Categoría: Tribuna Roja N° 70, Bogotá; marzo 8 de 1997

El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal, fue uno de los factores que propiciaron la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales del movimiento obrero. En la foto, manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sobre el precio de los combustibles, la USO tiene que señalar dos aspectos que, en nuestra opinión, no favorecen a Ecopetrol ni a los consumidores.

1. El precio tiene un alto componente de impuestos, es decir, la carga fiscal es exagerada y con ello el gobierno nacional está gravando indirectamente al, pueblo colombiano. La gasolina tiene una carga fiscal de 37.14%, o sea, 404.17 pesos por galón.

2. El margen para los distribuidores mayoristas es elevado y además favorece a cuatro monopolios privados, tres de ellos norteamericanos: Codi Mobil, Esso y Texaco. Éstos tienen un margen de 4.42%, o sea, 48.13 pesos por galón, que, aplicados a 129 mil barriles diarios producen unas multimillonarias utilidades, por una labor que no le representa al país ni empleos, ni inversión, ni tecnología. Estas empresas lo que hacen es recibir la gasolina de Ecopetrol y venderla en las plantas de abasto mayoristas a los distribuidores minoristas, o sea, los surtidores al público.

La Mobil ganó en 1995 la suma de 6.7 millones de dólares en esta actividad y es una de las cuatro compañías de Colombia colocadas entre las 170 empresas más grandes de América Latina. Puesto alcanzado sólo intermediando combustibles de Ecopetrol a los dueños de los surtidores que agremia Fendipetróleos.

Ecopetrol finalmente sólo recibe 581.51 pesos por cada galón producido y, desde la venta de los Terpeles, no participa en este jugoso negocio de la distribución.

La intermediación de la Esso, Mobil, Texaco, la incorporación del aditivo ecológico y la alta carga fiscal, no benefician a Ecopetrol, sino a los privados, y se descarga en el bolsillo de los consumidores.

Por Yesid García

A las cinco de la mañana del 18 de febrero, en las oficinas del Ministerio del Interior, el Comando Nacional de Paro pactó con el gobierno, representado por seis ministros, el acuerdo que ponía fin al intenso y unitario cese laboral de más de 800 mil trabajadores estatales. Era el octavo día de parálisis de las principales empresas y dependencias de la administración pública a todos los niveles.

Al llamado de la dirección del movimiento, conformada por las centrales obreras, las federaciones y sindicatos del sector estatal, respondieron: los maestros oficiales, los profesores y funcionarios de las universidades públicas, los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, Sena, Contraloría General, salud pública, Incora, Idema, Registraduría Nacional, Bienestar Familiar, Inpec, licoreras, ministerios, departamentos y municipios. En las pocas entidades donde no hubo cese fue notoria la anormalidad laboral y el apoyo al paro.

El 11 de febrero, primer día de la protesta, y como expresión favorable a la lucha de los estatales, el transporte urbano e intermunicipal estuvo restringido en alto porcentaje en las principales capitales. El pueblo de Barrancabermeja acompañó la protesta con veinticuatro horas de paro cívico general. Los trabajadores de las ochocientas cincuenta oficinas de la Caja Agraria, y núcleos importantes del sector informal hicieron realidad la vieja consigna de la huelga de solidaridad. En muchos lugares, las gigantescas movilizaciones contaron con la presencia de trabajadores de empresas privadas, estudiantes y campesinos.

Un clima favorable
¿Qué propició la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales que actúan en el movimiento sindical? Por lo menos, cuatro factores debemos considerar:

a) La decisión oficial de acelerar la subasta de empresas y descargar sobre los ingresos de los servidores públicos buena parte del reajuste fiscal. Con ella, el gobierno cumplía las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 1996, cuando se ordenó, entre otras cosas, que «el gobierno haría bien en embarcarse en un esfuerzo de privatización mucho más vigoroso, en incluir bienes que no han sido designados para este propósito en los sectores energético, cafetero, de telecomunicaciones y financiero y, claro está, presionar fuertemente para realizar la venta de compañías que ya han sido señaladas para privatizarlas en 1996 y 1997». En relación con los ingresos de los trabajadores la orden imperial también fue tajante: «La moderación en salarios es clave dentro de cualquier estrategia que busque disminuir la inflación sin que esto resulte en altos costos de empleo y producción. En el período venidero, la disciplina salarial (…) sería la clave para bajar la inflación».

b) La profundización de la apertura económica, que ha sumido el país en una profunda crisis y ha traído una reducción considerable de los ingresos del fisco nacional. El «remedio» que a esta situación impone el FMI, y que aplica el gobierno, se resume en más neoliberalismo, o sea, recorte a la inversión, privatizaciones, mayores tributos y disminución de los salarios de los trabajadores. En el debate sobre el déficit fiscal, es oportuno señalar que su origen no se encuentra en las explicaciones que dan los neoliberales, tanto los del gobierno como los de la oposición. Su razón de ser está en que 27% del presupuesto nacional de 1997 se destina al pago de la deuda externa; en la eliminación de aranceles y sobretasas a las importaciones; en la reducción de tributos a las petroleras foráneas; en la entrega al capital privado de actividades y renglones económicos muy rentables, y en el menor recaudo de impuestos causado por la profunda recesión económica.

c) La compleja situación nacional y la debilidad del gobierno de Samper, dedicado en actitud sumisa y vergonzosa a cumplir al pie de la letra el cúmulo de exigencias norteamericanas, que tiene al país atónito e indignado frente al colaboracionismo y la traición nacional de un mandatario al cual la naturaleza «no dotó de columna vertebral». La ley de extinción del dominio con retroactividad, el tratado de interdicción marítima, la invasión de aviones militares gringos a los cielos nacionales, los manejos alrededor del tratado de protección a las inversiones norteamericanas, la ley de aumento de penas, y el proyecto de reforma constitucional para restablecer la extradición hacen parte de una ininterrumpida cadena de entregas de la soberanía hoy reconocidas con una nueva «descertificación». ¡Así paga el imperio a quien bien le sirve!

d) El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal. Como lo señalara el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, en uno de sus mensajes al Comando Nacional, «el paro en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia financiera que ordenó al gobierno de Samper reducir los salarios de los trabajadores. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público. La lucha por el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola represiva contra las organizaciones sindicales y sus líderes, representan otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas para llevar la lucha a un plano más alto». La identidad de los objetivos facilitó la unidad en la dirección y la amplitud del movimiento.

Sólo la contundencia y la solidez del paro, que colmó las calles con decenas de miles de trabajadores en combativas movilizaciones, que derrotó la estrategia gubernamental de fragmentar sectorialmente una posible negociación, que desmintió con sus acciones la falaz acusación oficial de ligar la convocatoria estatal con propósitos e intereses distintos a los planteados públicamente, que ganó la batalla por conquistar a su favor, la opinión pública, obligó a que el gobierno samperista se sentara a negociar con el Comando Nacional.

