Categoría: Tribuna Roja N° 70, Bogotá; marzo 8 de 1997

Bogotá, 28 de febrero de 1997.

La decisión del presidente norteamericano de «descertificar» por segundo año consecutivo a Colombia constituye ocasión para insistir, ante todas las fuerzas políticas y sociales del país, sobre la necesidad imperiosa de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía y contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos internos del país.

Pero a la vez, la circunstancia es propicia también para reafirmar, desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo de Colombia, que ningún Estado, por poderoso que sea, puede arrogarse el «derecho» de calificar o descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna.

Y mucho menos, si del tema del narcotráfico se trata, ya que como lo reconoce la comunidad internacional, éste es un problema cuya solución implica la responsabilidad y el aporte de todos los países, especialmente aquellos del mundo industrializado, donde se concentra la inmensa mayoría del consumo y del negocio de los narcóticos.

La economía y el capital financiero norteamericano son los grandes beneficiados de un oscuro negocio que mueve más de 500 mil millones de dólares al año, de los cuales sólo una vigésima parte llega a los países productores, según estudios de las agencias oficiales gringas.

Son los Estados Unidos los ganadores de la aplicación del neoliberalismo en América Latina, se benefician de la miseria de los pueblos y la ruina de las actividades productivas nacionales.

Hacen la guerra, negocian la paz, quitan y ponen gobiernos, venden armas y precursores químicos. Su doble moral doblega gobernantes sumisos y complacientes pero jamás atemorizará a los trabajadores y los pueblos.

Esta determinación imperial de los Estados Unidos incrementa la indignación y el desprecio del pueblo a los gobernantes de Colombia, que se han dedicado a consolidar el modelo económico neoliberal para beneficio del interés norteamericano, y a cumplir al pie de la letra todas y cada una de las inaceptables exigencias planteadas por el Departamento de Estado y el virrey Frechette.

La CGTD repudia el proceso de la «certificación», condena la genuflexa actitud de todos los funcionarios oficiales y dirigentes gremiales que se rasgaron las vestiduras en los pasillos del Congreso gringo, exalta la vertical actitud patriótica de la mayoría de la nación, a la que aún le importa la dignidad y la soberanía de Colombia y llama a la generalización de la protesta en las calles y plazas.

(Tomado de “Omnia consumata sunt” publicado en El Tiempo el 8 de noviembre de 1990. Francisco Mosquera, Resistencia civil, Bogotá, Editor Tribuna Roja, 1995, pp. 441-444).

Dentro del desconcierto prevaleciente se escuchan voces que, no obstante su inconciencia, destapan en unos cuantos señalamientos aspectos sustanciales de la verdad oculta. Después de echarle un vistazo a la creciente fragmentación económica universal y de tomar nota de los rumores pesimistas que bullen en los pasillos de las difíciles negociaciones comerciales del Gatt, llevadas a efecto al otro lado de la frontera, en la célebre Ronda de Uruguay, El Mercurio, de Chile, en sus glosas editoriales del 8 de octubre último, se quejaba de «dos fenómenos» que «marcan» una «tendencia mundial»: «El primero es el mayor proteccionismo que amenaza la política de libre intercambio, a la cual obedece la enorme prosperidad económica vivida en las últimas décadas en el mundo industrializado. El segundo es la formación de bloques comerciales que agrupan a determinados países para establecer un comercio libre intrarregional y, en ciertos casos, armonizar incluso las políticas económicas». Llama la atención que semejantes deducciones provengan del país piloto de la apertura. No es que el diario ya no crea en ella; sencillamente ha empezado a objetar, un tanto tarde y a la buena de Dios, de qué modo las metrópolis les instilan a los pueblos expoliados el liberalismo económico de nuevo cuño, mientras entre ellas levantan murallas férreamente proteccionistas. Una contradicción obvia, comprensible y explicable.

Entre nosotros también han surgido comentarios adversos al proyecto aperturista, siendo que aún no hemos padecido sus calamidades. Desde cuando encumbrados funcionarios dieron como un hecho irreversible que la agricultura colombiana había de sufrir, sin atenuantes, el hostigamiento de los competidores foráneos, el doctor Gabriel Rosas Vega,* basado en su experiencia, se opuso y trajo a colación que las sociedades altamente industrializadas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea gastan decenas de miles de millones de dólares en subsidios con los cuales sostienen el rendimiento de su producción agrícola, sin que ello sea óbice para aconsejar le al Tercer Mundo que elimine los suyos. A su turno, muchos sectores gremiales que se mueven entre la incertidumbre y la esperanza han puesto en circulación sus críticas, sus reclamos, sus falencias. Coinciden todos en que hay una infinidad de problemas represados, debido a la acción indolente de administraciones sucesivas, para que la actual salte hoy a la escena con un montón de programas improvidentes cuyo efecto inevitable sería la desaparición de los frutos del trabajo de varias generaciones colombianas. Y la clase obrera ha declarado para este 14 de noviembre un paro cívico nacional contra la apertura económica, contra la privatización de las entidades del Estado y en defensa de sus caras conquistas sindicales, objetivos que por sí solos hablan tanto de la claridad y de la decisión de los trabajadores como de su patriotismo. Las fuerzas sociales que velan por la soberanía de Colombia contribuirán a esta pelea histórica que se nos ha impuesto, pero al proletariado le corresponden el deber y la distinción de encauzarla.

