Categoría: Tribuna Roja N° 70, Bogotá; marzo 8 de 1997

El 1 de marzo en el Concejo Distrital varias organizaciones políticas y personalidades de la izquierda se citaron para acordar, en lo inmediato, significativas tareas conjuntas y a su vez plantear una perspectiva unitaria de mayor alcance.

Asistieron: el Partido Comunista, encabezado por su secretario general, compañero Jaime Caicedo; el representante a la Cámara Adolfo Bula y Fernando Hernández de la Corriente de Renovación Socialista; Gloria Quiceno de Alianza Democrática M19; Fermín González del Movimiento Posadista; el concejal de Bogotá Roberto Correa, y Alfonso Hoyos. La delegación del Moir estuvo presidida por el compañero Marcelo Torres, jefe de la comisión política del Partido.

Marcelo resaltó la importancia que el Moir le confería al encuentro, y señaló los criterios que consideramos deben guiar una acción unitaria: Enfrentar la dominación norteamericana, manifiesta en la actualidad en una intervención sin antecedentes, como causa fundamental de los males de la nación. Remarcó la necesidad de enfrentar la indigna política de sumisión de Samper ante el imperio. Planteó que se avizora un ascenso de la lucha popular en el cual el movimiento obrero jugará el papel principal, pero al que deberán vincularse otros sectores sociales, políticos y empresariales. Resaltó la importancia de defender la democracia política y resguardarlas garantías para las fuerzas minoritarias. Insistió en la necesidad de una salida política al conflicto armado, ya que la escalada violenta repercute negativamente en la lucha del pueblo. Destacó nuestro apoyo al Comando Nacional Unitario.

El encuentro concluyó con la elaboración de un comunicado conjunto en defensa de la soberanía y de apoyo al mitin del 5 de marzo frente a la embajada gringa.

(Las medidas de la emergencia económica no se tomaron para contrarrestar la crisis producida por la apertura, sino para cumplir los dictámenes imperiales del Fondo Monetario Internacional)

Por Abel Colorado

El 13 de enero, cuando apenas se normalizaban las actividades después de la temporada de diciembre, el gobierno sorprendió al país al declarar la emergencia económica, haciendo uso del artículo 215 de la Constitución.

La sorpresa se debió a que durante el último trimestre del año pasado el presidente y su ministro de Hacienda se habían dedicado a hacerles creer a los colombianos que 1997 sería el año de la recuperación económica, pues ya estaban sentadas bases sólidas para la reactivación. El Congreso había autorizado en diciembre el último de los recortes en el gasto, por la no despreciable suma de un billón de pesos. De esta forma, según el gobierno, a los nubarrones se los llevaban los vientos de la recuperación y la estabilidad macroeconómica.

Pero la realidad era otra, muy distante de las falsas ilusiones gubernamentales. Desde comienzos del año pasado podía apreciarse el agravamiento de la crisis. Durante todo el año, los indicadores económicos anunciaban una profunda recesión.

La producción del principal renglón de exportación del país, el café, continuó decreciendo a lo largo del año 96 como lo ha venido haciendo desde la eliminación en 1989 de los acuerdos internacionales y a consecuencia también de la política cambiaria de la apertura con la cual los productores han visto disminuir sus ingresos y amenazada la existencia de sus empresas. El panorama del resto del agro es de ruina y desolación, mientras siguen invadiendo al país todo tipo de productos del sector; ya en 1995 habían entrado cuatro millones de toneladas de alimentos. La industria manufacturera decrece con la quiebra y el cierre de numerosos establecimientos, también a causa de la competencia de productos importados. La industria de la construcción continuaba su tendencia decreciente, iniciada desde finales de 1994.

La débil actividad económica y la pérdida de la capacidad de compra de los colombianos, como resultado de la disminución de los salarios reales de los trabajadores, ocasionó una disminución sin precedentes en la demanda interna; las ventas y las mismas importaciones de bienes de consumo cayeron. La demanda interna, que en 1994 y 1995 había crecido por encima de 10% y de 7%, respectivamente, sólo creció 1.6% en 1996. La tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo pasó de crecer 16.9% en 1995 a decrecer 25.1 % en 1996.

Sin embargo, a pesar de la caída de importaciones, un gigantesco boquete siguió creciendo en el intercambio de bienes y servicios. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales disminuyeron significativamente su ritmo de crecimiento, a causa de la caída de las exportaciones de café, las cuales entre enero y septiembre se redujeron 16%. Debido al mayor pago de intereses de la deuda externa pública y privada, la cual ha continuado su ascenso, y a la remisión de utilidades de la inversión extranjera, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llega a 5.4% del Producto Interno Bruto.

Se reactivó la subasta del patrimonio público para obtener ingresos utilizables en el corto plazo. En diciembre entraron 1.600 millones de dólares por la venta de las empresas del sector eléctrico a precios de gallina flaca.

La apertura y las políticas neoliberales han cumplido su cometido de golpear a muerte el aparato productivo. La continuidad de estas políticas se encargaba, por lo demás, de impedir cualquier intento de recuperación: las altas tasas de interés, la revaluación, las restricciones del gasto público, los salarios por debajo de la inflación, alejaban aún más las posibilidades de un mayor crecimiento de la economía, el cual se encuentra por debajo de los promedios históricos. En 1996 la economía colombiana sólo creció 3%.

No había la menor posibilidad de reactivar la economía y reorientar el país por la senda del progreso.

Con frecuencia llegan cartas
El permanente monitoreo al estado de la economía y la intervención en los asuntos internos del país por parte del Fondo Monetario Internacional asumió la forma de una carta dirigida al gerente del Banco de la República. Y aunque éste le restó importancia, considerándola «carta personal de un amigo que conozco desde hace más de quince años», en ella se encontraban, igual que en los informes recibidos a principios y mediados del año, las «recomendaciones» para realizar mayores ajustes a las finanzas públicas (menos gasto y más impuestos) en busca de un presupuesto gubernamental equilibrado, tal como lo expresa el dogma de la ortodoxia neoliberal.

