CHAPARRAL NO SERÁ INFERIOR A SU TRADICIÓN HISTÓRICA

El racionamiento del fluido eléctrico es en Chaparral el pan de cada día, lo cual afecta gravemente la atención hospitalaria, las actividades comerciales y las labores escolares. En enero de 1990, con presidente de la República a bordo, se inauguró el acueducto por gravedad, del que, pasados unos meses, la gente ha terminado por decir: «El acueducto, de gravedad». La obra costó 450 millones de pesos y Chaparral sigue sin agua. La lucha por la mejora del servicio y contra los cobros injustificados estuvo encabezada por nuestro camarada Harry Fúneme, asesinado el 27 de agosto, quien organizó comités de usuarios para oponerse a la estratificación y al alza de los servicios públicos. El objetivo sigue sin solución y el pueblo chaparraluno, que no será inferior a su tradición, se apresta para nuevas y arduas batallas.

CONFERENCIAS DE ROBERTO GIRALDO EN COLOMBIA

El compañero Roberto Giraldo, magíster en medicina tropical de la Universidad de Londres y vinculado en la actualidad a la sección de Inmunología del Departamento de Microbiología del New York Hospital -Cornell Medical Center, realizó una gira de conferencias por Colombia en la primera semana de noviembre.

En Bogotá, Barranquilla, Medellín, Yopal y otras capitales, Roberto Giraldo dio a conocer el punto de vista de una importante escuela de la medicina contemporánea, la cual sostiene que «el sida no es una enfermedad infecciosa ni se transmite sexualmente».

El tema ocupa un lugar predominante en el actual debate científico que se libra en el mundo en torno a lo que dado en llamarse «el mal del siglo XXI».

El expositor brindó argumentos para probar que el Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, no tiene ningún papel causal en el sida y, antes por el contrario, puede ser efecto de la patogénesis del síndrome.

Explicó que el sida, una severa inmunodeficiencia adquirida, es causado por exposiciones múltiples, repetidas y crónicas a agentes estresantes inmunológicos de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional, y cuya distribución varía dentro de los grupos que con mayor frecuencia desarrollan el sida. Dichos agentes estresantes ejercen, o bien efectos inmumotóxicos, o bien efectos inmunogénicos, o ambos a la vez, sobre las células inmunocompetentes y sobre las reacciones metabólicas del sistema inmunológico, y llevan al individuo a un déficit de las funciones inmunológicas de defensa, homeostasis y vigilancia, con la subsiguiente aparición de infecciones, neoplasias y alteraciones metabólicas.

Según Roberto Giraldo, «esta visión alternativa para la patogénesis y la historia natural del sida permite vislumbrar nuevas formas de tratamiento y prevención, las cuales tienen repercusiones positivas sobre la salud individual y colectiva».

Dijo también que «la hipótesis alterna del sida, como síndrome tóxico-nutricional, resuelve todos los problemas que la hipótesis infecciosa-el VIH como causante del sida- no ha logrado solucionar, a pesar de las millonarias sumas invertidas en investigación».

Foro sobre la segregación de Panamá: PARA QUE JAMÁS SE VUELVA A REPETIR

El 31 de octubre se realizó en Bogotá el Foro «A 93 años de la intervención norteamericana en Panamá. Para que jamás vuelva a suceder», organizado por el Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la Sociedad Económica de Amigos del País, SEAP, y fue instalado por Enrique Daza, director de Cedetrabajo.

Las ponencias estuvieron a cargo de Jorge Santos Núñez, quien habló sobre las lecciones históricas del zarpazo colonialista; el ex canciller Diego Uribe Vargas, quien hizo un pormenorizado recuento de los hechos; el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa analizó los distintos tratados y negociaciones, empezando por el Mallarino-Bidlack, de 1846, y el ex ministro Apolinar Díaz Callejas se refirió a la complicidad de algunos altos funcionarios y dirigentes.

La intervención armada de Estados Unidos en el Istmo, junto con la traición del vicepresidente Marroquín, fueron los elementos decisivos en la desmembración del territorio colombiano. (Véase más adelante Lecciones del zarpazo…).

En Risaralda: OBREROS LIDERAN COMBATE CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

(Miles de firmas, un cabildo abierto y enérgicas declaraciones de Unidad Cafetera y de importantes dirigentes políticos exigen que las EE.PP. de Pereira sean declaradas Empresa Industrial y Comercial del Estado.)

Por Aurelio Suárez Montoya

Desde cuando se planteó en el Concejo de Pereira privatizar las Empresas Públicas, afloró una profunda discusión en la cual la gran mayoría de los pereiranos se manifestaron contra la posibilidad de enajenar, así fuera 1%, el mayor patrimonio público de la Perla del Otún.

La voluntad de los habitantes se ha plasmado en la consigna: “¡Ni un 1 % privado, sólo Empresa Industrial y Comercial del Estado!”. Así lo prueban un cabildo abierto, más de 20 mil firmas recogidas para exigir que se consulte al pueblo, la constitución de cerca de 30 comités en los barrios, cuatro manifestaciones masivas, y la decisión de lucha mostrada por los obreros de Sintraemdes-Pereira en todos estos actos. Inclusive la Asamblea aprobó, por mayoría, una proposición de rechazo a la privatización.

