Categoría: Tribuna Roja N° 70, Bogotá; marzo 8 de 1997

Bogotá, 1° de marzo de 1997.

Ante la decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos contra Colombia y las declaraciones al respecto por parte de autoridades de ambos países, el MOIR declara:

1. El pronunciamiento de descertificación del país emitido por Clinton sólo es desmoralizante para aquellos funcionarios de las distintas ramas del Estado, empezando por la del Ejecutivo que preside Ernesto Samper, que sin mayores dificultades ni vergüenza se dedicaron, con creciente intensidad y diario afán, a atender los dictados de Washington y acomodar a éstos sus funciones, actividades y criterios. Además, la naturaleza de por sí imperialista de esa determinación no se puede soslayar o enmascarar recurriendo a la tontada de decir que es injusta y unilateral, o que es una medida política.

2. La responsabilidad por el avasallamiento de la nación que perpetra Estados Unidos en grados cada vez más insoportables, como se manifiesta en la descertificación, también recae sobre proclamados dirigentes de la sociedad civil. Desde los que vulgarmente se denominan «grandes cacaos» hasta mediocres dirigentes gremiales que gozan con plañir la pérdida de unos despreciables dólares ante la siniestra burocracia norteamericana; desde políticos carentes de «hombría y cojones» para defender los intereses de sus mandantes, que son los de la nación, hasta la panda de funcionarios gaviristas que, agazapados en organismos internacionales, financieros y académicos, conspiran contra la soberanía nacional; desde precandidatos preñados de neoliberalismo y en busca del beneplácito gringo, hasta fiscales y policías asignados a labores sucias del intervencionismo estadounidense.

3. Para las mayorías, conformadas por todos los colombianos cuyo arraigo en la nación sustenta su carácter de patriotas y demócratas consecuentes, las medidas, declaraciones y actos de los gobernantes de los Estados Unidos en su embestida contra Colombia les genera un sentimiento de nacionalismo y antimperialismo que, lejos de ser indeseable, como le parece a Samper, hace parte, por altivo y digno, de la moral realmente nueva y verdadera que se precisa para combatir la oprobiosa subyugación.

4. La población presencia airada el despreciable espectáculo de gobernantes y dirigentes que, en términos de la copla traída a cuento por el ministro del Interior, luego de que Estados Unidos los enjalmó, con la ayuda de los colaboracionistas al apretar cinchas, ahora se atropellan para emitir en variado tono toda suerte de lamentables declaraciones en donde patentizan que no les incomoda la enjalma sino las mataduras.

5. En prosecución de su política de recolonizar, el gobierno norteamericano reitera los ultimátums de la hora: restablecer la extradición, poner en efecto el acuerdo marítimo, y atender las exigencias sobre penalización, uso de herbicidas y régimen carcelario. Ya que en ese plan contará sin lugar a dudas tanto con la aquiescencia, quizá otra vez en medio de fútiles discrepancias, de los mencionados gobernantes y dirigentes, como con la labor de zapa de los colaboracionistas, el pueblo debe aprestarse a ejercer su fundamental derecho a levantarse en resistencia contra la política de intervención gringa, rebelarse contra toda disposición o ley internas que sirvan a esa política, y denunciar y condenar a quienes, ya sea desde la esfera pública o desde la privada, la promuevan o alcahueteen.

Por Norman Alarcón Rodas

La British Petroleum es una de las cinco grandes empresas oligopólicas que se reparten el negocio de los hidrocarburos en el mundo. Su presupuesto es mayor que el del Estado colombiano.

Hace siete años, esta trasnacional inglesa obtuvo del gobierno el contrato de Cusiana, campo que ya había sido objeto de trabajos exploratorios por parte de Ecopetrol, que auguraban el hallazgo de importantes yacimientos. En efecto, se encontraron 1.800 millones de barriles y un descomunal depósito de gas natural.

Después de declarada la comercialización de Cusiana y de iniciada su explotación vertiginosa, la trasnacional empezó a presionar una reforma constitucional sobre las expropiaciones, lo cual ya le fue concedido por el legislativo y el ejecutivo. Luego exigió negociar el gas por separado para obtener mayor tajada. Y la última exigencia del segundo semestre de 1996 fue que se cambiaran los términos del contrato de Piedemonte, en busca de la máxima rentabilidad.

Este contrato, firmado entre Ecopetrol y la British en junio de 1992, se basó en los términos de distribución escalonada: entre 0 y 60 millones de barriles extraídos, 50% para la nación y 50% para el asociado. Entre 60 y 90 millones de barriles, 55% para la nación y 45% para el asociado. Más de 150 millones, 70% para la nación y 30% para el asociado.

Allí se encontraron los yacimientos de Floreña y Pauto, que contienen casi 1.000 millones de barriles de petróleo -la mitad de Cusiana-, y Volcanera, con grandes cantidades de gas.

En 1996, la multinacional exigió modificar el contrato inicial para tener en cuenta el factor R, amenazando con suspender las inversiones. La comisión quinta del Senado rechazó la pretensión, como también el contralor David Turbay, el senador Jorge Santos Núñez, la USO, el periódico El Colombiano de Medellín y tres miembros de la junta directiva de Ecopetrol, quienes por tal motivo renunciaron.

El ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, siempre estuvo atento a complacer los apetitos de la compañía foránea. Para tal fin solicitó un concepto del Consejo de Estado, el cual lo emitió a principios de 1997 dándole la razón a la British, con la dudosa argucia de que en el contrato en mención se hablaba de la exploración de un condensado, término que según el alto tribunal se refería a gas y no a petróleo. La ex ministra de Minas, Margarita Mena de Quevedo, acaba de refutaren detalle la amañada interpretación del tribunal.

Si el concepto del Consejo de Estado es acogido por el gobierno, la British, por arte de birlibirloque, se saldría con la suya, obteniendo pingües ganancias que ascienden a 1.800 millones de dólares, los mismos que perdería la nación.

Por ello cabe citar aquí el editorial de El Colombiano, del 22 de octubre de 1996, refiriéndose a este conflicto: «Cuando creímos que el imperialismo burdo era cosa del pasado, descubrimos que los vientos neoliberales lo mantienen vivo y operante».

Faltaría agregar que la defensa del interés nacional es la línea divisoria entre los patriotas sinceros y los colaboracionistas genuflexos.

El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal, fue uno de los factores que propiciaron la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales del movimiento obrero. En la foto, manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sobre el precio de los combustibles, la USO tiene que señalar dos aspectos que, en nuestra opinión, no favorecen a Ecopetrol ni a los consumidores.

1. El precio tiene un alto componente de impuestos, es decir, la carga fiscal es exagerada y con ello el gobierno nacional está gravando indirectamente al, pueblo colombiano. La gasolina tiene una carga fiscal de 37.14%, o sea, 404.17 pesos por galón.

2. El margen para los distribuidores mayoristas es elevado y además favorece a cuatro monopolios privados, tres de ellos norteamericanos: Codi Mobil, Esso y Texaco. Éstos tienen un margen de 4.42%, o sea, 48.13 pesos por galón, que, aplicados a 129 mil barriles diarios producen unas multimillonarias utilidades, por una labor que no le representa al país ni empleos, ni inversión, ni tecnología. Estas empresas lo que hacen es recibir la gasolina de Ecopetrol y venderla en las plantas de abasto mayoristas a los distribuidores minoristas, o sea, los surtidores al público.

La Mobil ganó en 1995 la suma de 6.7 millones de dólares en esta actividad y es una de las cuatro compañías de Colombia colocadas entre las 170 empresas más grandes de América Latina. Puesto alcanzado sólo intermediando combustibles de Ecopetrol a los dueños de los surtidores que agremia Fendipetróleos.

Ecopetrol finalmente sólo recibe 581.51 pesos por cada galón producido y, desde la venta de los Terpeles, no participa en este jugoso negocio de la distribución.

La intermediación de la Esso, Mobil, Texaco, la incorporación del aditivo ecológico y la alta carga fiscal, no benefician a Ecopetrol, sino a los privados, y se descarga en el bolsillo de los consumidores.

Por Yesid García

A las cinco de la mañana del 18 de febrero, en las oficinas del Ministerio del Interior, el Comando Nacional de Paro pactó con el gobierno, representado por seis ministros, el acuerdo que ponía fin al intenso y unitario cese laboral de más de 800 mil trabajadores estatales. Era el octavo día de parálisis de las principales empresas y dependencias de la administración pública a todos los niveles.

Al llamado de la dirección del movimiento, conformada por las centrales obreras, las federaciones y sindicatos del sector estatal, respondieron: los maestros oficiales, los profesores y funcionarios de las universidades públicas, los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, Sena, Contraloría General, salud pública, Incora, Idema, Registraduría Nacional, Bienestar Familiar, Inpec, licoreras, ministerios, departamentos y municipios. En las pocas entidades donde no hubo cese fue notoria la anormalidad laboral y el apoyo al paro.

El 11 de febrero, primer día de la protesta, y como expresión favorable a la lucha de los estatales, el transporte urbano e intermunicipal estuvo restringido en alto porcentaje en las principales capitales. El pueblo de Barrancabermeja acompañó la protesta con veinticuatro horas de paro cívico general. Los trabajadores de las ochocientas cincuenta oficinas de la Caja Agraria, y núcleos importantes del sector informal hicieron realidad la vieja consigna de la huelga de solidaridad. En muchos lugares, las gigantescas movilizaciones contaron con la presencia de trabajadores de empresas privadas, estudiantes y campesinos.

Un clima favorable
¿Qué propició la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales que actúan en el movimiento sindical? Por lo menos, cuatro factores debemos considerar:

a) La decisión oficial de acelerar la subasta de empresas y descargar sobre los ingresos de los servidores públicos buena parte del reajuste fiscal. Con ella, el gobierno cumplía las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 1996, cuando se ordenó, entre otras cosas, que «el gobierno haría bien en embarcarse en un esfuerzo de privatización mucho más vigoroso, en incluir bienes que no han sido designados para este propósito en los sectores energético, cafetero, de telecomunicaciones y financiero y, claro está, presionar fuertemente para realizar la venta de compañías que ya han sido señaladas para privatizarlas en 1996 y 1997». En relación con los ingresos de los trabajadores la orden imperial también fue tajante: «La moderación en salarios es clave dentro de cualquier estrategia que busque disminuir la inflación sin que esto resulte en altos costos de empleo y producción. En el período venidero, la disciplina salarial (…) sería la clave para bajar la inflación».

