Comunicado del MOIR: EL PARO ENTRAÑÓ RESISTENCIA

Por el justo y correcto contenido de sus objetivos y por la combatividad que para alcanzarlos demostraron con sus movilizaciones en masa, los trabajadores estatales, contando con el respaldo del resto del proletariado, convirtieron el paro que acaban de realizar en el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.

Tal trascendencia radicó en que el movimiento apuntaba objetivamente contra soportes medulares de la política neoliberal que en su plan de recolonización impulsa Estados Unidos y que el gobierno de Samper Pizano, continuando lo establecido y actuado por la panda de la administración Gaviria, está aplicando con particular celo e intensidad. En efecto, ir en contra de la privatización de empresas que varias generaciones de colombianos convirtieron en patrimonio público, rechazar las leves y medidas coercitivas respecto al pleno ejercicio de los derechos laborales, repudiar la insoportable explotación a que se quiere someter a las masas laboriosas al escamotear aún más sus salarios, y rebelarse ante el intento de los principales sabuesos de la Fiscalía de hacer penables las justas luchas obreras y populares, corresponde, de hecho, a las posiciones y acciones superiores: las de resistencia frente al plan de subyugación económica y política que lleva adelante el imperialismo norteamericano.
También, sin ninguna duda, son posturas y conductas de resistencia a la política de entrega y abyección que en consonancia con ese plan aplica el gobierno samperista. Cuestión de la mayor relevancia en estos días cuando el gobierno se apresta, medroso y menguado en presencia de la próxima decisión de Clinton sobre la certificación, a cumplir con mansedad los dictados de Washington, entre otros: condescender para que fuerzas militares gringas vayan en corso contra naves y tripulaciones colombianas; conceder la extradición de nacionales para su juzgamiento y castigo en los Estados Unidos; autorizar las actividades de personal militar y policíaco estadounidense en operaciones efectuadas en nuestro territorio y, en fin, reformar la Constitución y las leyes, en especial las referente a la justicia, hasta colmar los criterios fascistas que emanan de la Casa Blanca.

En su desarrollo, el paro hizo evidente de nuevo que sólo la lucha forja conquistas valiosas y que, de ellas, las de mayor proyección son las encauzadas a crear condiciones materiales y políticas que precisa la población para librar combates de envergadura estratégica. Ningún avance realmente significativo podrán consolidar los trabajadores en derechos que les son tan preciados y necesarios -los derechos al trabajo, la estabilidad laboral, la organización, la negociación colectiva, los procedimientos democráticos en el trato de todos sus litigios, las mejores condiciones salariales y la cultura- si primeramente, junto con el resto de la nación, no echan abajo de raíz el intervencionismo norteamericano y derrotan las diferenciadas vertientes colaboracionistas, empezando por las empotradas en las ramas del Estado.

Dentro de semejante contexto político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre.

Comité Ejecutivo Central

Bogotá, 18 de febrero de 1997.

En las próximos semanas: PAROS CÍVICOS EN ITAGÜÍ Y AMAGA

PAROS CÍVICOS EN ITAGÜÍ Y AMAGA
El alza de 55% en el impuesto predial, el aumento en las tarifas de los servicios y el cobro anticipado de 30% del impuesto de industria y comercio han hecho que en el municipio de Itagüí los afectados anunciaran un paro cívico para una fecha próxima, aún por definirse.

La pesada carga tributaria ahonda aún más la aguda recesión y el desempleo que sacude al Valle de Aburrá, donde cientos de empresas y establecimientos comerciales han debido cerrar sus puertas -entre ellas, dos factorías de Coltejer y buena parte de Tejicóndor-, castigados por la apertura.

En las reuniones preparatorias de la protesta ciudadana han participado los concejales Jorge León Montoya y Francisco Abad, y los líderes cívicos Alirio Sánchez y Eloísa Ossa. Gonzalo Mejía, del MOIR, llevó la representación del movimiento local Ciudadanos por el Cambio.

Desobediencia civil en Amagá
Una combativa marcha de cinco mil personas, que contó con el respaldo de comerciantes y transportadores y del sindicato de la industria minera, paralizó el domingo 13 de febrero las actividades en esta población del suroeste antioqueño. Los participantes aprobaron realizar un paro cívico en el mes de marzo.

La protesta, encabezada por los concejales Javier Vélez, Octavio Marín y Francisco Moncada y por la dirigente Elvia Torres, rechazó las escandalosas alzas en el impuesto predial y las tarifas de acueducto, aplicadas por el alcalde Ángel Custodio Álvarez. Los voceros de la comunidad llamaron a la desobediencia civil y a no pagar las facturas.

El comité de paro está compuesto, además de los líderes mencionados, por Hernán Taborda, dirigente del MOIR.

LAS FALACIAS DEL «MILAGRO» CHILENO (I)

Por Violeta Osorno

La apertura se inició en Chile en 1974. Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en el cual fue derrocada la Unidad Popular de Salvador Allende, se instauró un régimen dictatorial que suprimió de tajo las libertades y desató una de las olas de terrorismo de Estado más violentas conocidas desde la posguerra. Irónicamente, su bandera fue la «defensa de la libertad individual» bajo cuyo pretexto se limitó la intervención estatal y se entregó a los monopolios privados la responsabilidad de la conducción económica, de cuyo crecimiento emanaría naturalmente el desarrollo que reduciría la pobreza.

Sumiso ante las exigencias externas, el régimen militar estableció una serie de reformas, muy similares a las que desde el gobierno de Gaviria se han aplicado en Colombia: 1) Inició la reducción del tamaño del Estado v la eliminación de empleos públicos. 2) Comenzó a privatizar las empresas estatales. 3) Disminuyó bruscamente el gasto público, especialmente en los sectores de educación, salud y vivienda y destinó irrisorios recursos a las demagógicas “redes de solidaridad social”. 4) Implantó un conjunto de reformas a la Constitución, a la legislación laboral, al régimen de pensiones y de seguridad social, tendientes a abaratar los salarios y atraer los capitales extranjeros.

La crisis no se dejó esperar: entre 1974 y 1988, el PIB chileno permaneció estancado e incluso entre 1982 y 1983 cayó 16.5 %. Los tan mentados éxitos económicos de los años 1977-1981 y 1984-1989 apenas compensaron las fuertes recesiones experimentadas en los periodos anteriores.

El desempeño industrial fue desastroso. Su producción per cápita disminuyó frente a los niveles de la década del 60. En 1981, uno de los años de mayor productividad, el número de establecimientos sólo alcanzó 87% de los existentes en 1967. La tasa de crecimiento estuvo muy por debajo de la de los demás países de Latinoamérica, exceptuando Argentina.

En los seis primeros años de dictadura, el sector productivo vio reducido su crecimiento a menos de la mitad del periodo anterior. La participación de la industria en el PIB bajó de 29% a 21 % de 1972 a 1980. La expansión se dio únicamente en el comercio y en un nivel mínimo en los servicios, con la quiebra masiva de productores en las demás áreas. Entre 1973 y 1980 hubo 1.611 quiebras de empresas, con un número siempre mayor de año en año. La agricultura limitó su desarrollo a los sectores ligados a la exportación, tales como las frutas y maderas.