El sindicato, las organizaciones obreras, la Unidad Cafetera, el senador Juan Guillermo Ángel, el diputado moirista Aurelio Suárez Montoya, los concejales Carlos Crosthwaite, Luz Mary Zapata, Mario Marín y Juan Hurtado y el ex gerente Guillermo Botero, integraron un frente de lucha para defender las empresas de servicios.

Las EE. PP. son la segunda empresa más grande el eje cafetero, luego de la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec. Para sólo dar algunas cifras, en energía eléctrica atiende a 84 mil usuarios, y en acueducto tiene 70 mil conexiones. Su utilidad neta en 1995 fue de 11 mil 700 millones de pesos, y sus activos en libros, 218 mil 800 millones.

El alcalde Juan Manuel Arango, con el apoyo de la mayoría del Concejo, seguidora del representante Rodrigo Rivera, hizo aprobar la venta de 11 % de la empresa. Semejante decisión indignó a los más de mil asistentes a la sesión, quienes por cinco horas bloquearon la salida del recinto de los concejales y de los asesores de la gerencia.

Ya un año antes de la aprobación por el Concejo, el actual gerente Jorge Eduardo Murillo había entrado en componendas con el BID, según consta en documentos de esta agencia multilateral del 11 de septiembre y 3 de noviembre de 1995. En éstos, Murillo se comprometió a someter a consideración del BID el texto de la propuesta que se llevaría a esa corporación. Además, ofreció entregar a firmas privadas la reforestación de la microcuenca del río Otún.

Contra este atraco, los habitantes de barrios y comunas han empezado a organizar los comités de usuarios para resistir unitariamente el encarecimiento y desmejora que traerá la privatización de las EE. PP., gestadas por varias generaciones de pereiranos con el tesón que les es característico.

Protestas en Santa Rosa de Cabal
Haciendo caso omiso de que Santa Rosa de Cabal cuenta con aguas abundantes y que desde cuando la fundara Fermín López, en el siglo pasado, los santarrosanos han hecho de la empresa de agua Empocabal, la más tecnificada de Risaralda, el Concejo, por iniciativa del alcalde, decidió privatizar 20% de sus activos. El sindicato, Sintraempocabal, se ha abanderado de la protesta, para pedir la revocatoria de tal decisión, urdida a espaldas de los habitantes.

Vale la pena señalar que Empocabal vende a muy buen precio a Dosquebradas más de 830 mil metros cúbicos mensuales de agua. Este negocio le da ingresos por algo más de lo que factura mensualmente. Dada la buena situación financiera de la empresa, la venta constituye un traslado directo de utilidades a los muy afortunados socios privados. Los caficultores también han manifestado su rechazo, ya que los acueductos rurales de El Español y Guacas, fruto de sus recursos y desvelos, se los encimarán como obsequio a los nuevos dueños.

En dos manifestaciones, donde han participado organizaciones y personalidades como los diputados Alberto López, Julio César Serna y Aurelio Suárez, se ha agitado la necesidad de un referendo para echar atrás la decisión antipopular. Mientras la Registraduría Municipal se ha negado a convocar a la consulta, en barrios y veredas se adelantan reuniones para exigir respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo.

EL FORO NACIONAL

La realización en Bogotá del Foro Nacional por la Defensa de la Universidad Pública, los días 30 de septiembre y 1° de octubre, con la presencia de 500 delegados de los principales centros de educación superior del país, significó un importante avance en la brega por consolidar un amplio frente que impida la privatización que se les quiere imponer a las universidades del Estado, y por rescatar su papel como palancas del desarrollo independiente de Colombia.

El evento fue convocado por los directivos de las universidades de Antioquia, Atlántico, Llanos, Tecnológica de Pereira y Valle, la Asociación de Profesores universitarios, Aspu, la Federación de Profesores Universitarios, Sintraunicol, Sinties y el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, Consec, organización que agrupa a la mayoría de los representantes a consejos superiores y académicos y a cientos de consejos estudiantiles.

En su declaración final se afirma que la recurrente crisis financiera de la universidad, se ha agravado con «la política de ajuste fiscal dictaminada y monitoreada por el FMI», y que ésta es «parte integral del modelo neoliberal de apertura económica impuesto por la banca mundial y el gobierno norteamericano para recolonizar la América Latina y a Colombia».

Se denuncia la pretensión contemplada en el proyecto de ley 89 de 1996, de subordinar el desarrollo académico al Ministerio de Hacienda, v cómo la «búsqueda de fuentes alternas de financiación (…) distorsiona el papel educativo de las instituciones».

El documento plantea que cada vez es más restringida la posibilidad de acceso de la población a la universidad, pues los niveles de cobertura han disminuido y las matriculas han aumentado. Se advierte sobre el descenso en la calidad de la educación y la imposibilidad de emprender «programas de investigación que sirvan de soporte a al desarrollo del país».