Una advertencia a manera de epílogo. Los representantes del gobierno han creado falsas expectativas en torno al eventual aumento de las inversiones extranjeras que registraríamos, si llevamos sin vacilaciones y hasta las últimas consecuencias la apertura económica. Pero al margen de cualquier otro análisis, el flujo de aquéllas, grande o pequeño, no elevará realmente el nivel de vida de nuestra población. Como su movimiento está determinado por la ley de la máxima ganancia. y al país vienen a resolver no las dificultades ajenas sino las propias, agravadas con la agudización de la competencia mundial, se concentrarán en los negocios que más reditúen y con las condiciones previstas dentro de la reforma laboral, o sea la utilización de la mano de obra menos cara posible.

Por los días de agosto en que los colombianos supimos con sorpresa que las telecomunicaciones serían privatizadas de inmediato, el doctor Emilio Saravia Bravo, aún presidente de Telecom, en enhiesta posición y patriótica actitud de rechazo a las medidas, hizo hincapié en un par de consideraciones fundamentales: que no se podía “desaprovechar una infraestructura montada por el Estado durante cuarenta años”: y que si se pierde esa fuente de ingresos tendrán que «revisarse planes de alcance social indiscutible como el Plan Nacional de Telefonía Rural». Seguramente sin proponérselo, el doctor Saravia traza la única línea válida de desarrollo para el pueblo colombiano: hacer valer lo suyo y vincular al progreso las zonas atrasadas. Mas eso no lo lograremos sin las denigradas partidas de apoyo a los frentes de la producción con mayores penurias, sin el llamado «crédito de fomento», y, en suma, sin que destinemos parte de la acumulación nacional al adelanto de los sitios relegados pero que entrañan enormes potencialidades para el porvenir de la nación entera. El doctor Saravia concluye: «Lloverán propuestas para prestar los servicios rentables, pero se dejarán de lado las comunidades que no disponen siquiera de un teléfono y a las que se llega con pérdidas». Los capitales imperialistas, a los que atribuimos no sin razón las más maravillosas realizaciones en los anales de la industria moderna, no logran suprimir el desequilibrio secular entre los centros ricos y la periferia pobre. Al contrario, erigen su esplendor sobre el ahondamiento de aquellas desigualdades, tanto dentro de las repúblicas que los acogen como a escala internacional. Quienes creen que la ley de la rentabilidad decide desde el nacimiento y muerte de las fábricas hasta el «auge y caída de las grandes potencias», abrazan el más grosero economismo. Si hay alguna actividad en la que se den cita tarde que temprano las influencias del resto de las funciones sociales, sin excluir la enseñanza, el arte de gobernar, el ordenamiento del pueblo, o la guerra, ésa es la producción, que proporciona los bienes materiales y sostiene al hombre.

De las incidencias de tales elementos y de sus relaciones, que con el avance se tornan más y más complejas, depende la evolución de la sociedad. De ahí que al Estado moderno le corresponda un creciente papel en la conducción económica, que con toda certeza no habrá de desaparecer por la apertura. Las mismas trasnacionales necesitan de la capacidad económica de los gobiernos, sin la cual no habría quién atienda los frentes no rentables, que en materia de servicios o infraestructura, por ejemplo, son imprescindibles en el desarrollo productivo. La solvencia oficial se requiere igualmente. y en alto grado, como garantía de cumplimiento de los compromisos bilaterales o multilaterales acordados entre las naciones por diversas causas: y para que la administración pública vele por los pobres, quienes van pasando poco a poco de la «formalidad» a la «informalidad», y habida cuenta de que las revoluciones también repercuten en la economía. Por lo que respecta al descontento del pueblo, éste impedirá que la privatización abarque a muchas empresas estatales. Y si la preocupación estriba en las malas administraciones, procuremos designarlas buenas.

Lo curioso de este complicado asunto radica en que a pesar de todo la tasa de ganancia de las trasnacionales seguirá descendiendo v los problemas propiamente obreros se propagarán sobre la superficie del orbe. Los costos de producción en los países semiindustrializados del Sudeste Asiático, en donde floreció primero la subcontratación internacional, han ido incrementándose por variados motivos, entre los cuales se destacan las luchas de los sindicatos. Los monopolios norteamericanos y japoneses buscan otras naciones receptoras, baratas, como Tailandia, Filipinas, Malasia y el mismo México. La internacionalización del capital acabará entrelazando al mundo en tal forma que la división del trabajo propia de las grandes factorías se efectuará a través de países y de continentes y no ya bajo un solo techo. Unos producirán las partes o los componentes de los productos y otros los acabarán o ensamblarán, ahondándose las desigualdades entre la porción desarrollada del mundo y la indigente. Las contradicciones entre los bloques económicos tampoco conocerán límites: la crisis se extenderá con todos sus estragos. Y la clase obrera se hará sentir en grande.

Contraria contrariis curantur. Las cosas se curan por medio de las contrarias.
………………
* El señor Rosas Vega pasó de reclamar fomento oficial a los renglones productivos a gendarme del recorte del gasto público. Conocidas metamorfosis de los altos funcionarios (Nota de la Redación).

T. R.: El cambio de dirección ocurrido en la CUT, ¿cómo repercutió en el proceso de unidad que hizo posible el paro estatal?

Luis Eduardo Garzón: Durante los pasados 18 meses se libró en el seno de la Central una confrontación por su conducción.

Pero llegó un momento en que esa línea de conducta fue insostenible. Lo que entró en crisis fue la conciliación con el «pacto social», como también la pérdida de autonomía frente al gobierno, hecha aún más notoria cuando el presidente de la CUT, Orlando Obregón, acepta el Ministerio del Trabajo.

Se hacía necesario entonces cambiar el rumbo, poner el énfasis en la movilización y la lucha, en la defensa de los derechos conculcados. Y fue precisamente eso lo que decidieron las bases de la CUT, por voto universal, en octubre de 1996.