La superficie destinada a cultivos como el trigo, el maíz y la remolacha, se redujo en 32%. Los precios reales recibidos por los agricultores chilenos se contrajeron en 25%.

Para agudizar la crisis productiva, el régimen militar bajó el arancel a una cifra única de 10%, desmontó las barreras no arancelarias a las importaciones y estableció amplias facilidades para endeudarse en el exterior. El mercado se inundó de productos baratos, ante los cuales la industria y la agricultura se encontraron desprotegidos.

El nivel de endeudamiento externo fue mayor que en el grueso de países latinoamericanos, hasta tal punto que en 1988 casi triplicaba el de Colombia, colocándose en los US$ 1.485 per cápita.

Alwyn y Frei: antidemocracia y proimperialismo
A pesar de la represión vivida, el descontento popular se hizo inatajable. Los salarios habían caído a menos de 75% del nivel alcanzado en 1970. El desempleo se colocó en cifras superiores a 20%, sin tener en cuenta que se consideraba como empleado a todo aquel que hubiera trabajado por lo menos una hora en la semana anterior a las encuestas. El desempleo también se disfrazó con un plan consistente en ofrecer un trabajo de baja calificación por una paga aproximada a la mitad del salario mínimo, en lugar del clásico seguro de desempleo.

También se inició un proceso de «flexibilización» del mercado de trabajo, reduciendo las trabas para la libre y descarnada explotación de la mano de obra al menor costo posible. La primera etapa de la dictadura estuvo caracterizada por la violenta persecución a sindicatos y dirigentes y el desconocimiento a los derechos conquistados. Tal política se institucionalizó en su segundo decenio con la expedición del nuevo Código de Trabajo en 1987 y la Reforma Previsional, de las cuales son simples copias las nefastas leyes colombianas 50 y 100.

La miseria desbordada desató la inconformidad. Por este motivo, y en consonancia con su nueva política mundial, Estados Unidos recomendó instaurar un gobierno que, bajo una fachada democrática, estableciera paliativos para suavizar la tensión política y complementar la obra depredadora de la apertura.

Fue así como nacieron los gobiernos de la “Concertación”. Con una pretendida crítica al modelo económico establecido durante el régimen militar, Patricio Aylwin y Frei han profundizado la aplicación de medidas antinacionales. En la presente década Chile ha firmado la mayor cantidad de convenios comerciales para facilitar las inversiones de Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos y asiáticos, hace afanosos esfuerzos para ser incluido en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica y se apresta para ingresar a Mercosur. Los fondos de pensiones, controlados por el capital extranjero, se han convertido en propietarios de la mayor parte de las empresas y controlan más de US $27 mil millones, equivalentes a casi la mitad del PIB chileno.

A raíz de la privatización de la telefonía de larga distancia en 1994, los monopolios estadounidenses han adquirido las principales empresas y las utilizan como testaferros para controlarlas telecomunicaciones en otros países, como es el caso de Colombia, en donde por intermedio de la compañía Télex de Chile, el pulpo Texcom aspira a participar en la subasta de Telecom. Otro tanto ha sucedido con el negocio de la electricidad.

El tan aplaudido crecimiento económico, que para 1996 fue de 7%, por encima de varios países latinoamericanos, ha dependido en realidad del auge de la especulación financiera, en desmedro de la industria y el agro. Por ello, la Sociedad Nacional de Agricultores ha exigido medidas proteccionistas y rechazado la vinculación de Chile a Mercosur. En respuesta, Frei propondrá este año una nueva reforma tributaria, en la que por concepto de rebajas arancelarias el fisco perderá cerca de 650 millones de dólares.

El país está hipotecado. En 1996 la deuda externa totalizó más de US$ 21mil millones, de los cuales US$15 mil corresponden al sector privado y US$6 mil al sector público. Entre tanto, la inversión extranjera, verdadera beneficiaria del «milagro», pasó entre 1990 y 1995 de US$1.461 a US$4.337. Debe tenerse en cuenta que la tasa de interés en Chile es inferior a la de la mayoría de países latinoamericanos (5.5% frente a43% de México, 39% de Colombia, y 7.5% de Argentina), lo cual explica el interés de los conglomerados financieros por echar mano del ahorro chileno para invertirlo en otras naciones del continente.

El alabado superávit fiscal, así como la reducción de la tasa media de inflación hasta colocarse en 7% en 1996, han sido el producto de fuertes reducciones en el gasto público, la venta del patrimonio nacional, las masivas importaciones v el deterioro de los salarios.

Esta sumisión le valió a Frei la más apoteósica bienvenida brindada a un primer mandatario latinoamericano por parte de Clinton y el Congreso gringo, en su reciente visita a Washington.

«Chile no ha podido con la pobreza»
Así lo reconocía El Tiempo, el 23 de septiembre de 1995, constatando los nefandos efectos de la política neoliberal de los gobiernos de la Concertación. En 1993 Chile tenía la peor distribución de ingresos de América Latina después de Brasil: el 20% más rico ganaba 17 veces lo que percibe el 20% más pobre. La pobreza se agudiza por el envilecimiento de los salarios: para 1996, el salario mínino en Chile era sólo de US$151.

La situación de la clase obrera se torna insoportable. El contrato colectivo de trabajo ha desaparecido con la modalidad de ligar los salarios a la «productividad», esto es, someter a los operarios a intensas jornadas por una paga que escasamente garantiza la supervivencia. Los sindicatos solo pueden negociar a nivel de empresa, lo cual debilita la posibilidad de conseguir reivindicaciones colectivas por rama industrial. Se eliminó el aumento anual de salarios según la inflación. Se han recortado o suprimido las indemnizaciones por despidos y se permite contratar personal en períodos de huelga, golpeando las garantías sindicales. Estas medidas han sido complementadas con el contrato a destajo en talleres domiciliarios que los mismos empresarios ayudan a instalar, despidiendo parte de sus trabajadores con el señuelo de convertirlos en “prósperos” microempresarios, birlándoles así sus salarios y prestaciones. El número de empleos estables y calificados disminuye, frente a un número creciente de trabajadores transitorios con menor remuneración, que puedan desempeñar oficios en varias áreas de la producción, con menor calificación («trabajadores polivalentes») facilitando a los empresarios reorganizar la producción cada vez que se requiera. Cabe destacar aquí la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, en ocupaciones de baja remuneración, corta duración y tiempo parcial. Es de esta y no de otra forma como se explica la baja tasa de desempleo de 6% de la que se ufanan los voceros oficiales.

Para contradecir otra de las falacias del «milagro» chileno, la reducción de personal o la reorganización productiva no han significado un avance tecnológico, en contravía de las tesis propaladas por los aperturistas. Este hecho se confirma con el incremento de la informalidad, que en 1995 alcanzó 45% de la fuerza laboral agrícola. 20% de la industrial y 30% del sector de los servicios.