Dentro de las preocupaciones del Fondo, por supuesto que no se encontraba la recesión de la economía. Eso sería como reconocer su autoría en la ruina de una nación a causa de las políticas que desde él se han impuesto.

En el año nuevo, el gobierno nos dio más de lo viejo y en enero, asustado ante la imposibilidad de cumplirle al FMI, decretó la emergencia económica aduciendo que el déficit fiscal y la revaluación de la moneda afectaban la estabilidad macroeconómica.

El déficit, ocasionado por la disminución de impuestos a las importaciones, fruto de la apertura económica; por el pago del servicio de la deuda externa cuyos desembolsos superan la cuarta parte del Presupuesto General de la Nación: por la disminución de los ingresos provenientes del sector productivo como causa de la recesión producida por la apertura, ya que en 1996 dejaron de entrar 800 mil millones de pesos; por el aumento del gasto por cuenta del funcionamiento de las nuevas instituciones derivadas de la Constitución de 1991 y por los ingresos dejados de recibir a causa de la política de entregar al sector privado la prestación de servicios rentables como la telefonía celular. Sin embargo, es bueno señalar que el déficit en Colombia se encuentra muy por debajo del de muchos países industrializados.

Para la ortodoxia neoliberal, por el contrario, el déficit es ocasionado por el desmedido gasto público, lo que los lleva a clamar por más apretones que deberán pagar la población y la actividad económica. Aquí, igualmente debemos recordar que el gasto público es en realidad exiguo frente a las necesidades nacionales.

Sobre el otro argumento utilizado por el gobierno, la revaluación, es necesario anotar que ésta tiene sus raíces en la misma apertura económica. Ante los requerimientos del capital internacional, la liberación comercial en Colombia se hizo acompañada de la liberación de la cuenta de capitales. Sin los controles del derogado estatuto cambiario y con la política monetarista al orden del día los resultados sobre la tasa de cambio saltan a la vista.

Pero las medidas de la emergencia económica no se tomaron para cambiar de rumbo, para contrarrestar la crisis producida por la apertura. Se tomaron para cumplir los dictámenes imperiales y hacer más de lo mismo.

Después de la alharaca inicial, motivada para conmover a la opinión pública y lograr un ambiente propicio al pírrico 13% ponderado ofrecido para los incrementos salariales cuando la inflación se les había trepado al 21.6%, se aumentaron impuestos de redujeron algunas exenciones y se le dio tijera al gasto gubernamental. Los grandes problemas ocasionados por el endeudamiento externo, la liberación económica, las privatizaciones y la política monetaria no fueron resueltos. La sola sobretasa de 6% al endeudamiento externo, considerada como un freno a las importaciones, resulta tímida, tardía y demagógica frente al grado de profundización de la apertura.

La estrategia de la emergencia es continuar con ese monetarismo de corto plazo que después de muchos años de aplicación ha demostrado su incapacidad de disminuir la inflación, mientras que la reconstrucción nacional y el fortalecimiento de la capacidad productiva de Colombia requieren de políticas de largo plazo que no supediten el vigor de la producción nacional a un equilibrio de balances.

La posición antinacional del gobierno es tan clara que, aunque argumentó para la expedición de la emergencia la desestabilización que producirían las ventas del sector eléctrico de finales del año pasado, a mediados de febrero se apresuró a vender Cerromatoso para dar continuidad a lo que se venía haciendo y cumplir sus oficios con la banca multilateral.

Por Leila Delgado Almanza

La mujer trabajadora integrada a las luchas del pueblo colombiano en general y al reciente paro nacional estatal en especial, como parte activa de las huestes de las grandes centrales obreras del país, CGTD, CUT y CTC, y sus federaciones filiales, se aprestan a conmemorar el próximo 8 de marzo el día internacional de la mujer.

La conmemoración del día de la mujer debe convocar a todas las fuerzas vivas de la sociedad con su sentimiento patriótico ante la crisis nacional exacerbada por la intromisión imperialista en nuestros asuntos internos.

El alarmante proceso de pauperización de las masas populares, la inflación galopante, el alza desmedida de los precios de la canasta familiar, las tarifas de los servicios públicos y domiciliarios, los altos costos de los servicios educativos, de salud y de recreación sana; el aumento de los impuestos, el desempleo, la carencia de vivienda adecuada para los sectores populares, son todos secuelas de la aplicación de las políticas económicas de apertura de mercados, disminución de los subsidios en la producción industrial nacional, enajenación de los activos estatales y entrega de, los recursos naturales estatales a la voraz explotación de los monopolios extranjeros.

Ha concluido exitosamente el paro nacional estatal, con la efectiva participación del sector laboral femenino, paro con el cual se derrotó la medida oficial del recorte salarial que pretendía echar sobre los hombros de la clase laboral las consecuencias de la desastrosa política neoliberal. La radiografía de la situación de la mujer colombiana es la del país. Además de los problemas que le son comunes con los hombres, debe soportar la desprotección en asuntos vitales para ella y su familia:

• Poca participación en el mercado laboral. Sólo 35% de la población adulta femenina está vinculada al sector productivo; sus índices de desempleo son por lo tanto superiores a los índices nacionales; del porcentaje realmente activo económicamente, más de 50% está ubicado en los trabajos menos calificados y peor remunerados.

• El Estado ha descargado sobre los hombros de las empobrecidas familias la atención hogares infantiles de Bienestar Familiar fueron privatizados y en su reemplazo se montaron hace diez años los hogares comunitarios, en los cuales madres comunitarias mal preparadas y peor pagadas atienden en el tugurio que le sirve de hogar entre 15 y 20 niños de sus vecinas, sin especialización educativa, ninguna dotación pedagógica, sin espacios para jugar, dieta insuficiente en cantidad y calidad, y, lo que es peor, márgenes altos de inseguridad física, psicológica y social.