El acuerdo alcanzado
Se pactó un incremento salarial de 18% en promedio, aplicado en una escala de 14% a 20%, donde los mayores porcentajes corresponden a los menores sueldos. La pretensión oficial de incrementar sólo 13.5%, basada en las imposiciones del FMI sobre la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, fue doblegada por la fuerza del movimiento. Los trabajadores de la salud, además, lograron, con retroactividad al primero de enero de 1997, la nivelación de sus salarios a los topes máximos fijados en el decreto 439 de 1995, válidos tanto para los servidores públicos del orden territorial como para los de las empresas sociales del Estado del orden nacional, lo que significa aumentos superiores a 30% en promedio.

La política de privatización de empresas oficiales y la venta del patrimonio público fueron centro del debate en los días del paro. Los trabajadores pudieron mostrar, en época propicia para llegar a los más amplios sectores de opinión, que tal política conspira contra los intereses nacionales y debe ser enfrentada con posiciones firmes de defensa de la soberanía patria. La lucha de los estatales no derrotó la privatización, pero los acuerdos logrados, especialmente los referidos a Telecom y Ecopetrol, constituyen bases firmes de apoyo para intensificar la resistencia a tan nefasto cometido.

Sobre la exigencia del derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del Estado, sometidos hoy al imperio de la ley 4 de 1992, el acuerdo establece el compromiso de presentar al Congreso un proyecto de ley concertado entre el gobierno y las organizaciones sindicales, en consonancia con los principios consagrados en los convenios 151 y 154 de la OIT, relativos a los derechos de sindicalización, condiciones de empleo y fomento a la negociación colectiva en la administración pública.

En cuanto a la penalización de la protesta social, herramienta a la cual recurren asiduamente las agencias del Estado, en especial la Fiscalía, hubo compromisos tendientes a que, por la vía de la penalización, no se despoje a las organizaciones y dirigentes sociales del derecho a enfrentar las políticas contrarias a los intereses de la nación y del pueblo. Se pactó también conformar comisiones amplias y representativas, con participación de las organizaciones sindicales, para analizar los tipos y procedimientos penales que puedan afectar la lucha sindical y social. El gobierno se comprometió a propiciar en el Congreso de la República un debate público sobre el tema.

El paro arrancó al gobierno el compromiso de retirar todas las solicitudes de ilegalidad del movimiento, no presentar demandas para suspender o cancelar las personerías jurídicas de los sindicatos, y no ejercer represalias de carácter disciplinario, administrativo o económico contra los huelguistas.

El acuerdo tiene puntos débiles y una que otra inconsistencia. Los nefastos efectos de la ley 344 de 1996, o de ajuste fiscal, no fueron conjurados, y la aplicación por el presidente de facultades extraordinarias para liquidar entidades estatales sólo «tendrá en cuenta las opiniones de las organizaciones sindicales de segundo grado del sector público». En cuanto al Idema, se acepta su liquidación y sus trabajadores, según el acuerdo, sólo tendrán el derecho de opinar sobre los «lineamientos de la Institución que lo reemplazará» y su posible incorporación a ella. El gobierno se apoyó en un convenio del 21 de noviembre del año pasado donde los representantes de los trabajadores aceptaron «un escenario para discutir el proceso de liquidación». Por ello, no falta razón a muchos funcionarios del Idema cuando critican la actitud de sus representantes de no colocar en el primer plano de la discusión la supervivencia de la entidad.

La unidad en el Comando Nacional solo se fracturó parcialmente, el lunes 17 de febrero, por la decisión de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode de firmar en el Palacio de Nariño un acuerdo para el magisterio y marginarse de la conducción colectiva del conflicto, que había sido fundamental en las negociaciones con el gobierno. Cuando los medios de comunicación anunciaron el arreglo y el levantamiento del paro de los educadores, el Comando Nacional iniciaba apenas la discusión del punto más álgido del paro: la política de privatización. Se trató de una burda maniobra de la camarilla gobiernista de Fecode, encaminada a dar protagonismo al senador Jaime Dussán, a desconocer el papel de las centrales obreras y a tratar de sacar ventajas particulares de la lucha de los trabajadores estatales. La deslealtad y la traición a la palabra empeñada no les fue rentable. Los 240.000 maestros no perdonarán el oportunismo de haber levantado unilateralmente el paro y poner en riesgo el resultado final de la contienda.

Lo más importante: el despertar de la lucha de masas
El paro y el acuerdo deben ser evaluados en el marco de la resistencia de los asalariados y del pueblo contra el plan de subyugación económica y política que lleva a cabo el imperialismo norteamericano. Los resultados constituyen una victoria para el movimiento sindical y una derrota para el gobierno de Samper. Se rompió la política salarial de 13.5%, se avanzó en la denuncia y la lucha contra la venta del patrimonio público, se lograron compromisos frente al derecho de negociación para los estatales y la despenalización de la lucha social. Todo ello al calor de movilizaciones de protesta, de utilización de las viejas pero eficaces herramientas de la lucha de masas. Las debilidades que tenga el acuerdo no opacan los importantes avances y mucho menos servir a los oportunistas como puntos de apoyo para demeritar el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.

Viejas verdades, que trataron de arrumar en los anaqueles del pretérito los neoliberales de afuera y de adentro del movimiento sindical, brillaron en la conciencia de los trabajadores colombianos. La capacidad de convocatoria de la dirigencia obrera se fortalecerá en la medida en que interprete correctamente los intereses de la mayoría de la población y aproveche las condiciones favorables. La posición reaccionaria que pontificaba sobre lo anacrónico de la confrontación popular, de la marcha, del mitin o de la huelga, y que colocaba como alternativa el «sindicalismo propositivo» o el «gremialismo apolítico», es la gran derrotada en las filas de los trabajadores. La supuesta inutilidad de los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas en los tiempos de la «democracia participativa» se derrumbó ante la realidad, ante la masiva afiliación de los trabajadores a sus organizaciones después del paro, ante la constitución de decenas de nuevos sindicatos. Es la hora del fortalecimiento del sindicalismo en Colombia, la hora de recoger la cosecha sembrada en años de paciente labor de resistencia y combate al neoliberalismo y a la dominación norteamericana.

La experiencia organizativa del Comando Nacional debe ser asimilada y mantenida porque hace parte de las ganancias del paro. El movimiento sindical colombiano debe contar con una dirección centralizada nacional y regionalmente, que tenga como base insustituible las tres centrales obreras y se complemente con las federaciones sectoriales y sindicatos nacionales más representativos del país. Apoyamos la decisión de transformar el Comando Nacional de Paro en Comando Nacional Unitario, que debe asumir la preparación de los eventos programados y convocar a las fuerzas políticas y sociales a acometer en conjunto con los trabajadores las tareas y las luchas que imponen las graves circunstancias por las que atraviesa la nación.

El paro demostró que sólo la lucha arroja conquistas valiosas v que, de ellas, las de mayor proyección son las destinadas a crear las condiciones materiales y políticas que necesita el pueblo para librar combates de envergadura estratégica. A tono con la declaración del Comité Ejecutivo Central del MOIR, «dentro de semejante contexto social y político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antiimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre».

