SIN SECTARISMOS NI AMBIGÜEDADES, EL CONGRESO DEL PDA EMPRENDERÁ LA SALVACIÓN NACIONAL

Héctor Valencia, Editorial Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, Noviembre 20 de 2006

Al examinar las experiencias de las fuerzas de izquierda y oposición frente a los acontecimientos políticos que han desembocado en la crisis que hoy atraviesa Colombia, se pone en evidencia el gran significado de la unidad que han alcanzado al confluir orgánicamente en el Polo Democrático Alternativo (PDA). Pero es ante la implacable profundización de la crisis que tal hecho adquiere mayor trascendencia, pues en la situación política nacional el PDA se perfila como la fuerza llamada a asumir el liderazgo de la población con miras a superarla.  Igualmente cierto, empero, es que tan indispensable y urgente cometido no lo podrá cumplir si primero no consolida su organización, define con la mayor nitidez la estrategia y táctica de su lucha y dispone de la manera más eficaz sus recursos humanos y materiales, condiciones sine qua non para convertirse en un acerado destacamento político. De allí que sea tan auspicioso el salto de calidad que en ese sentido se apresta a dar con la celebración en estos días de su Primer Congreso Nacional.

Desde su mismo surgimiento, el PDA se perfiló como una organización de izquierda democrática. Y este carácter se acendró cuando tanto en la consulta interna para escoger su candidato presidencial, como en las lides electorales de sus candidatos a las corporaciones públicas de carácter nacional y, como gran remate, en la justa presidencial capitaneada por Carlos Gaviria, millones de colombianos que participaron en ellas aprobaron con su voto el Ideario de Unidad que se les presentó como programa ideológico y político. Esos millones ratificaron así el definido rumbo de la nueva organización y, a la vez, marcaron una pauta que relegaba a un plano desechable los desvaríos sobre corridas hacia una “izquierda” encogida, moderada, conciliadora, neutral o inclinada a un hipotético “centro” que, de concretarse, sería un laberinto.

En realidad, los dos millones seiscientos mil compatriotas que votaron por el Polo en su última contienda eleccionaria, simple y claramente respaldaron una propuesta de izquierda neta, carente de ambiguos ripios que la desdibujaran, lo cual constituye un virtuoso logro si se tienen en cuenta las anteriores dificultades para elaborar una formulación política en donde se señalaran con nitidez los males que aquejan a la nación, se denunciara sus causantes internos y externos y se llamara de manera vigorosa y combativa a oponerles resistencia. Existe un consenso generalizado en denominar a esta izquierda como democrática –aun a riesgo de caer en un pleonasmo, puesto que toda izquierda auténtica es democrática por naturaleza– en razón de que se considera necesario y apropiado significar así paladinamente que se le concede considerable importancia a aprovechar los recortados márgenes de democracia que aún restan bajo el régimen imperante en Colombia y, también, que es ajena a toda actitud o práctica que no tenga en cuenta las objetivas condiciones políticas y sociales prevalecientes en la nación, ni considere los intereses y la voluntad de las mayorías.

A partir de las anteriores definiciones políticas –corroboradas por un avanzado y ya numeroso sector de población como la más consecuentes tanto frente la subyugación a que Estados Unidos somete el país como frente a las tropelías económicas y políticas del gobierno de Uribe Vélez–, la actual dirección del PDA tuvo el gran acierto de darle prioridad al fortalecimiento de la unidad, empeñando en ello el esfuerzo de todos sus integrantes. Como hacia la culminación de ese propósito se dirige la celebración del Congreso del PDI, no deja de ser oportuno expresar algunos criterios en torno a su agenda.  

A- Al ser el PDA una organización en donde se lograron amalgamar casi todas las agrupaciones que conforman el espectro político de izquierda, es natural que en su seno coexistan diversas tendencias que poseen mayores o menores, a veces incipientes, grados de organización. Sus puntos de vista ideológicos, sus posiciones políticas y los objetivos que se trazan obedecen, junto a los determinantes intereses propios de la clase o estamento social que predomina en ellas, a una gama de factores históricos, sociales y culturales. Tan heterogénea índole, lejos de constituir un obstáculo para el necesario   avance del PDA, posibilita la generación de iniciativas para su desarrollo. Todo bajo unas condiciones indispensables: que la organización respectiva no asuma ni desarrolle ninguna posición contrapuesta al programático Ideario de Unidad, que acate las formulaciones tácticas que emitan sus organismos de dirección y que cumpla de manera disciplinada con las normas de funcionamiento consignadas en sus estatutos. No pueden ser ruedas sueltas en el engranaje del PDA, ni arietes para su dispersión orgánica o su anarquía política.

Por lo demás, es un hecho objetivo que en toda organización social, y en especial en las políticas, existan tendencias. Y si estas conllevan formas de organización, por exiguas que sean, es vano y forzado intentar suprimirlas decretando su disolución. La mejor opción es sumar sus actividades a los estipulados propósitos comunes del PDA, con miras a garantizar su compactación. Intermitentemente y sin éxito, a lo largo de las últimas décadas, prácticamente todas las distintas organizaciones que integran el PDA se han propuesto la unificación de las fuerzas de izquierda. Ahora que se logró crearle una base firme a tal anhelo, es indudable que dicha opción   consecuente conduce a acrisolarla.

B- Sin formas de organización y funcionamiento sólidas y eficaces, las entidades políticas no sólo no alcanzan las metas que persiguen sino que quedan sometidas a sufrir un continuo desgaste. Y ya se sabe que la fragilidad en política es una condición insostenible, pues implica un riesgo constante de parálisis o de franca disolución. En primera instancia, el PDA, que predica la instauración de una nueva y verdadera democracia en Colombia, debe crearse un ejemplar y gratificante ambiente democrático interno, que permita al conjunto de sus miembros desplegar su iniciativa y capacidad en el cumplimiento de sus actividades políticas; un ambiente que posibilite la captación hacia sus huestes de miles y miles de colombianos de bien, que soportan ora la pesadilla del despojo y la superexplotación que los sume en la pobreza y miseria, ora la siega de su espíritu industrioso, ora el marchitamiento de todo empeño empresarial nativo.

Pero aun mayor importancia tiene que las iniciativas y  propuestas que esa participación democrática arroje, tengan como resultante que se las involucre en las orientaciones y decisiones de los organismos de dirección. Es evidente que, para que no queden al garete, las opiniones y proposiciones del mayor número de personas se deben centralizar a fin de que incidan en el rumbo y las tareas de la organización. Como se ve, aquí la democracia es un medio necesario para una centralización necesaria. Proceder en contrario, aduciendo de manera demagógica y populista una democracia a ultranza, toda una necedad, equivale a la anarquía, a burlar la voluntad de las gentes y a abrirle espacios al ejercicio burocrático y autoritario de los dirigentes.

Entre paréntesis se podría decir que la democracia amplia y deliberativa, tiene una proyección horizontal. La centralización, que ella determina y alimenta imprimiéndole su calificado sello democrático, tiene un ámbito más restringido en razón de su función ejecutiva y se proyecta de modo vertical.

Además, las reuniones del PDA en sus diversos niveles deben contar con la más nutrida y dinámica participación de sus miembros, pero estas, sin normas precisas sobre su composición y funcionamiento –quiénes tienen derecho a asistir y quiénes presiden, el quórum, los requisitos y la competencia y ámbito de sus decisiones– se convertirán en eventos que, a guisa de ser “abiertos y participativos”, carecerán de la valoración orgánica necesaria para que su incidencia política sea real.

C– La solidez en el funcionamiento del PDA no es un asunto referido únicamente a su estructuración y dinámica internas. Tiene que ver principalmente con que –cual  destacamento político que en la actual situación crítica del país, plagada de agudas contradicciones, predica y practica oposición, denuncia y movilización– se enfrenta a enemigos poderosos. Primero, el imperialismo de Estados Unidos que, nómbresele o no, está siempre ahí, a la ofensiva con su carga de políticas de recolonización. Y, segundo, el gobierno absolutista que a nombre de las elites oligárquicas ejerce Uribe Vélez; un gobierno cuya naturaleza política no admite equívocos, ni sutilezas diplomáticas, puesto que el poder de los plutócratas unido al del Estado, como se revela en las iniciativas y medidas económicas y sociales del uribismo, constituye el fascismo según la autorizada definición de Mussolini.

Sería iluso proponerse derrotarlos con una organización endeble, en donde a sus organismos de dirección, una vez revestidos de la autoridad que les confiere el haber sido designados democráticamente, se les estorbe la toma de decisiones oportunas, muchas veces expeditas, que exige la previsible lucha política. Y no hay que olvidar que las gentes son comprensivas y tolerantes con determinados errores, pero no seguirán ni confiarán en una dirección política ingenua o “ida” de la realidad social que se vive.

D– Los criterios que informan el desarrollo del Congreso son indicativos de que sus actuales dirigentes tienen una meridiana comprensión del momento político que atraviesa el PDA. En el ejercicio democrático al que se entregarán, sus centenares de delegados se cuidarán de preservar el espíritu y los acuerdos unitarios que las diversas organizaciones que lo integran han erigido como piedra fundamental.

El reto que tienen planteado es compactar aún más sus fuerzas, eligiendo en campo abierto y franco sus organismos de dirección nacional y dotándose de unas normas que presidan su funcionamiento y regulen la toma de decisiones propias de su vida política.

Atrás debe quedar definitivamente –pues no tiene nada de gracioso y si mucho de malicioso– adoptar ante la cuestión de “ser o no ser” miembro del PDA, la cómoda condición de “ser y no ser”. Tras semejante actitud se pretende reclamar y disfrutar de todos los derechos mientras se rehúsa todo deber, una aberración que, de cundir, llevaría al caos político y a la degeneración organizativa. De allí que en los estatutos, además de los derechos, se deben establecer de manera rigurosa y clara los deberes, que van desde la observancia de una actitud consecuente con el Ideario de Unidad hasta el cumplimiento de las actividades y tareas políticas decididas por los organismos directivos pertinentes.

E– Dentro del PDA debe impulsarse una política especial que acerque a sus filas en gran número a los profesantes de las diversas ramas de la cultura y la ciencia. En la empresa de recuperación de los valores culturales nacionales, ellos, que siempre han constituido en el país un sector descollante, muchos con un alto grado de universalidad, no pueden ser considerados un adorno en la forja transformadora que se ha emprendido, ni su actividad catalogarse como un mero divertimiento. Aquellos intelectuales que desde tiempo atrás se acercaron o se sumaron a actividades de las organizaciones progresistas o de izquierda, aquellos que participaron en las recientes campañas y tareas electorales y de masas  de esta nueva fuerza política, y aquellos, la mayoría, que tienen expectativas sobre el papel que ella puede desplegar en la salvación y progreso de la nación, deben constituir un sector de avanzada tanto en la construcción del PDA como en la gran tarea de atraer hacia su proyecto político a vastos sectores de la población.

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Cuando los centenares de delegados elegidos al Congreso del PDA se dispongan a atravesar el umbral del recinto de sesiones, bien podrían tener en mente con un unitario sentido político las palabras del Dante: Déjese aquí cuanto sea recelo; mátese aquí cuanto sea vileza, pues armonizan con el lema de Carlos Gaviria llamando a que la política de izquierda se haga sin sectarismo y sin ambigüedades.

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, POR LA SOBERANÍA Y LA DEMOCRACIA

Carlos Naranjo O., Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006

Es indudable que el hecho político nacional más importante de los últimos dos años es la creación del Polo Democrático Alternativo, PDA, y, con ello, el resultado obtenido en las recientes elecciones presidenciales por Carlos Gaviria Díaz. Y lo es, porque el Polo ha aglutinado a su alrededor a la inmensa mayoría de las organizaciones, sectores y personalidades de izquierda democrática que existen en el país; ha definido con claridad el contenido de sus orientaciones políticas fundamentales; alcanzó con su candidato presidencial más de dos millones seiscientos mil votos, la más alta votación para un vocero auténticamente popular en toda la historia electoral colombiana, superando ampliamente al candidato tradicional del tradicional Partido Liberal. Además, porque el Polo y Gaviria no hicieron su campaña en los medios de comunicación sino que se tomaron las calles y las plazas de pueblos y ciudades, lo que no ocurría desde muchos años atrás, y agitaron un programa político de defensa de los intereses nacionales y populares.

Las causas de tal acontecimiento, y la suma de factores positivos que contiene, radican en la necesidad creciente que todos los afectados por las políticas neoliberales y de dominación imperial tienen de unirse para enfrentarlas e impedir su profundización, ahora, y para derrotarlas definitivamente cuando la avalancha popular encuentre su camino. Porque si bien es cierto, y es bueno recordarlo, que ya es centenaria la opresión y el saqueo que sobre nuestra patria y sus gentes ejercieron los distintos gobiernos estadounidenses durante todo el siglo XX, más cierto y evidente es que en los últimos años el saqueo y la explotación, la opresión y la injerencia imperialista se han centuplicado, y para ello han contado con la obsecuencia de personajes como los que han elegido para la Presidencia de Colombia, de los cuales el ejemplo más patético es el actual gobernante, Álvaro Uribe Vélez. George W. Bush y Álvaro Uribe Vélez maduraron aceleradamente las condiciones para que fuera posible el exitoso proceso unitario que hoy saludan fervorosos y esperanzados los colombianos.

