, Wilson Borja, Alexander López y Venus Albeiro Silva, y los dirigentes de las fuerzas políticas que la conforman: del MOIR, Héctor Valencia, Carlos Naranjo y Francisco Valderrama; por Unidad Democrática, Jorge Gantiva y Arnulfo Bayona; Jaime Caicedo y Nixon Padilla por el Partido Comunista; Bertina Calderón y Daniel Libreros, de Presentes por el Socialismo; Jaime Arévalo, del Modep; Domingo Tovar y Ricardo López, por Dignidad Obrera; Efraín Viveros y Tarsicio Rivera, por el Colectivo Guillermo Marín; el sacerdote Bernardo Hoyos, Tiberio Trespalacios y María Lara, por el Movimiento Ciudadano, y Leonel Peña y Saúl Reyes, por Opción Siete.

De los sectores sociales: Gloria Inés Ramírez, Rosario Fandiño y Luz Marina Turga, por el Movimiento Social de Mujeres; Whitney Chávez, Gustavo Triana, Hernando Hernández, Miguel Antonio Caro y Manuel Téllez, por el Movimiento Sindical; el poeta Juan Manuel Roca, y los intelectuales Ricardo Sánchez, José Fernando Ocampo, Miguel Eduardo Cárdenas, Diego Isaías Peña y Alfredo Molano; Carlos Rosero y Lipe Perea, por las Comunidades Negras; Félix Hernández, del Movimiento Indígena de Caldas; Jesús Mendoza y Miguel Ortega, de la Confederación de Pensionados; Tatiana Roa e Hildebrando Vélez por los ambientalistas; Saúl Franco, Giovanni Jiménez y CESID Camacho, por el Movimiento de la Salud; Germán Godoy por los viviendistas; Mónica Marín, Jeison Cárdenas, Javier Soto, Bibiana Rivera, Laura Hernández, Diana Marulanda y Adriana Lozano, de las Juventudes de Alternativa Democrática; Patricia Ariza, Luis Hernando parra, César Grande, Javier García y Gabriel Franco, por el Movimiento Cultural; Enrique Daza de Recalca y Alfredo Holguín del Comité Colombia de Lucha contra el ALCA; Aurelio Suárez, director ejecutivo de Salvación Agropecuaria; Oscar Gutiérrez y Rodrigo Acosta de la Unión por la Defensa de los Servicios Públicos; Alejandro Baquero de Llaneros con Carlos Gaviria y Raúl Franco y Jairo Puente Bruges, de Oxígeno Verde de Villavicencio y Bucaramanga, respectivamente.

Y como invitados especiales: Samuel Moreno, presidente el Polo Democrático y Gustavo Petro, Jesús Bernal, Bruno Díaz y Daniel García Peña; Franklin Legro, del Movimiento Democrático del Valle, y Raúl Franco. Así como delegados fraternales de Patria para Todos, de Venezuela, y del Movimiento Democrático del Ecuador, quienes presentaron el saludo de las dos naciones hermanas.

Con especial alborozo fueron recibidas las intervenciones del poeta Juan Manuel Roca, varias veces Premio Nacional de Poesía, dando el apoyo de más de setecientos artistas y escritores a Carlos Gaviria; de Jorge Alvin Anaya, tesorero nacional de la CUT, con la adhesión de más de dos mil dirigentes sindicales; José Fernando Ocampo, entregó más de quinientas firmas de profesores universitarios y profesionales. Patricia Ariza saludó a nombre de las mujeres al candidato presidencial, mientras decenas de ellas hacían un vistoso desfile por el coliseo.

Se leyeron mensajes de Carlos Rodrí¬guez, presidente de la CUT; de la Confederación de Pensionados de Colombia; del doctor Parmenio Cuéllar, ex gobernador de Nariño, y de Unes Colombia y la Confederación General de Viviendistas. El diputado Víctor Chirinos, del Grupo Parlamentario Venezolano y los compañeros de Colombianos en Venezuela 2006: Una Sola Bandera, enviaron sendas cartas de solidaridad al Congreso de Unidad.

Después de una fraternal y efusiva presentación que el doctor Orlando Fals Borda hiciera del doctor Gaviria, en medio de los vítores y las serpentinas lanzados por sus seguidores, el candidato presidencial hizo el cierre del evento con un importante discurso que publicamos en las páginas 3 y 4 de esta edición.

Congreso de Alternativa Democrática

El sábado 20 cerca de setecientos dirigentes de las organizaciones integrantes de AD se reunieron en las instalaciones de la Asociación Distrital de Educadores para tomar determinaciones concretas sobre la campaña. El doctor Carlos Gaviria hizo el cierre del evento con un emocionado discurso.

Tribuna Roja

En Bogotá, el 21 y 22 de julio, se reunió el Primer Congreso Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios. Más de 1.400 delegados, de varios centenares de organizaciones de usuarios, sindicales, comunales, ambientales, ONG y centros de investigación, dedicaron estos dos días al estudio, análisis y toma de decisiones, frente a la situación que padecen la mayoría de los colombianos por causa de los costos y la baja calidad de los servicios públicos domiciliarios.

El Congreso: un proceso de unidad

El Congreso definió programa, métodos de lucha y normas de funcionamiento, y aprobó el plan de acción de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios, nombre que la mayoría escogió para la naciente organización.
Desde el mes de junio del año anterior, un encuentro comprometió la voluntad de varias Ligas y del periódico El Usuario para acoger e impulsar todas las manifestaciones unitarias de este sector, y con la Alianza por Servicios Esenciales Dignos de Medellín organizaron el evento Lucha Popular y Servicios Públicos. Y allí decidieron asistir al Foro Servicios Públicos Domiciliarios, una Década de Miseria y Exclusión, que con el patrocinio de Sintra¬emcali y la Internacional de Servicios Públicos ISP, se realizó en Cali en noviembre.

Estos eventos fueron ganando en la unidad de las diversas fuerzas y así se creó la Coordinadora Nacional de Usuarios, que preparó la reunión de enero de 2005 en Manizales, y la Jornada Nacional y Apagón de Protesta que se hizo en febrero. En marzo, el Primer Seminario Nacional de Dirigentes acordó una propuesta de programa, métodos de lucha y normas de funcionamiento, documentos básicos discutido en los encuentros, seminarios, foros y congresos departamentales que se llevaron a cabo en todo el país en los meses previos al Congreso. La organización contó, además, con una mesa en Bogotá, que facilitó la consecución de recursos y aportes de fuerzas sindicales, como Sintrate¬lé¬fonos, y de grupos ambientalistas y de ONG, como Censat-Aguaviva y Planeta Paz y muchos más que sumaron para el éxito del proceso.

La situación de los servicios públicos

El Congreso analizó los cambios marcados en la prestación de los servicios públicos por la apertura económica, la Constitución de 1991 y la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por los partidarios del consenso de Washington y, como respuesta, el nacimiento de las primeras organizaciones de usuarios, a finales de 1994, cuando comprendieron que los neoliberales se proponían entregar al capital privado nacional y extranjero y, a menos precio, las empresas del Estado, incrementar las tarifas y crear nuevas contribuciones para el sector comercial e industrial no-monopolista, reducir los subsidios y los consumos básicos de subsistencia, y elaborar nuevas fórmulas para el cálculo de las tarifas, al igual que modificar y extender la estratificación que aplicaban las empresas en todo el país.

Esta política, impulsada sin reservas por los últimos gobiernos, significaba que los servicios se convertirían en negocios, los usuarios en clientes y el patrimonio nacional sería privatizado, llevó a que los sectores populares promovieran la resistencia civil y democrática para enfrentar las medidas que desde los despachos oficiales se trazaban contra el pueblo.

