¡FUERA FRECHETTE DE COLOMBIA!

En otro episodio de grosero intervencionismo, el 29 de octubre pasado el embajador Myles Frechette se declaró “insatisfecho” con el proyecto de ley de extradición que cursa en el Senado, exigió aplicar la retroactividad para ésta y notificó al Congreso que no podía cambiar ni una coma en los proyectos de ley denominados antinarcos presentados por el gobierno de Samper y defendidos a capa y espada por su ministro de Justicia, por el fiscal Valdivieso y por algunos medios de comunicación.

La agresiva actitud imperial de Frechette, que actúa abiertamente como procónsul y virrey, provocó una oleada de indignación nacional. Las comisiones primeras de Senado y Cámara levantaron la sesión en señal de protesta. El senador Jorge Santos pidió que se declare persona no grata al embajador. Las centrales obreras llamaron a la defensa de la dignidad nacional. Las asociaciones de juristas también se pronunciaron en contra. Desde luego, el fiscal y el ministro de Justicia pidieron que el embajador sea obedecido.

Aprueban CGTD y CUT: PLIEGO UNIFICADO DE LOS TRABAJADORES ESTATALES

Alza salarial de diez puntos por encima de la inflación, piden confederaciones obreras
El 8 de octubre pasado, Utradec, CGTD, Fenaltrase-CUT y otras federaciones presentaron al gobierno el pliego unificado de los trabajadores estatales, que sintetiza las demandas más apremiantes de los 800 mil asalariados de la Administración. El siguiente es el resumen del documento.

Sobre privatizaciones
El pliego exige al gobierno suspender de inmediato los programas de privatización o liquidación de entidades del Estado como Cerromatoso, Carbocol y las hidroeléctricas, como también la licitación de larga distancia nacional e internacional. No cambiar la naturaleza de las entidades públicas de salud y seguridad social. No transformar las empresas de servicios públicos domiciliarios en entes mixtos o por acciones, garantizando la prestación directa por parte del Estado. No debilitar a la Caja Agraria, el Idema, el Incora, el ICA y demás entidades de apoyo a la producción agraria.

Medidas legislativas urgentes
Tramitar ante el Congreso la ley general de hidrocarburos presentada por la USO.

Declarar sin efecto los decretos reglamentarios de la Ley 115, expedidos de manera unilateral, y convenir con Fecode los términos que garanticen la defensa de la educación pública.

Negociar con los sindicatos del ISS un presupuesto adecuado que fortalezca el instituto y mejore la calidad de sus servicios.

Respaldar el proyecto que transforma a Cajanal en Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Régimen disciplinario
El gobierno convendrá con las organizaciones sindicales un régimen disciplinario que respete las convenciones colectivas, el Estatuto Docente y la representación de sindicatos y comisiones de personal.

Estabilidad laboral
El gobierno acordará con las organizaciones sindicales un proyecto de ley de carrera administrativa que brinde garantías de ingreso y permanencia en el servicio público, estabilidad laboral y promoción adecuada.

De igual manera se procederá a declarar sin vigencia las normas contempladas en la Ley 80 de 1993, relativas a la contratación de personal bajo la modalidad de contratos civiles y administrativos.

Negociación colectiva y huelga
El gobierno se compromete a presentar un pliego de modificaciones al proyecto de ley que regula la negociación colectiva para los empleados públicos.

El gobierno se compromete a tramitar un proyecto de ley que defina la categoría de servicios públicos esenciales, con base en la definición contenida en los convenios de la OIT.

Garantía presupuestal
El gobierno retirará las propuestas que tienden a disminuir los porcentajes de transferencia para inversión social de los municipios, contempladas en el proyecto de ley 89 de 1996, y revisará con las federaciones departamentales los niveles de transferencias vigentes en la Ley 60 de 1993.

El gobierno no recortará el presupuesto del SENA ni cambiará la destinación de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar.

El gobierno retirará del proyecto de ley 89 de 1996 todos los aspectos que debiliten la función social del Estado.

Política salarial
Para los servidores públicos, el gobierno acordará con la comisión negociadora de las centrales obreras un incremento salarial de diez puntos por encima de la inflación oficializada por el DANE a 31 de diciembre de 1996.

Seguridad social
El gobierno respetará los regímenes convencionales de pensión y dará preferencia a la afiliación de todos los servicios públicos al Seguro Social.

En materia de salud, el gobierno respetará los derechos adquiridos y garantizará a todos los servidores públicos la atención integral, sin enfermedades preexistentes, períodos de carencia, topes, exclusiones y pago de cuotas moderadores o copagos.

EN VENTA LA PATRIA DE BOLÍVAR

Por Alejandro Torres

El Gran Viraje y la Agenda Venezuela, los programas de los dos últimos presidentes venezolanos, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se convirtieron en la más despiadada confabulación contra la producción nacional y el nivel de vida del pueblo.

El primero produjo el estallido popular del 27 de febrero de 1989 conocido como El Caracazo, brutalmente reprimido por Pérez, que dejó centenares de muertos.

