Categoría: Tribuna Roja N° 70, Bogotá; marzo 8 de 1997

Aldo Cadena, presidente de Sindess:

El paro le apuntó al corazón de la política imperial en el sector de la salud pública. En materia salarial había tres entidades del orden nacional afectadas en especial por el irrisorio 8% impuesto por Samper: el Ministerio de Salud,’el Instituto Nacional de Salud y el Invima. El acuerdo los beneficia. En lo que tiene que ver con los Servicios Seccionales y hospitales, desde 1995 entró en vigencia una nivelación salarial, fruto de nuestra lucha, conquista que no había podido concretarse, pues seguía supeditada a la venta de servicios en los centros asistenciales. Con el paro se obtuvo que el gobierno garantizara su pago, teniendo en cuenta los topes máximos y con retroactividad, lo que cubre a 120 mil asalariados del sector, incluidos médicos y enfermeras. El aumento en algunas áreas va a llegara 38%. Para los salarios más bajos del Instituto Cancerológico, el Dermatológico y los leprocomios de Agua de Dios y Contratación, los incrementos ascienden a 300%.

Se registró un pequeño avance en la pelea que ha mantenido Sindess contra las Administraciones del Régimen Subsidiado. ARS, las cuales hemos propuesto eliminar. El gobierno se compromete a exigirles que aporten más dinero a los hospitales.

Fue tal la capacidad de convocatoria de Sindess- Anthoc, Asmedas, ANEC y las demás organizaciones, que en Bogotá, por primera vez en la historia, logramos hacer paro en once hospitales, entre ellos el Simón Bolívar, el Kennedy, el San Blas, la Victoria, El Tunal, Bosa y La Granja. Podemos afirmar que en el país la cobertura de la protesta fue de 95%

Eberto López, presidente de Sittelecom:
El servicio de larga distancia cayó drásticamente durante la semana de huelga y la administración quedó paralizada, a tal punto que ni el gerente pudo entrar a las oficinas.

Lo que debe destacarse es el nivel de comprensión que han alcanzado los trabajadores. En Telecom, el aumento salarial ya se había resuelto el año pasado. El paro se hizo entonces buscando defender el patrimonio público en el muy estratégico sector de las telecomunicaciones, base para el progreso de la nación y puntal clave de la soberanía económica y política.

En el acuerdo el gobierno ratifica los compromisos ya adquiridos por la empresa con los dos sindicatos, la ATT y Sittelecom, en la pasada convención colectiva. Se convino además en que se aplicarán sanciones para frenar la piratería en larga distancia, y se opuso un dique de contención a la entrega de líneas a las multinacionales por el sistema de joint venture.

La batalla contra la privatización se halla lejos de terminar. En Cartagena, Medellín, Bogotá y Manizales está en marcha la venta de sus empresas públicas al capital trasnacional, y el gobierno sigue empeñado en hacer realidad lo que él llama “la competencia a Telecom”, que arruinará la empresa. También se está impulsando el joint venture con los grandes consorcios que dominan el mercado mundial. Por ello seguiremos propiciando un frente común con la ATT, con las demás vertientes sindicales v con todos los sectores de la sociedad, para librar una gran batalla en defensa de la soberanía. La tarea que sigue es el gran paro cívico nacional.

Zoeria Villada, presidente de Sindesena:
Tanto el SENA como sus trabajadores fuimos favorecidos con el acta de acuerdo suscrita por el Comando Nacional de Paro.

El SENA tiene la posibilidad de rediscutir el recorte presupuestal de 20% impuesto por la Lev 344 de 1996 y el 12% de la emergencia económica: y discutir asimismo su transferencia a entidades privadas, que marchitará su futuro como única entidad estatal de formación profesional integral y gratuita.

A los trabajadores nos resuelve el rezago salarial que históricamente hemos mantenido, cuando por fin se adopte por parte del SENA el escalafón para todos los funcionarios.

Se consigna en el acta el término de tiempo para la presentación de la propuesta de escalafón al Consejo Directivo Nacional, precisa la definición de escalas salariales con los criterios determinados para el escalafón, afirma su vigencia a partir de este año de 1997 y define la aprobación de los correspondientes PAC por parte del Ministerio de Hacienda, para responder por el compromiso adquirido con recursos del SENA, con motivo del carácter parafiscal de las rentas de la entidad.

Hernando Hernández, presidente de la USO:
Desde siempre el régimen ha criminalizado la acción social y sindical. La concepción de “enemigo interno” ha hecho que a un trabajador que defiende su pliego, a un campesino que lucha por su tierra, a un estudiante que reclama poder estudiar o a un habitante de barrio que protesta por servicios públicos, la casta dominante los convierta en “terroristas o voceros de la guerrilla”. Con esta vía se ha diezmado por la vía violenta a la oposición política que no comparte los procedimientos de los partidos tradicionales.

Esta concepción se ha visto fortalecida por la llamada “justicia regional”, que valiéndose de testimonios falsos de testigos sin rostro, de jueces encapuchados que ni siquiera garantizan el debido proceso y de presiones de los militares les aplica a los dirigentes y activistas detenidos “todo el rigor de la ley”. Mientras la impunidad llega a 97%, a éstos se los condena con toda prontitud.
El acuerdo del paro sobre despenalización nos permite abrir un espacio de discusión que denuncie lo brutal y mentiroso de la “justicia sin rostro”. También servirá para poner al descubierto los montajes que contra nuestros compañeros han hecho integrantes de las Fuerzas Armadas. Es el comienzo de una gran campaña por la libertad de los sindicalistas detenidos y por la abolición de la “justicia regional”. No será cosa fácil. Nos amenazarán y tratarán de impedir que llevemos estas denuncias al Congreso. Sólo la movilización de los distintos sectores de la sociedad hará que nuestros planteamientos sean escuchados por el mayor número de gente.