Once años después, el balance de la apertura y la privatización es catastrófico. Lo que hoy tenemos son poderosos monopolios privados que extorsionan a los usuarios y transfieren pingües utilidades a sus casas matrices. Las tarifas son proporcionalmente más elevadas que antes, y la cobertura y la calidad se diluyen en los abrumadores cortes del servicio. Al aplicar las reformas laborales lograron empobrecer a los trabajadores y dar mayores utilidades a las multinacionales. De otra parte, el ahorro y la acumulación de riqueza nacional se redujo. Y la corrupción y la politiquería han cometido toda clase de desmanes contra los bienes públicos y estatales.

La política de servicios públicos en el gobierno de Uribe

Otra conclusión del Congreso fue que durante el gobierno de Uribe Vélez, la situación ha empeorado. El Plan de Desarrollo uribista, es «más de lo mismo»: mayores recortes en los consumos básicos de subsistencia y en los subsidios, más alzas en las tarifas, nueva estratificación y más privatizaciones. Y engendros como las «empresas de energía social», las zonas especiales y los «fondos de capitalización social», como el de Emcali.

Este gobierno pone el énfasis de su política en la entrega del agua y los sistemas de acueducto y alcantarillado al capital privado. Transnacionales como Aguas de Barcelona, Aguas de Roma, Dragados de España y la francesa Aguas de Lyon se toman el sector. Por concesión se delega la administración y se garantiza la utilidad del privado, mientras la inversión en infraestructura de redes queda en manos del Estado. Al tiempo, se tramita la entrega de bosques, parques naturales y fuentes de agua. Las leyes de Agua y Bosques y la concesión de los Parques Naturales, constituyen el marco propicio para otorgar estos recursos vitales a las transnacionales, convertirlos en simples mercancías, feriar la biodiversidad y volver negocio los recursos naturales, base de la prestación de los servicios públicos.

Leyes y decretos del uribismo hacen invivible la vida de los usuarios: aumentan los cortes del servicio, se promueven embargos y remates de las viviendas de los morosos, se amenaza con cárcel el no pago y, sin consideración alguna, se factura un alumbrado público que en muchas ocasiones ni prestan. Imponen contadores comunitarios y sistemas prepago. Hasta los acueductos veredales están amenazados. Y, como si fuera poco, se elevan los avalúos catastrales y el impuesto predial.

El gobierno respalda la descapitaliza¬ción de empresas, para que retornen a sus casas matrices la inversión inicial. Propicia que los contratos de venta de energía -PPA- se sostengan con cargo a los usuarios. Define las fórmulas tarifarias con el criterio de elevar las tasas de utilidad de los inversionistas, y autoriza a las empresas de energía el cobro de la revisión de las instalaciones internas, contadores y acometidas externas de las viviendas y comercios.

Los servicios públicos y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

De especial interés en el Congreso fue el tema del TLC. A pesar del empobrecimiento generalizado de la población, el gobierno insiste en la apertura y las privatizaciones. «La apertura no es una equivocación, es una conspiración», y ahora quieren llevarla a su máxima expresión, suscribiendo el Tratado de Libre Comercio. Con el TLC, los servicios serán sometidos, aún más, a los intereses de las multinacionales. Los gobiernos no les podrán exigir nada porque estarán sujetos a una legislación internacional, con tribunales de arbitramento privados para la solución de los conflictos.

La estrategia de los norteamericanos es convertir los servicios públicos en nuevos negocios para sus monopolios, y para lograrlo exigen libre acceso al mercado colombiano, libre operación, eliminación de cualquier tipo de regulación, y trato nacional, así no tengan presencia en nuestro territorio De esta manera, el imperio aspira, como lo señalan con franqueza sus agentes, a convertir a Colombia en un mercado para sus bienes, capitales y em presas de servicios, donde pueda actuar libre de aranceles y donde le sea posible hacer negocios, garantizar sus inversiones, proteger sus capitales y explotar una mano de obra barata. Bien barata.

El programa de la Unión

El programa de la Unión, aprobado en el Congreso, promueve la resistencia civil y popular a las políticas de apertura y privatización, y al Tratado de Libre Comercio -TLC- con los Estados Unidos.

De la misma manera, exige la eliminación de los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994, y llama a luchar porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana, libre de las imposiciones del FMI. Y convoca a defender la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y a rechazar la privatización parcial o total de las mismas.

La Unión luchará también por una legislación nacional que defina a las empresas de servicios públicos como entidades estatales para prestación de servicios con calidad, amplia cobertura y altamente subsidiados. Y porque los servicios públicos domiciliarios sean derechos fundamentales de los colombianos. Además, luchará porque el agua y demás recursos naturales, relacionados con la generación y prestación de servicios públicos domiciliarios, sean bienes inalienables de la nación e indelegables en su administración y operación.

Además de aprobar los métodos de lucha y las normas de funcionamiento, el Congreso definió un plan de acción que contempla, entre otras actividades:

1. El respaldo a la consulta popular sobre el TLC, promovida por el movimiento sindical, universitario y comunal. Aprender de la experiencia de los pueblos indígenas.

2. El apoyo al paro nacional del próximo 12 de octubre, que promueven la Gran Coalición Democrática, las Centrales Obreras y otros sectores populares del país,.

3. Una Jornada Nacional de Protesta en noviembre de 2005, y promover diversas acciones legales y jurídicas, entre ellas el referendo para eliminar los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y por la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994.

Tribuna Roja

El Movimiento de Unidad Indígena Popular por Caldas decidió sumar sus fuerzas a la campaña CARLOS GAVIRIA PRESIDENTE y anunció que se identifica con el proyecto político del candidato y, sobre todo, con su defensa irrestricta de la territorialidad de las etnias ancestrales. Lo respalda, además, porque «ha manifestado una conducta clara y vertical contra el ALCA, el TLC y las aspiraciones reeleccionistas del actual gobierno» y con la esperanza de que «avancemos en la construcción de la unidad de todos los sectores independientes, democráticos, populares y de izquierda de este país.

La Declaración de apoyo lleva las firmas de José Nelson Ortiz Guapacha, presidente de la organización, y de Sandra V. Trejos Ruiz, secretaria. El Movimiento cuenta en la actualidad con un diputado en el departamento de Caldas, Félix Antonio Hernández, y ocho concejales en Supía y Riosucio. Eligió asimismo al alcalde de esta última población, Darío Edgardo Tabasco Bueno.

La decisión del Movimiento de Unidad Indígena y Popular por Caldas se suma a las recientes adhesiones a la campaña CARLOS GAVIRIA PRESIDENTE expresadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, que reúne a diecisiete cabildos y gobernadores, y por la ASI del Tolima, que llevó a cabo la gran Minga Indígena, Campesina y Popular, con una marcha entre Guamo e Ibagué, que culminó el viernes 26 de agosto bajo el lema «¡No al TLC, apoyo al Paro Cívico Nacional!».

Por Gustavo Triana

Las huelgas de los trabajadores de Indupalma, la plantación de palma africana más antigua del país, y de Incauca, el ingenio de mayor producción azucarera, le marcaron derrotero a la clase obrera colombiana para recuperar los derechos de asociación y contratación que las políticas neoliberales le han arrebatado. Estas luchas, no registradas en los medios de comunicación, ocurrieron en los meses de enero y junio de 2005, respectivamente.