Por Francisco Valderrama Mutis
Ante la imperiosa necesidad de cubrir el déficit, Samper decidió apretar el acelerador del plan de privatizaciones. Decidió sacar a la venta la participación que por 46.58% de las acciones mantenía el gobierno en Cerro Matoso S. A. (CMSA). Mientras el gobierno suple en parte sus necesidades de recursos frescos, los monopolios se apoderan de los activos nacionales a precio de saldos.

Para su siniestro objetivo los funcionarios oficiales han adoptado el criterio de que los activos no valen lo que valen, y ni siquiera lo que dicen los avalúos contratados con la banca de inversión, sino lo que ofrezcan los consorcios internacionales. Esto sucedió en el caso de Cerro Matoso; el vicepresidente de Inversiones del IFI, Félix Moreno, se retiró de ese instituto, denunciando que la participación del país fue malvendida en 180 millones de dólares cuando había sido tasada entre 230 y 290 millones.

El presidente del IFI elude mencionar que en el presente caso se trató de una negociación con una solo oferente, que se limitó a quedarse con todo el negocio ahorrándose la tercera parte de su valor, si de tasarlo en dólares se tratara, porque la realidad es que una mina de níquel, mineral estratégico, no puede ser considerada como un activo cualquiera. Su importancia la vuelve invaluable.

Producto del esfuerzo nacional
En la construcción y puesta en funcionamiento de la empresa el país hubo de hacer un esfuerzo tremendo, que se resume en los siguientes hechos: 1) Fue con el aval de la nación como se consiguieron los créditos con el Banco Mundial y la banca privada para la construcción inicial de la empresa. Es más, cuando en 1986, por los bajos precios del níquel, CMSA acumuló pérdidas por 35 mil millones de pesos, la nación asumió el pago de esas obligaciones. 2) CMSA funciona con base en la refinación del ferroníquel y tiene como principal insumo para su operación la energía eléctrica. Hasta 1996 su consumo fue de 45 megavats de potencia. Mucho más de lo que consume todo el departamento de Córdoba. Para que la energía eléctrica no le resultara tan costosa como a las demás empresas de la Costa, Corelca estableció triangulación con las EE.PP. de Medellín y así CMSA pudo recibir energía subsidiada a precio de origen hídrico, considerablemente más barata que la térmica. 3) Se le otorgaron ventajas en la forma de liquidación de las regalías, pactadas inicialmente sobre las utilidades. Era tan aberrante el atraco a los municipios y al departamento de Córdoba, que luego fue cambiada por liquidación sobre el valor de la producción en boca de mina, que aún sigue siendo favorable a la empresa. 4) Se le eximió del pago de impuestos durante los primeros años de explotación de la mina. 5) Se le excluyó del pago del impuesto de industria y comercio a Montelíbano.

Algunas de estas ventajas son comunes a todos los proyectos industriales, pero otras, como la de la energía eléctrica, formaron parte de un claro esfuerzo nacional por sacar adelante la mina de níquel y ponerla en funcionamiento. Evidentemente la nación aportó mucho más que los socios extranjeros. Por eso, es una afrenta feriarla para atemperar las afugias de Samper.

Enormes ventajas sobre la competencia
Las ventajas de CMSA sobre las empresas niqueleras del mundo son enormes: a) Es una mina trabajada a tajo abierto, por lo tanto libre de las grandes inversiones necesarias para construir los socavones. b) El tenor de su níquel es 2.9%, cuando en las demás minas del mundo no pasa de 1.5%. c) Los bajos costos de la energía consumida: eléctrica de origen hídrico, carbón sacado de minas ubicadas a muy corta distancia y gas natural extraído de pozos en Córdoba y en Sucre. d) Excelente productividad y rentabilidad, que le permitieron cubrir las deudas en cuatro años, cuando logró buenos precios del níquel en el mercado mundial. Entre 1987 y 1991, CMSA canceló deudas por 340 millones de dólares.

Si esto hizo en cuatro años, tiene razón la Gencor, firma compradora, en estar feliz como lo reseña la prensa, pues bien puede esperar que su inversión sea recuperada en sólo dos años y de ahí en adelante dedicarse a usufructuar sus ganancias.

El tamaño del negocio lo podemos mirar teniendo en cuenta las cifras de producción de níquel en los últimos años: 40.6 millones de libras en 1990, 54 millones en 1995, y la Gencor espera llegar a producir 60 millones de libras en 1997y 100 millones en el año 2000.

Mientras esto calcula la multinacional, el gobierno samperista prefirió malbaratar por unos cuantos pesos la seguridad de unos ingresos permanentes.

Frente a este atropello, el sindicato de CMSA asumió una posición de lucha y denuncia que no fue empañada por la actitud de abierta traición de unos pocos trabajadores que aceptaron el vergonzoso papel de calanchines de la empresa extranjera y trataron de comprometer al resto en la compra miserable de un pequeño porcentaje de acciones.

Por el justo y correcto contenido de sus objetivos y por la combatividad que para alcanzarlos demostraron con sus movilizaciones en masa, los trabajadores estatales, contando con el respaldo del resto del proletariado, convirtieron el paro que acaban de realizar en el más importante acontecimiento de la vida nacional en los últimos años.

Tal trascendencia radicó en que el movimiento apuntaba objetivamente contra soportes medulares de la política neoliberal que en su plan de recolonización impulsa Estados Unidos y que el gobierno de Samper Pizano, continuando lo establecido y actuado por la panda de la administración Gaviria, está aplicando con particular celo e intensidad. En efecto, ir en contra de la privatización de empresas que varias generaciones de colombianos convirtieron en patrimonio público, rechazar las leves y medidas coercitivas respecto al pleno ejercicio de los derechos laborales, repudiar la insoportable explotación a que se quiere someter a las masas laboriosas al escamotear aún más sus salarios, y rebelarse ante el intento de los principales sabuesos de la Fiscalía de hacer penables las justas luchas obreras y populares, corresponde, de hecho, a las posiciones y acciones superiores: las de resistencia frente al plan de subyugación económica y política que lleva adelante el imperialismo norteamericano.
También, sin ninguna duda, son posturas y conductas de resistencia a la política de entrega y abyección que en consonancia con ese plan aplica el gobierno samperista. Cuestión de la mayor relevancia en estos días cuando el gobierno se apresta, medroso y menguado en presencia de la próxima decisión de Clinton sobre la certificación, a cumplir con mansedad los dictados de Washington, entre otros: condescender para que fuerzas militares gringas vayan en corso contra naves y tripulaciones colombianas; conceder la extradición de nacionales para su juzgamiento y castigo en los Estados Unidos; autorizar las actividades de personal militar y policíaco estadounidense en operaciones efectuadas en nuestro territorio y, en fin, reformar la Constitución y las leyes, en especial las referente a la justicia, hasta colmar los criterios fascistas que emanan de la Casa Blanca.

