UNA VISITA AFRENTOSA PARA EL PAÍS

Declaración emitida por el Comité Ejecutivo Central del MOIR, el 20 de febrero de 1976, con motivo de la llegada a Colombia del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger.

La llegada a Bogotá del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, anunciada para el próximo domingo 22 de febrero, es ciertamente un acontecimiento deplorable para Colombia. Jamás fue grato para la nación y el pueblo colombiano el arribo a nuestro país de los principales personeros del imperialismo norteamericano. Siempre que ha sucedido por uno u otro motivo, en esta o aquella ocasión, las visitas de altos funcionarios del gobierno estadinense o de hombres de negocios de la potencia del Norte, las masas trabajadores, el estudiantado y el resto de sectores patrióticos y democráticos han exteriorizado vehementemente su repudio e indignación por la presencia de quienes personifican la política de saqueo y opresión sobre las inmensas mayorías nacionales.

En las actuales condiciones la venida de Kissinger es mucho más irritante y afrentosa ya que coincide con la delicada situación económica por las que atraviesa la nación entera y cuyas calamitosas consecuencias recaen aplastantemente sobre los obreros, los campesinos, los pequeños y medianos productores y comerciantes. Colombia no conocía una época como la que está viviendo en la cual el desempleo, el encarecimiento del costo de la vida, la hambruna generalizada de las capas más pobres de la población, de la descomposición social y la inseguridad de todos los ordenes hubieran llegado a extremos tan intolerables,. Todos estos males asoladores tienen una causa fundamental: el yugo y la explotación del imperialismo norteamericano. El régimen lopista con su línea antinacional y antipopular de mayores concesiones y privilegios a los monopolios extranjeros y a sus intermediarios colombianos no ha hecho más que agravar las cosas. Debido a ello, después de 18 meses de ejercicio gubernamental, López Michelsen afronta un complicado momento, ante la escalada de la lucha popular que va desde los paros cívicos de pequeñas y grandes ciudades hasta las huelgas de obreros y empleados que aquí y allá estallan sin cesar. Kissinger será recibido por el puño cerrado de los combatientes colombianos que no sólo defienden sus reivindicaciones económicas y democráticas sino que aspiran fervorosamente a independizar el país de la sojuzgación de los estados Unidos para construir una patria plenamente soberana, autónoma, democrática, popular y próspera.
La gira que el Secretario de Estado estadinense realiza por Latinoamérica viene antecedida a su vez de una serie de descalabros de la política preconizada por Washington. El imperialismo norteamericano que salió vigoroso y pujante de la segunda guerra mundial ha entrado en un periodo de notoria decadencia, como resultado, por una parte, del auge del movimiento de la liberación nacional de Asia, Africa y América Latina y de la revolución mundial, y por la otra, de la recuperación de los países imperialistas de Europa y del Japón y de la preponderancia de los socialimperialistas soviéticos que le han venido compitiendo y debilitando su influencian en los cinco continentes. Tales circunstancias hacen que los estados Unidos vuelvan la mirada con mayor codicia sobre Latinoamérica a la que han considerado como su patio trasero. El viaje de Kissinger por varios países del Hemisferio busca arreglar cargas y trazar directivas precisas a los gobiernos títeres. Por eso los pronósticos sobre el “nuevo dialogo” de que ahora habla el más destacado componedor de la política exterior de los Estados Unidos no son más que la mampara para ocultar las verdaderas intenciones de filibustero del imperialismo norteamericano. Las promesas de “ayuda” económica se convertirán en más grilletes en los tobillos de los pueblos latinoamericanos. Y las hipócritas palabras de “vigorizar nuestros lazos hemisféricos” sólo conmueven a la oligarquía vendepatria. Las clases dominantes colombianas en su afán por justificar los fracasos cosechados en el campo económico por sus gobiernos acuñó la frase de que los fiascos en los intentos por desarrollar la producción, controlar el alto costo de la vida, sanear, el déficit fiscal, se deben a la “inflación importada”. Con esta explicación se quiere indicar que a los mandatarios se les escapa de sus manos el manejo de factores que dependen exclusivamente del exterior. Pero para semejantes irregularidades cabe únicamente como solución el rompimiento de la dependencia externa. Y neocolonias de todo el peso de sus crisis, redoblando la explotación sobre los países subdesarrollados y oprimidos. En este sentido el hambre del pueblo colombiano es “importada”, como son “importados” el atraso, el desempleo, la miseria. Para grandes dolencias grandes remedios; sólo la liberación nacional resolverá de raíz los múltiples problemas de Colombia. Esta es la salida revolucionaria proclamada por la clase obrera y demás fuerzas populares. Mediante sus luchas los colombianos se le harán saber al indeseado huésped, como se lo advirtieron al mismo señor Kissinger los estudiantes de Caracas, a quien sacaron cual perro apaleado de tierras venezolanas.

NOTAS EDITORIALES

El continuismo en aprietos

La alocución de López Michelsen del 20 de febrero último, dirigida al país a través de los canales de la televisión del Estado, es otra muestra clara de la catadura antinacional y antidemocrática del actual régimen. Tomemos, así sea para comentarlos brevemente, cuatro asuntos espulgados con especial interés por el presidente.

El primero atañe a algo que veníamos previniendo desde enero: que estas elecciones llamadas de “mitaca” se efectuarían en estado de sitio. El señor López despejó toda duda al respecto al anunciar categóricamente que por ningún motivo suspendería las medidas de excepción, con las cuales el gobierno lopista tortura al pueblo colombiano hace cerca de diez meses. Haciendo cuentas, el “mandato claro”, que se anunciaba a sí mismo como el más democrático de los regímenes, completa casi la mitad del tiempo que lleva transcurrido bajo el garrote del articulo 121 de la Constitución. Sin embargo, ufanándose de tolerante, el presidente de la coalición oligárquica antipatriótica informó que le había prometido plenas garantías a un “grupo de distinguidos opositores” que “vinieron a visitarme”. Se refería inequívocadamente a la comisión del Partido Comunista que en días pasados pidió audiencia en San Carlos para comunicarle de viva voz al Jefe del Estado las razones por las cuales ese Partido no concurrirá al Tribunal de Garantías, mientras se mantuviera el estado de sitio. Aprovechando la circunstancia, López Michelsen agregó en su discurso televisado que le había prometido al “grupo de distinguidos opositores” que “contaran con que el Presidente, personalmente, se encargaría de que sus derechos no fueran atropellados en forma alguna” (1). A pesar de la dulzarrona y filistea preocupación “personal” del presidente por el aludido grupo, lo cierto será que dentro del sistema de rigurosa limitación electoral de libertades publicas del articulo 121, impuesto a partir de mayo, la confrontación electoral no pasara de materializar una inicua comedia. Por encima de la hipocresía oficial las fuerzas revolucionarias echarán mano de cualquier oportunidad para llegar a las masas populares con sus tesis y proclamas, desenmascarar esta falsa democracia representativa de las oligarquías colombianas proimperialistas y educar al pueblo en la comprensión de que las libertades y los derechos democráticos los arrancaremos con el método de los genuflexos sino mediante la lucha consecuente que dispute a los opresores el terreno a palmo y medida por medida.