El abaratamiento de la mano de obra se ha dado por dos vías. La primera, las reformas laborales y de pensiones y salud, que recortan o eliminan las conquistas consignadas en la ley; la otra vía es la negación de los derechos de asociación y contratación colectiva mediante la eliminación del contrato individual de trabajo. Para ello imponen modalidades de contratación que están por fuera de las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y de los Convenios Internacionales de la OIT, como las empresas asociativas de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado, los contratos sindicales, las agencias de empleo temporal y las maquilas, entre otras. Todas tienen en común la ausencia de contrato individual de trabajo, la inestabilidad en el empleo, la intermediación de la relación con los patronos y remuneraciones miserables que no incluyen el reconocimiento de salud, pensiones, transporte, vacaciones, cesantías, primas, horas extras. Es la reducción máxima de costos laborales y cuya permanencia para los explotadores depende de poder impedir la conformación de sindicatos y con ello la posibilidad de levantamientos de esos obreros por mejores condiciones de vida y de trabajo. Las cooperativas y los contratos sindicales trajeron consigo la aberración ideológica de hacer creer a algunos dirigentes sindicales que son dueños de empresas, cuando en realidad las fábricas y la producción continúan en manos de los patronos y ellos sólo son tristes intermediarios de la excplotación laboral.

En Indupalma se evocaron las batallas de los años 70

Mil trescientos trabajadores se levantaron en pie de lucha durante tres semanas en esta inmensa plantación, localizada en San Alberto, Cesar, para reclamar reajustes salariales, que no se hacían desde tres años atrás. La mayoría de ellos pertenecen a las tres cooperativas de trabajo asociado impuestas hacia 1990, cuando los dirigentes del sindicato fueron obligados bajo amenazas de muerte, en la propia mesa de negociación, a renunciar a la convención colectiva y a aceptar esa degradante forma de contratación.
La huelga fue brutalmente reprimida por los patronos y la fuerza pública, al punto que el movimiento fue disuelto sin que se lograran los objetivos; once de los principales dirigentes fueron detenidos y conducidos a Aguachica y los líderes de las tres cooperativas fueron vetados por Indupalma, que hizo llegar listas negras a las demás plantaciones del país. De resultas del chivateo, otros 18 dirigentes fueron despedidos en los Llanos Orientales.

La experiencia deja importantes enseñanzas. Faltó unidad con las demás cooperativas de la plantación y faltó coordinar tareas con el resto del movimiento sindical y con la población. Quedó en claro, además, que la pelea debe incluir como ob¬je¬tivo prioritario reconstruir la organización sindical. En pocas palabras, si no hay organización y enfoque de clase, será imposible enfrentar una política que es ordenada por el imperialismo y respaldada por el gobierno de Uribe Vélez.

La huelga en los ingenios azucareros, una experiencia para emular

En el año 2003 estalló un paro de corteros en el ingenio La Cabaña. Mil seiscientos hombres bloquearon las carreteras internas y obligaron a la administración a sentarse a negociar. Era tal el grado de explotación existente allí, que el contenido del pliego no se diferenciaba en nada del que la USO le presentó a la Troco a comienzos del siglo pasado, en 1923, ni de las exigencias de los trabajadores bananeros a la United Fruit, en 1928. Pedían que la empresa los transportara en buses y no en camiones y volquetas, como si fueran carga o ganado; demandaban sanitarios en los frentes de trabajo; lugares adecuados para tomar los alimentos y una remuneración justa por tonelada de caña cortada. La inmensa mayoría de los huelguistas pertenecían también a cooperativas de trabajo asociado o eran vinculados por intermedio de contratistas.

Después de varios días de intensa lucha, la huelga resultó triunfante. Aun cuando en este primer intento no prosperó una afiliación masiva a los sindicatos, sí fue el comienzo de un trabajo de reorganización del proletariado cañero.

Los 13 ingenios azucareros situados en las vegas del río Cauca, entre los departamentos de Cauca, Valle y Risaralda, explotan hoy a más de treinta mil obreros en las actividades de siembra, cosecha, transporte y refinación. Los otrora poderosos sindicatos de la industria azucarera fueron disminuidos a pequeños sindicatos de empresa e industria, que agrupan principalmente al personal de las plantas de proce¬samiento, mientras que por lo menos treinta mil hombres han sido lanzados a la oprobiosa intermediación de las empresas asociativas de trabajo, cooperativas y contratos sindicales. Se pasó de tener condiciones laborales reguladas por el Código del Trabajo y las convenciones colectivas a formas de contratación que no reconocen transporte, parafiscales, seguridad social, primas ni vacaciones. Se generalizaron modalidades tan aberrantes como descontar de la remuneración las herramientas, las dotaciones y el pago de los capataces. En no pocos casos, como en los tiempos de la United Fruit y otros enclaves, los intermediarios pagan con vales cambiables por víveres, drogas y ropas.

A esto condujo la política de flexi¬bilización laboral impuesta por el imperialismo y acatada dócilmente por los distintos gobiernos neoliberales, con el manido cuento de que debemos «hacernos competitivos y adecuar las condiciones laborales para insertar a Colombia en el mercado mundial». A semejante retroceso contribuyó un sector del sindicalismo, cuyos dirigentes se convirtieron incluso en contratistas, dueños de cooperativas y de contratos sindicales, como intermediarios de la oligarquía azucarera en la expoliación de sus compañeros.

Contra esta situación se produjo recientemente, en junio y julio, el más alentador levantamiento de los corteros de la caña. La batalla la iniciaron 2.700 corteros del Ingenio del Cauca, Incauca, que el 25 de mayo bloquearon las entradas a la factoría y presentaron un pliego de peticiones con la asesoría de la CUT y Sintrai¬cañazucol. La movilización de los obreros y sus familiares, el respaldo de comerciantes, concejales y personeros, la simpatía de la población en todos los municipios aledaños, la solidaridad del movimiento sindical y la correcta dirección permitieron que al cabo de cinco días de huelga y total parálisis de la producción se firmara un acuerdo victorioso para los trabajadores y refrescante para el movimiento sindical colombiano, que debe sacar las mejores enseñanzas de esta ejemplar lucha.

El buen ejemplo prendió y en pocas semanas se lanzaron al paro otros siete mil corteros en los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla y María Luisa. En el Ingenio Tumaco se libró la batalla más enconada y la más larga, durante 21 días.

La CUT fue aceptada en todas las mesas de negociación, al igual que Sintrai¬cañazucol, junto con los negociadores nombrados por los huelguistas. Las asambleas aprobaron la afiliación al sindicato y se han estado constituyendo las seccionales en cada municipio. El número de cooperativas e intermediarios se redujo sustancial¬mente y algunas de las prestaciones pasaron a ser responsabilidad directa de los in¬genios. No se derrotó totalmente el sistema, pero se debilitó. Las condiciones de remuneración mejoraron en porcentajes superiores a 25%,incluido el reconocimiento por seguridad social y otras prestaciones legales y, lo más importante, se obtuvo conciencia de volver por los senderos de la organización, la unidad y la lucha de masas como el único camino que tenemos los trabajadores y la población para recobrar nuestra soberanía, condición sin la cual no podremos coronar la aspiración de construir una sociedad próspera y justa.
La construcción de una organización sindical fuerte y representativa de los trabajadores cañeros es urgente. El actual grado de dispersión atenta contra la efectividad de la lucha y aleja la concreción de una batalla unificada por recobrar los derechos de organización y contratación colectiva.

En tal dirección deben actuar los dirigentes del movimiento, y librar una dura discusión que derrote las posturas sectarias y las tendencias patronales que han conciliado durante años y que pelechan aprovechando la falta de un mando consecuente y centralizado en el proletariado azucarero.