A pesar del debilitamiento de las organizaciones sindicales y las aspiraciones reformistas de algunos de sus dirigentes que han respaldado el gobierno catalogándolo de democrático y progresista, la CUT, única central obrera chilena, realizó en 1994 una exitosa marcha general de protesta. El año pasado se registraron movilizaciones de más de 300.000 trabajadores. Las huelgas en las minas de Chuquicamata y Lota contra los despidos masivos y planes de «modernización», que pretendían despedir a más de 500 obreros, se extendieron por más de dos meses. La huelga de 120.000 maestros por condiciones salariales dignas duró más de dos semanas. El paro nacional de la salud denunció la privatización de los servicios sanitarios, anunciada para 1997. Los trabajadores portuarios se tomaron las instalaciones en Valparaíso para protestar contra la privatización. En marzo, cientos de campesinos bloquearon la carretera panamericana para protestar por la incorporación de Chile a Mercosur. Y los disturbios ocurridos el 11 de septiembre, con ocasión del aniversario del golpe militar, obligaron al gobierno a plantear la idea de eliminar esta fecha como día de fiesta. A pesar de la amenaza que el gobierno ha hecho de retornar a la dictadura si las masas y los gremios no se someten a las políticas económicas y sociales, crece el descontento y se pone al orden del día la lucha mancomunada de la clase obrera y el pueblo chileno y el respaldo proletario continental contra las imposiciones del imperialismo.

En Santander de Quilichao, Cauca: REBELDÍA CONTRA DESCENTRALIZACIÓN

Debido al congelamiento de la nómina de maestros que mantuvo el gobierno por espacio de doce años, los municipios en el país se vieron obligados a contratar 30 mil docentes y los del Cauca 1.600. A fines de 1996, en Quilichao eran ya 147 los maestros adscritos por este sistema.

Desde el 17 de febrero, los profesores, con el respaldo de tres mil habitantes de las comunidades afectadas, principalmente del área rural, iniciaron una protesta en la vereda Quinamayo, sobre la vía Panamericana, para exigir que se entregaran adecuados recursos financieros. El 19, ante la falta de respuesta del gobierno, la comunidad decidió hacer una toma de la Panamericana, la cual fue reprimida violentamente por orden del gobernador Rodrigo Cerón. Hasta el alcalde encargado, Rodrigo Cifuentes, sufrió las consecuencias de la arremetida oficial.

La actitud del alcalde y su gabinete y del concejo, en cabeza de los dirigentes Alberto Bustos, Wilmer Tegue y Luis Ocampo, ha sido de pleno respaldo a la justa petición de los docentes. En el movimiento han tenido activa participación los cuatro resguardos indígenas, lo mismo que el campesinado y la Asociación de Juntas Comunales.

Atropello en Telecom
El 15 de febrero representantes de la multinacional Northern, filial de la AT&T, en asocio con oscuros personajes, entre ellos el gerente regional de Telecom. Édgar Darío Muñoz, asaltaron la planta de esta empresa en Quilichao y traspasaron a 2.300 abonados al consorcio extranjero.

En octubre de 1995, el concejo de esta población y la asamblea del Cauca rechazaron el convenio de joint venture con la Northern y exigieron que fuera ampliada la planta de Telecom, con capacidad para 100 mil líneas.

Los términos del contrato no pueden ser más desfavorables para el interés nacional. La Northern se compromete a instalar una planta nueva y a suministrar 6.400 abonados -ya se apropió de 2.300 que eran de Telecom-, a cambio de 80% de todos los ingresos en los próximos nueve años.

Telecom queda obligada a suministrar la infraestructura de redes existentes, hacer la comercialización y pagar la nómina. Santander de Quilichao factura 1.500 millones de pesos al año, que se le entregan a la multinacional, en abierta violación de los pactos convencionales.

Otro atropello de la política privatizadora.

Mensaje del MOIR: EN LA MUERTE DE DENG XIAOPING

Bogotá, febrero 19 de 1997 Camaradas
Comité Central
Partido Comunista de China Beijing,
República Popular China

Apreciados camaradas:
En nombre de todos los militantes del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR queremos expresarles a ustedes, a los miembros del Partido Comunista de China y a todo el pueblo chino nuestras rendidas condolencias ante el fallecimiento de su prominente líder, el camarada Deng Xiaoping.

El camarada Deng Xiaoping ocupó importantes puestos de dirección durante las guerras revolucionarias que, bajo la dirección del Partido Comunista de China comandado por el Presidente Mao Tsetung, libraron la clase obrera y el pueblo chinos hasta alcanzar su histórica liberación el 1° de Octubre de 1949. Igualmente, desempeñó luego papeles de mando cuando el Partido y el gobierno chinos se pusieron al frente de la revolución y construcción socialistas. Con posterioridad a la muerte de Mao Tsetung, en 1976, el camarada Deng Xiaoping se convirtió en el máximo dirigente del Partido Comunista y el gobierno y trazó la orientación política y económica que ha desarrollado la República Popular China en el transcurso de los últimos veinte años.

Comprendiendo que para China, su Partido Comunista y su gobierno el deceso del camarada Deng Xiaoping representa una gran pérdida, les reiteramos nuestro sentimiento de respetuosa condolencia, seguros de que la gran nación china sabrá superar esta hora de dolor, vencer todas las dificultades en su marcha inexorable hacia un futuro luminoso en lo político, económico y cultural, y brindar su inmenso aporte al progreso de toda la humanidad.

Reciban nuestro fraternal y revolucionario saludo,
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, secretario general

LA NOVÍSIMA REGRESION DEL DERECHO

Por Esperanza Lozano Castillo

Con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, los tres últimos gobiernos han venido barriendo de nuestra legislación hasta los vestigios del derecho democrático burgués. Ante los apremios de los Estados Unidos y las borrascas de prensa, se ha trastocado toda la normatividad jurídica existente por una moralizante, hecha adhoc.

Estas artimañas hacen parte del llamado jactanciosamente nuevo derecho, el cual es inestable, no guarda ningún respeto por la norma escrita, no disimula sus propósitos políticos y reniega de los procedimientos jurídicos en aras de una pretendida eficacia. Al respecto vale la pena citar a uno de sus pontífices, Boaventura de Sousa Santos, quien afirma que: «El derecho de la sociedad postmoderna es efímero y restringido, de aplicación eventual y coyuntural». Sobre el carácter político de dicha escuela han dado ejemplo los señores Valdivieso y Salamanca, quienes proclaman el papel de «oposición» que desempeña la Fiscalía. Por ello no es raro que, por ejemplo, las leyes de sometimiento a la justicia, los beneficios por sentencia anticipada y las negociaciones con los capos de la droga que hace apenas unos años fueron impulsados por Washington, hoy sean blanco de la alharaca del embajador del imperio.

Coincidente con el resurgir de la primacía norteamericana, el gobierno de Barco inició la embestida para poner el derecho al revés: desconociendo las providencias de la Corte Suprema, revivió por vía administrativa la extradición de nacionales a los Estados Unidos y dictó normas sobre la confiscación de bienes sin haberse comprobado a sus poseedores la proveniencia ilícita de ellos.

Luego, Gaviria, uno de los más fanáticos partidarios del colonialismo, pisoteando toda la normatividad vigente, impuso mediante una constituyente espuria una constitución espuria. Ésta sentó las bases para desmembrar la nación, prohijando el enfrentamiento entre distintos órganos del poder y procurando el federalismo. Desprotegió el desarrollo nacional y facilitó la subasta de los haberes públicos. De naturaleza artera, la carta de marras, para engañar a izquierdistas cándidos, garla de derechos a montón, cuando verdaderamente es la «caja de herramientas» de los potentados del mundo para afianzar su opresión sobre los colombianos.