En su desarrollo, el paro hizo evidente de nuevo que sólo la lucha forja conquistas valiosas y que, de ellas, las de mayor proyección son las encauzadas a crear condiciones materiales y políticas que precisa la población para librar combates de envergadura estratégica. Ningún avance realmente significativo podrán consolidar los trabajadores en derechos que les son tan preciados y necesarios -los derechos al trabajo, la estabilidad laboral, la organización, la negociación colectiva, los procedimientos democráticos en el trato de todos sus litigios, las mejores condiciones salariales y la cultura- si primeramente, junto con el resto de la nación, no echan abajo de raíz el intervencionismo norteamericano y derrotan las diferenciadas vertientes colaboracionistas, empezando por las empotradas en las ramas del Estado.

Dentro de semejante contexto político, el paro de los trabajadores estatales constituyó una alegría para todos los demócratas y patriotas en razón de que entrañó un llamado a la resistencia antimperialista y puso en perspectiva lides de mayor calibre.

Comité Ejecutivo Central

Bogotá, 18 de febrero de 1997.

PAROS CÍVICOS EN ITAGÜÍ Y AMAGA
El alza de 55% en el impuesto predial, el aumento en las tarifas de los servicios y el cobro anticipado de 30% del impuesto de industria y comercio han hecho que en el municipio de Itagüí los afectados anunciaran un paro cívico para una fecha próxima, aún por definirse.

La pesada carga tributaria ahonda aún más la aguda recesión y el desempleo que sacude al Valle de Aburrá, donde cientos de empresas y establecimientos comerciales han debido cerrar sus puertas -entre ellas, dos factorías de Coltejer y buena parte de Tejicóndor-, castigados por la apertura.

En las reuniones preparatorias de la protesta ciudadana han participado los concejales Jorge León Montoya y Francisco Abad, y los líderes cívicos Alirio Sánchez y Eloísa Ossa. Gonzalo Mejía, del MOIR, llevó la representación del movimiento local Ciudadanos por el Cambio.

Desobediencia civil en Amagá
Una combativa marcha de cinco mil personas, que contó con el respaldo de comerciantes y transportadores y del sindicato de la industria minera, paralizó el domingo 13 de febrero las actividades en esta población del suroeste antioqueño. Los participantes aprobaron realizar un paro cívico en el mes de marzo.

La protesta, encabezada por los concejales Javier Vélez, Octavio Marín y Francisco Moncada y por la dirigente Elvia Torres, rechazó las escandalosas alzas en el impuesto predial y las tarifas de acueducto, aplicadas por el alcalde Ángel Custodio Álvarez. Los voceros de la comunidad llamaron a la desobediencia civil y a no pagar las facturas.

El comité de paro está compuesto, además de los líderes mencionados, por Hernán Taborda, dirigente del MOIR.

Por Violeta Osorno

La apertura se inició en Chile en 1974. Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en el cual fue derrocada la Unidad Popular de Salvador Allende, se instauró un régimen dictatorial que suprimió de tajo las libertades y desató una de las olas de terrorismo de Estado más violentas conocidas desde la posguerra. Irónicamente, su bandera fue la «defensa de la libertad individual» bajo cuyo pretexto se limitó la intervención estatal y se entregó a los monopolios privados la responsabilidad de la conducción económica, de cuyo crecimiento emanaría naturalmente el desarrollo que reduciría la pobreza.

Sumiso ante las exigencias externas, el régimen militar estableció una serie de reformas, muy similares a las que desde el gobierno de Gaviria se han aplicado en Colombia: 1) Inició la reducción del tamaño del Estado v la eliminación de empleos públicos. 2) Comenzó a privatizar las empresas estatales. 3) Disminuyó bruscamente el gasto público, especialmente en los sectores de educación, salud y vivienda y destinó irrisorios recursos a las demagógicas “redes de solidaridad social”. 4) Implantó un conjunto de reformas a la Constitución, a la legislación laboral, al régimen de pensiones y de seguridad social, tendientes a abaratar los salarios y atraer los capitales extranjeros.

La crisis no se dejó esperar: entre 1974 y 1988, el PIB chileno permaneció estancado e incluso entre 1982 y 1983 cayó 16.5 %. Los tan mentados éxitos económicos de los años 1977-1981 y 1984-1989 apenas compensaron las fuertes recesiones experimentadas en los periodos anteriores.

El desempeño industrial fue desastroso. Su producción per cápita disminuyó frente a los niveles de la década del 60. En 1981, uno de los años de mayor productividad, el número de establecimientos sólo alcanzó 87% de los existentes en 1967. La tasa de crecimiento estuvo muy por debajo de la de los demás países de Latinoamérica, exceptuando Argentina.

En los seis primeros años de dictadura, el sector productivo vio reducido su crecimiento a menos de la mitad del periodo anterior. La participación de la industria en el PIB bajó de 29% a 21 % de 1972 a 1980. La expansión se dio únicamente en el comercio y en un nivel mínimo en los servicios, con la quiebra masiva de productores en las demás áreas. Entre 1973 y 1980 hubo 1.611 quiebras de empresas, con un número siempre mayor de año en año. La agricultura limitó su desarrollo a los sectores ligados a la exportación, tales como las frutas y maderas.

La superficie destinada a cultivos como el trigo, el maíz y la remolacha, se redujo en 32%. Los precios reales recibidos por los agricultores chilenos se contrajeron en 25%.

Para agudizar la crisis productiva, el régimen militar bajó el arancel a una cifra única de 10%, desmontó las barreras no arancelarias a las importaciones y estableció amplias facilidades para endeudarse en el exterior. El mercado se inundó de productos baratos, ante los cuales la industria y la agricultura se encontraron desprotegidos.

El nivel de endeudamiento externo fue mayor que en el grueso de países latinoamericanos, hasta tal punto que en 1988 casi triplicaba el de Colombia, colocándose en los US$ 1.485 per cápita.

Alwyn y Frei: antidemocracia y proimperialismo
A pesar de la represión vivida, el descontento popular se hizo inatajable. Los salarios habían caído a menos de 75% del nivel alcanzado en 1970. El desempleo se colocó en cifras superiores a 20%, sin tener en cuenta que se consideraba como empleado a todo aquel que hubiera trabajado por lo menos una hora en la semana anterior a las encuestas. El desempleo también se disfrazó con un plan consistente en ofrecer un trabajo de baja calificación por una paga aproximada a la mitad del salario mínimo, en lugar del clásico seguro de desempleo.

También se inició un proceso de «flexibilización» del mercado de trabajo, reduciendo las trabas para la libre y descarnada explotación de la mano de obra al menor costo posible. La primera etapa de la dictadura estuvo caracterizada por la violenta persecución a sindicatos y dirigentes y el desconocimiento a los derechos conquistados. Tal política se institucionalizó en su segundo decenio con la expedición del nuevo Código de Trabajo en 1987 y la Reforma Previsional, de las cuales son simples copias las nefastas leyes colombianas 50 y 100.

La miseria desbordada desató la inconformidad. Por este motivo, y en consonancia con su nueva política mundial, Estados Unidos recomendó instaurar un gobierno que, bajo una fachada democrática, estableciera paliativos para suavizar la tensión política y complementar la obra depredadora de la apertura.