Contra el TLC con EU y la reelección y por libertades sindicales y democráticas

Por Gustavo Triana

El Paro Nacional y la Minga se convocan en un momento crítico para los intereses nacionales. Está a punto de firmarse el TLC entre Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones, conformada por Colombia, Ecuador y Perú. Impuesto por la potencia imperialista y aceptado por las oligarquías neoliberales, tal acuerdo terminará de arruinar la producción nacional, profundizará el saqueo de los recursos naturales y la privatización del patrimonio público, abaratará la mano de obra hasta condiciones propias del esclavismo y socavará aún más nuestra soberanía. El TLC se negocia contra el parecer de las inmensas mayorías. Sectores de la producción agraria e industrial, la academia, los artistas, los indígenas, las Iglesias, han manifestado su total rechazo o sus reparos y exigido que se consulte a los colombianos. También demandan que Colombia se retire de las conversaciones.

La protesta del 12 de octubre se adelantará en medio de la visita de una Comisión de la OIT, que viene a recoger denuncias sobre las violaciones sistemáticas que el gobierno de Uribe hace de los convenios internacionales con las regresivas reformas en materia laboral y pen¬sional y con la feroz persecución de patronos y gobierno contra el movimiento sindical. El cinismo con que se niegan los derechos y se recortan las libertades sindicales han convertido al presidente Uribe y al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en verdaderos negreros de la era neoliberal.

El gobierno se ha apresurado a acatar las imposiciones del FMI, principalmente las reformas laboral, pensional y tributa¬ria, las reestructuraciones, liquidaciones y privatizaciones de empresas estatales, y las nuevas y más onerosas conce¬siones a las multinacionales del petróleo, del gas, del carbón, de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones. El ingreso de mercancías como consecuencia de la apertura económica y el lavado de dólares tienen a varias empresas al borde del cierre, lo que dejaría a miles de trabajadores sin empleo. Las empresas en bancarrota pertenecen a los sectores textilero, de confecciones, petroquímico y de calzado. Igual tragedia viven los productores de arroz, leche, trigo, cebada y maíz. Todas las tropelías anteriores son acompañadas de la ya caracterizada postura dictatorial y fanfarrona de Uribe que ha impuesto aberran¬tes recortes a las libertades individuales y a la democracia, en clara componenda con los sectores más atrasados y reaccionarios. Dentro de esta postura de dictadorcillo encuadra la pretensión de reelegirse por cuatro años más.

La Gran Coalición Democrática, recogiendo la inconformidad, enarbola una serie de banderas que motivan el llamamiento al Paro Nacional de Protesta del 12 de octubre, entre las que destacamos el rechazo al TLC y demás políticas de intervención imperialista; la lucha contra el nuevo paquete legislativo; la protesta contra el recorte de las libertades sindicales; la exigencia de que cesen las privati¬za¬ciones y reviertan al Estado los sectores estratégicos de la economía y los servicios públicos; la defensa de los derechos de las comunidades indígenas a su territorio y cultura; el repudio a la reelección de Uribe y a sus políticas; la defensa de las libertades democráticas; el apoyo a una solución negociada al conflicto interno, y la lucha decidida por la defensa de la educación y la salud públicas, el empleo y el alza general de salarios.

Es clave precisar la urgente necesidad de obtener el respaldo de la población en todo el territorio nacional y poder manifestar el rechazo contundente a las políticas antipopulares y antinacionales de Uribe y el imperialismo. Después de las grandes jornadas del año pasado, la oposición no ha logrado una protesta de envergadura en el actual, excepto la del Primero de Mayo. Los vientos de unidad que refrescan el quehacer político y social del país deben influir de manera determinante en el desarrollo de esta importante protesta y poder lograr la participación activa de todas las fuerzas sindicales, sociales y políticas, de tal manera que el Paro resuene en toda Colombia contra los gobiernos de Uribe y Bush, y aliente las luchas que en el mundo se libran contra la globalización imperialista y por la soberanía de las naciones.

Por Gustavo Triana

Para los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2005, ha sido convocado en Bogotá el V Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

El evento reviste gran importancia para los trabajadores, toda vez que la principal confederación obrera de Colombia debe tomar trascendentales definiciones para su futuro: negar la afiliación de la CUT a la CIOLS, pues esta afiliación dejaría de lado su independencia, acordada en su Primer Congreso como condición para aglutinar al sindicalismo de distintas vertientes; y también contra la otra propuesta, no menos negativa, de abandonar su condición de central de trabajadores para pasar a ser una central de masas, de sello liberal y socialdemocráta. El Congreso deberá, además, suspender la actual elección directa del Comité Ejecutivo y volver a hacerlo por el método de delegados, ya que la elección directa no garantiza una participación masiva y consciente de los electores y facilita las prácticas clientelistas y fraudulentas. Y tendrá que tomar posición contra los nefastos sistemas de contratación impuestos por el neoliberalismo, tales como cooperativas, contratistas, provisionalidad, contratos sindicales y, en fin, todos las formas no regularizadas de trabajo.

Las discusiones en el seno del sindicalismo sobre dichos temas son imprescindibles. Si se trata de marchar por el sendero correcto y jugar el papel de vanguardia en la lucha por la independencia nacional y la emancipación de los trabajadores, se debe tener resuelto lo concerniente a una representación que obre en consecuencia con los intereses de la clase obrera. Los desaciertos en la organización y la falta de efectividad en las luchas están relacionados con la lenidad en la aplicación de los principios de clase. El daño provocado por tendencias conciliacionistas y patronales, como el llamado sindicalismo sociopolítico, los sindicatos empresariales y de masas, que alientan el pesimismo y llaman al acomodamiento, solo se podrán contrarrestar educando a los dirigentes y trabajadores sobre las nocivas influencias de estos asuntos. La preparación del V Congreso de la CUT es una oportunidad propicia para el debate.

Los sectores de la izquierda democrática se han propuesto defender la independencia y el carácter clasista de la Central. Nueve miembros del Comité Ejecutivo Nacional han constituido la Corriente Sindical Clasista y Unitaria, para coordinar la defensa de la posición de independencia y autonomía del movimiento sindical frente a los patronos, el gobierno y el imperialismo, y actuar unificadamente en las actividades sindicales y políticas.

Este organismo unitario ha hecho seminarios nacionales y regionales con el propósito de alentar la preparación del Congreso, estimular el cumplimiento de las tareas aprobadas por la Central y la Gran Coalición Democrática, resolver problemas internos en los sindicatos y las regiones e integrar la militancia a la campaña electoral de Alternativa Democrática. Se han elaborado documentos sobre la situación internacional del movimiento sindical, la política nacional, el carácter clasista de la central y los sindicatos, la propuesta de reforma de los estatutos de la CUT y el respaldo del movimiento sindical a la candidatura presidencial de Carlos Gaviria.

Este importante esfuerzo de unidad deberá superar obstáculos como el sectarismo y el gremialismo, tan presentes en el sector. De fortalecer este importante ensayo de unidad depende que el movimiento sindical se mantenga alineado con las luchas antiimperialistas y en la brega por el establecimiento de un gobierno de nueva democracia.