Unidad total de la izquierda democrática

Los hechos y los documentos nos muestran que los antecedentes inmediatos del surgimiento del Polo Democrático Alternativo se remontan a los primeros dos meses del año 2005, con las cartas cruzadas entre Samuel Moreno Rojas, presidente del Polo Democrático Independiente, y Carlos Gaviria Díaz, coordinador nacional de Alternativa Democrática. En efecto, en enero de 2005 Samuel Moreno Rojas le envió a Carlos Gaviria una misiva con la propuesta de buscar un acuerdo político entre las dos organizaciones para concurrir con candidato único a las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2006. La respuesta del doctor Gaviria, firmada el 14 de febrero, les transmite a los compañeros del Polo Democrático Independiente la decisión tomada por la dirección nacional de Alternativa Democrática, de hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr «La unidad total de la izquierda democrática de Colombia». En los apartes más importantes de su carta, el doctor Gaviria señala:

«Mi empeño, compartido y estimulado por directivas, militantes y simpatizantes de Alternativa Democrática, ha consistido esencialmente en convocar a todos los sectores de la izquierda democrática colombiana…
«La urgencia de una izquierda democrática unida… la compartimos sin reservas y juzgamos, como ustedes, que siendo más las cosas que nos unen que las que nos separan, debatibles éstas en un ambiente tranquilo y razonable, no hay motivo para que no trabajemos juntos en busca de los propósitos esenciales que nos son comunes.
«En una reunión de dirigentes muy representativos de Alternativa Democrática… se analizó la propuesta del PDI, y la recepción positiva fue unánime (…)
«Fruto del análisis al que me he referido, es la propuesta de unidad que, recogiendo los propósitos que informan la formulada a Alternativa Democrática por el PDI, nos permitimos hacerles:
«1. Unidad programática. 2. Unidad Organizativa. 3. Selección de un candidato único de nuestras fuerzas a la Presidencia de la República. 4. Listas únicas al Congreso de la República.
«Lo que les proponemos es una unidad total, que para ser sólida y estable requiere un diálogo cuidadoso sobre cada uno de los ítems, que debería comenzar en el término más breve posible a través de los compromisarios designados por ambas partes para tal efecto.
«Un acuerdo entre el PDI y AD tendría que ser, además, un punto de partida para convocar a otros sectores políticos y de opinión, con propósitos afines a los nuestros, a que converjan a la tarea inaplazable que nos proponemos en beneficio del país».

En los meses siguientes, los compromisarios designados por el PDI y Alternativa Democrática, «en un ambiente tranquilo y razonable», como lo pedía el doctor Carlos Gaviria, lograron acordar el proyecto inicial de un programa político común, que luego, ya aprobado en las instancias correspondientes, se llamó Ideario de Unidad (ver Tribuna Roja 101, de diciembre 9 de 2005), marco político y guía de acción para las distintas fuerzas políticas y personas integrantes de la nueva organización, y que contempla como aspectos fundamentales: la lucha por la soberanía nacional; la construcción de un gobierno y un Estado controlados por las clases y sectores del trabajo y la producción; el respeto y la aplicación de los derechos democráticos, sociales, políticos, económicos, culturales, esencia de una auténtica democracia; y la solución política negociada de los conflictos armados que desangran a Colombia.

Simultáneamente con la elaboración del Ideario de Unidad, los compromisarios llegaron al siguiente Acuerdo Político (apartes), firmado el 26 de noviembre de 2005:

1. Avanzar hacia la conformación de una organización política, democrática y pluralista, a partir de la personería jurídica del PDI y mediante una reforma de sus Estatutos, que permita mantener la identidad de sus fuerzas integrantes y regir su funcionamiento político, organizativo y parlamentario…
2. El nombre actual del Polo Democrático Independiente será reemplazado por el de Polo Democrático Alternativo, PDA.
3. El Ideario de Unidad consigna las bases programáticas aprobadas por las partes y expresa la búsqueda de una Colombia en la que se ejerzan a cabalidad la democracia y la soberanía nacional…
4. Para guiar al PDA, y sus aliados en las cuestiones concernientes a su participación en las elecciones legislativas y presidenciales que se desarrollarán en el año 2006, se conforma la Mesa de Unidad, con hasta 18 integrantes, seis (6) del PDI, seis (6) de Alternativa Democrática y hasta seis (6) de otras fuerzas políticas, personalidades y aliados que participen en este proceso…
5. La Mesa de Unidad, antes del 31 de agosto de 2006, convocará el Congreso de Unidad, el cual se llevará a cabo antes de terminar el año 2006.
6. La Mesa de Unidad reglamentará el funcionamiento de las bancadas en los términos establecidos por la Ley.
7. El PDA podrá ampliarse con otras organizaciones y personalidades que coincidan con sus propuestas, con quienes se actuará con el mismo espíritu de amplitud e inclusión de este acuerdo.
8. El PDA tendrá un solo candidato a la Presidencia de la República… Se pugnará para que el candidato presidencial represente también a otros sectores democráticos del país.
9. El Ideario de Unidad servirá de base para la elaboración del programa de gobierno del candidato presidencial que resultare escogido.
10. Convocamos a todas las fuerzas progresistas, democráticas e independientes del país, para que se integren y participen activamente en este proceso, con el propósito de instaurar una verdadera República Democrática en Colombia.
11. Las decisiones que tome la Mesa de Unidad serán de obligatorio cumplimiento para quienes se acojan a este acuerdo.
Por el PDI: Samuel Moreno, Gloria Flórez, Antonio Sanguino, Daniel García. Por Alternativa Democrática: Jaime Caicedo, Carlos Naranjo, Arnulfo Bayona, Venus Albeiro Silva, Tiberio Trespalacios, Daniel Libreros.

Desarrollo de los acuerdos

A partir de la firma de los dos documentos básicos, Ideario de Unidad y Acuerdo Político, y de las reformas necesarias a los Estatutos del PDI, la Mesa Nacional de Unidad empezó a cumplir sus funciones como organismo creado para orientar el funcionamiento del Polo Democrático Alternativo hasta la realización del Congreso de Unidad: impulsó la creación de Mesas Departamentales de Unidad que le dieran presencia al PDA en todas las regiones del país; definió, reglamentó y elaboró las listas únicas del PDA en las elecciones parlamentarias del 12 de marzo, en las que fueron elegidos diez senadores y nueve representantes a la Cámara; acordó que mediante consulta a los electores, y simultáneamente con las elecciones parlamentarias, se definiría entre Antonio Navarro y Carlos Gaviria cuál de los dos sería el candidato único del PDA a la Presidencia de la República.

Y pasadas las elecciones, La Mesa Nacional de Unidad procedió a los ajustes convenientes y necesarios en su propio funcionamiento; a la designación de Carlos Gaviria como presidente del Polo y Antonio Navarro como secretario general; y, en cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Político, hizo la convocatoria del Congreso Nacional de Unidad para los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, que debe reunirse en Bogotá, según la reglamentación que para tal efecto fue discutida en diferentes instancias y finalmente aprobada por consenso.

Consulta fraternal y campaña exitosa

Después de una franca y leal emulación en todo el país, y de una masiva votación de los seguidores de uno y otro, con más de millón doscientos mil participantes, la consulta arrojó como triunfador a Carlos Gaviria. El reconocimiento inmediato y gallardo que Navarro hizo de estos resultados, permitió que en cuestión de horas estuvieran integrados los organismos de dirección y los principales lineamientos de la campaña presidencial. Antonio Navarro fue designado jefe nacional de debate y Patricia Lara Salive candidata a la Vicepresidencia.

Se inició entonces una intensa actividad, que tuvo como sello inconfundible la unidad entrañable de los militantes de las distintas fuerzas del PDI y de Alternativa Democrática, las dos corrientes que crearon el PDA, y de otras importantes organizaciones y personalidades que venían sumándose a este torrente democrático: el ex ministro Parmenio Cuéllar y sus amigos políticos en Nariño y en otras regiones del país; Iván Moreno Rojas y la Alianza Nacional Popular; varias de las más importantes organizaciones indígenas, entre ellas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, y las dirigidas por el ex gobernador Floro Tunubalá y el senador Gerardo Jumí; la conocida dirigente liberal María Ema Mejía; seguidores y amigos del gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón; prestigiosos artistas, poetas, escritores, periodistas, profesionales de todas las disciplinas, dirigentes y organizaciones sindicales, agrarias, comunales, de usuarios de servicios públicos, y miles y miles de mujeres y jóvenes, que llenaron las plazas y recintos donde, durante los 75 días de campaña presidencial, el doctor Carlos Gaviria llegó con sus intervenciones claras, pedagógicas y persuasivas, resumidas en su consigna central, «Construyamos democracia, no más desigualdad», y su llamamiento a la organización y la lucha contra el candidato-presidente, Álvaro Uribe, sus engaños y su demagogia, sus exacciones a trabajadores y productores, su apego a los dogmas neoliberales, su sumisión ante el Imperio, y la entrega de los recursos naturales, las riquezas y el sudor y el trabajo de los colombianos a las multinacionales y al capital financiero.

Unidad en las tareas

Tanto en las conversaciones para llegar a los acuerdos unitarios como en las actividades de la consulta y de la campaña presidencial, debe mencionarse el trabajo intenso de los dirigentes de Alternativa Democrática y del Polo Democrático Independiente. Por nuestra parte, tenemos la satisfacción del deber cumplido: la militancia y los dirigentes del MOIR han estado con todo entusiasmo y fraternidad impulsando las tareas hacia la unificación de las personas y organizaciones que apoyan este proceso unitario. En los organismos de dirección, destacamos el esfuerzo y la dedicación casi exclusiva de los compañeros Jorge Enrique Robledo, Francisco Valderrama, Aurelio Suárez y Carlos Naranjo.

En todo el territorio nacional, en unas regiones más que en otras, según el desarrollo del Polo y de sus fuerzas integrantes, la unidad ha ido estrechándose en medio del trabajo por cumplir las diferentes tareas que se presentaban para lograr los objetivos. Hoy funcionan Mesas de Unidad en casi todos los departamentos y en un buen número de las ciudades principales, Mesas que deberán convertirse, de acuerdo con las normas que se aprueben en los nuevos Estatutos del PDA, después del Congreso, en los organismos de dirección del Polo en sus respectivos niveles.

Hacia la consolidación organizativa y política

A partir de julio, la Mesa Nacional de Unidad y en general los dirigentes del Polo, han orientado sus esfuerzos al cumplimiento de tres tareas principales: el Primer Congreso del PDA, el impulso y acompañamiento a las luchas populares y la actividad parlamentaria. Bajo la dirección de los doctores Carlos Gaviria y Antonio Navarro, presidente y secretario general del Polo, la Mesa Nacional de Unidad, además de su atención a las diferentes tareas políticas y administrativas, inició la preparación del Primer Congreso del PDA: decidió la fecha, los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2006, dando pleno cumplimiento a lo señalado en el punto 5 del Acuerdo Político; aprobó y difundió las resoluciones reglamentarias en las cuales se precisa el número de delegados por departamento (teniendo en cuenta la población de cada uno de ellos y las votaciones por el Polo en las elecciones presidenciales y parlamentarias), y el acatamiento a los estatutos en cuanto a las cuotas preferenciales para las mujeres y los jóvenes, así como para las minorías étnicas y LGBT. Por elección en circunscripciones departamentales serán elegidos 2.700 delegados, que sumados a los de derecho propio (la dirección del Polo, los parlamentarios, concejales y ediles, así como todos los que ocupen cargos de elección popular con avales del PDA, lo cual se calcula que llegará a un gran total de más de 3.500 delegados, lo cual es una buena muestra de la extensión y el arraigo ganado por la organización en todo el país. Sin la menor duda, tanto las elecciones de delegados como el Congreso mismo serán un rotundo éxito.

Un segundo aspecto, de vital importancia, es la vinculación permanente que los militantes y dirigentes del PDA mantienen con las distintas expresiones de lucha popular: las manifestaciones de protesta; la celebración del 1º de Mayo, Día de los Trabajadores, que en sí mismo es siempre un grito de denuncia y de rechazo a las políticas oficiales y del imperialismo; las exitosas consultas y mítines contra el TLC, que adelantaron indígenas, trabajadores, productores agrícolas, artistas y estudiantes, los seminarios, paneles y conferencias de análisis sobre diversos problemas del pueblo y de la nación, todas han tenido el acompañamiento del Polo y de sus principales dirigentes nacionales y departamentales. En el PDA hay la claridad meridiana de que sin la movilización popular son imposibles las grandes transformaciones que Colombia requiere.

Y el otro gran campo de acción política del PDA es la actividad parlamentaria. En los cuatro meses de la actual legislatura, el pueblo colombiano ha corroborado que es en la bancada del Polo donde están los verdaderos voceros de sus intereses, los que velan con decisión por la soberanía y la democracia y que no temen actuar con entereza y valor civil contra la putrefacción que carcome al gobierno y al Estado en general. Luchadores como Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, y los demás que hacen parte de la bancada del PDA, demuestran que la tribuna parlamentaria es un buen instrumento para la organización y movilización de los oprimidos y explotados.