Samper, quien durante su proceso en la Cámara de Representantes apareciera como el paladín del debido proceso y de la presunción de inocencia, una vez terminado el juicio, presentó un paquete de reformas en el que propuso, entre otras cosas, la confiscación y remate, sin previo juicio ni comprobación alguna, de los bienes bajo sospecha de haber sido fruto del enriquecimiento ilícito. Horacio Serpa, con voz trémula y suplicante, llamó a cada uno de sus conmilitones a dejar a un lado todo escrúpulo jurídico y a imponer el adefesio de la retroactividad de la ley penal, para complacer sin dilaciones las órdenes de Frechette.

Éste mete su cuezo en toda olla. Un día define leyes y penas a despecho de jueces y legisladores, y otro, exige la consagración de mayores ventajas para las inversiones gringas. No contento aún, demanda la cesión de nuestra soberanía jurídica a organismos supranacionales.

Ya desde la reforma constitucional de 1968, el artículo 76 introdujo la obligación para Colombia de crear, j unto con otros Estados, entidades sujetas al Pacto Andino; a esto se le dio el nombre de derecho comunitario. Para la apertura, los constituyentes de 1991 optaron por el denominado derecho supranacional, y en el artículo 150 decidieron transferir atribuciones del Estado a organismos internacionales. En ambos casos el objetivo era facilitarles a los monopolios la expansión de los mercados. Por ello, las multinacionales imponen por el globo el decálogo imperialista sobre protección a la inversión extranjera, a la propiedad intelectual, al ambiente. Y para facilitar aún más su injerencia dicta normas sobre extradición, persecución al terrorismo, a la corrupción, al narcotráfico. El hecho de que otra de sus cruzadas intervencionistas sea «promover» los «derechos humanos», no obsta, como se deduce de un informe de The Wall Street Journal Americas, para que en el directorio de Human Rights Watch, entidad que se arroga la facultad de certificar la conducta de las naciones avasalladas, a ese respecto, se halle el señor Bruce J. Klatsky, un ricacho gringo propietario de maquilas, quien en Guatemala «paga la mitad de lo que necesita una familia de cinco miembros para superar la pobreza», explota menores de edad, y sus «ejecutivos» amenazan de muerte a los obreros que traten de afiliarse al sindicato.

Con todas esas engañifas las potencias quedar facultadas para intervenir en cualquier país cuando les plazca. Así, el Estado ha perdido la titularidad sobre la soberanía absoluta de la nación. Quienes creen que se trata de «internacionalizar el derecho», que paren mientes en las leyes Helms-Burton y D’Amato; en el anuncio de Clinton de abordar en aguas internacionales naves de cualquier bandera; o en el humillante «acuerdo» de interdicción marítima, por el cual el samperismo entregó la soberanía de nuestros inmensos mares a los voraces corsarios del fin del milenio.

La Fiscalía
El corte fascista de la Carta de Gaviria lo revela la Fiscalía General de la Nación. Este organismo todopoderoso posee las características indispensables para la utilización política de la justicia. Dispone de un brazo armado, el Cuerpo Técnico de Investigaciones; produce las pruebas; toma medidas que antes estaban reservadas a los jueces, como privar de la libertad e incautar bienes, y es ella misma la que define en el caso de que los acusados interpongan apelación a sus decisiones. Es juez y parte.

Además, investiga a los funcionarios con fuero constitucional. Presenta proyectos de ley qué le permiten cambiar las reglas del juego en el curso de los procesos, máxime ahora que se está aplicando la retroactividad de la ley penal. Ni en los estados de excepción se pueden modificar sus excesivas facultades. En otros países, como Estados Unidos, la fiscalía hace parte del poder ejecutivo, en Colombia es intocable.

Philip Heymann, asesor del gobierno de Clinton, en un foro realizado en Bogotá, propuso que la Fiscalía debía: abanderarse de la lucha contra la corrupción debido al impacto político del tema; combinar un sistema formal y uno informal, el gobierno y la prensa, las investigaciones y el escándalo: promover acusaciones contra los más altos funcionarios, ya que sólo reorganizar las instituciones no es suficiente; hacer invulnerables a los fiscales más allá de lo que digan los textos; apoyarse en la opinión pública más que en el derecho. Entregada a la política proyanqui, en cinco años la tan loada institución sólo ha proferido resoluciones acusatorias en 2.4% de los casos a su cargo.

Con base en los artículos 5 y 8 de las disposiciones transitorias del ordenamiento de 1991 se adoptó el Nuevo Código de Procedimiento Penal y se incorporó a la jurisdicción ordinaria la denominada jurisdicción especial de orden público, expedida en el estado de sitio del régimen barquista. Así se le dio carta de ciudadanía a los métodos siniestros de los jueces y testigos sin rostro, con los cuales se elimina toda garantía procesal. Su blanco predilecto ha sido la clase obrera. Hoy un grupo de dirigentes de la USO está bajo su férula, y a los líderes de la patriótica huelga de Telecom de 1992 se les ha sometido a persecución y encarcelamiento. Con razón el ejemplar paro de los trabajadores estatales enarboló como una de sus banderas la de combatir este engendro dictatorial.

A estos turbios procederes se añade la violación de la reserva del sumario, artilugio usado descaradamente por la nueva entidad, y que la Corte Suprema le Justicia autorizó, al sentenciar que solamente la vulnera el funcionario que entrega a los periodistas los expedientes y no el medio que los publica. Los magnates de la prensa alegan que este derecho, unido inseparablemente’ al de la presunción de inocencia, no es más que un simple trámite judicial.

Arrasamiento de la ley penal
Los principios esenciales del derecho penal democrático se han convertido en objetivo central de la nueva «legalidad» imperialista.

La norma consistente en que la culpabilidad del reo debe ser probada por el acusador ha sido trocada por la obligación de aquél de establecer su inocencia. Un excelente ejemplo es la conversión por la Corte Constitucional del «enriquecimiento ilícito» en un delito autónomo. Se trata de que al Estado no se le obligue a probar en el proceso que el incremento patrimonial tiene como origen un delito, esto es, una conducta antijurídica, definida inequívocamente como tal en la ley, y realizada con culpabilidad. A contrapelo, la Comisión de Fiscales de la Dirección Regional de Fiscalías de Bogotá, en una providencia, estipuló el exabrupto de que en el manejo de los tipos penales no es indispensable «plasmar la descripción perfecta de la conducta reputada ilícita».

El debate sobre extinción del dominio y la exigencia de extraditar nacionales, han puesto sobre el tapete otra transgresión, no ya sólo de la ley penal, sino de todo el, andamiaje jurídico: su irretroactividad. La cual consiste en que no se pueden castigar, bajo los nuevos parámetros, hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de una norma. Si se abre campo al desconocimiento de situaciones jurídicas pasadas, en el futuro nadie sabría a qué atenerse y la seguridad jurídica y los derechos de las personas desaparecerían. Tan fundamental es el precepto, que la única excepción que admite es la favorabilidad en el derecho penal, es decir, cuando la ley posterior beneficia al delincuente. Todo lo contrario de lo defendido con tanto ardor por el teatral Serpa y el melifluo Medellín, bajo la mirada sinuosa del Fiscal.