• La atención en salud es desoladora para la mujer y los niños y demás sectores de población dependientes económicamente; los mayores índices de mortalidad en las clases populares lo constituyen irónicamente el parto normal, las complicaciones del embarazo y el puerperio; la falta de una política social de acceso gratuito a los métodos científicos de planeación familiar, llevan a la madre a recurrir al aborto en condiciones antihigiénicas y, de contera, en este país atrasado el aborto está penalizado aún para casos de concepciones producto de violación.

• La costumbre de dejar al cuidado de la mujer a niños, ancianos y desvalidos de la familia, y las riendas de la economía doméstica, golpean duramente a las masas femeninas, con las secuelas de frustraciones, neurosis, depresiones y angustias ante situación por solucionarlas, son otras instancias sociales las llamadas a resolverlas.

• Las costumbres de los empleadores no han mejorado con las reformas de la legislación laboral en materia de protección a la maternidad y a la lactancia.

Muchas mujeres siguen perdiendo sus empleos al quedar embarazadas. o se ven obligadas a reprimirse ante las exigencias latentes y manifiestas de algunos empresarios de no admitir mujeres con hijos en sus empresas.

Celebremos unitaria y combativamente el 8 de marzo con actos amplios que permitan la divulgación de una proclama proletaria que llame a la lucha por:

• Reivindicaciones de la nación colombiana por su soberanía, socavada por la intromisión del imperialismo norteamericano.

• Reivindicaciones sociales para la mujer, la familia, la niñez y la ancianidad.

Por Francisco Cabrera

El 24 de enero, el paso de agua del sistema Chingaza a la planta de tratamiento Wiesner quedó interrumpido por un enorme derrumbe en el túnel entre Ventana y Simaya. Después de engañosos anuncios tranquilizadores por parte del gerente de la Empresa de Acueducto, Alejandro Deeb, se terminó por reconocer que el tiempo requerido para la reparación de los daños hacía inevitable el racionamiento. Desde entonces Mockus y Deeb se han dedicado a una amenazante campaña «educativa», cuyo objetivo es hacer aparecer a la ciudadanía como responsable del problema causado por el desgreño oficial. Veamos.

Una historia de irresponsabilidades
El sistema conformado por la laguna de Chingaza, el embalse de Chuza y un conjunto de túneles de conducción proporcionan 70% del agua que abastece a Bogotá y que es tratada en la planta Francisco Wiesner. La obra se inició en el gobierno de Misael Pastrana y se concluyó en 1984 después de varios años de retraso y en medio del acoso por resolver la creciente demanda de la ciudad. Su costo aproximado fue de US$400 millones, de los cuales US$160 millones provinieron de crédito con la banca internacional. Por la polémica desatada ante la emergencia hemos sabido que la tecnología usada, en la que los túneles carecen de revestimiento metálico, se escogió porque revestirlos significaba una inversión adicional de US$60 millones y prolongar las obras dos años más, tiempo que la ciudad no podía esperar. Así fue como por esta «lógica», y por las «urgencias» típicas en la generalidad de las obras que las empresas de servicios realizaron a debe, llegamos a que el suministro de agua a la urbe más grande del país quedó dependiendo de un sistema altamente vulnerable, que exige mantenimientos periódicos en los túneles de conducción.

En enero de 1981, mientras se realizaban los trabajos a grandes profundidades, hubo una exploración de gas metano en la que murieron 10 obreros y 18 quedaron heridos. Al mes de haberse inaugurado Chingaza, se presentó el primer derrumbe. Bogotá fue sometida al racionamiento. El daño le costó a la ciudad US$20 millones. A finales de 1985 la EAAB contrató un nuevo empréstito de $220 millones para el «revestimiento del túnel». Desde entonces se han producido desprendimientos en 1990,1992, 1993 y 1994. Tal inseguridad obligó a construir otro embalse, el de San Rafael, que costó US$85 millones y que hubieron de poner en funcionamiento a toda prisa, a dos meses de su inauguración, sin siquiera hacer a sus aguas los tratamientos biológicos de rigor.

El gerente de la Empresa ha dicho que el último mantenimiento en Chingaza se hizo en abril de 1995 y, pese a todas las advertencias de asociaciones de ingenieros y organismos de control, en 1996 los trabajos fueron aplazados supuestamente esperando poner en funcionamiento a San Rafael. Lo que resulta inexplicable es que según lo denunciado por Sintracueducto en El Espectador del 29 de enero, «desde el pasado mes de noviembre la Planta Wiesner comenzó a presentar altos índices de turbiedad en las aguas recibidas a través de los túneles provenientes del sistema Chingaza (tal como puede confirmarse en las bitácoras o archivos diarios de datos), lo que revela serios indicios de derrumbamiento en el interior de los túneles», pese a lo cual, ¡no se tomó ningún tipo de medidas! Aquí queda retratada de cuerpo entero la irresponsabilidad del señor Deeb, agente del Banco Mundial y uno de los mimados de la administración Mockus.

Fuera de la posible debacle sanitaria a la que se vería abocada la capital ¿cuál es el costo de la negligencia y la imprevisión? Si el mantenimiento periódico que debió realizarse en los túneles costaba seiscientos millones de pesos conforme a lo manifestado por Deeb, hoy la emergencia está costando ya cerca de $3.000 millones, en virtud de la política de la empresa de entregar a contratistas todos los trabajos posibles, así estos puedan realizarse mejor contando con el personal técnico de la empresa y con su invaluable experiencia. De hecho, la firma italiana Obresca, a la que se le otorgó el contrato de reparación, ha tenido que recurrir al auxilio de los ingenieros, obreros y equipos de la Empresa de Acueducto

Mockus y Deeb, sofistas de oficio
Mockus cree poder ocultar el fondo del problema con sus habituales payasadas y sus insoportables posturas «pedagógicas», a las que en esta ocasión, confesando su ineptitud, agregó la ocurrencia de pedir que los ciudadanos se encomienden a San Rafael arcángel. La magnitud del problema es tal, que el editorial de El Espectador del 1 de febrero señaló: «Quedan, sin embargo, dudas sobre la responsabilidad del incidente presentado en Chingaza, si es verdad como se afirma que desde noviembre pasado se tenía evidencia de la amenaza de derrumbe del túnel». Y El Tiempo editorializó así el 18 de febrero: «Si bien desde hace más de dos años era sabido que habría un desplome grave en Chingaza, la Alcaldía Mayor y la EAAB prefirieron esperar el desastre cruzadas de brazos», y agrega, «ahora se oye la desesperada petición del señor alcalde a los bogotanos, para que ahorren agua por todos los medios posibles, con algo de reproches porque el ahorro no es lo suficiente, y la amenaza del racionamiento se esgrime como castigo, no a la imprevisión de las autoridades, sino a los malos ciudadanos que gastan más agua de la debida.».