El segundo asunto se refiere a la contradicciones brotadas en las anarquizadas toldas de la coalición liberal–conservadora. La composición del gabinete, la distribución de la cuota burocrática y el reparto del ponqué presupuestal, simultáneamente con un no disimulado triunfalismo liberal, han conducido a que sectores importantes del partido conservador, entre los cuales ubícanse el ospinismo y figurones como el ex presidente Pastrana Borrero, formulen criticas abiertas al mentor y a la gestión del “mandato claro”. El lopismo cumple con la norma constitucional de la paridad administrativa, pero la mitad exacta que corresponde al partido conservador la comparte primordialmente con los amigos de Alvaro Gómez, su contrincante en las elecciones de 1974. Ospina Pérez demanda un tratamiento por parte del partido mayoritario que se compadezca con las dignidades tradicionales de su socio conservador; que la abismal ventaja alcanzada por el liberalismo en los anteriores comicios no se convierta en un trinquete para apabullar a la divisa azul; que los compromisos de la paridad administrativa no socaven la independencia doctrinaria de cada uno de los partidos gobernantes, ni implique para el conservatismo una adhesión incondicional al “mandato claro”. La controversia ha tenido sus momentos enconosos ataques y acres recriminaciones. Pero llama la atención que esta pelea pactada a unos cuantos asaltos se desenvuelva sobre el entendimiento recíproco de que la coalición gobernante debe prevalecer y prolongarse en interés de la subsistencia misma de las clases dominantes. El cúmulo de violentos conflictos sociales y la amenaza comunista aconsejan atemperar el disentimiento interno. Hasta dónde lo logren es cosa por verse. De todas maneras el presidente del 9 de abril de 1948, les recordaba a sus copartidarios en Tunja no hace mucho: “Frente al comunismo, no hay más remedio que la coalición de los dos partidos históricos. El partido liberal solo no se puede enfrentar, y ellos lo saben. La prueba es la preocupación que les ha venido cuando yo dije en Sonsón: nos podemos retirar. Ah no. No se puede retirar. No es porque la Constitución les preocupe demasiado, es porque saben que sin nosotros en el gobierno no se puede manejar este país. Pero nosotros solos tampoco podríamos” (2). Y por su parte la prensa liberal replica: “Ninguna colectividad podrá dirigir y orientar a la nación excluyentemente” (3).

En su discurso a toda la nación, del 20 de febrero, el señor López Michelsen recogió la inquietud reiterada de las fuerzas reaccionarias de apuntalar la alianza de los partidos tradicionales. Enumeró las concesiones que como cabeza del liberalismo ha propiciado para resguardar los acuerdos bipartidistas: la prórroga del Concordato, el divorcio únicamente para los matrimonios civiles y el procurador conservador. Y expresó concluyentemente: “Mi anhelo, diría yo, mi compromiso para con el país, es obrar buscando el consenso entre los dos partidos que integran la coalición: el partido liberal y el partido conservador” (4). Una porción del conservatismo defiende ardorosamente la integridad doctrinaria y orgánica de su colectividad, exige de su compinche liberal un tratamiento de igual a igual y predice arrogante que ninguno de los dos partidos tradicionales podría hegemónicamente sostener el Poder frente al peligro comunista, vale decir, frente al despertar de las gentes y el auge de las luchas populares. El liberalismo y su presidente, que comienzan a sentir el golpeteo de la marea revolucionaria, corren a pregonar su creencia coincidente con la de Ospina de que la nave del Estado burgués–terrateniente proimperialista se equilibrara con la conducción proporcional del fundamento estratégico de la necesidad de la coalición liberal–conservadora, conforme al punto de vista los intereses de los imperialistas norteamericanos y sus agentes colombianos. Es la defensa más acabada el continuismo no tanto como herencia del Frente Nacional, sino como terapia para prorrogar la agonía del paciente. Pero el desenlace final se va acercando y resulta fácil de prever. Ante la caduca alianza de la gran burguesía y los grandes terratenientes proimperialistas, cuya expresión política es la coalición liberal–conservadora, comienza a fraguarse en mil formas la poderosa e imbatible unidad de todas las fuerzas revolucionarias, democráticas y patrióticas, el frente único que liberará al país de la sojuzgación externa y de la tiranía interna. La reacción le teme a la confrontación. La revolución se prepara resuelta y optimista para el asalto de la fortaleza enemiga.

El tercer asunto que deseamos tratar rápidamente de los temas expuestos por el inspirador del “mandato de hambre” en su discurso, tiene que ver con la destinación de los mayores recaudos obtenidos en virtud de la reforma tributaria. En el informe el Comité Ejecutivo Central del MOIR sobre participación en la lucha electoral, se demuestra cómo la susodicha reforma fue elaborada por un grupo de asesores norteamericanos con la finalidad de refinanciar el Estado para que éste pudiera mejor cumplir con sus obligaciones de endeudamiento externo con las agencias prestamistas norteamericanas. Pues bien, López Michelsen, buscando una justificación ante el hecho de que los frutos de la reforma tributaria no aparecen por ninguna parte, resolvió escoger de chivo expiatorio a los trabajadores oficiales y empleados públicos de niveles inferiores y acusarlos de querer apoderarse del presupuesto. Mencionó a los maestros como ejemplo de rapacidad, coincidiendo con la demanda de medidas persecutorias contra los educadores elevada sistemáticamente por el señor Ospina Pérez. Nadie va a creer que estos abnegados servidores, que reciben sueldos miserables, sean los responsables de la dilapidación y escamoteo de los nuevos impuestos. El mismo López tuvo un pequeño desliz de sinceridad en su intervención que conviene no dejar pasar desapercibido. Confesó que “fue necesario aumentar el pie de fuerza y fue necesario aumentar el numero de detectives, que no trabajan gratis” (5). La cuestión no requiere muchas explicaciones. Mientras impugnan coléricamente a los trabajadores oficiales, a los empleados públicos de niveles inferiores, a la clase obrera y al pueblo en general como los causantes de la catastrófica situación económica del Estado y del país, los círculos consentidos por el capital imperialista y que detentan el poder, destinan parte de los gravámenes que les sustrajeron a las masas con la “emergencia económica” a fortalecer el aparato represivo. Pero la inconformidad reinante en Colombia es tal que se hace presente también, beligerante y altiva, en las propias dependencias de los ministerios. El paro reciente de los valerosos trabajadores y empleados del Ministerio de Hacienda así lo patentiza. El ejecutor de la reforma tributaria y el principal recaudador de impuestos, el señor Rodrigo Botero, habló hasta de destituir a sus 14.000 subalternos amotinados. Los desesperos del ministro quedaron contrastados con el firme y caudaloso respaldo a los compañeros de Minhacienda brindado por parte de todas las fuerzas honestas, trabajadores y democráticas que saben distinguir entre los vampiros de la alta burocracia oficial y quienes se ven obligados a laborar con el gobierno para medio subsistir.