Es mucho lo que el Polo Democrático Alternativo ha hecho, pero es mucho más lo que le queda por hacer. Si persiste en la unidad, y mantiene el rumbo, lo puede lograr.

GEORGE W. BUSH, EN EL DESBARRANCADERO

Francisco Valderrama Mutis, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006

Está colapsando la forma que adoptó la política de hegemonía mundial del actual gobierno norteamericano, basada en el libre mercado, la diplomacia del garrote y los ataques preventivos destinados a causar «conmoción y pavor» entre quienes no se sometan a sus imposiciones imperiales. Los síntomas de la crisis venían desde hace un tiempo, impulsados por la resistencia de las naciones y los pueblos del mundo y, más recientemente, por los mismos ciudadanos norteamericanos que rechazaron en las urnas sus aspectos más aberrantes, dándole la victoria a la oposición demócrata.

Desde el punto de vista económico, la política de Estados Unidos ha tenido como objetivo principal el fortalecimiento de sus monopolios financieros y sus multinacionales en todas las áreas de la producción. Para lograrlo impuso una estrategia de arrasamiento de las economías nacionales, sometiendo a los gobiernos de los países del mundo a reformas del Estado, privati­zaciones de todas las empresas públicas, desnacionaliza­ción de su propiedad y apropiación extranjera de sus ganancias, impidiendo la acumulación de capitales nacionales, disminución o anulación de los aranceles de sus importaciones e imposición de normas desventajosas a través de la OMC. Pero como en esta organización encuentra resistencia de parte de naciones como Brasil e India, apela a los tratados bilaterales de libre comercio que se constituyen en leyes por encima de las constituciones y que entran a regir la vida económica de los pueblos, negando por completo la defensa del interés nacional.

Su aplicación ha generado el empobrecimiento progresivo de la población con el debilitamiento del salario mínimo (incluso en Estados Unidos, donde el salario mínimo es de $10.300 dólares al año, y la línea de pobreza es de $13.000 dólares, según el Banco Mundial); el aumento del desempleo, encubierto bajo la categoría de «inactivos», eufemismo para quienes desesperanzados de conseguir trabajo dejan de buscarlo; y el sometimiento criminal de los ciudadanos a la comercialización de los servicios públicos domiciliarios, de la salud y la educación. Mientras los ricos se hacen cada vez más ricos, la clase media se empobrece y aumenta el número de los pobres, aunque traten de esconderlos en las estadísticas. Toda la legislación económica, tanto la del gobierno de Bush como la de nuestros países, está orientada a perpetuar esta situación. Pero su despiadada aplicación levanta la resistencia de los pueblos, que se ha expresado de diversas maneras, entre ellas con el apoyo electoral a candidatos y partidos que se oponen a la política oficial de los servidores de la recolonización.

Desde el punto de vista geo­es­tra­tégico, esta política fue diseñada en sus lineamientos centrales en 1992 cuando Dick Che­ney, que era secretario de Defensa del primer Bush, junto con Wolfowitz, actual presidente del Banco Mundial, Libby, hoy sometido a juicio como chivo expiatorio por la filtración hecha por el gobierno norteamericano de la identidad de una agente de la CIA, y Khalilzad, actualmente embajador en Irak, propusieron el aumento masivo en los gastos militares para reafirmar a Estados Unidos como la única superpotencia después de la bancarrota de la Unión Soviética, prevenir el surgimiento de potencias regionales que le compitieran, y permitir el uso de ataques preventivos y el abandono del multi­lateralismo en las relaciones internacionales si no coincidía con los intereses de Washington. La versión actualizada y desarrollada de esta política agresiva fue proclamada en el año 2002 por Bush como su Estrategia de Seguridad Nacional para los Estados Unidos de América.

Su aplicación después del atentado contra las Torres Gemelas implicó la continuación de algunas estrategias que ya venían siendo aplicadas desde el gobierno demócrata de Bill Clin­ton, como la de absorber los países que conformaron la Unión Soviética, rodeando con un anillo de hierro a la actual Rusia y apuntando a señalarle límites a la influencia de China. Sumado a esto, Bush diseñó una nueva estrategia de redespliegue de sus fuerzas militares y la construcción de bases a lo largo del llamado «arco de inestabilidad» del mundo que cubre todas las regiones ricas en petróleo, desde la situada en Mariscal Estigarribia en Paraguay, muy cerca de la frontera con Bolivia, pasando por África y el Medio Oriente, hasta las de Indonesia. Pero su objetivo central apunta a controlar las riquezas energéticas de Asia Central y el Medio Oriente.

Afganistán

Las intervenciones se iniciaron con la invasión a Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, con el fin de derrocar el régimen talibán, anfitrión de Osama Bin Laden y Al Qaeda, declarados gestores y ejecutores del ataque a las Torres Gemelas. Su realización marcó la pauta de la estrategia militar que defendería con ardor Rumsfeld: bombardeos masivos destinados a crear «conmoción y pavor» entre la población y destrucción de toda la infraestructura civil y militar del país atacado, menospreciando que es la ocupación del territorio y su control lo que define en últimas la victoria en la guerra. Sin embargo, en un Afganistán empobrecido y destrozado, donde las promesas de reconstrucción han fracasado, lo que se observa es un fortalecimiento de la guerrilla talibán, engrosada con todos aquellos que han sido agredidos en los bombardeos, o humillados en las requisas casa a casa sin respetar las costumbres y la cultura musulmana. Allí hay redadas masivas, maltrato y tortura, con el criterio de que no importa que sufran cien inocentes si cae un culpable; los pequeños campesinos ven destruidos sus cultivos de amapola, con lo que son lanzados a la miseria, pues son ine­xistentes sus posibilidades de tener ingresos con otros cultivos. La situación del gobierno títere de Hamid Kharzai, es desastrosa. No gobierna más allá de Kabul, la capital de la nación. Por eso el pueblo afgano lo llama irónicamente el «Alcalde de Kabul» o el «Asesor del embajador norteamericano».

Irak

Lo mismo sucede en Irak con Maliki, elegido primer ministro a raíz de las últimas elecciones. La situación en este país, mucho más complejo y rico que Afga­nistán, va encaminándose hacia una verdadera catástrofe para el gobierno norteamericano. La invasión hecha bajo la misma receta de «conmoción y pavor» acabó rápidamente con la resistencia del ejército de Sadam Hussein, por lo que Bush se apresuró a declarar la victoria, disfrazado de piloto de combate a bordo de un portaviones. Sin embargo, terminadas las llamadas grandes batallas, empezó la verdadera guerra de resistencia contra el agresor extranjero, la que se libra en ciudades como Falluja, Ramadi o Basora, o en Ciudad Sadr, una de las barriadas populosas de Bagdad, donde la diferencia tecnológica prácticamente desaparece pues lo que se da es el enfrentamiento en combates callejeros, calle por calle.

Los llamados «bombardeos quirúrgicos» en poblados y barriadas densamente poblados, terminan por reclutar más y más adherentes a la causa de la resistencia. Destruyeron la mitad de Falluja, utilizaron bombas de fósforo blanco y de racimo, y hoy no controlan la ciudad. Los estrate­gas norteamericanos no en­cuen­­tran solución, y piensan con pavor en las inmensas barriadas de las principales capitales y ciudades del Tercer Mundo.

Bush ha querido ver en cada episodio de la política iraquí un punto de giro de la situación. Así lo anunció en cada proceso electoral que promovió, con la constitución que se aprobó y hasta con la muerte de al-Zarqawi. Pero cada día empeora. El apoyo sunita a la insurgencia pasó del 14% en 2004 al 75% en la actualidad; hay 23 milicias organizadas batallando en las calles de Bagdad; 75% de los iraquíes, tanto sunitas como chiítas, dicen que se sentirían más seguros si las tropas estadounidenses se retiraran; y los periodistas extranjeros únicamente pueden cubrir 2% del territorio. Los ataques con bombas dirigidas desde el borde del camino, los francotiradores, los morteros y los asesinatos selectivos de la guerra de resistencia contra el invasor, pasaron de 6 en 2003 a 80 o 90 diarios en 2006, y se mezclan con una guerra entre las sectas que se ha traducido en matanzas de limpieza religiosa en los barrios de Bagdad y en las diversas regiones donde convivían más o menos pacíficamente. Después de más de tres años de reconstrucción, la situación del país es lamentable. La inflación llega a 70%; los salarios están congelados, si es que se puede conseguir empleo; el sistema bancario está prácticamente inactivo; las tarifas de los servicios públicos domiciliarios aumentaron en 270%; la reconstrucción no ha podido suministrar más de 4 horas diarias de energía, y muy poco de agua potable; hay aguda escasez de gasolina, pues las refinerías no pueden trabajar a más de 50% de su capacidad; y el Pentágono reconoce incluso que 29.5% de los niños sufren atrofia en su crecimiento, por el hambre y las enfermedades.

Como una medida electoral para tratar de revertir lo que se veía venir como una derrota de su partido, Bush planteó la exigencia a Maliki de que en un plazo determinado debía desarmar las milicias chiítas y los escuadrones de la muerte de su policía, aumentar la producción petrolera estancada en 2,3 millones de b/d, distribuir las ganancias petroleras equitativamente entre chiítas, sunitas y kurdos, e iniciar negociaciones con la resistencia sunita. La amenaza latente en el plazo, corresponde a las soluciones que se barajan para la crisis iraquí: desde la de dividir el país en tres estados, hasta la de reemplazar a Maliki por un dictador más pro sunita, capaz de imponer orden así sea entregando la bandera de la «democracia» que tanto proclamó Bush, lo cual mide la desesperación de los dirigentes norteamericanos, atrapados en el lodazal de sangre y fuego en que convirtieron a la República de Irak.

Los demócratas que ganaron las elecciones oponiéndose a la política de Bush, resumida en la estúpida frase de «mantener el rumbo» en medio del desastre, ahora tendrán que proponer soluciones y ninguna es sencilla. Los dirigentes chiítas, por ejemplo, se oponen a cualquier tipo de retirada de los norteamericanos mientras no puedan asegurar su propia supervivencia; pero son pocas las posibilidades de entrenar y organizar sus fuerzas armadas, debido a la desmoralización, a su parcialidad en la lucha interreligiosa y a la percepción de que si los estadounidenses no han sido capaces de ganar la guerra contra la resistencia, ellos menos. Las propuestas que incluyen el aumento de las fuerzas militares son menos viables, si se tiene en cuenta que su sola presencia agudiza la resistencia. Por otra parte, los funcionarios del gobierno de Bush no cejan en su empeño de mantenerse en Irak. Por eso, avanzan en la construcción de la Embajada más gigantesca del mundo y de al menos 12 bases militares, tales como Camp Bucca y Camp Cropper, adonde fueron trasladados los prisioneros de la prisión de Abu Ghraib, que fue cerrada.

Corea del Norte e Irán

Rotas nuevamente las conversaciones de «las seis partes» en 2005, debido a que los norteamericanos le impusieron a la República Popular Democrática de Corea un embargo financiero, bajo la acusación de estar lavando dólares de un supuesto tráfico de estupefacientes y falsificación de dólares, esta procedió a hacer una prueba nuclear, demostrando ante el mundo que eran ciertas sus afirmaciones de poseer tal tecnología. Estados Unidos reaccionó condenando a la RPDC, y fue secundado por las demás potencias nucleares del mundo, pero hubo reservas sobre el tipo de sanciones que propuso. La realidad es que Estados Unidos, con sus fuerzas militares tensionadas hasta el límite de su capacidad por la guerra de Irak, tuvo que presionar diplomáticamente la reanudación de las conversaciones entre los seis países para tratar de llegar a un arreglo.

Por otro lado, las maniobras militares de Estados Unidos y de algunos de sus aliados, en el Golfo Pérsico, fueron respondidas por Irán con sus propias maniobras, en las cuales probó misiles de largo y medio alcance; al mismo tiempo que continúa reclamando el derecho a desarrollar su propia tecnología nuclear dentro de los parámetros del Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares.

Es evidente el fracaso de Estados Unidos en su intento de utilizar este tratado como arma para impedir el desarrollo de programas nucleares en países que no están bajo su control, mientras a su vez alardea de sus propias armas nucleares e incluso proclama su intención de producir pequeñas armas atómicas para ser utilizadas en guerras convencionales.

Rusia y China

La intención de controlar a los antiguos países de la Unión Soviética, en especial lo que quedan alrededor de Rusia, ha chocado con la decisión de esta de recuperar su influencia sobre Ucrania y Georgia. Utilizando las mismas armas de Washington, el bloqueo económico y el chantaje petrolero, Rusia se defiende de los avances geoestratégicos de la superpotencia. Y simultáneamente estrecha cada vez más sus lazos con China, crean el Grupo de Cooperación de Shan­gái, realizan maniobras militares conjuntas y acuerdos energéticos, que incluyen la construcción de una refinería en territorio chino, así como la exploración y explotación conjunta de yacimientos en Siberia, manteniendo a raya las intenciones norteamericanas de cooptar a los países de Asia Central. Aquí está planteada la puja por el control estratégico de la región más importante para la consolidación de cualquier tipo de hegemonía global.