Carlos Saavedra, secretario de la Asociación de la Contraloría.
Los 10 mil trabajadores de las contralorías tuvieron su bautizo de fuego en el victorioso paro estatal. Por primera vez en toda su historia participaron en una huelga y lo hicieron con tal decisión y combatividad que su presencia se destacaba en cada una de las tareas del movimiento.
La parálisis abarcó a más de 90% de los funcionarios tanto de la Contraloría General de la Nación como de los entes de control departamental y municipal. Aún más meritorio resulta su papel si se tiene en cuenta que la Asociación de Servidores Públicos de las Contralorías, el sindicato que los agrupa, presidida por Javier Barriga C., tiene apenas siete meses de fundado y ya cuenta con cerca de 4 mil afiliados, de los cuales 700 se vincularon luego de terminada la protesta.

Para ellos el aumento decretado por el gobierno no llegaba al 10%. El acuerdo significó por lo tanto un enorme triunfo.

La Asociación se ha planteado continuar en la lucha para impedir que las contralorías sean convertidas en simples “cortes de cuentas”, lo que equivale a privatizarlas, y para lograr nivelar sus salarios con los de la Procuraduría General. También se han propuesto seguir en el combate al lado de los sectores populares, como lo hicieron en la reciente e histórica jornada.

Lilia Avella, del comité ejecutivo de Utradec:
Desde la reforma administrativa de 1968, impuesta por Lleras Restrepo, los trabajadores estatales se hallaban sofocados por un cúmulo de leyes y decretos, empezando por la norma constitucional que prohibe la huelga en los servicios públicos, y muchos sin derecho a la contratación colectiva. Con esta huelga tales prohibiciones fueron derrotadas en la práctica.

Hace años que se venía hablando de paro. Periódicamente se citaban encuentros nacionales. Pero con la apertura, desde 1990, la situación empezó a cambiar. Las privatizaciones y el aumento salarial por debajo de la inflación causada fueron creando condiciones para la protesta unitaria. A raíz del ridículo incremento de 8 v 13%, a lo que se sumó la ofensiva por entregarles a las empresas gringas el patrimonio público de la nación, dicha consigna pudo hacerse realidad.

La presencia de las organizaciones nacionales afiliadas a Utradec fue ejemplar, en especial la de los sindicatos de Telecom, Sindess e ICBF. La protesta se hizo sentir asimismo en las licoreras, en varias telefónicas locales y Adpostal y en algunas gobernaciones. Hubo una significativa participación de las empresas municipales.

Utradec estuvo representada en el Comando Nacional de Paro por los compañeros Percy Oyola y Joaquín Gómez. En el acuerdo cabe destacar que por primera vez se abre la posibilidad real de que en la ley sean incorporados los Convenios 151 y 154 de la OIT, que garantizan a los trabajadores del Estado el derecho a la contratación colectiva. Deberá instalarse una comisión tripartita entre gobierno, Congreso y sindicatos para modificar en tal sentido el proyecto de ley 072. Se acordó igualmente hacer reformas al proyecto de ley 144, sobre carrera administrativa, régimen convertido en rey de burlas en el acelerado proceso de liquidación de entidades. Otro punto en debate fue el de la contratación administrativa en el sector público, en el cual se fijó el criterio de que toda función permanente deberá ser desempeñada por trabajadores adscritos a la planta de personal.

En resumen, con el paro se sentaron las bases para fortalecer las futuras luchas contra la privatización y contra las políticas del FMI.

Fabio Arias, fiscal del Comité Ejecutivo de la CUT:
El tema de mayor controversia en las negociaciones fue el de la privatización, por ser puntal de la política imperialista.

Para las centrales obreras, las empresas del Estado constituyen un patrimonio en que el país entero ha empeñado su esfuerzo y representan una base estratégica para el progreso independiente de la nación. Feriarlo a los consorcios extranjeros significa un retroceso histórico.

Como la historia lo demuestra, el Estado ha de ser una palanca del desarrollo autónomo de las naciones. Para un país resulta de vital importancia que los sectores estratégicos de su economía sigan estando en manos del Estado: la energía, las telecomunicaciones, los hidrocarburos y los servicios públicos, sean o no rentables.

Sobre este punto, el movimiento obrero no dio su brazo a torcer. Y lo más importante, se abrió el debate sobre el tema, en presencia de millones y millones de colombianos: éste fue un logro fundamental.

El paro del magisterio en febrero no fue un paro cualquiera. Por primera vez en mucho tiempo Fecode se vincula a una lucha nacional dirigida por las tres centrales obreras. Los comandos a nivel nacional y regional fueron integrados por trabajadores, obreros, empleados y maestros en una sola fuerza.

Toda la prensa sin excepción, la opinión pública mayoritaria y los trabajadores recibieron el acuerdo firmado por el Comando Nacional de Paro como un triunfo del movimiento sindical estatal. Se rompió la política salarial del gobierno, se definieron parámetros de negociación colectiva para los servidores del Estado, se resolvieron algunos de los problemas más sentidos de los trabajadores en las entidades participantes y, como un hecho trascendental contra la política del imperialismo, se desenmascaró el intento de privatización de Ecopetrol y Telecom. Pero, además, se obtuvo que ningún tipo de sanción se les aplicará a los trabajadores que participaron en la protesta. Fue un movimiento de resistencia efectiva contra la política neoliberal que impulsa Estados Unidos en suplan de recolonización del país y que el gobierno de Samper aplica cada día con mayor celo y sumisión.