Finalmente digamos unas cuantas palabras sobre la postura del presidente de la República con relación a la votación del 18 de abril próximo. Es evidente que López Michelsen ha procurado sustraerle entusiasmo a estas elecciones. Reveló que había “apatía” por los comicios y destacó que de ella daban cuenta “todos los observadores de la política nacional” (6). Esto es cierto. Pero la manifiesta intención presidencial de echarle un baldado de agua fría al debate electoral, busca palmariamente desinflar los esfuerzos que hacen para reanimar a sus esquivos electores el carlosllerismo y el ospinismo, a quienes López casi que con nombre propio criticó por ocuparse de temas que no interesan a la ciudadanía. Tales manifestaciones y retaliaciones caben entre lo que solemos calificar de contradicciones en el campo enemigo. El MOIR está adelantando con éxito su campaña electoral, como tantas veces lo hemos señalado, con el criterio de utilizar una forma de lucha que nos permite llevar a las masas nuestro programa revolucionario y ampliar y consolidar nuestras fuerzas. La misión del bando revolucionario no se parece en nada al afán de embellecer la falsa democracia representativa de las clases dominantes colombianas. Pedimos respaldo para nuestros postulados y para nuestros candidatos, combatimos el abstencionismo del infantilismo de izquierda, mas nunca nos ha preocupado no mucho menos entristecido la apatía creciente del pueblo colombiano por el sistema electoral predominante. Por el contrario, la indiferencia, el desgano, el repudio de amplios sectores con las distintas vertientes del bipartidismo tradicional y por las instituciones que defienden, así como las contradicciones entre aquéllas, son aspectos favorables que las organizaciones de avanzada que participan en el proceso eleccionario sabrán explotar correctamente. El entusiasmo que están despertando y las fuerzas revolucionarias en las masas populares, como anticipo de una Colombia nueva, tiene su equivalente en la apatía y el rechazo que producen los personeros de los partidos tradicionales, como vestigios de un mundo llamado ya a desaparecer para siempre.

Notas
1) Discurso de López M., “El Tiempo”, febrero 21 de 1976
2) Discurso de Ospina Pérez., “La República” febrero 21 de 1976
3) Editorial de “El Tiempo”, febrero 11 de 1976
4) Discurso de López citado
5) Idem.
6) Idem.

El secuestro de Mercado y sus implicaciones

La desaparición de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y la espectacularidad con que los principales medio informativos han reproducido comunicados y fotografías alusivos al hecho, atribuido a una organización conocida como M-19, sirven de pantalla para montar un bien preparado plan represivo y terrorista contra los partidos y las publicaciones contrarias al régimen. El ambiente creado facilita en las condiciones actuales los inconfesables propósitos de quienes en los últimos meses, con sorprendente libertad, han venido recurriendo a las bombas, a los atentados personales y al terror para acallar por la vía más rápida las voces chocantes a los oídos de los intereses prevalecientes. A la prefabricación del clima intimidatorio que facilite las medidas fascistoides a gran escala, coadyuvan ciertos mensajes y resoluciones de los comités directivos de la UTC y CTC, o de una que de otra federación afiliada a estas confederaciones, en los cuales prácticamente se exige al gobierno procesa sin contemplación contra las organizaciones y fuerza de izquierda.

El secuestro de Mercado no se compagina en ningún momento con las formas de lucha que la clase obrera colombiana adelanta para desenmascarar, aislar y expulsar de las filas del movimiento sindical a los esquiroles y vendeobreros. El sindicalismo independiente contabiliza significativos triunfos en la gran batalla por debilitar a las camarillas directivas de la UTC y CTC y desbrozar el camino de la unidad obrera. Desde la entrega del paro de enero de 1969, cientos y cientos de organizaciones sindicales han abandonado las centrales patronales. Cada vez resulta más claro para los trabajadores colombianos que tales camarillas son agentes de las clases dominantes proimperialistas y que su principal función consiste en prestar a los baluartes de la reacción ayuda oportuna, siempre que éstos se hallan en serias dificultades. Lo mismo en la lucha económica que en la lucha política.

Pero no se crea que las luchas de la clase obrera contra la costra sindical oportunista han sido una reyerta pasajera. Representan años de combatir constante y duro, unas veces clandestinamente para eludir la carta de despido a los guardianes del orden, otras a través de las huelgas y paros para conquistar las justas peticiones y defender sus organizaciones. Siempre contra las oficinas de trabajo que ilegalizan asambleas desfavorables a los empresarios y a los esquiroles, congela los fondos de los sindicatos combativos, persiguen en mil formas a los cuadros más activos y avanzados. Por su noble causa han muerto o purgado cárcel muchísimos obreros. La fiereza de la contienda radica en que el imperialismo y sus lacayos le temen como a la peste a un movimiento obrero independiente. Para tratar de impedir su desarrollo se encuentra decididos a emplear todos los medios a su alcance, preferencialmente los instrumentos represivos de la maquinaria burocrática y militar del gobierno de turno. En las sinuosidades de la lucha los obreros han aprendido que para derrotar a sus despiadados enemigos no sirven las acciones aisladas. Sólo las formas de combate que facilitan o resultan de la movilización y participación masiva de la aplastante mayoría de los trabajadores que pueden garantizar el triunfo.

El secuestro de Mercado nada tiene que ver con los métodos empleados por la clase obrera para deshacerse de las camarillas directivas de la UTC y CTC. Es más, éste ocurre en un momento en el cual la central cetecista y su presidente habrían llegado a un punto culminante de descrédito y debilidad, como resultado de la acción combativa de centenares de miles de obreros durante dos lustros continuos. El número reducido de sus organizaciones filiales y las crecientes divisiones internas ubican a la CTC al borde de la liquidación. Otro tanto comienza a ocurrirle a la UTC. En todo caso la mayoría abrumadora del sindicalismo colombiano ya no se agrupa bajo sus siglas. En tales circunstancias la desaparición de Mercado y la batalla producida a su alrededor únicamente pueden favorecer los lamentos del sector empresarial ante el desprestigio y la bancarrota de las centrales patronales.