Caldera, continuando la política de su antecesor, puso en práctica el “plan de ajuste” impuesto por el FMI. En él se contemplaban: alzas de combustibles en 500%, incremento del impuesto a las ventas de 12% a 16.5%, liberación total del régimen cambiario y de las tasas de interés, y privatización de la minería, la industria vegetal, la petroquímica y de nuevo el sector financiero.

Anunció la subasta de las empresas productoras de aluminio, la venta de 49% de las acciones de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela, Cantv, como también de Aeropostal y los bancos estatizados.

Se comprometió también con la reforma de la administración pública y la justicia.

El FMI ha reservado la peor parte para los obreros venezolanos: con engañifas como la de rebajar la inflación, prepara el despojo de las prestaciones sociales y horas extras y propone que los aumentos salariales se hagan por el sistema de bonos, sin incidencia prestacional, además de escamotear la contratación colectiva y el derecho de huelga.
A pesar de las vacilaciones de algunos dirigentes, se movilizaron el Primero de Mayo contra esta política las centrales CTV, CUTV, CGT y Codesa, en lo que constituyó el primer desfile unitario de toda su historia.
Vendiendo los muebles de la casa
Alrededor de su enorme riqueza petrolera, Venezuela conformó un poderoso sector estatal de la economía, principalmente en las industrias consideradas estratégicas: la siderurgia, la electrificación, las comunicaciones, el transporte y la petroquímica.

Hoy, como lo anotara hace 60 años Rómulo Betancourt, en un folleto clandestino contra Juan Vicente Gómez, el Benemérito, la patria de Bolívar es una República en venta.

Con la llamada apertura petrolera, a lo largo del actual gobierno se ha planeado subastar parte de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, propiedad del Estado. Diversos sectores, no sólo de los trabajadores, se oponen férreamente a esta intención. Personalidades agrupadas en Pro Venezuela han señalado que las acciones de Pdvsa no se pueden vender en ningún porcentaje ni bajo ninguna modalidad.

La empresa es la segunda petrolera mundial según una combinación de ventas, reservas y actividades de refinación, algunas cifras pueden ilustrar su importancia. En 1995 las ventas fueron de 26 mil millones de dólares. Las reservas probadas, de 66 millones de barriles. La capacidad de producción, de 3 millones 200 mil barriles diarios. La capacidad de refinación, de 2 millones 400 mil barriles por día. La reservas probadas de gas natural, de 140 billones de pies cúbicos.

En 1976 la industria petroquímica no existía. Hoy, a través de Petroquímica de Venezuela, Pequiven, empresa estatal condenada por el gobierno a feriar sus activos, produce millones de toneladas entre fertilizantes nitrogenados, olefinas y compuestos oxigenados, lo mismo que carbón mineral y orimulsión. Cuenta con una flota de 24 grandes tanqueros.

Los impulsores de la privatización de Pdvsa se convirtieron en cruzados del retiro de Venezuela de la Opep. Andrés Sosa Pietri, ex presidente de Pdvsa, propuso vincularse a la Agencia Internacional de Energía, el ente creado por los grandes consumidores para oponerse a la OPEP, para así “encontrarnos con nuestros socios naturales y hacernos eco de sus preocupaciones y angustias y convertirnos en su “suplidor preferido”.

La Corporación Venezolana de Guayana, importante complejo industrial del Estado cuyas actividades abarcan la siderurgia, la electricidad, el aluminio y hasta proyectos forestales, puso en venta sus seis empresas del sector del aluminio.

En el campo de la electricidad, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, Cadafe, propietaria del gigantesco Sistema de Generación Hidroeléctrico Uribante-Caparo, desaparecerá al ser despojada de sus activos.

El 49% de las acciones, aún en manos del Estado, de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela, Cantv, se están ofreciendo a menos precio, y se ha anunciado que los dineros de la subasta se destinarán al pago de deuda externa e interna.

Al lado de esta sarracina contra la riqueza nacional, el nuevo favorito de los monopolios, Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan, despedirá en corto tiempo a 800 mil empleados estatales.

Hacia la desintegración
Ya el presidente insinuó la necesidad de reformar la Constitución adoptada en 1961. A ello se refirió también el gobernador del Distrito Federal de Caracas, Abdón Vivas Terán: “Se requiere una reforma constitucional que disuelva el peso de la partidocracia y del centralismo. Las exigencias de un gobierno fuerte no pueden ser satisfechas por un sistema parlamentario tradicional”.

Oswaldo Álvarez, ex candidato presidencial de Copei, pidió institucionalizar las ONG, redefinir los sistemas de salud y educación, fortalecer al máximo los gobiernos locales y reformar radicalmente la estructura político-administrativa buscando romper la unidad nacional.

Eduardo Fernández, aspirante a la primera magistratura, ha planteado que, frente al desprestigio de los partidos, la alternativa es que “la gente participe en las juntas de condominio, en las comunidades educativas, en la vida cívica, que es la garantía de una democracia efectiva y eficiente”.

