Por Yesid García
A las cinco de la mañana del 18 de febrero, en las oficinas del Ministerio del Interior, el Comando Nacional de Paro pactó con el gobierno, representado por seis ministros, el acuerdo que ponía fin al intenso y unitario cese laboral de más de 800 mil trabajadores estatales. Era el octavo día de parálisis de las principales empresas y dependencias de la administración pública a todos los niveles.
Al llamado de la dirección del movimiento, conformada por las centrales obreras, las federaciones y sindicatos del sector estatal, respondieron: los maestros oficiales, los profesores y funcionarios de las universidades públicas, los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, Sena, Contraloría General, salud pública, Incora, Idema, Registraduría Nacional, Bienestar Familiar, Inpec, licoreras, ministerios, departamentos y municipios. En las pocas entidades donde no hubo cese fue notoria la anormalidad laboral y el apoyo al paro.
El 11 de febrero, primer día de la protesta, y como expresión favorable a la lucha de los estatales, el transporte urbano e intermunicipal estuvo restringido en alto porcentaje en las principales capitales. El pueblo de Barrancabermeja acompañó la protesta con veinticuatro horas de paro cívico general. Los trabajadores de las ochocientas cincuenta oficinas de la Caja Agraria, y núcleos importantes del sector informal hicieron realidad la vieja consigna de la huelga de solidaridad. En muchos lugares, las gigantescas movilizaciones contaron con la presencia de trabajadores de empresas privadas, estudiantes y campesinos.
Un clima favorable
¿Qué propició la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales que actúan en el movimiento sindical? Por lo menos, cuatro factores debemos considerar:
a) La decisión oficial de acelerar la subasta de empresas y descargar sobre los ingresos de los servidores públicos buena parte del reajuste fiscal. Con ella, el gobierno cumplía las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 1996, cuando se ordenó, entre otras cosas, que “el gobierno haría bien en embarcarse en un esfuerzo de privatización mucho más vigoroso, en incluir bienes que no han sido designados para este propósito en los sectores energético, cafetero, de telecomunicaciones y financiero y, claro está, presionar fuertemente para realizar la venta de compañías que ya han sido señaladas para privatizarlas en 1996 y 1997”. En relación con los ingresos de los trabajadores la orden imperial también fue tajante: “La moderación en salarios es clave dentro de cualquier estrategia que busque disminuir la inflación sin que esto resulte en altos costos de empleo y producción. En el período venidero, la disciplina salarial (…) sería la clave para bajar la inflación”.
b) La profundización de la apertura económica, que ha sumido el país en una profunda crisis y ha traído una reducción considerable de los ingresos del fisco nacional. El “remedio” que a esta situación impone el FMI, y que aplica el gobierno, se resume en más neoliberalismo, o sea, recorte a la inversión, privatizaciones, mayores tributos y disminución de los salarios de los trabajadores. En el debate sobre el déficit fiscal, es oportuno señalar que su origen no se encuentra en las explicaciones que dan los neoliberales, tanto los del gobierno como los de la oposición. Su razón de ser está en que 27% del presupuesto nacional de 1997 se destina al pago de la deuda externa; en la eliminación de aranceles y sobretasas a las importaciones; en la reducción de tributos a las petroleras foráneas; en la entrega al capital privado de actividades y renglones económicos muy rentables, y en el menor recaudo de impuestos causado por la profunda recesión económica.
c) La compleja situación nacional y la debilidad del gobierno de Samper, dedicado en actitud sumisa y vergonzosa a cumplir al pie de la letra el cúmulo de exigencias norteamericanas, que tiene al país atónito e indignado frente al colaboracionismo y la traición nacional de un mandatario al cual la naturaleza “no dotó de columna vertebral”. La ley de extinción del dominio con retroactividad, el tratado de interdicción marítima, la invasión de aviones militares gringos a los cielos nacionales, los manejos alrededor del tratado de protección a las inversiones norteamericanas, la ley de aumento de penas, y el proyecto de reforma constitucional para restablecer la extradición hacen parte de una ininterrumpida cadena de entregas de la soberanía hoy reconocidas con una nueva “descertificación”. ¡Así paga el imperio a quien bien le sirve!
d) El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal. Como lo señalara el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, en uno de sus mensajes al Comando Nacional, “el paro en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia financiera que ordenó al gobierno de Samper reducir los salarios de los trabajadores. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público. La lucha por el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola represiva contra las organizaciones sindicales y sus líderes, representan otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas para llevar la lucha a un plano más alto”. La identidad de los objetivos facilitó la unidad en la dirección y la amplitud del movimiento.