Para nadie es un secreto que el MOIR impulsa desde su nacimiento la lucha frontal contra las camarillas vendeobreras y por la unidad del movimiento sindical, con el propósito de lograr a la postre la creación de una única central dirigida y controlada por los trabajadores colombianos. Jamás nuestro partido ha recurrido a las acciones individuales de la lucha de las masas, al secuestro ni al atentado personal. Consideramos de principio que sólo el pueblo, mediante su lucha masiva y las formas de organización adecuadas podrá coronar la victoria y juzgar a sus enemigos y verdugos.

Pescando en río revuelto, algunos órganos de la gran prensa han echado a rodar la especie de que el MOIR, según una supuesta declaración de un compañero, sindica a la CIA como la responsable del secuestro de Mercado. En relación con el suceso que nos ocupa, nuestra agrupación partidaria cuenta exclusivamente con la información noticiosa que se hace circular a diario, y mal podría por lo tanto señalar la autoría o las causas de la desaparición del presidente de la CTC. Cualquier vinculación en uno u otro sentido que se quiera hacer del MOIR con el comentado secuestro no deja de ser una provocación siniestra, tendiente a atizar la división en el campo revolucionario o a facilitar la persecución y el terror blanco contra las fuerzas populares y de avanzada.

No queremos cerrar este comentario sin referirnos a un acontecimiento que repercute gravemente en el movimiento sindical colombiano: la declaración conjunta de la CTC y de la CSTC, cuyo texto completo fue publicado por “El Espectador”, el 28 de febrero pasado. Esta declaración configura el retorno de los directivos de la CSTC a las viejas andanzas de buscar la unidad sindical con las camarillas vendeobreras. Pero la gravedad estriba en que, utilizando el secuestro de Mercado, y en los momentos de mayor dificultad para la coalición liberal–conservadora gobernante, se tiende la mano a la dirección cetecista y se propone una unidad obrera en base a tesis francamente conciliacionista.

En la mencionada declaración se sostiene, por ejemplo, que el “secuestro del presidente de la CTC, compañero José R. Mercado”, “se trata de una consecuencia de la inseguridad que vive el país, en la cual están interesados los sectores que aspiran a llevar la nación a una dictadura abierta y terrorista que estaría enfilada contra los más auténticos intereses nacionales”. Mientras se denuncia las aspiraciones de determinados sectores de implantar una “dictadura abierta y terrorista” y se condena la “inseguridad que vive el país”, la declaración silencia la naturaleza de dictadura abierta antipopular y represiva del régimen de López Michelsen, cuya política proimperialista es contraria a los intereses nacionales y responsable de la inseguridad social actual del país. Por el contrario, se dice que “el gobierno tiene en sus manos todas las herramientas y medios para establece e informar a la Nación sobre el paradero o la suerte que haya corrido el dirigente sindical y presidente de la CTC, José R. Mercado, por lo que solicitamos lo haga”. ¿No es esta petición –preguntamos – una implícita autorización para que el gobierno siga actuando a sus anchas con “todas las herramientas y medio” que “tiene en sus manos”, intimidando a la población y desplegando allanamientos masivos a casas de gentes revolucionarias y que ninguna relación guardan con el secuestro de Mercado? Y el lenguaje que se emplea para combatir el régimen lopista se dosifica en expresiones como la “indolencia del gobierno”, la “anuencia o lenidad del Ministerio de Trabajo” en el manido criterio de que el estado de sitio ha servido “para que los sectores más regresivos ganen mayores posiciones en el gobierno”.

En el fondo la declaración conjunta de la CTC y CSTC es una quejumbre por la situación, y las perspectivas de unidad sindical que se consignan se reducen a determinadas reivindicaciones económicas o a llamamientos liberales como éstos: “conformemos un movimiento unitario capaz de garantizar la vida y derechos de los ciudadanos”, “luchar por la unificación del movimiento sindical, para erradicar de nuestra patria la injusticia y la inmoralidad reinantes”. Todo lo cual en abstracto, velando la realidad más palpitante de Colombia, que somos una neo–colonia de los Estados Unidos y que únicamente la liberación nacional del yugo imperialista garantizará la solución a todos los males de la nación. La unidad del movimiento obrero debe girar alrededor de esta tesis correcta y revolucionaria, sin cambiarla por el economismo ciego y vulgar que aún campea en las filas sindicales. Así lo proclamaron los encuentros unitarios de 1972 t 1973 y el Encuentro Nacional Obrero del 12 de octubre d e1974, con la participación entonces de las directivas de la Confederación Sindical de Trabajos de Colombia.

“Sólo mediante la conformación del más amplio frente la lucha revolucionario, integrado por todas las clases, capas, sectores y personas que en una u otra forman sufran o les indigne la opresión imperialista, podrá nuestro pueblo derrotar a sus tradicionales enemigos y construir una patria soberana, independiente, próspera y en marcha al socialismo”. Francisco Mosquera.

HONREMOS A LOS MÁRTIRES DEL PUEBLO 23 DE FEBRERO: BANDERA REVOLUCIONARIA

A las 10 de la mañana empezó a pitar la sirena de la fábrica. Paulatinamente las actividades de la factoría fueron deteniéndose. Al cabo de un rato, sólo se escuchaba el pesado ronroneo de los hornos giratorios del Klinker. La masa de trabajadores comenzó a congregarse en uno de los patrios de la empresa. En medio de un impresionante silencio se inició un mitin de quince minutos. Sólo se trataba de cualquier clase de mitin para los obreros de la fábrica de Cementos El Cairo, de Santa Bárbara 8Antioquia), ese lunes 23 de febrero de 1976.

Por su memoria comenzaban a desfilar, dolorosas y nítidas, las escenas de heroísmo y angustia, rabia y lágrimas acaecidas 13 años atrás, el sábado 23 de febrero de 1963, cuando 13 personas, entre obreros y gentes humildes del pueblo cayeron asesinadas, y decenas más gravemente heridas bajo la lluvia de balas disparadas a mansalva por el ejército.

“Hay que sacar el cemento cueste lo que cueste”

Desde hacia algunos días, el sindicato había declarado la huelga en vista de las negativas de la empresa a resolver sus justas demandas. Sin embargo, el movimiento se desarrollaba dentro de condiciones de absoluta normalidad. Los obreros fueron muy enfáticos, eso sí, en advertir que no permitirían sacas las existencias de cemento de la fabrica, ya que ello equivaldría al debilitamiento total de la huelga. Otra cosa pensaba el entonces gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez cuando ordeno: “hay que sacar el cemento por encima de los cadáveres que sea”. Luis Sierra, por aquella época presidente del sindicato, lo recuerda así: “nosotros esperábamos el arreglo con la empresa, a través del Ministerio de Trabajo y de Fedeta, para el lunes siguiente.