Fue así como nacieron los gobiernos de la “Concertación”. Con una pretendida crítica al modelo económico establecido durante el régimen militar, Patricio Aylwin y Frei han profundizado la aplicación de medidas antinacionales. En la presente década Chile ha firmado la mayor cantidad de convenios comerciales para facilitar las inversiones de Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos y asiáticos, hace afanosos esfuerzos para ser incluido en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica y se apresta para ingresar a Mercosur. Los fondos de pensiones, controlados por el capital extranjero, se han convertido en propietarios de la mayor parte de las empresas y controlan más de US $27 mil millones, equivalentes a casi la mitad del PIB chileno.

A raíz de la privatización de la telefonía de larga distancia en 1994, los monopolios estadounidenses han adquirido las principales empresas y las utilizan como testaferros para controlarlas telecomunicaciones en otros países, como es el caso de Colombia, en donde por intermedio de la compañía Télex de Chile, el pulpo Texcom aspira a participar en la subasta de Telecom. Otro tanto ha sucedido con el negocio de la electricidad.

El tan aplaudido crecimiento económico, que para 1996 fue de 7%, por encima de varios países latinoamericanos, ha dependido en realidad del auge de la especulación financiera, en desmedro de la industria y el agro. Por ello, la Sociedad Nacional de Agricultores ha exigido medidas proteccionistas y rechazado la vinculación de Chile a Mercosur. En respuesta, Frei propondrá este año una nueva reforma tributaria, en la que por concepto de rebajas arancelarias el fisco perderá cerca de 650 millones de dólares.

El país está hipotecado. En 1996 la deuda externa totalizó más de US$ 21mil millones, de los cuales US$15 mil corresponden al sector privado y US$6 mil al sector público. Entre tanto, la inversión extranjera, verdadera beneficiaria del «milagro», pasó entre 1990 y 1995 de US$1.461 a US$4.337. Debe tenerse en cuenta que la tasa de interés en Chile es inferior a la de la mayoría de países latinoamericanos (5.5% frente a43% de México, 39% de Colombia, y 7.5% de Argentina), lo cual explica el interés de los conglomerados financieros por echar mano del ahorro chileno para invertirlo en otras naciones del continente.

El alabado superávit fiscal, así como la reducción de la tasa media de inflación hasta colocarse en 7% en 1996, han sido el producto de fuertes reducciones en el gasto público, la venta del patrimonio nacional, las masivas importaciones v el deterioro de los salarios.

Esta sumisión le valió a Frei la más apoteósica bienvenida brindada a un primer mandatario latinoamericano por parte de Clinton y el Congreso gringo, en su reciente visita a Washington.

«Chile no ha podido con la pobreza»
Así lo reconocía El Tiempo, el 23 de septiembre de 1995, constatando los nefandos efectos de la política neoliberal de los gobiernos de la Concertación. En 1993 Chile tenía la peor distribución de ingresos de América Latina después de Brasil: el 20% más rico ganaba 17 veces lo que percibe el 20% más pobre. La pobreza se agudiza por el envilecimiento de los salarios: para 1996, el salario mínino en Chile era sólo de US$151.

La situación de la clase obrera se torna insoportable. El contrato colectivo de trabajo ha desaparecido con la modalidad de ligar los salarios a la «productividad», esto es, someter a los operarios a intensas jornadas por una paga que escasamente garantiza la supervivencia. Los sindicatos solo pueden negociar a nivel de empresa, lo cual debilita la posibilidad de conseguir reivindicaciones colectivas por rama industrial. Se eliminó el aumento anual de salarios según la inflación. Se han recortado o suprimido las indemnizaciones por despidos y se permite contratar personal en períodos de huelga, golpeando las garantías sindicales. Estas medidas han sido complementadas con el contrato a destajo en talleres domiciliarios que los mismos empresarios ayudan a instalar, despidiendo parte de sus trabajadores con el señuelo de convertirlos en “prósperos” microempresarios, birlándoles así sus salarios y prestaciones. El número de empleos estables y calificados disminuye, frente a un número creciente de trabajadores transitorios con menor remuneración, que puedan desempeñar oficios en varias áreas de la producción, con menor calificación («trabajadores polivalentes») facilitando a los empresarios reorganizar la producción cada vez que se requiera. Cabe destacar aquí la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, en ocupaciones de baja remuneración, corta duración y tiempo parcial. Es de esta y no de otra forma como se explica la baja tasa de desempleo de 6% de la que se ufanan los voceros oficiales.

Para contradecir otra de las falacias del «milagro» chileno, la reducción de personal o la reorganización productiva no han significado un avance tecnológico, en contravía de las tesis propaladas por los aperturistas. Este hecho se confirma con el incremento de la informalidad, que en 1995 alcanzó 45% de la fuerza laboral agrícola. 20% de la industrial y 30% del sector de los servicios.

A pesar del debilitamiento de las organizaciones sindicales y las aspiraciones reformistas de algunos de sus dirigentes que han respaldado el gobierno catalogándolo de democrático y progresista, la CUT, única central obrera chilena, realizó en 1994 una exitosa marcha general de protesta. El año pasado se registraron movilizaciones de más de 300.000 trabajadores. Las huelgas en las minas de Chuquicamata y Lota contra los despidos masivos y planes de «modernización», que pretendían despedir a más de 500 obreros, se extendieron por más de dos meses. La huelga de 120.000 maestros por condiciones salariales dignas duró más de dos semanas. El paro nacional de la salud denunció la privatización de los servicios sanitarios, anunciada para 1997. Los trabajadores portuarios se tomaron las instalaciones en Valparaíso para protestar contra la privatización. En marzo, cientos de campesinos bloquearon la carretera panamericana para protestar por la incorporación de Chile a Mercosur. Y los disturbios ocurridos el 11 de septiembre, con ocasión del aniversario del golpe militar, obligaron al gobierno a plantear la idea de eliminar esta fecha como día de fiesta. A pesar de la amenaza que el gobierno ha hecho de retornar a la dictadura si las masas y los gremios no se someten a las políticas económicas y sociales, crece el descontento y se pone al orden del día la lucha mancomunada de la clase obrera y el pueblo chileno y el respaldo proletario continental contra las imposiciones del imperialismo.

Debido al congelamiento de la nómina de maestros que mantuvo el gobierno por espacio de doce años, los municipios en el país se vieron obligados a contratar 30 mil docentes y los del Cauca 1.600. A fines de 1996, en Quilichao eran ya 147 los maestros adscritos por este sistema.

Desde el 17 de febrero, los profesores, con el respaldo de tres mil habitantes de las comunidades afectadas, principalmente del área rural, iniciaron una protesta en la vereda Quinamayo, sobre la vía Panamericana, para exigir que se entregaran adecuados recursos financieros. El 19, ante la falta de respuesta del gobierno, la comunidad decidió hacer una toma de la Panamericana, la cual fue reprimida violentamente por orden del gobernador Rodrigo Cerón. Hasta el alcalde encargado, Rodrigo Cifuentes, sufrió las consecuencias de la arremetida oficial.