Los propios Caldera y Pérez se encargaron de iniciar la destrucción de los partidos de los que fueran sus más conspicuos dirigentes: Copei y Acción Democrática, AD. El primero fue elegido en rebeldía por la coalición Convergencia. Y el segundo, expulsado de AD, promueve su escisión apoyando la candidatura presidencial de Claudio Fermín.

El proceso descentralista ha recorrido un buen trecho. Se institucionalizó la elección de gobernadores y alcaldes, y se dispuso trasladar un porcentaje del impuesto al consumo a los entes regionales, descargándoles la responsabilidad de financiar la educación, la salud, los deportes, etc.

La negativa del gobierno a cumplir con las trasferencias ha agudizado las inclinaciones separatistas que, en el caso de algunos gobernadores, han llegado hasta presionar por establecer relaciones internacionales autónomas.

El Consejo Nacional para la Promoción de las Inversiones, Conapri, llegó al fondo del asunto: “La descentralización política y económica ha generado competencia entre las distintas ciudades venezolanas para atraer a los inversionistas que buscan arraigarse con sus capitales en el país”. El estudio destaca que el capital extranjero exige infraestructura y un buen recurso humano, es decir, mano de obra barata con una formación básica, que se debe impulsar mediante la descentralización educativa.

Finalmente, como en nuestra patria, allí también va viento en popa la reforma de la justicia, con estudios financiados por el Banco Mundial, y toda su alharaca sobre la tutela, que allí se conoce como amparo, y que recurrentemente utilizan los grandes consorcios en su beneficio. Cada vez son más frecuentes los pronunciamientos en contra de las garantías procesales, so pretexto de perseguir delitos execrables.

Este vistazo a la situación de nuestra hermana república nos muestra que padecemos los mismos males y sufrimos idénticos enemigos, y nos convoca a los herederos de Bolívar y Santander a forjar una unidad mayor que la lograda en los albores del siglo XIX, esta vez para derrotar a los recolonizadores estadounidenses.

Sigamos el consejo de Francisco Mosquera: ante un enemigo común, lenguaje y lucha común.

UNIDAD SINDICAL PARA DEFENDER LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Con el gobierno de Samper, doblegado ante el capital financiero imperialista, la privatización se ha estado acelerando en los últimos meses, denunció Lilia Avella, secretaria de organización de Utradec, al hacer un llamado a la unidad sindical.

La ofensiva tiene como punta de lanza la Ley 142 de privatización de los servicios públicos. Desde el gobierno se presiona a las administraciones de los 1.039 municipios para que entreguen tales actividades a los particulares.

Lilia Avella denunció que el desmonte desenfrenado de la nómina oficial no respeta siquiera la carrera administrativa.

En vez de los contratos laborales, empieza a generalizarse el sistema de servicios administrativos y civiles, sin prestaciones ni derechos.

Para desbaratar la resistencia sindical a estos atropellos, el gobierno ha recortado severamente la negociación colectiva. Los contrapliegos y el desconocimiento de las convenciones son cosa de cada día. Sobre los activistas pesa ahora el Código único Disciplinario, de carácter fascista.

Utradec se halla comprometida a fondo en la lucha contra estas medidas, dijo la dirigente.

NUEVO PARO EN ARGENTINA

El 26 de septiembre, el pueblo argentino paralizó nuevamente el país al igual que el 8 de agosto, pero esta vez con una huelga de 36 horas como rechazo a la reforma laboral que Menem pretende imponer por decreto si no es aprobada por el Congreso.

La huelga convocada por la CGT y respaldada por las otras centrales, MTA y CMT, y los partidos de oposición, cerró el 80% del comercio y los centros fabriles. La entusiasta adhesión de los transportadores, el personal de las aerolíneas, el servicio de buses interprovincial y el de numerosos bancos, acrecentó su magnitud. Los huelguistas agitaron consignas contra el modelo neoliberal, el FMI, los planes de ajuste y el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Los más lesivos puntos de la reforma laboral que busca abaratar la mano de obra y conculcar los derechos adquiridos imponen: jornadas de trabajo de 12 horas, sustitución de las convenciones colectivas por negociaciones directas entre el patrón y el trabajador basadas en la productividad, libertad para asignar nuevas tareas en los puestos de trabajo, eliminación de las indemnizaciones por despido, fin de la negociación sindical por rama de industria y privatización de la salud.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, salió en defensa del proyecto afirmando: “En Singapur, yo he visto salir de las bodegas de los barcos a obreros muy cansados, pero muy contentos, porque habían llegado a conseguir los premios a la productividad”.

La salud es uno de los puntos más álgidos. Desde hace muchos años los trabajadores están amparados por ‘las Obras Sociales, sistema de salud manejado por los sindicatos y que se sostiene con el descuento del 8% del salario deducido por nómina. Garantiza hospitalización, tratamiento médico y droga en forma gratuita. Mueve más de dos mil quinientos millones de dólares al año, cifra muy atrayente para los monopolios, que quieren hacer de la salud un negocio similar al que se impuso en Colombia con la ley 100.