¿Por qué, entonces, Fecode negoció y firmó por fuera del Comando Nacional? Desde el primer momento de la aprobación del cese de actividades en la junta nacional de la Federación, la mayoría de su dirección se propuso socavar el paro estatal, entregarle la negociación al senador Dussán, quitarles piso a las centrales y desbaratar el movimiento. Estuvieron a punto de conseguirlo, cuando en la noche del lunes, por su cuenta y riesgo firmaron en el Palacio de Nariño el acuerdo para el magisterio, apartándose del Comando Nacional. A esa hora no había arreglo con el gobierno, que aprovechó la coyuntura para tratar de salirse con la suya en contra de los trabajadores. Fue un clásico esquirolaje de la camarilla que dirige a Fecode. Su desmesurado gobiernismo y su afán de salvar al senador Dussán pudieron más que los intereses de los trabajadores estatales en su conjunto.

No pueden fundamentar su sabotaje al paro estatal en que otros sectores también negociaron por fuera del Comando Nacional, porque a ellos los mantuvieron allí hasta el final.
pese a todas sus maniobras por escabullirse: tampoco justifican su retirada por un supuesto maltrato en el Comando Nacional, pues ya habían comenzado por aparte la negociación desde antes del 28 de enero, según consta en la misiva del ministro de Educación a Boris Montes de Oca; mucho menos podrán argüir que el Comando dejaría a Fecode por fuera del acuerdo, porque el mismo ministro fue obligado por Samper a integrarse a la mesa de negociación; y el colmo sería que siguieran defendiendo contra toda evidencia que la única organización que iba a salir al paro era Fecode.

La prima salarial obtenida por Fecode es favorable para el magisterio, pero el levantamiento del paro correspondía al Comando Nacional. Una prima salarial equivalente a4% de aumento para 1997 y de carácter permanente para el magisterio, con lo cual se completaría un aumento real de 25.5 %, es el fruto de la lucha mancomunada de todo el sector estatal, no del protagonismo de dirigentes con pretensiones de reencauche.

Los demás puntos del acuerdo de Fecode, o son pura demagogia para la utilización clientelista de los delegados en el Fondo de Prestaciones, o claramente violentan la Ley General de Educación, devolviéndole el control de los contenidos de capacitación al Ministerio de Educación y dejándoles a los maestros el costo de los créditos para ascenso. Fue muy grave que no se incluyera una sola palabra sobre la política neoliberal de alcaldes y gobernadores en su intento de privatizar la educación pública, como Uribe Vélez en Antioquia o Antanas Mockus en Bogotá, con quienes estos dirigentes mantienen una colaboración directa en las Secretarías de Educación respectivas. Y mientras el Comando de Paro obtuvo en la mesa de negociación que a ningún trabajador se le descontara su salario, el acuerdo de Fecode obliga a los maestros a reponer el tiempo perdido en el cese de actividades.

(Mensaje dirigido al Comando Nacional de Paro el 17 de febrero)

Por su claridad en los objetivos, por el especial momento que atraviesa el país, por la amplitud de los sectores incorporados, por la iniciativa desplegada y la fuerza de las impresionantes movilizaciones realizadas, como por lo prolongado de la batalla, sin duda que el actual paro nacional de los trabajadores estatales constituye la demostración de mayor envergadura erguida en el panorama de las luchas obreras de los últimos tiempos.

Constituida en un hito en el proceso de resistencia obrera y popular contra la liberalización de nuestra economía impuesta por Estados Unidos, no dudo en expresar que en ella se cifra el presente y el porvenir inmediato de nuestra clase y del país entero.

El informe del FMI sobre nuestra economía, de agosto del año pasado, ordenó al gobierno de Samper congelar o reducir los salarios de los trabajadores, acelerar las privatizaciones, mantener la apertura comercial y varias otras modalidades del esquema neoliberal. El paro nacional en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia
financiera. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público nuestro con la diligente colaboración del actual gobierno.
La derrota de la ley que adultera el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola de represión contra las organizaciones sindicales y populares y sus líderes, representa otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas que conlleva para elevar la lucha a un plano más alto. El paro nacional mantiene en vilo a toda la nación. Desde mi modesto lugar en la lucha, saludo regocijado los admirables esfuerzos que vienen haciendo al frente del paro en pos de la victoria.
Sancionada ley de fuero para los empleados públicos
El mismo día en que se firmó el acuerdo de los estatales, el gobierno se vio obligado a sancionar la Ley 362, en que se reconoce el fuero sindical para los dirigentes de los empleados públicos.
El senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, había presentado el proyecto desde finales de 1995, señalando que si bien a los empleados públicos se les reconocía el derecho a formar asociaciones, a sus dirigentes se les negaba el fuero especial consagrado en la Constitución.

La nueva ley modifica el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo. El fuero queda contemplado en el parágrafo 2o.

Esta conquista democrática se suma a la de negociación colectiva, conseguida por el paro estatal.

Por Gustavo Triana

Desde el 8 de enero se inició la negociación del pliego de peticiones que definirá la convención colectiva de 1997-1998. Esta batalla la libran los obreros petroleros en medio de la gran ofensiva de exigencias del virrey Frechette que, en entrevistas con El Tiempo y El Espectador, señaló que el petróleo debe ser objeto de las políticas de apertura y privatización. El Espectador, de enero 21, informó que en marzo se reunirán en Cartagena el secretario de Energía de Estados Unidos, el ministro de Minas colombiano y empresarios de ambos países.