La actitud del alcalde y su gabinete y del concejo, en cabeza de los dirigentes Alberto Bustos, Wilmer Tegue y Luis Ocampo, ha sido de pleno respaldo a la justa petición de los docentes. En el movimiento han tenido activa participación los cuatro resguardos indígenas, lo mismo que el campesinado y la Asociación de Juntas Comunales.

Atropello en Telecom
El 15 de febrero representantes de la multinacional Northern, filial de la AT&T, en asocio con oscuros personajes, entre ellos el gerente regional de Telecom. Édgar Darío Muñoz, asaltaron la planta de esta empresa en Quilichao y traspasaron a 2.300 abonados al consorcio extranjero.

En octubre de 1995, el concejo de esta población y la asamblea del Cauca rechazaron el convenio de joint venture con la Northern y exigieron que fuera ampliada la planta de Telecom, con capacidad para 100 mil líneas.

Los términos del contrato no pueden ser más desfavorables para el interés nacional. La Northern se compromete a instalar una planta nueva y a suministrar 6.400 abonados -ya se apropió de 2.300 que eran de Telecom-, a cambio de 80% de todos los ingresos en los próximos nueve años.

Telecom queda obligada a suministrar la infraestructura de redes existentes, hacer la comercialización y pagar la nómina. Santander de Quilichao factura 1.500 millones de pesos al año, que se le entregan a la multinacional, en abierta violación de los pactos convencionales.

Otro atropello de la política privatizadora.

Bogotá, febrero 19 de 1997 Camaradas
Comité Central
Partido Comunista de China Beijing,
República Popular China

Apreciados camaradas:
En nombre de todos los militantes del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR queremos expresarles a ustedes, a los miembros del Partido Comunista de China y a todo el pueblo chino nuestras rendidas condolencias ante el fallecimiento de su prominente líder, el camarada Deng Xiaoping.

El camarada Deng Xiaoping ocupó importantes puestos de dirección durante las guerras revolucionarias que, bajo la dirección del Partido Comunista de China comandado por el Presidente Mao Tsetung, libraron la clase obrera y el pueblo chinos hasta alcanzar su histórica liberación el 1° de Octubre de 1949. Igualmente, desempeñó luego papeles de mando cuando el Partido y el gobierno chinos se pusieron al frente de la revolución y construcción socialistas. Con posterioridad a la muerte de Mao Tsetung, en 1976, el camarada Deng Xiaoping se convirtió en el máximo dirigente del Partido Comunista y el gobierno y trazó la orientación política y económica que ha desarrollado la República Popular China en el transcurso de los últimos veinte años.

Comprendiendo que para China, su Partido Comunista y su gobierno el deceso del camarada Deng Xiaoping representa una gran pérdida, les reiteramos nuestro sentimiento de respetuosa condolencia, seguros de que la gran nación china sabrá superar esta hora de dolor, vencer todas las dificultades en su marcha inexorable hacia un futuro luminoso en lo político, económico y cultural, y brindar su inmenso aporte al progreso de toda la humanidad.

Reciban nuestro fraternal y revolucionario saludo,
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, secretario general

Por Esperanza Lozano Castillo

Con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, los tres últimos gobiernos han venido barriendo de nuestra legislación hasta los vestigios del derecho democrático burgués. Ante los apremios de los Estados Unidos y las borrascas de prensa, se ha trastocado toda la normatividad jurídica existente por una moralizante, hecha adhoc.

Estas artimañas hacen parte del llamado jactanciosamente nuevo derecho, el cual es inestable, no guarda ningún respeto por la norma escrita, no disimula sus propósitos políticos y reniega de los procedimientos jurídicos en aras de una pretendida eficacia. Al respecto vale la pena citar a uno de sus pontífices, Boaventura de Sousa Santos, quien afirma que: «El derecho de la sociedad postmoderna es efímero y restringido, de aplicación eventual y coyuntural». Sobre el carácter político de dicha escuela han dado ejemplo los señores Valdivieso y Salamanca, quienes proclaman el papel de «oposición» que desempeña la Fiscalía. Por ello no es raro que, por ejemplo, las leyes de sometimiento a la justicia, los beneficios por sentencia anticipada y las negociaciones con los capos de la droga que hace apenas unos años fueron impulsados por Washington, hoy sean blanco de la alharaca del embajador del imperio.

Coincidente con el resurgir de la primacía norteamericana, el gobierno de Barco inició la embestida para poner el derecho al revés: desconociendo las providencias de la Corte Suprema, revivió por vía administrativa la extradición de nacionales a los Estados Unidos y dictó normas sobre la confiscación de bienes sin haberse comprobado a sus poseedores la proveniencia ilícita de ellos.

Luego, Gaviria, uno de los más fanáticos partidarios del colonialismo, pisoteando toda la normatividad vigente, impuso mediante una constituyente espuria una constitución espuria. Ésta sentó las bases para desmembrar la nación, prohijando el enfrentamiento entre distintos órganos del poder y procurando el federalismo. Desprotegió el desarrollo nacional y facilitó la subasta de los haberes públicos. De naturaleza artera, la carta de marras, para engañar a izquierdistas cándidos, garla de derechos a montón, cuando verdaderamente es la «caja de herramientas» de los potentados del mundo para afianzar su opresión sobre los colombianos.

Samper, quien durante su proceso en la Cámara de Representantes apareciera como el paladín del debido proceso y de la presunción de inocencia, una vez terminado el juicio, presentó un paquete de reformas en el que propuso, entre otras cosas, la confiscación y remate, sin previo juicio ni comprobación alguna, de los bienes bajo sospecha de haber sido fruto del enriquecimiento ilícito. Horacio Serpa, con voz trémula y suplicante, llamó a cada uno de sus conmilitones a dejar a un lado todo escrúpulo jurídico y a imponer el adefesio de la retroactividad de la ley penal, para complacer sin dilaciones las órdenes de Frechette.

Éste mete su cuezo en toda olla. Un día define leyes y penas a despecho de jueces y legisladores, y otro, exige la consagración de mayores ventajas para las inversiones gringas. No contento aún, demanda la cesión de nuestra soberanía jurídica a organismos supranacionales.

Ya desde la reforma constitucional de 1968, el artículo 76 introdujo la obligación para Colombia de crear, j unto con otros Estados, entidades sujetas al Pacto Andino; a esto se le dio el nombre de derecho comunitario. Para la apertura, los constituyentes de 1991 optaron por el denominado derecho supranacional, y en el artículo 150 decidieron transferir atribuciones del Estado a organismos internacionales. En ambos casos el objetivo era facilitarles a los monopolios la expansión de los mercados. Por ello, las multinacionales imponen por el globo el decálogo imperialista sobre protección a la inversión extranjera, a la propiedad intelectual, al ambiente. Y para facilitar aún más su injerencia dicta normas sobre extradición, persecución al terrorismo, a la corrupción, al narcotráfico. El hecho de que otra de sus cruzadas intervencionistas sea «promover» los «derechos humanos», no obsta, como se deduce de un informe de The Wall Street Journal Americas, para que en el directorio de Human Rights Watch, entidad que se arroga la facultad de certificar la conducta de las naciones avasalladas, a ese respecto, se halle el señor Bruce J. Klatsky, un ricacho gringo propietario de maquilas, quien en Guatemala «paga la mitad de lo que necesita una familia de cinco miembros para superar la pobreza», explota menores de edad, y sus «ejecutivos» amenazan de muerte a los obreros que traten de afiliarse al sindicato.