Con razón Menem es llamado Hood Robin. Robin Hood robaba a los ricos para darles a los pobres, y Menem roba a los pobres para darles a los ricos.

Alfonso Berrio, presidente de Adida: “LA PELEA APENAS COMIENZA”

La Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, debió llevar a cabo en septiembre un prolongado cese de actividades, en defensa del pliego de peticiones presentado desde el mes de marzo y al que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no quiso darle ninguna salida.

Los 27 mil maestros antioqueños deben enfrentar, al igual que sus compañeros en el resto del país, la ofensiva del gobierno samperista encaminada a desmontar la educación pública.

El mandatario seccional, presidente de la Asociación de Gobernadores y uno de los cuadros más destacados del neoliberalismo en Colombia, ha retado al magisterio al declarar con insolencia que “se la juega toda” con la privatización.

En lo que él llama su programa bandera, Uribe Vélez ha repartido más de 30 mil millones de pesos del situado fiscal entre cooperativas privadas de enseñanza, organizaciones no gubernamentales y otras entidades “sin ánimo de lucro”, convirtiendo la educación en un negocio más, del que no se benefician siquiera los institutores particulares, contratados allí a diez meses y sin ninguna clase de prestaciones, sino los áulicos y ciertos grupos de reinsertados.

Mientras al gremio magisterial le sale con el cuento de que “no hay un peso”, a estas corporaciones les está entregando 22 mil pesos al mes por cada alumno que logren inscribir en sus plantas.

Uribe Vélez también ha anunciado en tono desafiante que “no abrirá una sola plaza más para maestros del Estado”.

Los planes de construcción y mantenimiento de aulas siguen paralizados. Escuelas y colegios oficiales van en camino de convertirse en pocilgas, donde el hacinamiento de alumnos, el abandono y los bajos salarios conspiran severamente contra la calidad académica, e incluso contra la salud de estudiantes y profesores.

También exige Adida que las autoridades seccionales actualicen las primas que se pagan a licenciados y directivos docentes. Es tal el desestímulo a la educación oficial, que éstas se encuentran congeladas desde hace veinte años. “No hay un solo peso”, ha sido la invariable respuesta del gobernador.

“Los subsidios que actualmente se entregan al personal por tener que laborar en zonas de orden público, debe extenderse a quienes se hallen en zonas de pobreza”, dijo Alfonso Berrío al insistir en otro de los puntos sensibles del pliego.

Señaló que a los maestros no se les pagan incapacidades después de 30 días, pues la Gobernación sostiene que ese dinero debe destinarse a los salarios de los reemplazantes.

Con la llamada reingeniería o, como el mismo gobernador lo llama, no propiamente con modestia, la “reinvención del departamento”, se ha despedido a 7.200 asalariados del sector educativo, entre tesoreros de unidad, celadores y aseadores de establecimientos y otro personal de apoyo.

Aunque el paro debió levantarse, ante la ofensiva del esquirolaje apoyado por la mayoría del comité ejecutivo de Fecode, los problemas siguen sin solución y tienden a agravarse.

Alfonso Berrío, presidente de Adida, advirtió que la pelea con el insolente gobernador apenas empieza. “Como reza el dicho: arrieros somos, y en el camino nos encontramos”, concluyó.

Privatización y servicios públicos: JUGOSO NEGOCIO PARA LOS MONOPOLIOS FORÁNEOS

(Apartes de la ponencia presentada por Jorge Enrique Robledo Castillo, asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Manizales, al foro realizado en la Universidad de Caldas el 3 de octubre de 1996)

Por Jorge Enrique Robledo

Los acontecimientos de Facatativá, que conmocionaron al país, y los muchos reclamos de otras comunidades, tales como el reciente paro cívico de Chinchiná, indican que hay hechos que están exasperando a los colombianos. Cuando se conoce el calibre de las alzas en las tarifas de los servicios públicos se entienden los motivos del enorme descontento.

De acuerdo con una política nacional, lo definido por la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec, ilustra el problema de los costos de la energía: habrá aumentos hasta de 71% para el estrato seis, 86% para el cinco, 388% para el cuatro, 51% para el tres y 105% para los estratos uno y dos. Y a estos incrementos se les adicionan los que produce la nueva estratificación de los predios. Quienes pasan a los estratos cuatro, cinco y seis, donde se cobran tarifas plenas, sufren los rigores de esa nueva situación, a la cual habrá que sumarle, en el caso de los dos últimos, una sobretasa de 20% sobre el costo de la factura.

A las alzas en las tarifas de la energía se sumarán las de los demás servicios. En Manizales, el aumento de los pagos por acueducto y alcantarillado alcanzará hasta 1.636% y la recolección de basuras se encarecerá hasta el doble. Además, el país está a la espera de la considerable elevación en los cobros de las llamadas telefónicas locales.