Por eso nos extrañó la presencia de tropa y la movilización de volquetas y soldados. Conversando en el transcurso del día con el coronel Valencia Paredes, así se lo manifesté. Eso dicen, me contestó, pero yo tengo una orden y es sacar el cemento cueste lo que cueste.

“La matanza estaba preparada de antemano”

Se abrió entonces un tenso compás de espera. A las cinco de la tarde, las volquetas repletas de cemento y soldados trataron de forzar la salida, frente a la carpa de los huelguistas.

Los obrero, entonces, se apostaron como un solo hombre para impedirlo. Súbitamente, se oyó la chillona voz del coronel al mando que ordenaba abrir fuego, sin mediar advertencia alguna. “Al principio todos creímos que eran balas de fogueo –narra Gonzalo Alvarez, directivo del sindicato- . Pero al momento, cuando vimos caer a nuestros compañeros muertos o herido, a nadie le quedo duda de que la matanza iba en serio y que estaba preparada de antemano”.

Las ametralladoras y los fusiles disparaban sobre todo lo que se moviera. Mientras un grupo descargaba contra los obreros ubicados en la carretera, otro lo hacia contra el hospital, desde cuyas ventanas algunos médicos tomaban fotografías. Arriba de un barranco, gentes pobre de Santa Bárbara contemplaban horrorizadas la masacre. Segundos después, la enloquecida soldadesca apuntaría también contra ellas, hiriendo a decenas.

María Edilma Zapata: 10 años de edad.

Las víctimas del genocidio no fueron ciertamente escogidas. La casa de uno de los huelguistas, convertida en sede sindical, fue inundada con gases lacrimógenos, provocando la salida apresurada de la pequeña hija del dueño, María Edilma Zapata. Cuando, aterrorizada y medio asfixiada intento cruzar la calle para buscar refugio en una vivienda vecina, una bala segó su vida.

Los obreros, protegiéndose de los gases con toallas mojadas, se defendieron bravamente con piedras, palos y cuanto objeto encontraban a mano en el desigual combate. Después de más de media hora de balacera, quedaron las víctimas en el piso: Rafael González, Pastor Cardona, Israel Vélez, Rubén Pérez, y nueve personas más, incluida Mario Edilma Zapata. Al anochecer, las hordas uniformadas allanaron los hogares de los trabajadores y detuvieron a centenares de compañeros. Lo único que no pudieron detener fue la moral de los proletarios.

13 años después: una conmemoración combativa.

El 21, 22 y 23 de febrero parados tuvieron lugar en Santa Bárbara diversos actos de homenaje a los mártires del pueblo. El sábado 21 se presentó el grupo “Pequeño Teatro” de Medellín con una obra de Jairo Aníbal Niño en la que se reconstruyen los hechos de la masacre. El domingo 22 se realizó la tradicional marcha conmemorativa, que estuvo presidida por el sindicato de Cementos El Cairo. Se hicieron presentes, además numerosos sindicatos independientes y centenares de habitantes de municipio. El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR también se unió, portando pancartas de pelea. Los manifestantes se concentraron frente al monumento erigido en honor de los caídos. Allí intervinieron los compañeros Joaquín Emilio Ospina y Otoniel Martínez, presidente y vicepresidente, respectivamente, el sindicato de Cementos El Cairo. Los dos oradores manifestaron la voluntad de los trabajadores de honrar la memoria de los compañeros asesinados, continuando la lucha por la unidad de la clase obrera contra el imperialismo yanqui y sus lacayos, contra las camarillas vende–obreras de UTC y CTC y por el respeto a la democracia sindical. Más de mil personas refrendaron con su asistencia el ánimo combativo y unitario de la manifestación.

Los eventos de conmemoración finalizaron con el paro y mitin de quince minutos el lunes 23 en la factoría, durante el cual un obrero expresó: “Sepan ustedes que cada hombre de El Cairo es un soldado que estará dispuesto a ocupar su lugar cuando estalle la incontenible rebeldía del pueblo”.

Palabras de Emilio Ospina, presidente del Sindicato de Cementos El Cairo

Los soldados que en la tarde del 23 de febrero de 1963 la emprendieron contra los huelguistas de Cementos El Cairo tenían una orden: matar! Descargaron los golpes en los cuerpos inertes y en las puertas y ventanas desguarnecidas. Vaciaron los proveedores de sus armas sobre los hombres, mujeres y niños caídos en la carretera. Dejaron el campo abierto muertos y heridos y del dolor y la ira de la clase obrera. La masacre de Santa Bárbara de la historia reciente del país. Macabro testimonio de la naturaleza criminal y sanguinaria de las clases antinacionales y antipopulares que no se detienen ante ningún delito con tal de aumentar sus exorbitantes ganancias. Pero los luctuosos acontecimientos de aquel día han quedado grabados de manera imborrable en la memoria de todos los trabajadores de Colombia, como una lección inolvidable acerca de la especie de enemigo despiadado al que se deben enfrentar y de los métodos inescrupulosos a los que éste recurre.
Desde esa fecha, aniversario tras aniversario, los Cementos El Cairo, erigieron, rememoran el ejemplo heroico de sus compañeros sacrificados, para redoblar su dedicación a la causa obrera, renovar su resolución de demoler las estructuras de la opresión y la miseria y en lugar de construir un mundo nuevo y propio, lleno de felicidad y prosperidad.

Este año, la conmemoración del 23 de febrero halló a los compañeros de El Cairo afrontando con valor y dignidad muy diversos problemas y entregados a una intensa discusión interna sobre las candentes cuestiones de la unidad sindical y revolucionaria. A la cabeza de este proceso se encuentra el compañero Emilio Ospina, presidente del sindicato de Trabajadores de El Cairo, con quien TRIBUNA ROJA tuvo oportunidad de conversar.

Inicialmente nos dijo: “Esta fecha del 23 de febrero, en particular a los obreros de El Cairo les partió su historia, porque marcó un viraje en el desarrollo sindical, pues como muchas otras organizaciones, la nuestra tuvo formación y crecimiento en momentos difíciles, en 1946, bajo orientaciones de la UTC. Con el tiempo la patronal comprendió que el despertar del interés unitario entre los obreros era irreversible y por ello acudió a las armas en ese 1963 para acallar sus voces. Por tanto, para nosotros, uno de los significados más profundos de este día es mantener viva la voz de los obreros que dieron su vida, y mantenerla no con un sentimiento romántico sino porque su sangra abonó la lucha de nuestro sindicato, fortaleció el nivel político de los trabajadores, y podemos decir que a partir de esa fecha, nuestra organización ha estado más compacta más unida”. A continuación señaló “el deseo de los cementeros de El Cairo de convertir el 23 de febrero en bandera de lucha revolucionaria para los otros sectores, para los campesinos y estudiantes de la región: en una bandera de lucha que sirva cada año para dar un paso más en el camino de la unidad y hacia el futuro de la revolución colombiana”.