La personería ha iniciado una investigación, cuyas indagaciones preliminares establecieron negligencia por parte de la dirección de la Empresa, y encontraron la presencia de 88 fallas en el sistema. A ello el gerente respondió con cinismo: «Los colombianos en general no estamos acostumbrados a realizar mantenimientos y si se hacen es de vez en cuando. No somos precavidos».

Ésta no es la primera vez que Mockus y Deeb tratan de tapar con campañas «pedagógicas» sus actos de irresponsabilidad. En mayo de 1996, el desbordamiento de la represa de la Regadera manejada por la EAAB, produjo la inundación del barrio San Benito dejando en la miseria a 1.200 familias. En aquella ocasión el dúo de marras trató de utilizar la desgracia para aleccionar sobre el respeto a las rondas de los ríos, y cuando quisieron regañar con su perorata a los damnificados, éstos, indignados, les respondieron pedagógicamente levantándolos a tomatazos.

Que no se equivoque el profesor Mockus. Que no crea que la mazamorra es caldo, como dicen nuestros campesinos de la costa Caribe. Una cosa fue el apagón que el pueblo se aguantó en circunstancias diferentes durante el gobierno de Gaviria, y otra muy distinta es un racionamiento de agua de impacto impredecible sobre la paciencia ciudadana a punto de colmarse.

T. R.: ¿Cuál fue el aporte de la CGTD al proceso de unidad que hizo posible el paro?

Julio Roberto Gómez: El proceso tuvo su origen en lo que podríamos denominar la paciencia histórica de la CGTD. Desde cuando se firmó por primera vez el «pacto social», la CGTD asumió una actitud muy crítica frente al mismo, aun cuando sin romper en ningún momento con las demás centrales obreras.

Nosotros sabíamos que nuestra posición era correcta. Habíamos cotejado el «pacto social» mexicano durante los últimos siete años y concluimos que no trajo un mejorestar para los trabajadores. Una inflación menor no necesariamente significa bienestar para la clase obrera. En México los neoliberales lograron disminuir la inflación de 159% a 9%, pero a costa de reducir los salarios de los trabajadores en 32%, con un desempleo cada vez más desenfrenado y una mayor intervención norteamericana, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Al ir haciéndose evidente en Colombia el fracaso del «pacto social», empezó a darse un acercamiento entre la CGTD y las demás confederaciones. Y cuando el año pasado se instala la Comisión Permanente de Concertación, señalamos que no era bueno darle continuidad a un «pacto social» nefasto para los asalariados. En esa misma Comisión fuimos estrechando los lazos de fraternidad con las demás vertientes sindicales y acordamos con ellas, en octubre de 1996, que el nuevo salario no se discutiría dentro de las instancias del «pacto social» sino en la Comisión Permanente. Ya estaba en marcha el cambio en la CUT y se hacía evidente que se apuntaba hacia la institucionalización de esa central, lo cual facilitaba los acuerdos. La llegada a la presidencia del compañero Luis Eduardo Garzón permitió un acercamiento mucho más sólido y una posición totalmente unificada en las negociaciones con el gobierno sobre el salario mínimo.

Al iniciarse éstas en diciembre, logramos un segundo acuerdo de clase: no aceptar la tendencia que traía el gobierno de decretar un mínimo por debajo de la inflación causada. Como ya se anunciaba el 13.5% para los estatales, exigimos que el incremento se acordara allí mismo y para todo el mundo. El gobierno se negó a aceptar ambas propuestas y rompió la posibilidad de un aumento concertado.

Propusimos un coloquio para el 17 de enero, con la presencia de las centrales, incluida la CTC. Como en la segunda semana de enero el gobierno impuso el 13.5 %, se lanzó de inmediato la consigna de paro nacional. Así, lo que iba a ser un simple intercambio de opiniones, se convierte en una reunión nacional alrededor de la consigna, finalmente aprobada por unanimidad. Se acordaron también los cuatro puntos que terminaron por aglutinar a todas las vertientes. Por primera vez en la historia se lograba la plena unanimidad de las confederaciones y las fuerzas políticas dentro del movimiento obrero.

T.R.: ¿Qué actitud toma el gobierno frente al paro?

Julio Roberto Gómez: Serpa se dedicó a decir que era un paro infiltrado por la guerrilla. Obregón señaló que era un «paro de élites». Hay una constante entre los gobernantes de este país: cuando los sindicatos presentamos pliegos, no hay una sola empresa que no esté en quiebra. Y no hay un sola huelga que no esté infiltrada por la guerrilla.

T.R.: ¿Y la respuesta de los sindicatos?

Julio Roberto Gómez: Demoledora. Los petroleros disminuyen el bombeo de crudo, la planta de hidrocarburos trabaja a media marcha, Telecom se paraliza, como también el sector de la salud -salvo las urgencias- las penitenciarías, en fin, el servicio al público, hasta en el mismo Ministerio del Trabajo, la casa de Obregón. Al movimiento se unen, en solidaridad, los vendedores ambulantes.

La contundencia de la protesta hace que el presidente Samper tenga que establecer contacto con el Comando Nacional de Paro -que tenía su sede en la CGTD- y reiniciar las conversaciones.