Por Elías Fonseca

El primer semestre del año 2005 ha sido fructífero en la lucha de los estudiantes con¬tra las reformas uribistas en la educación superior, especialmente porque han ido esclareciendo los objetivos de su lucha y la forma de acometer tan necesaria resistencia contra las políticas neoliberales que buscan la privatización de este importante servicio. El 24 de febrero se cumplió la jornada nacional de protesta, con una masiva participación en todas las universidades públicas del país. Posteriormente, el 30 de marzo se llevó a cabo la segunda jornada nacional de protesta en defensa de la universidad pública. Y el 13 de abril, con creciente entusiasmo, se hizo el paro nacio¬nal universitario: en todas las ciudades capitales hubo multitudinarias manifes¬taciones que ratificaron las justas recla¬maciones de las protestas anteriores, y en la que estudiantes, profesores, trabajadores y pensionados acudieron al llamado de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios.

Ejes de lucha

Los objetivos acordados por la Multiesta¬mentaria nacional, contempla los siguientes puntos:

1. Financiación estatal adecuada y oportuna para la universidad pública:
• Exigencia de la derogatoria del decreto 3545 de 2004 por conducir a la desfinan¬ciación estatal de las universidades públi¬cas y, por consiguiente, a la privatización de ellas.
• Rechazar la aplicación de la Ley 550 de 1999 en las universidades. Es bueno recordar que la Ley 550 es la de “reestruc¬turación empresarial”, lo que significa que en ella la educación pública es considerada un negocio más.
• Exigir solución a los problemas pensionales en las universidades.
• Rechazo rotundo al alza de matrículas.
2. Respeto a la autonomía universitaria.
• Exigir la derogatoria del decreto 2566 de 2003 y su no aplicación en las univer¬sidades.
• Rechazar las reformas estructurales que se adelantan en las diferentes univer¬sidades, las cuales están orientadas a adecuar el sistema universitario al TLC con EE.UU o a cualquier otro instrumento de mercantilización de la educación
• Democracia universitaria
• Exigir una mayor y democrática representacióde los universitarios en los Consejos Superiores; las decisiones que en ellos se tomen deberán ser expresión de la voluntad de los estamerntos que la conforman.
3. Respeto a los derechos humanos de los universitarios.
• Exigir el respeto a las garantías democráticas en el ejercicio del derecho a la protesta.
4. Bienestar universitario, como condición de calidad.
• Exigimos programas de bienestar universitario en todos los campos.
5. Derecho al trabajo para docentes, empleados y trabajadores de las universidades públicas.
• Por la estabilidad laboral.
• Contra la disminución real del salario.
• Por un régimen salarial y prestacional digno.
• Por la defensa del derecho a la salud. Que se mantenga la red pública hospitalaria y se detenga la privatización de este sector.

Por la contundencia de las protestas en todo el país, el Ministerio de Educación se vio obligado a derogar el decreto 3545 de 2004, que recortaba drásticamente el presupuesto a las universidades públicas. En la Universidad Nacional se produjo la renuncia del rector Marco Palacio, ante el rechazo permanente que tuvo por parte de los estamentos universitarios, tanto por su designación antidemocrática y autoritaria como por el impulso a la reforma regresiva propuesta por el gobierno para la principal universidad del país. Estos hechos deben estimular la continuación de las luchas estudiantiles y profesorales contra las reformas que en educación superior persis¬ten por parte del gobierno de Uribe Vélez.

Fortalecimiento de la Unidad para las luchas futuras Contra el TLC

En los días 18 y 19 de junio se reunió en Bogotá el V encuentro de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, CNEU, que agrupa a las principales corrientes políticas y gremiales de los estudiantes universitarios.

En el evento se hizo el balance de las exitosas jornadas de lucha y fueron aprobadas nuevas tareas, que fueron acogidas con gran entusiasmo por todos los asistentes. Y es de resaltar el rechazo unánime y rotundo al Tratado de Libre Comercio que el gobierno colombiano quiere firmar a como de lugar con los Estados Unidos y, en consecuencia, se aprobó hacer una consulta universitaria sobre el TLC, adelantando previamente una intensa actividad de discusiones, conferen¬cias, seminarios y asambleas en los que se expliquen ampliamente las profundas incidencias que tal tratado tendrá contra la educación pública nacional, pues la pretensión del gobierno de Bush es que¬darse con el control de este servicio por parte de sus grandes consorcios, vulne¬rando también en este sector la soberanía de nuestro país: será una educación al estilo gringo y según las necesidades ideológicas y económicas del imperio.

Las consultas se desarrollarán del 28 de agosto al 17 de septiembre en todas las universi¬dades del país. Para ello se dispondrá de una orga¬nización electoral nacional y por universi¬dades, que plani¬ficará y orientará la campaña, de tal manera que no se quede región de Colom¬bia sin conocer a fondo que este tratado de anexión tendrá gravísimas consecuencias sobre la sobera¬nía, el trabajo, la producción y la educa¬ción.

Pasivos pensionales

El gobierno de Uribe, ha notificado a la Universidad Nacional y a la de Caldas, y con ello a las demas universidades públicas que deben asumir los pasivos pensionales, lo que llevará a estas entidades, para su posterior fun¬cionamiento, transferirles a los estudian¬tes su respectiva crisis económica, por la vía de las matrículas y la venta de servicios. Con ello se consumará la privati¬zación, tal como lo necesita el TLC.

Apoyo al Paro Nacional del 12 de octubre

También se tomó la decisión de participar y preparar al lado de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares el gran paro nacional aprobado por la Gran Coalición Democrática para el 12 de octubre, contra las políticas que el gobierno de Álvaro Uribe implanta contra los intereses de nuestra nación y nuestro pueblo y en beneficio del imperialismo norteamericano y la minoría oligárquica y autoritaria que nos gobierna.

Todo el movimiento estu¬diantil estará presto a jugar un papel determinante en estas jornadas de lucha y resistencia.

Unidad estudiantil

Al lado de estas importantes decisiones, el encuentro de la CNEU abordó el tema de la organización nacional de los estudiantes universitarios, considerando como una necesidad imperiosa unificar todos los sectores estudiantiles en torno a una sola organización de carácter gremial, cobertura nacional, funcionamiento democrático, representativa y pluralista, con un programa que recoja las principales aspiraciones del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública y la soberanía nacional.
La OCE (organización Colombiana de Estudiantes), la ACEU, la FUN, la FEU y demás organizaciones regio¬nales y locales que conforman la CNEU se comprometieron a impulsar este proceso, para desembocar en la creación de la orga¬nización nacional de estudiantes universitarios.

Campaña Carlos Gaviria Presidente

La OCE hace un fervoroso llamado a la juventud y los estudiantes para que respaldemos con entusiasmo la candidatura presidencial del doctor Carlos Gaviria, reconocido educador universitario, demó¬crata y defensor de los intereses nacionales, y quien bajo el programa político aprobado por Alternativa Democrática pugna por una nación libre y soberana, en la que haya pleno respeto por la democracia y las libertades ciudadanas, se impulse el des¬arrollo y la protección del aparato produc¬tivo del país, y se defienda plenamente una educación pública y al servicio de los intereses nacionales.