Con todas esas engañifas las potencias quedar facultadas para intervenir en cualquier país cuando les plazca. Así, el Estado ha perdido la titularidad sobre la soberanía absoluta de la nación. Quienes creen que se trata de «internacionalizar el derecho», que paren mientes en las leyes Helms-Burton y D’Amato; en el anuncio de Clinton de abordar en aguas internacionales naves de cualquier bandera; o en el humillante «acuerdo» de interdicción marítima, por el cual el samperismo entregó la soberanía de nuestros inmensos mares a los voraces corsarios del fin del milenio.

La Fiscalía
El corte fascista de la Carta de Gaviria lo revela la Fiscalía General de la Nación. Este organismo todopoderoso posee las características indispensables para la utilización política de la justicia. Dispone de un brazo armado, el Cuerpo Técnico de Investigaciones; produce las pruebas; toma medidas que antes estaban reservadas a los jueces, como privar de la libertad e incautar bienes, y es ella misma la que define en el caso de que los acusados interpongan apelación a sus decisiones. Es juez y parte.

Además, investiga a los funcionarios con fuero constitucional. Presenta proyectos de ley qué le permiten cambiar las reglas del juego en el curso de los procesos, máxime ahora que se está aplicando la retroactividad de la ley penal. Ni en los estados de excepción se pueden modificar sus excesivas facultades. En otros países, como Estados Unidos, la fiscalía hace parte del poder ejecutivo, en Colombia es intocable.

Philip Heymann, asesor del gobierno de Clinton, en un foro realizado en Bogotá, propuso que la Fiscalía debía: abanderarse de la lucha contra la corrupción debido al impacto político del tema; combinar un sistema formal y uno informal, el gobierno y la prensa, las investigaciones y el escándalo: promover acusaciones contra los más altos funcionarios, ya que sólo reorganizar las instituciones no es suficiente; hacer invulnerables a los fiscales más allá de lo que digan los textos; apoyarse en la opinión pública más que en el derecho. Entregada a la política proyanqui, en cinco años la tan loada institución sólo ha proferido resoluciones acusatorias en 2.4% de los casos a su cargo.

Con base en los artículos 5 y 8 de las disposiciones transitorias del ordenamiento de 1991 se adoptó el Nuevo Código de Procedimiento Penal y se incorporó a la jurisdicción ordinaria la denominada jurisdicción especial de orden público, expedida en el estado de sitio del régimen barquista. Así se le dio carta de ciudadanía a los métodos siniestros de los jueces y testigos sin rostro, con los cuales se elimina toda garantía procesal. Su blanco predilecto ha sido la clase obrera. Hoy un grupo de dirigentes de la USO está bajo su férula, y a los líderes de la patriótica huelga de Telecom de 1992 se les ha sometido a persecución y encarcelamiento. Con razón el ejemplar paro de los trabajadores estatales enarboló como una de sus banderas la de combatir este engendro dictatorial.

A estos turbios procederes se añade la violación de la reserva del sumario, artilugio usado descaradamente por la nueva entidad, y que la Corte Suprema le Justicia autorizó, al sentenciar que solamente la vulnera el funcionario que entrega a los periodistas los expedientes y no el medio que los publica. Los magnates de la prensa alegan que este derecho, unido inseparablemente’ al de la presunción de inocencia, no es más que un simple trámite judicial.

Arrasamiento de la ley penal
Los principios esenciales del derecho penal democrático se han convertido en objetivo central de la nueva «legalidad» imperialista.

La norma consistente en que la culpabilidad del reo debe ser probada por el acusador ha sido trocada por la obligación de aquél de establecer su inocencia. Un excelente ejemplo es la conversión por la Corte Constitucional del «enriquecimiento ilícito» en un delito autónomo. Se trata de que al Estado no se le obligue a probar en el proceso que el incremento patrimonial tiene como origen un delito, esto es, una conducta antijurídica, definida inequívocamente como tal en la ley, y realizada con culpabilidad. A contrapelo, la Comisión de Fiscales de la Dirección Regional de Fiscalías de Bogotá, en una providencia, estipuló el exabrupto de que en el manejo de los tipos penales no es indispensable «plasmar la descripción perfecta de la conducta reputada ilícita».

El debate sobre extinción del dominio y la exigencia de extraditar nacionales, han puesto sobre el tapete otra transgresión, no ya sólo de la ley penal, sino de todo el, andamiaje jurídico: su irretroactividad. La cual consiste en que no se pueden castigar, bajo los nuevos parámetros, hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de una norma. Si se abre campo al desconocimiento de situaciones jurídicas pasadas, en el futuro nadie sabría a qué atenerse y la seguridad jurídica y los derechos de las personas desaparecerían. Tan fundamental es el precepto, que la única excepción que admite es la favorabilidad en el derecho penal, es decir, cuando la ley posterior beneficia al delincuente. Todo lo contrario de lo defendido con tanto ardor por el teatral Serpa y el melifluo Medellín, bajo la mirada sinuosa del Fiscal.

Tan amplias facultades concedidas para actuar sobre los bienes de los incriminados, abren paso a la arbitrariedad. Cesare Beccaria, el padre del derecho penal burgués, señaló al respecto de la justicia feudal: «Casi todas las penas eran pecuniarias y los cielitos de los hombres el patrimonio del príncipe. Los atentados contra la seguridad pública eran un objeto de lujo; el que estaba destinado a defenderla tenía interés en verla ofendida. Era, pues, el objeto de las penas un pleito entre el fisco y el reo… El juez era más un abogado del fisco que un indiferente indagador de la verdad «…

Acatando sumiso las órdenes transmitidas por Frechette, el gobierno presentó al Congreso su proyecto de aumento de penas aprobado por la Cámara con un bochornoso » pupitrazo», en sólo cinco minutos de sesión, demostrándose fehacientemente cómo cesan las singulares camorras entre samperistas y gaviristas cuando se trata de magrearle las barbas al Tío Sam. Recuérdese que todo el entramado de la rebaja de penas había sido montado durante el «revolcón».

Con la reiterada exigencia de los altos funcionarios imperiales de aplicar la extradición a los capos detenidos actualmente no sólo se pisotea el mencionado criterio de la irretroactividad penal, sino que una vez más se desconocen las dos sentencias de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del tratado bilateral de 1979. empero los hoy más fervientes partidarios de su ejercicio la prohibieron, en el aquelarre de 1991, con el beneplácito estadinense, y para agradar al abatido jefe del cartel de Medellín, cuyos bombazos criminales no permitían el ambiente sosegado para imponer el brebaje aperturista. Sin embargo ahora quieren que se aplique, como cuando Barco, sin cumplir con los mínimos requisitos de legalidad, reciprocidad y preexistencia de la norma. Luis Guillermo Giraldo, el lacayuno senador, ha señalado aviesamente que la entrega de nacionales para su juzgamiento por los norteamericanos puede aplicarse retroactivamente dizque por ser una simple cuestión procedimental, sin dar dos higas por el hecho de que tal determinación «genera en las personas efectos por toda la vida».