b) La profundización de la apertura económica, que ha sumido el país en una profunda crisis y ha traído una reducción considerable de los ingresos del fisco nacional. El «remedio» que a esta situación impone el FMI, y que aplica el gobierno, se resume en más neoliberalismo, o sea, recorte a la inversión, privatizaciones, mayores tributos y disminución de los salarios de los trabajadores. En el debate sobre el déficit fiscal, es oportuno señalar que su origen no se encuentra en las explicaciones que dan los neoliberales, tanto los del gobierno como los de la oposición. Su razón de ser está en que 27% del presupuesto nacional de 1997 se destina al pago de la deuda externa; en la eliminación de aranceles y sobretasas a las importaciones; en la reducción de tributos a las petroleras foráneas; en la entrega al capital privado de actividades y renglones económicos muy rentables, y en el menor recaudo de impuestos causado por la profunda recesión económica.

c) La compleja situación nacional y la debilidad del gobierno de Samper, dedicado en actitud sumisa y vergonzosa a cumplir al pie de la letra el cúmulo de exigencias norteamericanas, que tiene al país atónito e indignado frente al colaboracionismo y la traición nacional de un mandatario al cual la naturaleza «no dotó de columna vertebral». La ley de extinción del dominio con retroactividad, el tratado de interdicción marítima, la invasión de aviones militares gringos a los cielos nacionales, los manejos alrededor del tratado de protección a las inversiones norteamericanas, la ley de aumento de penas, y el proyecto de reforma constitucional para restablecer la extradición hacen parte de una ininterrumpida cadena de entregas de la soberanía hoy reconocidas con una nueva «descertificación». ¡Así paga el imperio a quien bien le sirve!

d) El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal. Como lo señalara el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, en uno de sus mensajes al Comando Nacional, «el paro en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia financiera que ordenó al gobierno de Samper reducir los salarios de los trabajadores. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público. La lucha por el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola represiva contra las organizaciones sindicales y sus líderes, representan otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas para llevar la lucha a un plano más alto». La identidad de los objetivos facilitó la unidad en la dirección y la amplitud del movimiento.

Sólo la contundencia y la solidez del paro, que colmó las calles con decenas de miles de trabajadores en combativas movilizaciones, que derrotó la estrategia gubernamental de fragmentar sectorialmente una posible negociación, que desmintió con sus acciones la falaz acusación oficial de ligar la convocatoria estatal con propósitos e intereses distintos a los planteados públicamente, que ganó la batalla por conquistar a su favor, la opinión pública, obligó a que el gobierno samperista se sentara a negociar con el Comando Nacional.

El acuerdo alcanzado
Se pactó un incremento salarial de 18% en promedio, aplicado en una escala de 14% a 20%, donde los mayores porcentajes corresponden a los menores sueldos. La pretensión oficial de incrementar sólo 13.5%, basada en las imposiciones del FMI sobre la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, fue doblegada por la fuerza del movimiento. Los trabajadores de la salud, además, lograron, con retroactividad al primero de enero de 1997, la nivelación de sus salarios a los topes máximos fijados en el decreto 439 de 1995, válidos tanto para los servidores públicos del orden territorial como para los de las empresas sociales del Estado del orden nacional, lo que significa aumentos superiores a 30% en promedio.

La política de privatización de empresas oficiales y la venta del patrimonio público fueron centro del debate en los días del paro. Los trabajadores pudieron mostrar, en época propicia para llegar a los más amplios sectores de opinión, que tal política conspira contra los intereses nacionales y debe ser enfrentada con posiciones firmes de defensa de la soberanía patria. La lucha de los estatales no derrotó la privatización, pero los acuerdos logrados, especialmente los referidos a Telecom y Ecopetrol, constituyen bases firmes de apoyo para intensificar la resistencia a tan nefasto cometido.

Sobre la exigencia del derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del Estado, sometidos hoy al imperio de la ley 4 de 1992, el acuerdo establece el compromiso de presentar al Congreso un proyecto de ley concertado entre el gobierno y las organizaciones sindicales, en consonancia con los principios consagrados en los convenios 151 y 154 de la OIT, relativos a los derechos de sindicalización, condiciones de empleo y fomento a la negociación colectiva en la administración pública.

En cuanto a la penalización de la protesta social, herramienta a la cual recurren asiduamente las agencias del Estado, en especial la Fiscalía, hubo compromisos tendientes a que, por la vía de la penalización, no se despoje a las organizaciones y dirigentes sociales del derecho a enfrentar las políticas contrarias a los intereses de la nación y del pueblo. Se pactó también conformar comisiones amplias y representativas, con participación de las organizaciones sindicales, para analizar los tipos y procedimientos penales que puedan afectar la lucha sindical y social. El gobierno se comprometió a propiciar en el Congreso de la República un debate público sobre el tema.

El paro arrancó al gobierno el compromiso de retirar todas las solicitudes de ilegalidad del movimiento, no presentar demandas para suspender o cancelar las personerías jurídicas de los sindicatos, y no ejercer represalias de carácter disciplinario, administrativo o económico contra los huelguistas.