En resumen, el paro canalizó la profunda inconformidad latente en el pueblo.

T.R.: ¿Cómo analizan ustedes el acuerdo, en lo económico y en lo político?

Julio Roberto Gómez: Yo soy muy franco en afirmar que el acuerdo, sin que resuelva los problemas fundamentales del país, es altamente satisfactorio. Se derrota la política oficial del 13.5% en materia salarial. Hay algunos salvajes que ahora dicen que porque no logramos romper la tasa de inflación, el paro es un fracaso. Se necesita ser muy obtuso para calificar como un fracaso lo que fue un éxito demoledor. Es un triunfo el que mucha gente haya subido al 20% y la gran mayoría al 18%.

En el punto de privatizaciones, se logra que inicialmente Ecogás sea una Empresa Industrial y Comercial del Estado. El caso de Telecom, no logramos la revolución en materia de telecomunicaciones, pero si defender los servicios de larga distancia en manos de la empresa, además de otros puntos que le salen al paso a la privatización. Frente a esta política mantenemos posiciones opuestas que van a ser debatidas ampliamente.

En materia de contratación colectiva, el gobierno se compromete a introducirle reformas al proyecto 072 para adecuar a la ley colombiana los Convenios de la OIT.

En el campo de la criminalización de la protesta, se va a abrir también el debate, transmitido por televisión, sobre la justicia sin rostro.

T. R.: ¿Y qué sigue este año?

Julio Roberto Gómez: Hay un Encuentro Nacional de Organizaciones Populares, previsto para el 17 de abril. Luego viene la conmemoración unitaria del Primero de Mayo, con movilizaciones que serán gigantescas, por el entusiasmo reinante.

Y luego un paro cívico o una huelgo general, una acción que todavía está por definirse y que dependerá de acuerdos dentro de este proceso que ya está en desarrollo.

T. R.: ¿En qué aspectos se fortalece el movimiento sindical?

Julio Roberto Gómez: Conquistamos un espacio político muy importante porque nos ganamos a la opinión pública. Este triunfo guarda una connotación histórica, que vigoriza al movimiento sindical, tan estigmatizado por sus detractores. El que reconozca el carácter disciplinado de la protesta y la importancia de la lucha como herramienta reivindicativa traza el camino que debemos seguir. En síntesis, se legitima el paro de protesta como un instrumento de la democracia. Contrasta esta actitud erguida con el lobby humillante que hicieron en Washington los ministros, mendigando la certificación. La clase obrera le dio al país una lección de dignidad.

La capital se surte principalmente de Chingaza y del río Bogotá, a través de los embalses de Tominé, Sisga y Neusa, cuyas aguas son tratadas en la planta de Tibitoc. Con el sistema de los ríos Tunjuelo y San Cristóbal y las plantas de Vitelma, San Diego y La Laguna, se completa la red de abastecimiento de la ciudad.

Para poder atender la emergencia se puso a trabajar a todo vapor la planta de tratamiento de Tibitoc, que en estos momentos proporciona 60% del líquido requerido. La actual crisis se produce en momentos en que el gobierno de Mockus pretende entregar en concesión este valioso activo por un término de 20 años. En contraprestación, la Empresa exige rehabilitar la planta y la red matriz Tibitoc-Casa Blanca, obras que tienen un costo estimado de $65.000 millones. En un documento elaborado en 1994 por el personal técnico que labora en la planta, se denuncia que la dirección de la empresa suministra exiguos recursos para su mantenimiento, pese a lo cual los equipos funcionan en un 95%. Presentan, además, una propuesta sustentada con cifras y el conocimiento directo de la situación, en la que demuestran que si se reinvirtiera 20% del producto de la planta en su rehabilitación, ésta se lograría en cuatro años a un costo muy por debajo del que se espera del concesionario.

Personal calificado de la empresa, cuya identificación nos reservamos, sostiene que el ritmo de trabajo al que se ha puesto a trabajar Tibitoc, sumado a la política de restringir los recursos para su mantenimiento, pueden resultar en consecuencias catastróficas.

Con razón los trabajadores de la EAAB han expresado su celo en la defensa del patrimonio de los bogotanos. En su comunicado del 29 de enero señalan que a pesar de lo desafortunado de la situación. «sirve sin embargo para demostrarla importancia que tiene la planta de Tibitoc como elemento estratégico frente a eventuales emergencias como la actual». Lo anterior es aún más cierto teniendo en cuenta la vulnerabilidad de Chingaza. Imaginémonos lo que ocurriría si cuando la ciudad necesitara disponer a plenitud de la capacidad de Tibitoc, los concesionarios se encuentran especulando con la producción de agua embotellada y en bolsas.

Bogotá, 28 de febrero de 1997.

La decisión del presidente norteamericano de «descertificar» por segundo año consecutivo a Colombia constituye ocasión para insistir, ante todas las fuerzas políticas y sociales del país, sobre la necesidad imperiosa de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía y contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos internos del país.

Pero a la vez, la circunstancia es propicia también para reafirmar, desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo de Colombia, que ningún Estado, por poderoso que sea, puede arrogarse el «derecho» de calificar o descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna.

Y mucho menos, si del tema del narcotráfico se trata, ya que como lo reconoce la comunidad internacional, éste es un problema cuya solución implica la responsabilidad y el aporte de todos los países, especialmente aquellos del mundo industrializado, donde se concentra la inmensa mayoría del consumo y del negocio de los narcóticos.

La economía y el capital financiero norteamericano son los grandes beneficiados de un oscuro negocio que mueve más de 500 mil millones de dólares al año, de los cuales sólo una vigésima parte llega a los países productores, según estudios de las agencias oficiales gringas.

Son los Estados Unidos los ganadores de la aplicación del neoliberalismo en América Latina, se benefician de la miseria de los pueblos y la ruina de las actividades productivas nacionales.