Tan amplias facultades concedidas para actuar sobre los bienes de los incriminados, abren paso a la arbitrariedad. Cesare Beccaria, el padre del derecho penal burgués, señaló al respecto de la justicia feudal: «Casi todas las penas eran pecuniarias y los cielitos de los hombres el patrimonio del príncipe. Los atentados contra la seguridad pública eran un objeto de lujo; el que estaba destinado a defenderla tenía interés en verla ofendida. Era, pues, el objeto de las penas un pleito entre el fisco y el reo… El juez era más un abogado del fisco que un indiferente indagador de la verdad «…

Acatando sumiso las órdenes transmitidas por Frechette, el gobierno presentó al Congreso su proyecto de aumento de penas aprobado por la Cámara con un bochornoso » pupitrazo», en sólo cinco minutos de sesión, demostrándose fehacientemente cómo cesan las singulares camorras entre samperistas y gaviristas cuando se trata de magrearle las barbas al Tío Sam. Recuérdese que todo el entramado de la rebaja de penas había sido montado durante el «revolcón».

Con la reiterada exigencia de los altos funcionarios imperiales de aplicar la extradición a los capos detenidos actualmente no sólo se pisotea el mencionado criterio de la irretroactividad penal, sino que una vez más se desconocen las dos sentencias de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del tratado bilateral de 1979. empero los hoy más fervientes partidarios de su ejercicio la prohibieron, en el aquelarre de 1991, con el beneplácito estadinense, y para agradar al abatido jefe del cartel de Medellín, cuyos bombazos criminales no permitían el ambiente sosegado para imponer el brebaje aperturista. Sin embargo ahora quieren que se aplique, como cuando Barco, sin cumplir con los mínimos requisitos de legalidad, reciprocidad y preexistencia de la norma. Luis Guillermo Giraldo, el lacayuno senador, ha señalado aviesamente que la entrega de nacionales para su juzgamiento por los norteamericanos puede aplicarse retroactivamente dizque por ser una simple cuestión procedimental, sin dar dos higas por el hecho de que tal determinación «genera en las personas efectos por toda la vida».

Estados Unidos también pretende que se levanten las reservas colombianas a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 1988. Colombia, al suscribirla, se reservó la prohibición de extraditar colombianos de nacimiento. La Corte Constitucional avaló explícitamente la mencionada reserva cuando, al hacerla revisión de constitucionalidad del Tratado y declararlo exequible, señaló que a Colombia no se la puede constreñira tornar medidas legislativas, judiciales, administrativas, o alguna otra que vulneren la Carta política o trasciendan los tratados en que nuestro país sea parte contratante.

De igual manera, los gringos, al ratificar dicha convención, observaron que ninguna de sus disposiciones «requiere o autoriza leyes o actos de los Estados Unidos de América que sean contrarios o estén prohibidos por su Constitución».

No obstante, las potencias están dispuestas a imponer al resto del mundo su propia jurisdicción. En Lyon, el G7 trazó un plan de lucha contra el terrorismo en el que exigen a las neocolonias “velar por que los responsables de actos terroristas sean conducidos ante la justicia, y consideren la posibilidad de conceder la extradición incluso cuando no exista tratado”.

La purga de Roehm es célebre como ejemplo de la aplicación retroactiva de la ley penal. Hitler había decidido que ciertos elementos de su partido eran un estorbo y decidió asesinar a cerca de cien de ellos. Al regresar a Berlín hizo aprobar una ley retroactiva que convertía los asesinatos en ejecuciones legales. Luego declaró que durante el asunto la Suprema Corte del pueblo alemán consistía en él mismo, indicando que a las muertes con armas de fuego las había acompañado una mera irregularidad de forma, que consitía en el hecho de que él portaba en su mano una pistola en vez de la vara de la justicia.

Los principios con los que la naciente burguesía doblegó en el campo del derecho penal al medioevo, y que fueron expuestos por Beccaria, al que Voltaire llamara «defensor de la humanidad», y de quien recomendara leer a menudo su pequeño libro De los delitos y de las penas, han sido arrumados, en la fase imperialista, junto a las demás ideas con las que el capitalismo vino al mundo.

La justicia participativa
Parapetados en las atávicas aberraciones de la administración de justicia -su carácter antidemocrático, la impunidad, la congestión y morosidad de los despachos judiciales, la corrupción de los jueces, el leguleyismo- los reformadores arremeten tras el desmonte de aquélla y propenden a que se transfiera, como el resto de los servicios públicos, al sector privado. Con este fin, los constituyentes de 1991 reemplazaron la fórmula de que la justicia es “un servicio público a cargo de la nación”, por la ambigua de que es una «función pública».

Al abrigo de la «participación» crearon los sistemas alternativos de resolución de conflictos. El Estado se desembaraza de muchos de los pleitos que no sean de interés para los monopolios, dejando que los dirima la “comunidad”, con lo que se desecha el acervo jurídico y se sustituye por mecanismos informales o extrajudiciales. Así, un creciente número de desmanes engrosaron la lista de los llamados «delitos bagatela», como los denominan los italianos, y que van desde la extorsión simple hasta los que se cometen contra los patrimonios menores. Al lado de esto proponen la despenalización de otra serie de conductas. Para evitar erogaciones, a cambio de la prisión impulsan sanciones accesorias. Todo lo anterior envilece la justicia y la niega a los más débiles.

Los variopintos sistemas alternativos incluyen también la conciliación, cuya base es el supuesto de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esto, que algunos denominan justicia alternativa o paralela, se empieza a abrir camino a partir del Decreto 1861 de 1989, que establece la conciliación en el derecho civil y canónico. La ley 23 de 1991 crea los Centros de Conciliación y extiende este mecanismo a casi todas las áreas del derecho. Investir a los particulares de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores, y crear jueces de paz, se consagra en los artículos 116 y 247 de la Carta gavirista. La ley 81 de 1993 amplía la conciliación a todos los estadios procesales, a solicitud del imputado. Los propaladores de esas disposiciones no ocultan que uno de sus gérmenes en Colombia son los «célebres» tribunales de arbitramento en el área laboral. También ponen como ejemplo los llamados planes de retiro voluntario.

Comentario aparte merece la prédica y el estímulo a un sistema legal de «extracción local y popular», atenido a los usos y costumbres lugareños, con el fin, según la jerigonza impuesta, de realzar la «particularidad de las realidades sociales», «la identidad local».

Se trata de romper con las regulaciones generales de la nación y dar pábulo a su atomización jurídica. Baste citar el artículo 246 sobre la «jurisdicción indígena» y el 247 o de los «jueces de paz». Conforme a esto, la Corte Constitucional, al resolver una tutela, avaló el sistema del cepo, utilizado como castigo por los españoles durante la conquista.

Mientras so capa de proteger a los marginados, se le impone a la mayoría de las naciones este tipo de normas disgregantes, no pasa un solo día sin que se tenga noticia de un atropello contra las minorías en alguna de las grandes potencias. Negros golpeados hasta morir, inmigrantes ultrajados y despojados de la seguridad social y de la educación.