El acuerdo tiene puntos débiles y una que otra inconsistencia. Los nefastos efectos de la ley 344 de 1996, o de ajuste fiscal, no fueron conjurados, y la aplicación por el presidente de facultades extraordinarias para liquidar entidades estatales sólo «tendrá en cuenta las opiniones de las organizaciones sindicales de segundo grado del sector público». En cuanto al Idema, se acepta su liquidación y sus trabajadores, según el acuerdo, sólo tendrán el derecho de opinar sobre los «lineamientos de la Institución que lo reemplazará» y su posible incorporación a ella. El gobierno se apoyó en un convenio del 21 de noviembre del año pasado donde los representantes de los trabajadores aceptaron «un escenario para discutir el proceso de liquidación». Por ello, no falta razón a muchos funcionarios del Idema cuando critican la actitud de sus representantes de no colocar en el primer plano de la discusión la supervivencia de la entidad.

La unidad en el Comando Nacional solo se fracturó parcialmente, el lunes 17 de febrero, por la decisión de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode de firmar en el Palacio de Nariño un acuerdo para el magisterio y marginarse de la conducción colectiva del conflicto, que había sido fundamental en las negociaciones con el gobierno. Cuando los medios de comunicación anunciaron el arreglo y el levantamiento del paro de los educadores, el Comando Nacional iniciaba apenas la discusión del punto más álgido del paro: la política de privatización. Se trató de una burda maniobra de la camarilla gobiernista de Fecode, encaminada a dar protagonismo al senador Jaime Dussán, a desconocer el papel de las centrales obreras y a tratar de sacar ventajas particulares de la lucha de los trabajadores estatales. La deslealtad y la traición a la palabra empeñada no les fue rentable. Los 240.000 maestros no perdonarán el oportunismo de haber levantado unilateralmente el paro y poner en riesgo el resultado final de la contienda.

Lo más importante: el despertar de la lucha de masas
El paro y el acuerdo deben ser evaluados en el marco de la resistencia de los asalariados y del pueblo contra el plan de subyugación económica y política que lleva a cabo el imperialismo norteamericano. Los resultados constituyen una victoria para el movimiento sindical y una derrota para el gobierno de Samper. Se rompió la política salarial de 13.5%, se avanzó en la denuncia y la lucha contra la venta del patrimonio público, se lograron compromisos frente al derecho de negociación para los estatales y la despenalización de la lucha social. Todo ello al calor de movilizaciones de protesta, de utilización de las viejas pero eficaces herramientas de la lucha de masas. Las debilidades que tenga el acuerdo no opacan los importantes avances y mucho menos servir a los oportunistas como puntos de apoyo para demeritar el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.

Viejas verdades, que trataron de arrumar en los anaqueles del pretérito los neoliberales de afuera y de adentro del movimiento sindical, brillaron en la conciencia de los trabajadores colombianos. La capacidad de convocatoria de la dirigencia obrera se fortalecerá en la medida en que interprete correctamente los intereses de la mayoría de la población y aproveche las condiciones favorables. La posición reaccionaria que pontificaba sobre lo anacrónico de la confrontación popular, de la marcha, del mitin o de la huelga, y que colocaba como alternativa el «sindicalismo propositivo» o el «gremialismo apolítico», es la gran derrotada en las filas de los trabajadores. La supuesta inutilidad de los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas en los tiempos de la «democracia participativa» se derrumbó ante la realidad, ante la masiva afiliación de los trabajadores a sus organizaciones después del paro, ante la constitución de decenas de nuevos sindicatos. Es la hora del fortalecimiento del sindicalismo en Colombia, la hora de recoger la cosecha sembrada en años de paciente labor de resistencia y combate al neoliberalismo y a la dominación norteamericana.

La experiencia organizativa del Comando Nacional debe ser asimilada y mantenida porque hace parte de las ganancias del paro. El movimiento sindical colombiano debe contar con una dirección centralizada nacional y regionalmente, que tenga como base insustituible las tres centrales obreras y se complemente con las federaciones sectoriales y sindicatos nacionales más representativos del país. Apoyamos la decisión de transformar el Comando Nacional de Paro en Comando Nacional Unitario, que debe asumir la preparación de los eventos programados y convocar a las fuerzas políticas y sociales a acometer en conjunto con los trabajadores las tareas y las luchas que imponen las graves circunstancias por las que atraviesa la nación.

El paro demostró que sólo la lucha arroja conquistas valiosas v que, de ellas, las de mayor proyección son las destinadas a crear las condiciones materiales y políticas que necesita el pueblo para librar combates de envergadura estratégica. A tono con la declaración del Comité Ejecutivo Central del MOIR, «dentro de semejante contexto social y político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antiimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre».

Por Francisco Valderrama Mutis
Ante la imperiosa necesidad de cubrir el déficit, Samper decidió apretar el acelerador del plan de privatizaciones. Decidió sacar a la venta la participación que por 46.58% de las acciones mantenía el gobierno en Cerro Matoso S. A. (CMSA). Mientras el gobierno suple en parte sus necesidades de recursos frescos, los monopolios se apoderan de los activos nacionales a precio de saldos.

Para su siniestro objetivo los funcionarios oficiales han adoptado el criterio de que los activos no valen lo que valen, y ni siquiera lo que dicen los avalúos contratados con la banca de inversión, sino lo que ofrezcan los consorcios internacionales. Esto sucedió en el caso de Cerro Matoso; el vicepresidente de Inversiones del IFI, Félix Moreno, se retiró de ese instituto, denunciando que la participación del país fue malvendida en 180 millones de dólares cuando había sido tasada entre 230 y 290 millones.