La importancia que guardan México, Venezuela y Colombia para el aprovisionamiento de la superpotencia es evidente, ya que los tres países tienen 50% de crudo de América Latina. Colombia surte hoy 7% del mercado gringo, y de 63 empresas asociadas con Ecopetrol, 29 son norteamericanas.

La Enron Corporation compró 40% de Promigás, que transporta el gas natural de la Costa Atlántica y cuyas utilidades alcanzaron en 1995 los 20 mil millones de pesos. La misma multinacional opera por concesión el gasoducto Ballenas Barranca, a través de la subsidiaria Centragás.

Tres aspectos del pliego
La USO centralizó su pelea en tres aspectos:

El primero, la defensa de Ecopetrol, entendida como la oposición a la denominada “reconstrucción de la empresa”, que va a debilitar su integralidad y permite el traspaso al capital privado de varias de sus actividades.

Se exige además que el gobierno se abstenga de crear a Ecogás, cuya finalidad consiste en escindir de Ecopetrol el transporte masivo de gas natural v feriárselo al capital privado por sólo 80% del valor en libros y a 30 años de plazo. Este despropósito privará al Estado del negocio con más futuro en este sector productivo.

También es clave la autonomía financiera y presupuestal, pues tal como lo señala el anterior presidente, Luis Bernardo Flórez, Ecopetrol consigue los recursos para su propio desarrollo, pero el gobierno nacional se los sustrae con transferencias, como los 69 mil millones de pesos de 1996 y los 260 mil millones de pesos proyectados para 1997. Dichas sumas son diferentes a la apropiación de utilidades que hace el Confis para el presupuesto general de la nación, utilidades que representaron 170 mil y 423 mil millones de pesos en 1995 y 1996.

La empresa requiere de 1.600 millones de pesos para adelantar en 1997 la perforación de ocho pozos, poner en marcha los campos que hoy explota y modernizar las refinerías. No hacerlo sería darles más ventajas a las multinacionales.

Segundo, la lucha por lograr la libertad de los dirigentes y trabajadores detenidos, a quienes se aplicó la justicia sin rostro por parte de la Fiscalía. Este aspecto implica además echar atrás las sanciones económicas a los activistas y las millonarias multas impuestas a la USO.

Se pelea a fondo asimismo por que ingresen a Ecopetrol los dos mil trabajadores temporales que desempeñan funciones propias y permanentes de la industria. Esta batalla por la nómina convencional significa la continuidad de la base material que puede defender la empresa de las constantes agresiones del gobierno privatizador.

Tercero, en materia de peticiones económicas, se está exigiendo un aumento que atenúe las nefastas secuelas de la política oficial. En los últimos diez años el salario real de los petroleros se ha mermado en 28.5 %, mientras que los ingresos operacionales de Ecopetrol crecieron 30% en los últimos dos años y las utilidades se multiplicaron por 2.5.

El proletariado petrolero libra una batalla patriótica, que enfrenta la política imperialista de recolonización. Los colombianos estamos obligados a secundar esta pelea por la soberanía nacional.

Bogotá, 1° de marzo de 1997.

Ante la decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos contra Colombia y las declaraciones al respecto por parte de autoridades de ambos países, el MOIR declara:

1. El pronunciamiento de descertificación del país emitido por Clinton sólo es desmoralizante para aquellos funcionarios de las distintas ramas del Estado, empezando por la del Ejecutivo que preside Ernesto Samper, que sin mayores dificultades ni vergüenza se dedicaron, con creciente intensidad y diario afán, a atender los dictados de Washington y acomodar a éstos sus funciones, actividades y criterios. Además, la naturaleza de por sí imperialista de esa determinación no se puede soslayar o enmascarar recurriendo a la tontada de decir que es injusta y unilateral, o que es una medida política.

2. La responsabilidad por el avasallamiento de la nación que perpetra Estados Unidos en grados cada vez más insoportables, como se manifiesta en la descertificación, también recae sobre proclamados dirigentes de la sociedad civil. Desde los que vulgarmente se denominan “grandes cacaos” hasta mediocres dirigentes gremiales que gozan con plañir la pérdida de unos despreciables dólares ante la siniestra burocracia norteamericana; desde políticos carentes de “hombría y cojones” para defender los intereses de sus mandantes, que son los de la nación, hasta la panda de funcionarios gaviristas que, agazapados en organismos internacionales, financieros y académicos, conspiran contra la soberanía nacional; desde precandidatos preñados de neoliberalismo y en busca del beneplácito gringo, hasta fiscales y policías asignados a labores sucias del intervencionismo estadounidense.

3. Para las mayorías, conformadas por todos los colombianos cuyo arraigo en la nación sustenta su carácter de patriotas y demócratas consecuentes, las medidas, declaraciones y actos de los gobernantes de los Estados Unidos en su embestida contra Colombia les genera un sentimiento de nacionalismo y antimperialismo que, lejos de ser indeseable, como le parece a Samper, hace parte, por altivo y digno, de la moral realmente nueva y verdadera que se precisa para combatir la oprobiosa subyugación.

4. La población presencia airada el despreciable espectáculo de gobernantes y dirigentes que, en términos de la copla traída a cuento por el ministro del Interior, luego de que Estados Unidos los enjalmó, con la ayuda de los colaboracionistas al apretar cinchas, ahora se atropellan para emitir en variado tono toda suerte de lamentables declaraciones en donde patentizan que no les incomoda la enjalma sino las mataduras.