La anterior dirección desconocía la posibilidad de marchar hombro a hombro con las demás centrales. Se calificaba a la CGTD, por ejemplo, de contestataria. Tales posturas también hicieron crisis, y desde el pasado Primero de Mayo empezamos a trabajar por sacar adelante la unidad.

A la elección directa se desembocó entonces con propuestas muy claras contra la política «social» del gobierno, totalmente demagógica y en franco deterioro.

Ya en ese momento podía percibirse en el ambiente que la inconformidad frente al neoliberalismo oficial iba en aumento. Tan sólo en Bogotá, durante 1996, hubo 93 movilizaciones contra medidas del gobierno.

Todo ello, y la actitud autocrítica de la CTC, hicieron posible las reuniones del 17 y 20 de enero, cuando se suscribieron los acuerdos que culminaron en el paro estatal.

T. R.: ¿Cuál es el balance que hace la CUT sobre el paro?

Luis Eduardo Garzón: En este movimiento hay varios hechos sin precedentes. Primero, no fue un cese de 24 horas sino de siete días. Segundo, es la primera vez que se registra una coincidencia tan unánime dentro del movimiento obrero. Mérito indiscutible del comando de paro fue el haber reunido en cuatro puntos los objetivos, de por sí heterogéneos, tras de los cuales iban Fenaltrase, la USO, Sittelecom, los guardias del Inpec y las demás organizaciones.
Tampoco tiene antecedentes la composición social de los participantes. Desde sectores productivos, como Ecopetrol y Telecom, hasta guardianes, profesores universitarios, venteros ambulantes, médicos y enfermeras, transportadores, personal de la Contraloría y los Ministerios, y abogados de la Defensoría.

T. R.: ¿Cuáles eran los factores favorables?

Luis E. Garzón: Lo primero, la gente quería pelear. Había una enorme inconformidad represada que desde agosto de 1996 intentaba manifestarse, hallar una salida. Las marchas campesinas e indígenas, el bloqueo de los tractomuleros, las quejas de los militares en retiro, las numerosas marchas, así lo indicaban.

De otra parte, el desprestigio del gobierno, derivado de su política antipopular y del clima de crisis por los efectos de la descertificación, contribuyeron asimismo a que la agitación del paro fuera creciendo.

La cuenta de cobro que le pasa a Samper el partido conservador y los preámbulos de la campaña electoral hacían que el partido liberal no pudiera lanzarse a reprimir abiertamente, a diferencia de lo ocurrido en 1977. Sí trataron de desmontarlo tildándolo de «paro guerrillero» o de «paro con objetivos políticos», como lo señalaran Serpa y Obregón. Pero tuvieron que tragarse sus palabras ante la fuerza y el carácter pacífico del movimiento.

T. R.: ¿Qué es lo esencial de los acuerdos?

Luis Eduardo Garzón: Los cuatro puntos tenían todos un contenido político muy claro y combativo contra el neoliberalismo. Por eso constituye un avance significativo no sólo el haber roto la política salarial del 13.5%, sino también haber forzado al gobierno a firmar un acuerdo sin represalias, pues un aspecto básico de la política neoliberal es la represión: ni el recorte de los salarios ni las privatizaciones se pueden imponer sin criminalizar antes la protesta social. Ya es un paso adelante el que el gobierno mismo haya reconocido que aquí se penaliza la lucha popular. Y se va a abrir un gran debate contra la justicia sin rostro.

Con el acuerdo, la contratación colectiva para los empleados estatales pasa a ser una de nuestras prioridades inmediatas.

Sobre las privatizaciones, meollo de la política neoliberal, lo tangible no es por ahora mucho, pero con lo firmado las centrales anuncian que mantienen este objetivo para próximas movilizaciones. Ésta es una característica política muy importante del pasado paro estatal: que configura una proyección para peleas superiores.

T. R.: ¿Qué avances políticos obtuvo el movimiento obrero?

Luis Eduardo Garzón: El más importante, haber consolidado el proceso unitario entre las diferentes centrales, con propuestas muy claras que les van a servir de base al movimiento obrero y al pueblo para las necesarias batallas que habremos de librar en 1997, al que en la CUT hemos calificado como el «año de la lucha social, la paz y la unidad».

No sólo la CUT ganó en legitimidad, sino también las demás centrales. Los colombianos nos están escuchando cada vez más en temas como la descertificación y las imposiciones de Estados Unidos.

T. R.: Bueno ¿y qué sigue?

Luis Eduardo Garzón: Ante todo, preparar el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales para mediados de abril. Allí se hará el balance del camino recorrido y se acordarán nuevas y más amplias acciones.

Sobre la posibilidad de convenir la realización de un paro cívico, pienso que éste debe ser consecuencia de un compromiso real y masivo de todos los sectores firmantes: un compromiso serio que garantice que en efecto el paro cívico se va a llevar a cabo y que defina cuáles serían sus objetivos.

El Comando Nacional Unitario y las organizaciones sociales y políticas, reunidas para analizar las últimas manifestaciones de la injerencia norteamericana sobre nuestro país y las acciones de protesta que se realizarán el miércoles 5 de marzo en las principales ciudades de Colombia, declaran:

1. Ningún Estado puede arrogarse la facultad de calificar o de descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna. Los trabajadores y el pueblo de Colombia rechazan el procedimiento colonial de la «certificación», utilizado por el gobierno norteamericano sobre los demás países como presión para la imposición de sus políticas, trátese de asuntos comerciales, de inversión, militares o de narcotráfico.

