Categoría: Tribuna Roja Nº 100, septiembre 1 de 2005

Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR

Contra todo riesgo de olvido político es prudente reiterar que, a través de nuestra historia, el predominio de las políticas que abisman la nación se ha impuesto en tétrica ligazón con rampantes supresiones de libertades y derechos. No es extraño entonces que su lógica resultante haya sido el taponamiento en diverso grado del desarrollo democrático. Y, por contera, cuando las políticas de la oligarquía dominante encarnan el neoliberalismo que Estados Unidos desde hace varios lustros dicta e implanta por doquier, tal atasco adquiere una magnitud que impide todo asomo de democracia. Cuestión esta aún menos extraña, pues ese es el carácter que adquiere en Colombia la aplicación del recetario neoliberal, hoy destinado, bajo el asedio de Washington, a plasmarse en un desigual tratado de libre comercio.

Esta condición antidemocrática del país ha sido intensificada por las arbitrariedades y marrullerías a las que recurre Uribe Vélez para darles curso a disposiciones económicas y sociales ajustadas al proceso de recolonización norteamericana que con alegre provincianismo alcahuetea.

A nadie se le escapa que para llevar a término semejante subyugación lo prioritario sea debilitar el arraigo nacional y doblegar la resistencia de millones de gentes en quienes alienta el espíritu de independencia y patriotismo. Calculadores, a Uribe y sus mandantes económicos y políticos tampoco se les escapó la arduidad y la longura que exigía su cometido. De allí que al asumir la Presidencia, este enmarcara su actos de gobierno en el propósito de prolongarla. Procurarlo desde la jefatura del poder ejecutivo ha equivalido a convertir su reelección en una política estatal plagada de connotaciones absolutistas. Es claro que Uribe –contra la Constitución que consigna la ilegalidad de ese propósito y, en consecuencia, la de los medios utilizados para lograrlo– ha sido un presidente-candidato en plan permanente de cautivar la voluntad y captar los votos de gentes candorosas y perplejas. Encubierta en sus gestiones administrativas se ha configurado la práctica de un clientelismo que se asemeja a un delito continuado. Tales astucias, junto a su proceder de ventajista y al arbitrario quiebre de las normas vigentes, le imprimen a su mandato un oprobioso sello antidemocrático.

Su decisión reeleccionista descubre que las funciones presidenciales ejercidas durante más de tres años fueron descaradas diligencias electorales y, para colmo, establece que ambas se confundirán hasta perfilarle una acabada índole de «Yo, el supremo». Así, ninguna «garantía electoral», en dinero o en especie –como son los mimos burocráticos y contractuales y el acceso a los medios de comunicación– podrá remediar el avasallador poder presupues¬tal, administrativo y mediático del Ejecutivo, reforzado con los no menos arrolladores poderes paraestatales que ha prohijado. Junto a los vicios que son objeto de demandas, tanto sobre el contenido como sobre la forma del pase que le dio el Congreso a esta habilitación de Uribe, las mencionadas aberraciones contradicen de manera absoluta e insuperable, más allá de las interpretaciones y fallos inferidos de nuestro peculiar ordenamiento constitucional, principios consubstanciales a cualquier sistema político civilizado.

No obstante que demasías de esa misma clase se manifiestan en numerosos y no menos relevantes episodios de la acción gubernamental, Uribe, como ido de la misma realidad política que fomenta, asegura que en Colombia rige una «democracia profunda». Omitido el atropello a la razón de los colombianos implícito en tan falaz aseveración, su designio es generar aquiescencias para nuevas y mayores arbitrariedades. Suficientes precedentes alertan: ¿acaso, so capa de la temprana adjetivación de democrática que se le acomodó a la política de seguridad, no se ha alabado el sapeo como una virtud civil y patriótica aunque desata cacerías de brujas, redadas, encalabozamientos y ejecuciones sumarias contra gente de bien? Iniquidades propias del fascismo que suceden ante el malicioso silencio, cuando no la cínica aprobación, de los grandes medios, a más de la repugnante indiferencia de estamentos sociales y personajes que se precian de demócratas.

Junto a la denuncia y condena de todas y cada una de las manifestaciones de la retrograda embestida, es indispensable que las organizaciones de izquierda, sectores de oposición y personas sensatas reafirmen –amplia e incesantemente y en íntima ligazón con los criterios en defensa de la soberanía– los principios elementales de la democracia, pues estos, en su significativa obviedad, tienen la virtud de dotar a las gentes de una escarda ideológica que les permite distinguir las malas políticas que los sumen en la crítica situación que atraviesan y, además, comprender la necesidad de oponerles resistencia.

En realidad, la lucha por la democracia se define en últimas como una forja que, en diversos grados y formas, se dirige a la conquista de derechos y elementales condiciones políticas que posibiliten a la población librar eficazmente, tanto el primordial combate por la soberanía de la nación, como la prolongada batalla para llevar a la sociedad a un estadio económico, político y cultural de nuevo tipo, es decir, en armonía con sus más altos intereses.

Por su naturaleza, la situación democrática que se alcanzará valiéndose de tales condiciones y ejercitando tales derechos corresponde a un nuevo régimen político, radicalmente opuesto al viejo y vaciado de democracia que, apuntalado por Washington con la complacencia de la cúpula oligárquica nacional, impera en Colombia.
La cuestión democrática, en los términos aquí expuestos, encuentra un testigo de excepción en López Michelsen cuando –corroborándose lo que por haberlo vivido han sabido bien generaciones enteras de compatriotas– afirma que «en Colombia no hay democracia en el sentido corriente del vocablo, cuando por tal se entiende el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo». Pues bien, ¡de esa carencia, de ese sentido del vocablo y de ese pueblo, es de lo que se trata!

Se trata, pues no es mera especulación teórica, de las secuelas económicas y sociales de esa privación de democracia. Entre ellas: la mayoría de la población en la pobreza, parte considerable de ella desfalleciendo en el campo o amontonada en poblados y suburbios, verdaderos guetos, bajo condiciones infrahumanas de vida, mientras la elite financiera se ganó en los siete primeros meses de este año dos millones de millones de pesos. Tal situación ominosa a la que ha sido llevado el país le ha merecido que en el mundo entero lo descalifiquen en materia de desigualdad económica o concentración de la riqueza, como transcribe el insólito testigo.

En fin, se trata de lo formulado con enjundia y autoridad mayores por Carlos Gaviria, al ser proclamado candidato presidencial de Alternativa Democrática. Allí, cual si fuese un moderno memorial de agravios, desnuda en una decena de preguntas-condena los rasgos de la antidemocra¬cia que entre cabriolas y galope tendido impone hoy sobre la nación el gobierno de Uribe (véase la página 3). Contra su verdad, nada pueden las tendenciosas encuestas al recoger los resultados de la incesante y masiva manipulación informática. Para el caso, bastaría con atenerse a la sentencia de Anatole France: «Un disparate, aunque sea expresado por un millón de personas, sigue siendo un disparate».

Ahora bien, la definida carencia de democracia es un fenómeno que aparece engranado en la política de sujeción económica y política impuesta por los Estados Unidos. De allí que no sea posible que arraiguen y florezcan los brotes democráticos que surgen de las múltiples bregas de la gente en resistencia, mientras en la nación persista esa condición, hoy intensificada, de pérdida de la soberanía. Sin ésta, todo progreso democrático será escaso y recortado, siempre expuesto a ser anulado. En esencia, en el actual período de la vida nacional, la democracia es un medio y la soberanía es un fin. Sólo una nueva democracia proveerá a la nación de los instrumentos y condiciones indispensables para liberarse de la coyunda imperialista y emprender su desarrollo económico y social.