5. En prosecución de su política de recolonizar, el gobierno norteamericano reitera los ultimátums de la hora: restablecer la extradición, poner en efecto el acuerdo marítimo, y atender las exigencias sobre penalización, uso de herbicidas y régimen carcelario. Ya que en ese plan contará sin lugar a dudas tanto con la aquiescencia, quizá otra vez en medio de fútiles discrepancias, de los mencionados gobernantes y dirigentes, como con la labor de zapa de los colaboracionistas, el pueblo debe aprestarse a ejercer su fundamental derecho a levantarse en resistencia contra la política de intervención gringa, rebelarse contra toda disposición o ley internas que sirvan a esa política, y denunciar y condenar a quienes, ya sea desde la esfera pública o desde la privada, la promuevan o alcahueteen.

Por Norman Alarcón Rodas

La British Petroleum es una de las cinco grandes empresas oligopólicas que se reparten el negocio de los hidrocarburos en el mundo. Su presupuesto es mayor que el del Estado colombiano.

Hace siete años, esta trasnacional inglesa obtuvo del gobierno el contrato de Cusiana, campo que ya había sido objeto de trabajos exploratorios por parte de Ecopetrol, que auguraban el hallazgo de importantes yacimientos. En efecto, se encontraron 1.800 millones de barriles y un descomunal depósito de gas natural.

Después de declarada la comercialización de Cusiana y de iniciada su explotación vertiginosa, la trasnacional empezó a presionar una reforma constitucional sobre las expropiaciones, lo cual ya le fue concedido por el legislativo y el ejecutivo. Luego exigió negociar el gas por separado para obtener mayor tajada. Y la última exigencia del segundo semestre de 1996 fue que se cambiaran los términos del contrato de Piedemonte, en busca de la máxima rentabilidad.

Este contrato, firmado entre Ecopetrol y la British en junio de 1992, se basó en los términos de distribución escalonada: entre 0 y 60 millones de barriles extraídos, 50% para la nación y 50% para el asociado. Entre 60 y 90 millones de barriles, 55% para la nación y 45% para el asociado. Más de 150 millones, 70% para la nación y 30% para el asociado.

Allí se encontraron los yacimientos de Floreña y Pauto, que contienen casi 1.000 millones de barriles de petróleo -la mitad de Cusiana-, y Volcanera, con grandes cantidades de gas.

En 1996, la multinacional exigió modificar el contrato inicial para tener en cuenta el factor R, amenazando con suspender las inversiones. La comisión quinta del Senado rechazó la pretensión, como también el contralor David Turbay, el senador Jorge Santos Núñez, la USO, el periódico El Colombiano de Medellín y tres miembros de la junta directiva de Ecopetrol, quienes por tal motivo renunciaron.

El ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, siempre estuvo atento a complacer los apetitos de la compañía foránea. Para tal fin solicitó un concepto del Consejo de Estado, el cual lo emitió a principios de 1997 dándole la razón a la British, con la dudosa argucia de que en el contrato en mención se hablaba de la exploración de un condensado, término que según el alto tribunal se refería a gas y no a petróleo. La ex ministra de Minas, Margarita Mena de Quevedo, acaba de refutaren detalle la amañada interpretación del tribunal.

Si el concepto del Consejo de Estado es acogido por el gobierno, la British, por arte de birlibirloque, se saldría con la suya, obteniendo pingües ganancias que ascienden a 1.800 millones de dólares, los mismos que perdería la nación.

Por ello cabe citar aquí el editorial de El Colombiano, del 22 de octubre de 1996, refiriéndose a este conflicto: “Cuando creímos que el imperialismo burdo era cosa del pasado, descubrimos que los vientos neoliberales lo mantienen vivo y operante”.

Faltaría agregar que la defensa del interés nacional es la línea divisoria entre los patriotas sinceros y los colaboracionistas genuflexos.

El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal, fue uno de los factores que propiciaron la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales del movimiento obrero. En la foto, manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sobre el precio de los combustibles, la USO tiene que señalar dos aspectos que, en nuestra opinión, no favorecen a Ecopetrol ni a los consumidores.

1. El precio tiene un alto componente de impuestos, es decir, la carga fiscal es exagerada y con ello el gobierno nacional está gravando indirectamente al, pueblo colombiano. La gasolina tiene una carga fiscal de 37.14%, o sea, 404.17 pesos por galón.

2. El margen para los distribuidores mayoristas es elevado y además favorece a cuatro monopolios privados, tres de ellos norteamericanos: Codi Mobil, Esso y Texaco. Éstos tienen un margen de 4.42%, o sea, 48.13 pesos por galón, que, aplicados a 129 mil barriles diarios producen unas multimillonarias utilidades, por una labor que no le representa al país ni empleos, ni inversión, ni tecnología. Estas empresas lo que hacen es recibir la gasolina de Ecopetrol y venderla en las plantas de abasto mayoristas a los distribuidores minoristas, o sea, los surtidores al público.

La Mobil ganó en 1995 la suma de 6.7 millones de dólares en esta actividad y es una de las cuatro compañías de Colombia colocadas entre las 170 empresas más grandes de América Latina. Puesto alcanzado sólo intermediando combustibles de Ecopetrol a los dueños de los surtidores que agremia Fendipetróleos.

Ecopetrol finalmente sólo recibe 581.51 pesos por cada galón producido y, desde la venta de los Terpeles, no participa en este jugoso negocio de la distribución.

La intermediación de la Esso, Mobil, Texaco, la incorporación del aditivo ecológico y la alta carga fiscal, no benefician a Ecopetrol, sino a los privados, y se descarga en el bolsillo de los consumidores.

Por Yesid García

A las cinco de la mañana del 18 de febrero, en las oficinas del Ministerio del Interior, el Comando Nacional de Paro pactó con el gobierno, representado por seis ministros, el acuerdo que ponía fin al intenso y unitario cese laboral de más de 800 mil trabajadores estatales. Era el octavo día de parálisis de las principales empresas y dependencias de la administración pública a todos los niveles.