Hacen la guerra, negocian la paz, quitan y ponen gobiernos, venden armas y precursores químicos. Su doble moral doblega gobernantes sumisos y complacientes pero jamás atemorizará a los trabajadores y los pueblos.

Esta determinación imperial de los Estados Unidos incrementa la indignación y el desprecio del pueblo a los gobernantes de Colombia, que se han dedicado a consolidar el modelo económico neoliberal para beneficio del interés norteamericano, y a cumplir al pie de la letra todas y cada una de las inaceptables exigencias planteadas por el Departamento de Estado y el virrey Frechette.

La CGTD repudia el proceso de la «certificación», condena la genuflexa actitud de todos los funcionarios oficiales y dirigentes gremiales que se rasgaron las vestiduras en los pasillos del Congreso gringo, exalta la vertical actitud patriótica de la mayoría de la nación, a la que aún le importa la dignidad y la soberanía de Colombia y llama a la generalización de la protesta en las calles y plazas.

(Tomado de “Omnia consumata sunt” publicado en El Tiempo el 8 de noviembre de 1990. Francisco Mosquera, Resistencia civil, Bogotá, Editor Tribuna Roja, 1995, pp. 441-444).

Dentro del desconcierto prevaleciente se escuchan voces que, no obstante su inconciencia, destapan en unos cuantos señalamientos aspectos sustanciales de la verdad oculta. Después de echarle un vistazo a la creciente fragmentación económica universal y de tomar nota de los rumores pesimistas que bullen en los pasillos de las difíciles negociaciones comerciales del Gatt, llevadas a efecto al otro lado de la frontera, en la célebre Ronda de Uruguay, El Mercurio, de Chile, en sus glosas editoriales del 8 de octubre último, se quejaba de «dos fenómenos» que «marcan» una «tendencia mundial»: «El primero es el mayor proteccionismo que amenaza la política de libre intercambio, a la cual obedece la enorme prosperidad económica vivida en las últimas décadas en el mundo industrializado. El segundo es la formación de bloques comerciales que agrupan a determinados países para establecer un comercio libre intrarregional y, en ciertos casos, armonizar incluso las políticas económicas». Llama la atención que semejantes deducciones provengan del país piloto de la apertura. No es que el diario ya no crea en ella; sencillamente ha empezado a objetar, un tanto tarde y a la buena de Dios, de qué modo las metrópolis les instilan a los pueblos expoliados el liberalismo económico de nuevo cuño, mientras entre ellas levantan murallas férreamente proteccionistas. Una contradicción obvia, comprensible y explicable.

Entre nosotros también han surgido comentarios adversos al proyecto aperturista, siendo que aún no hemos padecido sus calamidades. Desde cuando encumbrados funcionarios dieron como un hecho irreversible que la agricultura colombiana había de sufrir, sin atenuantes, el hostigamiento de los competidores foráneos, el doctor Gabriel Rosas Vega,* basado en su experiencia, se opuso y trajo a colación que las sociedades altamente industrializadas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea gastan decenas de miles de millones de dólares en subsidios con los cuales sostienen el rendimiento de su producción agrícola, sin que ello sea óbice para aconsejar le al Tercer Mundo que elimine los suyos. A su turno, muchos sectores gremiales que se mueven entre la incertidumbre y la esperanza han puesto en circulación sus críticas, sus reclamos, sus falencias. Coinciden todos en que hay una infinidad de problemas represados, debido a la acción indolente de administraciones sucesivas, para que la actual salte hoy a la escena con un montón de programas improvidentes cuyo efecto inevitable sería la desaparición de los frutos del trabajo de varias generaciones colombianas. Y la clase obrera ha declarado para este 14 de noviembre un paro cívico nacional contra la apertura económica, contra la privatización de las entidades del Estado y en defensa de sus caras conquistas sindicales, objetivos que por sí solos hablan tanto de la claridad y de la decisión de los trabajadores como de su patriotismo. Las fuerzas sociales que velan por la soberanía de Colombia contribuirán a esta pelea histórica que se nos ha impuesto, pero al proletariado le corresponden el deber y la distinción de encauzarla.

Una advertencia a manera de epílogo. Los representantes del gobierno han creado falsas expectativas en torno al eventual aumento de las inversiones extranjeras que registraríamos, si llevamos sin vacilaciones y hasta las últimas consecuencias la apertura económica. Pero al margen de cualquier otro análisis, el flujo de aquéllas, grande o pequeño, no elevará realmente el nivel de vida de nuestra población. Como su movimiento está determinado por la ley de la máxima ganancia. y al país vienen a resolver no las dificultades ajenas sino las propias, agravadas con la agudización de la competencia mundial, se concentrarán en los negocios que más reditúen y con las condiciones previstas dentro de la reforma laboral, o sea la utilización de la mano de obra menos cara posible.

Por los días de agosto en que los colombianos supimos con sorpresa que las telecomunicaciones serían privatizadas de inmediato, el doctor Emilio Saravia Bravo, aún presidente de Telecom, en enhiesta posición y patriótica actitud de rechazo a las medidas, hizo hincapié en un par de consideraciones fundamentales: que no se podía “desaprovechar una infraestructura montada por el Estado durante cuarenta años”: y que si se pierde esa fuente de ingresos tendrán que «revisarse planes de alcance social indiscutible como el Plan Nacional de Telefonía Rural». Seguramente sin proponérselo, el doctor Saravia traza la única línea válida de desarrollo para el pueblo colombiano: hacer valer lo suyo y vincular al progreso las zonas atrasadas. Mas eso no lo lograremos sin las denigradas partidas de apoyo a los frentes de la producción con mayores penurias, sin el llamado «crédito de fomento», y, en suma, sin que destinemos parte de la acumulación nacional al adelanto de los sitios relegados pero que entrañan enormes potencialidades para el porvenir de la nación entera. El doctor Saravia concluye: «Lloverán propuestas para prestar los servicios rentables, pero se dejarán de lado las comunidades que no disponen siquiera de un teléfono y a las que se llega con pérdidas». Los capitales imperialistas, a los que atribuimos no sin razón las más maravillosas realizaciones en los anales de la industria moderna, no logran suprimir el desequilibrio secular entre los centros ricos y la periferia pobre. Al contrario, erigen su esplendor sobre el ahondamiento de aquellas desigualdades, tanto dentro de las repúblicas que los acogen como a escala internacional. Quienes creen que la ley de la rentabilidad decide desde el nacimiento y muerte de las fábricas hasta el «auge y caída de las grandes potencias», abrazan el más grosero economismo. Si hay alguna actividad en la que se den cita tarde que temprano las influencias del resto de las funciones sociales, sin excluir la enseñanza, el arte de gobernar, el ordenamiento del pueblo, o la guerra, ésa es la producción, que proporciona los bienes materiales y sostiene al hombre.