Con todo, de cuando en cuando se tiende a desconocer u olvidar la anterior concreción del problema, en especial lo referente al imperialismo norteamericano. Una absurdidad que la izquierda no puede permitirse, ni permitir que prolifere entre la población, para no correr riegos de que se equivoque el rumbo. Más valdría emular a Noam Chomsky cuando recién juzgó pertinente exclamar: «Es el imperialismo, ¡estúpido!». Y expresarlo así, con la sonora amonestación y con el nombre exacto del sistema.

Por Juan Pablo Arango P.

En 1975, el joven estudiante de la Universidad Nacional –sede Medellín–, Rodrigo Saldarriaga Sanín, ya había empeñado su vida al arte, en una de sus más ricas expresiones: el teatro. El 6 de febrero de hace treinta años, Rodrigo tomó una decisión que le ha permitido satisfacer con creces su vocación y enriquecer el teatro nacional: fundó el Pequeño Teatro, junto con Eduardo Cárdenas, John Jairo Mejía, Oscar Muñoz, Efraim Hincapié (q.e.p.d.) y Jorge Villa. Aunque sabían a conciencia que se trataba de un gran reto, lo denominaron ya que inicialmente era integrado solamente por esas seis personas, que abandonaron sus estudios decidiendo convertirse en teatreros, y porque la primera planta física para el grupo fue una pequeña sala de sólo sesenta sillas.

En reconocimiento a este tesonero esfuerzo de tres decenios, para –según palabras del mismo Saldarriaga– «luchar por lo que parece un imposible: darle a Medellín un grupo profesional que lo ponga a la altura de otros que ya cuentan en su inventario artístico con grupos propios y con una actividad teatral amplia y difundida», el pasado 10 de junio Rodrigo Saldarriaga y el elenco del Pequeño Teatro fueron objeto de un homenaje al que asistieron numerosas personalidades de la vida local y nacional, entre quienes se destacan el doctor Carlos Gaviria, candidato presidencial de Alternativa Democrática; Héctor Valencia Henao, secretario general del MOIR; Reinaldo Spitaletta, periodista independiente; el presidente del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez; el magistrado del Tribunal de Antioquia, Laureano Forero; el ejecutivo del grupo empresarial Habitar y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Guillermo Jaramillo; los miembros del sector teatral de la capital antioqueña Mario Yepes –director del Teatro El Tablado–, Gilberto Martínez –director de la Casa del Teatro– y Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre –del Teatro Águila Descalza–; así como otros destacados representantes de la cultura paísa, como el compositor y director de orquesta Gustavo Yepes y el famoso arquitecto Nano Forero.

Desde su primer montaje en 1975 con la adaptación que Saldarriaga hiciera de Anacleto Morones, de Juan Rulfo, el Pequeño Teatro ha presentado cincuenta y tres obras, entre las que descuellan: Edipo Rey, de Sófocles; Macbeth y La tempestad, de William Shakespeare; Escuela de mujeres y Tartufo, de Molière; Madre coraje, de Bertolt Brecht; Medea, de Jean Anouilh; La Locandiera, de Carlo Goldoni; Emily Dickinson, de William Luce; Los intereses creados, de Jacinto Benavente; Simón Bolívar, de Ferdinand Bruckner; Aceite, de Eugene O´Neill; De ratones y hombres, de John Steinbeck; Ruptura, de Helge Krog; El precio, de Arthur Miller; El zoológico de cristal, de Tennessee Williams; Asesinato en la Catedral, de T. S. Elliot; Hola y adiós, de Athol Fugard; El brillador de metal, de Henrich Henkel; Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y El cuento de la Isla Desconocida, basado en la obra de José Saramago.

Pequeño Teatro ha concedido especial importancia a promover obras escritas por dramaturgos nacionales, razón por la cual ha presentado, entre otras, La muerte en la calle, de José Félix Fuenmayor; A la diestra de Dios Padre, versión de Enrique Buenaventura sobre la novela de Tomás Carrasquilla; Tiempo vidrio, de Sebastián Ospina; El drama en la buhardilla, de Jairo Aníbal Niño; José Antonio Galán o de cómo se sublevó el Común y El cumpleaños de Alicia, de Henry Díaz; Poeta, ¿en qué quedamos?, sobre versos de Porfirio Barba Jacob; Una extraña sesión de jazz, de Efraim Londoño y Rafael de La Calle; Zafarrancho en Santa Isabel de las Nubes, de José Mesa, y El baile de los cabezones y La comparsa de don Rosendo, de José Pardo.
Entre las obras colombianas merecen mención aparte las escritas por Sal¬darriaga: Nos han dado la tierra y Diles que no me maten –sobre cuentos de Juan Rulfo–, Todo fue, La venganza de los huérfanos, A Julian Beck y El ejército de los guerreros.

A pesar de haber atravesado diversas crisis, entre las cuales sobresale la de 1997 cuando casi tuvieron que vender su hermosa sede de la Carrera Córdoba con La Playa, adquirida en abril de 1986 y cuya ampliación se terminó en 1994, el Pequeño Teatro no dio su brazo a torcer. Para salir del último entuerto, hace tres años y medio Saldarriaga tuvo una idea salvadora: decidió abrir al público las funciones del teatro sin cobrar por ellas y, a cambio, solicitar a los asistentes contribuciones voluntarias al final del espectáculo. La ocurrencia tenía tres virtudes: ponía el teatro al acceso de toda la ciudadanía medellinense, enfrentaba el elenco a la crítica de su audiencia y –en la medida en que ésta fuera favorable– permitía recoger las generosas contribuciones de los espectadores. Con ello pudo sobreponerse a la bancarrota y desde entonces continúa aplicando dicha política, la cual ha sido premiada con llenos continuos en más de mil funciones que hasta ahora suman 250 mil espectadores. En total, el grupo ha presentado aproximadamente 7.500 funciones, a las cuales han asistido alrededor de dos millones trescientas mil personas.

La labor del Pequeño Teatro no se ha circunscrito a la capital antioqueña. Ha presentado sus obras en más de trescientos municipios del país, desde Nariño hasta La Guajira. Ello no sólo le ha permitido hacerse conocer a nivel nacional, sino que, sobre todo, ha respondido a su compromiso de democratizar la cultura, brindándole a nuestra gente el deleite teatral. Lo que a su vez les ha permitido realimentar su producción artística con la crítica de los conocedores y los ingeniosos y ricos comentarios de campesinos, obreros, estudiantes y personas del común que, gracias a Rodrigo y a su elenco, conocieron por primera vez lo que es el teatro.

Igualmente, cabe destacar la contribución del Pequeño Teatro a formar profesionalmente decenas de actores, entre quienes se han contado Patricia Duque, Efraim Londoño, Walter Sauza, Ramiro Rojo, Omaira Rodríguez, Andrés Moure, Eduardo Cárdenas y John Jairo Mejía. Para ello, a lo largo de estas tres décadas el Pequeño Teatro ha sido una escuela permanente. Hace tres años abrió las puertas de su Escuela de Formación de Actores.

La labor y los éxitos del Pequeño Teatro son el fruto de su inquebrantable empeño, generalmente huérfano de apoyo estatal –como acontece con tantas empresas de nuestros connacionales–, y constituye un ejemplo de la epopeya de los trabajadores intelectuales y del arte por enriquecer y asentar una cultura nacional. Como dijera Rodrigo Saldarriaga en alguna ocasión: “A veces estamos cercados por problemas de hambre, pero nuestra satisfacción al hacer teatro nos hace libres”. Tribuna Roja se une al reconocimiento nacional de que ha sido objeto el Pequeño Teatro en sus treinta años de infatigable y persistente laborar, como parte del batallar que el pueblo colombiano adelanta para consolidar su propia cultura y liberarse de los escollos que le impiden cimentar una patria próspera y soberana.