El presidente del IFI elude mencionar que en el presente caso se trató de una negociación con una solo oferente, que se limitó a quedarse con todo el negocio ahorrándose la tercera parte de su valor, si de tasarlo en dólares se tratara, porque la realidad es que una mina de níquel, mineral estratégico, no puede ser considerada como un activo cualquiera. Su importancia la vuelve invaluable.

Producto del esfuerzo nacional
En la construcción y puesta en funcionamiento de la empresa el país hubo de hacer un esfuerzo tremendo, que se resume en los siguientes hechos: 1) Fue con el aval de la nación como se consiguieron los créditos con el Banco Mundial y la banca privada para la construcción inicial de la empresa. Es más, cuando en 1986, por los bajos precios del níquel, CMSA acumuló pérdidas por 35 mil millones de pesos, la nación asumió el pago de esas obligaciones. 2) CMSA funciona con base en la refinación del ferroníquel y tiene como principal insumo para su operación la energía eléctrica. Hasta 1996 su consumo fue de 45 megavats de potencia. Mucho más de lo que consume todo el departamento de Córdoba. Para que la energía eléctrica no le resultara tan costosa como a las demás empresas de la Costa, Corelca estableció triangulación con las EE.PP. de Medellín y así CMSA pudo recibir energía subsidiada a precio de origen hídrico, considerablemente más barata que la térmica. 3) Se le otorgaron ventajas en la forma de liquidación de las regalías, pactadas inicialmente sobre las utilidades. Era tan aberrante el atraco a los municipios y al departamento de Córdoba, que luego fue cambiada por liquidación sobre el valor de la producción en boca de mina, que aún sigue siendo favorable a la empresa. 4) Se le eximió del pago de impuestos durante los primeros años de explotación de la mina. 5) Se le excluyó del pago del impuesto de industria y comercio a Montelíbano.

Algunas de estas ventajas son comunes a todos los proyectos industriales, pero otras, como la de la energía eléctrica, formaron parte de un claro esfuerzo nacional por sacar adelante la mina de níquel y ponerla en funcionamiento. Evidentemente la nación aportó mucho más que los socios extranjeros. Por eso, es una afrenta feriarla para atemperar las afugias de Samper.

Enormes ventajas sobre la competencia
Las ventajas de CMSA sobre las empresas niqueleras del mundo son enormes: a) Es una mina trabajada a tajo abierto, por lo tanto libre de las grandes inversiones necesarias para construir los socavones. b) El tenor de su níquel es 2.9%, cuando en las demás minas del mundo no pasa de 1.5%. c) Los bajos costos de la energía consumida: eléctrica de origen hídrico, carbón sacado de minas ubicadas a muy corta distancia y gas natural extraído de pozos en Córdoba y en Sucre. d) Excelente productividad y rentabilidad, que le permitieron cubrir las deudas en cuatro años, cuando logró buenos precios del níquel en el mercado mundial. Entre 1987 y 1991, CMSA canceló deudas por 340 millones de dólares.

Si esto hizo en cuatro años, tiene razón la Gencor, firma compradora, en estar feliz como lo reseña la prensa, pues bien puede esperar que su inversión sea recuperada en sólo dos años y de ahí en adelante dedicarse a usufructuar sus ganancias.

El tamaño del negocio lo podemos mirar teniendo en cuenta las cifras de producción de níquel en los últimos años: 40.6 millones de libras en 1990, 54 millones en 1995, y la Gencor espera llegar a producir 60 millones de libras en 1997y 100 millones en el año 2000.

Mientras esto calcula la multinacional, el gobierno samperista prefirió malbaratar por unos cuantos pesos la seguridad de unos ingresos permanentes.

Frente a este atropello, el sindicato de CMSA asumió una posición de lucha y denuncia que no fue empañada por la actitud de abierta traición de unos pocos trabajadores que aceptaron el vergonzoso papel de calanchines de la empresa extranjera y trataron de comprometer al resto en la compra miserable de un pequeño porcentaje de acciones.

Por el justo y correcto contenido de sus objetivos y por la combatividad que para alcanzarlos demostraron con sus movilizaciones en masa, los trabajadores estatales, contando con el respaldo del resto del proletariado, convirtieron el paro que acaban de realizar en el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.

Tal trascendencia radicó en que el movimiento apuntaba objetivamente contra soportes medulares de la política neoliberal que en su plan de recolonización impulsa Estados Unidos y que el gobierno de Samper Pizano, continuando lo establecido y actuado por la panda de la administración Gaviria, está aplicando con particular celo e intensidad. En efecto, ir en contra de la privatización de empresas que varias generaciones de colombianos convirtieron en patrimonio público, rechazar las leves y medidas coercitivas respecto al pleno ejercicio de los derechos laborales, repudiar la insoportable explotación a que se quiere someter a las masas laboriosas al escamotear aún más sus salarios, y rebelarse ante el intento de los principales sabuesos de la Fiscalía de hacer penables las justas luchas obreras y populares, corresponde, de hecho, a las posiciones y acciones superiores: las de resistencia frente al plan de subyugación económica y política que lleva adelante el imperialismo norteamericano.
También, sin ninguna duda, son posturas y conductas de resistencia a la política de entrega y abyección que en consonancia con ese plan aplica el gobierno samperista. Cuestión de la mayor relevancia en estos días cuando el gobierno se apresta, medroso y menguado en presencia de la próxima decisión de Clinton sobre la certificación, a cumplir con mansedad los dictados de Washington, entre otros: condescender para que fuerzas militares gringas vayan en corso contra naves y tripulaciones colombianas; conceder la extradición de nacionales para su juzgamiento y castigo en los Estados Unidos; autorizar las actividades de personal militar y policíaco estadounidense en operaciones efectuadas en nuestro territorio y, en fin, reformar la Constitución y las leyes, en especial las referente a la justicia, hasta colmar los criterios fascistas que emanan de la Casa Blanca.