Estados Unidos también pretende que se levanten las reservas colombianas a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 1988. Colombia, al suscribirla, se reservó la prohibición de extraditar colombianos de nacimiento. La Corte Constitucional avaló explícitamente la mencionada reserva cuando, al hacerla revisión de constitucionalidad del Tratado y declararlo exequible, señaló que a Colombia no se la puede constreñira tornar medidas legislativas, judiciales, administrativas, o alguna otra que vulneren la Carta política o trasciendan los tratados en que nuestro país sea parte contratante.

De igual manera, los gringos, al ratificar dicha convención, observaron que ninguna de sus disposiciones «requiere o autoriza leyes o actos de los Estados Unidos de América que sean contrarios o estén prohibidos por su Constitución».

No obstante, las potencias están dispuestas a imponer al resto del mundo su propia jurisdicción. En Lyon, el G7 trazó un plan de lucha contra el terrorismo en el que exigen a las neocolonias “velar por que los responsables de actos terroristas sean conducidos ante la justicia, y consideren la posibilidad de conceder la extradición incluso cuando no exista tratado”.

La purga de Roehm es célebre como ejemplo de la aplicación retroactiva de la ley penal. Hitler había decidido que ciertos elementos de su partido eran un estorbo y decidió asesinar a cerca de cien de ellos. Al regresar a Berlín hizo aprobar una ley retroactiva que convertía los asesinatos en ejecuciones legales. Luego declaró que durante el asunto la Suprema Corte del pueblo alemán consistía en él mismo, indicando que a las muertes con armas de fuego las había acompañado una mera irregularidad de forma, que consitía en el hecho de que él portaba en su mano una pistola en vez de la vara de la justicia.

Los principios con los que la naciente burguesía doblegó en el campo del derecho penal al medioevo, y que fueron expuestos por Beccaria, al que Voltaire llamara «defensor de la humanidad», y de quien recomendara leer a menudo su pequeño libro De los delitos y de las penas, han sido arrumados, en la fase imperialista, junto a las demás ideas con las que el capitalismo vino al mundo.

La justicia participativa
Parapetados en las atávicas aberraciones de la administración de justicia -su carácter antidemocrático, la impunidad, la congestión y morosidad de los despachos judiciales, la corrupción de los jueces, el leguleyismo- los reformadores arremeten tras el desmonte de aquélla y propenden a que se transfiera, como el resto de los servicios públicos, al sector privado. Con este fin, los constituyentes de 1991 reemplazaron la fórmula de que la justicia es “un servicio público a cargo de la nación”, por la ambigua de que es una «función pública».

Al abrigo de la «participación» crearon los sistemas alternativos de resolución de conflictos. El Estado se desembaraza de muchos de los pleitos que no sean de interés para los monopolios, dejando que los dirima la “comunidad”, con lo que se desecha el acervo jurídico y se sustituye por mecanismos informales o extrajudiciales. Así, un creciente número de desmanes engrosaron la lista de los llamados «delitos bagatela», como los denominan los italianos, y que van desde la extorsión simple hasta los que se cometen contra los patrimonios menores. Al lado de esto proponen la despenalización de otra serie de conductas. Para evitar erogaciones, a cambio de la prisión impulsan sanciones accesorias. Todo lo anterior envilece la justicia y la niega a los más débiles.

Los variopintos sistemas alternativos incluyen también la conciliación, cuya base es el supuesto de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Esto, que algunos denominan justicia alternativa o paralela, se empieza a abrir camino a partir del Decreto 1861 de 1989, que establece la conciliación en el derecho civil y canónico. La ley 23 de 1991 crea los Centros de Conciliación y extiende este mecanismo a casi todas las áreas del derecho. Investir a los particulares de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores, y crear jueces de paz, se consagra en los artículos 116 y 247 de la Carta gavirista. La ley 81 de 1993 amplía la conciliación a todos los estadios procesales, a solicitud del imputado. Los propaladores de esas disposiciones no ocultan que uno de sus gérmenes en Colombia son los «célebres» tribunales de arbitramento en el área laboral. También ponen como ejemplo los llamados planes de retiro voluntario.

Comentario aparte merece la prédica y el estímulo a un sistema legal de «extracción local y popular», atenido a los usos y costumbres lugareños, con el fin, según la jerigonza impuesta, de realzar la «particularidad de las realidades sociales», «la identidad local».

Se trata de romper con las regulaciones generales de la nación y dar pábulo a su atomización jurídica. Baste citar el artículo 246 sobre la «jurisdicción indígena» y el 247 o de los «jueces de paz». Conforme a esto, la Corte Constitucional, al resolver una tutela, avaló el sistema del cepo, utilizado como castigo por los españoles durante la conquista.

Mientras so capa de proteger a los marginados, se le impone a la mayoría de las naciones este tipo de normas disgregantes, no pasa un solo día sin que se tenga noticia de un atropello contra las minorías en alguna de las grandes potencias. Negros golpeados hasta morir, inmigrantes ultrajados y despojados de la seguridad social y de la educación.

La tutela
La práctica de este recurso, que tanto emociona a tirios y troyanos, ha acabado con otro principio clave de la seguridad jurídica: la cosa juzgada. Se usa, además, para perseguir a los sectores empobrecidos, como en el caso de los vendedores ambulantes, a quienes se les quita el pan de la boca para cumplir tutelas sobre el «uso eficiente del espacio público».

Samper, en su malhadada propuesta de reforma constitucional, propugnó que pudiera ser ejercida por personas jurídicas, un paso fundamental para los monopolios. En Venezuela, en donde ese instrumento se estableció desde 1988 como Ley de Amparo, la Corte Suprema dictó recientemente una medida en favor de Air France, que alegó que se le estaba cercenando el derecho a la actividad económica, porque la administración del aeropuerto estatal de Maiquetía le elevó el precio del alquiler de un galpón de carga.

Francisco Mosquera lo había previsto: “La figura de la tutela es una institución extraída de los precipicios perdidos del pasado…anhelarla o adecuarla a las realidades de hoy representa un anacronismo incalificable. Colocar a la población entera bajo un tutelaje indiscriminado minimiza el precepto escrito, enreda la justicia y favorece a los monopolios, que ya han empezado a valerse de este artilugio para rematar sus ambiciosos propósitos”.

Los moiristas debemos levantar la bandera de nuestro extinto jefe: Que bajo ningún pretexto se falsee aún más el sistema jurídico del país.

Lo cual, como él lo dijera, «marca una tendencia con el tiempo más peligrosa para los fortines populares que para los laboratorios de los capos».