Carlos Gaviria Díaz, Congreso de Unidad de Alternativa Democrática, agosto 19 de 2005

Este es un Congreso Nacional de Unidad. Unidad de los movimientos y partidos de lo que hemos llamado la izquierda democrática y de los sectores populares conscientes. ¿Qué representa la izquierda democrática? Sin ninguna duda, el propósito común de construir una sociedad equitativa mediante el consenso de las grandes mayorías. Sociedad equitativa que pensamos como una comunidad donde las oportunidades de participar en los bienes sociales sean iguales para todos.

Porque, ¿será equitativa una sociedad donde 25% de la población vive en la indigencia y 65% en la pobreza? Sin embargo, se nos dice que esta es una sociedad democrática. Pero resulta que la democracia es una forma de organización política donde deciden las mayorías. Y aquí las mayorías están constituidas precisamente por los excluidos. ¿Ellos habrán dispuesto que los indigentes sigan siendo indigentes y que los pobres sigan siendo pobres? Esa parece una conclusión disparatada; o, mejor aún, una paradoja indescifrable.

¿Qué sucede entonces? Algo muy simple: que quienes se benefician del sistema político y económico, que son los menos, no pueden admitir que sus privilegios los obtienen a costa de la miseria y pobreza de los más. Por eso aparece la paradoja de que son las grandes mayorías las que han dispuesto que haya una pequeña franja de privilegiados.
Esa técnica del engaño constituye lo que tradicionalmente se ha llamado el velo ideológico. La realidad se presenta distor¬sionada para que aparezca amable, lo que es letal; como en el vals, es «un veneno dulce que parece que consuela pero mata al fin».

Surge entonces el compromiso de la gente que ha tomado consciencia de la situación: descorrer los velos que ocultan la realidad. Sartre, cuyo centenario de nacimiento se conmemoró el pasado 18 de junio, ejemplo de intelectual honesto y valeroso, lo expresaba así: «La única posibilidad de asumir un punto de vista inmune a la ideología decretada desde arriba, es ponerse del lado de aquellos cuyas condiciones de existencia la contradicen».

¿Cómo es posible?

El mecanismo de falsificación es viejo y ha sido denunciado de tiempo atrás, pero hay momentos que lo muestran de manera contundente. Este que vivimos es uno de ellos. ¿Si estamos en una democracia, cómo es posible que a propuesta del gobierno y de las mayorías que lo apoyan en el Congreso se impongan tributos que encarecen y hacen inaccesible a una gran mayoría de los colombianos los artículos de primera necesidad alimentaria? ¿Cómo es posible que un cuerpo legislativo conformado por mayorías del gobierno se inhabilite él mismo para modificar regímenes de impuestos benignos y generosas exenciones en beneficio de eventuales inversionistas extranjeros, que llegan al país a incrementar su capital a costa de los salarios de hambre de los trabajadores colombianos? ¿Cómo es posible que un Estado que contribuyó a dar vida a la Organización Internacional del Trabajo y es signatario de los convenios sobre libertad sindical y negociación de convenciones colectivas, proscriba que unas mejores condiciones para la vejez puedan ser objeto de negociación obrero-patronales?

¿Cómo es posible que el Presidente de Colombia exhorte compulsivamente y quiera festinar con la mayor potencia económica del mundo la firma de un Tratado de Libre Comercio que va a concluir el proceso de ruina del agro y de la incipiente industria, proceso iniciado por quien ejercía la Presidencia de la República en el comienzo de la década de los noventas? ¿En un Estado Social de Derecho, cómo es posible que se presione la suscripción de un tratado que privilegia la protección de patentes extranjeras en detrimento de la salud de los colombianos, y que se estigmatice a los jueces que en cumplimiento de su función constitucional protegen el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna y a la alimentación de los colombianos? ¿Cómo es posible que el Estado Social de Derecho, propuesto por el constituyente de l991 como un camino hacia la paz, se vaya transformando artera y paulatinamente en un vitando Estado comunitario, que simboliza y materializa el regreso dramático a las peores épocas del liberalismo económico? (El constituyente de 1991 trazó un camino en materia de derechos y libertades que bien podría condensarse en el ideal de Fausto: Vivir en un país libre, con un pueblo de hombres libres).

¿Cómo es posible que a cuatro sindicalistas de Arauca se les ejecute sin fórmula de juicio y se les haga aparecer como guerrilleros caídos en combate, y que al revelarse la verdad de los hechos un funcionario del más alto rango aduzca como excusa justificante que «de todos modos parece que tenían nexos con el ELN»? ¿Cómo es posible que a 62 campesinos de Quinchía se les prive injustamente de su libertad y a los 8 meses se les libere porque no se encontró ninguna prueba de que pertenecían a la guerrilla? ¿Es esa política, pregunto, la que va a rescatar de la miseria y de la pobreza a las grandes masas excluidas de los beneficios sociales y la que va a llevar seguridad democrática a los ciudadanos?

¿Cómo es posible que la red pública hospitalaria sea desmantelada, y se condene a los servidores del sector a engrosar la multitud de desempleados, y se sustituya el servicio de salud por empresas que trafican con tan vital derecho? ¿Cómo es posible que las entidades oficiales implicadas en el cierre de los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil, evadan su compromiso de prestar servicio eficaz de salud a las madres y a los niños pobres?

¿Cómo es posible que ante la incontrovertible y evidente exclusión histórica de la mujer de las más altas responsabilidades, haya quien se rasgue las vestiduras porque el alcalde Mayor de Bogotá, observando sin duda pautas de idoneidad, designe a veinte mujeres para ocupar las Alcaldías locales? ¿Es pecado incluir a las excluidas? ¿Cómo es posible que a las comunidades indígenas se las siga maltratando y exterminando, haciéndolas blanco de agresiones y omisiones tanto por las autoridades oficiales como por los grupos armados al margen de la ley, bajo la vigencia de una Constitución que en su espíritu y en su letra ha dispuesto que se preserven y protejan sus formas de vida como reivindicación inaplazable del multicul¬turalismo que debe enorgullecernos? ¿Cómo es posible que pertenecer a las comunidades afrodescendientes siga siendo un estigma que condena a grandes sectores del pueblo colombiano a padecer la pobreza o la exclusión, y, las más de las veces, ambas cosas al tiempo? ¿No es una vergüenza nacional qué aún se cite al Negro Robles y a Candelario Obeso, a Diego Luis Córdoba y a su sobrina Piedad, como ejemplos de personas que tuvieron que derribar infinitos obstáculos para que el país conociera sus excelsas cualidades, su gran inteligencia y su valentía?

¿Cómo es posible que en Estado Social de Derecho se expida una ley llamada paradójicamente de justicia y paz, que en lugar de dirigirse a la reparación de los daños terribles ocasionados a centenares de miles de desplazados y damnificados, sea para privilegiar en exceso a los sindicados de crímenes atroces, y que se llegue con ellos a grados de benevolencia que rayan en la impunidad? ¿Y cómo es posible que un altísimo dignatario se duela de que con sus reclamos las víctimas “están entrabando el proceso”? ¿Cuántos periodistas, o simples ciudadanos, tendrán que exi¬liarse, amenazados de muerte desde los computadores privados de amigos simpáticos del Presidente de la República, para que entendamos la precariedad de los derechos individuales y libertades públicas bajo el gobierno de Álvaro Uribe?

Uno se pregunta, y me parece que con todo derecho, ¿cómo es posible que el presidente que promueve y propicia este estado de cosas, goce de un respaldo popular por encima de 70%, según las encuestas de opinión con las que permanentemente pretenden sumirnos en la inactividad que induce el pesimismo?