2. La decisión de «descertificar» por segundo año consecutivo a Colombia reafirma la necesidad de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía, contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos del país y el rechazo a gobernantes y dirigentes políticos y gremiales que de una u otra forma han puesto sus responsabilidades en el sentido señalado por Washington.

3. La gravedad del inaceptable pronunciamiento gringo, de clara naturaleza imperialista, no se puede soslayar señalando al país que es «injusto», «unilateral». «político» y «desmoralizante». Para los trabajadores y el pueblo constituye una razón más para incrementar su indignación y desprecio al gobierno de Ernesto Samper, que se ha dedicado, sumisamente, a consolidar el modelo económico neoliberal -para beneficio del interés norteamericano- y a cumplir todas las exigencias planteadas por Clinton y el virrey Frechette. Las medidas, declaraciones y actos de los funcionarios de Estados Unidos contra Colombia generan entre los demócratas y los patriotas un incremento del sentimiento de nacionalismo, necesario para defender la soberanía y combatir la subyugación.

4. El gobierno norteamericano, al reiterar las pocas exigencias aún no satisfechas, ha vuelto a colocarla extradición de colombianos como la más importante de ellas. Los firmantes de esta declaración enfatizamos nuestra posición contraria a esta pretensión. Es claro que el tratado negociado en 1979 con Estados Unidos no está vigente y la extradición está expresamente prohibida por la Constitución. Este asunto, más que jurídico, es de soberanía y la insistencia gringa para que se entreguen nacionales con el fin de juzgarlos y condenarlos es inadmisible y contrario al principio de la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la modificación o la eliminación del artículo 35 de la Constitución, como ha anunciado hacerlo el gobierno a través de un proyecto de reforma constitucional.

5. Como las viejas y muevas exigencias norteamericanas contarán con el respaldo del gobierno y los dirigentes políticos y gremiales ya señalados, los trabajadores y el pueblo ejerceremos el derecho a la protesta contra la intervención gringa y a la denuncia de quienes la acepten o la promuevan.

Bogotá, 3 de marzo de 1997.

CUT, CCTD. CTC, (PC. Comando Distrital de Paro, Utradec. Fenaltrase, Futee, USO, Sittelecom. Federación de Profesores Universitarios, ASPU, Sindess, Anthoc, Sindesena. Asdecol, Sintracreditario, SintraelecoI, MOIR y Partido Comunista Colombiano.

Aldo Cadena, presidente de Sindess:

El paro le apuntó al corazón de la política imperial en el sector de la salud pública. En materia salarial había tres entidades del orden nacional afectadas en especial por el irrisorio 8% impuesto por Samper: el Ministerio de Salud,’el Instituto Nacional de Salud y el Invima. El acuerdo los beneficia. En lo que tiene que ver con los Servicios Seccionales y hospitales, desde 1995 entró en vigencia una nivelación salarial, fruto de nuestra lucha, conquista que no había podido concretarse, pues seguía supeditada a la venta de servicios en los centros asistenciales. Con el paro se obtuvo que el gobierno garantizara su pago, teniendo en cuenta los topes máximos y con retroactividad, lo que cubre a 120 mil asalariados del sector, incluidos médicos y enfermeras. El aumento en algunas áreas va a llegara 38%. Para los salarios más bajos del Instituto Cancerológico, el Dermatológico y los leprocomios de Agua de Dios y Contratación, los incrementos ascienden a 300%.

Se registró un pequeño avance en la pelea que ha mantenido Sindess contra las Administraciones del Régimen Subsidiado. ARS, las cuales hemos propuesto eliminar. El gobierno se compromete a exigirles que aporten más dinero a los hospitales.

Fue tal la capacidad de convocatoria de Sindess- Anthoc, Asmedas, ANEC y las demás organizaciones, que en Bogotá, por primera vez en la historia, logramos hacer paro en once hospitales, entre ellos el Simón Bolívar, el Kennedy, el San Blas, la Victoria, El Tunal, Bosa y La Granja. Podemos afirmar que en el país la cobertura de la protesta fue de 95%

Eberto López, presidente de Sittelecom:
El servicio de larga distancia cayó drásticamente durante la semana de huelga y la administración quedó paralizada, a tal punto que ni el gerente pudo entrar a las oficinas.

Lo que debe destacarse es el nivel de comprensión que han alcanzado los trabajadores. En Telecom, el aumento salarial ya se había resuelto el año pasado. El paro se hizo entonces buscando defender el patrimonio público en el muy estratégico sector de las telecomunicaciones, base para el progreso de la nación y puntal clave de la soberanía económica y política.

En el acuerdo el gobierno ratifica los compromisos ya adquiridos por la empresa con los dos sindicatos, la ATT y Sittelecom, en la pasada convención colectiva. Se convino además en que se aplicarán sanciones para frenar la piratería en larga distancia, y se opuso un dique de contención a la entrega de líneas a las multinacionales por el sistema de joint venture.

La batalla contra la privatización se halla lejos de terminar. En Cartagena, Medellín, Bogotá y Manizales está en marcha la venta de sus empresas públicas al capital trasnacional, y el gobierno sigue empeñado en hacer realidad lo que él llama “la competencia a Telecom”, que arruinará la empresa. También se está impulsando el joint venture con los grandes consorcios que dominan el mercado mundial. Por ello seguiremos propiciando un frente común con la ATT, con las demás vertientes sindicales v con todos los sectores de la sociedad, para librar una gran batalla en defensa de la soberanía. La tarea que sigue es el gran paro cívico nacional.

Zoeria Villada, presidente de Sindesena:
Tanto el SENA como sus trabajadores fuimos favorecidos con el acta de acuerdo suscrita por el Comando Nacional de Paro.

