Ley de ordenamiento territorial: DIVIDIR PARA REINAR

Por Francisco Cabrera

Hace trámite en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que de ser aprobado, será el más antipatriótico de los desarrollos derivados de la Constitución de 1991, pues conducirá a la división de la República, en un momento en el que es necesario defender la más férrea unidad frente a los embates recolonizadores del inmenso poder unipolar del imperialismo yanqui. Ya el gobierno de Samper comenzó a diluir nuestras fronteras al promulgar la Ley 191 de 1995, creando en esas regiones un régimen similar al de las zonas francas, que en este caso serán compartidas con las naciones vecinas, brindando mayores ventajas al saqueo de las multinacionales.

De las desastrosas secuelas del hegemonismo norteamericano sobre la América pobre, ninguna de tan hondas repercusiones como el socavamiento de la integridad nacional. Primero, la apertura arranca al Estado nacional su razón de ser, cual es la de propiciar las condiciones más favorables para la consolidación del mercado interior, indispensable para el desarrollo de una producción industrial y agrícola propia. Y segundo, ya llevamos varios años de una sistemática labor para barrer «las fuerzas o baluartes que posean algún arraigo o entronque con la nación o con su historia «; a lo cual se suma la basura teórica sobre la obsolescencia de la soberanía. El ordenamiento territorial planteado en la Carta gavirista y cuya reglamentación se encuentra en trámite ante el Congreso «dividirá a Colombia en territorios autónomos después de 170 años de república unitaria, significó entregar desmembrado el país al águila imperial. O sea el complemento de la táctica de la Casa Blanca, que consiste, internacionalmente, en convenir por separado con cada nación latinoamericana, fraccionarlas en Emiratos Árabes sin ninguna capacidad de réplica», según lo advirtiera Francisco Mosquera en 1991.

Internacionalización y regionalización, dos caras de la misma moneda
La pregonada internacionalización corresponde al apetito de las trasnacionales, desbocado luego de la tergiversación del socialismo y la caída del socialimperialismo ruso. Estados Unidos, convertido en superpotencia hegemónica, coludido con los otros imperialismos, se lanza a la recolonización de los países pobres, a la vez que disputa con aquéllos el control de los mercados. El neoliberalismo es su doctrina, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sus instrumentos principales.

El poder de los monopolios es tal que de los 190 miembros de la ONU, sólo 24 tienen más presupuesto anual que la Exxon, y 600 corporaciones que expanden sus tentáculos por el globo representan el 20 por ciento del valor agregado mundial, agrícola e industrial.

Esta concentración sin precedentes de la riqueza mundial se ve multiplicada con las especulaciones financieras, las privatizaciones, la apertura de mercados, y los sorprendentes avances en las comunicaciones. Satélites ubicados en los espacios estratosféricos y redes de fibra óptica salvan todas las distancias. Los prodigios de la computación se colocan al servicio de los amos del capital. Por eso la centralización de las operaciones de las multinacionales cuyas instalaciones se hallan por el mundo exige atomizar a las naciones. Caen todas las barreras a la libre circulación de mercancías y capital. Mientras la propiedad de los recursos naturales, industrias y servicios de los países sojuzgados se transfiere en masa a los trusts, a los gobiernos se les impone el abandono de la soberanía, la descentralización, la autonomía regional y hasta el regreso al tribalismo. Todo lo anterior exige ajustes en la política colonialista. Ésta, en América Latina, se parece cada vez más al colonialismo de viejo cuño.

Aquello de que las trasnacionales no tienen «ni territorio, ni bandera, ni himno», como lo arguye Alvin Toffler, es una falacia. Lo demuestran las pugnas comerciales entre las potencias, cuyos Estados son los agentes políticos y militares de sus poderosas burguesías. O entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, en provecho de sus monopolios obliga a mismos japoneses y europeos, y a quien se le antoje, a abrir sus mercados en las industrias automotriz, fílmica, eléctrica o cualquiera que sea de su interés?

Al tiempo que se demuelen los pilares de la unidad nacional, se impone la división de los países en regiones. Para ello crean organizaciones como el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Ilpes, cuyo teórico de moda, el chileno Sergio Boisier, defiende el «microcosmos regional» y «la vuelta al terruño» como el necesario complemento de la internacionalización, bazofia con la que se relamen entidades como el Cider, de la Universidad de los Andes. El ámbito local es el nuevo escenario en el que los monopolios realizarán la exportación de capitales, explotarán los recursos, mercadearán sus productos y esquilmarán la mano de obra.

La región, la ciudad, la localidad, deben hacer esfuerzos para equiparse de la infraestructura de comunicaciones y servicios y preparar la fuerza de trabajo para atraer la inversión extranjera. Para lograrlo están forzadas a endeudarse y a someter al pueblo a agobiantes sobrecargas tributarias. Las zonas francas y la maquila son el mejor ejemplo de lo que nos espera.

La maquila es la forma que mejor se ajusta a los propósitos colonialistas del imperialismo. Suelen operar en las zonas francas, en donde no se aplica la ley nacional. Producen para exportar y no para el mercado interno. No pagan aranceles por la maquinaria y las materias primas importadas. Realizan procesos parciales que pueden ser suplidos fácilmente, y no procesos completos de elaboración de mercancías, articulados al resto del aparato productivo nacional. Hacen uso del trabajo a domicilio y de la subcontratación de pequeños talleres o microempresas en condiciones extremas de explotación. En las zonas francas las utilidades se remiten al país de origen de la trasnacional sin pago de impuestos.

