Conflicto árabe-israelí: PALESTINA EXIGE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

Por Edgar Piñeros

La apertura al turismo del túnel arqueológico de los Hasmoneos, ordenada en septiembre por Benjamín Netanyahu, colmó la paciencia del pueblo palestino para el cual el sitio es un lugar sagrado. Esta nueva provocación revela las maquinaciones del gobierno israelí contra los acuerdos a que se había llegado a principios de la década.

Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha reclamado con vehemencia el cumplimiento de los pactos de 1991, en los cuales se estipuló la devolución de territorios ocupados por Israel.

Fueron estas negociaciones las que permitieron convenir en 1993 la autonomía de Gaza y Jericó, que se amplió más tarde al territorio de Cisjordania. También se decidió que las partes reanudarían las discusiones en mayo de 1996 para encontrar una “solución permanente” que permitiera un tratado definitivo de paz, reafirmara la soberanía de Cisjordania y Gaza y definiera el futuro político de Jerusalén, en cuya parte oriental los palestinos aspiran a establecer la capital de su Estado. Hubo avenimiento en que Israel retiraría sus tropas de la ciudad de Hebrón, en marzo de 1995.

Pero la cúpula israelí aún se obstina en impedir la formación de un Estado palestino, el objetivo histórico planteado por el presidente Yasser Arafat desde la fundación de la OLP. Por ello no admite la autonomía palestina en las relaciones exteriores y en la constitución de su ejército. Benjamín Netanyahu, elegido primer ministro en mayo pasado y rabioso opositor a los acuerdos con la OLP, se niega a retirarse de Hebrón, con el pretexto de dar seguridad a los 400 colonos judíos que habitan allí al lado de 100 mil palestinos.

Con respecto a la ciudad de Jerusalén, centro milenario de las culturas judía, cristiana y musulmana, Netanyahu reitera lo dicho por sus predecesores, valga decir, que es la “capital eterna e indivisible de Israel”.

Entre tanto, sus autoridades continúan incrementando los asentamientos judíos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, donde ocupan 45% del territorio con más de 280 mil colonos. So capa de dar protección a sus ciudadanos, el gobierno de Netanyahu se reserva el derecho a ejercer autoridad en estas áreas.

Los Estados Unidos, que promovieron los acuerdos para afianzar sus reales en el mundo árabe y crear una comunidad económica en la región bajo su dominio, ven con inquietud la intransigencia de Netanyahu.

En lo que no transige la Casa Blanca es en que se discuta su prepotencia en la región. El presidente de Francia, Jacques Chirac, en su afán de abrirles paso a los intereses de la Unión Europea en Oriente Medio, visitó Palestina, Jordania e Israel en octubre.

Chirac defendió la creación de un Estado palestino que incluya la parte oriental de Jerusalén, y la devolución de los Altos de Golán a Siria, extensiones arrebatadas por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967.

Tanto Tel Aviv como Washington rechazaron abruptamente las pretensiones europeas de participar en las negociaciones de paz. Se atisba una enconada disputa por la influencia en esta parte del globo.

El conflicto árabe-israelí, herencia del colonialismo
La repartición de Oriente Medio fue acordada en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, por Rusia, Francia y Gran Bretaña, así: Siria y Líbano serían colonias de Francia; Jordania, Irak, la Península Arábiga y el Golfo Pérsico pertenecerían al sistema colonial inglés, con lo cual se posesionaba de las inmensas extensiones intermedias entre Egipto y la India, también protectorados del Reino Unido. Así lograron dividir a los pueblos árabes y sofocar su sueño de construir una sola república.

En 1917, Inglaterra, con la Declaración de Balfour, promueve “el establecimiento en Palestina de un Hogar Nacional para el pueblo judío”. La Liga de las Naciones, esa alianza de las potencias imperialistas vencedoras de la Primera Guerra, ratifica en 1922 la declaración y reconoce a Gran Bretaña el “mandato” sobre Palestina, es decir, convertirla en su colonia. Israel, que también sufrió opresión y persecuciones, fue fundado como Estado por las Naciones Unidas en 1948, mientras que la patria palestina quedó sin reconocimiento.