El SENA tiene la posibilidad de rediscutir el recorte presupuestal de 20% impuesto por la Lev 344 de 1996 y el 12% de la emergencia económica: y discutir asimismo su transferencia a entidades privadas, que marchitará su futuro como única entidad estatal de formación profesional integral y gratuita.

A los trabajadores nos resuelve el rezago salarial que históricamente hemos mantenido, cuando por fin se adopte por parte del SENA el escalafón para todos los funcionarios.

Se consigna en el acta el término de tiempo para la presentación de la propuesta de escalafón al Consejo Directivo Nacional, precisa la definición de escalas salariales con los criterios determinados para el escalafón, afirma su vigencia a partir de este año de 1997 y define la aprobación de los correspondientes PAC por parte del Ministerio de Hacienda, para responder por el compromiso adquirido con recursos del SENA, con motivo del carácter parafiscal de las rentas de la entidad.

Hernando Hernández, presidente de la USO:
Desde siempre el régimen ha criminalizado la acción social y sindical. La concepción de «enemigo interno” ha hecho que a un trabajador que defiende su pliego, a un campesino que lucha por su tierra, a un estudiante que reclama poder estudiar o a un habitante de barrio que protesta por servicios públicos, la casta dominante los convierta en «terroristas o voceros de la guerrilla». Con esta vía se ha diezmado por la vía violenta a la oposición política que no comparte los procedimientos de los partidos tradicionales.

Esta concepción se ha visto fortalecida por la llamada «justicia regional», que valiéndose de testimonios falsos de testigos sin rostro, de jueces encapuchados que ni siquiera garantizan el debido proceso y de presiones de los militares les aplica a los dirigentes y activistas detenidos «todo el rigor de la ley». Mientras la impunidad llega a 97%, a éstos se los condena con toda prontitud.
El acuerdo del paro sobre despenalización nos permite abrir un espacio de discusión que denuncie lo brutal y mentiroso de la «justicia sin rostro». También servirá para poner al descubierto los montajes que contra nuestros compañeros han hecho integrantes de las Fuerzas Armadas. Es el comienzo de una gran campaña por la libertad de los sindicalistas detenidos y por la abolición de la «justicia regional». No será cosa fácil. Nos amenazarán y tratarán de impedir que llevemos estas denuncias al Congreso. Sólo la movilización de los distintos sectores de la sociedad hará que nuestros planteamientos sean escuchados por el mayor número de gente.

Carlos Saavedra, secretario de la Asociación de la Contraloría.
Los 10 mil trabajadores de las contralorías tuvieron su bautizo de fuego en el victorioso paro estatal. Por primera vez en toda su historia participaron en una huelga y lo hicieron con tal decisión y combatividad que su presencia se destacaba en cada una de las tareas del movimiento.
La parálisis abarcó a más de 90% de los funcionarios tanto de la Contraloría General de la Nación como de los entes de control departamental y municipal. Aún más meritorio resulta su papel si se tiene en cuenta que la Asociación de Servidores Públicos de las Contralorías, el sindicato que los agrupa, presidida por Javier Barriga C., tiene apenas siete meses de fundado y ya cuenta con cerca de 4 mil afiliados, de los cuales 700 se vincularon luego de terminada la protesta.

Para ellos el aumento decretado por el gobierno no llegaba al 10%. El acuerdo significó por lo tanto un enorme triunfo.

La Asociación se ha planteado continuar en la lucha para impedir que las contralorías sean convertidas en simples «cortes de cuentas», lo que equivale a privatizarlas, y para lograr nivelar sus salarios con los de la Procuraduría General. También se han propuesto seguir en el combate al lado de los sectores populares, como lo hicieron en la reciente e histórica jornada.

Lilia Avella, del comité ejecutivo de Utradec:
Desde la reforma administrativa de 1968, impuesta por Lleras Restrepo, los trabajadores estatales se hallaban sofocados por un cúmulo de leyes y decretos, empezando por la norma constitucional que prohibe la huelga en los servicios públicos, y muchos sin derecho a la contratación colectiva. Con esta huelga tales prohibiciones fueron derrotadas en la práctica.

Hace años que se venía hablando de paro. Periódicamente se citaban encuentros nacionales. Pero con la apertura, desde 1990, la situación empezó a cambiar. Las privatizaciones y el aumento salarial por debajo de la inflación causada fueron creando condiciones para la protesta unitaria. A raíz del ridículo incremento de 8 v 13%, a lo que se sumó la ofensiva por entregarles a las empresas gringas el patrimonio público de la nación, dicha consigna pudo hacerse realidad.

La presencia de las organizaciones nacionales afiliadas a Utradec fue ejemplar, en especial la de los sindicatos de Telecom, Sindess e ICBF. La protesta se hizo sentir asimismo en las licoreras, en varias telefónicas locales y Adpostal y en algunas gobernaciones. Hubo una significativa participación de las empresas municipales.

Utradec estuvo representada en el Comando Nacional de Paro por los compañeros Percy Oyola y Joaquín Gómez. En el acuerdo cabe destacar que por primera vez se abre la posibilidad real de que en la ley sean incorporados los Convenios 151 y 154 de la OIT, que garantizan a los trabajadores del Estado el derecho a la contratación colectiva. Deberá instalarse una comisión tripartita entre gobierno, Congreso y sindicatos para modificar en tal sentido el proyecto de ley 072. Se acordó igualmente hacer reformas al proyecto de ley 144, sobre carrera administrativa, régimen convertido en rey de burlas en el acelerado proceso de liquidación de entidades. Otro punto en debate fue el de la contratación administrativa en el sector público, en el cual se fijó el criterio de que toda función permanente deberá ser desempeñada por trabajadores adscritos a la planta de personal.