Una ley contra la unidad nacional
En la Constitución de 1991, el artículo 1° establece la democracia participativa, la autonomía y la descentralización de los entes territoriales como principios rectores de la organización del Estado; el 287 les da derecho a gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos y establecer tributos; el 295 los autoriza para emitir títulos y bonos de deuda pública y contratar crédito externo, y el 360 deja abierta la posibilidad de que puedan disponer de los recursos naturales. La soberanía ya no reside en la nación sino en el pueblo, según el artículo 3o. El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial está encaminado a garantizar el cumplimiento de estos mandatos constitucionales y a trastocar la organización político-administrativa del país. Es, después de la apertura de mercados, el más peligroso atentado contra los ligamentos de la unidad nacional.

Lo que se propone el proyecto es culminar el proceso descentralista iniciado a comienzos de los ochentas con la misión BirdWiesner, orientado a descargar las responsabilidades de la nación en los entes territoriales, con el fin de liberar recursos del Gobierno Central destinados al pago de la deuda externa y a inversiones en infraestructura. En 1983 la Ley 14 buscó fortalecer las finanzas municipales y departamentales; la 12 de 1986 modificó la distribución del IVA a los municipios y consagró la doctrina del «esfuerzo fiscal propio»; el Acto Legislativo No. 1 del mismo año dispuso la elección popular de alcaldes; se crearon los Corpes; la Ley 59 de 1989 creó el Findeter y las leyes 29 del 89 y 10 del 90 marcaron el comienzo de la descentralización en educación y salud.

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial arguye que su finalidad es «robustecer la unidad de la República», mediante el «reconocimiento de la autonomía», la «democracia participativa» y el «pluralismo social», cuando en la práctica, todos éstos son los cuchillos para desmembrarla.

Imponen la fementida «autonomía» valiéndose de los reclamos de las regiones olvidadas, que quedan indefensas frente a la omnipotencia de los truts. Si hoy la British Petroleum, con sólo un gesto de disgusto, logra que se cambie la Constitución de Colombia, ¿qué se puede esperar para una región, ciudad o municipio?

La entelequia de la «democracia participativa» fomenta la estrechez de miras, que el pueblo se ocupe del barrio mientras se trafica con su porvenir. El imperialismo se vale hábilmente de los anhelos democráticos para alejar a las masas de los problemas claves, de los que depende su futuro y el de la nación. Se adueña de la lucha contra la corrupción y la utiliza para acabar con los partidos y fuerzas de envergadura nacional, y propone su reemplazo por movimientos cívicos, antipolíticos y localistas. Se crean así todas las condiciones para acentuar la colonización política.

En lugar de cultura nacional, cultura regional
El proyecto de ley pone énfasis en el respeto al «pluralismo», a la «diferencia» y a la «diversidad étnica y cultural». No nos oponemos al respeto que merecen las comunidades indígenas. Pero el proyecto resalta no los aspectos que posibilitan la unidad nacional, sino aquellos que la disgregan.

La ley crea las Entidades Territoriales Indígenas y entrega a éstas facultades en la gestión del medio ambiente y la atribución de contratar crédito externo y establecer tributos, dejándolas expuestas a caer de manera directa bajo el control del capital financiero internacional y como fácil instrumento de las multinacionales de la biotecnología, que ya husmean en nuestra región amazónica y en las selvas del pacífico, en donde es similar la situación en la que quedan las comunidades negras.

Boisier sostiene que sociedades con una «‘modernidad incompleta», estarían mejor equipadas para la competencia internacional» y afirma que para «generar un proyecto socialmente concertado de región » se requiere de «un proyecto cultural que genere o refuerce la identidad de la comunidad con su propio hábitat regional». En buen romance se trata de la arremetida ideológica para antagonizar las diferencias regionales y cuando el proceso haya madurado, fomentar el separatismo, a la manera de lo acaecido en Yugoslavia y en el Cáucaso. Boisier presenta como ejemplos de regiones que poseen «cultura, identidad y flexibilidad» a la provincia de Valdivia en Chile, y los departamentos de Antioquia en Colombia, Santa Cruz en Bolivia y Arequipa en Perú.

Curiosamente, lo que es válido en el ámbito regional no lo es para la nación, en cuyo caso se atacan todas las instituciones que puedan proporcionarle alguna fortaleza, empezando por calificar de jurásico el concepto de soberanía. Las diferencias regionales se ponen al servicio de la colonización ideológica.

El poder de la tecnocracia
Los vientos de la internacionalización vienen acompañados del predominio de una casta tecnocrática en los asuntos públicos. Dos buenos ejemplos de ello son el Banco de la República y Planeación, entidades cuyo inmenso poder deviene de su papel de agencias directas del Banco Mundial y el FMI. Tanto el control de la moneda como la planeación, en lugar de alentar nuestra producción la asfixian, impidiendo el progreso independiente del país.

El federalismo entroniza el poder de los tecnócratas en los entes administrativos y de planificación. El departamento aparece como una pesada carga condenada a desaparecer. La región, la provincia, el municipio y las áreas metropolitanas, dotados de «flexibilidad», son las bases del nuevo ordenamiento. En ellos los técnicos son los llamados a tornar las decisiones claves y a hacer del plan de desarrollo un instrumento de la dictadura de los monopolios. «El desarrollo de los acontecimientos en el mundo empresarial avala la proposición de considerar a las regiones corno cuasiempresas”, dice Boisier. De ahí que para gobernar no sean necesarios ya los políticos sino hombres con sentido «gerencial».

La «flexibilidad» consiste en que los municipios pueden asociarse en provincias, los departamentos en regiones y las grandes ciudades en áreas metropolitanas.

Sin fronteras
La Ley 191 o de Fronteras creó las Zonas de Integración para la planeación y la acción conjunta con los países vecinos, y las Unidades Especiales de Desarrollo destinadas a propiciar «condiciones especiales» para «el establecimiento de las actividades productivas, el intercambio de bienes y servicios, v la libre circulación de personas y vehículos».

Las actividades productivas de las que se habla quedan claras en el artículo 20: «Se promoverá la construcción de parques industriales nacionales y de exportación, y proceso de maquila».