Frente a esta situación, no cabe la menor vacilación. El efecto sobre nosotros debe ser precisamente el contrario. Los demócratas de este país aceptamos el reto de enfrentar y vencer al candidato-presidente o a quien la coalición gobiernista designe para enarbolar sus banderas. Evocando de nuevo a Sastre, haremos la tarea que nos incumbe: antes y después de la unidad, que es urgente, debemos develar la realidad y desmitificar los sofismas oficiales para que ella brille en todo su esplendor.

Nuestro programa

Toda acción llamada a incidir en la vida pública exige dos decisiones básicas: elegir el rumbo de la acción del Estado en función de las metas y de los propósitos que se pretende alcanzar, y evaluar y seleccionar los instrumentos más idóneos para lograrlos. En ambos aspectos viene trabajando Alternativa Democrática de manera responsable y perseverante. Y sus Bases Programáticas, podemos resumirlas en pocos puntos:

1. Recuperar la soberanía nacional en un mundo globalizado.
2. Erradicar la miseria y reducir la pobreza y los males que engendran.
3. Estimular la producción nacional agrícola e industrial para crear empleo y generar riqueza, en función de su reparto equitativo.
4. Atacar las raíces del conflicto armado, como la única manera eficaz de erradicar el mal y legitimar el ejercicio de la fuerza que el Estado debe monopolizar. (derechos humanos) ni instrumentables, ni disponibles, ni negociables.
5. Garantizar la vigencia del Estado Social de Derecho, cuya sustancia son los derechos económicos y sociales. La reforma tributaria como instrumento redistri¬butivo.
6. Aprobar y aplicar leyes y mecanismos de control eficaces contra la corrupción.
7. Equidad y cobertura en educación, salud, vivienda (campo, ciudad, público – privado)
8. Preservar y estimular el multicul¬tu¬ra¬lismo y apoyar la cultura
9. Defender los derechos y reivindicaciones de las minorías tradicionalmente excluidas.
10. Defender una política de sos¬te¬ni¬bilidad del ambiente. Pugnar por el equilibrio entre transformación y defensa de la naturaleza.
11. Recuperar para el Estado la regulación y la dirección de la economía.
12 Rescatar para el pueblo la titularidad de la soberanía y, en consecuencia, el ejercicio de la acción política en su beneficio.

La instrumentación técnica de cada uno de estos temas y de los subtemas en que puedan desarrollarse, en la que vienen trabajando especialistas de primer orden, bajo la dirección eficaz de Orlando Fals Borda, será sometida a riguroso análisis en foros de especialistas y expertos y debatida luego en amplios escenarios populares.

Pensamos que la paz que implica algo más que la terminación del conflicto. Hay que buscarla por la vía del diálogo y del ataque frontal a los factores que han generado el estado miserable en que vivimos. Creemos que es urgente la celebración de acuerdos humanitarios con la insurgencia, no solo para que recuperen la libertad quienes la han perdido en medio de un conflicto irracional, sino para que los interlocu¬tores se acostumbren a mirarse las caras y a dialogar sobre todo lo que incumbe a la instauración de la paz.

Unidad, unidad, unidad

Doctor Navarro, doctor Petro, doctor Moreno, doctor Dussán, no podemos ser inferiores a lo que de nosotros exigen las inmensas mayorías excluidas. El dilema de la coyuntura que vivimos es claro e inexorable: unidad, con todos los sacrificios que ella implique, para la defensa de la democracia y en la búsqueda de una sociedad equitativa y justa. El llamado lo hago extensivo a todos los sectores democráticos del país, conscientes de la grave situación que enfrentamos. Sin sectarismo y sin ambigüedad suscribamos el pacto de unidad que nos llevará al triunfo, y repitamos en la soledad de nuestro retiro diario y en la cotidianidad compartida: ¡La democracia es el camino!

Por Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR

Si Tribuna Roja hablara diría que nació en el taller de un viejo y laborioso artesano donde para su impresión el plomo se fundía y los tipos de letras se refundían, y la tinta roja que coloreaba su nombre con frecuencia se derramaba entre sus páginas y, cuando al fin, por lo regular al amanecer, se completaban dos o tres mil ejemplares limpios, estos pasaban por manos delicadas que los apilaban y amarraban formando pequeños bultos para ser llevados en buses, por carreteras destapadas en su mayor trayecto, a otra media docena de ciudades donde eran entregados lentamente a otras manos, ora suaves, ora callosas con olor a tierra o aceite, que los recibían y procedían a abrir sus páginas. Diría que luego fue elaborada por numerosas imprentas y rotativas modernas y que llegó un momento en que alcanzó ediciones de 320 mil ejemplares que se repartían por ciudades, valles, montañas y costas del territorio nacional, pero que hubo otro momento en que dejó de tener vida durante ocho largos años, como si hubiese entrado en un túnel. Diría que renació con nuevos bríos y con vistoso colorido, y es llevada ahora, aunque en pequeñas cantidades, a un mayor número de sitios, donde manos que casi siempre ya conoce por lo regular pasan sus páginas mucho más despacio e incluso las subrayan. Y dirá que a pesar de sus duros partos, o quizás por eso mismo, hoy cumple sus cien números más plena de vigor.

Desde su fundación, el camarada Francisco Mosquera le dedicó a Tribuna una atención especial. Se preocupaba por su financiamiento y cuidaba cada una de las etapas de su elaboración. Participaba en la selección y corrección política y gramatical de los artículos, escribía enjundiosos editoriales y vigilaba su diseño y edición, mas sus principales esfuerzos se dirigían a cuestiones relacionadas con su redacción. En su empeño por formar militantes con cultura política y capacidad literaria que se dedicaran de tiempo completo al oficio del periodismo, ejerció un sabio magisterio sobre política, literatura, gramática, historia y ciencias. De hecho, el perdurable y creativo trabajo que el camarada Mosquera desplegó con Tribuna Roja, le define a esta su importancia.

Y si ensayamos una sucinta definición, se comprenderá la magnitud de esa importancia. Tribuna Roja es: el órgano periodístico del MOIR y “una herramienta idónea para los desposeídos y oprimidos en sus desvelos por la emancipación de clase” (F. Mosquera). Y es para los moiristas un instrumento de trabajo político entre la población, un medio para la cohesión ideológica del Partido y una guía en la orientación táctica y estratégica de su lucha política.

En la incesante batalla que se libra entre lo nuevo y lo viejo, es condición común a toda publicación que se proponga describir y analizar el proceso en que históricamente “va” la sociedad, la ciencia o la cultura, estar situada al lado de lo nuevo, puesto que, de hecho, nuevo es lo que necesariamente registra en cada momento de su edición. Y, también de hecho, no podrá evitar el enfrentamiento con lo que en ese momento aparece establecido y lo que es aceptado como verdad. Si se trata de una publicación política, como lo es Tribuna Roja, que como órgano del MOIR surgió destinada a registrar y analizar desde un punto de vista materialista y dialéctico los momentos que atraviesa la sociedad colombiana – su base económica y su superestructura social, sus relaciones de producción y la lucha de sus clases – no podía menos que enfrentar desde su nacimiento lo que encontró establecido: el dominio del imperialismo sobre la nación y el poder de la oligarquía colombiana, y lo que encontró como verdad aceptada: las ideas que sirven a ese dominio. Tribuna, entonces, como la política del MOIR que ella expresa, en cada uno de sus cien números ha ido contra la corriente de lo económica, política e ideológicamente prevaleciente en nuestra sociedad.