Mientras en la planta de personal aumenta el número de profesores de cátedra, disminuyen los profesores de tiempo completo; no hay recursos para capacitación y los docentes ven desmejorarse día a día sus ingresos.

«La universidad misma está desapareciendo», dice la declaración. Tras denunciar el deterioro físico de los enseres, señala que las carreras semipresenciales y a distancia se están generalizando, “sin que garantice la necesaria calidad de sus programas”

Finalmente recalca que la solución de los problemas del desarrollo nacional «pasa por la financiación total de la educación por parte del Estado», y concluye con los seis puntos que resumimos a continuación:
1. Rechazo a las políticas de congelamiento o recorte de los aportes estatales a las instituciones de educación superior. Impedir que se endose a las universidades el pago del pasivo prestacional y que el rumbo académico quede subordinado a las determinaciones del Ministerio de Hacienda.

2. La comunidad educativa no concibe una reforma de la educación superior sin que el Estado asuma la responsabilidad financiera. La autonomía universitaria no puede entenderse como la habilidad institucional para generar recursos. El estatuto financiero propuesto por el gobierno no garantiza la existencia de la universidad pública, ni de una comunidad científica, ni los elementos para mejorar la calidad de la educación, y menos aún si los recursos públicos pretenden destinarse a la educación privada.

3. Exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las organizaciones de profesores y trabajadores con el propósito de fortalecer la Universidad Pública.

4. Compromiso de dar a conocer la declaración a los miembros de la Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior, el CESU, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los trabajadores del sector estatal y a la opinión pública.

5. Se considera inaceptable una reforma de las instituciones de educación superior sin el concurso decisorio de los estamentos de-la universidad.

6. Manifiestan el más vivo interés en seguir consolidando el frente por la salvación de la educación pública en pos de la defensa de esta estratégica actividad, soporte del desarrollo y la soberanía nacionales en el campo de la cultura.

Ante la intervención norteamericana: ¡CREAR UN ARTE Y LITERATURA DE RESISTENCIA!

“Hoy más que nunca es necesario rescatar, promover y difundir ampliamente los valores culturales de la nación”

“La obra de Clemencia Lucena constituye una pauta para los forjadores del arte revolucionario”

En el acto de recordación de la camarada Clemencia Lucena, celebrado en Manizales el 2 de noviembre, el camarada Héctor Valencia, secretario general del MOIR, expuso los criterios centrales de nuestro Partido sobre la cultura y el arte.

MANIFESTACIÓN EN ARAUCA

El 31 de octubre se reunió en Arauca el Foro sobre Estratificación y Desmonte de Subsidios, al que asistieron delegados de los diversos sectores gremiales y sociales. El evento rechazó las privatizaciones y señaló que la Ley 142 agudizará aún más la pobreza.

Hubo consenso en la necesidad de realizar una gran presión nacional que obligue al gobierno a echar marcha atrás en tan lesivas determinaciones.

Los asistentes demandaron del Concejo y de la Asamblea los rubros presupuéstales necesarios para adelantar programas de mejoramiento de los servicios. Julio Mario Castro, Helman Rico, María Dolores López, Carmen Súa, Gustavo Upegui y Luis Felipe Ángulo, fueron elegidos para conformar la comisión relatora que llevará la vocería de los araucanos.

Legado de Mosquera: SOBRE LAS IRRISORIAS ALZAS SALARIALES DE LA «ECONOMÍA SOCIAL»

Apartes del texto titulado «Secundamos la protesta de las cuatro centrales», escrito por Francisco Mosquera y publicado en El Tiempo, 4 de marzo de 1989 (Francisco Mosquera, Resistencia civil, Bogotá, Editor Tribuna Roja, 1995, pp. 391-395).

Pocas veces el pueblo había oído, en tan corto tiempo y sin escampadero posible, tal afluencia de noticias malas para su desfalcado bolsillo como ahora, y eso que el mandato de turno dice seguir los lineamientos de una «economía social». Por un lado, alzas, devaluación e impuestos; y por el otro, unos ridículos aumentos salariales por debajo de los índices del costo de la vida, incluso de los admitidos por el DANE. Con el ítem de que los verdaderos incrementos de los precios no se desatan hasta haberse concretado el salario mínimo, los sueldos de los funcionarios públicos y aun varias convenciones colectivas. De modo que a la vuelta de unas cinco o seis semanas la masa laboriosa pierde porción considerable de las cortas compensaciones que los patronos le conceden en medio del regateo más espantoso. Los regímenes inmediatamente anteriores por lo menos procuraron mantener un equilibrio, así fuese en apariencia, entre los incrementos de la carestía y de las remuneraciones; pero el actual Ejecutivo acaba de lucirse imponiéndoles a varios sectores asalariados reajustes en sus pagas del 25 o el 27por ciento cuando la inflación había superado el 28. Con ello, 1989 será el tercer año consecutivo en que ocurra algo semejante bajo la presidencia liberal.