En resumen, con el paro se sentaron las bases para fortalecer las futuras luchas contra la privatización y contra las políticas del FMI.

Fabio Arias, fiscal del Comité Ejecutivo de la CUT:
El tema de mayor controversia en las negociaciones fue el de la privatización, por ser puntal de la política imperialista.

Para las centrales obreras, las empresas del Estado constituyen un patrimonio en que el país entero ha empeñado su esfuerzo y representan una base estratégica para el progreso independiente de la nación. Feriarlo a los consorcios extranjeros significa un retroceso histórico.

Como la historia lo demuestra, el Estado ha de ser una palanca del desarrollo autónomo de las naciones. Para un país resulta de vital importancia que los sectores estratégicos de su economía sigan estando en manos del Estado: la energía, las telecomunicaciones, los hidrocarburos y los servicios públicos, sean o no rentables.

Sobre este punto, el movimiento obrero no dio su brazo a torcer. Y lo más importante, se abrió el debate sobre el tema, en presencia de millones y millones de colombianos: éste fue un logro fundamental.

El paro del magisterio en febrero no fue un paro cualquiera. Por primera vez en mucho tiempo Fecode se vincula a una lucha nacional dirigida por las tres centrales obreras. Los comandos a nivel nacional y regional fueron integrados por trabajadores, obreros, empleados y maestros en una sola fuerza.

Toda la prensa sin excepción, la opinión pública mayoritaria y los trabajadores recibieron el acuerdo firmado por el Comando Nacional de Paro como un triunfo del movimiento sindical estatal. Se rompió la política salarial del gobierno, se definieron parámetros de negociación colectiva para los servidores del Estado, se resolvieron algunos de los problemas más sentidos de los trabajadores en las entidades participantes y, como un hecho trascendental contra la política del imperialismo, se desenmascaró el intento de privatización de Ecopetrol y Telecom. Pero, además, se obtuvo que ningún tipo de sanción se les aplicará a los trabajadores que participaron en la protesta. Fue un movimiento de resistencia efectiva contra la política neoliberal que impulsa Estados Unidos en suplan de recolonización del país y que el gobierno de Samper aplica cada día con mayor celo y sumisión.

¿Por qué, entonces, Fecode negoció y firmó por fuera del Comando Nacional? Desde el primer momento de la aprobación del cese de actividades en la junta nacional de la Federación, la mayoría de su dirección se propuso socavar el paro estatal, entregarle la negociación al senador Dussán, quitarles piso a las centrales y desbaratar el movimiento. Estuvieron a punto de conseguirlo, cuando en la noche del lunes, por su cuenta y riesgo firmaron en el Palacio de Nariño el acuerdo para el magisterio, apartándose del Comando Nacional. A esa hora no había arreglo con el gobierno, que aprovechó la coyuntura para tratar de salirse con la suya en contra de los trabajadores. Fue un clásico esquirolaje de la camarilla que dirige a Fecode. Su desmesurado gobiernismo y su afán de salvar al senador Dussán pudieron más que los intereses de los trabajadores estatales en su conjunto.

No pueden fundamentar su sabotaje al paro estatal en que otros sectores también negociaron por fuera del Comando Nacional, porque a ellos los mantuvieron allí hasta el final.
pese a todas sus maniobras por escabullirse: tampoco justifican su retirada por un supuesto maltrato en el Comando Nacional, pues ya habían comenzado por aparte la negociación desde antes del 28 de enero, según consta en la misiva del ministro de Educación a Boris Montes de Oca; mucho menos podrán argüir que el Comando dejaría a Fecode por fuera del acuerdo, porque el mismo ministro fue obligado por Samper a integrarse a la mesa de negociación; y el colmo sería que siguieran defendiendo contra toda evidencia que la única organización que iba a salir al paro era Fecode.

La prima salarial obtenida por Fecode es favorable para el magisterio, pero el levantamiento del paro correspondía al Comando Nacional. Una prima salarial equivalente a4% de aumento para 1997 y de carácter permanente para el magisterio, con lo cual se completaría un aumento real de 25.5 %, es el fruto de la lucha mancomunada de todo el sector estatal, no del protagonismo de dirigentes con pretensiones de reencauche.

Los demás puntos del acuerdo de Fecode, o son pura demagogia para la utilización clientelista de los delegados en el Fondo de Prestaciones, o claramente violentan la Ley General de Educación, devolviéndole el control de los contenidos de capacitación al Ministerio de Educación y dejándoles a los maestros el costo de los créditos para ascenso. Fue muy grave que no se incluyera una sola palabra sobre la política neoliberal de alcaldes y gobernadores en su intento de privatizar la educación pública, como Uribe Vélez en Antioquia o Antanas Mockus en Bogotá, con quienes estos dirigentes mantienen una colaboración directa en las Secretarías de Educación respectivas. Y mientras el Comando de Paro obtuvo en la mesa de negociación que a ningún trabajador se le descontara su salario, el acuerdo de Fecode obliga a los maestros a reponer el tiempo perdido en el cese de actividades.

(Mensaje dirigido al Comando Nacional de Paro el 17 de febrero)

Por su claridad en los objetivos, por el especial momento que atraviesa el país, por la amplitud de los sectores incorporados, por la iniciativa desplegada y la fuerza de las impresionantes movilizaciones realizadas, como por lo prolongado de la batalla, sin duda que el actual paro nacional de los trabajadores estatales constituye la demostración de mayor envergadura erguida en el panorama de las luchas obreras de los últimos tiempos.

Constituida en un hito en el proceso de resistencia obrera y popular contra la liberalización de nuestra economía impuesta por Estados Unidos, no dudo en expresar que en ella se cifra el presente y el porvenir inmediato de nuestra clase y del país entero.