De las incidencias de tales elementos y de sus relaciones, que con el avance se tornan más y más complejas, depende la evolución de la sociedad. De ahí que al Estado moderno le corresponda un creciente papel en la conducción económica, que con toda certeza no habrá de desaparecer por la apertura. Las mismas trasnacionales necesitan de la capacidad económica de los gobiernos, sin la cual no habría quién atienda los frentes no rentables, que en materia de servicios o infraestructura, por ejemplo, son imprescindibles en el desarrollo productivo. La solvencia oficial se requiere igualmente. y en alto grado, como garantía de cumplimiento de los compromisos bilaterales o multilaterales acordados entre las naciones por diversas causas: y para que la administración pública vele por los pobres, quienes van pasando poco a poco de la «formalidad» a la «informalidad», y habida cuenta de que las revoluciones también repercuten en la economía. Por lo que respecta al descontento del pueblo, éste impedirá que la privatización abarque a muchas empresas estatales. Y si la preocupación estriba en las malas administraciones, procuremos designarlas buenas.

Lo curioso de este complicado asunto radica en que a pesar de todo la tasa de ganancia de las trasnacionales seguirá descendiendo v los problemas propiamente obreros se propagarán sobre la superficie del orbe. Los costos de producción en los países semiindustrializados del Sudeste Asiático, en donde floreció primero la subcontratación internacional, han ido incrementándose por variados motivos, entre los cuales se destacan las luchas de los sindicatos. Los monopolios norteamericanos y japoneses buscan otras naciones receptoras, baratas, como Tailandia, Filipinas, Malasia y el mismo México. La internacionalización del capital acabará entrelazando al mundo en tal forma que la división del trabajo propia de las grandes factorías se efectuará a través de países y de continentes y no ya bajo un solo techo. Unos producirán las partes o los componentes de los productos y otros los acabarán o ensamblarán, ahondándose las desigualdades entre la porción desarrollada del mundo y la indigente. Las contradicciones entre los bloques económicos tampoco conocerán límites: la crisis se extenderá con todos sus estragos. Y la clase obrera se hará sentir en grande.

Contraria contrariis curantur. Las cosas se curan por medio de las contrarias.
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* El señor Rosas Vega pasó de reclamar fomento oficial a los renglones productivos a gendarme del recorte del gasto público. Conocidas metamorfosis de los altos funcionarios (Nota de la Redación).

T. R.: El cambio de dirección ocurrido en la CUT, ¿cómo repercutió en el proceso de unidad que hizo posible el paro estatal?

Luis Eduardo Garzón: Durante los pasados 18 meses se libró en el seno de la Central una confrontación por su conducción.

Pero llegó un momento en que esa línea de conducta fue insostenible. Lo que entró en crisis fue la conciliación con el «pacto social», como también la pérdida de autonomía frente al gobierno, hecha aún más notoria cuando el presidente de la CUT, Orlando Obregón, acepta el Ministerio del Trabajo.

Se hacía necesario entonces cambiar el rumbo, poner el énfasis en la movilización y la lucha, en la defensa de los derechos conculcados. Y fue precisamente eso lo que decidieron las bases de la CUT, por voto universal, en octubre de 1996.

La anterior dirección desconocía la posibilidad de marchar hombro a hombro con las demás centrales. Se calificaba a la CGTD, por ejemplo, de contestataria. Tales posturas también hicieron crisis, y desde el pasado Primero de Mayo empezamos a trabajar por sacar adelante la unidad.

A la elección directa se desembocó entonces con propuestas muy claras contra la política «social» del gobierno, totalmente demagógica y en franco deterioro.

Ya en ese momento podía percibirse en el ambiente que la inconformidad frente al neoliberalismo oficial iba en aumento. Tan sólo en Bogotá, durante 1996, hubo 93 movilizaciones contra medidas del gobierno.

Todo ello, y la actitud autocrítica de la CTC, hicieron posible las reuniones del 17 y 20 de enero, cuando se suscribieron los acuerdos que culminaron en el paro estatal.

T. R.: ¿Cuál es el balance que hace la CUT sobre el paro?

Luis Eduardo Garzón: En este movimiento hay varios hechos sin precedentes. Primero, no fue un cese de 24 horas sino de siete días. Segundo, es la primera vez que se registra una coincidencia tan unánime dentro del movimiento obrero. Mérito indiscutible del comando de paro fue el haber reunido en cuatro puntos los objetivos, de por sí heterogéneos, tras de los cuales iban Fenaltrase, la USO, Sittelecom, los guardias del Inpec y las demás organizaciones.
Tampoco tiene antecedentes la composición social de los participantes. Desde sectores productivos, como Ecopetrol y Telecom, hasta guardianes, profesores universitarios, venteros ambulantes, médicos y enfermeras, transportadores, personal de la Contraloría y los Ministerios, y abogados de la Defensoría.

T. R.: ¿Cuáles eran los factores favorables?

Luis E. Garzón: Lo primero, la gente quería pelear. Había una enorme inconformidad represada que desde agosto de 1996 intentaba manifestarse, hallar una salida. Las marchas campesinas e indígenas, el bloqueo de los tractomuleros, las quejas de los militares en retiro, las numerosas marchas, así lo indicaban.