Desde entonces, Estados Unidos, con el predominio obtenido después de la Segunda Guerra Mundial, pudo afianzar su hegemonía en la región.

Esta experiencia confirmó la ley histórica de que el reparto del mundo es el hecho fundamental de la economía imperialista, que la, jalona inevitablemente hacia la guerra entre los bandoleros del gran capital. Pero el pueblo palestino, templado en sus luchas centenarias contra los esclavistas, sabrá perseverar hasta construir la patria independiente y soberana a que tiene derecho.

MOIR LOGRA DOS PUESTOS EN EJECUTIVO DE LA CUT

Por Fabio Arias

En las elecciones por voto directo para el Comité Ejecutivo de la CUT, efectuadas entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, la lista del MOIR, encabezada por Fabio Arias de Sindesena y José Fernando Ocampo de Fecode, obtuvo más de 12.500 votos, lo que le permitirá alcanzar dos escaños de los 21 que componen dicho organismo.

Para la Junta Nacional han sido elegidos los camaradas Jesús Bernal de Sintracreditario, por Bogotá y Cundinamarca; Gilberto Bedoya de Educal, por Caldas; Luis Carlos Fuentes de Sudeb, por Bolívar; Roberto Smalbach de la USO, por Santander.

Alfonso Berrío de Adida, por Antioquia; Gerardo Rubio de Suteq, por Quindío; Stefanel Cadena de Sintracreditario, por Magdalena, y Elías Fonseca de Aducesar.

Este resultado es un significativo avance para las fuerzas sindicales y políticas que en la CUT hemos defendido la soberanía nacional contra la intervención gringa, rechazado el modelo neoliberal y su continuismo en el gobierno de Samper y condenado la firma del “Pacto Social”, por ser contrario a los intereses y derechos de los trabajadores.

La alta votación se explica por lo acertado de estas tesis, que expresan la exigencia de un número cada vez mayor de trabajadores para que la CUT rectifique su política actual no firmando el tercer “Pacto Social” al cual está convocando el gobierno. El resultado no hubiera sido posible sin el empeño de muchos dirigentes y activistas del magisterio, Caja Agraria, USO, Sena y electrificadoras, que difundieron el programa patriótico y democrático y ganaron un amplio respaldo. Es de resaltar también la disciplina mostrada por el MOIR en los regionales para ayudar con su militancia en todas las tareas propias del debate electoral.

Hoy, al igual que ayer, pero con mayor presencia en el Comité Ejecutivo, ratificamos nuestro compromiso de continuar en defensa de los intereses de la clase obrera.

Reelección de Clinton: PROFUNDIZARÁ INTERVENCIONISMO

A pesar de los 700 millones de dólares gastados por los dos principales candidatos en la más costosa campaña de la historia, apenas la mitad de los estadounidenses en capacidad de votar participaron en los comicios del 5 de noviembre. Nunca antes una elección despertó tan poco entusiasmo. Al término, todo se mantuvo igual: Clinton en la presidencia y los republicanos controlando el Senado y la Cámara.

El principal ofrecimiento del candidato reelegido fue el de lograr que los Estados Unidos, en el 2002, tengan un presupuesto equilibrado. Para esto hizo énfasis en la reducción del programa de asistencia y ayuda a los mayores de 65 años, Medicare, y en los demás de seguridad social. Dole ofreció lo mismo, pero asegurando que lo haría mejor.

La trivialidad con que se trataron los temas y la carencia de rasgos definidos en los programas fue caricaturizada por una revista, que puso a Clinton y a Dole ante un espejo preguntándose: “¿Cómo puedo parecerme más a usted?”.

El escritor Norman Mailer se burló de la uniformidad programática cambiando la palabra republicano por la palabra demócrata en un discurso pronunciado por Colin Powell.