El informe del FMI sobre nuestra economía, de agosto del año pasado, ordenó al gobierno de Samper congelar o reducir los salarios de los trabajadores, acelerar las privatizaciones, mantener la apertura comercial y varias otras modalidades del esquema neoliberal. El paro nacional en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia
financiera. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público nuestro con la diligente colaboración del actual gobierno.
La derrota de la ley que adultera el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola de represión contra las organizaciones sindicales y populares y sus líderes, representa otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas que conlleva para elevar la lucha a un plano más alto. El paro nacional mantiene en vilo a toda la nación. Desde mi modesto lugar en la lucha, saludo regocijado los admirables esfuerzos que vienen haciendo al frente del paro en pos de la victoria.
Sancionada ley de fuero para los empleados públicos
El mismo día en que se firmó el acuerdo de los estatales, el gobierno se vio obligado a sancionar la Ley 362, en que se reconoce el fuero sindical para los dirigentes de los empleados públicos.
El senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, había presentado el proyecto desde finales de 1995, señalando que si bien a los empleados públicos se les reconocía el derecho a formar asociaciones, a sus dirigentes se les negaba el fuero especial consagrado en la Constitución.

La nueva ley modifica el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo. El fuero queda contemplado en el parágrafo 2o.

Esta conquista democrática se suma a la de negociación colectiva, conseguida por el paro estatal.

Por Gustavo Triana

Desde el 8 de enero se inició la negociación del pliego de peticiones que definirá la convención colectiva de 1997-1998. Esta batalla la libran los obreros petroleros en medio de la gran ofensiva de exigencias del virrey Frechette que, en entrevistas con El Tiempo y El Espectador, señaló que el petróleo debe ser objeto de las políticas de apertura y privatización. El Espectador, de enero 21, informó que en marzo se reunirán en Cartagena el secretario de Energía de Estados Unidos, el ministro de Minas colombiano y empresarios de ambos países.

La importancia que guardan México, Venezuela y Colombia para el aprovisionamiento de la superpotencia es evidente, ya que los tres países tienen 50% de crudo de América Latina. Colombia surte hoy 7% del mercado gringo, y de 63 empresas asociadas con Ecopetrol, 29 son norteamericanas.

La Enron Corporation compró 40% de Promigás, que transporta el gas natural de la Costa Atlántica y cuyas utilidades alcanzaron en 1995 los 20 mil millones de pesos. La misma multinacional opera por concesión el gasoducto Ballenas Barranca, a través de la subsidiaria Centragás.

Tres aspectos del pliego
La USO centralizó su pelea en tres aspectos:

El primero, la defensa de Ecopetrol, entendida como la oposición a la denominada «reconstrucción de la empresa», que va a debilitar su integralidad y permite el traspaso al capital privado de varias de sus actividades.

Se exige además que el gobierno se abstenga de crear a Ecogás, cuya finalidad consiste en escindir de Ecopetrol el transporte masivo de gas natural v feriárselo al capital privado por sólo 80% del valor en libros y a 30 años de plazo. Este despropósito privará al Estado del negocio con más futuro en este sector productivo.

También es clave la autonomía financiera y presupuestal, pues tal como lo señala el anterior presidente, Luis Bernardo Flórez, Ecopetrol consigue los recursos para su propio desarrollo, pero el gobierno nacional se los sustrae con transferencias, como los 69 mil millones de pesos de 1996 y los 260 mil millones de pesos proyectados para 1997. Dichas sumas son diferentes a la apropiación de utilidades que hace el Confis para el presupuesto general de la nación, utilidades que representaron 170 mil y 423 mil millones de pesos en 1995 y 1996.

La empresa requiere de 1.600 millones de pesos para adelantar en 1997 la perforación de ocho pozos, poner en marcha los campos que hoy explota y modernizar las refinerías. No hacerlo sería darles más ventajas a las multinacionales.

Segundo, la lucha por lograr la libertad de los dirigentes y trabajadores detenidos, a quienes se aplicó la justicia sin rostro por parte de la Fiscalía. Este aspecto implica además echar atrás las sanciones económicas a los activistas y las millonarias multas impuestas a la USO.

Se pelea a fondo asimismo por que ingresen a Ecopetrol los dos mil trabajadores temporales que desempeñan funciones propias y permanentes de la industria. Esta batalla por la nómina convencional significa la continuidad de la base material que puede defender la empresa de las constantes agresiones del gobierno privatizador.

Tercero, en materia de peticiones económicas, se está exigiendo un aumento que atenúe las nefastas secuelas de la política oficial. En los últimos diez años el salario real de los petroleros se ha mermado en 28.5 %, mientras que los ingresos operacionales de Ecopetrol crecieron 30% en los últimos dos años y las utilidades se multiplicaron por 2.5.

El proletariado petrolero libra una batalla patriótica, que enfrenta la política imperialista de recolonización. Los colombianos estamos obligados a secundar esta pelea por la soberanía nacional.

Bogotá, 1° de marzo de 1997.

Ante la decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos contra Colombia y las declaraciones al respecto por parte de autoridades de ambos países, el MOIR declara:

1. El pronunciamiento de descertificación del país emitido por Clinton sólo es desmoralizante para aquellos funcionarios de las distintas ramas del Estado, empezando por la del Ejecutivo que preside Ernesto Samper, que sin mayores dificultades ni vergüenza se dedicaron, con creciente intensidad y diario afán, a atender los dictados de Washington y acomodar a éstos sus funciones, actividades y criterios. Además, la naturaleza de por sí imperialista de esa determinación no se puede soslayar o enmascarar recurriendo a la tontada de decir que es injusta y unilateral, o que es una medida política.