Al llamado de la dirección del movimiento, conformada por las centrales obreras, las federaciones y sindicatos del sector estatal, respondieron: los maestros oficiales, los profesores y funcionarios de las universidades públicas, los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, Sena, Contraloría General, salud pública, Incora, Idema, Registraduría Nacional, Bienestar Familiar, Inpec, licoreras, ministerios, departamentos y municipios. En las pocas entidades donde no hubo cese fue notoria la anormalidad laboral y el apoyo al paro.

El 11 de febrero, primer día de la protesta, y como expresión favorable a la lucha de los estatales, el transporte urbano e intermunicipal estuvo restringido en alto porcentaje en las principales capitales. El pueblo de Barrancabermeja acompañó la protesta con veinticuatro horas de paro cívico general. Los trabajadores de las ochocientas cincuenta oficinas de la Caja Agraria, y núcleos importantes del sector informal hicieron realidad la vieja consigna de la huelga de solidaridad. En muchos lugares, las gigantescas movilizaciones contaron con la presencia de trabajadores de empresas privadas, estudiantes y campesinos.

Un clima favorable
¿Qué propició la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales que actúan en el movimiento sindical? Por lo menos, cuatro factores debemos considerar:

a) La decisión oficial de acelerar la subasta de empresas y descargar sobre los ingresos de los servidores públicos buena parte del reajuste fiscal. Con ella, el gobierno cumplía las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 1996, cuando se ordenó, entre otras cosas, que “el gobierno haría bien en embarcarse en un esfuerzo de privatización mucho más vigoroso, en incluir bienes que no han sido designados para este propósito en los sectores energético, cafetero, de telecomunicaciones y financiero y, claro está, presionar fuertemente para realizar la venta de compañías que ya han sido señaladas para privatizarlas en 1996 y 1997”. En relación con los ingresos de los trabajadores la orden imperial también fue tajante: “La moderación en salarios es clave dentro de cualquier estrategia que busque disminuir la inflación sin que esto resulte en altos costos de empleo y producción. En el período venidero, la disciplina salarial (…) sería la clave para bajar la inflación”.

b) La profundización de la apertura económica, que ha sumido el país en una profunda crisis y ha traído una reducción considerable de los ingresos del fisco nacional. El “remedio” que a esta situación impone el FMI, y que aplica el gobierno, se resume en más neoliberalismo, o sea, recorte a la inversión, privatizaciones, mayores tributos y disminución de los salarios de los trabajadores. En el debate sobre el déficit fiscal, es oportuno señalar que su origen no se encuentra en las explicaciones que dan los neoliberales, tanto los del gobierno como los de la oposición. Su razón de ser está en que 27% del presupuesto nacional de 1997 se destina al pago de la deuda externa; en la eliminación de aranceles y sobretasas a las importaciones; en la reducción de tributos a las petroleras foráneas; en la entrega al capital privado de actividades y renglones económicos muy rentables, y en el menor recaudo de impuestos causado por la profunda recesión económica.

c) La compleja situación nacional y la debilidad del gobierno de Samper, dedicado en actitud sumisa y vergonzosa a cumplir al pie de la letra el cúmulo de exigencias norteamericanas, que tiene al país atónito e indignado frente al colaboracionismo y la traición nacional de un mandatario al cual la naturaleza “no dotó de columna vertebral”. La ley de extinción del dominio con retroactividad, el tratado de interdicción marítima, la invasión de aviones militares gringos a los cielos nacionales, los manejos alrededor del tratado de protección a las inversiones norteamericanas, la ley de aumento de penas, y el proyecto de reforma constitucional para restablecer la extradición hacen parte de una ininterrumpida cadena de entregas de la soberanía hoy reconocidas con una nueva “descertificación”. ¡Así paga el imperio a quien bien le sirve!

d) El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal. Como lo señalara el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, en uno de sus mensajes al Comando Nacional, “el paro en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia financiera que ordenó al gobierno de Samper reducir los salarios de los trabajadores. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público. La lucha por el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola represiva contra las organizaciones sindicales y sus líderes, representan otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas para llevar la lucha a un plano más alto”. La identidad de los objetivos facilitó la unidad en la dirección y la amplitud del movimiento.

Sólo la contundencia y la solidez del paro, que colmó las calles con decenas de miles de trabajadores en combativas movilizaciones, que derrotó la estrategia gubernamental de fragmentar sectorialmente una posible negociación, que desmintió con sus acciones la falaz acusación oficial de ligar la convocatoria estatal con propósitos e intereses distintos a los planteados públicamente, que ganó la batalla por conquistar a su favor, la opinión pública, obligó a que el gobierno samperista se sentara a negociar con el Comando Nacional.

El acuerdo alcanzado
Se pactó un incremento salarial de 18% en promedio, aplicado en una escala de 14% a 20%, donde los mayores porcentajes corresponden a los menores sueldos. La pretensión oficial de incrementar sólo 13.5%, basada en las imposiciones del FMI sobre la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, fue doblegada por la fuerza del movimiento. Los trabajadores de la salud, además, lograron, con retroactividad al primero de enero de 1997, la nivelación de sus salarios a los topes máximos fijados en el decreto 439 de 1995, válidos tanto para los servidores públicos del orden territorial como para los de las empresas sociales del Estado del orden nacional, lo que significa aumentos superiores a 30% en promedio.