América Latina

El rechazo a la política de dominación norteamericana se expresa ampliamente en América Latina. En las elecciones, de una a otra punta del continente diversos movimientos de unidad han apoyado candidatos que se oponen de alguna manera a las intenciones de recolonización con los TLC o el ALCA. En Bolivia, los avances de Evo Morales son considerables. Nacionalizó la propiedad de los yacimientos petroleros y obligó a las multinacionales a renegociar los contratos de explotación, con mayores ganancias para el pueblo boliviano. El ejemplo de Bolivia y Venezuela en este terreno es una derrota de la política económica del imperialismo. Hugo Chávez se encamina hacia su reelección en Venezuela y Daniel Ortega ganó en Nicaragua, a pesar de las groseras intervenciones de los funcionarios gringos de alto nivel. En algunos casos, la oposición contra las políticas norteamericanas convive con la aplicación de políticas internas que concilian con el dogma neoliberal y cohabitan con sus efectos más dañinos. Sin embargo, se enmarcan en los avances algunas veces titubeantes de la lucha de los pueblos latinoamericanos por su independencia. Fueron notables los avan­ces de Ollanta Humala en Perú, Rafael Correa en Ecuador y Carlos Gaviria en Colombia, quienes lograron aunar voluntades con sus propuestas de soberanía y democracia.

Conclusión

Las consecuencias de la derrota republicana en las elecciones de mitaca en Estados Unidos están por verse. Muchos comentaristas latinos concluyeron apresuradamente que un cambio total de la política norteamericana estaba a la vista. La verdad es que después de seis años de gobierno, el desgaste se siente y es común que haya pérdidas en el Senado y la Cámara. Pero siempre se ha tenido continuidad en la política exterior entre los republicanos y los demócratas. Estos se opusieron al estado actual de la guerra en Irak, pero de ninguna manera a la utilización de la guerra ni a su utilidad en la política exterior norteamericana. Los más realistas plantean que apenas se disipe el humo de la victoria demócrata, nos despertaremos teniendo que lidiar con el mismo Estados Unidos que conocemos. 

La política de expansión y hegemonía del imperialismo norteamericano ha sido desarrollada por presidentes de los dos partidos. Habrá diferencias de énfasis, de oposición a la utilización de medidas dictatoriales, como las escuchas ilegales o la tortura, el irrespeto al habeas corpus, la permisividad a las empresas para robar sin control e, incluso, sobre la no inclusión de algunas cláusulas laborales y ambientales que adornarían la rapacidad del libre comercio en los tratados bilaterales. Pero la esencia de la política imperialista continuará aplicándose así sea bajo nuevas formas y los pueblos del mundo tendrán que desenmascararlas, resistirlas y hacerlas colapsar como lo hicieron con los delirios fascistas de Bush y su pandilla neoconservadora.

LA UNIDAD, CONDICIÓN VITAL PARA LOS COMETIDOS POSTERIORES

Entrevista con el presidente del Polo Democrático Alternativo, doctor Carlos Gaviria Díaz, Tribuna Roja Nº 104, noviembre 20 de 2006

Tribuna Roja. ¿En qué estado se encuentra el proceso de consolidación del PDA luego del importante resultado electoral del 28 de mayo?

Carlos Gaviria. A mi juicio, lo que se percibe es que vamos hacia una gran consolidación de la unidad. Sin embargo, el Congreso tiene la última palabra. Abrigo mucha esperanza de que el Congreso será un acontecimiento de extraordinaria importancia para el país, en el que vamos a fortalecer nuestra organización en torno al Ideario de Unidad y el Programa de gobierno, las bases programáticas acordadas. Las discusiones que se han adelantado en la Mesa Nacional de Unidad y en las Mesas Departamentales dan cuenta de un propósito unitario muy firme que se va a evidenciar en el Congreso. De manera que hay que ser optimistas.

TR. ¿Ve señales de que se pueda interrumpir el proceso de unidad que se gestó en torno a su nombre en la campaña a la Presidencia?

Carlos Gaviria. No, no lo creo. Desde luego, en una organización pluralista como la nuestra hay sectores que hacen más énfasis que otros en la unidad. Pero opino que el resultado electoral alcanzado el 28 de mayo ha servido como una especie de catalizador positivo.

TR. Entre los nubarrones que, para algunos analistas, amenazan al PDA están las distintas posiciones ideológicas que expresan la existencia de tendencias. ¿Qué nos dice al respecto?

Carlos Gaviria. El propósito común que aglutina a los distintos sectores del Polo Democrático Alternativo es el de cambiar el rumbo que lleva el país. Todos estamos de acuerdo en que la propuesta política que le ha planteado al país el presidente Uribe Vélez lo arrastra por el camino equivocado y nuestra responsabilidad estriba en oponernos a que siga avanzando, porque desandar los pasos va a ser cada vez más difícil.

TR. Pasados más de tres meses del segundo gobierno de Álvaro Uribe, ¿encuentra usted alguna variación con respecto al periodo anterior?

Carlos Gaviria. Lo único nuevo eran los cambios que Uribe estaba considerando en la política de Seguridad Democrática. Pero Uribe Vélez muy rápidamente se arrepientió de sus buenos propósitos y retomó el hilo conductor de su gobierno en el pasado cuatrienio: una Seguridad Democrática degradante de los derechos humanos, y la exigencia de unos resultados positivos demasiado restringidos. Opino entonces que el segundo cuatrienio se ha iniciado con idénticos signos y, por tanto, no puede esperarse nada distinto a lo que sufrió el pueblo en el primero.

TR. ¿Es posible, como reclaman algunas personas, que el PDA colabore con el gobierno de Uribe Vélez en campos como el de la lucha contra la pobreza, la seguridad ciudadana, la regionalización o el intercambio humanitario?

Carlos Gaviria. Nuestras propuestas en todos esos temas son completamente distintas e incluso contrarias a las del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No creo entonces que dos marchantes que llevan distinto rumbo puedan juntarse para hacer una misma caminata.

TR. Dentro de las más controvertidas iniciativas del gobierno están las de justicia y paz. ¿Qué evaluación hace usted de esa política pública en la cual se ha centrado la reinserción de algunos grupos armados?

Carlos Gaviria. Desde que se formuló la Ley de Justicia y Paz se expresaron críticas pertinentes en la medida en que no apuntaba a satisfacer las condiciones de verdad, justicia y reparación ni a extinguir el fenómeno paramilitar en Colombia, sino más bien a encubrirlo. Las deficiencias de la Ley se han replicado al llevarla a la práctica. Cabría incluso afirmar que la aplicación ha mostrado más fallas de las que se habían advertido en la Ley cuando se hallaba en discusión. A mi juicio, el llamado proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares ha sido un fracaso.

TR. La visita hace pocos días de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos dejó como mensaje principal que tanto Bush como Uribe Vélez están comprometidos con el TLC y con una segunda fase del Plan Colombia. ¿Qué piensa usted al respecto y qué consecuencias traerá para los colombianos?

Carlos Gaviria. No era necesaria la visita para saber lo que ya sabíamos: que iban a ser ratificadas las directrices acordadas por ambos presidentes. El TLC va a afectar significativamente la economía, y la nueva etapa del Plan Colombia intensificará la guerra en una dirección completamente indeseable.

TR. El gobierno ha decidido implantar reformas más profundas en el marco del Consenso de Washington, como la nueva reducción de las transferencias a las regiones, una reforma tributaria regresiva y la privatización de lo que queda del patrimonio público, como Ecopetrol y Bancafé. Además de la recia oposición de la bancada del PDA en el Congreso, ¿cuáles otras acciones impulsará el Polo para impedir tan graves proyectos?

Carlos Gaviria. Es necesario, como lo hemos dicho muchas veces, acompañar la tarea que vienen cumpliendo los congresistas del PDA, que es admirable, eficaz y muy brillante, con la movilización ciudadana. Así como afirmamos que si ganábamos el gobierno, poco habíamos ganado si no contábamos con el apoyo activo de la ciudadanía, desde la oposición cabe decir otro tanto. La oposición no solo hay que hacerla desde la tribuna parlamentaria, sino también en la calle, con las movilizaciones y protestas, pacíficamente, desde luego, para no dar ocasión a que se criminalice la expresión social.

TR. ¿Qué consecuencias, en términos del desarrollo social y económico, le traerá al país el paquete de medidas antes anotadas? ¿Resistirá la nación colombiana ese cúmulo de disposiciones contra las mayorías? ¿Será suficiente lo que se ha bautizado como «acción social» del gobierno contra la pobreza para mitigar sus secuelas?

Carlos Gaviria. En muchas regiones el desempleo en los últimos cuatro años ha estado por encima de 15%, parece que se configura como una desocupación estructural que avergonzaría a cualquier nación. Lo mismo pasa con las escalas de pobreza, que son altísimas, cualquiera que sea la metodología utilizada para medirlas; y con los inicuos niveles de desigualdad, como los que se dan en la concentración de la propiedad rural. Las medidas asistenciales que el gobierno difunde con «bombos y platillos» para acometer los curativos, sucedáneos de auténticas políticas correctivas contra estos males, a lo sumo producirán resultados focales y transitorios. Precisamente, el régimen se juega esa carta con miras a que de ese modo el pueblo vaya aguantando y acostumbrándose a tanta medida atentatoria contra sus posibilidades de bienestar y progreso.

TR. La militancia del PDA sabe de los debates de su bancada en el Congreso. No obstante, los grandes medios de comunicación no solo no los difunden, sino que se los atribuyen al Partido Liberal. ¿Es una estratagema para frenar al PDA? ¿Qué estrategias usar para vencerla?

Carlos Gaviria. Una vieja estrategia del Establecimiento es elegir a quien ha de gobernar, y también a quién ha de hacer la oposición. Es lo que se llama La oposición de su Majestad. En nuestro caso, cuando los medios ignoran las intervenciones de nuestros congresistas y acallan las acciones del Polo en el plano social, están confesando que para ellos la verdadera oposición es el Polo Democrático Alternativo. Y como no ven en la oposición liberal un peligro real para sus intereses, han decidido que el Partido Liberal sea oficialmente la oposición. Nosotros tenemos que reivindicar el lugar que nos corresponde, disponiendo de medios propios para comunicarnos con la ciudadanía y para no tener que depender de la «benevolencia» de los medios oficiales, controlados por los poderes económicos.

TR. El gobierno propaga que el crecimiento económico permitirá solventar lo necesario para disminuir las desigualdades y la iniquidad entre los colombianos. ¿Comparte usted esta opinión?

Carlos Gaviria. La realidad colombiana está demostrando lo que muchos pensadores económicos ya han advertido: que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para que las diferencias sociales se disminuyan por encanto. Las ganancias de los grandes consorcios financieros son inmensas y, no obstante, hace poco se conocía que más de diez millones de colombianos solamente comen al día panela, arroz y papa. El crecimiento no es de por sí distributivo y se requiere la orientación del Estado para que lo sea, no se le puede dejar a la «mano invisible».

TR. Algunos economistas clásicos, en nombre de la lucha contra el desempleo, vienen ambientando, y más todavía con miras al Tratado de Libre Comercio, la eliminación del salario mínimo o el alza muy reducida del mismo. ¿Cree usted que así se garantizaría más empleo para los colombianos?

Carlos Gaviria. Es una extensión al planteamiento anterior, por el cual se supone que, si se envilecen los salarios, vendrán más inversiones y con ello, en forma automática, más prosperidad social. El PDA parte de un hecho simple: no puede lograrse un efecto económico positivo reduciendo la capacidad de consumo de los trabajadores; por el contrario, está demostrado que si se quiere fortalecer el mercado interno se debe incrementar el ingreso de los asalariados y también de los productores, esto crea un círculo virtuoso para la economía, tanto para la oferta de bienes como para su demanda efectiva.

TR. Complementarios al TLC, el gobierno impulsa el Estatuto Rural y el proyecto «Agro, Ingreso Seguro», que han concitado el rechazo de empresarios, campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas. ¿Coincide usted con estas críticas?

Carlos Gaviria. El PDA ha expuesto, mediante su bancada, críticas reiteradas a estos proyectos que pueden sintetizarse así: el Estatuto Rural es un «manual de trampas» que va a concentrar más la propiedad rural, recurriendo incluso a algunos medios criticados por el mimo procurador general, y a especializar el agro colombiano en productos tropicales; y «Agro, Ingreso Seguro» es un reconocimiento, mediante la figura de apoyos internos a todas luces insuficientes, de la grave situación en la cual se pondrá a millones de productores que deberán soportar con el TLC las importaciones subsidiadas de productos agropecuarios de Estados Unidos. Lo peor es que en estos planes está inmerso el despropósito oficial de abandonar la producción de alimentos como el deber ser del agro colombiano.

TR. ¿Qué resultados espera del próximo Congreso del PDA? ¿Cuál es su mensaje a la sociedad colombiana?

Carlos Gaviria. La consolidación de la unidad, porque el Polo es la única alternativa viable para corregir el rumbo que lleva el país, y mi llamado a la sociedad es, por tanto, que venga a reforzar nuestra propuesta de izquierda democrática y nuestro proyecto de gobierno, consistente en esencia en imprimirle a Colombia un rumbo totalmente distinto al que lleva con Uribe.