Por supuesto que para nosotros lo nuevo que se debe registrar en el periódico es lo que aparece como un avance social y cultural o lo que lo anuncia, no lo que lo detiene, entraba o constituye un retroceso, pues de la difusión de esto se encargan sobre todo – y de manera voluminosa, amplia y machacona – los grandes medios de comunicación, tanto los domésticos como los internacionales.

Casi siempre, escribir artículos y crónicas para el periódico ha sido una tarea que, entre otras actividades políticas, cumplen algunos militantes del Partido. Conforman un grupo más o menos estable de compañeros que cuentan con elementales conocimientos teóricos marxistas y buenas aptitudes culturales. En general, quienes participaron en la elaboración de los primeros cincuenta números aprendieron su oficio practicándolo, pero también apreciando las obras de periodistas y escritores revolucionarios o que poseían un pensamiento universal. Dada la tradición de calidad del periodismo y la literatura de Estados Unidos, no es paradójico que entre ellos se destacaran los norteamericanos Reed, Snow y Strong – que testimoniaron la gestación socialista en Rusia y China– London, Hemingway, y también Mailer y Talese…

Grande es el mérito, en razón a que han cumplido a cabalidad con su deber, que poseen los compañeros que han persistido hasta hoy en la prolongada brega de elaborar Tribuna y, entre ellos, como primus inter pares, Carlos Naranjo, quien desde el cuarto número ha sido su director. Tan enjundiosa labor no obsta, empero, para desconocer los valiosos aportes de quienes nos acompañaron durante largos períodos, los que para nosotros explicablemente fueron los de su mayor lucidez y consecuencia políticas, sin que ello implique ninguna descalificación de sus posteriores índoles ni tampoco de las actividades que asumieron, pues presumimos y apreciamos la sensatez y valor social de casi todas ellas.

Tribuna ha sido un instrumento del MOIR en la lucha ideológica. Característico de su última etapa – a pesar de que los veinte o treinta mil ejemplares sólo alcancen para unos miles de cuadros y activistas o unos cientos de frentes, como señalaba Mosquera – ha sido librar un cerrado combate contra la irrupción y posterior intensificación del neoliberalismo. Como este afecta directa o indirectamente todos los aspectos de la sociedad y del Estado y obedece al dictado imperialista de Estados Unidos, la batalla se desarrolla no sólo en el terreno económico sino en el político. Y como es de prever que en la mente de un buen número de colombianos – luego de “explorarlas” mediante sofismas – logre establecer, como se dice, “puestos de avanzada”, el pulso se extiende al campo ideológico. Allí, Tribuna ha venido refutando a los encumbrados ejecutivos y su ejército de académicos y profesionales sabihondos, dejando en claro que, tras sus ostentosos títulos universitarios, no pasan de ser unas medianías que padecen lo que el arquitecto Frank Lloyd Wright llamaba “exceso de instrucción y escasez de cultura”.

No falta quien considere que los artículos que analizan la situación social contenidos en Tribuna son demasiado radicales. Pero si bien Tribuna observa el lema leninista de ser “tan radical como la realidad misma”, lo cierto es que se ha cuidado, como lo constata cada una de sus cien ediciones, de caer en el tremendismo y la retórica extremista. Lo radical en la Colombia y el mundo modernos es la crudeza de la situación económica y social de las mayorías y la crudeza de la lucha de clases que contra ellas desatan las elites gobernantes, y no el registro y examen político que Tribuna haga de esas realidades. Partimos de que los temores que pueden albergar sectores de la población –– potenciales lectores de nuestra publicación sometidos a la constante zozobra generada por las violencias de todo tipo que se enseñorean sobre el país – no se extienden a que teman la claridad que sobre su situación puedan suministrarles las páginas de Tribuna. Todo lo contrario.

Por Jorge Enrique Robledo, senador

La toma de Bavaria por SABMiller, empresa del grupo Altria, el mismo que controla a Philips Morris, no es ni el inicio ni el fin del proceso de desnacionalización de la economía colombiana. Desde 1990 también han pasado a manos extranjeras, entre otros, los bancos Ganadero y Bancoquia, el carbón y el gas de La Guajira, el petróleo de Caño Limón y el níquel de Cerro¬ma¬toso, las cementeras Diamante y Samper, Caracol Radio, Coltabaco, Avianca y Tubos del Caribe. Así mismo, es notorio el avance de los capitales foráneos en los fondos de pensiones y cesantías, en electricidad, acueductos, telecomunicaciones y salud, al igual que en el comercio, a través de los hipermercados.

La desnacionalización también incluye la sustitución del trabajo nacional por el extranjero, como lo muestra el gran incremento de las importaciones de bienes industriales y agrarios que se producían en Colombia. En el pasivo nacional igualmente suma que la deuda externa creció de menos de 17 mil millones a más de 40 mil millones de dólares. Y viene más de lo mis¬mo, porque, según se sabe, la estrategia de cacaos y cacaítos ante la globaliza¬ción neoliberal y el TLC consiste en hacer sus empresas más apetitosas a los ojos de las transnacionales, justamente lo que hizo Bavaria cuando compró monopolios cerveceros en Perú, Ecuador y Panamá y llevó su precio de venta a 7.800 millones de dó¬lares.

En la estrategia de valorización de los activos de Bavarhan contado otras medidas que también explican por qué, a la par con la desnacionalización, ha crecido la pobreza. ¿En cuánto se valorizó la cer¬ve¬¬cera por la decisión oficial de acabar con la producción de cebada en Colombia, y rematarla mediante el acuerdo con Merco¬sur y el TLC, arruinando a los campesinos que la cultivaban? ¿En cuánto por las dos reformas laborales de Uribe Vélez, la que tramitó como Senador y la que decidió como Presidente? ¿En cuánto por la destrucción del sindicato? ¿En cuánto por haber mantenido bajo control el IVA a la cerveza y haberse beneficiado de la exenciones tributarias a sus inversiones? ¿En cuánto por la ley de garantías a los inversionis¬tas? ¿Y en cuánto por la decisión presidencial de acabar con el gravamen del siete por ciento que deben pagar las trasna¬cio¬nales que envíen sus utilidades al exterior? Acierta Fabio Echeverri, el asesor presidencial, cuando afirma que «(los ricos) son los primeros y más altamente beneficiados con los resultados de la gestión del gobierno», siempre y cuando se entienda que se refiere a los monopolistas y, especialmente, a los extranjeros.

Y si la felicidad del pueblo colombiano vendrá, como dicen los neoliberales, de no ponerle límites a la desnacionalización en marcha, ¿cómo explicar que cuanto más invierten los extranjeros, cuanto más se les compra y más se les debe, mayores son los sufrimientos de tantos? Los daños de importar lo poco que Colombia está en capacidad de producir son fáciles de entender, al igual que lo pernicioso de endeudarse con altas tasas de interés y sobre todo con condicionamientos que atentan hasta contra la posibilidad de crear riqueza. Y los inversionistas foráneos exigen, para traer sus capitales, ganar más que lo que ganarían en sus lugares de origen, lo que logran cuando les transfieren, por norma a menos precio, el patrimonio nacional, les aseguran impuestos bajos o inexistentes y les garantizan su principal objetivo: mano de obra barata, bien barata, todo lo cual conspira contra el auténtico progreso nacional.

Como un aspecto negativo obvio de la desnacionalización de las empresas debe saberse que estas cada vez sacan más riquezas del país, como lo ilustra que en 2004 exportaron 2.337 millones de dólares, sin contar pagos de deuda. Y como los países solo progresan cuando acumulan riqueza internamente, dolarductos como este, llevando cada vez más plata al exterior, mantendrán a Colombia en el atraso.