Sólo la contundencia y la solidez del paro, que colmó las calles con decenas de miles de trabajadores en combativas movilizaciones, que derrotó la estrategia gubernamental de fragmentar sectorialmente una posible negociación, que desmintió con sus acciones la falaz acusación oficial de ligar la convocatoria estatal con propósitos e intereses distintos a los planteados públicamente, que ganó la batalla por conquistar a su favor, la opinión pública, obligó a que el gobierno samperista se sentara a negociar con el Comando Nacional.
El acuerdo alcanzado
Se pactó un incremento salarial de 18% en promedio, aplicado en una escala de 14% a 20%, donde los mayores porcentajes corresponden a los menores sueldos. La pretensión oficial de incrementar sólo 13.5%, basada en las imposiciones del FMI sobre la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, fue doblegada por la fuerza del movimiento. Los trabajadores de la salud, además, lograron, con retroactividad al primero de enero de 1997, la nivelación de sus salarios a los topes máximos fijados en el decreto 439 de 1995, válidos tanto para los servidores públicos del orden territorial como para los de las empresas sociales del Estado del orden nacional, lo que significa aumentos superiores a 30% en promedio.
La política de privatización de empresas oficiales y la venta del patrimonio público fueron centro del debate en los días del paro. Los trabajadores pudieron mostrar, en época propicia para llegar a los más amplios sectores de opinión, que tal política conspira contra los intereses nacionales y debe ser enfrentada con posiciones firmes de defensa de la soberanía patria. La lucha de los estatales no derrotó la privatización, pero los acuerdos logrados, especialmente los referidos a Telecom y Ecopetrol, constituyen bases firmes de apoyo para intensificar la resistencia a tan nefasto cometido.
Sobre la exigencia del derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del Estado, sometidos hoy al imperio de la ley 4 de 1992, el acuerdo establece el compromiso de presentar al Congreso un proyecto de ley concertado entre el gobierno y las organizaciones sindicales, en consonancia con los principios consagrados en los convenios 151 y 154 de la OIT, relativos a los derechos de sindicalización, condiciones de empleo y fomento a la negociación colectiva en la administración pública.
En cuanto a la penalización de la protesta social, herramienta a la cual recurren asiduamente las agencias del Estado, en especial la Fiscalía, hubo compromisos tendientes a que, por la vía de la penalización, no se despoje a las organizaciones y dirigentes sociales del derecho a enfrentar las políticas contrarias a los intereses de la nación y del pueblo. Se pactó también conformar comisiones amplias y representativas, con participación de las organizaciones sindicales, para analizar los tipos y procedimientos penales que puedan afectar la lucha sindical y social. El gobierno se comprometió a propiciar en el Congreso de la República un debate público sobre el tema.
El paro arrancó al gobierno el compromiso de retirar todas las solicitudes de ilegalidad del movimiento, no presentar demandas para suspender o cancelar las personerías jurídicas de los sindicatos, y no ejercer represalias de carácter disciplinario, administrativo o económico contra los huelguistas.
El acuerdo tiene puntos débiles y una que otra inconsistencia. Los nefastos efectos de la ley 344 de 1996, o de ajuste fiscal, no fueron conjurados, y la aplicación por el presidente de facultades extraordinarias para liquidar entidades estatales sólo “tendrá en cuenta las opiniones de las organizaciones sindicales de segundo grado del sector público”. En cuanto al Idema, se acepta su liquidación y sus trabajadores, según el acuerdo, sólo tendrán el derecho de opinar sobre los “lineamientos de la Institución que lo reemplazará” y su posible incorporación a ella. El gobierno se apoyó en un convenio del 21 de noviembre del año pasado donde los representantes de los trabajadores aceptaron “un escenario para discutir el proceso de liquidación”. Por ello, no falta razón a muchos funcionarios del Idema cuando critican la actitud de sus representantes de no colocar en el primer plano de la discusión la supervivencia de la entidad.