CUALIFICACION DE LA LUCHA
Refiriéndose al aniversario de este año, el dirigente obrero indicó que se desarrolló con la idea central de “mejorar los métodos de lucha, de mantener firme el respeto a la democracia sindical que creemos ha sido pisoteada en los últimos días en nuestras organizaciones sindicales superiores. Vamos entonces a corregir algunos errores internos que poseemos y de los cuales, pensamos, saldremos bien librados si persiste la unidad que hasta ahora hemos mantenido”.

Luego de manifestar que “hemos observado casi un revelo total de las fuerzas que nos han venido acompañado en los varios aniversarios”, el presidente del sindicato afirmó que “con el transcurso de los años se ha ido cualificando el personal que viene verdaderamente junto con nosotros a elevar una protesta, a conmemorar un día que pertenece al proletariado entero. Es muy significativo para nosotros ver a nuestro lado organizaciones campesinas y obreras en la cuales, realmente no hemos militado pero a las que respetamos para sus luchas, por su trabajo, por el desarrollo revolucionario de la clase”.

CONTRA EL GOBIERNO Y EL OPORTUNISMO

Mencionando el reciente conflicto huelguístico de los cementeros de 1975, el compañero Emilio Ospina apuntó que “el movimiento cementero ha gozado siempre del derecho de poder presentarse en las luchas contra la patronal y el gobierno en una forma unificada a nivel nacional. Los cementeros, aunque no hayamos estado organizados todo el tiempo en un sindicato de industria, siempre hemos luchado –después de 1963- en unidad de acción y en coordinación de pliegos. La experiencia de la huelga pasada y los problemas surgidos durante el transcurso pueden concretarse en que los obreros de El Cairo, debido al desarrollo del movimiento sindical y su cambio de estructura, fijamos, ante nuestras centrales, la posición de que un sindicato industrial debe corresponder al avance consciente de los trabajadores de las diferentes empresas que la conforman, y no deben ser una organización simplemente limitada al crecimiento de un centralismo burocrático ni llegar, como lo teníamos, a pisotear la democracia sindical defendida por nosotros en el caso que nos ocupa”.
Sobre este punto, el compañero Ospina tuvo ocasión de exteriorizar su pensamiento en la concentración proletaria realizada en Santa Bárbara. Dijo que si Fedeta, Fenaltraconcem, Sutimac y CSTC, no esclarecieran sus acusaciones, los obreros de El Cairo “sí van a precisar a quiénes les faltó coraje para enfrentar la política demagógica del gobierno del Frente Nacional o del gobierno del señor López Michelsen, el demagogo que nos embaucó por intermedio de la Ministra del Trabajo”. Y concluyó: “ellos creyeron mansamente que por haber sido López del MRL las luchas iban a ser distintas a nivel del proletariado. Que habría tribunales, que no habría necesidad de organizarse”. Finalizó su discurso corroborando su posición y aseguró que “a los obrero de El Cairo, a quienes no les ha faltado valor en las otras huelgas para enfrentar a la patronal, no les faltará valor para enfrentar nuevament3e a la patronal, al gobierno y a los oportunistas que se han apoderado de las direcciones nuestras a nivel nacional”.

“H A R E M O S R E S P E T A R L A
DEMOCRACIA SINDICAL”

El conocido dirigente aseveró asimismo que “daremos la pelea, no para dañar la unidad del movimiento cementero, como uno pocos dicen, sino para elevar la discusión, para sacarla del pantano donde la tienen algunos dirigentes nacionales y si nos es posible permanecer en el sindicato de industria, que es nuestro mayor deseo, continuaremos haciendo respetar la democracia sindical y convertiremos estos organismos en organismos de lucha y en puestos burocráticos. A esta tarea estamos dedicados los trabajadores del cemento. Y los de El Cairo en particular estamos dispuestos a ello con la ayuda del movimiento obrero”.

Haciendo énfasis en el carácter revolucionario del aniversario de la masacre, el compañero Emilio Ospina anotó: “el gobierno ha reprimido al campesinado, al estudiantado, al movimiento obrero. Pero hoy hemos demostrado que es fácil derrotar el Estado de Sitio y esto políticamente es importantísimo para la clase obrera, porque no nos vamos a dejar amedrentar por los decretos represivos de la oligarquía y seguiremos venciéndolo por más policías que interpongan y lance contra el pueblo”.

26 DE FEBRERO DE 1971, OTRA JORNADA HEROICA

La conmemoración del quinto aniversario de la gran conmoción estudiantil que sacudió a Colombia en febrero de 1971 no puede ni debe ser una efemérides convencional. Tampoco es un episodio más digna y más noble la historia de Colombia. Dentro de esa larga secuencia de batallas desiguales y valerosas por una Patria mejor, el capítulo de 1971 tiene un significado especial. Es el momento en que la juventud estudiosa de Colombia, con una conciencia lúcida y precisa de su misión, se lanza a dar el combate frontal contra la penetración imperialista en la Universidad Colombiana; a rechazar el coloniaje cultural más insidioso, pérfido y sutil que todos los demás; a reivindicar los valores revolucionarios del pueblo colombiano atropellados, befados y mistificados por la intervención imperialista ; a desenmascarar a los abyectos acólitos criollos, sobre cuyos espinazos doblegados y manos medicantes pasan –altivos a la vez– los amos yanquis que les remuneran su enajenación de las riquezas materiales y culturales de la naciones oprimidas.

A los cementeros colombianos –ya copiosamente poblados por gentes con mucha juventud y ningún miedo- no ingresaron en vano los muertos de Cali. Su ejemplo será seguido y recordado a todo lo largo de esta lucha empecinada con el oprobio imperialista que sólo podrá terminar como terminó en Saigón en abril de 1975. Todos los que entonces libraron la batalla, muertos y vivos, nos dejaron una lección histórica sin precedentes: que frente a los pocos miles de plutócratas que doblan la rodilla ante el Goliat imperialista, hay millones de colombianos libre que ya comienzan a asediarlo con la lluvia creciente de sus guijarros justicieros.

EL GOBIERNO PISOTEA INTERESES NACIONALES

Denuncia el dirigente petrolero Pedro Castilla
Representantes de la Unión Sindical Obrera, USO, que agrupa a los trabajadores de la empresa estatal de petróleos, indicaron que es un hecho cumplido la desnacionalización de Ecopetrol en beneficio de la Texas Petroleum Company y de otras compañías norteamericanas, con la tolerancia cómplice del gobierno, e hicieron énfasis en que la llamada “reversión” de la Colombian Petroleum de Tibú, Catatumbo, es una vergonzosa comedia.