TR. ¿Qué tareas le propondrá usted al PDA después de tan crucial evento y, especialmente, con miras a las elecciones regionales del año 2007?

Carlos Gaviria. Que se dedique con mayor intensidad a la acción unitaria y a la construcción del Polo en todo el país. Los debates internos son importantes, pero no pueden anteponerse al propósito fundamental, que es el de consolidar la unidad. He sido demasiado reiterativo en este punto, porque a mi juicio es una condición vital para lograr los cometidos posteriores. El primero de todos, que en el año 2010, Bicentenario del Grito de Independencia, el PDA llegue al gobierno.

POLÍTICA AGROPECUARIA URIBISTA: CUMPLIMIENTO DEL MANDATO IMPERIAL

Aurelio Suárez Montoya, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006

El Plan de Desarrollo de César Gaviria, que plasmó el neoliberalismo, disminuyó gradualmente los aranceles para los productos agropecuarios, redujo la intervención estatal en la economía y estimuló la producción de aquellas ramas en las que decía que el país exhibía ventajas. La desaparición del papel regulador del Estado en el comercio agropecuario, externo e interno, se concretó suprimiendo los precios internos de sustentación, cuyo valor quedó ligado a las cotizaciones internacionales, la garantía de compra de las cosechas y los apoyos para la adquisición de insumos. Se acabaron los permisos para exportar, así como las licencias previas y la exclusiva intervención del Idema en las importaciones.

Con relación al crédito, el Plan canceló las tasas de fomento e impulsó la participación de la banca privada. Adoptó una política similar para la adecuación de tierras, atrayendo al capital particular como gestor. Con igual enfoque, transformó el área de ciencia y tecnología redefiniendo las funciones del ICA, apenas como agente de políticas y acciones preventivas, y estimuló la creación de corporaciones de investigación, una de las cuales sería Corpoica, a la que el Estado no le daría prioridad en la asignación de recursos. Definió la economía campesina como objeto de políticas sociales «focalizadas». Mediante nuevos impuestos alzó la tasa de tributación del sector a más del 35%. En 1994, la Ley 165 dictaminó subsidios del 70% para beneficiarios de la Reforma Agraria, no habría ya entrega gratuita de predios.

En 1995, por la crisis agraria fruto de las «reformas», se consolidó el Sistema Andino de Franjas de Precios para proteger 14 cadenas productivas, principalmente de cultivos transitorios, de leche, de carne de cerdo y pollo, y se agregó las de azúcar y aceite de palma. De ahí en adelante, la política sectorial se limitó a medidas curativas para atender situaciones extremas pero siguió ahondando en la línea trazada desde 1990, al desmantelar el INAT, el Fondo DRI, el INPA, Bancafé, el Incora y la Caja Agraria. La capacidad de competencia quedó reducida a la «eficiencia» individual de los productores.

Instituciones para una «transición» retrógrada

El gobierno de Uribe está impulsando una recomposición de las instituciones públicas agrarias. Desde 2002 propuso «apoyar la transición desde una agricultura con énfasis en cultivos sustitutivos de importaciones y orientada al consumo interno, hacia una con predominio de cultivos competitivos tanto en los mercados domésticos como en los externos».El documento Conpes 3316 de 2004, relacionado con un préstamo del Banco Mundial para «Transición en agricultura», reiteró la necesidad de «fortalecer las instituciones e instrumentos de política para responder a los retos y aprovechar las oportunidades que supone la integración comercial».

En Colombia, en 2004, había 3,8 millones de hectáreas sembradas: 1,7 en cultivos transitorios como maíz, arroz, trigo, sorgo, soya, papa, cebada y algodón, fuente principal de proteínas, calorías y grasas de origen vegetal y de fibra para vestuario, medio millón de hectáreas en cultivos típicos del trópico destinados mayormente a la exportación, como cacao, banano, caña de azúcar y palma africana, algo más de medio millón en café y cerca de un millón en cultivos tradicionales como fique, coco, caña para panela, tabaco y plátano para el consumo interno. Comparada con 1991, el área total decreció en medio millón de hectáreas, la mayor parte en cultivos transitorios y café, merma compensada en algo por el crecimiento en caña de azúcar, palma aceitera, ñame y caña para panela y pastos.

Según el Conpes ese balance refleja «baja velocidad y profundidad», y por esto la nueva política se dirige a procurar que la mayor área en cultivos transitorios se transforme raudamente a productos tropicales y se amplíe la superficie destinada a estos, incluyendo forestales. Ya entre 2002 y 2006, el Ministerio ha estado incentivando el banano y las flores, los biocombustibles con base en palma y caña de azúcar y la reforestación. El Estatuto de Desarrollo Rural presentado al Congreso propone fortalecer para ese fin la capacidad del Ministerio de Agricultura creando nuevos instrumentos de política.

El Estatuto se presenta como compendio de las normas vigentes. No obstante, existen modificaciones sustanciales, algunas incluso dentro de una realidad distinta a la cual fueron motivadas. En esencia, el Estatuto funda un nuevo marco institucional para adecuar el campo al plan agroexportador de cultivos de tardío rendimiento. El apoyo y la financiación de proyectos productivos; la adjudicación de tierras; el reconocimiento de derechos colectivos de comunidades indígenas y afrocolombianas; los subsidios para adquirir tierras con destino a los desposeídos; la tecnología; el soporte para el riego y el drenaje y hasta la expropiación o extinción de dominio o la prescripción adquisitiva de dominio, tienen como requisito estar a tono con dicho plan. Con ese criterio se interviene el ordenamiento del territorio y se califica la propiedad rural.

El artículo 27 del Estatuto da cuenta de tales intenciones: «El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de diseñar el plan de acción para el desarrollo productivo cultural y ambientalmente sostenible de las áreas de desarrollo rural, para lo cual establecerá prioridades en cuanto a su alcance regional o zonal, señalará las áreas de reconversión, los tipos de productor y su vinculación a las cadenas productivas, los productos, sus mercados y su vocación exportadora, las tecnologías y los requerimientos de cofinanciación para la promoción de los proyectos respectivos». Este Estatuto no tiene como razón primera la provisión suficiente de alimentos, la soberanía alimentaria, como lo hace la Ley Agrícola estadounidense, Farm Bill 2002.

Los mecanismos consagrados son igualmente reprobables. Se concentran poderes en el Incoder, desconociendo su tamaño y que muchas de las funciones encargadas exigirían otros entes ejecutores. Como «responsable de la formulación y ejecución de los programas de desarrollo productivo», se deposita en su Consejo Directivo, dominado por el gobierno, la misión de financiar programas productivos y de regir los de acceso a la tierra –tanto de subsidio como de adjudicación– y los de extinción de dominio y expropiación, manejar el Fondo Nacional Agrario, coordinar el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, «asistir» el Mercado de Tierras, revisar títulos de los resguardos y consejos comunitarios afrocolombianos, calificar la propiedad rural, promover la presencia del capital financiero para la financiarización del sector, coordinar el desarrollo tecnológico y administrar baldíos y planes de adecuación de tierras. El Procurador, en carta dirigida al ministro Arias, dijo que «se anticipa la deficiente capacidad de respuesta que tiene el Incoder frente a las desbordadas funciones que este proyecto le asigna.»

Al restringir el fomento de la producción y el crédito a las cadenas vinculadas a la exportación, el Estatuto contraría la Carta Magna, en la que prima la producción de alimentos y, también según el Procurador, excluirá a quienes no opten por cultivos de tardío rendimiento o plantaciones forestales o carezcan de medios para diseñar un esquema productivo que sea aprobado por el Incoder. En Reforma Agraria, el Estatuto reduce la acción oficial al subsidio a los supuestos beneficiarios para completar el pago de la tierra, en un «mercado» en que el Estado «asiste» la transacción solo si hay un plan productivo elegido por el Incoder. Para reestructurar resguardos indígenas y consejos comunitarios afrocolombianos, estipula verificar sus límites desde las cédulas coloniales y prohíbe su ampliación con predios invadidos o que se «pretendan invadir», evadiendo así la compra a la que hubiere lugar de territorios reclamados por comunidades indígenas como las del Cauca. Para la colonización, incluidas las reservas campesinas, se confina el tamaño de las adjudicaciones al de la Unidad Agrícola Familiar, UAF.

Mientras esto se receta a los grupos más pobres y se abandona a los productores de alimentos, incluidos los empresarios, el Estatuto acuerda que las firmas «que se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas o a la ganadería, podrán solicitar», sin la restricción de la UAF, «la adjudicación de baldíos». Concuerda con el parágrafo 1 del artículo 13: «Autorízase a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las entidades de carácter mixto público-privado, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a los Fondos de Pensiones, a las Compañías de Seguros, a las empresas del sector minero energético y a las demás entidades de carácter financiero y de fomento del país a efectuar inversiones para el desarrollo de cultivos de tardío rendimiento». Estas inversiones gozarán de estímulos y exenciones tributarias. En consonancia con la ley Forestal, los incentivos, incluida la asignación de baldíos, abarcan también plantaciones forestales sembradas que ocupan 188.752 hectáreas y que para 2019 se pretende elevar a más de 1.250.000.

Omitiendo el contexto de desplazamiento vivido en los últimos 20 años, que ha cobijado a 3,6 millones de personas –el 82% entre 1994 y 2005–, el Estatuto decreta que, quien «creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías», hizo explotación económica y estable de un predio por cinco años, podrá exigir el dominio a su favor. Aunque el ministro Arias arguye que es la misma norma de la Ley 200 de 1936, como si Colombia de 1936 fuera la de 2006, falta a la verdad, ya que no se incluyó el artículo 11 de dicha Ley, que reza: «No se presume la buena fe si el globo general del cual forma parte el terreno poseído está o ha estado demarcado con cerramientos artificiales, o existen en él señales inequívocas de las cuales aparezca que es propiedad particular». Ante tal omisión el Procurador advirtió: «Se establece un modo de adquisición tan abierto que puede degenerar en la legalización de formas de expoliación de la tierra o lavado de activos».

El Estatuto permite que mediante negocios con el Estado se puedan «lavar» predios obtenidos ilegalmente. El artículo 156 del proyecto original sirve para que los usurpadores de tierras legalicen 12 años de entuertos o abran nuevos títulos falsos. Según la Mesa Nacional de Unidad Agraria, «se pretende legalizar escrituras fabricadas». También cambia la expropiación de predios improductivos, señalada en la Ley 160 de 1994, al fijar que «el Estado, a través del Incoder podrá comprar los bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad privada, por el valor que aparezca registrado en el avalúo catastral». La expropiación se mantiene en caso de macroproyectos de «interés y conveniencia estratégicos», que afectan campesinos, indígenas y pobladores humildes.

TLC y especialización en tropicales

Desde que se incubó el neoliberalismo, el país se tornó en mercado para excedentes de cereales, oleaginosas y algodón y es el primer comprador de productos agropecuarios estadounidenses en el Hemisferio, luego de México y Canadá. En el Plan Colombia se reiteró este hecho y la especialización del agro en productos tropicales.

El capítulo de agricultura en el TLC se negoció en consonancia con lo anterior. Un balance de J. Garay y otros economistas estima que en el largo plazo, con relación al promedio entre 1998-2005, la producción de fríjol y sorgo en Colombia caerá por encima de 15%, más de 23% en maíz, soya y arroz, y más de 30% para pollo y trigo. En cuanto a las ramas «ganadoras», se calcula que el aceite de palma caerá en 10%, los ingresos de la agroindustria de azúcar subirán un 1,37% y la producción de tabaco en 19%. Reconoce las 9.000 nuevas toneladas exportables para lácteos, pero en cuanto a hortalizas, frutas y carne bovina no ve viable hacer cómputo alguno mientras persistan las barreras no arancelarias, la mayoría como restricciones sanitarias.

Para adelantar la intervención del territorio y consumar el mandato imperial, el documento del DNP «Aprovechar las potencialidades del campo» plantea reconvertir sistemas ganaderos con mejor capacidad de carga, establecer proyectos productivos según la vocación agrícola y forestal del suelo, de «un uso eficiente» en áreas con cercanía a los mercados de destino y con incentivos financieros por su localización. El marco jurídico son el Estatuto Rural, la Ley Forestal, una futura Ley de Aguas, «el marco regulatorio de acceso a los recursos genéticos y propiedad intelectual» y esquemas privatizadores para la ciencia y la tecnología y también para el riego y drenaje. El resultado a mediano plazo está en la «Visión Colombia II-Centenario: 2019», como apuesta agroexportadora.

Apuesta agroexportadora

Colombia 2019
Productos hectáreas
Palma aceitera 2.000.000
Plátano 2.000.000
Frutas 1.000.000
Yuca 1.000.000
Cacao 500.000
Forestal 1.000.000
Total 7.500.000

Conclusión

La codicia con los necesitados y la generosidad con financieros y rentistas, nacionales o foráneos, así como con quienes pueden legalizar muchísimas hectáreas venidas del despojo, implanta un ordenamiento del suelo según las «potencialidades» que el gobierno de Uribe defina como derivación del Tratado de Libre Comerico, TLC, y del mandato imperial, y genera un nuevo arreglo social en el campo. ¿Cuál es el futuro de los 25 millones de jornales anuales en algodón, cereales y fríjol desechados? ¿Cómo se modificará el régimen de propiedad rural donde el 0,4% de los propietarios posee el 65% de la tierra? ¿Cómo amparar la producción campesina y empresarial de alimentos, excluida de los beneficios de la política y que brinda más de la mitad de las subsistencias a los colombianos?