El artículo 54 faculta al Ministerio de Comercio Exterior para «autorizar el funcionamiento de Zonas Francas Transitorias especiales». La Ley dedica un capítulo a «aspectos educativos» en el que se destaca el interés por «armonizar los programas de estudio». Tales programas estarán sujetos a la «vocación» que las multinacionales le impongan a cada zona.

Se ahondarán todas las desigualdades
Como ya viene sucediendo con la descentralización, el nuevo ordenamiento territorial traerá consigo el ahondamiento de todas las desigualdades. La tendencia es a la pauperización cada vez mayor de la sociedad. Las zonas que favorezcan las inversiones de las trasnacionales, principalmente los grandes centros urbanos, las dos costas, las regiones ricas en recursos naturales y las zonas de frontera, se dotarán de la infraestructura que aquéllas demanden, al tiempo que los municipios más pobres se hundirán en el atraso o desaparecerán, y crecerá el abismo entre la ciudad y el campo.

Cada día que pase cobrarán más vigencia estas frases de Francisco Mosquera en Omnia consuniata sunt:

«La internacionalización del capital acabará entrelazando al mundo en tal forma que la división del trabajo propia de las grandes factorías se efectuará a través de países y de continentes y no ya bajo un sólo techo. Unos producirán las partes o los componentes de los productos y otros los acabarán o ensamblarán, ahondándose las desigualdades entre la porción desarrollada del mundo y la indigente. Las contradicciones entre los bloques económicos tampoco conocerán límites; la crisis se extenderá con todos sus estragos, y la clase obrera se hará sentir en grande.

Contraria contrariis curantur. Las cosas se curan por medio de las contrarias».

Privatización del sector eléctrico: LA NACIÓN Y EL PUEBLO SUBSIDIAN A LAS TRANSNACIONALES

130 firmas estadounidenses estudian la adquisición de muchos activos energéticos y exigen al gobierno de Samper que les dé garantías de un precio usurario por el kilovatio hora y que les rebaje la carga laboral
El 16 de septiembre, mientras crecía la ira popular en las barricadas de Facatativá por las alzas tarifarias, el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, presentaba la revisión del Plan de Expansión del Sector Eléctrico. Anunció que construir los nuevos proyectos generadores de alrededor de 10 mil megavatios y ampliar la red de distribución, de aquí al 2010, correría exclusivamente a cargo del sector privado. Dos días después, el gobierno ponía en subasta cuatro importantes activos que representan 20% de la capacidad generadora de electricidad del país. Los dos fenómenos: la revuelta popular y la actitud antinacional del gobierno son los polos de una contradicción que se antagoniza día a día.

En la misma semana se conoció que 130 firmas estadounidenses estudiaban la adquisición de esos activos, para lo cual exigían al gobierno garantías de un precio usurario por el kilovatio hora y la rebaja de la carga laboral. El presidente del Instituto de las Américas, Paul Boecker, afirmó que nada podría impedir al capital extranjero invertir en un sector de tanto futuro como el eléctrico y que, frente a este interés, la crisis política colombiana era secundaria. Amoco Colombia Petroleum, Bank of America, Bechtel and Inter Gen, Calpine Corporation LLP, The Chase Manhattan Bank, Enron Development Corp., entre otras, decidieron abalanzarse sobre las hidroeléctricas de Chivor y Betania, y las térmicas de Tasajero y Cartagena, además de las de Ocoa, Yumbo y Gualanday construidas por Ecopetrol en medio del apagón de 1992.

No es de poca monta el patrimonio puesto en almoneda: Chivor, de 1.000 megavatios de capacidad, es una de las más grandes hidroeléctricas del país. Produce ganancias anuales de alrededor de 160 mil millones de pesos. El senador Gustavo Rodríguez Vargas dijo que el valor por el que se ofrece no cubre siquiera el de los terrenos sobre los que se asienta. Betania, de 500 megavatios, abastecida por el Magdalena, una envidiable fuente, tiene apenas nueve años de funcionamiento, y su vida útil es de entre 40 y 50. Negocio redondo porque el costo de operación de las hidráulicas tiende a cero, ya que se surten del más barato de los insumos energéticos.

Las térmicas de Cartagena y de Tasajero, de 203 y 150 megavatios, son de las más eficientes del sistema nacional. El gobierno las ofreció en US $ 45 millones, cuando en 1992 las estimó en más de 210 mil millones de pesos. Esta subasta, hace parte del más grande proceso privatizador que se haya iniciado en Colombia. La Bolsa de Bogotá, que cifra sus esperanzas de reactivar el mercado accionario en la feria de nuestra propiedad eléctrica, la tasa, subvaluándola, en 7 billones 320 mil millones de pesos, 10 por ciento del PIB nacional.

El tránsito del control del negocio eléctrico por el Estado, a su manejo por las trasnacionales no se realiza sólo mediante su oferta en baratía. Otro mecanismo expoliatorio es el de la inversión directa en proyectos térmicos de generación.

A Colombia, a través de la Financiera Energética Nacional, se le obliga durante la vigencia de los contratos, que es de alrededor de 20 años, a garantizar el pago de la energía contratada por las empresas públicas con los generadores privados. Así se acordó para la termoeléctrica Las Flores, la repotenciación de Termobarranquilla por Tebsa su actual propietaria, Termoemcali, Termodorada, Termopaipa y la hidroeléctrica de La Miel.

Veamos el ejemplo de Tebsa. El proyecto consiste en llevar esta planta a generar 750 megavatios, convirtiéndola en la térmica más grande del país. El contrato firmado en marzo de 1995 lo obtuvo el consorcio Corelca-Abb-Distral. La multinacional, de capital alemán, suizo y sueco, la integran a su vez Abb-Energy Ventures, AbbPower Generation y Energy Initiatives Inc. El proyecto, alimentado con gas, tiene un costo de US $ 750 millones, con financiación externa de US $ 450 millones.