Pedro Castilla, secretario de información de la USO, señaló: “la desnacionalización de Ecopetrol es una realidad y se manifiesta, entre otros, en los siguientes hechos: de un lado, la actual administración ha sido puesta en manos de Villareal, Merendone, Del Castillo y Cabrales, anteriormente funcionarios de la Texas, y del otro, no hay continuidad en las políticas de perforación y explotación, que se han dejado en manos de las compañías extranjeras. Tampoco existen planes concretos de expansión de la empresa estatal”. Dijo el directivo que “todo el país está al tanto de las actuaciones oscuras del gobierno en materia de importación de gasolina, al precio del golfo de México, con el complemento, además, de permanentes y gravosas alzas mensuales, mientras que la Texas por su parte continúa exportando por Tumaco cerca de 22.000 barriles diarios”. Denunció Castilla que es manifiesta la intención de la Standard Oil Co. y de sus afiliados en Colombia, empeñadas en desnacionalizar el sector estatal de la rama petroquímica. El único responsable es el gobierno.

Refiriéndose al caso de la Colpet, el directivo de la USO hizo énfasis en que esta empresa no revirtió en ningún momento al Estado colombiano. “Por el contrario , dijo, lo único que hizo Ecopetrol fue comprar el resto de las acciones de manos de la Colpet, violando las propias leyes de la oligarquía”. Indicó que “Ecopetrol jamás ha nacionalizado no hecho revertir sociedades extranjeras. Todo ha sido comprado: la refinería de Barrancabermeja, el oleoducto de Cundinamarca, el del Pacífico, el de Antioquia, la refinería de Cartagena, la Shell de Casabe y ahora la Colombian Petroleum de Catatumbo. Jamás ha existido en Colombia la reversión, consagrada tan sólo en el papel. Unicamente la compra a precios exorbitantes de concesiones petroleras en franco grado de decadencia y desmantelamiento”.

Atropellos contra los trabajadores
Denunció la USO la permanente violación de las convenciones colectivas, el clima de provocaciones y la represión imperante. “El obrero petrolero es visto por el gobierno como serio enemigo”, declaró Pedro Castilla, “y la refinería de Barranca permanece militarizada como si fuera zona de guerra. A ello se debe que en la actualidad, mientras Ecopetrol desconoce la convención colectiva en materia de servicios médicos, ascensos y reconocimiento del reajuste salarial del 25% al personal técnico de la empresa afiliado al sindicato, la Texas se niega a resolver modestos pliegos de peticiones presentados desde hace varios meses por más de 1.000 trabajadores y contratistas de Puerto Boyacá, Puerto Velásquez y Orito, Putumayo. Además, los conflictos se han generalizado. Tal es el caso de los compañeros de la Cities Service y de la Esso Col”.

Tradición de la Lucha
La huelga de 1948 obligó al gobierno a cumplir su propias leyes, con la creación de la empresa estatal Ecopetrol en la antigua concesión De Mares, mientras la oligarquía vendepatria sostenían la tesis de que “el país no está preparado para la explotación de petróleo”. Colombia sabe que esa lucha costó muertos, detenidos y decenas de despidos.
Y fueron los trabajadores quienes en 1963 tuvieron que declarar el cese de actividades en rechazo a la inmoralidad administrativa imperante en las altas esferas de Ecopetrol. Este movimiento que costó igualmente despidos y cárcel, buscaba frenar la corrupción y el despilfarro, cuyas secuelas estaban conduciendo a la empresa estatal a la bancarrota.
La gloriosa huelga de 1971 fue realizada igualmente en defensa de los intereses nacionales, a más de defender justas reivindicaciones. Esta huelga trajo como consecuencia que la represión se manifestara, siendo víctima de ella el compañero Fermín Amaya, y demás se condenó a presidio a 18 compañeros, después de un vergonzoso consejo de guerra”.
Pedro Castilla recalcó finalmente que “a pesar de la amnistía decretada por el gobierno a favor de los 18 compañeros subsiste otro hecho, semejante por sus consecuencias al presidio: degradantes listas negras han sido enviadas por Ecopetrol, con los nombres de todos los compañeros que en una u otra forma participaron en el movimiento de 1971, no sólo a las empresas del país, sino también a Venezuela, Ecuador y Perú, cerrándoles las puertas en esos países y condenándolos en la práctica a la muerte laboral, ya que en su gran mayoría son operarios altamente calificados”.

Anuncian paro.
Se conoció que la USO Centro, Casabe Cantagallo y Tibú, decretaron un cese de actividades de 24 horas para exigir el cumplimiento de la convención colectiva. Los trabajadores petroleros han sido puestos en estado de alerta y una nueva lucha se hace inminente para los próximos días.

SINDICATO DE CAJA AGRARIA SE DESAFILIÓ DE UTC

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria, en su XVIII Asamblea General, a la asistieron 108 delegados en representación de 13.000 socios, se desafilió de la UTC, de la que fue uno de sus principales puntuales durante 18 años, mediante votación que arrojó un resultado abrumador: 104 votos a favor, 2 en contra y 2 en blanco.

El vicepresidente de la mesa directiva de la asamblea general, Héctor León Cortés, secretario de la seccional del Meta, indicó que la desafiliación era una necesidad sentida por las bases. Dijo que _ya en anterior oportunidad, la asamblea nacional del sindicato efectuada en junio de 1975, había tomado tal decisión, aunque entonces la UTC demandó el evento, encontrando en el ministerio pronto eco a sus propósitos. Ahora, en el segundo intento, los delegados se limitaron a expresar lo que tantas veces han pedido las bases. Y aunque las camarillas demanden de nuevo, la realidad es evidente y nadie podrá desconocerla_.

La asamblea general aprobó además pliego de peticiones. Al respeto, Cortés formuló un llamado a la unidad de todos los trabajadores de la Caja agraria y reiteró que _sólo contribuyendo al logro de nuestras reivindicaciones, sin sectarismos ni exclusivismos, conquistaremos la victoria_.