La política internacional imperialista puede ser ilustrada con el escándalo destapado en las últimas semanas en torno de la financiación de la campaña. Las gigantescas trasnacionales acrecieron las tesorerías de los dos partidos buscando comprar el descomunal poder militar y político de la superpotencia para su labor de piratería en todo el planeta. A Colombia le espera un mayor intervencionismo, con el falso argumento propalado por Clinton de que somos un enemigo para su seguridad nacional, argumento que con verdadera razón esgrimimos los colombianos frente a los Estados Unidos.

Paro en la rama judicial: JUECES RECHAZAN 13% DE ALZA SALARIAL OFRECIDA POR EL GOBIERNO

El jueves 14 de noviembre, los jueces y fiscales de Colombia llevarán a cabo el segundo paro nacional de este año, para rechazar el aumento salarial de 13% ofrecido por el gobierno de Samper.

El primer movimiento se realizó el 10 de octubre, en el marco de la jornada programada por las federaciones de los trabajadores del Estado.

Frente a una inflación que, según los cálculos más optimistas, superará el 22%, el gobierno ha ofrecido un irrisorio 13% de aumento en los sueldos. Desde 1993, en el sector se han venido haciendo incrementos salariales muy por debajo del promedio estatal.

A jueces y fiscales se les adeudan 21 mil millones de pesos por concepto de cesantías parciales que aún mantienen el régimen de retroactividad. Y hasta tres años se les demora su liquidación.

¡FUERA FRECHETTE DE COLOMBIA!

En otro episodio de grosero intervencionismo, el 29 de octubre pasado el embajador Myles Frechette se declaró “insatisfecho” con el proyecto de ley de extradición que cursa en el Senado, exigió aplicar la retroactividad para ésta y notificó al Congreso que no podía cambiar ni una coma en los proyectos de ley denominados antinarcos presentados por el gobierno de Samper y defendidos a capa y espada por su ministro de Justicia, por el fiscal Valdivieso y por algunos medios de comunicación.

La agresiva actitud imperial de Frechette, que actúa abiertamente como procónsul y virrey, provocó una oleada de indignación nacional. Las comisiones primeras de Senado y Cámara levantaron la sesión en señal de protesta. El senador Jorge Santos pidió que se declare persona no grata al embajador. Las centrales obreras llamaron a la defensa de la dignidad nacional. Las asociaciones de juristas también se pronunciaron en contra. Desde luego, el fiscal y el ministro de Justicia pidieron que el embajador sea obedecido.

Aprueban CGTD y CUT: PLIEGO UNIFICADO DE LOS TRABAJADORES ESTATALES

Alza salarial de diez puntos por encima de la inflación, piden confederaciones obreras
El 8 de octubre pasado, Utradec, CGTD, Fenaltrase-CUT y otras federaciones presentaron al gobierno el pliego unificado de los trabajadores estatales, que sintetiza las demandas más apremiantes de los 800 mil asalariados de la Administración. El siguiente es el resumen del documento.

Sobre privatizaciones
El pliego exige al gobierno suspender de inmediato los programas de privatización o liquidación de entidades del Estado como Cerromatoso, Carbocol y las hidroeléctricas, como también la licitación de larga distancia nacional e internacional. No cambiar la naturaleza de las entidades públicas de salud y seguridad social. No transformar las empresas de servicios públicos domiciliarios en entes mixtos o por acciones, garantizando la prestación directa por parte del Estado. No debilitar a la Caja Agraria, el Idema, el Incora, el ICA y demás entidades de apoyo a la producción agraria.

Medidas legislativas urgentes
Tramitar ante el Congreso la ley general de hidrocarburos presentada por la USO.

Declarar sin efecto los decretos reglamentarios de la Ley 115, expedidos de manera unilateral, y convenir con Fecode los términos que garanticen la defensa de la educación pública.

Negociar con los sindicatos del ISS un presupuesto adecuado que fortalezca el instituto y mejore la calidad de sus servicios.