La banca internacional liderada por la Unión de Bancos Suizos suspendió el negocio, hasta tanto la nación cediera a todas sus exigencias, entre otras, cambiar los términos de las garantías otorgadas por la FEN y respaldadas por la nación, sobre quién respondería si Corelca desapareciera o modificara su naturaleza jurídica.

Corelca, que comercializará la energía, tiene que pagarla al «socio» extranjero, para garantizarle su rentabilidad, a precios preestablecidos para toda la vigencia del contrato, así no obtenga ganancias en la intermediación, o no pueda vender la cantidad los subsidios, obligada a adquirir.

La nación cedió a las exigencias que montaron 1.500 millones de dólares. La Contraloría General de la República denunció la aceptación por el país de condiciones idénticas en todos los proyectos que construirá el sector privado. Aún más, se convino pagar a los cómodos inversionistas los faltantes que tuvieran las empresas públicas, por pérdidas al comercializar la energía. Senadores de la Comisión Quinta enfatizaron en que por esos compromisos Corelca tendrá pérdidas de US $ 580 millones en los primeros cinco años, e irremediablemente quebrará.

La bancarrota se hace inescapable porque la gran industria y el gran comercio, clasificados en la ley como consumidores no regulados, podrán negociar directamente con las empresas generadoras, constriñendo a las estatales a atenderlos mercados no rentables.

Hay otro agravante. Como en la época lluviosa un sistema interconectado dirigido centralizadamente usa con mayor intensidad la energía hídrica, por salir más barato el kilovatio, lo normal es que los generadores térmicos subutilicen las máquinas o incluso, las apaguen. Empero, la burocracia oficial propuso reconocer «un incentivo tarifario o un pago por esa capacidad instalada que estimule a quien tiene una planta».

En todo lo anterior, junto con el abultado servicio de la deuda externa, está el origen de las escandalosas alzas tarifas, la reestratificación y el desmonte de los subsidios

Por si algo faltara, el gobierno se comprometió a trazar a gusto de los «inversionistas» el gasoducto central y su red de troncales, ahorrándoles entre 20% y 30% del costo de transporte del gas. Sin contar con lo antieconómico de concentrar la expansión casi solo en instalaciones movidas por gas, cuando contamos con uno de los potenciales hidroeléctricos más ricos del mundo, cercano a 100 mil megavatios, y unas enormes reservas carboníferas, mineral con el que se produce 47% de la electricidad que se consume en el planeta. La Sociedad Colombiana de Ingenieros calificó este esquema de «estrategia peligrosa» de crecimiento y pidió mayor participación para las técnicas a carbón.

Ya en 1992, en el seminario «La participación privada en sector eléctrico colombiano promovido por el banco Mundial y la Agencia Internacional de Desarrollo, se ordenó, aparte de «reubicación» de trabajadores, que el gobierno debía ceñirse conseguir financiamiento de largo plazo para estos proyectos garantizar la compra por las empresas públicas, de la energía producida por los inversionistas privados, permitiéndoles atender con holgura el pago de su deuda.

Abdón Espinosa Valderrama el connotado columnista de Tiempo, resumió así el conjunto de la situación: «Las nuevas disposiciones se proponían garantizar rentabilidad de las respectivas empresas, duela donde doliere.

Ante el disparadero de la privatización, la consigna tecnocrática y neoliberal ha sido hacerlas atractivas a la inversión privada, sin detenerse a considerar la suerte de usuarios y consumidores. Revisando la estratificación, se lograría el propósito de elevar calladamente las tarifas y maximizar su rendimiento».

Queda claro que la política imperial pretende desintegrar los sectores productivos que juegan un rol determinante en la estructura unitaria de la nación. Sobra decir que el sector se concentrará en un puñado de poderosos monopolios, y se desmejorarán aceleradamente la calidad y cubrimiento del servicio para los estratos más pobres y las regiones más apartadas.

La base legal de este proceso desintegracionista y privatizador fueron las leyes 142 y 143 de 1994 que, de acuerdo con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ordenaron romper la centralización en una sola empresa de las actividades de generación, transmisión y distribución. Impusieron dividir en dos a ISA, nuestro principal activo eléctrico, y ahora una de sus partes, ISA-Generación, será aniquilada con el absurdo regalo de Chivor. Igual suerte le deparan a la Empresa de Energía de Bogotá, que convertirán en un montón de compañías de generación, distribución, lectura de contadores y alumbrado, en las cual es ésta será socia minoritaria del capital extranjero.

La electricidad ha sido coto de caza predilecto de los organismos multilaterales de crédito, los conglomerados financieros, los monopolios de la ingeniería y la construcción, de los trusts proveedores de maquinaria y equipo. Buena parte de las angustias de numerosos países pobres se deben a las imposiciones imperialistas sobre este particular. En Colombia, una cuarta parte de la deuda externa se originó en ella. Los onerosos sistemas de privatización descritos, apuntan a exprimir a las naciones para su pago. Así sucede por doquier, desde Chile hasta Pakistán, desde Méjico hasta Malasia.

Al despojo de la propiedad estatal, a la desintegración de la infraestructura nacional, a la elevación de las tarifas y la supresión de los subsidios a los productores nativos y las masas populares, para entregárselos a las trasnacionales, los colombianos debemos responder acogiéndonos a las enseñanzas del altivo pueblo facatativeño.

El modelo neoliberal, de Consuelo Ahumada: APORTE A LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA DEL PARTIDO

Consuelo Ahumada, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de los Andes, se vinculó en los setentas a la política de pies descalzos, en Córdoba y Guajira.

Acaba de obtener un Ph.d en ciencias políticas en la Universidad de Nueva York, es profesora de la Universidad Javeriana y se halla vinculada a la Escuela Nacional de Cuadros del MOIR y a Cedetrabajo.