¿De lo dicho se deduce que Colombia no debe tener tratos con los extranjeros? Por supuesto que no. Pero sí se concluye que no puede diseñarse una política correcta al respecto si quienes la modelan establecen una sinonimia imposible entre nacional y extranjero, si presuponen una absoluta identidad de intereses entre lo propio y lo foráneo y si, en especial, se niegan a aceptar que país al que le desnacio¬na¬lizan su economía también pierde el derecho a decidir de manera soberana sobre sus asuntos, el bien más preciado de cualquier nación. Porque, así lo callen, el capitalismo significa una competencia feroz entre los individuos y entre los países, competencia que puede hasta generar procesos de recolonización imperialista.

Por Jorge Enrique Robledo, senador

Según El Tiempo del 2 de agosto de 2005, Andrés Pastrana dijo: «La pregunta es si es lícito negociar con tal poder electoral (que representan los paramilitares) mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías». También afirmó: «Tampoco es sano para una democracia que un gobernante esté comprando conciencias para aprobar la reelección. Paradójicamente, Uribe pasó de prometer meri¬tocracia a ser el Presidente que más ha oxigenado a la vieja clase política».

Pero una vez nombrado embajador en Washington, intentó su defensa: «Ni el Presidente me compró la conciencia, ni yo le vendí mis principios». «¡Ya voy, Toño!», comentó D’Artagnan, en su columna de El Tiempo. Dos días después de esta opinión, el presidente Uribe Vélez le ofreció a este periodista la Embajada de Colombia en Canadá.

Sobre el nombramiento del expresidente Andrés Pastrana como embajador de Colombia ante la Casa Blanca, las opiniones en los medios de comunicación fueron comunes alabando tal decisión, o por lo menos justificándola. No faltaron los que la calificaron como una «jugada maestra» de Uribe, e incluso alguno dijo que por esa vía el hijo de Misael saldría del descrédito que lo acosa y se convertiría en presiden¬cia¬ble.

Ante semejante espectáculo, somos muchos los colombianos, bastantes más de los que piensa el uribismo, que no sabemos qué es lo peor en esta historia: si la compraventa implícita en la nueva relación entre Uribe y Pastrana, las coincidencias de fondo que sostienen un contubernio que avergüenza a Colombia ante los países civilizados del mundo o la actitud de quienes, vanamente, intentan cubrir con un manto de respetabilidad lo que carece de toda dignidad.

Es imposible que alguien pueda demostrar que Uribe no «adquirió» a Pastrana, y que no lo hizo con el mismo tipo de práctica politiquera y clientelista que ha hecho famoso a este gobierno, método que, con razón, había denunciado en todos los tonos el ex presidente conservador. Y a quienes pretenden lavarle la cara al Presidente aduciendo que la culpa recae sobre su nuevo Embajador, cabría preguntarles quién es más culpable, según la vieja máxima: si el que peca por la paga o el que paga por pecar.
La nueva alianza entre Uribe y Pastrana, que reencaucha la ocurrida durante las elecciones presidenciales del año 2002, tiene como fundamento la coincidencia en torno a la aceptación de las políticas ,que vienen de Washington, medidas que, como puede demostrarse hasta la saciedad, se inspiran en tres grandes lineamientos: sustituir trabajo nacional por trabajo extranjero, estimular la concentración de la riqueza en manos de unos poquísimos y gobernar con el criterio de que el país funciona mal porque los pobres y las capas medias todavía viven demasiado bien.

En términos de la necesidad política de defender lo que no tiene defensa, no es sorprendente esta alianza cuando caminan decisiones tan contrarias al progreso del país como las que cada día se destapan en las «negociaciones» del TLC, en la anunciada reforma tributaria para subirle los impuestos al pueblo y bajárselos a las transnacionales y en el incumplimiento de la palabra presidencial sobre la no privatización de Telecom y la Refinería de Cartagena.

Y aunque sea paradójico, por tanto, el nombramiento de Pastrana no expresa fuerza sino debilidad.

La actitud de justificar el espectáculo bochornoso que se comenta tiene dos explicaciones. De una parte, así se expresan los amigos de Uribe y de Pastrana, quienes, por razones obvias para ellos, no van a permitir que sus escrúpulos los contrapongan con el poder de sus jefes. Y, de la otra, si algo caracteriza la descomposición del país, fenómeno que tanto se ha profundizado en esta administración, es que desde las cumbres del poder se les viene inoculando a los colombianos la idea de que «en política, todo vale», sin importar cuáles sean las posiciones que se asumen, siempre y cuando conduzcan al éxito personal de los protagonistas.

Pero se equivocan quienes así actúan, si creen que todos los colombianos pensamos como ellos, que el horrible país que modulan carece de reservas morales y que nadie cae en cuenta de lo que pasa o nadie repudia esas actuaciones. Porque por muy grave que sean las crisis, y notorio el implacable socavamiento de la capacidad de resistencia a la ignominia, siempre las naciones, todas las naciones, aferradas a posiciones de principios, terminan por salir hasta de los peores pantanos.

Declaración del senador Jorge Enrique Robledo

«Soy consciente de que es duro calificar de robo lo que quieren hacer en Telecom. El multimillonario mexicano Carlos Slim solo dará por más de la mitad de Telecom 150 millones de dólares, pues el resto, hasta llegar a 1.700 millones de dólares, los pagará con las propias utilidades de la empresa y a lo largo de quince años. ¿Cómo calificar que se entregue a solo 136 dólares cada línea instalada de propiedad de Telecom?

«Las cifras son elocuentes. Telecom tiene dos millones ciento noventa mil líneas. Es una empresa que el año pasado obtuvo utilidades operacionales por cuatrocientos mil millones de pesos (152 millones de dólares) sobre ingresos de novecientos setenta y nueve mil millones, lo que da un margen operacional del 48%, el mejor del sector de las telecomunicaciones; controla el 60% de la larga distancia nacional y el 40% de la larga distancia internacional.

«Es sabido que lo más promisorio en las telecomunicaciones no son los celulares sino la telefonía fija, porque es la que permite mover por Internet todos los negocios de banda ancha y de transmisión de voz, de datos y de imágenes. Así como la telefonía IP, que es el futuro de las llamadas de larga distancia.

«Que el gobierno nacional nos explique por qué el señor Fabio Echeverri Correa, presidente de la junta directiva de Telecom, un negociante famoso en Colombia, resulta ser tan pésimo cuando se trata de hacer negocios con el patrimonio del Estado».

Jorge Enrique Robledo, senador

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo Bogotá en el sepelio de la camarada Consuelo Suárez, Bogotá, 13 de agosto de 2005:

Le damos el último adiós, sus familiares, amigos y compañeros, a Consuelo Suárez Montoya, con quien todos, cada uno a su manera, compartimos momentos inolvidables, momentos que la mantendrán entre nosotros.

Nos acompañarán también los rasgos de su personalidad que nos hicieron, además, respetarla y admirarla, sentimientos que se generan por razones que van más allá del afecto que suele acompañar al parentesco o la amistad.

Entre sus virtudes, escogí destacar en estas palabras, que me impuse fueran pocas, que Consuelo fue valiente, virtud de las más difíciles de lograr y que tanta falta hace en el mundo de hoy. Con valor la vimos capoteando las duras pruebas que le impuso la vida. Y así, también, con entereza y dignidad, libró su batalla final.

En este honroso deber de despedir a Consuelo debo resaltar también una faceta de su personalidad que ella no me hubiera perdonado dejar de mencionar. Me refiero a que en los asuntos medula¬res de nuestra lucha política, en esos en los que nos jugamos la vida, ella no vaciló en defender su verdad.

Queridos familiares –Doña Olga, Aurelio, demás hermanos y sobrinos–, amigos y compañeros de Consuelo: permítanme despedirla diciendo que detrás de su dulzura y aparente fragilidad, las cuales tanto cariño nos inspiraban, hubo una mujer especial, una mujer de un temple especial.