De otra parte, el desprestigio del gobierno, derivado de su política antipopular y del clima de crisis por los efectos de la descertificación, contribuyeron asimismo a que la agitación del paro fuera creciendo.

La cuenta de cobro que le pasa a Samper el partido conservador y los preámbulos de la campaña electoral hacían que el partido liberal no pudiera lanzarse a reprimir abiertamente, a diferencia de lo ocurrido en 1977. Sí trataron de desmontarlo tildándolo de «paro guerrillero» o de «paro con objetivos políticos», como lo señalaran Serpa y Obregón. Pero tuvieron que tragarse sus palabras ante la fuerza y el carácter pacífico del movimiento.

T. R.: ¿Qué es lo esencial de los acuerdos?

Luis Eduardo Garzón: Los cuatro puntos tenían todos un contenido político muy claro y combativo contra el neoliberalismo. Por eso constituye un avance significativo no sólo el haber roto la política salarial del 13.5%, sino también haber forzado al gobierno a firmar un acuerdo sin represalias, pues un aspecto básico de la política neoliberal es la represión: ni el recorte de los salarios ni las privatizaciones se pueden imponer sin criminalizar antes la protesta social. Ya es un paso adelante el que el gobierno mismo haya reconocido que aquí se penaliza la lucha popular. Y se va a abrir un gran debate contra la justicia sin rostro.

Con el acuerdo, la contratación colectiva para los empleados estatales pasa a ser una de nuestras prioridades inmediatas.

Sobre las privatizaciones, meollo de la política neoliberal, lo tangible no es por ahora mucho, pero con lo firmado las centrales anuncian que mantienen este objetivo para próximas movilizaciones. Ésta es una característica política muy importante del pasado paro estatal: que configura una proyección para peleas superiores.

T. R.: ¿Qué avances políticos obtuvo el movimiento obrero?

Luis Eduardo Garzón: El más importante, haber consolidado el proceso unitario entre las diferentes centrales, con propuestas muy claras que les van a servir de base al movimiento obrero y al pueblo para las necesarias batallas que habremos de librar en 1997, al que en la CUT hemos calificado como el «año de la lucha social, la paz y la unidad».

No sólo la CUT ganó en legitimidad, sino también las demás centrales. Los colombianos nos están escuchando cada vez más en temas como la descertificación y las imposiciones de Estados Unidos.

T. R.: Bueno ¿y qué sigue?

Luis Eduardo Garzón: Ante todo, preparar el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales para mediados de abril. Allí se hará el balance del camino recorrido y se acordarán nuevas y más amplias acciones.

Sobre la posibilidad de convenir la realización de un paro cívico, pienso que éste debe ser consecuencia de un compromiso real y masivo de todos los sectores firmantes: un compromiso serio que garantice que en efecto el paro cívico se va a llevar a cabo y que defina cuáles serían sus objetivos.

El Comando Nacional Unitario y las organizaciones sociales y políticas, reunidas para analizar las últimas manifestaciones de la injerencia norteamericana sobre nuestro país y las acciones de protesta que se realizarán el miércoles 5 de marzo en las principales ciudades de Colombia, declaran:

1. Ningún Estado puede arrogarse la facultad de calificar o de descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna. Los trabajadores y el pueblo de Colombia rechazan el procedimiento colonial de la «certificación», utilizado por el gobierno norteamericano sobre los demás países como presión para la imposición de sus políticas, trátese de asuntos comerciales, de inversión, militares o de narcotráfico.

2. La decisión de «descertificar» por segundo año consecutivo a Colombia reafirma la necesidad de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía, contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos del país y el rechazo a gobernantes y dirigentes políticos y gremiales que de una u otra forma han puesto sus responsabilidades en el sentido señalado por Washington.

3. La gravedad del inaceptable pronunciamiento gringo, de clara naturaleza imperialista, no se puede soslayar señalando al país que es «injusto», «unilateral». «político» y «desmoralizante». Para los trabajadores y el pueblo constituye una razón más para incrementar su indignación y desprecio al gobierno de Ernesto Samper, que se ha dedicado, sumisamente, a consolidar el modelo económico neoliberal -para beneficio del interés norteamericano- y a cumplir todas las exigencias planteadas por Clinton y el virrey Frechette. Las medidas, declaraciones y actos de los funcionarios de Estados Unidos contra Colombia generan entre los demócratas y los patriotas un incremento del sentimiento de nacionalismo, necesario para defender la soberanía y combatir la subyugación.

4. El gobierno norteamericano, al reiterar las pocas exigencias aún no satisfechas, ha vuelto a colocarla extradición de colombianos como la más importante de ellas. Los firmantes de esta declaración enfatizamos nuestra posición contraria a esta pretensión. Es claro que el tratado negociado en 1979 con Estados Unidos no está vigente y la extradición está expresamente prohibida por la Constitución. Este asunto, más que jurídico, es de soberanía y la insistencia gringa para que se entreguen nacionales con el fin de juzgarlos y condenarlos es inadmisible y contrario al principio de la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la modificación o la eliminación del artículo 35 de la Constitución, como ha anunciado hacerlo el gobierno a través de un proyecto de reforma constitucional.

5. Como las viejas y muevas exigencias norteamericanas contarán con el respaldo del gobierno y los dirigentes políticos y gremiales ya señalados, los trabajadores y el pueblo ejerceremos el derecho a la protesta contra la intervención gringa y a la denuncia de quienes la acepten o la promuevan.

Bogotá, 3 de marzo de 1997.

CUT, CCTD. CTC, (PC. Comando Distrital de Paro, Utradec. Fenaltrase, Futee, USO, Sittelecom. Federación de Profesores Universitarios, ASPU, Sindess, Anthoc, Sindesena. Asdecol, Sintracreditario, SintraelecoI, MOIR y Partido Comunista Colombiano.