Si escudriñáramos las cifras, pasando por alto los formalismos académicos, hallaríamos lo que las amas de casa ya han descubierto en la-tienda de la esquina: el descenso constante del poder adquisitivo de las gentes del común durante un período muy largo y crítico. Camacol, el gremio de los constructores, calcula que dicha merma, dentro del lapso comprendido entre 1981 y 1988, alcanza poco más o menos el 30% para los estratos medios de las grandes ciudades. Este fenómeno lo reflejan inclusive las variaciones que de pronto se le introducen a la canasta familiar, cuya composición habla más de las tendencias sociales del consumo que de las necesidades básicas de los hogares menos favorecidos por la fortuna. El renglón de alimentos ha venido reduciéndose mientras el de vivienda crece. Lo cual no indica, por supuesto, que a las mayorías les sobre de su mesa para acceder a una casa mejor, sino al contrario, que el techo, cada día más caro y exiguo, se come la comida. La depauperación del pueblo aumenta conforme disminuye el área mínima de construcción habitacional autorizada por el Estado. Y como las moradas no funcionan sin agua, luz, etc., en su precio los encuestadores incluyen obviamente el valor de los servicios, esa correa mágica que une el sitio de residencia de los núcleos humanos con la usura de los empréstitos extranjeros de las empresas públicas del ramo. Las estadísticas del sistema no logran encubrir nada de esto, mas sus estadistas sí encuentran cualquier resquicio hacia la promulgación de todo tipo de tributos. El gravamen del cemento resulta indispensable en la reforma urbana, así las construcciones se trepen a las nubes. Son regalos con encarecimientos. La descentralización administrativa, junto a la novedad de los alcaldes elegidos en las urnas, brinda asimismo una magnífica oportunidad para subir escandalosamente los múltiples arbitrios que aletean sobre los predios de las localidades. El que quiera «apertura democrática» que la compre. Esta orgía fiscal, desencadenada al amparo del derrumbe paulatino del principio de los Derechos Humanos que prohíbe desde el siglo XVIII los impuestos al margen de la representación popular, ha generado tal repudio, que algunas de sus secuelas tuvieron que ser pospuestas o suavizadas pero no suprimidas, y ya se murmura acerca de una «urgente racionalización tributaria». Sin embargo, las fuerzas del trabajo no reclaman que se reordenen las cargas. Exigen que se eliminen unas y se modifiquen otras.

El foco del caos de nuestra regulación impositiva, con su enjambre de exacciones indirectas, regresivas y antitécnicas, no debe buscarse en las oficinas del Conpes de la capital de la república, sino en Washington, la sede del Fondo Monetario Internacional. Desde allí se nos vigila y se nos presiona a cumplir con las obligaciones de una deuda de 16.600 millones de dólares, sin contar los 1.700 millones del «challenger» que con tanto júbilo anunciara el doctor Virgilio Barco en su alocución televisiva de final de año. Los entendidos estiman que, por concepto de intereses y amortizaciones, en 1989 Colombia habrá de girar a sus prestamistas en el exterior una suma equivalente al 64% de sus exportaciones, tasadas en US$6.000 millones, en números redondos. Proporción que por sí sola dice todo de la magnitud del problema. A causa de este factor, sencillo y a la vez complejo, muchas cosas trascendentales están comprometidas: las finanzas públicas, el desarrollo económico, el bienestar del pueblo, la autodeterminación nacional. El país ha sido entrampado, y sin contraprestación ninguna. Porque, además de las cláusulas onerosas de las contrataciones, los empréstitos fueron dirigidos por lo general hacia proyectos que no reportan divisas, o simplemente no rentan. La nación se endeudó en aras de su infraestructura, su energía eléctrica, o de los llamados «programas sociales», a cuya sombra ha florecido más de una infamia en Colombia. Últimamente estamos prestando para pagar.