La escalada tarifaria obedece, en parte, al endeudamiento externo. El gerente de la Empresa de Energía de Bogotá reconoció que “ni poniendo a trabajar gratis a todos los empleados”, esa electrificadora podrá salir de la crisis. Son tan altas sus acreencias con la banca nacional y extranjera, que en 1995 tuvo ingresos por 931 mil millones de pesos, pero pagó por servicio de la deuda 569 mil.

Hay otras razones para explicar un cambio tarifario de la gravedad del que está ocurriendo. La Ley 142 de 1994, promulgada según los lineamientos de la Constitución gavirista de 1991, estableció las bases para privatizar las empresas de servicios públicos. Las tarifas deben pagar el costo de producción del servicio, más el costo de la expansión de las empresas y, además –y esta es la clave del asunto-, deben generarle una rentabilidad adicional al capital invertido. Las alzas exorbitantes apuntan, entonces, a garantizar el lucro de los nuevos inversionistas. Por ello, a la larga todos los estratos tendrán que pagar tarifas plenas.

Las inconsistencias de las normas tienen que ver con la necesidad de colocar en los estratos de arriba, los que más pagan, al mayor número de usuarios. Si resultara que demasiados colombianos quedan en los estratos bajos, como corresponde a la realidad nacional, la privatización no sería posible porque el negocio se dañaría.

A pesar de que cualquier análisis permite explicar las alzas en las tarifas como un efecto de la privatización, los neoliberales se empeñan en justificar la feria del patrimonio nacional con unas cuantas falacias. Tres son sus principales argumentos: que el Estado es ineficiente por definición, que las empresas públicas son monopolios y que existe mucha corrupción en el sector oficial.

Es una afirmación falsa decir que todo lo oficial tiene que funcionar mal. Ahí están para demostrarlo la NASA, a la vanguardia de la tecnología universal, los ferrocarriles franceses y las empresas de telecomunicaciones de Alemania y Japón. Y ahí están también, como ejemplos en Colombia, Ecopetrol, Telecom, las Empresas Públicas de Medellín y la telefónica de Manizales.

Por otra parte, el propio proceso privatizador deja en ridículo el argumento de la eficiencia de los particulares. Éstos se presentan como muy eficientes, pero se niegan a tomar las empresas de servicios públicos si antes no se elevan las tarifas y se envilecen los sueldos de sus trabajadores.

Las privatizaciones les están generando a los inversionistas rentabilidades que impresionan a la opinión pública. En el primer año después de su venta, Temex, la telefónica mexicana, produjo 2.300 millones de dólares de utilidades, sobre ingresos de 5.400 millones. “‘Dios no concibe ganancias como éstas’, afirmó maravillado un asesor estadounidense de la compañía’. De ahí que no extrañe que una empresa que el Estado vendió, en 1990, por 1760 millones de dólares, aparezca cuatro años después con un precio en bolsa de 30 mil millones. Según la Contraloría General de la República de Colombia, en la privatización de los bancos del Comercio, de los Trabajadores y del Tequendama, el patrimonio público resultó menguado en 73.797 millones de pesos de 1992. En Manizales, la privatización del aseo se convirtió en “una verdadera guaca de oro” para sus compradores, según la calificara gráficamente Luis José Restrepo Restrepo (La Patria, 18 de agosto de 1996).

La privatización es una imposición del FMI y el Banco Mundial, los dos organismos que actúan como arietes de los pulpos financieros que, bajo la bandera de Estados Unidos y de las demás potencias, se apropian del fruto de los esfuerzos de las naciones débiles que se lo permiten. Claro que esas hazañas no las realizan los extranjeros solos. En cada país han contado con el respaldo de los magnates nativos; o con la colaboración de los comisionistas públicos o privados; o con la ayuda de los inversionistas locales; o con el respaldo teórico del puñado de superposgraduados en las universidades foráneas.

No se trata de oponerse a que lleguen al país capitales extranjeros. El reclamo apunta a que esas relaciones no lesionen al pueblo ni entraben el desarrollo nacional, porque además de producir los efectos empobrecedores ya anotados, conducen a que el trabajo de los colombianos no acumule riqueza en el país sino en el exterior.

El caso de la telefónica de Manizales comprueba que se busca privatizar los negocios buenos y no los malos y que ello se hace sin que medie, siquiera, alguna argumentación.

Estamos ante una empresa que no tiene problemas de deuda; que produce utilidades de miles de millones de pesos al año; que disfruta de tasas de rentabilidad que ya se las quisiera cualquier negocio lícito del país; y que pasará de ser monopolio público a privado foráneo, con lo cual la riqueza creada por el trabajo de los manizaleños desaparecerá de la ciudad.

Esperemos que el referendo propuesto para que los habitantes de Manizales decidan si debe o no venderse la telefónica, no termine saboteado por alguna leguleyada.

Los patriotas de Colombia, de todos los partidos y de todas las condiciones sociales, tenemos el deber de organizar la resistencia contra la ley 142 y contra las demás medidas que sacrifican los más caros intereses nacionales.