Respaldar el proyecto que transforma a Cajanal en Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Régimen disciplinario
El gobierno convendrá con las organizaciones sindicales un régimen disciplinario que respete las convenciones colectivas, el Estatuto Docente y la representación de sindicatos y comisiones de personal.

Estabilidad laboral
El gobierno acordará con las organizaciones sindicales un proyecto de ley de carrera administrativa que brinde garantías de ingreso y permanencia en el servicio público, estabilidad laboral y promoción adecuada.

De igual manera se procederá a declarar sin vigencia las normas contempladas en la Ley 80 de 1993, relativas a la contratación de personal bajo la modalidad de contratos civiles y administrativos.

Negociación colectiva y huelga
El gobierno se compromete a presentar un pliego de modificaciones al proyecto de ley que regula la negociación colectiva para los empleados públicos.

El gobierno se compromete a tramitar un proyecto de ley que defina la categoría de servicios públicos esenciales, con base en la definición contenida en los convenios de la OIT.

Garantía presupuestal
El gobierno retirará las propuestas que tienden a disminuir los porcentajes de transferencia para inversión social de los municipios, contempladas en el proyecto de ley 89 de 1996, y revisará con las federaciones departamentales los niveles de transferencias vigentes en la Ley 60 de 1993.

El gobierno no recortará el presupuesto del SENA ni cambiará la destinación de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar.

El gobierno retirará del proyecto de ley 89 de 1996 todos los aspectos que debiliten la función social del Estado.

Política salarial
Para los servidores públicos, el gobierno acordará con la comisión negociadora de las centrales obreras un incremento salarial de diez puntos por encima de la inflación oficializada por el DANE a 31 de diciembre de 1996.

Seguridad social
El gobierno respetará los regímenes convencionales de pensión y dará preferencia a la afiliación de todos los servicios públicos al Seguro Social.

En materia de salud, el gobierno respetará los derechos adquiridos y garantizará a todos los servidores públicos la atención integral, sin enfermedades preexistentes, períodos de carencia, topes, exclusiones y pago de cuotas moderadores o copagos.

EN VENTA LA PATRIA DE BOLÍVAR

Por Alejandro Torres

El Gran Viraje y la Agenda Venezuela, los programas de los dos últimos presidentes venezolanos, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se convirtieron en la más despiadada confabulación contra la producción nacional y el nivel de vida del pueblo.

El primero produjo el estallido popular del 27 de febrero de 1989 conocido como El Caracazo, brutalmente reprimido por Pérez, que dejó centenares de muertos.

Caldera, continuando la política de su antecesor, puso en práctica el “plan de ajuste” impuesto por el FMI. En él se contemplaban: alzas de combustibles en 500%, incremento del impuesto a las ventas de 12% a 16.5%, liberación total del régimen cambiario y de las tasas de interés, y privatización de la minería, la industria vegetal, la petroquímica y de nuevo el sector financiero.

Anunció la subasta de las empresas productoras de aluminio, la venta de 49% de las acciones de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela, Cantv, como también de Aeropostal y los bancos estatizados.

Se comprometió también con la reforma de la administración pública y la justicia.

El FMI ha reservado la peor parte para los obreros venezolanos: con engañifas como la de rebajar la inflación, prepara el despojo de las prestaciones sociales y horas extras y propone que los aumentos salariales se hagan por el sistema de bonos, sin incidencia prestacional, además de escamotear la contratación colectiva y el derecho de huelga.
A pesar de las vacilaciones de algunos dirigentes, se movilizaron el Primero de Mayo contra esta política las centrales CTV, CUTV, CGT y Codesa, en lo que constituyó el primer desfile unitario de toda su historia.
Vendiendo los muebles de la casa
Alrededor de su enorme riqueza petrolera, Venezuela conformó un poderoso sector estatal de la economía, principalmente en las industrias consideradas estratégicas: la siderurgia, la electrificación, las comunicaciones, el transporte y la petroquímica.