En su desarrollo, el paro hizo evidente de nuevo que sólo la lucha forja conquistas valiosas y que, de ellas, las de mayor proyección son las encauzadas a crear condiciones materiales y políticas que precisa la población para librar combates de envergadura estratégica. Ningún avance realmente significativo podrán consolidar los trabajadores en derechos que les son tan preciados y necesarios -los derechos al trabajo, la estabilidad laboral, la organización, la negociación colectiva, los procedimientos democráticos en el trato de todos sus litigios, las mejores condiciones salariales y la cultura- si primeramente, junto con el resto de la nación, no echan abajo de raíz el intervencionismo norteamericano y derrotan las diferenciadas vertientes colaboracionistas, empezando por las empotradas en las ramas del Estado.

Dentro de semejante contexto político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre.

Comité Ejecutivo Central

Bogotá, 18 de febrero de 1997.

PAROS CÍVICOS EN ITAGÜÍ Y AMAGA
El alza de 55% en el impuesto predial, el aumento en las tarifas de los servicios y el cobro anticipado de 30% del impuesto de industria y comercio han hecho que en el municipio de Itagüí los afectados anunciaran un paro cívico para una fecha próxima, aún por definirse.

La pesada carga tributaria ahonda aún más la aguda recesión y el desempleo que sacude al Valle de Aburrá, donde cientos de empresas y establecimientos comerciales han debido cerrar sus puertas -entre ellas, dos factorías de Coltejer y buena parte de Tejicóndor-, castigados por la apertura.

En las reuniones preparatorias de la protesta ciudadana han participado los concejales Jorge León Montoya y Francisco Abad, y los líderes cívicos Alirio Sánchez y Eloísa Ossa. Gonzalo Mejía, del MOIR, llevó la representación del movimiento local Ciudadanos por el Cambio.

Desobediencia civil en Amagá
Una combativa marcha de cinco mil personas, que contó con el respaldo de comerciantes y transportadores y del sindicato de la industria minera, paralizó el domingo 13 de febrero las actividades en esta población del suroeste antioqueño. Los participantes aprobaron realizar un paro cívico en el mes de marzo.

La protesta, encabezada por los concejales Javier Vélez, Octavio Marín y Francisco Moncada y por la dirigente Elvia Torres, rechazó las escandalosas alzas en el impuesto predial y las tarifas de acueducto, aplicadas por el alcalde Ángel Custodio Álvarez. Los voceros de la comunidad llamaron a la desobediencia civil y a no pagar las facturas.

El comité de paro está compuesto, además de los líderes mencionados, por Hernán Taborda, dirigente del MOIR.

Por Violeta Osorno

La apertura se inició en Chile en 1974. Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en el cual fue derrocada la Unidad Popular de Salvador Allende, se instauró un régimen dictatorial que suprimió de tajo las libertades y desató una de las olas de terrorismo de Estado más violentas conocidas desde la posguerra. Irónicamente, su bandera fue la «defensa de la libertad individual» bajo cuyo pretexto se limitó la intervención estatal y se entregó a los monopolios privados la responsabilidad de la conducción económica, de cuyo crecimiento emanaría naturalmente el desarrollo que reduciría la pobreza.

Sumiso ante las exigencias externas, el régimen militar estableció una serie de reformas, muy similares a las que desde el gobierno de Gaviria se han aplicado en Colombia: 1) Inició la reducción del tamaño del Estado v la eliminación de empleos públicos. 2) Comenzó a privatizar las empresas estatales. 3) Disminuyó bruscamente el gasto público, especialmente en los sectores de educación, salud y vivienda y destinó irrisorios recursos a las demagógicas “redes de solidaridad social”. 4) Implantó un conjunto de reformas a la Constitución, a la legislación laboral, al régimen de pensiones y de seguridad social, tendientes a abaratar los salarios y atraer los capitales extranjeros.

La crisis no se dejó esperar: entre 1974 y 1988, el PIB chileno permaneció estancado e incluso entre 1982 y 1983 cayó 16.5 %. Los tan mentados éxitos económicos de los años 1977-1981 y 1984-1989 apenas compensaron las fuertes recesiones experimentadas en los periodos anteriores.

El desempeño industrial fue desastroso. Su producción per cápita disminuyó frente a los niveles de la década del 60. En 1981, uno de los años de mayor productividad, el número de establecimientos sólo alcanzó 87% de los existentes en 1967. La tasa de crecimiento estuvo muy por debajo de la de los demás países de Latinoamérica, exceptuando Argentina.

En los seis primeros años de dictadura, el sector productivo vio reducido su crecimiento a menos de la mitad del periodo anterior. La participación de la industria en el PIB bajó de 29% a 21 % de 1972 a 1980. La expansión se dio únicamente en el comercio y en un nivel mínimo en los servicios, con la quiebra masiva de productores en las demás áreas. Entre 1973 y 1980 hubo 1.611 quiebras de empresas, con un número siempre mayor de año en año. La agricultura limitó su desarrollo a los sectores ligados a la exportación, tales como las frutas y maderas.