Los obreros no se oponen por concepción a los préstamos internacionales ni a la inversión foránea. Reclaman, eso sí, que ambas alternativas, de aplicarse, coadyuven en realidad al progreso de la patria. Lamentablemente la experiencia enseña otro panorama muy distinto. El sacrificio del endeudamiento, en vez de jalonar nuestra industrialización, la ha deprimido. (…) Dentro del conjunto de las trabas tradicionales que nos han cerrado la posibilidad de un crecimiento sostenido, resaltan cabalmente las desventajosas relaciones con los carteles financieros de las metrópolis más boyantes. (…) El poder central que es el encargado de la recolecta, se mueve entre el déficit presupuestario y el desborde impositivo, dos deformaciones convertidas en dogmas, con las cuales, de manera velada pero efectiva, se mella el ingreso real de los asalariados, las víctimas propiciatorias del escamoteo. (…) En 1988 el gobierno les pidió a las Cámaras retocar la Ley Orgánica del Presupuesto con el fin de apoderarse de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del Estado, que de un plumazo quedaron condenadas al estancamiento. La indigencia de los ciudadanos corre pareja con la penuria de los institutos. (…) Disponiendo a la diabla de la riqueza pública e intensificando las privaciones de las masas jamás sacaremos a Colombia de la dependencia y el atraso. (… ). Creer en luchas contra la «pobreza absoluta» y en planes de «rehabilitación», a tiempo que se constriñen las actividades productivas, no pasa de ser una lastimosa quijotada o un maldito engaño. Así como nunca hubo bienestar social sin desarrollo económico, tampoco habrá despegue industrial con un pueblo excluido del mercado. No en balde el MOIR, valorando las prioridades de la convergencia de salvación nacional planteada por varios sectores, llama a proteger e impulsar la producción del país, cuyo éxito está muy lejos de erigirse sobre el desmejoramiento de su mano de obra. Por eso la clase obrera, la más hundida tras el alud de las imposiciones gubernamentales, es también la más interesada en que se establezca un adecuado contrapeso entre los diferentes resortes de la economía, empezando por la revisión del salario mínimo y de aquellas convenciones colectivas que no siquiera igualaron la tasa inflacionaria. La razón de la carestía hay que averiguarla en los faltantes del Estado, la emisión monetaria, la devaluación automática, el régimen tributario, los altos intereses, los quebrantos de la producción o el monopolio internacional, no en las nóminas de los trabajadores.

A 93 años de intervención norteamericana en el Istmo: LECCIONES DEL ZARPAZO COLONIALISTA EN PANAMÁ

(Ponencia del senador Jorge Santos Núñez, del MOIR, en el Foro «Para que jamás vuelva a suceder. A 93 años de la intervención norteamericana en el Istmo de Panamá», convocado por Cedetrabajo en la Sociedad Económica de Amigos del País, SEAP, el 31 de octubre de 1996. El evento fue instalado por Enrique Daza, director de Cedetrabajo).

El próximo 2 de noviembre se cumplen 93 años del desembarco de las tropas norteamericanas en Panamá, que desembocaría al día siguiente en la separación del Istmo de Colombia. Los acontecimientos que determinaron dicho desenlace están cargados de enseñanzas que, en vez de opacarse con el correr del tiempo, adquieren una mayor vigencia a la luz de las actuales circunstancias internacionales.

Nuevo imperio
Los Estados Unidos, que habían expandido su territorio a costa de sus vecinos, principalmente de México, lograron durante el siglo XIX, al amparo de una fuerte política proteccionista, considerable desarrollo industrial. Los poderosos trusts no sólo copaban el mercado interno, sino que requerían con urgencia extenderse al mercado exterior. En la producción hullera, de hierro y petróleo, tenían ya la primacía mundial.

En tales condiciones necesitaban adelantar una política colonial y batallar por el control de las vías marítimas. En el último cuarto del siglo XIX se anexaron a Puerto Rico, las Filipinas, las Islas Guam y las islas Hawai, en donde construyeron la base militar de Pearl Harbor. Intervinieron en Cuba, a la que impusieron la enmienda Platt, que les permitía ocupar militarmente la base de Guantánamo y entrometerse en la Isla.

Acometieron también por el control de Centroamérica. En los primeros años de la centuria que corre invadieron la República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Honduras y atacaron a México. Individuos como Teodoro Roosevelt, Cabot Lodge y William Taft encarnaron esta actitud imperialista.

El Istmo de Panamá era un punto vital para agilizar las comunicaciones de costa a costa de los Estados Unidos y para el trasporte de tropas y mercaderías entre el Mar de Balboa y el Caribe. Este tráfico era en extremo demorado y riesgoso; tenía que hacerse, ya por el distante Estrecho de Magallanes, ya atravesando Panamá o Nicaragua. La fiebre del oro en California, primero, y luego la guerra hispanoamericana, hicieron más apremiante la necesidad de construir un canal interoceánico, vía que también interesaba a los ingleses.

Del forcejeo entre las dos grandes potencias resultó el tratado Clayton-Bulwer, que determinaba que ninguna de ellas podría tener predominio exclusivo sobre la disputada región y que el canal que se contruyera les daría ventajas semejantes a ambas.

Los magnates del Norte lograron asentar los primeros puntales para su dominio sobre Panamá con la construcción del ferrocarril por parte de la Panama Railroad Company.
El 28 de enero de 1855, éste comenzó a cruzar la faja de tierra entre los dos litorales. El ferrocarril de Panamá significó para sus propietarios una veta de oro. El gobierno granadino le dejó mano libre para fijar tarifas, convirtiéndose en una de las empresas más lucrativas del mundo.
El tren no les dejó a los panameños sino el espejismo del progreso, y, por el contrario, fue una punta de lanza norteamericana para el robo del canal.

En septiembre de 1856, con ocasión de un enfrentamiento ocurrido en abril entre la población panameña y viajeros norteamericanos, los marines ocuparon Panamá.