Por Aurelio Suárez Montoya

Después de once rondas de negociación y de las declaraciones del presidente Uribe y del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, acerca de la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el balance del proceso contiene la cesión por parte de los negociadores colombianos a Estados Unidos de casi todo el mercado industrial nacional; de la protección del sector agrope¬cuario, el cual queda a merced de las picardías del comercio agrícola norteamericano basado en los subsidios estatales; de la privatización de los servicios públicos esenciales, entre los que se cuentan además las fuentes de agua; de la biodiver¬sidad y los conocimientos ancestrales vinculados a ella; de una parte muy amplia de la legislación nacional, derrumbada o modificada según los intereses expansio¬nistas de Estados Unidos; de la soberanía territorial, al no incluirse en el TLC, por ejem¬plo, conceptos como el de las 200 millas de explotación económica, y hasta de la política económica, subordinada a las maniobras especulativas de los flujos de capital financiero.

Colombia está postrada en las mesas de negociación y, luego de la reunión en el Rancho Crawford, las órdenes de Bush se han implementado a cabalidad. Confirmando lo que se había previsto desde el inicio de las negociaciones, en mayo de 2004, por los sectores más esclarecidos de la sociedad, el gobierno decidió, a partir del trágico-cómico encuentro presidencial, zafarse de los eventuales compromisos que había adquirido con los gremios inquilinos del «cuarto de al lado» y anunció que «asumiría los costos políticos» que le trajera la suscripción del TLC. Se avisó de un rompimiento del ritual de conciliación que tenía felices a todos y no solamente se tiró por la borda en Washington, pocos días después de la cita de Texas, lo que algunos denominan como «estrategia conjunta» sino que en el caso más sonado, en el de la agricultura, ya se está en la idea de apenas brindar alguna defensa a tres productos: maíz, arroz y algunas presas de pollo; una defensa que, al final, será vulnerable. En tanto el compromiso es que tarde o temprano, y más lo segundo que lo primero, no habrá arancel alguno que pueda atajar la avalancha de excedentes venidos del norte de América.

Contra la entrega del país se han venido pronunciando erguidamente, mediante consultas populares, los arroceros, los productores agropecuarios de clima frío y las organizaciones sociales del Cauca, como también los indígenas del Tolima, que llevaron a cabo una gran Minga en días recientes, con una marcha entre El Guamo e Ibagué.

Consulta arrocera

No obstante tan desgraciado comportamiento oficial, acompañado del desprecio por la mayoría de la nación, los agricultores y campesinos de Colombia han adoptado formas de resistencia y de acumulación de fuerzas para cuando los momentos cruciales exijan el embate final. Aprendiendo de las comunidades indígenas y campesinas de los seis municipios del oriente del departamento del Cauca, que en marzo dijeron SÍ a la vida y NO al TLC, los productores de arroz de la zona central hicieron una consulta popular que abarcó los cuatro departamentos que responden por 80 de cada 100 toneladas de arroz de las que se producen en Colombia. En 36 municipios de Tolima, Huila, Meta y Casanare, el domingo 6 de junio hubo más de 90 urnas donde 6.300 productores, 70% de los que podían votar, respondieron dos preguntas acerca de su posición sobre un tratado en el que el arroz y demás productos agropecuarios subsidia¬dos quedaran incluidos. De los votantes, 99,6% contestó que NO. Esto fue, además, un rechazo a la propuesta oficial en la mesa agrícola del TLC preparada en mala hora por Fedearroz.

Consulta a agricultores de clima frío

Del mismo modo, en 20 municipios de los departamentos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, donde se encuentran los cultivos más representativos de trigo, cebada y avena y también zonas muy importantes de siembra de papa y de lechería campesina, el 4 de septiembre se va a hacer una Consulta Popular para conocer la opinión de los cultivadores acerca del TLC, que incluya esos cereales y demás productos agropecuarios de clima frío. Hay que notar que estos productores, en los términos en los cuales se conocen las ofertas que Colombia ha hecho a Estados Unidos, están ya sacrificados por el gobierno al prometerse a los norteamericanos el ingreso inmediato de dichos renglones al mercado nacional, y sin arancel alguno. Los campesinos y agricultores de estas regiones no tienen siquiera la posibilidad de transformarse en productores de otras cosechas; muchos de ellos han persistido en los cultivos tradicionales porque las condiciones ecológicas y económicas no les permiten cambiar.

La competencia entre Estados Unidos y Colombia es completamente desigual. El sector del trigo estadounidense recibió en el año 2003 más de 1.700 millones de dólares en forma de subsidios estatales. Ese país debe exportar cerca de la mitad de lo que produce (43%) y es conocido que sus granos se venden en el exterior con un precio de hasta 44% por debajo de los costos de producción. La producción de un bushell de trigo cuesta 6,24 dólares y se exporta a 3,5. Las importaciones con arancel cero que vendrán con el TLC, según lo entregado por los negociadores colombianos, podrían incluir además las harinas, los residuos de los procesos industriales, las pastas y la sémola. En relación con la cebada, hay que notar que desde el gobierno de César Gaviria el monopolio cervecero (Bavaria, hasta hace poco de Julio Mario Santo¬domingo) había adquirido licencia para comprarla en el extranjero, también a precios por debajo de los costos de producción, lo cual produjo la desaparición a partir de 1992 de casi 30.000 hectáreas y 50.000 toneladas. Las denigrantes acusaciones sobre la «ineficiencia» de los productores colombianos se fundan en un comercio donde el dumping se impone, lo cual quedará completamente legalizado al ser aprobado el TLC. Lo de la cebada es una muestra clara: de acuerdo con lo fijado en la Ley Agrícola de 2002 en Estados Unidos, un productor de dicho cereal recibirá 11 dólares por cada tonelada que produzca y, además, préstamos para comer¬¬cialización a tasas subsidiadas cuando el precio de la tonelada en el mercado sea inferior a 86,35 dólares, y les reconocen pagos compensatorios cuando el precio en el mercado interno esté por debajo de 101 dólares por tonelada.

Con base en lo expuesto, cualquiera puede entender por qué los agricultores de clima frío se deben pronunciar contra la ordalía a que se les va a someter con el TLC. Y esto es extensivo a los productores de papa y leche. En relación con este último producto, se sabe que el pago directo por litro producido en Estados Unidos equivale a 450 pesos colombianos más el precio de compra; esto hace imposible pensar en exportaciones nacionales exitosas con precios remunerativos para los productores y también que cualquier volumen o cantidad importada de leche en polvo o larga vida que llegue a «precio de quema» al país puede perfectamente tirar al piso los precios de compra a los productores; quienes, dicho sea de paso, ya están amenazados con la reciente declaratoria del gobierno de «libertad controlada de precios». En cuanto a la papa, basta mirar que en los estados de Idaho y Nebraska y en otros de los primeros en producción del tubérculo en el país del Norte, el promedio es de 40 toneladas por hectárea, mientras que en Colombia, en el mejor de los casos, no llega a 20. Acá existe la posibilidad de vulnerar el mercado nacional en segmentos donde la demanda se enfoca hacia presentaciones de papa precocida o semipro¬cesada o incluso en chips.