La política de privatización de empresas oficiales y la venta del patrimonio público fueron centro del debate en los días del paro. Los trabajadores pudieron mostrar, en época propicia para llegar a los más amplios sectores de opinión, que tal política conspira contra los intereses nacionales y debe ser enfrentada con posiciones firmes de defensa de la soberanía patria. La lucha de los estatales no derrotó la privatización, pero los acuerdos logrados, especialmente los referidos a Telecom y Ecopetrol, constituyen bases firmes de apoyo para intensificar la resistencia a tan nefasto cometido.

Sobre la exigencia del derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del Estado, sometidos hoy al imperio de la ley 4 de 1992, el acuerdo establece el compromiso de presentar al Congreso un proyecto de ley concertado entre el gobierno y las organizaciones sindicales, en consonancia con los principios consagrados en los convenios 151 y 154 de la OIT, relativos a los derechos de sindicalización, condiciones de empleo y fomento a la negociación colectiva en la administración pública.

En cuanto a la penalización de la protesta social, herramienta a la cual recurren asiduamente las agencias del Estado, en especial la Fiscalía, hubo compromisos tendientes a que, por la vía de la penalización, no se despoje a las organizaciones y dirigentes sociales del derecho a enfrentar las políticas contrarias a los intereses de la nación y del pueblo. Se pactó también conformar comisiones amplias y representativas, con participación de las organizaciones sindicales, para analizar los tipos y procedimientos penales que puedan afectar la lucha sindical y social. El gobierno se comprometió a propiciar en el Congreso de la República un debate público sobre el tema.

El paro arrancó al gobierno el compromiso de retirar todas las solicitudes de ilegalidad del movimiento, no presentar demandas para suspender o cancelar las personerías jurídicas de los sindicatos, y no ejercer represalias de carácter disciplinario, administrativo o económico contra los huelguistas.

El acuerdo tiene puntos débiles y una que otra inconsistencia. Los nefastos efectos de la ley 344 de 1996, o de ajuste fiscal, no fueron conjurados, y la aplicación por el presidente de facultades extraordinarias para liquidar entidades estatales sólo “tendrá en cuenta las opiniones de las organizaciones sindicales de segundo grado del sector público”. En cuanto al Idema, se acepta su liquidación y sus trabajadores, según el acuerdo, sólo tendrán el derecho de opinar sobre los “lineamientos de la Institución que lo reemplazará” y su posible incorporación a ella. El gobierno se apoyó en un convenio del 21 de noviembre del año pasado donde los representantes de los trabajadores aceptaron “un escenario para discutir el proceso de liquidación”. Por ello, no falta razón a muchos funcionarios del Idema cuando critican la actitud de sus representantes de no colocar en el primer plano de la discusión la supervivencia de la entidad.

La unidad en el Comando Nacional solo se fracturó parcialmente, el lunes 17 de febrero, por la decisión de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode de firmar en el Palacio de Nariño un acuerdo para el magisterio y marginarse de la conducción colectiva del conflicto, que había sido fundamental en las negociaciones con el gobierno. Cuando los medios de comunicación anunciaron el arreglo y el levantamiento del paro de los educadores, el Comando Nacional iniciaba apenas la discusión del punto más álgido del paro: la política de privatización. Se trató de una burda maniobra de la camarilla gobiernista de Fecode, encaminada a dar protagonismo al senador Jaime Dussán, a desconocer el papel de las centrales obreras y a tratar de sacar ventajas particulares de la lucha de los trabajadores estatales. La deslealtad y la traición a la palabra empeñada no les fue rentable. Los 240.000 maestros no perdonarán el oportunismo de haber levantado unilateralmente el paro y poner en riesgo el resultado final de la contienda.

Lo más importante: el despertar de la lucha de masas
El paro y el acuerdo deben ser evaluados en el marco de la resistencia de los asalariados y del pueblo contra el plan de subyugación económica y política que lleva a cabo el imperialismo norteamericano. Los resultados constituyen una victoria para el movimiento sindical y una derrota para el gobierno de Samper. Se rompió la política salarial de 13.5%, se avanzó en la denuncia y la lucha contra la venta del patrimonio público, se lograron compromisos frente al derecho de negociación para los estatales y la despenalización de la lucha social. Todo ello al calor de movilizaciones de protesta, de utilización de las viejas pero eficaces herramientas de la lucha de masas. Las debilidades que tenga el acuerdo no opacan los importantes avances y mucho menos servir a los oportunistas como puntos de apoyo para demeritar el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.

Viejas verdades, que trataron de arrumar en los anaqueles del pretérito los neoliberales de afuera y de adentro del movimiento sindical, brillaron en la conciencia de los trabajadores colombianos. La capacidad de convocatoria de la dirigencia obrera se fortalecerá en la medida en que interprete correctamente los intereses de la mayoría de la población y aproveche las condiciones favorables. La posición reaccionaria que pontificaba sobre lo anacrónico de la confrontación popular, de la marcha, del mitin o de la huelga, y que colocaba como alternativa el “sindicalismo propositivo” o el “gremialismo apolítico”, es la gran derrotada en las filas de los trabajadores. La supuesta inutilidad de los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas en los tiempos de la “democracia participativa” se derrumbó ante la realidad, ante la masiva afiliación de los trabajadores a sus organizaciones después del paro, ante la constitución de decenas de nuevos sindicatos. Es la hora del fortalecimiento del sindicalismo en Colombia, la hora de recoger la cosecha sembrada en años de paciente labor de resistencia y combate al neoliberalismo y a la dominación norteamericana.