De allí en adelante se repitieron los desembarcos, varios de ellos autorizados por el gobierno colombiano.
Los linces de las finanzas gringas vieron con preocupación la firma del convenio Salgar-Bonaparte Wyse, de 1878, que permitió a los franceses, a través de la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, iniciar trabajos. Por ello anunciaron la construcción de un canal en Nicaragua, reclamaron el derecho a ejercer un protectorado sobre el futuro canal de Panamá y sobre la compañía del ferrocarril y desataron un permanente hostigamiento diplomático contra nuestro país.

La Panama Railroad, ya en marcha los trabajos, demoró deliberadamente el transporte de materiales urgentes y saboteó de varias formas las obras. Además azuzó a la opinión pública norteamericana contra el proyecto de los franceses. Estos habían puesto al frente de la firma a Fernando Lesseps, quien había causado admiración mundial cuando en 1869 concluyó la proeza de unir los mares Mediterráneo y Rojo, por medio del Canal de Suez.

Las picaduras del Aedes aegypti, la resistencia del Cerro de La Culebra y el caudal caprichoso del río Chagres, pero sobre todo los aguijonazos del capital financiero galo y el boicot gringo, incluido el de la compañía del ferrocarril, la que tuvieron que comprar a altísimo precio los franceses, darían al traste con la empresa dirigida por Lesseps. Luego de la bancarrota, se constituyó la Compañía Nueva del Canal de Panamá, que no buscaba construir nada, sino vender los activos de la Compañía Universal y hacer leña de los centenares de miles de pequeños accionistas. En las dolosas operaciones con las que se inauguró la nueva firma fueron burlados de entrada los intereses de Colombia. El maestro de tales socaliñas fue el abogado norteamericano William Nelson Cromwell, quien armó sociedades de fachada que fueron adquiriendo a precio de baratillo las acciones de muchos franceses arruinados. Después se pudo establecer que de la compañía de Cromwell, The International Canal Co, eran socios Douglas Robinson, cuñado de Roosevelt, y Charles Taft, hermano de quien fuera secretario de Guerra de Roosevelt y luego presidente de Estados Unidos. También haría parte Bunau-Varilla. Entre ellos arramblaron con la empresa.

Una vez salieron de escena los franceses y habiendo renunciado Inglaterra a las implicaciones del Tratado Clayton-Bulwer sobre la construcción del canal, la obra quedó en manos de los estadounidenses, quienes pretendían cesión a perpetuidad, derecho a desembarcar tropas en cualquier momento y otro sinnúmero de imposiciones.

Las «negociaciones» con Washington fueron adelantadas por los ministros colombianos Carlos Martínez Silva, José Vicente Concha y Tomás Herrán. Este último firmó el 23 de enero de 1902 el Tratado Herrán-Hay, tan ominoso que el Senado de Colombia lo rechazó.

En río revuelto…
En todo el proceso, los Estados Unidos promovieron y aprovecharon calculadamente los enfrentamientos entre colombianos. Fue la Guerra de los Mil Días la que mayor incidencia tuvo en el asunto que tratamos. Es claro que sin unidad la nación no tenía posibilidad de enfrentar con éxito la amenaza que se cernía sobre ella. Pero más grave aún, adalides de las fuerzas en pugna procuraron atraerse el apoyo norteamericano, sin medir las graves implicaciones para la soberanía nacional.

Ante el avance del general Benjamín Herrera en el Istmo, el propio gobierno de Marroquín corrió a implorar, el 20 de septiembre de 1902, el desembarco de marines. Este comportamiento fue seguido también por influyentes voceros de la oposición. Así la Casa Blanca se erigió en árbitro de las luchas intestinas.

Gilberto Silva Herrera, nieto de Benjamín Herrera, afirmó que Estados Unidos le ofreció a éste diez millones de dólares y el poder vitalicio si proclamaba la independencia del Cauca y Panamá. Les interesaba tener ante sí repúblicas pequeñas e indefensas. Herrera rechazó tal propuesta.

Relata el historiador Eduardo Lemaitre que después de cercar por más de seis meses en Aguadulce a las fuerzas gubernamentales del general Salazar, Herrera tomó la plaza y capturó a más 3.600 hombres. Pero no podía marchar sobre Colón ni Panamá, ni adelantarse hasta la línea del ferrocarril. Los marines, acompañados por las fuerzas oficialistas, se lo impedían. Así Herrera se encontró en una sinsalida y el 21 de noviembre de 1902, firmó, mediante los «buenos oficios» del almirante invasor Silas Casey, el Tratado del Wisconsin, celebrado en el acorazado gringo del mismo nombre, surto en la bahía de Panamá. La Guerra de los Mil Días terminaba.

La preocupación de quienes tenían a su cargo la guarda de los intereses de la república era el dinero. Estando en juego la soberanía nacional, las instrucciones telegráficas de Marroquín al embajador colombiano en Washington eran de este tenor: «Herrán, delegación Colombia, Washington: El gobierno de Colombia confiérele plenos poderes para adelantar la negociación del canal de Panamá. Haga lo posible por obtener 10 millones de contado y 600.000 renta anual y todas las ventajas posibles de acuerdo con instrucciones anteriores. Marroquín-Paúl (11 de diciembre de 1902)».