Hoy, como lo anotara hace 60 años Rómulo Betancourt, en un folleto clandestino contra Juan Vicente Gómez, el Benemérito, la patria de Bolívar es una República en venta.

Con la llamada apertura petrolera, a lo largo del actual gobierno se ha planeado subastar parte de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, propiedad del Estado. Diversos sectores, no sólo de los trabajadores, se oponen férreamente a esta intención. Personalidades agrupadas en Pro Venezuela han señalado que las acciones de Pdvsa no se pueden vender en ningún porcentaje ni bajo ninguna modalidad.

La empresa es la segunda petrolera mundial según una combinación de ventas, reservas y actividades de refinación, algunas cifras pueden ilustrar su importancia. En 1995 las ventas fueron de 26 mil millones de dólares. Las reservas probadas, de 66 millones de barriles. La capacidad de producción, de 3 millones 200 mil barriles diarios. La capacidad de refinación, de 2 millones 400 mil barriles por día. La reservas probadas de gas natural, de 140 billones de pies cúbicos.

En 1976 la industria petroquímica no existía. Hoy, a través de Petroquímica de Venezuela, Pequiven, empresa estatal condenada por el gobierno a feriar sus activos, produce millones de toneladas entre fertilizantes nitrogenados, olefinas y compuestos oxigenados, lo mismo que carbón mineral y orimulsión. Cuenta con una flota de 24 grandes tanqueros.

Los impulsores de la privatización de Pdvsa se convirtieron en cruzados del retiro de Venezuela de la Opep. Andrés Sosa Pietri, ex presidente de Pdvsa, propuso vincularse a la Agencia Internacional de Energía, el ente creado por los grandes consumidores para oponerse a la OPEP, para así “encontrarnos con nuestros socios naturales y hacernos eco de sus preocupaciones y angustias y convertirnos en su “suplidor preferido”.

La Corporación Venezolana de Guayana, importante complejo industrial del Estado cuyas actividades abarcan la siderurgia, la electricidad, el aluminio y hasta proyectos forestales, puso en venta sus seis empresas del sector del aluminio.

En el campo de la electricidad, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, Cadafe, propietaria del gigantesco Sistema de Generación Hidroeléctrico Uribante-Caparo, desaparecerá al ser despojada de sus activos.

El 49% de las acciones, aún en manos del Estado, de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela, Cantv, se están ofreciendo a menos precio, y se ha anunciado que los dineros de la subasta se destinarán al pago de deuda externa e interna.

Al lado de esta sarracina contra la riqueza nacional, el nuevo favorito de los monopolios, Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan, despedirá en corto tiempo a 800 mil empleados estatales.

Hacia la desintegración
Ya el presidente insinuó la necesidad de reformar la Constitución adoptada en 1961. A ello se refirió también el gobernador del Distrito Federal de Caracas, Abdón Vivas Terán: “Se requiere una reforma constitucional que disuelva el peso de la partidocracia y del centralismo. Las exigencias de un gobierno fuerte no pueden ser satisfechas por un sistema parlamentario tradicional”.

Oswaldo Álvarez, ex candidato presidencial de Copei, pidió institucionalizar las ONG, redefinir los sistemas de salud y educación, fortalecer al máximo los gobiernos locales y reformar radicalmente la estructura político-administrativa buscando romper la unidad nacional.

Eduardo Fernández, aspirante a la primera magistratura, ha planteado que, frente al desprestigio de los partidos, la alternativa es que “la gente participe en las juntas de condominio, en las comunidades educativas, en la vida cívica, que es la garantía de una democracia efectiva y eficiente”.

Los propios Caldera y Pérez se encargaron de iniciar la destrucción de los partidos de los que fueran sus más conspicuos dirigentes: Copei y Acción Democrática, AD. El primero fue elegido en rebeldía por la coalición Convergencia. Y el segundo, expulsado de AD, promueve su escisión apoyando la candidatura presidencial de Claudio Fermín.