En el Cauca, ampliación de la consulta contra el TLC

También en el departamento del Cauca, para hacerla entre el 26 y el 28 de agosto, fueron convocadas nuevas organizaciones sociales a otra Consulta Popular sobre el TLC. El Consejo Regional Indígena, CRIC, y la Asociación de Pequeños y Medianos Pro ductores del Cauca, Agropemca, entre otras, les pedirán a sus asociados el respectivo concepto sobre el nocivo Tratado. Se espera que por lo menos otros 50 mil productores den su opinión. Igualmente, 117 resguardos indígenas de Colombia, encabezados por los del Tolima, marcharon desde Guamo hasta Ibagué entre el 24 y el 26 de agosto para rechazar el TLC y exigir del gobierno de Uribe atención a las condiciones de miseria y hambre en las cuales viven y que se agravarán cuando entre en vigencia el inicuo Acuerdo.

La conducta oficial y las reacciones gremiales

No es de extrañar que la actitud gubernamental frente a las distintas manifestaciones sociales contra el TLC sea de desdén y menosprecio. Nada importa, el presidente Uribe Vélez ha impuesto el «sí o sí». Frente a la autoritaria conducta, típica del estilo característico del régimen uri¬bista, se empiezan a escuchar en tonos más altos los reproches de los mismos grupos a quienes el gobierno había tenido hasta hace poco como interlocutores válidos. «Es un contrato de adhesión», han afirmado voceros de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y de la Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce.

Y los cultivadores de algodón no justifican que se vaya a otorgar una ventaja imposible de disputar a la fibra norteamericana que se exporta con cotizaciones 55% por debajo de los costos. Los cultivadores de palma africana reclaman por las concesiones hechas a las oleaginosas, como aceites de girasol, canola, maíz, soya y similares, que los afectarán indefectiblemente. un Y en el azúcar, un artículo que es considerado como potencial ganador en el TLC, los productores de caña se quejan de los bajos precios de compra que les anuncian los ingenios para adquirirles su producción , la que será destinada a la elaboración de etanol para ser mezclado con la gasolina y usado por el parque automotor nacional.

Nadie en el sector agropecuario está conforme con la forma como el gobierno ha decidido acometer lo que él mismo llama la fase política de la negociación del TLC. Todo resultó tal como algunas organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, lo habían advertido de antemano, y como en forma permanente con gran claridad e inteligencia lo señalara en infinidad de ocasiones el senador Jorge Enrique Robledo, en sus debates en el Congreso y en centenares de conferencias, reuniones y discursos a lo largo y ancho del país.

Debemos reforzar la resistencia civil por la soberanía económica

En la medida en la cual el gobierno arremete y Estados Unidos acosa por una suscripción rápida del TLC, los esfuerzos de unidad y de resistencia del sector agropecuario nacional han de ser mayores. George W. Bush «le puso las botas» a Uribe Vélez para que proceda como capataz de lo que el Imperio considera una manada dócil. Lo deseable es que se forje la más amplia unidad que le produzca al TLC todos los obstáculos posibles para su cristalización: desde los recursos jurídicos hasta la movilización generalizada. En ningún caso habrá razones para discriminar a nadie. Todos los afectados por el Tratado debemos unirnos férreamente.

Si al gobierno sólo le resta como su única carta la capacidad de engaño y manipulación de la opinión rural, a los productores y al pueblo en general les sobran motivos para rechazar la pretensión colonizadora de Estados Unidos, con la connivencia de los gobernantes genuflexos de nuestra nación. A unos se les acaba la retórica, a otros la paciencia. E incluso los sueños de acceso al mercado norteamericano, «el mercado más grande del mundo», que durante tanto tiempo acariciaron algunos, se desvanecen ahora con el duro despertar frente a la decisión presidencial de firmar a toda costa.

El Paro Cívico Nacional del 12 de octubre, entre cuyos propósitos principales se encuentra la lucha contra el TLC, será una primera ocasión para ir aglutinando a todas las clases y sectores dispuestos a librar la batalla frontal contra el TLC. Poco a poco debe irse cuajando un gran frente de unidad nacional que tenga en cuenta que: «Si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación; y si, en procura de un brillante porvenir, simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar a la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa», tal como lo pidiera Francisco Mosquera en su admirable advertencia contra la apertura del revolcón de César Gaviria y de Rudolf Hommes. Ahora más que nunca debe retumbar por toda Colombia la consigna acuñada por Mosquera: «¡Por la soberanía económica, Resistencia Civil!».

Por Gustavo Triana

El acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional, Ecopetrol y la USO, con la participación como garantes de la Iglesia Católica, la CUT y el Concejo de Barrancabermeja, puso fin a la patriótica huelga de 35 días que culminó en mayo de 2004. Las partes acordaron no privatizar a Ecopetrol, dotarla de autonomía financiera y adelantar el Plan Maestro de Cartagena, nombre con el que se conoce la ampliación y modernización de la refinería de dicha ciudad.

Alegando que deben dar cumplimiento a las metas fiscales impuestas por el FMI, y muy a pesar de contar con distintas fuentes para financiar ese estratégico proyecto tan importante para Cartagena y para todo el país, Uribe, Carrasquilla, Mejía y Yano¬vich han notificado que la Refinería de Cartagena se privatizará y, en consecuencia, la nueva empresa será operada por inversionistas privados pues tendrá sólo 49% de participación estatal.

El proyecto es estratégico por varias razones: el inminente déficit de combustibles líquidos que enfrentaremos al perder la autosuficiencia en crudo; los elevados precios internacionales; la importancia del desarrollo de la petroquímica, principalmente en la Costa Caribe, y la rentabilidad del proyecto. La refinería pasará de cargar 78 mil barriles diarios a 140 mil y se adecuará para la producción de materia prima con destino a la industria petro¬química. El costo se estima en 800 millones de dólares, con una alta taza de retorno de la inversión, si tenemos como referencia que el margen neto de refinación actual es de 2.35 dólares por barril, margen que aumentará con la modernización.

Ecopetrol puede perfectamente desarrollar el proyecto con asignaciones precisas en el presupuesto nacional, como ya había sido aprobado en el gobierno de Andrés Pastrana. Ecopetrol tiene en el Fondo de Estabilización Petrolera, FAEP, más de 1.100 millones de dólares y 1.1 billones de pesos en un portafolio de inversiones temporales no estratégicas que puede recoger y dedicarlo al Plan Maestro de Cartagena. La estatal petrolera tiene además la capacidad de endeudamiento que requiere un proyecto de semejante magnitud. Si no se le confía a ella, es por las imposiciones del FMI y por favorecer a las trasnacionales del petróleo, en claro detrimento de los intereses nacionales y de nuestra soberanía.

Como no es posible adelantar esa política antinacional sin antes golpear la valerosa resistencia de la USO, Yanovich y el ministro de «Desprotección Social» continúan desconociendo las recomendaciones de la OIT, que no encontró fundamento en la ilegalización de la huelga del año pasado. Ese organismo de las Naciones Unidas exigió reconsiderar las sanciones tomadas contra los dirigentes y huelguistas y cesar todos los procedimientos. En contravía de la OIT, Yanovich y los demás apátridas ejecutivos de Ecopetrol siguen dedicados a sancionar con suspensiones de hasta noventa días a los dirigentes, imponerles cobros pecuniarios de hasta cinco millones de pesos por las protestas y tratan de volver a despedir a los ciento seis compañeros reintegrados por el tribunal ad hoc.

La USO, aun en proceso de recuperación después de la intensa batalla librada y con los fondos económicos completamente diezmados, sabrá sobreponerse y sacar adelante las tareas que se ha propuesto para defender a Ecopetrol, hacer respetar los acuerdos y obligar al gobierno y a la administración a cumplir las recomendaciones de la OIT.

Afiliando al ya mayoritario contingente de obreros vinculados por el sistema de contratistas, acercando a los trabajadores de la mal llamada nómina directiva y granjeándose de nuevo la simpatía de las poblaciones petroleras, la USO cumplirá con su histórico papel, como defensora de la riqueza nacional.