La experiencia organizativa del Comando Nacional debe ser asimilada y mantenida porque hace parte de las ganancias del paro. El movimiento sindical colombiano debe contar con una dirección centralizada nacional y regionalmente, que tenga como base insustituible las tres centrales obreras y se complemente con las federaciones sectoriales y sindicatos nacionales más representativos del país. Apoyamos la decisión de transformar el Comando Nacional de Paro en Comando Nacional Unitario, que debe asumir la preparación de los eventos programados y convocar a las fuerzas políticas y sociales a acometer en conjunto con los trabajadores las tareas y las luchas que imponen las graves circunstancias por las que atraviesa la nación.

El paro demostró que sólo la lucha arroja conquistas valiosas v que, de ellas, las de mayor proyección son las destinadas a crear las condiciones materiales y políticas que necesita el pueblo para librar combates de envergadura estratégica. A tono con la declaración del Comité Ejecutivo Central del MOIR, “dentro de semejante contexto social y político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antiimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre”.

Por Francisco Valderrama Mutis
Ante la imperiosa necesidad de cubrir el déficit, Samper decidió apretar el acelerador del plan de privatizaciones. Decidió sacar a la venta la participación que por 46.58% de las acciones mantenía el gobierno en Cerro Matoso S. A. (CMSA). Mientras el gobierno suple en parte sus necesidades de recursos frescos, los monopolios se apoderan de los activos nacionales a precio de saldos.

Para su siniestro objetivo los funcionarios oficiales han adoptado el criterio de que los activos no valen lo que valen, y ni siquiera lo que dicen los avalúos contratados con la banca de inversión, sino lo que ofrezcan los consorcios internacionales. Esto sucedió en el caso de Cerro Matoso; el vicepresidente de Inversiones del IFI, Félix Moreno, se retiró de ese instituto, denunciando que la participación del país fue malvendida en 180 millones de dólares cuando había sido tasada entre 230 y 290 millones.

El presidente del IFI elude mencionar que en el presente caso se trató de una negociación con una solo oferente, que se limitó a quedarse con todo el negocio ahorrándose la tercera parte de su valor, si de tasarlo en dólares se tratara, porque la realidad es que una mina de níquel, mineral estratégico, no puede ser considerada como un activo cualquiera. Su importancia la vuelve invaluable.

Producto del esfuerzo nacional
En la construcción y puesta en funcionamiento de la empresa el país hubo de hacer un esfuerzo tremendo, que se resume en los siguientes hechos: 1) Fue con el aval de la nación como se consiguieron los créditos con el Banco Mundial y la banca privada para la construcción inicial de la empresa. Es más, cuando en 1986, por los bajos precios del níquel, CMSA acumuló pérdidas por 35 mil millones de pesos, la nación asumió el pago de esas obligaciones. 2) CMSA funciona con base en la refinación del ferroníquel y tiene como principal insumo para su operación la energía eléctrica. Hasta 1996 su consumo fue de 45 megavats de potencia. Mucho más de lo que consume todo el departamento de Córdoba. Para que la energía eléctrica no le resultara tan costosa como a las demás empresas de la Costa, Corelca estableció triangulación con las EE.PP. de Medellín y así CMSA pudo recibir energía subsidiada a precio de origen hídrico, considerablemente más barata que la térmica. 3) Se le otorgaron ventajas en la forma de liquidación de las regalías, pactadas inicialmente sobre las utilidades. Era tan aberrante el atraco a los municipios y al departamento de Córdoba, que luego fue cambiada por liquidación sobre el valor de la producción en boca de mina, que aún sigue siendo favorable a la empresa. 4) Se le eximió del pago de impuestos durante los primeros años de explotación de la mina. 5) Se le excluyó del pago del impuesto de industria y comercio a Montelíbano.

Algunas de estas ventajas son comunes a todos los proyectos industriales, pero otras, como la de la energía eléctrica, formaron parte de un claro esfuerzo nacional por sacar adelante la mina de níquel y ponerla en funcionamiento. Evidentemente la nación aportó mucho más que los socios extranjeros. Por eso, es una afrenta feriarla para atemperar las afugias de Samper.

Enormes ventajas sobre la competencia
Las ventajas de CMSA sobre las empresas niqueleras del mundo son enormes: a) Es una mina trabajada a tajo abierto, por lo tanto libre de las grandes inversiones necesarias para construir los socavones. b) El tenor de su níquel es 2.9%, cuando en las demás minas del mundo no pasa de 1.5%. c) Los bajos costos de la energía consumida: eléctrica de origen hídrico, carbón sacado de minas ubicadas a muy corta distancia y gas natural extraído de pozos en Córdoba y en Sucre. d) Excelente productividad y rentabilidad, que le permitieron cubrir las deudas en cuatro años, cuando logró buenos precios del níquel en el mercado mundial. Entre 1987 y 1991, CMSA canceló deudas por 340 millones de dólares.

Si esto hizo en cuatro años, tiene razón la Gencor, firma compradora, en estar feliz como lo reseña la prensa, pues bien puede esperar que su inversión sea recuperada en sólo dos años y de ahí en adelante dedicarse a usufructuar sus ganancias.

El tamaño del negocio lo podemos mirar teniendo en cuenta las cifras de producción de níquel en los últimos años: 40.6 millones de libras en 1990, 54 millones en 1995, y la Gencor espera llegar a producir 60 millones de libras en 1997y 100 millones en el año 2000.

Mientras esto calcula la multinacional, el gobierno samperista prefirió malbaratar por unos cuantos pesos la seguridad de unos ingresos permanentes.

Frente a este atropello, el sindicato de CMSA asumió una posición de lucha y denuncia que no fue empañada por la actitud de abierta traición de unos pocos trabajadores que aceptaron el vergonzoso papel de calanchines de la empresa extranjera y trataron de comprometer al resto en la compra miserable de un pequeño porcentaje de acciones.