El gobierno marroquinesco le dio un inesperado impulso a la separación cuando el 30 de agosto de 1903 nombró a José Domingo de Obaldía como gobernador de Panamá. De Obaldía, que era senador, se había manifestado repetidas veces partidario de la secesión.

El embajador norteamericano en Bogotá estaba al tanto de todo. El 31 de agosto avisó al secretario de Estado, Mr. Hay, que De Obaldía había expresado a Marroquín que en caso de levantamiento, él estaría con Panamá. A pesar de todas las advertencias, Marroquín confirmó el nombramiento.

En varias investigaciones históricas se afirma que Lorenzo Marroquín, hijo del gobernante, fue sobornado por las compañías del ferrocarril y del Canal con una suma de 40.000 dólares. En el banquete de posesión, el gobernador de Obaldía dijo: “Considero que los intereses universales reclaman la construcción de una vía marítima y que concesiones cuyo objeto sea servir a esos intereses, aun cuando impliquen algún sacrificio de soberanía, no serán juzgados indecorosos”.

En el proceso por el control del Istmo, la Panama Railroad se convirtió en el centro de operaciones de la conspiración, orquestada por Roosevelt, Mr Hay, el abogado William Nelson Cromwell y Bunau-Varilla. Cromwell, desde Nueva York, estaba al corriente de todo lo que sucedía en Bogotá. Lo sabía por el embajador Beaupré y por el director de protocolo de la cancillería colombiana, Luis Halberstedt, quien daba copia de cuanto oficio pasaba por aquel despacho al embajador norteamericano.

De lo que ocurría en el Istmo se enteraba Cromwell por la red de funcionarios del ferrocarril. Así resultaron como títeres en sus manos Manuel Amador Guerrero, médico de la compañía y primer presidente de Panamá, y José Agustín Arango, «agente especial en Panamá». Contaban, como ya se dijo, con el gobernador De Obaldía, con el alcalde de Panamá, Francisco de la Ossa, y con el comandante del ejército Esteban Huertas. Amador llegó a Nueva York el 1° de septiembre, y se entrevistó con Cromwell en las oficinas de la Panama Railroad. El desenlace de la confabulación ya había sido anunciado en un reportaje concedido por Cromwell al periódico The Worlds en el mes de julio en el cual anticipó que la revolución en el Istmo estallaría el 3 de noviembre. Esta declaración la dio al salir de una prolongada conferencia con Teodoro Roosevelt, según el historiador Oscar Terán.

Cromwell le hizo a Amador Guerrero la promesa formal de costear la celada. Luego simuló que rompía y dejó el asunto en manos de Bunau-Varilla, quien en vez de la generosa financiación ofreció prestarle a la aún no nacida República medio millón de dólares, a condición de que se le asegurara nombrarlo a él ministro plenipotenciario en Washington.

Las cosas sucedieron como la conspiración las planeó. El Nashville, con los marines, llegó a Colón el 2 de noviembre de 1903: las fuerzas enviadas desde Colombia, encabezadas por el general Tobar, fueron divididas absurdamente por él, accediendo a la imposición de la Panama Railroad de que el Estado Mayor viajara por aparte a Panamá, donde sería reducido a prisión. Mientras tanto, el grueso de la tropa se quedaba en Colón esperando ingenuamente que la ferroviaria, se decidiera a trasportarlas.

Eran muchas las personalidades y gentes panameñas opuestas a la secesión. Baste aquí mencionar a Oscar Terán, Juan B. Pérez y Soto y a Belisario Porras. Entre los jefes liberales colombianos resalta la posición de Rafael Uribe, quien ofreció un acuerdo de paz al gobierno conservador, a fin de impedir la pérdida de Panamá. Ya el 23 de marzo de 1901 advirtió que “poner su pie el gobierno americano en Panamá es lo mismo que perderlo de una vez o más tarde” y que “apoderados de Panamá, su predominio sobre todo el continente quedaría asegurado”

Fueron la amenaza de las tropas norteamericanas y la traidora actitud de Marroquín, las que decidieron la jornada. El día 3 de noviembre Huertas armó a la población, se nombró la junta provisional de gobierno y se enviaron delegados a Washington para negociar el tratado del canal. Cuando arribaron a la capital norteamericana, ya Mr Hay lo había suscrito con Bunau-Varilla. Es decir, los gringos firmaron con ellos mismos, en menos de 24 horas. El 6 de noviembre, el coloso del Norte reconoció la nueva república aun antes de que se conociera la noticia de la separación en Bogotá.

Dejemos que sea el propio separatista Esteban Huertas el que nos diga cuál vino a ser la situación del pueblo panameño: «De dueños pasamos a arrendatarios; de libres, al servilismo, y después de deshacernos de Colombia, llegamos a ser los siervos de los sajones y seremos parias en nuestra propia tierra». Hoy la hermana República de Panamá sigue invadida por miles de soldados norteamericanos, que utilizan el Istmo como base de sus operaciones intervencionistas en todo el continente.