La política agraria del presidente Álvaro Uribe Vélez lesiona la soberanía alimentaria; pero con la entrega de baldíos a empresas, inclusive extranjeras, a tono con el Tratado de Libre Comercio, TLC, menoscaba la soberanía territorial. Se trama la expulsión de nuevas capas de productores, campesinos y obreros rurales, se expanden siembras de tardío rendimiento, se empeora la provisión nacional de alimentos por habitante y se aumenta la dependencia alimentaria. Entre tanto, crece la miseria de las comunidades rurales, incluyendo a las afrocolombianas e indígenas, a quienes el ministro Andrés Felipe Arias, pasando de «ladrón a bufón», ha calificado como «los más grandes terratenientes».

El viraje gubernamental no es neutro y sirve a determinados intereses. El Estatuto de Desarrillo Rural lo reitera: «La visión del desarrollo rural y de la política de tierras en que se fundamenta esta propuesta se enmarca en las nuevas realidades de la economía nacional, caracterizadas por los procesos acelerados de liberalización comercial… que requieren de un renovado impulso al desarrollo empresarial y al papel central de la iniciativa privada… la economía campesina, más que cualquier otra, requiere de un ajuste radical en las políticas estatales diseñadas».

Para sobrevivir dentro del nuevo ordenamiento que se está estructurando, los empresarios, campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y jornaleros que no sean expulsados, serán forzados a una nueva servidumbre con quienes captarán las mayores rentas derivadas de lo que resulte de «la apuesta agroexportadora» y de una peor distribución de la tierra y su «aprovechamiento», con quienes controlan el vil comercio de los bienes tropicales básicos y su transformación con base en mano de obra barata y bajos precios de compra a los productores y con quienes tomarán los bienes genéticos, la biodiversidad, el agua y el territorio, satisfaciendo la enorme necesidad imperial de acceso fácil y rebajado a los recursos naturales.

La política agraria debe convocar la más amplia unidad de todos los sectores productivos sacrificados, a quienes nunca se les consultó, para rechazarla junto con las clases progresistas del país rural y urbano.

Resistirla significa enfrentar uno de los peores designios uribistas; entre los que se han clasificado como de «urgencia y prioridad», que reafirma el control de Estados Unidos sobre la agenda pública rural, ajustándola a sus intereses imperialistas, y condena al país a una producción colonial. ¡Quiera la vida que esa vasta resistencia la eche por la borda!

Leyes complementarias al Estatuto de Desarrollo Rural

Agro Ingreso Seguro

El senador Jorge Enrique Robledo acotó que esta Ley es la prueba de las grandes dificultades que afrontará el campo con el TLC. «Es un pedazo de queso en una trampa para romperle al ratón el espinazo». Sobre la suma que ofrece el gobierno en el proyecto, dijo que el punto de referencia son los subsidios que brinda Estados Unidos a sus productores. El subsidio colombiano al arroz sería de 18,40 dólares por tonelada, contra 90 dólares que vale el norteamericano; al maíz, 14,6 dólares en Colombia, contra 28 en Estados Unidos; al sorgo, 9 dólares en Colombia, contra 53 en Estados Unidos, y del proyecto fueron excluidos el algodón, la leche y las carnes de pollo y cerdo. Robledo advierte: «El proyecto es una jugada política para aceitar al Congreso y crear clientela gremial con miras a que el TLC sea aprobado».

Ley Forestal y futura Ley de Aguas

Están destinadas a facilitar la mercantilización y privatización de recursos vitales como el agua y los bosques, la venta de servicios ambientales, la expansión de los cultivos transgénicos y la adecuación de la normatividad a las exigencias del TLC con Estados Unidos. La Ley Forestal enfatiza en la explotación maderera y en los incentivos para atraer la inversión privada extranjera poniendo en grave riesgo las áreas de reserva forestal y el bosque natural.

Artículo 4 de la Ley 1032 de 2006

Se sanciona con penas de cuatro a ocho años de cárcel y con multas a quien, según la Ley, de manera fraudulenta «financie, suministre, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados, o distribuidos». Garantiza el monopolio de la oferta de semillas a quien goce de la patente de obtentor y pone fin a la «semilla del costal», que usan los productores como fruto de la cosecha anterior, a tono con los textos de Propiedad Intelectual del TLC.

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS

Gustavo Triana, Comité Ejecutivo de la CUT, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006

La aplicación de políticas neo­liberales en los últimos 16 años ha causado graves estragos a la economía y menoscabado los derechos de los trabajadores. El periodo se caracteriza por el arrasamiento de las más elementales garantías laborales, al punto que se imponen relaciones similares a las de hace cien años. Las cifras ilustran el grave atropello: de 9.4 millones de  asalariados en 1994, se pasó a 7.4 en 2003 y de estos solo 3.93 millones son permanentes. Y más grave: apenas 103.803 se beneficiaron de la contratación colectiva en 2004 y 138.458 en 2005, incluidos los cobijados por pactos colectivos y laudos arbítrales, mecanismos que no respetan el derecho de negociación.

El número de personas ocupadas es de unos 16.600.000, lo que significa que más de nueve millones son trabajadores independientes –profesionales, campesinos, comerciantes, artesanos, informales, cooperados–, que no cuentan con un ingreso estable ni garantía alguna en materia de prestaciones.

Los índices de sindicaliza­ción son preocupantes. Las tres centrales obreras y los sindicatos no confederados reportan 831 mil afiliados, contra aproximadamente millón cien mil al iniciarse la apertura económica en 1990. En compañías petroleras como BP, Petrobras, Hocol, Gas Natural de España, Shell y Terpel, está proscrito el sindicato. En los almacenes de cadena como Carrefour, Éxito, Carulla, Makro, hay empleados cuyo ingreso se basa en las propinas. Los bancos españoles, gringos y nacionales aniquilaron los sindicatos para sobreexplotar a los trabajadores. En las plantaciones de flores el nivel de sindicalización es ínfimo. Avianca y Bavaria fueron vendidas a multinacionales, después de acabar con los sindicatos y las convenciones, e igual situación padecen los trabajadores del Estado en Ecope­trol, Telecom, las universidades públicas, la salud, los aeropuertos, en fin, la lista es interminable.

Para consumar el atropello, los gobiernos recurren a distintas estrategias para abaratar la mano de obra, crear inestabilidad en el empleo y destruir los sindicatos, en resumen, negar los derechos de asociación y contratación colectiva. La nefasta política está condensada en varias generaciones de contrarre­formas pensionales, laborales, tributarias, de salud, reestructuraciones del Estado, fallos de las Cortes, entre otras, con base en artículos de la Constitución de 1991 que dieron base jurídica al neoliberalismo y abrieron camino a la recolonización, todo arropado con garantías inaplicables. A esto se suma el proceso de privatización y liquidación de entidades estatales, la apertura del mercado interno, la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales y la desna­cionalización o quiebra de empresas, resultantes lógicas de la aplicación obsecuente del rece­tario del FMI.

En el panorama predominan formas perversas de contratación como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos sindicales, la temporalidad, el out sourcing, las órdenes de prestación de servicios, que han puesto en minoría a los sindicatos y acaban con las conven­ciones colectivas. A las tropelías de los empresarios privados se adiciona la aberrante postura del gobierno en las entidades estatales, que mantienen a 210 mil trabajadores en la provi­sionalidad y se niegan a reconocer el derecho de negociación a más de medio millón de empleados públicos, contra la Constitución, los convenios de la OIT y la Ley 411.

La actual agenda legislativa ahonda la pauperización. La reforma tributaria proyecta extender y aumentar el cobro de impuestos indirectos; el acto legislativo de recorte a las transferencias profundizará la privatización de la educación y la salud; la venta de acciones de Ecopetrol consolidará el despojo de los hidrocarburos por las multinacionales; la revisión de pensiones conducirá a nuevos recortes. Se anuncian nuevas leyes contra el SENA, la liquidación del ISS y la venta de las electrificadoras de los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y Corelca, mientras el Banco Mundial, en consonancia con el gobierno, recomienda acabar con la fijación del salario mínimo legal y que los empresarios paguen lo que a bien tengan.

El TLC agudizará el recorte de los derechos democráticos. De un lado, incrementará la presencia de multinacionales que trasladan sus producciones a territorio nacional, desplazando las industrias locales, aumentará la afluencia de saqueadores colonialistas de nuestros recursos naturales y, del otro, los empresarios que pretenden sacar provecho del Tratado como los flori­cultores, los azucareros, los palmicultores, los bananeros y las confecciones, lo harán sobre la base de tributar bajos impuestos y pagar salarios miserables.

Centrales deben liderar defensa de los derechos laborales

El movimiento sindical está urgido de adelantar la más amplia campaña de denuncia sobre tan graves hechos, con el fin de ganar el respaldo suficiente en la movilización que debe adelantarse para recobrar los derechos conculcados. Así lo comprenden los miles de trabajadores que de manera valiente se levantan contra las oprobiosas condiciones de contratación en las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera, las fábricas de confecciones, los puertos marítimos, las explotaciones mineras y de hidrocarburos, entre otros.

Son alentadoras las conclusiones del V Congreso de la CUT de centralizar los sindicatos por rama económica, rechazar las formas de desregulación laboral y, explícitamente, las cooperativas de trabajo asociado y los contratos sindicales, oponerse al TLC y a la agenda legislativa del gobierno, como parte de las acciones conducentes a reconquistar los derechos de contratación, organización y huelga.

Concretar estas directrices tiene como condición imperativa que la cúpula sindical deseche las falsas expectativas en la concertación y la búsqueda infructuosa de acuerdos con el gobierno y, por el contrario, se apreste a acometer las tareas descritas. Este gobierno muestra hasta la saciedad su compromiso con las políticas imperialistas, se caracteriza por aplicar medidas profundamente antiobreras y antipopulares y burla todos los compromisos relacionados con los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de sus organizaciones. ¿Qué otra lectura se le puede dar a la complacencia gubernamental con las masacres laborales consumadas en la banca, Bavaria, Cocacola, Postobon, Avianca y Dole? Y por si quedan dudas, las cometidas por el mismo ejecutivo en Telecom, Ecopetrol, el ISS, Adpostal, las electrificadoras y la Red Pública Hospitalaria.

Las distintas corrientes sindicales deben ponerse a tono con la gravedad de la situación y lograr la unidad en torno a un programa mínimo que permita impulsar una resistencia efectiva. Los elementos básicos de tal convergencia están contenidos en el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo y en el programa de gobierno que Carlos Gaviria agitó en la campaña por la Presidencia.

Se debe persistir en el propósito de elevar los niveles de movilización, motivar a los millones de trabajadores tercerizados a recurrir a la organización y a la lucha, y ganar el apoyo de los sectores democráticos para que acompañen tan justas reivindicaciones.

EL NUEVO RAPONAZO A LAS TRANSFERENCIAS

Raúl Arroyave, Secretario general de Fecode, Tribuna Roja Nº 104, noviembre 20 de 2006

Andrés Pastrana y su ministro Juan Manuel Santos le metieron mano a las transferencias territoriales, para recortarlas y abolir el mandato constitucional de que fueran un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la Nación. Tomaron dos decisiones: convertirlas en una cifra fija que crecería realmente, entre 2002 y 2008, de 2 a 2.5%, y trastocar las obligaciones del Estado central con las competencias que la ley les ha ido cediendo a los entes territoriales, cambiando «la financiación de la oferta por el subsidio a la demanda». El balance es que en los primeros cinco años de la reforma, los entes territoriales dejaron de percibir 12.4 billones de pesos.

El proyecto uribista

Uribe ha presentado un proyecto de Acto Legislativo para prorrogar indefinidamente, a partir de 2009, lo que debería culminar en 2008. Y aunque ya los ponentes variaron en algo la propuesta inicial y le dieron una vigencia transitoria hasta 2019, ello no es óbice para denunciar que el país está ante una trampa idéntica a la de 2001; y que sin importar las cifras que se aprueben, el gobierno pretende impedir que las transferencias vuelvan a ser un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la Nación. De imponerse el gobierno, los entes territoriales dejarían de percibir de 2009 a 2019, la suma de 52 billones de pesos.

El servicio de la deuda y los gastos militares son la causa del déficit fiscal de la Nación, no las transferencias. Mientras en 1995 las cifras eran similares, pues las transferencias valían 2.7 billones de pesos y el servicio de la deuda 2.4 , hoy, según el presupuesto de 2007, aquellas apenas se han multiplicado por 6.2 y valen 16.8 billones y el servicio de la deuda se ha multiplicado por 16.4 y vale 39.5 billones. La deuda y su servicio son intocables, eso lo cumple Uribe en su abyección ante los poderes imperiales. Igual pasa con los desbordados gastos de Defensa. Por tanto, las transferencias pagan con su recorte los desafueros oficiales.