TR. ¿Cómo se gestó el libro?
Consuelo Ahumada. El libro era inicialmente una tesis de doctorado en ciencia política para la Universidad de Nueva York, donde todo trabajo de grado es sometido a una serie de requisitos académicos bastante estrictos. Aproveché entonces la oportunidad para abordar el tema del modelo neoliberal. Primero, por estar en el centro del debate internacional que hoy se libra entre las corrientes proletarias y el imperialismo. Segundo, porque estuve interesada en él desde que llegué a Estados Unidos, recién instalado el gobierno de Gaviria. Y tercero, por las enormes posibilidades que me abrían los recursos de investigación.

El enfoque debía concentrarse en lo político, porque allá las carreras están muy aisladas las unas de las otras. Pero decidí abordar también los aspectos económicos y sociales, sin los cuales no se puede tener una visión de conjunto de lo que implica el modelo neoliberal.

TR. ¿Que tipo de dificultades debió afrontar?
Consuelo Ahumada. La primera radicaba en la necesidad de emprender una labor muy enmarcada en los debates académicos, por decenas de citas. Allá, hasta cierto punto, la investigación se orienta a que el estudiante vaya haciendo comentarios detallados sobre lo que sostienen los autores más prestigiosos de las diferentes escuelas. Para atacar el modelo me apoyé en algunos autores de la izquierda que han asumido una posición crítica frente a él, entre ellos Alex Callinicos, James Petras y Alejandro Portes. Vine a Colombia, donde consulté documentos e hice entrevistas.

TR. ¿Cuál es la tesis central del libro?
Consuelo Ahumada. Me propuse demostrar que el modelo neoliberal implica necesariamente regímenes autoritarios y, al mismo tiempo, ilustrar cómo se ha ido aplicando aquí, en comparación con algunos países de América Latina Hay una serie de constantes que se dan en todas partes, empezando por Chile, campo de experimentación de los Chicago Boys: la apertura, el papel de los tecnócratas, las privatizaciones, la descentralización, el creciente poder del capital financiero, el desconocimiento de las garantías procesales, las reformas constitucionales regresivas. Con secuelas también similares: el ahondamiento de las desigualdades sociales, la quiebra de la industria, la crisis del agro, el desempleo generalizado, la eliminación de los subsidios en los servicios públicos. Los jurados de la Universidad me aprobaron la tesis con distinción, máxima nota que ellos dan.

TR. ¿Qué cambios le hizo para publicarla en forma de libro?
Consuelo Ahumada. Cuando surgió la idea de pasarla al español y publicarla, volví a leer el valioso material teórico desarrollado por el MOI R, y sobre todo por Mosquera. Repasé también los materiales de Marcelo Torres sobre la Constitución de 1991, los de Libardo Botero, Carlos Naranjo y Jorge Robledo sobre neoliberalismo y subdesarrollo, y los de Yezid García sobre la situación del movimiento obrero. Y me apoyé igualmente en economistas como Eduardo Sarmiento, Jorge Child y Jorge Méndez Munévar, ambos recientemente fallecidos, que han mantenido una actitud crítica frente al modelo neoliberal. Para cuestionar las reformas a la justicia, recurrí a algunos de los más reconocidos constitucionalistas, como Luis Carlos Sáchica, Jaime Vidal Perdomo y Eduardo Umaña Luna.

Por fuerza había que actualizar la tesis, que apenas llegaba hasta el final del gobierno de Gaviria. Tocaba además quitarle toda esa retórica académica. Ahora, no lo quise hacer del todo, porque me interesaba llegarles a esos sectores. Se trataba, en fin, de buscar un lenguaje intermedio entre la investigación académica y la difusión.

TR. ¿Cómo analiza usted al actual gobierno?
Consuelo Ahumada. Me preocupé más que todo por esclarecer cómo Samper profundiza la política aperturista iniciada por la administración anterior, aunque insista en diferenciarse del neoliberalismo, con la argucia de lo «social». En realidad, no existen diferencias de fondo. El énfasis en lo «social» viene ya empaquetado desde el FMI, como una forma de paliar la miseria derivada del modelo. El «Pacto Social», por ejemplo, es típicamente neoliberal, con un toque de «concertación».

En la hechura del libro, un problema importante fue el de la relación entre el Ejecutivo y el Banco de la República, esencial para entender la nueva institucionalidad creada por la Carta de 1991. Inicialmente había pensado que el Emisor estaba controlado por el poder presidencial. Pero ahora parece evidente la tendencia a dejarlo como una rueda suelta, manejado por la tecnocracia y por encima del Ejecutivo, como una entidad supranacional dependiente del FMI, tal como se ha estado aprobando en casi todos los países. Por mandato constitucional, hay ya una jerarquía supranacional en la organización del Estado, lo que de por sí implica una renuncia a la soberanía.

Tercera Asamblea del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social: COMPROMISO DE COMBATE CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

Por Aldo Cadena

Para enfrentar los graves embates de la política neoliberal, aperturista y privatizadora tendientes a arrasar con lo que aún queda en pie del sistema de salud pública, sesionó del 7 al 10 de octubre, en Santa Marta, la Tercera Asamblea General del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social, Sindess.

Fueron cuatro días de análisis y debate, durante los cuales los delegados, provenientes de todas las regiones del país, eligieron su nueva junta nacional e hicieron el patriótico compromiso de defender a toda costa la salud pública.

No podía ser de otra manera. El último envión, en desarrollo de la nefasta Ley 100 de 1993, obliga a los entes territoriales a dar muerte, con la privatización, a sus propios hospitales, durante años dotados con el esfuerzo de los colombianos. El golpe de gracia se les dará bajo la engañosa figura de las Empresas Sociales del Estado, ESE, en que han sido obligados a convertirse.