Los acontecimientos de 1903 tendrían un largo desarrollo posterior. La cúpula gobernante colombiana impidió que la batalla por la reconquista del Istmo se librara. Las tropas expedicionarias colombianas, conformadas ante la exigencia popular, fueron abandonadas en la frontera con Panamá; su comandante, el general Daniel Ortiz, se vio desautorizado por el gobierno.

Aprender de la historia

Qué útil es rememorar los insucesos de 1903. A comienzos del siglo, los Estados Unidos eran un imperio, hoy son el imperio. Su arrogancia es mayor y sus bravatas amenazan a todos los pueblos.

Predican la supuesta obsolescencia de la soberanía y nos exigen que se la cedamos, como sucedió en Panamá, en aras de un fementido progreso universal, al que hoy llaman globalización. Procuran atomizar nuestras naciones en pequeñas repúblicas, fomentando proyectos federalistas y de descentralización, para atropellar impunemente a los pueblos divididos.

Al igual que en 1903, acechan hoy para sacar tajada de las reyertas intestinas y alardean de moralizadores del Orbe. Y, como si hubiésemos olvidado las tropelías de la Panamá Rail Road, nos imponen la entrega al capital extranjero de todos nuestros haberes pero, principalmente, de aquellos esenciales a la soberanía de un pueblo como son los trasportes, las comunicaciones, el petróleo y demás recursos energéticos y naturales.

En resumen, en el Norte hay muchos Roosevelts y Tafts, y en Colombia abundan los Marroquines; pero los colombianos, aprendiendo de la historia patria, pondremos fin a los desafueros norteamericanos.

Quiero finalizar esta intervención trayendo las palabras de Teodoro Roosevelt, en 1911, en una conferencia en la Universidad de California: «Sí, estoy interesado en el Canal de Panamá, porque yo lo empecé a construir. Si hubiera seguido los métodos convencionales y conservadores, yo hubiera sometido a la consideración del Congreso un solemne documento de Estado sobre el cual se estaría aún discutiendo; pero yo me apoderé de la zona del Canal (Y took the canal zone), y dejé que el Congreso discutiera, ya no sobre el canal, sino sobre mí, de modo que mientras la discusión avanzaba, el canal también seguía hacia adelante».

Quienes tengan ilusiones sobre la política norteamericana, allí tienen el ejemplo de cómo procede Estados Unidos, despreciando toda legalidad y toda democracia.

Agradezco a los asistentes haber escuchado mis palabras y, a la luz de los acontecimientos de 1903, invoco el deber de todo colombiano de defender la soberanía nacional contra las políticas intervencionistas de los discípulos de Teodoro Roosevelt, hoy encabezados por Clinton y su agente en Colombia, Myles Frechette.

¡Los colombianos debemos decidir nuestro destino sin intromisión externa!

Si no hay acuerdo sobre estratificación y tarifas: DESOBEDIENCIA CIVIL EN EL MAGDALENA MEDIO

Por Norman Alarcón Rodas

El 6 de noviembre, en el auditorio de la Cámara de Comercio de La Dorada, se realizó el Foro sobre Estratificación, Tarifas y Desmonte de Subsidios, convocado por el Comité Intergremial del Magdalena Medio.

Asistieron delegados de trece municipios: La Dorada, Marquetalia, Samaná, Victoria y Manzanares, del oriente caldense; Fresno, Mariquita, Lérida y Ambalema, del norte del Tolima; Puerto Salgar y Caparrapí, del occidente de Cundinamarca; Puerto Triunfo, de Antioquia, y Puerto Boyacá, y representantes de las juntas de acción comunal, comités de usuarios, Camilo Duque de Sintraelecol, Luis Eduardo Álvarez y Hernando Muñetón -alcalde y concejal de Puerto Boyacá- y representantes del gobierno.

Por unanimidad, el Foro aprobó las siguientes conclusiones:

1. Que esta política no consulta la dura realidad del país y atiende únicamente intereses foráneos.

2. Que para frenar tan lesivas medidas, se hace necesario conformar un gran frente cívico nacional que liderará las siguientes acciones: la lucha por el desmonte de la estratificación en el país; exigir un régimen tarifario que proteja a los usuarios residenciales, comerciales, industriales y agropecuarios, diferenciando entre pequeños, medianos y grandes, y que el gobierno asuma el costo del alumbrado público; defender el mantenimiento de los subsidios y rechazar la contribución que pretende imponer el gobierno a los estratos cinco y seis y a los sectores comercial e industrial; impulsar la convocatoria de un referendo nacional para derogar la Ley 142, y conformar un comité permanente por el progreso del Magdalena Medio.
Los asistentes declararon que es necesario defender el carácter estatal de las empresas de servicios y rechazar su privatización parcial o total. Acordaron también lanzar un movimiento de desobediencia civil si el gobierno no atiende las justas demandas de los 13 pueblos.