La unidad en el Comando Nacional solo se fracturó parcialmente, el lunes 17 de febrero, por la decisión de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode de firmar en el Palacio de Nariño un acuerdo para el magisterio y marginarse de la conducción colectiva del conflicto, que había sido fundamental en las negociaciones con el gobierno. Cuando los medios de comunicación anunciaron el arreglo y el levantamiento del paro de los educadores, el Comando Nacional iniciaba apenas la discusión del punto más álgido del paro: la política de privatización. Se trató de una burda maniobra de la camarilla gobiernista de Fecode, encaminada a dar protagonismo al senador Jaime Dussán, a desconocer el papel de las centrales obreras y a tratar de sacar ventajas particulares de la lucha de los trabajadores estatales. La deslealtad y la traición a la palabra empeñada no les fue rentable. Los 240.000 maestros no perdonarán el oportunismo de haber levantado unilateralmente el paro y poner en riesgo el resultado final de la contienda.
Lo más importante: el despertar de la lucha de masas
El paro y el acuerdo deben ser evaluados en el marco de la resistencia de los asalariados y del pueblo contra el plan de subyugación económica y política que lleva a cabo el imperialismo norteamericano. Los resultados constituyen una victoria para el movimiento sindical y una derrota para el gobierno de Samper. Se rompió la política salarial de 13.5%, se avanzó en la denuncia y la lucha contra la venta del patrimonio público, se lograron compromisos frente al derecho de negociación para los estatales y la despenalización de la lucha social. Todo ello al calor de movilizaciones de protesta, de utilización de las viejas pero eficaces herramientas de la lucha de masas. Las debilidades que tenga el acuerdo no opacan los importantes avances y mucho menos servir a los oportunistas como puntos de apoyo para demeritar el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.
Viejas verdades, que trataron de arrumar en los anaqueles del pretérito los neoliberales de afuera y de adentro del movimiento sindical, brillaron en la conciencia de los trabajadores colombianos. La capacidad de convocatoria de la dirigencia obrera se fortalecerá en la medida en que interprete correctamente los intereses de la mayoría de la población y aproveche las condiciones favorables. La posición reaccionaria que pontificaba sobre lo anacrónico de la confrontación popular, de la marcha, del mitin o de la huelga, y que colocaba como alternativa el “sindicalismo propositivo” o el “gremialismo apolítico”, es la gran derrotada en las filas de los trabajadores. La supuesta inutilidad de los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas en los tiempos de la “democracia participativa” se derrumbó ante la realidad, ante la masiva afiliación de los trabajadores a sus organizaciones después del paro, ante la constitución de decenas de nuevos sindicatos. Es la hora del fortalecimiento del sindicalismo en Colombia, la hora de recoger la cosecha sembrada en años de paciente labor de resistencia y combate al neoliberalismo y a la dominación norteamericana.
La experiencia organizativa del Comando Nacional debe ser asimilada y mantenida porque hace parte de las ganancias del paro. El movimiento sindical colombiano debe contar con una dirección centralizada nacional y regionalmente, que tenga como base insustituible las tres centrales obreras y se complemente con las federaciones sectoriales y sindicatos nacionales más representativos del país. Apoyamos la decisión de transformar el Comando Nacional de Paro en Comando Nacional Unitario, que debe asumir la preparación de los eventos programados y convocar a las fuerzas políticas y sociales a acometer en conjunto con los trabajadores las tareas y las luchas que imponen las graves circunstancias por las que atraviesa la nación.
El paro demostró que sólo la lucha arroja conquistas valiosas v que, de ellas, las de mayor proyección son las destinadas a crear las condiciones materiales y políticas que necesita el pueblo para librar combates de envergadura estratégica. A tono con la declaración del Comité Ejecutivo Central del MOIR, “dentro de semejante contexto social y político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antiimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre”.