2. La responsabilidad por el avasallamiento de la nación que perpetra Estados Unidos en grados cada vez más insoportables, como se manifiesta en la descertificación, también recae sobre proclamados dirigentes de la sociedad civil. Desde los que vulgarmente se denominan «grandes cacaos» hasta mediocres dirigentes gremiales que gozan con plañir la pérdida de unos despreciables dólares ante la siniestra burocracia norteamericana; desde políticos carentes de «hombría y cojones» para defender los intereses de sus mandantes, que son los de la nación, hasta la panda de funcionarios gaviristas que, agazapados en organismos internacionales, financieros y académicos, conspiran contra la soberanía nacional; desde precandidatos preñados de neoliberalismo y en busca del beneplácito gringo, hasta fiscales y policías asignados a labores sucias del intervencionismo estadounidense.

3. Para las mayorías, conformadas por todos los colombianos cuyo arraigo en la nación sustenta su carácter de patriotas y demócratas consecuentes, las medidas, declaraciones y actos de los gobernantes de los Estados Unidos en su embestida contra Colombia les genera un sentimiento de nacionalismo y antimperialismo que, lejos de ser indeseable, como le parece a Samper, hace parte, por altivo y digno, de la moral realmente nueva y verdadera que se precisa para combatir la oprobiosa subyugación.

4. La población presencia airada el despreciable espectáculo de gobernantes y dirigentes que, en términos de la copla traída a cuento por el ministro del Interior, luego de que Estados Unidos los enjalmó, con la ayuda de los colaboracionistas al apretar cinchas, ahora se atropellan para emitir en variado tono toda suerte de lamentables declaraciones en donde patentizan que no les incomoda la enjalma sino las mataduras.

5. En prosecución de su política de recolonizar, el gobierno norteamericano reitera los ultimátums de la hora: restablecer la extradición, poner en efecto el acuerdo marítimo, y atender las exigencias sobre penalización, uso de herbicidas y régimen carcelario. Ya que en ese plan contará sin lugar a dudas tanto con la aquiescencia, quizá otra vez en medio de fútiles discrepancias, de los mencionados gobernantes y dirigentes, como con la labor de zapa de los colaboracionistas, el pueblo debe aprestarse a ejercer su fundamental derecho a levantarse en resistencia contra la política de intervención gringa, rebelarse contra toda disposición o ley internas que sirvan a esa política, y denunciar y condenar a quienes, ya sea desde la esfera pública o desde la privada, la promuevan o alcahueteen.

Por Norman Alarcón Rodas

La British Petroleum es una de las cinco grandes empresas oligopólicas que se reparten el negocio de los hidrocarburos en el mundo. Su presupuesto es mayor que el del Estado colombiano.

Hace siete años, esta trasnacional inglesa obtuvo del gobierno el contrato de Cusiana, campo que ya había sido objeto de trabajos exploratorios por parte de Ecopetrol, que auguraban el hallazgo de importantes yacimientos. En efecto, se encontraron 1.800 millones de barriles y un descomunal depósito de gas natural.

Después de declarada la comercialización de Cusiana y de iniciada su explotación vertiginosa, la trasnacional empezó a presionar una reforma constitucional sobre las expropiaciones, lo cual ya le fue concedido por el legislativo y el ejecutivo. Luego exigió negociar el gas por separado para obtener mayor tajada. Y la última exigencia del segundo semestre de 1996 fue que se cambiaran los términos del contrato de Piedemonte, en busca de la máxima rentabilidad.

Este contrato, firmado entre Ecopetrol y la British en junio de 1992, se basó en los términos de distribución escalonada: entre 0 y 60 millones de barriles extraídos, 50% para la nación y 50% para el asociado. Entre 60 y 90 millones de barriles, 55% para la nación y 45% para el asociado. Más de 150 millones, 70% para la nación y 30% para el asociado.

Allí se encontraron los yacimientos de Floreña y Pauto, que contienen casi 1.000 millones de barriles de petróleo -la mitad de Cusiana-, y Volcanera, con grandes cantidades de gas.

En 1996, la multinacional exigió modificar el contrato inicial para tener en cuenta el factor R, amenazando con suspender las inversiones. La comisión quinta del Senado rechazó la pretensión, como también el contralor David Turbay, el senador Jorge Santos Núñez, la USO, el periódico El Colombiano de Medellín y tres miembros de la junta directiva de Ecopetrol, quienes por tal motivo renunciaron.

El ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, siempre estuvo atento a complacer los apetitos de la compañía foránea. Para tal fin solicitó un concepto del Consejo de Estado, el cual lo emitió a principios de 1997 dándole la razón a la British, con la dudosa argucia de que en el contrato en mención se hablaba de la exploración de un condensado, término que según el alto tribunal se refería a gas y no a petróleo. La ex ministra de Minas, Margarita Mena de Quevedo, acaba de refutaren detalle la amañada interpretación del tribunal.

Si el concepto del Consejo de Estado es acogido por el gobierno, la British, por arte de birlibirloque, se saldría con la suya, obteniendo pingües ganancias que ascienden a 1.800 millones de dólares, los mismos que perdería la nación.

Por ello cabe citar aquí el editorial de El Colombiano, del 22 de octubre de 1996, refiriéndose a este conflicto: «Cuando creímos que el imperialismo burdo era cosa del pasado, descubrimos que los vientos neoliberales lo mantienen vivo y operante».

Faltaría agregar que la defensa del interés nacional es la línea divisoria entre los patriotas sinceros y los colaboracionistas genuflexos.