Efectos de los recortes

Las consecuencias son funestas. Varios estudios muestran que en Colombia la búsqueda de cobertura se hace en detrimento de la calidad en la educación, lo que aumenta la brecha entre los grupos sociales. Solo 34% de los escolares tienen una educación de calidad; más de la mitad de los estudiantes de grado 11 se ubican en los niveles bajo y medio-bajo en la adquisición y dominio de las competencias en historia, filosofía, física, química, matemáticas, biología y geografía; el analfabetismo absoluto en Colombia está en 10.1% y el funcional en 15.5%, sin contar las comunidades indígenas y afrocolombianas, infinitamente superiores.

En cuanto al tema de la financiación, entre 1995 y 2001, el gasto educativo creció de 2.4% a 3.4% del PIB, y en los años siguientes hubo una disminución paulatina al punto que en 2004 fue 3.1%; la gratuidad es letra muerta; la planta de personal docente creció entre 1992 y 1999 hasta 312.492, para disminuir a 279.536 en 2004, es decir, 32.000 plazas menos. En consecuencia, el promedio de alumnos por maestro pasó de 22.5 a 28, lo que lleva a más de 45 estudiantes por aula en las zonas urbanas.

La escolaridad y la deserción reafirman lo dicho. Desertan más de 700 mil estudiantes, que se suman a dos millones que carecen de escolaridad, más de un millón de niños desplazados, más de cuatro millones que obtienen resultados medios-bajos y bajos en los exámenes de Estado y más de un millón que no aprueban el año, todo a pesar de los aspavientos oficiales sobre los logros en cobertura.

El cuadro del desastre se completa con el arrasamiento laboral, salarial y prestacional del magisterio, tarea en la que el uribismo ha puesto gran empeño: el decreto 1278 de 2002 niega la carrera docente y legaliza el despido y conculca los derechos de más de 80 mil maestros provisionales con el tramposo concurso.

La política de racionalización determinó la disminución de 20% de la planta de personal de secundaria y el regreso al maestro todero de primaria; la supresión, en la práctica, de los estímulos para las zonas rurales de difícil acceso; el freno deliberado de los ascensos en el escalafón; la conversión del mejoramiento académico en una burla; la entronización de un discrecional régimen de traslados; el asalto a las pensiones, que significó una disminución de 20% de las mismas. Mientras Uribe propone una rebaja en el impuesto de renta de 38.5% a 32%, en beneficio de la oligarquía y las multinacionales, a los educadores nos arrebató 20% de nuestras pensiones de manera vitalicia.

Fiebre descentralizadora y municipalista

El actual debate sobre las transferencias ha servido para que afloren otra vez los discursos sobre equiparar democracia con descentralización, y peticiones desbordadas de autonomía, no sólo administrativa sino fiscal. Detrás se esconde la pretensión de gobernadores y alcaldes para que la ley no les imponga montos y destinos específicos a las transferencias nacionales, es decir, que sean dineros de libre inversión y que los Concejos puedan crear tributos y ordenar su gasto sin la interferencia de la Nación. En estas prédicas se agazapan las viejas tendencias municipalizadoras a las que Fecode se ha opuesto siempre, y mucho más desde que logramos la nacionalización de la educación con la ley 43 de 1975.

Una cosa es la lucha para que el Estado central financie adecuadamente la educación y que la ley de competencias territoriales defina los montos y destinos de estos dineros; y otra muy diferente, que detrás de esta legitima aspiración se imponga la municipalización y que alcaldes y gobernadores terminen disponiendo a su antojo de estos recursos. La descentralización solo debe llegar hasta los departamentos y la actual certificación de municipios debe revertirse.

Es un debate de importancia, dado que reivindicaciones estratégicas como un Estatuto Docente Único no son posibles bajo la municipalización, y la construcción de un sindicato único del sector educativo no puede alcanzarse sino con la negociación colectiva nacional, como factor esencial de aglutinamiento y centralización.

La conquista del Estatuto Docente Único implica derrotar el decreto 1278 de 2002, norma en cuya vigencia el gobierno cifra la esperanza de que los recortes podrán hacerse, a sabiendas de que en dos lustros la nómina amparada por el viejo estatuto se habrá retirado y, por tanto, los costos de la planta bajo el nuevo estatuto serán inferiores, comoquiera que se sustenta en el absurdo de ascender en los grados para rebajar los salarios.

Al paro nacional indefinido

Afortunadamente se superaron los aciagos tiempos en que se pensaba que el paro era una «táctica caduca», y que se trataba de ser «propositivos e inteligentes para negociar». Puestas las cosas como están en el proyecto de Uribe Vélez, el gobierno va por todo y entonces el magisterio y la comunidad educativa deben obrar en consecuencia. Las grandes movilizaciones contra el nuevo recorte a las transferencias han sido exitosas e igualmente los foros nacionales y regionales. Debemos persistir en explicar en detalle la gravedad de esta política y aglutinar a la comunidad educativa y demás sectores sociales, para que en el primer semestre del año entrante hagamos un paro nacional indefinido por la defensa de la educación pública y los derechos del pueblo colombiano.

NUEVAS DIFICULTADES PARA EL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Enrique Daza, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006

A pesar de todas las concesiones del gobierno de Uribe Vélez, de las súplicas, de los viajes a Washington y de haber claudicado en cada una de las exigencias norteamericanas, el TLC enfrenta nuevos obstáculos, que emanan de la derrota de Bush en las elecciones del 7 de noviembre al Congreso de ese país, lo cual debe aprovecharse por el movimiento popular para arreciar en la resistencia.

El gobierno aceptó durante las negociaciones del TLC todas las pretensiones estadounidenses. El texto adoptado refleja fielmente la posición norteamericana y así está consignado en la opinión de las organizaciones gremiales estadounidenses expresada ante la Representación Comercial de su gobierno. Después del cierre de las negociaciones, el 28 de febrero de este año, Uribe cedió a nuevas imposiciones, como la de garantizar la importación de reses de más de treinta meses, posibles transmisoras de la enfermedad de «vacas locas», decisión festejada con alegría, a finales de octubre, por las autoridades de ese país; y también eliminó los controles de precios a los medicamentos, de tal forma que las empresas multinacionales, únicas productoras de fármacos de alto costo para enfermedades catastróficas, puedan cobrarlos como les plazca, con lo cual se satisfizo una vieja aspiración de esas multinacionales, que llega como requisito adicional para el trámite del TLC en Estados Unidos.

En numerosas oportunidades, varios funcionarios colombianos visitaron en los últimos meses a Washington para «presionar» la firma del tratado y, ante su eventual discusión en el Congreso gringo para el año 2007, han implorado la renovación de las preferencias arancelarias del Atpdea, argumentando falacias tales como que el acceso de textiles y flores al mercado norteamericano representa 600.000 empleos, cuando los estudios señalan que a lo sumo las preferencias del Atpdea permitieron crear 13.000 empleos anuales. Una cifra que llegaría máximo a un total de 150.000, en un país de casi tres millones de desempleados declarados, sin añadir que, como en el caso de los cereales y oleaginosas, puede acarrear la pérdida de más de 25 millones de jornales rurales.

El ministro Botero señaló que estaba dispuesto a renegociar los capítulos laboral y ambiental para satisfacer los requerimientos del Partido Demócrata, desde cuando se preveía su triunfo en las elecciones parlamentarias del 7 de noviembre, tal como sucedió. La posible renegociación ha desnudado nuevamente las desventajas del TLC, hasta el punto que El Tiempo, en su editorial del 13 de noviembre, señaló que «el TLC tal como se negoció, puede desestabilizar más el campo donde la guerra está concentrada. Así, como mínimo, una renegociación debería contemplar mayores compensaciones para los sectores productivos colombianos, especialmente para el agro».

A pesar de que se ha anunciado que la firma protocolaria de Colombia y Estados Unidos será el 22 de noviembre, la ratificación del TLC en el Congreso estadounidense parece lejana, lo cual quiere decir que las afrentas a la dignidad nacional y las desmedidas concesiones y las ignominiosas agendas para acondicionar el país al «dichoso» Tratado, ocurridas durante dos años, pueden alargarse por un año más. Una muestra es la reciente diligencia de Uribe en Washington, que, entre otras, revela la vulnerabilidad de la solidaridad andina, visible en el hecho de que Colombia, Ecuador y Perú enviaron sendas delegaciones a Estados Unidos en forma independiente y sin coordinación.

Triunfo de los demócratas

Indiscutiblemente el triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos no es buena noticia para Uribe, quien hizo gala durante los últimos años de su amistad personal y su empatía con Bush y se sintonizó plenamente con el lenguaje belicista del presidente estadounidense, respaldando la invasión a Irak. La nueva cabeza de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha sido crítica del énfasis militarista del Plan Colombia y de la política antidrogas del presidente Bush, exige el retiro de Irak y uno de sus principales temas es la defensa de los derechos humanos. Expresa gran preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos como consecuencia de los tratados de libre comercio y es proclive a las demandas de los sindicatos norteamericanos en ese sentido.

Parece que los demócratas quieren postergar todo debate sobre los TLC hasta que la llamada cláusula de «la vía rápida», de la Ley Comercial norteamericana, sea reconsiderada a mediados del próximo año. Esta norma es la que le permite al Ejecutivo de Estados Unidos firmar acuerdos sin que el Congreso pueda modificarlos sino solamente aprobarlos o rechazarlos. La definición sobre la «vía rápida» es clave para proseguir las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y aunque el otorgamiento de las facultades no aseguraría la culminación de la Ronda de Doha, que depende de los acuerdos entre Europa y Estados Unidos en materia de subsidios agrícolas, su no aprobación puede empantanar indefinidamente la marcha de la OMC y la constelación de tratados con los cuales la superpotencia quiere «abrazar el mundo». El Congreso norteamericano también definirá el año entrante sobre su Ley Agrícola, en la cual se establecen los subsidios a sus productos, y es previsible que los demócratas, dada su tendencia proteccionista, no quieran disminuirlos.

Será difícil que las nuevas mayorías parlamentarias que perciben a Uribe como gobernante autoritario y que ven con recelo el tema de los derechos humanos, la corrupción y el proceso con los paramilitares, muy ligados al narcotráfico, pongan en un orden prioritario el TLC con Colombia. Para los demócratas son de mayor importancia asuntos como la elevación del salario mínimo en su país, la eliminación de las exenciones de impuestos a las compañías petroleras, el estímulo a fuentes alternas de energía y la negociación de bajos precios para los medicamentos. La oposición de muchos demócratas a la política comercial de Bush radica en que ésta ha aumentado el déficit comercial y ha incrementado la pérdida de puestos de trabajo, cuando a la vez las multinacionales buscan en todo el mundo lugares donde invertir sus capitales, explotando mano de obra barata.

A pesar de que ninguno de los 15 representantes demócratas que votaron a favor del TLC con Centroamérica fue derrotado, los sectores de «izquierda» del Partido Demócrata van a tener más incidencia en la dirección de varios comités claves del Congreso, y todo dependerá de si Bush se obstina en sus políticas o entiende que debe trabajar con los demócratas más cercanos. De todas maneras, para Uribe y para Bush sus ultraconservadoras iniciativas se complican. De hecho, varios de los parlamentarios prominentes de dicho partido lideran, por ejemplo, una fuerte oposición a las multinacionales farmacéuticas y se oponen a las exigencias estadounidenses en materia de propiedad intelectual, como los senadores Waxman y Kennedy.

Sin embargo, no debe olvidarse que desde el intento de crear el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que, debido a la oposición de varios países de la región, debió derivar hacia los TLC o tratados bilaterales, la política comercial ha sido resultado de la coincidencia en lo fundamental de los dos partidos estadounidenses, el Demócrata y el Republicano, tal como sucede también con la política intervencionista; ambos apoyaron en su momento la invasión a Irak y unos y otros han avalado la perorata antiterrorista de George W. Bush.

El viaje de Uribe

En un enésimo esfuerzo por obtener apoyo para la fase 2 del Plan Colombia, renovar el Atpdea e interceder por la rápida ratificación del TLC, Uribe viajó a Washington para alcanzar una ratificación de la política hacia Colombia como fruto de los acuerdos bipartidistas, ya que Clinton fue el artífice de buena parte de la misma. Como si ignorara los efectos de lo acaecido, la embajadora Carolina Barco habló de «esperar el programa demócrata», aunque reconoció que el TLC apenas será discutido en el primer semestre del año entrante.

El reciente viaje de Álvaro Uribe Vélez fue un chasco tal que la prensa nacional destacó que no obtuvo lo que quería, que no se pudo entrevistar con lideres demócratas claves, que aun los más partidarios de prorrogar el Atpdea no asumieron compromisos y que el tema de Colombia no tiene relevancia en el momento. En desesperado empecinamiento cree que, aunque haya muchos factores adversos, puede, haciendo citas con los políticos de Washington, torcer el curso de los acontecimientos.