Por Francisco Valderrama Mutis

La ambición de Estados Unidos de afianzar y expandir su posición hegemónica en todo el mundo y prevenir el surgimiento de nuevas potencias que le puedan competir militarmente en el futuro, sintetizada en la doctrina de los ataques preventivos y la implantación de la «democracia norteamericana», está encontrando resistencia en todo el mundo. Los diversos conflictos regionales tienden a agravarse y su política económica de «libre mercado y mercados libres» pierde credibilidad por sus desastrosos resultados y por el empobrecimiento para la mayoría de los pueblos, así como por la contradicción evidente con su propio proteccionismo. Entre otros hechos, podemos mencionar el fortalecimiento y la expansión de la resistencia iraquí, el incremento de las bajas norteamericanas y el fracaso en la estabilización de la situación en Irak y Afganistán; el descontento mayoritario de los ciudadanos de Estados Unidos con la guerra y con su conducción; el triunfo electoral de los radicales iraníes en las pasadas elecciones, a pesar de la injerencia directa del gobierno de Bush mediante emisiones especiales de televisión y el financiamiento de la oposición, así como la decisión de ese país de continuar con el desarrollo del programa para el desarrollo de la energía atómica; la firme posición de Corea del Norte de no someterse a quedar inerme frente a las amenazas estadounidenses; y la consolidación de la llamada Organización de Cooperación de Shangai que incluye a Rusia, China y los países de Asia Central y que tiene como observadores a Irán, India y Mongolia, en cuya declaración exigieron la retirada de los destacamentos imperialistas de los países del Asia Central.

En América Latina, países y pueblos se expresan también frente a la agresiva campaña política, económica y militar de Estados Unidos para culminar la recoloni¬zación emprendida desde la década de los ochentas del siglo pasado. La lucha de las masas populares en Bolivia por cambiar las condiciones económicas impuestas por el modelo neoliberal y por la recuperación de sus recursos petroleros, cuyas regalías e impuestos fueron seriamente disminuidos por los gobiernos del «gringo» Sánchez de Lozada, terminó tumbando dos gobiernos. A la resistencia boliviana se unió más tarde la de las masas populares ecuatorianas contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, quien ganó las elecciones con una coalición y un programa antineoliberal, que traicionó una vez instalado en la presidencia. Estas gigantescas movilizaciones lograron tumbar los gobiernos pero no consiguieron cambiar sus características, pues el reemplazo vuelve rápidamente a las mismas políticas que signaron la suerte de sus antecesores. Esto le sucedió a Meza en Bolivia, y seguramente le va a suceder a Palacio en el Ecuador. Pero no haber podido cuajar verdaderos cambios no disminuye su importancia dentro del concierto de la lucha de los pueblos de América Latina contra la recolonización imperialista norteamericana.

Para la marcha avasalladora de su proyecto de dominación colonial sobre América Latina, Estados Unidos también ha encontrado escollos en el ascenso de gobiernos como los de Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, que si en lo interno aplican la continuidad de la política de los regímenes anteriores, en las relaciones internacionales levantan la bandera de la independencia y se oponen con firmeza a la concreción del ALCA, que pretende imponer un solo mercado desde Alaska hasta la Patagonia bajo la égida norteamericana, con la consiguiente pérdida de la soberanía económica de nuestras naciones. En la puja por influir preponderantemente en la región, Brasil y Argentina, sin cuyo concurso el ALCA quedaría reducido a una caricatura, se han convertido en opositores de los designios de Washington. Bajo su influencia, otros países que se habían caracterizado por su extrema sumisión a los mandatos norteamericanos se han atrevido a levantar la cabeza.

En este clima lleno de contradicciones, Chávez ha endurecido progresivamente su posición antiimperialista, tomando posiciones que agrandan las dificultades de Estados Unidos. La pugna alrededor del nombramiento del nuevo secretario de la OEA representa algo más que un episodio en esta lucha. Por primera vez en la historia, Washington no pudo imponer su candidato y después de varios empates en las votaciones debió aceptar el candidato de la oposición comandada por Venezuela y Brasil. Y fue derrotada la propuesta gringa de establecer una comisión de monitoreo a los gobiernos del continente. Las ofertas de Chávez de establecer pactos de cooperación energética con los países de América Latina, a través de Petrocaribe, Petrosur y Petroamérica, así como la compra de bonos de deuda de los países más empro¬blemados, le han permitido ampliar su influencia.

Apoyándose en los sumisos gobiernos de Colombia, Perú y los países del CAFTA en América Central, Estados Unidos ha tomado decisiones que violan la soberanía de las naciones y el principio democrático de la no injerencia en los asuntos internos de los demás países. Nombró a Caleb McCarry como coordinador de la Secretaría de Estado para acelerar la «transición» en Cuba, y Bush recibió en la Casa Blanca a la presidenta de «Súmate», organización venezolana que recibe financiación norteamericana, y anunció que será invitada a una reunión de la OEA en Texas junto con otros representantes de la oposición en Venezuela. En días pasados, Rumsfeld, el secretario de Defensa gringo, hizo una gira por Paraguay y Perú, y lanzó reiteradamente la acusación de que la inestabilidad en Bolivia se debe a la injerencia de Chávez y a su apoyo a Evo Morales. En abierto contraste con esta actitud provocadora, el canciller de Brasil viajó a Bolivia a reunirse con Morales. Las continuas amenazas de los funcionarios norteamericanos, que ponen en duda el carácter democrático del gobierno venezolano, han sido respondidas por Chávez con medidas concretas que van desde la exigencia a las multinacionales norteamericanas de pagar los impuestos, acostumbrados como estaban a evadirlos, y el rompimiento con la DEA, cuyos agentes fueron acusados de estar haciendo labor de espionaje. Todos los movimientos de Chávez en la arena internacional, desde los pactos petroleros hasta la compra de bonos de la deuda, se oponen a la política imperialista en la región.

Estados Unidos, sin embargo, no cesa de preparar las condiciones para retomar una política más agresiva hacia los pueblos de América Latina. A la implemen¬tación del «Plan Colombia», que ha implicado la presencia cada vez mayor de tropas y mercenarios norteamericanos en nuestro país, y a las bases militares ya instaladas de Guantánamo en Cuba, Fort Buchanan y Roosevelt Roads en Puerto Rico, y Soto Cano en Honduras, le ha sumado las llamadas «localizaciones de seguridad cooperativa» en Manta, Ecuador; Reina Beatriz, en Aruba; Hato Rey, en Curazao; Comalapa, en El Salvador, y Tres Esquinas, en Colombia. Ha hecho el despliegue de un destacamento de 400 soldados norteamericanos en Paraguay, cuyo parlamento aprobó su permanencia con inmunidad diplomática hasta diciembre de 2006, y está construyendo un gran aeropuerto en la localidad militarizada de Mariscal Estigarribia, en la región del Chaco muy cerca de la frontera con Bolivia, cuya capacidad para recibir aviones B-52 y Galaxy y alojar 14.000 soldados totalmente equipados, excede en mucho las peregrinas explicaciones del embajador norteamericano en ese país, quien adujo que se trataba de una misión ‘humanitaria y no militar’. Además, desplegó un contingente de soldados en Perú para hacer operaciones conjuntas con el ejército de ese país en la frontera con Colombia. Aprieta el paso en la firma de tratados de libre comercio con Chile, con Centroamérica y con los países andinos, exceptuando a Venezuela, en su afán por aislar a esta última y a los países del Mercosur, a los cuales no cesa de presionar para revivir el proyecto general del ALCA, en medio de un descontento generalizado de los pueblos latinoamericanos que no cesan de expresar su rechazo a estas imposiciones.

Atendiendo al auge de la lucha antiimperialista que se percibe en el medio latinoamericano, las organizaciones políticas, sindicales y populares tenemos el deber de trabajar por crear y consolidar desarrollos organizativos que puedan canalizar ese descontento y darle la consistencia necesaria a las movilizaciones para lograr avances significativos en la lucha nacional y democrática de nuestros pueblos.

Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR

Contra todo riesgo de olvido político es prudente reiterar que, a través de nuestra historia, el predominio de las políticas que abisman la nación se ha impuesto en tétrica ligazón con rampantes supresiones de libertades y derechos. No es extraño entonces que su lógica resultante haya sido el taponamiento en diverso grado del desarrollo democrático. Y, por contera, cuando las políticas de la oligarquía dominante encarnan el neoliberalismo que Estados Unidos desde hace varios lustros dicta e implanta por doquier, tal atasco adquiere una magnitud que impide todo asomo de democracia. Cuestión esta aún menos extraña, pues ese es el carácter que adquiere en Colombia la aplicación del recetario neoliberal, hoy destinado, bajo el asedio de Washington, a plasmarse en un desigual tratado de libre comercio.

Esta condición antidemocrática del país ha sido intensificada por las arbitrariedades y marrullerías a las que recurre Uribe Vélez para darles curso a disposiciones económicas y sociales ajustadas al proceso de recolonización norteamericana que con alegre provincianismo alcahuetea.

A nadie se le escapa que para llevar a término semejante subyugación lo prioritario sea debilitar el arraigo nacional y doblegar la resistencia de millones de gentes en quienes alienta el espíritu de independencia y patriotismo. Calculadores, a Uribe y sus mandantes económicos y políticos tampoco se les escapó la arduidad y la longura que exigía su cometido. De allí que al asumir la Presidencia, este enmarcara su actos de gobierno en el propósito de prolongarla. Procurarlo desde la jefatura del poder ejecutivo ha equivalido a convertir su reelección en una política estatal plagada de connotaciones absolutistas. Es claro que Uribe –contra la Constitución que consigna la ilegalidad de ese propósito y, en consecuencia, la de los medios utilizados para lograrlo– ha sido un presidente-candidato en plan permanente de cautivar la voluntad y captar los votos de gentes candorosas y perplejas. Encubierta en sus gestiones administrativas se ha configurado la práctica de un clientelismo que se asemeja a un delito continuado. Tales astucias, junto a su proceder de ventajista y al arbitrario quiebre de las normas vigentes, le imprimen a su mandato un oprobioso sello antidemocrático.

Su decisión reeleccionista descubre que las funciones presidenciales ejercidas durante más de tres años fueron descaradas diligencias electorales y, para colmo, establece que ambas se confundirán hasta perfilarle una acabada índole de «Yo, el supremo». Así, ninguna «garantía electoral», en dinero o en especie –como son los mimos burocráticos y contractuales y el acceso a los medios de comunicación– podrá remediar el avasallador poder presupues¬tal, administrativo y mediático del Ejecutivo, reforzado con los no menos arrolladores poderes paraestatales que ha prohijado. Junto a los vicios que son objeto de demandas, tanto sobre el contenido como sobre la forma del pase que le dio el Congreso a esta habilitación de Uribe, las mencionadas aberraciones contradicen de manera absoluta e insuperable, más allá de las interpretaciones y fallos inferidos de nuestro peculiar ordenamiento constitucional, principios consubstanciales a cualquier sistema político civilizado.

No obstante que demasías de esa misma clase se manifiestan en numerosos y no menos relevantes episodios de la acción gubernamental, Uribe, como ido de la misma realidad política que fomenta, asegura que en Colombia rige una «democracia profunda». Omitido el atropello a la razón de los colombianos implícito en tan falaz aseveración, su designio es generar aquiescencias para nuevas y mayores arbitrariedades. Suficientes precedentes alertan: ¿acaso, so capa de la temprana adjetivación de democrática que se le acomodó a la política de seguridad, no se ha alabado el sapeo como una virtud civil y patriótica aunque desata cacerías de brujas, redadas, encalabozamientos y ejecuciones sumarias contra gente de bien? Iniquidades propias del fascismo que suceden ante el malicioso silencio, cuando no la cínica aprobación, de los grandes medios, a más de la repugnante indiferencia de estamentos sociales y personajes que se precian de demócratas.

Junto a la denuncia y condena de todas y cada una de las manifestaciones de la retrograda embestida, es indispensable que las organizaciones de izquierda, sectores de oposición y personas sensatas reafirmen –amplia e incesantemente y en íntima ligazón con los criterios en defensa de la soberanía– los principios elementales de la democracia, pues estos, en su significativa obviedad, tienen la virtud de dotar a las gentes de una escarda ideológica que les permite distinguir las malas políticas que los sumen en la crítica situación que atraviesan y, además, comprender la necesidad de oponerles resistencia.

En realidad, la lucha por la democracia se define en últimas como una forja que, en diversos grados y formas, se dirige a la conquista de derechos y elementales condiciones políticas que posibiliten a la población librar eficazmente, tanto el primordial combate por la soberanía de la nación, como la prolongada batalla para llevar a la sociedad a un estadio económico, político y cultural de nuevo tipo, es decir, en armonía con sus más altos intereses.

Por su naturaleza, la situación democrática que se alcanzará valiéndose de tales condiciones y ejercitando tales derechos corresponde a un nuevo régimen político, radicalmente opuesto al viejo y vaciado de democracia que, apuntalado por Washington con la complacencia de la cúpula oligárquica nacional, impera en Colombia.
La cuestión democrática, en los términos aquí expuestos, encuentra un testigo de excepción en López Michelsen cuando –corroborándose lo que por haberlo vivido han sabido bien generaciones enteras de compatriotas– afirma que «en Colombia no hay democracia en el sentido corriente del vocablo, cuando por tal se entiende el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo». Pues bien, ¡de esa carencia, de ese sentido del vocablo y de ese pueblo, es de lo que se trata!

Se trata, pues no es mera especulación teórica, de las secuelas económicas y sociales de esa privación de democracia. Entre ellas: la mayoría de la población en la pobreza, parte considerable de ella desfalleciendo en el campo o amontonada en poblados y suburbios, verdaderos guetos, bajo condiciones infrahumanas de vida, mientras la elite financiera se ganó en los siete primeros meses de este año dos millones de millones de pesos. Tal situación ominosa a la que ha sido llevado el país le ha merecido que en el mundo entero lo descalifiquen en materia de desigualdad económica o concentración de la riqueza, como transcribe el insólito testigo.

En fin, se trata de lo formulado con enjundia y autoridad mayores por Carlos Gaviria, al ser proclamado candidato presidencial de Alternativa Democrática. Allí, cual si fuese un moderno memorial de agravios, desnuda en una decena de preguntas-condena los rasgos de la antidemocra¬cia que entre cabriolas y galope tendido impone hoy sobre la nación el gobierno de Uribe (véase la página 3). Contra su verdad, nada pueden las tendenciosas encuestas al recoger los resultados de la incesante y masiva manipulación informática. Para el caso, bastaría con atenerse a la sentencia de Anatole France: «Un disparate, aunque sea expresado por un millón de personas, sigue siendo un disparate».

Ahora bien, la definida carencia de democracia es un fenómeno que aparece engranado en la política de sujeción económica y política impuesta por los Estados Unidos. De allí que no sea posible que arraiguen y florezcan los brotes democráticos que surgen de las múltiples bregas de la gente en resistencia, mientras en la nación persista esa condición, hoy intensificada, de pérdida de la soberanía. Sin ésta, todo progreso democrático será escaso y recortado, siempre expuesto a ser anulado. En esencia, en el actual período de la vida nacional, la democracia es un medio y la soberanía es un fin. Sólo una nueva democracia proveerá a la nación de los instrumentos y condiciones indispensables para liberarse de la coyunda imperialista y emprender su desarrollo económico y social.

Con todo, de cuando en cuando se tiende a desconocer u olvidar la anterior concreción del problema, en especial lo referente al imperialismo norteamericano. Una absurdidad que la izquierda no puede permitirse, ni permitir que prolifere entre la población, para no correr riegos de que se equivoque el rumbo. Más valdría emular a Noam Chomsky cuando recién juzgó pertinente exclamar: «Es el imperialismo, ¡estúpido!». Y expresarlo así, con la sonora amonestación y con el nombre exacto del sistema.