P R I N C I P I O S U N I T A R I O S

La parte resolutiva del documento de desafiliación aprobada por la asamblea general, dice así:
_1º. Desafiliar a partir de esta fecha el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria de la central obrera Unión de Trabajadores de Colombia UTC.
_2º. Declarar que el sindicato se mantendrá independientemente de todas las centrales obreras y luchará consecuentemente por la unidad de los trabajadores bancarios con base en:

a- La defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo colombiano en general.
b- La lucha permanente y decidida contra las camarillas vendeobreros de UTC y CTC.
c- Aplicar la más amplia y efectiva democracia sindical._

APROBADO PARO EN CARRETERAS NACIONALES

“El gobierno de López ha presentado una propuesta ‘clara’: a través del Ministerio de Obras Públicas le transmitió a la comisión negociadora conjunta de Fenaltracar y Sinaltramopcar, el pasado 12 de febrero, que ‘no habría aumentos salariales para los trabajadores de carreteras nacionales’. Hasta nos exigió que retiráramos el pliego. ¿De esta manera es que quiere el gobierno abrirle camino a la llamada ‘estabilización de la economía’? Las bases obreras han respondido lo contrario y la comisión negociadora no dará un paso atrás”. Así lo indicó a TRIBUNA ROJA Jorge Eliécer Mantilla, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Carreteras, Fenaltracar. El dirigente sindical señaló asimismo que “contamos ahora con dos armas: la participación activa de 13.000 obreros en las negociaciones, a través de mítines y numerosos actos de protesta, a la que se suma la total unidad entre las tres organizaciones sindicales en que se agrupa nuestro sector, incluidos los empleados del Ministerio”.

Rechazo al tribunal de arbitramento.

El presidente de Fenaltracar informó que el Congreso Extraordinario de la federación y la Asamblea Nacional de Sinaltramopcar, reunidos conjuntamente en Bogotá durante los días 20, 21 y 22 de febrero, determinaron rechazar el tribunal de arbitramento obligatorio y aprobar un cese de actividades, cuya hora cero será definida oportunamente. “Si el Ministerio no accede a solucionar nuestras justas peticiones, no podemos someternos al tribunal, por ser nocivo a nuestros intereses”, concluyo Mantilla.

EL PARO EN MINHACIENDA: MOTÍN A BORDO CONTRA LÓPEZ

Desde el 16 de febrero y durante 15 días, 14.000 empleados del Ministerio de hacienda realizaron asambleas permanentes para presionar al gobierno por el cumplimiento del acuerdo firmado en marzo de 1.975 y exigir el reintegro y libertad de los compañeros despedidos o detenidos en el curso del combativo movimiento. Es una muestra más del despertar de los trabajadores estatales, que escogieron el camino de la lucha y no están dispuestos a trasegar por el atajo del conformismo y el silencio.

Origen del conflicto.
Luis Fernando Cárdenas, secretario de prensa del sindicato, a Tribuna Roja: “En el mes de marzo de 1975 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y nuestra organización. Contempla una reclasificación de cargos o aumento salarial, estabilidad, incorporación de los supernumerarios y puntos relativos a vivienda, descongelación de las cesantías, becas de estudio y otros. El sindicato nombró un comité de vigilancia, previendo que el gobierno no cumpliría. En efecto, dos meses después de la firma, el Ministerio negó que hubiera arreglo alguno alrededor de la reclasificación de cargos con el aumento de que ‘no se pueden hacer más aumentos’. De esta manera, el que había sido pactado no se hizo efectivo. Las violaciones de ahí en adelante fueron continuas’.

Asambleas Permanentes.
“Ante semejante actitud vimos con claridad que la única salida era acudir a las vías de hecho. Medellín y Barranquilla dieron la pauta. El 16 de febrero, 29 secciónales del Ministerio de Hacienda realizaron asambleas permanentes como un medio de presionar la solución de nuestras exigencias. En respuesta, el gobierno ilegalizó el conflicto y autorizó despidos masivos. Hasta el 28 de febrero había sido destituidos más de medio centenar de compañeros, incluidos los altos empleados que se solidarizaron con el paro. El gobierno de López autorizó igualmente al ministerio para enganchar nuevos empleados en reemplazo de quienes no quisieran reintegrarse. Pero los trabajadores no nos dejamos amilanar”.

Abiertos al diálogo.
Hizo énfasis Cárdenas en que el sindicato estuvo permanentemente abierto al dialogo. “propusimos numerosas fórmulas de arreglo, que el gobierno no quiso aceptar. La falta de seriedad de los representantes del gobierno fue el peor obstáculo para la solución del conflicto, como lo reconocieron el subdirector de impuestos, Dr. Jaime Vásquez, y otros funcionarios, en su carta del 26 de febrero dirigida al presidente de la república. Pese a todo, la firmeza de las bases fue extraordinaria. En particular, la valentía demostrada por el personal femenino”.

El paro en el Ministerio de Hacienda, que fue levantado el 2 de marzo, ha despejado el camino para amplias movilizaciones de masas en el sector de los trabajadores estatales.

DECENAS DE MILES DE BANCARIOS DISPUESTOS A VENCER

En rotundo rechazo a los tribunales de arbitramento obligatorio, 15.000 trabajadores de los Banco Popular, Cafetero y Central Hipotecario realizaron en todo el paros un paro el 20 de febrero y continúan adelantando acciones masivas, que han encontrado del régimen lopista como única respuesta, la detención de numerosos dirigentes y el allanamiento de los lugares de trabajo.

El gobierno ha ofrecido una ridícula oferta del 15% en salarios y utiliza como arma exclusiva la represión abierta contra el movimiento. Los empleados bancarios de las tres entidades semioficiales, agrupados en el CIBAN, anunciaron que si el gobierno ilegaliza el paro, responderán con movilizaciones de masas aún más amplias.
El movimiento ha exhibido un derroche de firmeza, pese a todos los intentos por quebrarlo. El proletariado bancario sale en defensa de los derechos de huelga y contratación colectiva, que han desconocido los regímenes antidemocráticos de la coalición liberal-conservadora con la imposición de los tribunales de arbitramento obligatorio.

PAROS ESCALONADOS EN EL AGUSTÍN CODAZZI

El 24 y 25 de febrero, 2.300 empleados y técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 21 secciónales, realizaron paros de solidaridad con los trabajadores de la administración de Impuestos, y, en Bogotá, centenares de activistas se hicieron presentes en la sede principal del Ministerio de Hacienda, entidad a la que está adscrito el Instituto. José Miguel Caro Díaz, presidente del sindicato, confirmó el carácter solidario del paro, pero indicó que el movimiento buscó también presionar “la solución del pliego de peticiones, así como garantizar el cumplimiento del anterior acuerdo, que el Geográfico está desconociendo”. Dijo Caro que “mientras hay empleados que sólo devengan $2.000 al mes, laborando 200 horas, algunos altos ejecutivos reciben sólo 3 horas a la semana $1.800.”. Agregó finalmente el dirigente que “existen motivos más que suficientes para una justa protesta. Como miembros del Comité Intersindical de Trabajadores del Estado, vamos a impulsar la más amplia unidad, para lograr el respeto a los derechos de organización, contratación colectiva y huelga”.