La superficie destinada a cultivos como el trigo, el maíz y la remolacha, se redujo en 32%. Los precios reales recibidos por los agricultores chilenos se contrajeron en 25%.

Para agudizar la crisis productiva, el régimen militar bajó el arancel a una cifra única de 10%, desmontó las barreras no arancelarias a las importaciones y estableció amplias facilidades para endeudarse en el exterior. El mercado se inundó de productos baratos, ante los cuales la industria y la agricultura se encontraron desprotegidos.

El nivel de endeudamiento externo fue mayor que en el grueso de países latinoamericanos, hasta tal punto que en 1988 casi triplicaba el de Colombia, colocándose en los US$ 1.485 per cápita.

Alwyn y Frei: antidemocracia y proimperialismo
A pesar de la represión vivida, el descontento popular se hizo inatajable. Los salarios habían caído a menos de 75% del nivel alcanzado en 1970. El desempleo se colocó en cifras superiores a 20%, sin tener en cuenta que se consideraba como empleado a todo aquel que hubiera trabajado por lo menos una hora en la semana anterior a las encuestas. El desempleo también se disfrazó con un plan consistente en ofrecer un trabajo de baja calificación por una paga aproximada a la mitad del salario mínimo, en lugar del clásico seguro de desempleo.

También se inició un proceso de «flexibilización» del mercado de trabajo, reduciendo las trabas para la libre y descarnada explotación de la mano de obra al menor costo posible. La primera etapa de la dictadura estuvo caracterizada por la violenta persecución a sindicatos y dirigentes y el desconocimiento a los derechos conquistados. Tal política se institucionalizó en su segundo decenio con la expedición del nuevo Código de Trabajo en 1987 y la Reforma Previsional, de las cuales son simples copias las nefastas leyes colombianas 50 y 100.

La miseria desbordada desató la inconformidad. Por este motivo, y en consonancia con su nueva política mundial, Estados Unidos recomendó instaurar un gobierno que, bajo una fachada democrática, estableciera paliativos para suavizar la tensión política y complementar la obra depredadora de la apertura.

Fue así como nacieron los gobiernos de la “Concertación”. Con una pretendida crítica al modelo económico establecido durante el régimen militar, Patricio Aylwin y Frei han profundizado la aplicación de medidas antinacionales. En la presente década Chile ha firmado la mayor cantidad de convenios comerciales para facilitar las inversiones de Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos y asiáticos, hace afanosos esfuerzos para ser incluido en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica y se apresta para ingresar a Mercosur. Los fondos de pensiones, controlados por el capital extranjero, se han convertido en propietarios de la mayor parte de las empresas y controlan más de US $27 mil millones, equivalentes a casi la mitad del PIB chileno.

A raíz de la privatización de la telefonía de larga distancia en 1994, los monopolios estadounidenses han adquirido las principales empresas y las utilizan como testaferros para controlarlas telecomunicaciones en otros países, como es el caso de Colombia, en donde por intermedio de la compañía Télex de Chile, el pulpo Texcom aspira a participar en la subasta de Telecom. Otro tanto ha sucedido con el negocio de la electricidad.

El tan aplaudido crecimiento económico, que para 1996 fue de 7%, por encima de varios países latinoamericanos, ha dependido en realidad del auge de la especulación financiera, en desmedro de la industria y el agro. Por ello, la Sociedad Nacional de Agricultores ha exigido medidas proteccionistas y rechazado la vinculación de Chile a Mercosur. En respuesta, Frei propondrá este año una nueva reforma tributaria, en la que por concepto de rebajas arancelarias el fisco perderá cerca de 650 millones de dólares.

El país está hipotecado. En 1996 la deuda externa totalizó más de US$ 21mil millones, de los cuales US$15 mil corresponden al sector privado y US$6 mil al sector público. Entre tanto, la inversión extranjera, verdadera beneficiaria del «milagro», pasó entre 1990 y 1995 de US$1.461 a US$4.337. Debe tenerse en cuenta que la tasa de interés en Chile es inferior a la de la mayoría de países latinoamericanos (5.5% frente a43% de México, 39% de Colombia, y 7.5% de Argentina), lo cual explica el interés de los conglomerados financieros por echar mano del ahorro chileno para invertirlo en otras naciones del continente.

El alabado superávit fiscal, así como la reducción de la tasa media de inflación hasta colocarse en 7% en 1996, han sido el producto de fuertes reducciones en el gasto público, la venta del patrimonio nacional, las masivas importaciones v el deterioro de los salarios.

Esta sumisión le valió a Frei la más apoteósica bienvenida brindada a un primer mandatario latinoamericano por parte de Clinton y el Congreso gringo, en su reciente visita a Washington.

«Chile no ha podido con la pobreza»
Así lo reconocía El Tiempo, el 23 de septiembre de 1995, constatando los nefandos efectos de la política neoliberal de los gobiernos de la Concertación. En 1993 Chile tenía la peor distribución de ingresos de América Latina después de Brasil: el 20% más rico ganaba 17 veces lo que percibe el 20% más pobre. La pobreza se agudiza por el envilecimiento de los salarios: para 1996, el salario mínino en Chile era sólo de US$151.