ESTADOS UNIDOS GOLPEA EJÉRCITOS NACIONALES PARA CREAR FUERZA COLONIAL

Por Raúl Fernández

En una conferencia dictada en junio de 1996 en Tegucigalpa. Honduras, el general Mario Hung Pacheco, jefe de las fuerzas armadas de ese país, declaró: “Estados Unidos, en su afán de convertirse en la única superpotencia mundial, está resuelto a eliminara las fuerzas armadas del continente”.

La conclusión a la que llega el general hondureño se ve corroborada por multitud de documentos oficiales y extraoficiales, bastante ilustrativos de las políticas que se están cocinando en Washington. En un estudio publicado en 1992 por Diálogo Interamericano, entidad asesora de mucho peso en los asuntos latinoamericanos, se recomienda específicamente reducir los presupuestos militares en los países al sur del Río Grande. El mismo informe sugiere la formación de fuerzas denominadas multilaterales, que podrían utilizarse para invadir países donde la “democracia” esté en peligro.

La política exterior de Estados Unidos se ha propuesto intensificar el control de su patio trasero, sin excluir la intervención directa, ya permitida por la nueva Carta de la OEA impuesta hace unos años mediante la infame Declaración de Santiago de Chile. Son dos los aspectos sustanciales que entraña esta nueva política imperial: primero, debilitar, controlar o aun eliminar por completo las fuerzas armadas en el hemisferio; y segundo, utilizar, dependiendo de las circunstancias, una fuerza multinacional –que podría funcionar como un brazo armado de la OEA-, encargada de proteger los intereses de la superpotencia en el continente.
Todavía los ejércitos nacionales de América Latina tienen como misión constitucional explícita la defensa de la soberanía en cada país, independientemente de que hayan sido o no consecuentes con ello. En la historia de Nuestra América, además de la gesta de la Guerra de Independencia, existen precedentes sobre el papel que han de desempeñar las fuerzas militares en caso de invasión. En 1867, el ejército mexicano derrotó y expulsó a las huestes imperiales de Francia que depredaban su territorio. En fecha muy reciente, miles de soldados argentinos murieron en el intento de recobrar las Islas Malvinas, territorio usurpado por Gran Bretaña.
La política estadounidinense de debilitar a los ejércitos y conformar una fuerza multilateral que responda a los intereses particulares gringos fue también uno de los temas debatidos en la Conferencia de Ministros de Defensa celebrada en Williamsburg, Virginia, el año pasado. En desarrollo de los acuerdos preliminares adoptados allí, la Cumbre de Bariloche significa un paso adelante en la agenda de trabajo delineada por Washington, que se ha propuesto dejar establecidas drásticas normas hemisféricas sobre el tamaño de las fuerzas armadas en cada país y sobre presupuesto, entrenamiento, tipo y calidad de armamento, etc.

Estados Unidos presta especial importancia a que se apruebe en todas partes el control civil sobre los estamentos armados. Uno de sus planes consiste en integrar la Conferencia de Ejércitos Americanos y otras asociaciones castrenses a la órbita de organismos civiles multilaterales tales como la OEA. En reciente discurso, el actual secretario de Defensa norteamericano, William Perry, señalaba que sería muy grave que en un país cualquiera de América Latina o de Europa del Este la crisis económica pudiese derivar en un conflicto que implantara soluciones en contravía del Nuevo Orden Mundial impuesto por las trasnacionales.

Como lo añadiría Robert Pastor, consejero del ex presidente Carter y experto en América Latina, los ejércitos nacionales deben ante todo dejar atrás el “obsoleto concepto de soberanía”. No puede permitirse que nada se atraviese en los derroteros neoliberales ya trazados por Estados Unidos.

Los dirigentes del imperio han venido poniendo en práctica estos planes. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, en el informe publicado a mediados de 1996,
• Las fuerzas armadas argentinas fueron objeto de la mayor reducción de gastos en la región y eliminaron el servicio militar;
• En Uruguay los gobiernos rebajaron los gastos de defensa de 15% a 10%;
• En Paraguay el presupuesto militar bajó de 24% a 7% en los últimos diez años.
• América Central, en su conjunto, registró drásticos recortes en los gastos militares.
• La invasión militar norteamericana acabó con los ejércitos en Panamá, en 1989, y en Haití, en 1994. Ambas han pasado a ser, junto con Costa Rica, las tres repúblicas desmilitarizadas de la región.

Lo ocurrido en Haití ilustra un tercer aspecto que cabe destacar en la nueva política. Al tiempo que’ lanza su ofensiva de desprestigio y debilitamiento contra los ejércitos, Washington viene promoviendo en cada país nuevos destacamentos de policía bajo el cuidado y supervisión del FBI. Numerosos oficiales de policía de América Latina participan actualmente en cursos y seminarios especiales que se llevan a cabo en estados Unidos.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia –una de cuyas dependencias es el FBI- brinda su espaldarazo a los fiscales y a los directores de la policía en países como México y Colombia dentro de la llamada guerra al narcotráfico, otro pretexto para su intervención abierta y descarada, que le ha permitido a Washington introducir en Latinoamérica todo tipo de efectivos militares y paramilitares, sean ellos miembros de la CIA, la DEA, el FBI, el ejército, los marines o la fuerza aérea.