Defender la salud pública, problema de soberanía
Concluyó la asamblea que el modelo imperialista es una agresión contra el pueblo y la nación colombianos, que pone término a la función social del Estado y entrega los servicios al capital financiero, al cual quedan sometidas las entidades prestadoras de salud; impide por completo el acceso de los pobres a los servicios y dificulta el de la clase media; impulsa la contratación civil de los trabajadores, despojándolos de sus conquistas; arrebata derechos adquiridos tales como cesantías, estabilidad, pensiones y asistencia médica, a la vez que atomiza las luchas sindicales, y entrega a los monopolios la infraestructura hospitalaria del Estado y su recurso humano capacitado. Así, la función del Ministerio de Salud se limita a dar impulso a la privatización.

La irresponsabilidad del Ministerio llegó a tal punto, que abandonó programas tan importantes como el de erradicación de la malaria y la tuberculosis, el de sanatorios, cancerología, vigilancia epidemiológica, estadística, red hospitalaria, así como los proyectos arquitectónicos, de capacitación y mantenimiento prestados por el desparecido Fondo Nacional Hospitalario. La situación se repite en los Servicios Seccionales de Salud, a los que se les quita incluso la posibilidad de recibir los dineros del situado fiscal, los cuales pasarán a ser manejados por las EPS privadas, que, para efectos del atraco, asumen ahora el nombre de Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS.

Encontradas posiciones sobre la Ley 100 de 1993
Hoy en día los mismos monopolios financieros se muestran descontentos con la Ley 100, porque a pesar de sus exorbitantes ganancias, consideran que ha sido laxa y no les ha permitido, entre otras cosas, la ruina del ISS, su principal competidor, que les estorba captar una afiliación masiva, la esencia del negocio.

También el gobierno, que necesita rebajar aún más las partidas que por ley le corresponde entregar a la nación.

Los entes territoriales, porque sobre ellos fue descargada toda la responsabilidad de prestar los servicios, lo que los obligará a depender por completo de la venta de los mismos.

Los padres de la criatura neoliberal, porque las medidas tardan demasiado en arrasar con lo poco que aún queda de salud pública, haciéndolos quedar mal con los mandatos del imperio.

El rechazo a la Ley 100 crece igualmente en el bando opuesto. En las comunidades, porque cada día se les imposibilita más el acceso a los servicios. Entre un buen número de organizaciones sindicales y gremiales, porque la ley recorta sus derechos. Finalmente, otros sectores de la clase obrera, entre los cuales está el Sindess que, bajo la orientación de la CGTD y Utradec señalan que, a más de lesionar las reivindicaciones económicas, las leyes 60y 100 constituyen un atentado neoliberal e imperialista contra la soberanía del país.

Organizar, educar y educarnos, tarea inaplazable
Una de las decisiones centrales de los asambleístas fue la de conformar tres escuelas de estudio para el sector de la salud, en Santa Marta, Bogotá y Cali, a partir de febrero de 1997. Su objetivo consiste en preparar cuadros de avanzada que sepan entrelazar los intereses del sector con los de las amplias masas populares.

Hemos encontrado a dirigentes cívicos y políticos, así como a diputados, concejales y ediles, con las manos en la cabeza por las dificultades que afrontan ante su impotencia para cumplirles a sus representados, pero que no saben el origen de sus males. Desenredar tamaño embrollo le corresponde en parte al Sindess. Para ello es necesario impulsar foros, por regiones y localidades, con aquellos sectores a los que les indigne la forma como el gobierno, ha decidido marchar contra los intereses de los colombianos para cumplir los mandatos recolonizadores del imperio. Debemos organizar nuestras fuerzas, educarnos y educar, entrelazar nuestra inconformidad con las querellas de la población.

La lucha que ha de librarse debe tener las características antiimperialistas que impone la defensa de la soberanía nacional.

Conflicto árabe-israelí: PALESTINA EXIGE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

Por Edgar Piñeros

La apertura al turismo del túnel arqueológico de los Hasmoneos, ordenada en septiembre por Benjamín Netanyahu, colmó la paciencia del pueblo palestino para el cual el sitio es un lugar sagrado. Esta nueva provocación revela las maquinaciones del gobierno israelí contra los acuerdos a que se había llegado a principios de la década.

Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha reclamado con vehemencia el cumplimiento de los pactos de 1991, en los cuales se estipuló la devolución de territorios ocupados por Israel.

Fueron estas negociaciones las que permitieron convenir en 1993 la autonomía de Gaza y Jericó, que se amplió más tarde al territorio de Cisjordania. También se decidió que las partes reanudarían las discusiones en mayo de 1996 para encontrar una «solución permanente» que permitiera un tratado definitivo de paz, reafirmara la soberanía de Cisjordania y Gaza y definiera el futuro político de Jerusalén, en cuya parte oriental los palestinos aspiran a establecer la capital de su Estado. Hubo avenimiento en que Israel retiraría sus tropas de la ciudad de Hebrón, en marzo de 1995.

Pero la cúpula israelí aún se obstina en impedir la formación de un Estado palestino, el objetivo histórico planteado por el presidente Yasser Arafat desde la fundación de la OLP. Por ello no admite la autonomía palestina en las relaciones exteriores y en la constitución de su ejército. Benjamín Netanyahu, elegido primer ministro en mayo pasado y rabioso opositor a los acuerdos con la OLP, se niega a retirarse de Hebrón, con el pretexto de dar seguridad a los 400 colonos judíos que habitan allí al lado de 100 mil palestinos.

Con respecto a la ciudad de Jerusalén, centro milenario de las culturas judía, cristiana y musulmana, Netanyahu reitera lo dicho por sus predecesores, valga decir, que es la «capital eterna e indivisible de Israel».

Entre tanto, sus autoridades continúan incrementando los asentamientos judíos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, donde ocupan 45% del territorio con más de 280 mil colonos. So capa de dar protección a sus ciudadanos, el gobierno de Netanyahu se reserva el derecho a ejercer autoridad en estas áreas.