La situación de la clase obrera se torna insoportable. El contrato colectivo de trabajo ha desaparecido con la modalidad de ligar los salarios a la «productividad», esto es, someter a los operarios a intensas jornadas por una paga que escasamente garantiza la supervivencia. Los sindicatos solo pueden negociar a nivel de empresa, lo cual debilita la posibilidad de conseguir reivindicaciones colectivas por rama industrial. Se eliminó el aumento anual de salarios según la inflación. Se han recortado o suprimido las indemnizaciones por despidos y se permite contratar personal en períodos de huelga, golpeando las garantías sindicales. Estas medidas han sido complementadas con el contrato a destajo en talleres domiciliarios que los mismos empresarios ayudan a instalar, despidiendo parte de sus trabajadores con el señuelo de convertirlos en “prósperos” microempresarios, birlándoles así sus salarios y prestaciones. El número de empleos estables y calificados disminuye, frente a un número creciente de trabajadores transitorios con menor remuneración, que puedan desempeñar oficios en varias áreas de la producción, con menor calificación («trabajadores polivalentes») facilitando a los empresarios reorganizar la producción cada vez que se requiera. Cabe destacar aquí la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, en ocupaciones de baja remuneración, corta duración y tiempo parcial. Es de esta y no de otra forma como se explica la baja tasa de desempleo de 6% de la que se ufanan los voceros oficiales.

Para contradecir otra de las falacias del «milagro» chileno, la reducción de personal o la reorganización productiva no han significado un avance tecnológico, en contravía de las tesis propaladas por los aperturistas. Este hecho se confirma con el incremento de la informalidad, que en 1995 alcanzó 45% de la fuerza laboral agrícola. 20% de la industrial y 30% del sector de los servicios.

A pesar del debilitamiento de las organizaciones sindicales y las aspiraciones reformistas de algunos de sus dirigentes que han respaldado el gobierno catalogándolo de democrático y progresista, la CUT, única central obrera chilena, realizó en 1994 una exitosa marcha general de protesta. El año pasado se registraron movilizaciones de más de 300.000 trabajadores. Las huelgas en las minas de Chuquicamata y Lota contra los despidos masivos y planes de «modernización», que pretendían despedir a más de 500 obreros, se extendieron por más de dos meses. La huelga de 120.000 maestros por condiciones salariales dignas duró más de dos semanas. El paro nacional de la salud denunció la privatización de los servicios sanitarios, anunciada para 1997. Los trabajadores portuarios se tomaron las instalaciones en Valparaíso para protestar contra la privatización. En marzo, cientos de campesinos bloquearon la carretera panamericana para protestar por la incorporación de Chile a Mercosur. Y los disturbios ocurridos el 11 de septiembre, con ocasión del aniversario del golpe militar, obligaron al gobierno a plantear la idea de eliminar esta fecha como día de fiesta. A pesar de la amenaza que el gobierno ha hecho de retornar a la dictadura si las masas y los gremios no se someten a las políticas económicas y sociales, crece el descontento y se pone al orden del día la lucha mancomunada de la clase obrera y el pueblo chileno y el respaldo proletario continental contra las imposiciones del imperialismo.

Debido al congelamiento de la nómina de maestros que mantuvo el gobierno por espacio de doce años, los municipios en el país se vieron obligados a contratar 30 mil docentes y los del Cauca 1.600. A fines de 1996, en Quilichao eran ya 147 los maestros adscritos por este sistema.

Desde el 17 de febrero, los profesores, con el respaldo de tres mil habitantes de las comunidades afectadas, principalmente del área rural, iniciaron una protesta en la vereda Quinamayo, sobre la vía Panamericana, para exigir que se entregaran adecuados recursos financieros. El 19, ante la falta de respuesta del gobierno, la comunidad decidió hacer una toma de la Panamericana, la cual fue reprimida violentamente por orden del gobernador Rodrigo Cerón. Hasta el alcalde encargado, Rodrigo Cifuentes, sufrió las consecuencias de la arremetida oficial.

La actitud del alcalde y su gabinete y del concejo, en cabeza de los dirigentes Alberto Bustos, Wilmer Tegue y Luis Ocampo, ha sido de pleno respaldo a la justa petición de los docentes. En el movimiento han tenido activa participación los cuatro resguardos indígenas, lo mismo que el campesinado y la Asociación de Juntas Comunales.

Atropello en Telecom
El 15 de febrero representantes de la multinacional Northern, filial de la AT&T, en asocio con oscuros personajes, entre ellos el gerente regional de Telecom. Édgar Darío Muñoz, asaltaron la planta de esta empresa en Quilichao y traspasaron a 2.300 abonados al consorcio extranjero.

En octubre de 1995, el concejo de esta población y la asamblea del Cauca rechazaron el convenio de joint venture con la Northern y exigieron que fuera ampliada la planta de Telecom, con capacidad para 100 mil líneas.

Los términos del contrato no pueden ser más desfavorables para el interés nacional. La Northern se compromete a instalar una planta nueva y a suministrar 6.400 abonados -ya se apropió de 2.300 que eran de Telecom-, a cambio de 80% de todos los ingresos en los próximos nueve años.

Telecom queda obligada a suministrar la infraestructura de redes existentes, hacer la comercialización y pagar la nómina. Santander de Quilichao factura 1.500 millones de pesos al año, que se le entregan a la multinacional, en abierta violación de los pactos convencionales.

Otro atropello de la política privatizadora.