Por Juan Pablo Arango P.

En 1975, el joven estudiante de la Universidad Nacional –sede Medellín–, Rodrigo Saldarriaga Sanín, ya había empeñado su vida al arte, en una de sus más ricas expresiones: el teatro. El 6 de febrero de hace treinta años, Rodrigo tomó una decisión que le ha permitido satisfacer con creces su vocación y enriquecer el teatro nacional: fundó el Pequeño Teatro, junto con Eduardo Cárdenas, John Jairo Mejía, Oscar Muñoz, Efraim Hincapié (q.e.p.d.) y Jorge Villa. Aunque sabían a conciencia que se trataba de un gran reto, lo denominaron ya que inicialmente era integrado solamente por esas seis personas, que abandonaron sus estudios decidiendo convertirse en teatreros, y porque la primera planta física para el grupo fue una pequeña sala de sólo sesenta sillas.

En reconocimiento a este tesonero esfuerzo de tres decenios, para –según palabras del mismo Saldarriaga– «luchar por lo que parece un imposible: darle a Medellín un grupo profesional que lo ponga a la altura de otros que ya cuentan en su inventario artístico con grupos propios y con una actividad teatral amplia y difundida», el pasado 10 de junio Rodrigo Saldarriaga y el elenco del Pequeño Teatro fueron objeto de un homenaje al que asistieron numerosas personalidades de la vida local y nacional, entre quienes se destacan el doctor Carlos Gaviria, candidato presidencial de Alternativa Democrática; Héctor Valencia Henao, secretario general del MOIR; Reinaldo Spitaletta, periodista independiente; el presidente del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez; el magistrado del Tribunal de Antioquia, Laureano Forero; el ejecutivo del grupo empresarial Habitar y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Guillermo Jaramillo; los miembros del sector teatral de la capital antioqueña Mario Yepes –director del Teatro El Tablado–, Gilberto Martínez –director de la Casa del Teatro– y Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre –del Teatro Águila Descalza–; así como otros destacados representantes de la cultura paísa, como el compositor y director de orquesta Gustavo Yepes y el famoso arquitecto Nano Forero.

Desde su primer montaje en 1975 con la adaptación que Saldarriaga hiciera de Anacleto Morones, de Juan Rulfo, el Pequeño Teatro ha presentado cincuenta y tres obras, entre las que descuellan: Edipo Rey, de Sófocles; Macbeth y La tempestad, de William Shakespeare; Escuela de mujeres y Tartufo, de Molière; Madre coraje, de Bertolt Brecht; Medea, de Jean Anouilh; La Locandiera, de Carlo Goldoni; Emily Dickinson, de William Luce; Los intereses creados, de Jacinto Benavente; Simón Bolívar, de Ferdinand Bruckner; Aceite, de Eugene O´Neill; De ratones y hombres, de John Steinbeck; Ruptura, de Helge Krog; El precio, de Arthur Miller; El zoológico de cristal, de Tennessee Williams; Asesinato en la Catedral, de T. S. Elliot; Hola y adiós, de Athol Fugard; El brillador de metal, de Henrich Henkel; Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y El cuento de la Isla Desconocida, basado en la obra de José Saramago.

Pequeño Teatro ha concedido especial importancia a promover obras escritas por dramaturgos nacionales, razón por la cual ha presentado, entre otras, La muerte en la calle, de José Félix Fuenmayor; A la diestra de Dios Padre, versión de Enrique Buenaventura sobre la novela de Tomás Carrasquilla; Tiempo vidrio, de Sebastián Ospina; El drama en la buhardilla, de Jairo Aníbal Niño; José Antonio Galán o de cómo se sublevó el Común y El cumpleaños de Alicia, de Henry Díaz; Poeta, ¿en qué quedamos?, sobre versos de Porfirio Barba Jacob; Una extraña sesión de jazz, de Efraim Londoño y Rafael de La Calle; Zafarrancho en Santa Isabel de las Nubes, de José Mesa, y El baile de los cabezones y La comparsa de don Rosendo, de José Pardo.
Entre las obras colombianas merecen mención aparte las escritas por Sal¬darriaga: Nos han dado la tierra y Diles que no me maten –sobre cuentos de Juan Rulfo–, Todo fue, La venganza de los huérfanos, A Julian Beck y El ejército de los guerreros.

A pesar de haber atravesado diversas crisis, entre las cuales sobresale la de 1997 cuando casi tuvieron que vender su hermosa sede de la Carrera Córdoba con La Playa, adquirida en abril de 1986 y cuya ampliación se terminó en 1994, el Pequeño Teatro no dio su brazo a torcer. Para salir del último entuerto, hace tres años y medio Saldarriaga tuvo una idea salvadora: decidió abrir al público las funciones del teatro sin cobrar por ellas y, a cambio, solicitar a los asistentes contribuciones voluntarias al final del espectáculo. La ocurrencia tenía tres virtudes: ponía el teatro al acceso de toda la ciudadanía medellinense, enfrentaba el elenco a la crítica de su audiencia y –en la medida en que ésta fuera favorable– permitía recoger las generosas contribuciones de los espectadores. Con ello pudo sobreponerse a la bancarrota y desde entonces continúa aplicando dicha política, la cual ha sido premiada con llenos continuos en más de mil funciones que hasta ahora suman 250 mil espectadores. En total, el grupo ha presentado aproximadamente 7.500 funciones, a las cuales han asistido alrededor de dos millones trescientas mil personas.

La labor del Pequeño Teatro no se ha circunscrito a la capital antioqueña. Ha presentado sus obras en más de trescientos municipios del país, desde Nariño hasta La Guajira. Ello no sólo le ha permitido hacerse conocer a nivel nacional, sino que, sobre todo, ha respondido a su compromiso de democratizar la cultura, brindándole a nuestra gente el deleite teatral. Lo que a su vez les ha permitido realimentar su producción artística con la crítica de los conocedores y los ingeniosos y ricos comentarios de campesinos, obreros, estudiantes y personas del común que, gracias a Rodrigo y a su elenco, conocieron por primera vez lo que es el teatro.

Igualmente, cabe destacar la contribución del Pequeño Teatro a formar profesionalmente decenas de actores, entre quienes se han contado Patricia Duque, Efraim Londoño, Walter Sauza, Ramiro Rojo, Omaira Rodríguez, Andrés Moure, Eduardo Cárdenas y John Jairo Mejía. Para ello, a lo largo de estas tres décadas el Pequeño Teatro ha sido una escuela permanente. Hace tres años abrió las puertas de su Escuela de Formación de Actores.

La labor y los éxitos del Pequeño Teatro son el fruto de su inquebrantable empeño, generalmente huérfano de apoyo estatal –como acontece con tantas empresas de nuestros connacionales–, y constituye un ejemplo de la epopeya de los trabajadores intelectuales y del arte por enriquecer y asentar una cultura nacional. Como dijera Rodrigo Saldarriaga en alguna ocasión: “A veces estamos cercados por problemas de hambre, pero nuestra satisfacción al hacer teatro nos hace libres”. Tribuna Roja se une al reconocimiento nacional de que ha sido objeto el Pequeño Teatro en sus treinta años de infatigable y persistente laborar, como parte del batallar que el pueblo colombiano adelanta para consolidar su propia cultura y liberarse de los escollos que le impiden cimentar una patria próspera y soberana.