Los Estados Unidos, que promovieron los acuerdos para afianzar sus reales en el mundo árabe y crear una comunidad económica en la región bajo su dominio, ven con inquietud la intransigencia de Netanyahu.

En lo que no transige la Casa Blanca es en que se discuta su prepotencia en la región. El presidente de Francia, Jacques Chirac, en su afán de abrirles paso a los intereses de la Unión Europea en Oriente Medio, visitó Palestina, Jordania e Israel en octubre.

Chirac defendió la creación de un Estado palestino que incluya la parte oriental de Jerusalén, y la devolución de los Altos de Golán a Siria, extensiones arrebatadas por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967.

Tanto Tel Aviv como Washington rechazaron abruptamente las pretensiones europeas de participar en las negociaciones de paz. Se atisba una enconada disputa por la influencia en esta parte del globo.

El conflicto árabe-israelí, herencia del colonialismo
La repartición de Oriente Medio fue acordada en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, por Rusia, Francia y Gran Bretaña, así: Siria y Líbano serían colonias de Francia; Jordania, Irak, la Península Arábiga y el Golfo Pérsico pertenecerían al sistema colonial inglés, con lo cual se posesionaba de las inmensas extensiones intermedias entre Egipto y la India, también protectorados del Reino Unido. Así lograron dividir a los pueblos árabes y sofocar su sueño de construir una sola república.

En 1917, Inglaterra, con la Declaración de Balfour, promueve «el establecimiento en Palestina de un Hogar Nacional para el pueblo judío». La Liga de las Naciones, esa alianza de las potencias imperialistas vencedoras de la Primera Guerra, ratifica en 1922 la declaración y reconoce a Gran Bretaña el «mandato» sobre Palestina, es decir, convertirla en su colonia. Israel, que también sufrió opresión y persecuciones, fue fundado como Estado por las Naciones Unidas en 1948, mientras que la patria palestina quedó sin reconocimiento.

Desde entonces, Estados Unidos, con el predominio obtenido después de la Segunda Guerra Mundial, pudo afianzar su hegemonía en la región.

Esta experiencia confirmó la ley histórica de que el reparto del mundo es el hecho fundamental de la economía imperialista, que la, jalona inevitablemente hacia la guerra entre los bandoleros del gran capital. Pero el pueblo palestino, templado en sus luchas centenarias contra los esclavistas, sabrá perseverar hasta construir la patria independiente y soberana a que tiene derecho.

MOIR LOGRA DOS PUESTOS EN EJECUTIVO DE LA CUT

Por Fabio Arias

En las elecciones por voto directo para el Comité Ejecutivo de la CUT, efectuadas entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, la lista del MOIR, encabezada por Fabio Arias de Sindesena y José Fernando Ocampo de Fecode, obtuvo más de 12.500 votos, lo que le permitirá alcanzar dos escaños de los 21 que componen dicho organismo.

Para la Junta Nacional han sido elegidos los camaradas Jesús Bernal de Sintracreditario, por Bogotá y Cundinamarca; Gilberto Bedoya de Educal, por Caldas; Luis Carlos Fuentes de Sudeb, por Bolívar; Roberto Smalbach de la USO, por Santander.

Alfonso Berrío de Adida, por Antioquia; Gerardo Rubio de Suteq, por Quindío; Stefanel Cadena de Sintracreditario, por Magdalena, y Elías Fonseca de Aducesar.

Este resultado es un significativo avance para las fuerzas sindicales y políticas que en la CUT hemos defendido la soberanía nacional contra la intervención gringa, rechazado el modelo neoliberal y su continuismo en el gobierno de Samper y condenado la firma del «Pacto Social», por ser contrario a los intereses y derechos de los trabajadores.

La alta votación se explica por lo acertado de estas tesis, que expresan la exigencia de un número cada vez mayor de trabajadores para que la CUT rectifique su política actual no firmando el tercer «Pacto Social» al cual está convocando el gobierno. El resultado no hubiera sido posible sin el empeño de muchos dirigentes y activistas del magisterio, Caja Agraria, USO, Sena y electrificadoras, que difundieron el programa patriótico y democrático y ganaron un amplio respaldo. Es de resaltar también la disciplina mostrada por el MOIR en los regionales para ayudar con su militancia en todas las tareas propias del debate electoral.

Hoy, al igual que ayer, pero con mayor presencia en el Comité Ejecutivo, ratificamos nuestro compromiso de continuar en defensa de los intereses de la clase obrera.

Reelección de Clinton: PROFUNDIZARÁ INTERVENCIONISMO

A pesar de los 700 millones de dólares gastados por los dos principales candidatos en la más costosa campaña de la historia, apenas la mitad de los estadounidenses en capacidad de votar participaron en los comicios del 5 de noviembre. Nunca antes una elección despertó tan poco entusiasmo. Al término, todo se mantuvo igual: Clinton en la presidencia y los republicanos controlando el Senado y la Cámara.

El principal ofrecimiento del candidato reelegido fue el de lograr que los Estados Unidos, en el 2002, tengan un presupuesto equilibrado. Para esto hizo énfasis en la reducción del programa de asistencia y ayuda a los mayores de 65 años, Medicare, y en los demás de seguridad social. Dole ofreció lo mismo, pero asegurando que lo haría mejor.

La trivialidad con que se trataron los temas y la carencia de rasgos definidos en los programas fue caricaturizada por una revista, que puso a Clinton y a Dole ante un espejo preguntándose: «¿Cómo puedo parecerme más a usted?».

El escritor Norman Mailer se burló de la uniformidad programática cambiando la palabra republicano por la palabra demócrata en un discurso pronunciado por Colin Powell.