El proceso descentralista ha recorrido un buen trecho. Se institucionalizó la elección de gobernadores y alcaldes, y se dispuso trasladar un porcentaje del impuesto al consumo a los entes regionales, descargándoles la responsabilidad de financiar la educación, la salud, los deportes, etc.

La negativa del gobierno a cumplir con las trasferencias ha agudizado las inclinaciones separatistas que, en el caso de algunos gobernadores, han llegado hasta presionar por establecer relaciones internacionales autónomas.

El Consejo Nacional para la Promoción de las Inversiones, Conapri, llegó al fondo del asunto: “La descentralización política y económica ha generado competencia entre las distintas ciudades venezolanas para atraer a los inversionistas que buscan arraigarse con sus capitales en el país”. El estudio destaca que el capital extranjero exige infraestructura y un buen recurso humano, es decir, mano de obra barata con una formación básica, que se debe impulsar mediante la descentralización educativa.

Finalmente, como en nuestra patria, allí también va viento en popa la reforma de la justicia, con estudios financiados por el Banco Mundial, y toda su alharaca sobre la tutela, que allí se conoce como amparo, y que recurrentemente utilizan los grandes consorcios en su beneficio. Cada vez son más frecuentes los pronunciamientos en contra de las garantías procesales, so pretexto de perseguir delitos execrables.

Este vistazo a la situación de nuestra hermana república nos muestra que padecemos los mismos males y sufrimos idénticos enemigos, y nos convoca a los herederos de Bolívar y Santander a forjar una unidad mayor que la lograda en los albores del siglo XIX, esta vez para derrotar a los recolonizadores estadounidenses.

Sigamos el consejo de Francisco Mosquera: ante un enemigo común, lenguaje y lucha común.

UNIDAD SINDICAL PARA DEFENDER LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Con el gobierno de Samper, doblegado ante el capital financiero imperialista, la privatización se ha estado acelerando en los últimos meses, denunció Lilia Avella, secretaria de organización de Utradec, al hacer un llamado a la unidad sindical.

La ofensiva tiene como punta de lanza la Ley 142 de privatización de los servicios públicos. Desde el gobierno se presiona a las administraciones de los 1.039 municipios para que entreguen tales actividades a los particulares.

Lilia Avella denunció que el desmonte desenfrenado de la nómina oficial no respeta siquiera la carrera administrativa.

En vez de los contratos laborales, empieza a generalizarse el sistema de servicios administrativos y civiles, sin prestaciones ni derechos.

Para desbaratar la resistencia sindical a estos atropellos, el gobierno ha recortado severamente la negociación colectiva. Los contrapliegos y el desconocimiento de las convenciones son cosa de cada día. Sobre los activistas pesa ahora el Código único Disciplinario, de carácter fascista.

Utradec se halla comprometida a fondo en la lucha contra estas medidas, dijo la dirigente.

NUEVO PARO EN ARGENTINA

El 26 de septiembre, el pueblo argentino paralizó nuevamente el país al igual que el 8 de agosto, pero esta vez con una huelga de 36 horas como rechazo a la reforma laboral que Menem pretende imponer por decreto si no es aprobada por el Congreso.

La huelga convocada por la CGT y respaldada por las otras centrales, MTA y CMT, y los partidos de oposición, cerró el 80% del comercio y los centros fabriles. La entusiasta adhesión de los transportadores, el personal de las aerolíneas, el servicio de buses interprovincial y el de numerosos bancos, acrecentó su magnitud. Los huelguistas agitaron consignas contra el modelo neoliberal, el FMI, los planes de ajuste y el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Los más lesivos puntos de la reforma laboral que busca abaratar la mano de obra y conculcar los derechos adquiridos imponen: jornadas de trabajo de 12 horas, sustitución de las convenciones colectivas por negociaciones directas entre el patrón y el trabajador basadas en la productividad, libertad para asignar nuevas tareas en los puestos de trabajo, eliminación de las indemnizaciones por despido, fin de la negociación sindical por rama de industria y privatización de la salud.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, salió en defensa del proyecto afirmando: “En Singapur, yo he visto salir de las bodegas de los barcos a obreros muy cansados, pero muy contentos, porque habían llegado a conseguir los premios a la productividad”.