La tutela
La práctica de este recurso, que tanto emociona a tirios y troyanos, ha acabado con otro principio clave de la seguridad jurídica: la cosa juzgada. Se usa, además, para perseguir a los sectores empobrecidos, como en el caso de los vendedores ambulantes, a quienes se les quita el pan de la boca para cumplir tutelas sobre el «uso eficiente del espacio público».

Samper, en su malhadada propuesta de reforma constitucional, propugnó que pudiera ser ejercida por personas jurídicas, un paso fundamental para los monopolios. En Venezuela, en donde ese instrumento se estableció desde 1988 como Ley de Amparo, la Corte Suprema dictó recientemente una medida en favor de Air France, que alegó que se le estaba cercenando el derecho a la actividad económica, porque la administración del aeropuerto estatal de Maiquetía le elevó el precio del alquiler de un galpón de carga.

Francisco Mosquera lo había previsto: “La figura de la tutela es una institución extraída de los precipicios perdidos del pasado…anhelarla o adecuarla a las realidades de hoy representa un anacronismo incalificable. Colocar a la población entera bajo un tutelaje indiscriminado minimiza el precepto escrito, enreda la justicia y favorece a los monopolios, que ya han empezado a valerse de este artilugio para rematar sus ambiciosos propósitos”.

Los moiristas debemos levantar la bandera de nuestro extinto jefe: Que bajo ningún pretexto se falsee aún más el sistema jurídico del país.

Lo cual, como él lo dijera, «marca una tendencia con el tiempo más peligrosa para los fortines populares que para los laboratorios de los capos».

COINCIDENCIAS DE LA IZQUIERDA

El 1 de marzo en el Concejo Distrital varias organizaciones políticas y personalidades de la izquierda se citaron para acordar, en lo inmediato, significativas tareas conjuntas y a su vez plantear una perspectiva unitaria de mayor alcance.

Asistieron: el Partido Comunista, encabezado por su secretario general, compañero Jaime Caicedo; el representante a la Cámara Adolfo Bula y Fernando Hernández de la Corriente de Renovación Socialista; Gloria Quiceno de Alianza Democrática M19; Fermín González del Movimiento Posadista; el concejal de Bogotá Roberto Correa, y Alfonso Hoyos. La delegación del Moir estuvo presidida por el compañero Marcelo Torres, jefe de la comisión política del Partido.

Marcelo resaltó la importancia que el Moir le confería al encuentro, y señaló los criterios que consideramos deben guiar una acción unitaria: Enfrentar la dominación norteamericana, manifiesta en la actualidad en una intervención sin antecedentes, como causa fundamental de los males de la nación. Remarcó la necesidad de enfrentar la indigna política de sumisión de Samper ante el imperio. Planteó que se avizora un ascenso de la lucha popular en el cual el movimiento obrero jugará el papel principal, pero al que deberán vincularse otros sectores sociales, políticos y empresariales. Resaltó la importancia de defender la democracia política y resguardarlas garantías para las fuerzas minoritarias. Insistió en la necesidad de una salida política al conflicto armado, ya que la escalada violenta repercute negativamente en la lucha del pueblo. Destacó nuestro apoyo al Comando Nacional Unitario.

El encuentro concluyó con la elaboración de un comunicado conjunto en defensa de la soberanía y de apoyo al mitin del 5 de marzo frente a la embajada gringa.

EL GOBIERNO REPITE LA DOSIS

(Las medidas de la emergencia económica no se tomaron para contrarrestar la crisis producida por la apertura, sino para cumplir los dictámenes imperiales del Fondo Monetario Internacional)

Por Abel Colorado

El 13 de enero, cuando apenas se normalizaban las actividades después de la temporada de diciembre, el gobierno sorprendió al país al declarar la emergencia económica, haciendo uso del artículo 215 de la Constitución.

La sorpresa se debió a que durante el último trimestre del año pasado el presidente y su ministro de Hacienda se habían dedicado a hacerles creer a los colombianos que 1997 sería el año de la recuperación económica, pues ya estaban sentadas bases sólidas para la reactivación. El Congreso había autorizado en diciembre el último de los recortes en el gasto, por la no despreciable suma de un billón de pesos. De esta forma, según el gobierno, a los nubarrones se los llevaban los vientos de la recuperación y la estabilidad macroeconómica.

Pero la realidad era otra, muy distante de las falsas ilusiones gubernamentales. Desde comienzos del año pasado podía apreciarse el agravamiento de la crisis. Durante todo el año, los indicadores económicos anunciaban una profunda recesión.

La producción del principal renglón de exportación del país, el café, continuó decreciendo a lo largo del año 96 como lo ha venido haciendo desde la eliminación en 1989 de los acuerdos internacionales y a consecuencia también de la política cambiaria de la apertura con la cual los productores han visto disminuir sus ingresos y amenazada la existencia de sus empresas. El panorama del resto del agro es de ruina y desolación, mientras siguen invadiendo al país todo tipo de productos del sector; ya en 1995 habían entrado cuatro millones de toneladas de alimentos. La industria manufacturera decrece con la quiebra y el cierre de numerosos establecimientos, también a causa de la competencia de productos importados. La industria de la construcción continuaba su tendencia decreciente, iniciada desde finales de 1994.

La débil actividad económica y la pérdida de la capacidad de compra de los colombianos, como resultado de la disminución de los salarios reales de los trabajadores, ocasionó una disminución sin precedentes en la demanda interna; las ventas y las mismas importaciones de bienes de consumo cayeron. La demanda interna, que en 1994 y 1995 había crecido por encima de 10% y de 7%, respectivamente, sólo creció 1.6% en 1996. La tasa de crecimiento de la producción de bienes de consumo pasó de crecer 16.9% en 1995 a decrecer 25.1 % en 1996.

Sin embargo, a pesar de la caída de importaciones, un gigantesco boquete siguió creciendo en el intercambio de bienes y servicios. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales disminuyeron significativamente su ritmo de crecimiento, a causa de la caída de las exportaciones de café, las cuales entre enero y septiembre se redujeron 16%. Debido al mayor pago de intereses de la deuda externa pública y privada, la cual ha continuado su ascenso, y a la remisión de utilidades de la inversión extranjera, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llega a 5.4% del Producto Interno Bruto.

Se reactivó la subasta del patrimonio público para obtener ingresos utilizables en el corto plazo. En diciembre entraron 1.600 millones de dólares por la venta de las empresas del sector eléctrico a precios de gallina flaca.

La apertura y las políticas neoliberales han cumplido su cometido de golpear a muerte el aparato productivo. La continuidad de estas políticas se encargaba, por lo demás, de impedir cualquier intento de recuperación: las altas tasas de interés, la revaluación, las restricciones del gasto público, los salarios por debajo de la inflación, alejaban aún más las posibilidades de un mayor crecimiento de la economía, el cual se encuentra por debajo de los promedios históricos. En 1996 la economía colombiana sólo creció 3%.

No había la menor posibilidad de reactivar la economía y reorientar el país por la senda del progreso.