La política internacional imperialista puede ser ilustrada con el escándalo destapado en las últimas semanas en torno de la financiación de la campaña. Las gigantescas trasnacionales acrecieron las tesorerías de los dos partidos buscando comprar el descomunal poder militar y político de la superpotencia para su labor de piratería en todo el planeta. A Colombia le espera un mayor intervencionismo, con el falso argumento propalado por Clinton de que somos un enemigo para su seguridad nacional, argumento que con verdadera razón esgrimimos los colombianos frente a los Estados Unidos.

Paro en la rama judicial: JUECES RECHAZAN 13% DE ALZA SALARIAL OFRECIDA POR EL GOBIERNO

El jueves 14 de noviembre, los jueces y fiscales de Colombia llevarán a cabo el segundo paro nacional de este año, para rechazar el aumento salarial de 13% ofrecido por el gobierno de Samper.

El primer movimiento se realizó el 10 de octubre, en el marco de la jornada programada por las federaciones de los trabajadores del Estado.

Frente a una inflación que, según los cálculos más optimistas, superará el 22%, el gobierno ha ofrecido un irrisorio 13% de aumento en los sueldos. Desde 1993, en el sector se han venido haciendo incrementos salariales muy por debajo del promedio estatal.

A jueces y fiscales se les adeudan 21 mil millones de pesos por concepto de cesantías parciales que aún mantienen el régimen de retroactividad. Y hasta tres años se les demora su liquidación.

¡FUERA FRECHETTE DE COLOMBIA!

En otro episodio de grosero intervencionismo, el 29 de octubre pasado el embajador Myles Frechette se declaró «insatisfecho» con el proyecto de ley de extradición que cursa en el Senado, exigió aplicar la retroactividad para ésta y notificó al Congreso que no podía cambiar ni una coma en los proyectos de ley denominados antinarcos presentados por el gobierno de Samper y defendidos a capa y espada por su ministro de Justicia, por el fiscal Valdivieso y por algunos medios de comunicación.

La agresiva actitud imperial de Frechette, que actúa abiertamente como procónsul y virrey, provocó una oleada de indignación nacional. Las comisiones primeras de Senado y Cámara levantaron la sesión en señal de protesta. El senador Jorge Santos pidió que se declare persona no grata al embajador. Las centrales obreras llamaron a la defensa de la dignidad nacional. Las asociaciones de juristas también se pronunciaron en contra. Desde luego, el fiscal y el ministro de Justicia pidieron que el embajador sea obedecido.

Aprueban CGTD y CUT: PLIEGO UNIFICADO DE LOS TRABAJADORES ESTATALES

Alza salarial de diez puntos por encima de la inflación, piden confederaciones obreras
El 8 de octubre pasado, Utradec, CGTD, Fenaltrase-CUT y otras federaciones presentaron al gobierno el pliego unificado de los trabajadores estatales, que sintetiza las demandas más apremiantes de los 800 mil asalariados de la Administración. El siguiente es el resumen del documento.

Sobre privatizaciones
El pliego exige al gobierno suspender de inmediato los programas de privatización o liquidación de entidades del Estado como Cerromatoso, Carbocol y las hidroeléctricas, como también la licitación de larga distancia nacional e internacional. No cambiar la naturaleza de las entidades públicas de salud y seguridad social. No transformar las empresas de servicios públicos domiciliarios en entes mixtos o por acciones, garantizando la prestación directa por parte del Estado. No debilitar a la Caja Agraria, el Idema, el Incora, el ICA y demás entidades de apoyo a la producción agraria.

Medidas legislativas urgentes
Tramitar ante el Congreso la ley general de hidrocarburos presentada por la USO.

Declarar sin efecto los decretos reglamentarios de la Ley 115, expedidos de manera unilateral, y convenir con Fecode los términos que garanticen la defensa de la educación pública.

Negociar con los sindicatos del ISS un presupuesto adecuado que fortalezca el instituto y mejore la calidad de sus servicios.

Respaldar el proyecto que transforma a Cajanal en Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Régimen disciplinario
El gobierno convendrá con las organizaciones sindicales un régimen disciplinario que respete las convenciones colectivas, el Estatuto Docente y la representación de sindicatos y comisiones de personal.

Estabilidad laboral
El gobierno acordará con las organizaciones sindicales un proyecto de ley de carrera administrativa que brinde garantías de ingreso y permanencia en el servicio público, estabilidad laboral y promoción adecuada.

De igual manera se procederá a declarar sin vigencia las normas contempladas en la Ley 80 de 1993, relativas a la contratación de personal bajo la modalidad de contratos civiles y administrativos.

Negociación colectiva y huelga
El gobierno se compromete a presentar un pliego de modificaciones al proyecto de ley que regula la negociación colectiva para los empleados públicos.

El gobierno se compromete a tramitar un proyecto de ley que defina la categoría de servicios públicos esenciales, con base en la definición contenida en los convenios de la OIT.

Garantía presupuestal
El gobierno retirará las propuestas que tienden a disminuir los porcentajes de transferencia para inversión social de los municipios, contempladas en el proyecto de ley 89 de 1996, y revisará con las federaciones departamentales los niveles de transferencias vigentes en la Ley 60 de 1993.

El gobierno no recortará el presupuesto del SENA ni cambiará la destinación de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar.

El gobierno retirará del proyecto de ley 89 de 1996 todos los aspectos que debiliten la función social del Estado.

Política salarial
Para los servidores públicos, el gobierno acordará con la comisión negociadora de las centrales obreras un incremento salarial de diez puntos por encima de la inflación oficializada por el DANE a 31 de diciembre de 1996.

Seguridad social
El gobierno respetará los regímenes convencionales de pensión y dará preferencia a la afiliación de todos los servicios públicos al Seguro Social.

En materia de salud, el gobierno respetará los derechos adquiridos y garantizará a todos los servidores públicos la atención integral, sin enfermedades preexistentes, períodos de carencia, topes, exclusiones y pago de cuotas moderadores o copagos.