Estados Unidos se halla empeñado en golpear a los ejércitos nacionales, pero cuidando al mismo tiempo de apuntalar su propia presencia militar en el hemisferio.

Haití parece ser el laboratorio en que se han puesto a prueba tales maniobras. El colosal tinglado político y diplomático armado por Washington antes de la invasión tuvo el sello de lo multilateral: embargo económico, misiones de la OEA ante los militares acaudillados por el general Cedras, campañas de propaganda orquestadas por las agencias internacionales de prensa, etc. Luego, el ejército imperial, recordado por aupar todas las dictaduras del continente, apareció de pronto fungiendo de fuerza humanitaria. Desalojó del poder a su alumno Raoul Cedras, agente de la CIA, y restauró al pío Aristide. Querían así los gringos arrojar toda la culpa de la historia de represión sangrienta sobre sus pupilos, los comandantes de los ejércitos nacionales.

Lo más significativo fue lo ocurrido poco después de la invasión: el ejército haitiano empezó a ser desmovilizado y terminó siendo disuelto. Después llegó un equipo especial del FBI, encargado de entrenar a la nueva fuerza de policía. Para colmo, cuando Aristide anunció que se sentía en peligro, desde Washington le fue enviada una compacta guardia pretoriana encargada supuestamente de custodiarlo.

John Foster Dulles, secretario de Estado en los comienzos de la guerra fría v estratega del poderoso imperio en expansión, anotaba que “hay dos formas de dominar un país: invadiéndolo militarmente o controlando su economía—. Este objetivo se mantiene vigente. Pero los recientes ardides le sugieren una variante a la Doctrina Dulles. De ahora en adelante, también intentan dominar a nuestras naciones invadiendo sus mercados y controlándolas militarmente”.

ALZAS EN LAS TARIFAS, DETONANTE DE LA IRA POPULAR

(Los días 16, 17 y 18 de septiembre, el pueblo de Facatativá puso a tambalear la engañifa oficial de la estratificación)

Por Fernando Chavéz y Vladimir Castañeda
A las diez de la mañana del primer día, cuando se avistaron las jaulas de la fuerza disponible, una mujer de unos 30 años, con seis meses de embarazo, se hizo al micrófono, miró al firmamento y con voz clara del alma, gritó: “¡Aquí estamos!”. De la barricada brotó atronadadora la respuesta: “¡Y aquí nos quedamos!”. Así era el ánimo de los facatativeños, quienes, ante las agobiantes alzas de la luz y el agua, recordaron que veinte años atrás, en la década de los setenta, derrotaron medidas similares mediante la protesta y el paro cívico.

El comité de paro, en secreto, acordó la hora cero para las 4 de la madrugada del lunes 16 de septiembre. El estallido de cientos de voladores y el ulular de las sirenas darían la señal.

Con llantas, piedras, palos y canecas, los activistas cerraron las aún desiertas vías de acceso y se lanzaron a corear las primeras consignas. El pueblo se fue sumando poco a poco a la protesta. Miles de mujeres de las floras, que ateridas de frío esperaban en las esquinas los desvencijados vehículos que las conducirían a sus sitios de trabajo, al oír las arengas de los dirigentes empezaron a expresar entre murmullos su inconformidad ante las alzas. El murmullo se convirtió en clamor; pronto ocuparon las calzadas, y la jornada, iniciada por sólo unas decenas de activistas, se tornó multitudinaria. El entusiasmo se transmitía de Cartagenita a Brasilia, de los Llanitos a Berlín, del parque principal a Santa Marta. Ya a las siete de la mañana, en cada uno de estos sitios las amas de casa repartían tinto a los manifestantes. El comercio no abrió. No hubo transporte. Grupos de agitadores recorrían las calles.

Antes del mediodía, el comité de paro exigió del gobierno nacional. Desde el Ministerio del Interior se les contestó con una negativa rotunda, sermoneando, como de costumbre, que no se dialogaría bajo presión. El alcalde pidió entonces que la gente levantara las barricadas como condición para sentarse a negociar. El emplazamiento oficial, lejos de apaciguar los ánimos, los caldeó aún más. La firmeza dio sus frutos, pues ya en la noche, el gobierno local se vio obligado a pactar el siguiente compromiso: Faca tendrá como máximo tres estratos, salvo contadas excepciones. Se deroga el decreto que eleva las tarifas del agua. Las partes convinieron un plazo de tres días para que la electrificadora de Cundinamarca echara atrás el alza, al cabo de los cuales, y de no cumplirse, el paro se reiniciaría.

Pero la población, consciente de la fortaleza del movimiento, e intuyendo que el gobierno utilizaría el plazo para quebrantar su voluntad de lucha, se opusó al acuerdo, y exigió rotundamente que el paro continuara. La reprimenda popular fue aceptada por los dirigentes, quienes se pusieron de nuevo al frente.