Con frecuencia llegan cartas
El permanente monitoreo al estado de la economía y la intervención en los asuntos internos del país por parte del Fondo Monetario Internacional asumió la forma de una carta dirigida al gerente del Banco de la República. Y aunque éste le restó importancia, considerándola «carta personal de un amigo que conozco desde hace más de quince años», en ella se encontraban, igual que en los informes recibidos a principios y mediados del año, las «recomendaciones» para realizar mayores ajustes a las finanzas públicas (menos gasto y más impuestos) en busca de un presupuesto gubernamental equilibrado, tal como lo expresa el dogma de la ortodoxia neoliberal.

Dentro de las preocupaciones del Fondo, por supuesto que no se encontraba la recesión de la economía. Eso sería como reconocer su autoría en la ruina de una nación a causa de las políticas que desde él se han impuesto.

En el año nuevo, el gobierno nos dio más de lo viejo y en enero, asustado ante la imposibilidad de cumplirle al FMI, decretó la emergencia económica aduciendo que el déficit fiscal y la revaluación de la moneda afectaban la estabilidad macroeconómica.

El déficit, ocasionado por la disminución de impuestos a las importaciones, fruto de la apertura económica; por el pago del servicio de la deuda externa cuyos desembolsos superan la cuarta parte del Presupuesto General de la Nación: por la disminución de los ingresos provenientes del sector productivo como causa de la recesión producida por la apertura, ya que en 1996 dejaron de entrar 800 mil millones de pesos; por el aumento del gasto por cuenta del funcionamiento de las nuevas instituciones derivadas de la Constitución de 1991 y por los ingresos dejados de recibir a causa de la política de entregar al sector privado la prestación de servicios rentables como la telefonía celular. Sin embargo, es bueno señalar que el déficit en Colombia se encuentra muy por debajo del de muchos países industrializados.

Para la ortodoxia neoliberal, por el contrario, el déficit es ocasionado por el desmedido gasto público, lo que los lleva a clamar por más apretones que deberán pagar la población y la actividad económica. Aquí, igualmente debemos recordar que el gasto público es en realidad exiguo frente a las necesidades nacionales.

Sobre el otro argumento utilizado por el gobierno, la revaluación, es necesario anotar que ésta tiene sus raíces en la misma apertura económica. Ante los requerimientos del capital internacional, la liberación comercial en Colombia se hizo acompañada de la liberación de la cuenta de capitales. Sin los controles del derogado estatuto cambiario y con la política monetarista al orden del día los resultados sobre la tasa de cambio saltan a la vista.

Pero las medidas de la emergencia económica no se tomaron para cambiar de rumbo, para contrarrestar la crisis producida por la apertura. Se tomaron para cumplir los dictámenes imperiales y hacer más de lo mismo.

Después de la alharaca inicial, motivada para conmover a la opinión pública y lograr un ambiente propicio al pírrico 13% ponderado ofrecido para los incrementos salariales cuando la inflación se les había trepado al 21.6%, se aumentaron impuestos de redujeron algunas exenciones y se le dio tijera al gasto gubernamental. Los grandes problemas ocasionados por el endeudamiento externo, la liberación económica, las privatizaciones y la política monetaria no fueron resueltos. La sola sobretasa de 6% al endeudamiento externo, considerada como un freno a las importaciones, resulta tímida, tardía y demagógica frente al grado de profundización de la apertura.

La estrategia de la emergencia es continuar con ese monetarismo de corto plazo que después de muchos años de aplicación ha demostrado su incapacidad de disminuir la inflación, mientras que la reconstrucción nacional y el fortalecimiento de la capacidad productiva de Colombia requieren de políticas de largo plazo que no supediten el vigor de la producción nacional a un equilibrio de balances.

La posición antinacional del gobierno es tan clara que, aunque argumentó para la expedición de la emergencia la desestabilización que producirían las ventas del sector eléctrico de finales del año pasado, a mediados de febrero se apresuró a vender Cerromatoso para dar continuidad a lo que se venía haciendo y cumplir sus oficios con la banca multilateral.

8 de marzo: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por Leila Delgado Almanza

La mujer trabajadora integrada a las luchas del pueblo colombiano en general y al reciente paro nacional estatal en especial, como parte activa de las huestes de las grandes centrales obreras del país, CGTD, CUT y CTC, y sus federaciones filiales, se aprestan a conmemorar el próximo 8 de marzo el día internacional de la mujer.

La conmemoración del día de la mujer debe convocar a todas las fuerzas vivas de la sociedad con su sentimiento patriótico ante la crisis nacional exacerbada por la intromisión imperialista en nuestros asuntos internos.

El alarmante proceso de pauperización de las masas populares, la inflación galopante, el alza desmedida de los precios de la canasta familiar, las tarifas de los servicios públicos y domiciliarios, los altos costos de los servicios educativos, de salud y de recreación sana; el aumento de los impuestos, el desempleo, la carencia de vivienda adecuada para los sectores populares, son todos secuelas de la aplicación de las políticas económicas de apertura de mercados, disminución de los subsidios en la producción industrial nacional, enajenación de los activos estatales y entrega de, los recursos naturales estatales a la voraz explotación de los monopolios extranjeros.

Ha concluido exitosamente el paro nacional estatal, con la efectiva participación del sector laboral femenino, paro con el cual se derrotó la medida oficial del recorte salarial que pretendía echar sobre los hombros de la clase laboral las consecuencias de la desastrosa política neoliberal. La radiografía de la situación de la mujer colombiana es la del país. Además de los problemas que le son comunes con los hombres, debe soportar la desprotección en asuntos vitales para ella y su familia:

• Poca participación en el mercado laboral. Sólo 35% de la población adulta femenina está vinculada al sector productivo; sus índices de desempleo son por lo tanto superiores a los índices nacionales; del porcentaje realmente activo económicamente, más de 50% está ubicado en los trabajos menos calificados y peor remunerados.

• El Estado ha descargado sobre los hombros de las empobrecidas familias la atención hogares infantiles de Bienestar Familiar fueron privatizados y en su reemplazo se montaron hace diez años los hogares comunitarios, en los cuales madres comunitarias mal preparadas y peor pagadas atienden en el tugurio que le sirve de hogar entre 15 y 20 niños de sus vecinas, sin especialización educativa, ninguna dotación pedagógica, sin espacios para jugar, dieta insuficiente en cantidad y calidad, y, lo que es peor, márgenes altos de inseguridad física, psicológica y social.

• La atención en salud es desoladora para la mujer y los niños y demás sectores de población dependientes económicamente; los mayores índices de mortalidad en las clases populares lo constituyen irónicamente el parto normal, las complicaciones del embarazo y el puerperio; la falta de una política social de acceso gratuito a los métodos científicos de planeación familiar, llevan a la madre a recurrir al aborto en condiciones antihigiénicas y, de contera, en este país atrasado el aborto está penalizado aún para casos de concepciones producto de violación.

• La costumbre de dejar al cuidado de la mujer a niños, ancianos y desvalidos de la familia, y las riendas de la economía doméstica, golpean duramente a las masas femeninas, con las secuelas de frustraciones, neurosis, depresiones y angustias ante situación por solucionarlas, son otras instancias sociales las llamadas a resolverlas.

• Las costumbres de los empleadores no han mejorado con las reformas de la legislación laboral en materia de protección a la maternidad y a la lactancia.