Entre tanto, en el movimiento popular crece la conciencia sobre los efectos perversos del Tratado de Libre Comercio, y acontecimientos como el despido por parte de la trasnacional Dole de cerca de cinco mil trabajadores de sus cultivos de flores en Colombia evidencian cuánto hay de mentira en el anuncio de la masiva creación de empleo que será producto del Tratado de Libre Comercio. Esta conciencia se ha mostrado en las dos movilizaciones nacionales, la del 26 de octubre y la del 9 de noviembre, en las cuales el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ocupó un papel prominente.

En Colombia aún sin firmarlo se habla de renegociación, se reconoce que las pérdidas serán cuantiosas y el gobierno no tiene mayor margen de acción. La victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos muestra que los estadounidenses se dan cuenta de que el gobierno de Bush representa un peligro para la paz mundial y un bastión de las políticas más reaccionarias y que quieren preservar sus puestos de trabajo sacrificados en el altar del mercado mundial gobernado por las trasnacionales.

Aunque no se puede cantar victoria, pues está por verse hasta donde llega la oposición contra Bush, ciertamente se abre un nuevo espacio en el cual las voces anti TLC podrían escucharse con mayor claridad. De todas maneras la población colombiana debe tomar en sus propias manos la derrota del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La aclaración sobre sus nefastos impactos y la refutación de las mentiras oficiales juegan un papel central, dado que todavía en Colombia falta la ratificación por el Congreso y el examen por parte de la Corte Constitucional. La movilización por todo el país, que deberá redoblarse demostrando sus impactos negativos, deberá impedir que se apruebe.

CARTA ABIERTA A LOS SENADORES Y CONGRESISTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL TLC

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, noviembre 13 de 2006
 

Honorables
SENADORES Y CONGRESISTAS
Estados Unidos de América
Washington D.C.

Cordial saludo:

No hay una sola organización representativa de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, intelectuales y demás sectores populares de Colombia que respalde el TLC con Estados Unidos. Incluso, la mayoría de las agremiaciones de empresarios agrícolas se opuso al texto del Tratado hasta el 27 de febrero de 2006, día en que se impuso su firma. Pero no rechazamos el TLC porque por principios nos opongamos a los negocios internacionales o a las relaciones con Estados Unidos. Nos oponemos porque sacrifica la soberanía de Colombia, anexa la economía nacional a la estadounidense y le quita al país los principales instrumentos del desarrollo, lo que empobrecerá más a casi todos los colombianos.

El TLC hace irreversibles las reformas neoliberales de los últimos quince años, las cuales les provocaron enormes pérdidas a la industria y al agro, reemplazaron los monopolios públicos por los privados y generaron el peor desastre social del siglo XX. El retroceso en empleo y pobreza fue tanto, que aún no se retorna a los indicadores anteriores a la crisis y el país padece una de las peores desigualdades sociales del mundo.

Los estudios oficiales señalan que con el TLC las importaciones de Colombia crecerán el doble que las de Estados Unidos y que los exportadores colombianos perderán, frente a los estadounidenses, ventas a los países andinos. Porque Colombia eliminará sus aranceles y Estados Unidos, además de gozar del poder de una economía 129 veces mayor, mantendrá sus inmensos subsidios. Además, Colombia casi eliminó las barreras sanitarias a los productos estadounidenses, en tanto las Casa Blanca mantuvo todas las suyas contra los bienes colombianos. Por lo impuesto en propiedad intelectual, Colombia renuncia a la producción de bienes industriales complejos y al progreso en ciencia y tecnología. Este capítulo, además, provocará enfermedad y muerte entre los colombianos, pues encarecerá los medicamentos en cerca de 900 millones de dólares al año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y lo pactado en telecomunicaciones y tribunales de arbitramento menoscaba el interés de las empresas oficiales y del Estado colombiano.

Las normas sobre inversiones y compras públicas les conceden ventajas insólitas a los monopolistas estadounidenses en Colombia, y es una burla decir que de las mismas gabelas gozarán los colombianos en Estados Unidos. Es especialmente grave que el Tratado le arrebate a Colombia el derecho a tener una eficaz cláusula de balanza de pagos, mecanismo que autoriza el propio FMI y cuyo desaparecimiento puede significarle pérdidas catastróficas al país. Y el TLC también consolida la entrega a los extranjeros del sistema financiero y le impone a Colombia costos impagables para definir las tasas de cambio e interés.

Los partidarios del TLC dicen que las inversiones estadounidenses anularán los daños que el Tratado le provocará a la capacidad de los colombianos para generar ahorro interno. Pero silencian que esas inversiones habrá que atraerlas estableciendo peores condiciones laborales y ambientales, cambios que de manera expresa autoriza realizar el TLC (artículos 17.2 y 18.2). Y es sabido que en Colombia van varias reformas legales que abarataron el precio de la mano de obra, que en el país es más fácil crear y mantener una organización armada ilegal que un sindicato y que ya hay en marcha una campaña ideológica para disminuir el salario mínimo, al igual que se sabe que al actual gobierno le preocupa tan poco el medio ambiente, que fue capaz de fumigar con poderosos venenos el parque nacional natural de La Macarena.

También cuenta en nuestro repudio al TLC que la destrucción del agro obligue a más colombianos a cultivar coca y amapola y que el “libre comercio” enriquezca a los monopolistas de Estados Unidos, mientras deteriora las condiciones económicas de su pueblo.

Quienes en los Congresos de Colombia y Estados Unidos atesoramos una concepción auténticamente democrática, debemos pugnar por las mejores relaciones entre los dos países. Pero con franqueza les digo que a ello se opone la lógica imperial que anima al TLC. Es, por tanto, uno de nuestros deberes rechazar ese Tratado.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo
Senador de la República de Colombia
Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 13 de noviembre de 2006.

EL NEOLIBERALISMO, EL ESTADO Y «LO SOCIAL»

Jorge Enrique Robledo, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006

El descrédito de la globalización neoliberal es enorme y con tendencia a crecer. Y no es para menos, porque sus efectos han sido más pobreza y miseria, incluso entre los pueblos de Estados Unidos y de las otras potencias, mayor concentración de la riqueza en unos cuantos individuos y países y tanta corrupción que predominan las cleptocracias. Y en concordancia con los retrocesos económicos y sociales, el neoliberalismo también genera antidemocracia política: bastan para ilustrarlo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, las andanzas de Álvaro Uribe, las agresiones colonialistas contra Iraq y Afganistán y que la Casa Blanca haya reestablecido la legalidad de la tortura como método de investigación judicial.

Es tal la resistencia al neoliberalismo que nadie quiere que lo marquen con ese rótulo. Pero la pregunta no es si el término está desacreditado, sino si sus partidarios y sus políticas pertenecen al pasado. Y debe precisarse el papel del Estado al respecto, porque aumentan los que alegan que no pertenecen a esa secta en razón de que defienden la intervención del Estado y el gasto público para financiar «lo social».

La primera prueba de que en Colombia el neoliberalismo sigue vivo acaba de darla César Gaviria, su padre en el país, quien, con la cautela de un político tradicional en oposición al gobierno pero no al régimen, se ratificó en la conveniencia de las reformas de su administración y se puso del lado del TLC en los siguientes términos: «Lo que no podemos hacer con el TLC fue lo que hicimos con las reformas de los 90: sobrevenderlo como una gran panacea. EL TLC con México ha sido benéfico (…) el TLC trae una buena cantidad de ganadores, posiblemente la mayoría, pero también trae muchos perdedores». Pero, a la par, intentó zafarse de la etiqueta que lo marca agregando que «es muy difícil sostener que mi gobierno fue neoliberal», teniendo en cuenta «el gasto público, que creció de manera muy significativa» (Semana, 8 de octubre de 2006).

La práctica neoliberal permanece en Colombia, ¡y de qué manera!, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como ya se mencionó, eso representa la decisión de suscribir el TLC, porque «libre comercio» es sinónimo de neoliberalismo. Todas sus privatizaciones, y en especial las de Telecom y Ecopetrol, son neoliberalismo puro, y ahí se enmarca el mantenimiento de las leyes 100 y 142 de salud y pensiones y servicios públicos y la privatización de la educación. Es de rancia estirpe neoliberal aumentarles los impuestos a las capas medias y a los pobres, incluidos los indigentes, en tanto se les disminuyen a los monopolios y las trasnacionales. De qué otra manera catalogar los golpes a los pagos por horas extras y por trabajo dominical y a las pensiones. Y el recorte de las transferencias a las regiones es neoliberal porque empuja más privatización en salud y educación y porque el Fondo Monetario Internacional lo definió como «el más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo».

En lo político, el uribismo es neoliberal porque mediante el TLC se legaliza la anexión de la economía colombiana a la de Estados Unidos y, por tanto, en los hechos, se le arrebata la soberanía al país y se recoloniza a Colombia y porque, en últimas, el neoliberalismo es lo que se le antoje a la Casa Blanca, pues, como bien lo advirtió Henry Kissinger, «lo que se denomina globalización es en realidad otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos». También son acordes con la antidemocrática concentración de la riqueza propia de las concepciones neoliberales el autoritarismo de Uribe y su represión a las movilizaciones con las que el pueblo defiende sus intereses y derechos.

Pero, ¿cómo explicar que César Gaviria diga que no es neoliberal porque en su gobierno se fortaleció el Estado y aumentó el gasto público? ¿Qué decir de que en la misma entrevista se negara a colgarle ese rótulo ignominioso a Uribe Vélez, pues «tampoco veo que él tenga una visión minimalista del Estado»? Además, ¿cómo calificar el aumento del gasto público uribista en «lo social», gasto que «benefició» a 8.407.553 familias entre 2003 y 2006, a través de los subsidios al Sisben, los desempleados, los adultos mayores, las familias en acción y las guardabosques, la vivienda y la comida que les regalan a unos niños? ¿No es «social» el programa Agro Ingreso Seguro para las víctimas del TLC? ¿No gastan los alcaldes uribistas sumas enormes en «lo social»? Y por último, ¿estos gastos, que son importantes y crecientes, se contradicen con el neoliberalismo y la banca internacional?

Una de las equivocaciones o de las mentiras más frecuentes sobre las ideas neoliberales consiste en confundir el cambio de algunos roles del Estado con su desaparición o debilitamiento, porque si algo ratifica la globalización es el papel fundamental del Estado en el capitalismo, tanto para garantizarles las utilidades a los monopolios como para impedir que las crisis nacionales e internacionales terminen en el caos. ¿O es que los negocios privados de la salud, las pensiones, la educación y los servicios públicos podrían existir sin las normas oficiales? ¿No provienen, por excelencia, las ganancias de los banqueros de las decisiones del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda? ¿Está ausente el gobierno de las utilidades de las concesiones de vías, puertos y aeropuertos? ¿No es el TLC un pacto mediante el cual los Estados de Colombia y Estados Unidos organizan un determinado tipo de relaciones internacionales, de acuerdo con los intereses de las trasnacionales estadounidenses? ¿No mandan en el FMI y en el Banco Mundial los gobiernos imperiales y no están ambos al servicio de las oligarquías financieras de esos países?

También yerran o engañan quienes afirman que como el neoliberalismo está a favor de la privatización, entonces se opone a que el Estado gaste en «lo social» y que ese es el pensamiento del Banco Mundial. Porque ya en 1991, en su estudio «Estrategias asistenciales para la reducción de la pobreza», el Banco señaló la necesidad de tener disponible «una red de protección social». En «La pobreza en Colombia» (1996) dijo que el país, «que carece todavía de una red de protección social eficaz para los grupos más pobres y vulnerables, debería otorgar a la creación de tal red un carácter prioritario». ¿Verdadera preocupación por los pobres? Por supuesto que no, como lo aclaró en 1999, cuando precisó que la preocupación por «lo social» debe estar al servicio del neoliberalismo: «La estrategia de lucha contra la pobreza debe garantizar la compatibilidad entre las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales del país». Es más: sin un «gasto social» tan grande como sea necesario no podrían aplicarse las políticas neoliberales, pues es este el que paga el asistencialismo dirigido a impedir que se rebelen los empobrecidos por dichas medidas, convirtiéndolos, además, en clientelas de los mismos dirigentes políticos que les arrebatan el empleo y el pan. Así, el «gasto social» neoliberal juega el mismo papel del queso que se le pone a la trampa encargada de romperle el espinazo al ratón. ¿O será que el Sisben y las Familias en Acción, por ejemplo, son contra el neoliberalismo? ¿O que Agro Ingreso Seguro busca que no haya TLC?

El «gasto social» del neoliberalismo posee otro secreto que hace parte del propio modelo económico: que cada vez más los impuestos no los pagan ni monopolios ni trasnacionales, sino los sectores populares, de manera que son todos los pobres los que costean los subsidios que les llegan solo a algunos de ellos, impuestos que además les cobran sin que se den cuenta, mientras que «lo social» se distribuye en medio de la mayor alharaca y cuenta con politiqueros que pasan la cuenta de cobro hasta en el último rincón del país. ¿No es un aspecto clave del atractivo de culebrero de Álvaro Uribe, que no desaproveche ocasión para hacer demagogia con el «gasto social» de su gobierno?

Que estas verdades contribuyan a impedir que los neoliberales engañen a las fuerzas democráticas que luchan por un verdadero y profundo cambio en la vida de las gentes.