La salud es uno de los puntos más álgidos. Desde hace muchos años los trabajadores están amparados por ‘las Obras Sociales, sistema de salud manejado por los sindicatos y que se sostiene con el descuento del 8% del salario deducido por nómina. Garantiza hospitalización, tratamiento médico y droga en forma gratuita. Mueve más de dos mil quinientos millones de dólares al año, cifra muy atrayente para los monopolios, que quieren hacer de la salud un negocio similar al que se impuso en Colombia con la ley 100.

Con razón Menem es llamado Hood Robin. Robin Hood robaba a los ricos para darles a los pobres, y Menem roba a los pobres para darles a los ricos.

Alfonso Berrio, presidente de Adida: “LA PELEA APENAS COMIENZA”

La Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, debió llevar a cabo en septiembre un prolongado cese de actividades, en defensa del pliego de peticiones presentado desde el mes de marzo y al que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no quiso darle ninguna salida.

Los 27 mil maestros antioqueños deben enfrentar, al igual que sus compañeros en el resto del país, la ofensiva del gobierno samperista encaminada a desmontar la educación pública.

El mandatario seccional, presidente de la Asociación de Gobernadores y uno de los cuadros más destacados del neoliberalismo en Colombia, ha retado al magisterio al declarar con insolencia que “se la juega toda” con la privatización.

En lo que él llama su programa bandera, Uribe Vélez ha repartido más de 30 mil millones de pesos del situado fiscal entre cooperativas privadas de enseñanza, organizaciones no gubernamentales y otras entidades “sin ánimo de lucro”, convirtiendo la educación en un negocio más, del que no se benefician siquiera los institutores particulares, contratados allí a diez meses y sin ninguna clase de prestaciones, sino los áulicos y ciertos grupos de reinsertados.

Mientras al gremio magisterial le sale con el cuento de que “no hay un peso”, a estas corporaciones les está entregando 22 mil pesos al mes por cada alumno que logren inscribir en sus plantas.

Uribe Vélez también ha anunciado en tono desafiante que “no abrirá una sola plaza más para maestros del Estado”.

Los planes de construcción y mantenimiento de aulas siguen paralizados. Escuelas y colegios oficiales van en camino de convertirse en pocilgas, donde el hacinamiento de alumnos, el abandono y los bajos salarios conspiran severamente contra la calidad académica, e incluso contra la salud de estudiantes y profesores.

También exige Adida que las autoridades seccionales actualicen las primas que se pagan a licenciados y directivos docentes. Es tal el desestímulo a la educación oficial, que éstas se encuentran congeladas desde hace veinte años. “No hay un solo peso”, ha sido la invariable respuesta del gobernador.

“Los subsidios que actualmente se entregan al personal por tener que laborar en zonas de orden público, debe extenderse a quienes se hallen en zonas de pobreza”, dijo Alfonso Berrío al insistir en otro de los puntos sensibles del pliego.

Señaló que a los maestros no se les pagan incapacidades después de 30 días, pues la Gobernación sostiene que ese dinero debe destinarse a los salarios de los reemplazantes.

Con la llamada reingeniería o, como el mismo gobernador lo llama, no propiamente con modestia, la “reinvención del departamento”, se ha despedido a 7.200 asalariados del sector educativo, entre tesoreros de unidad, celadores y aseadores de establecimientos y otro personal de apoyo.

Aunque el paro debió levantarse, ante la ofensiva del esquirolaje apoyado por la mayoría del comité ejecutivo de Fecode, los problemas siguen sin solución y tienden a agravarse.

Alfonso Berrío, presidente de Adida, advirtió que la pelea con el insolente gobernador apenas empieza. “Como reza el dicho: arrieros somos, y en el camino nos encontramos”, concluyó.