Muchas mujeres siguen perdiendo sus empleos al quedar embarazadas. o se ven obligadas a reprimirse ante las exigencias latentes y manifiestas de algunos empresarios de no admitir mujeres con hijos en sus empresas.

Celebremos unitaria y combativamente el 8 de marzo con actos amplios que permitan la divulgación de una proclama proletaria que llame a la lucha por:

• Reivindicaciones de la nación colombiana por su soberanía, socavada por la intromisión del imperialismo norteamericano.

• Reivindicaciones sociales para la mujer, la familia, la niñez y la ancianidad.

Por desgreño oficial en manejo de chingaza: BOGOTÁ AL BORDE DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Por Francisco Cabrera

El 24 de enero, el paso de agua del sistema Chingaza a la planta de tratamiento Wiesner quedó interrumpido por un enorme derrumbe en el túnel entre Ventana y Simaya. Después de engañosos anuncios tranquilizadores por parte del gerente de la Empresa de Acueducto, Alejandro Deeb, se terminó por reconocer que el tiempo requerido para la reparación de los daños hacía inevitable el racionamiento. Desde entonces Mockus y Deeb se han dedicado a una amenazante campaña «educativa», cuyo objetivo es hacer aparecer a la ciudadanía como responsable del problema causado por el desgreño oficial. Veamos.

Una historia de irresponsabilidades
El sistema conformado por la laguna de Chingaza, el embalse de Chuza y un conjunto de túneles de conducción proporcionan 70% del agua que abastece a Bogotá y que es tratada en la planta Francisco Wiesner. La obra se inició en el gobierno de Misael Pastrana y se concluyó en 1984 después de varios años de retraso y en medio del acoso por resolver la creciente demanda de la ciudad. Su costo aproximado fue de US$400 millones, de los cuales US$160 millones provinieron de crédito con la banca internacional. Por la polémica desatada ante la emergencia hemos sabido que la tecnología usada, en la que los túneles carecen de revestimiento metálico, se escogió porque revestirlos significaba una inversión adicional de US$60 millones y prolongar las obras dos años más, tiempo que la ciudad no podía esperar. Así fue como por esta «lógica», y por las «urgencias» típicas en la generalidad de las obras que las empresas de servicios realizaron a debe, llegamos a que el suministro de agua a la urbe más grande del país quedó dependiendo de un sistema altamente vulnerable, que exige mantenimientos periódicos en los túneles de conducción.

En enero de 1981, mientras se realizaban los trabajos a grandes profundidades, hubo una exploración de gas metano en la que murieron 10 obreros y 18 quedaron heridos. Al mes de haberse inaugurado Chingaza, se presentó el primer derrumbe. Bogotá fue sometida al racionamiento. El daño le costó a la ciudad US$20 millones. A finales de 1985 la EAAB contrató un nuevo empréstito de $220 millones para el «revestimiento del túnel». Desde entonces se han producido desprendimientos en 1990,1992, 1993 y 1994. Tal inseguridad obligó a construir otro embalse, el de San Rafael, que costó US$85 millones y que hubieron de poner en funcionamiento a toda prisa, a dos meses de su inauguración, sin siquiera hacer a sus aguas los tratamientos biológicos de rigor.

El gerente de la Empresa ha dicho que el último mantenimiento en Chingaza se hizo en abril de 1995 y, pese a todas las advertencias de asociaciones de ingenieros y organismos de control, en 1996 los trabajos fueron aplazados supuestamente esperando poner en funcionamiento a San Rafael. Lo que resulta inexplicable es que según lo denunciado por Sintracueducto en El Espectador del 29 de enero, «desde el pasado mes de noviembre la Planta Wiesner comenzó a presentar altos índices de turbiedad en las aguas recibidas a través de los túneles provenientes del sistema Chingaza (tal como puede confirmarse en las bitácoras o archivos diarios de datos), lo que revela serios indicios de derrumbamiento en el interior de los túneles», pese a lo cual, ¡no se tomó ningún tipo de medidas! Aquí queda retratada de cuerpo entero la irresponsabilidad del señor Deeb, agente del Banco Mundial y uno de los mimados de la administración Mockus.

Fuera de la posible debacle sanitaria a la que se vería abocada la capital ¿cuál es el costo de la negligencia y la imprevisión? Si el mantenimiento periódico que debió realizarse en los túneles costaba seiscientos millones de pesos conforme a lo manifestado por Deeb, hoy la emergencia está costando ya cerca de $3.000 millones, en virtud de la política de la empresa de entregar a contratistas todos los trabajos posibles, así estos puedan realizarse mejor contando con el personal técnico de la empresa y con su invaluable experiencia. De hecho, la firma italiana Obresca, a la que se le otorgó el contrato de reparación, ha tenido que recurrir al auxilio de los ingenieros, obreros y equipos de la Empresa de Acueducto

Mockus y Deeb, sofistas de oficio
Mockus cree poder ocultar el fondo del problema con sus habituales payasadas y sus insoportables posturas «pedagógicas», a las que en esta ocasión, confesando su ineptitud, agregó la ocurrencia de pedir que los ciudadanos se encomienden a San Rafael arcángel. La magnitud del problema es tal, que el editorial de El Espectador del 1 de febrero señaló: «Quedan, sin embargo, dudas sobre la responsabilidad del incidente presentado en Chingaza, si es verdad como se afirma que desde noviembre pasado se tenía evidencia de la amenaza de derrumbe del túnel». Y El Tiempo editorializó así el 18 de febrero: «Si bien desde hace más de dos años era sabido que habría un desplome grave en Chingaza, la Alcaldía Mayor y la EAAB prefirieron esperar el desastre cruzadas de brazos», y agrega, «ahora se oye la desesperada petición del señor alcalde a los bogotanos, para que ahorren agua por todos los medios posibles, con algo de reproches porque el ahorro no es lo suficiente, y la amenaza del racionamiento se esgrime como castigo, no a la imprevisión de las autoridades, sino a los malos ciudadanos que gastan más agua de la debida.».

La personería ha iniciado una investigación, cuyas indagaciones preliminares establecieron negligencia por parte de la dirección de la Empresa, y encontraron la presencia de 88 fallas en el sistema. A ello el gerente respondió con cinismo: «Los colombianos en general no estamos acostumbrados a realizar mantenimientos y si se hacen es de vez en cuando. No somos precavidos».

Ésta no es la primera vez que Mockus y Deeb tratan de tapar con campañas «pedagógicas» sus actos de irresponsabilidad. En mayo de 1996, el desbordamiento de la represa de la Regadera manejada por la EAAB, produjo la inundación del barrio San Benito dejando en la miseria a 1.200 familias. En aquella ocasión el dúo de marras trató de utilizar la desgracia para aleccionar sobre el respeto a las rondas de los ríos, y cuando quisieron regañar con su perorata a los damnificados, éstos, indignados, les respondieron pedagógicamente levantándolos a tomatazos.

Que no se equivoque el profesor Mockus. Que no crea que la mazamorra es caldo, como dicen nuestros campesinos de la costa Caribe. Una cosa fue el apagón que el pueblo se aguantó en circunstancias diferentes durante el gobierno de Gaviria, y otra muy distinta es un racionamiento de agua de impacto impredecible sobre la paciencia ciudadana a punto de colmarse.