El gobierno, temeroso de que la protesta se extendiera a las poblaciones vecinas, que comenzaban a soliviantarse, ordenó suspender allí la entrega de facturas y reprimir en Faca el movimiento. En la mañana del martes 17, en el barrio Cartagenita, ubicado en las afueras sobre la carretera que conduce a Bogotá, la policía arremetió con tanquetas, lanzó gases lacrimógenos dentro de las viviendas y destrozó los ventanales de la escuela, el colegio y el puesto de salud. La paciencia del pueblo se agotó, y con piedras y palos hizo frente a la agresión. Todo el barrio se solidarizó. Las amas de casa colocaron en cada puerta un balde de agua y los ancianos repartían sal para contrarrestar el efecto asfixiante del gas.
Hubo varios heridos, pero la vía logró mantenerse cerrada. La comisión negociadora, que las masas decidieron ampliar con un delegado elegido en cada barricada, se reunió de nuevo con el alcalde, en presencia de monseñor Gabriel Romero, obispo de la diócesis, reclamándole al gobierno que enviara una delegación facultada para resolver el problema de las tarifas de energía. La respuesta samperista fue desplazar en helicópteros a cientos de efectivos de la Policía Militar.
A las cuatro de la tarde la tropa volvió a atacar a Cartagenita, iniciando un arduo enfrentamiento que se prolongó hasta el amanecer del miércoles. Centenares de personas que esperaban la respuesta gubernamental, enteradas de los hechos del barrio periférico, se agolparon a protestar frente a la alcaldía. Un nutrido grupo de conductores de tractomulas expresó su solidaridad con el movimiento, desplazando sus vehículos hasta el centro, para exigir inmediata solución.

El alcalde, desatento a las previsibles consecuencias, decretó el toque de queda, provocación que los pobladores respondieron arremetiendo contra el palacio municipal. Como si el aviso hubiera sido a somatén, miles de se volcaron a las calles para atacar lo que consideraban los símbolos de sus angustias: el CAI central, los bancos, un gran supermercado. Frente a la alcaldía, que terminó envuelta en llamas, cayó abatido por un proyectil Jaime Lara Vásquez, un joven y sencillo obrero de la construcción.

En Cartagenita, la beligerancia del pueblo obligó al envío de más efectivos policiales. Desde el centro, unos mil manifestantes marcharon hacia allí. Por el camino se sumaron habitantes de San Cristóbal, San Carlos, Las Mercedes, Girardot y Paraíso. La carretera fue atestada con árboles, enormes piedras, vallas publicitarias, chatarra y llantas encendidas. Este refuerzo permitió prolongar la pelea hasta la madrugada, cuando de varios camiones descargaron tropa para sofocarla. Perspicazmente, ante el peligro de enfrentarse en la oscuridad con una fuerza muy superior, la comunidad se replegó. En los otros tapones la gente se preparaba para repeler el inminente desalojo. Al amanecer del 18, en Brasilia, los uniformados intentaron agresivamente despejar la vía. Acataban la orden del ministro Serpa de reprimir el paro, tal como se procedió contra los campesinos del sur del país.

La gente respondió reforzando el bloqueo. Acudieron habitantes del resto del municipio para mantener paralizada la troncal de occidente y la pedrea se extendió. Con esporádicas interrupciones, los enfrentamientos se prolongaron a lo largo del día. En la noche, los manifestantes prendieron fuego al edificio de la Empresa de Energía.

Facatativá puso a tambalear la engañifa oficial de la estratificación. Los facatativeños de todas las clases testificaron que el pueblo no resiste más los desmanes de la apertura. Sus rostros reflejaban la ira contenida tras años de opresión, de hambre, de felonías. La entusiasta solidaridad de los colombianos demostró que nadie cree la falacia de que el descontento obedecía a la acción de agitadores aislados. La osadía y la inteligencia de las masas debe notificar a los escépticos que el túnel sí tiene una salida.

“NO SE DEBE HACER CASO A ESTADOS UNIDOS”: MANUEL JOSÉ BONNET

(Apartes de la entrevista al general Manuel José Bonnet, tomados de la revista Cambio 16, No. 147, abril 8-15 de 1996)

“P. ¿Los ejércitos latinoamericanos se convertirán en policías antinarcóticos como aventuran los Estados Unidos?

“R. No se debe hacer caso a lo que dicen los Estados Unidos, ya que este país no piensa sólo con el deseo, sino con la intención. El Ejército colombiano no tiene atribuciones jurídicas ni capacitación técnica para afrontar eficazmente el narcotráfico. Además, ya hay una Policía que lo combate. Los ejércitos latinoamericanos deben continuar con su deber de garantizar la soberanía nacional, el orden constitucional y la seguridad de la población. Y esto no permite discusión ni reducir efectivos.

“P. Pero los Estados Unidos insisten…

“R. Deberían reducir primero el suyo, que cada día es mayor. Quizá los Estados Unidos buscan reducir nuestras fuerzas militares para intervenir con más libertad en nuestros territorios”