Privatización y servicios públicos: JUGOSO NEGOCIO PARA LOS MONOPOLIOS FORÁNEOS

(Apartes de la ponencia presentada por Jorge Enrique Robledo Castillo, asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Manizales, al foro realizado en la Universidad de Caldas el 3 de octubre de 1996)

Por Jorge Enrique Robledo

Los acontecimientos de Facatativá, que conmocionaron al país, y los muchos reclamos de otras comunidades, tales como el reciente paro cívico de Chinchiná, indican que hay hechos que están exasperando a los colombianos. Cuando se conoce el calibre de las alzas en las tarifas de los servicios públicos se entienden los motivos del enorme descontento.

De acuerdo con una política nacional, lo definido por la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec, ilustra el problema de los costos de la energía: habrá aumentos hasta de 71% para el estrato seis, 86% para el cinco, 388% para el cuatro, 51% para el tres y 105% para los estratos uno y dos. Y a estos incrementos se les adicionan los que produce la nueva estratificación de los predios. Quienes pasan a los estratos cuatro, cinco y seis, donde se cobran tarifas plenas, sufren los rigores de esa nueva situación, a la cual habrá que sumarle, en el caso de los dos últimos, una sobretasa de 20% sobre el costo de la factura.

A las alzas en las tarifas de la energía se sumarán las de los demás servicios. En Manizales, el aumento de los pagos por acueducto y alcantarillado alcanzará hasta 1.636% y la recolección de basuras se encarecerá hasta el doble. Además, el país está a la espera de la considerable elevación en los cobros de las llamadas telefónicas locales.

La escalada tarifaria obedece, en parte, al endeudamiento externo. El gerente de la Empresa de Energía de Bogotá reconoció que “ni poniendo a trabajar gratis a todos los empleados”, esa electrificadora podrá salir de la crisis. Son tan altas sus acreencias con la banca nacional y extranjera, que en 1995 tuvo ingresos por 931 mil millones de pesos, pero pagó por servicio de la deuda 569 mil.

Hay otras razones para explicar un cambio tarifario de la gravedad del que está ocurriendo. La Ley 142 de 1994, promulgada según los lineamientos de la Constitución gavirista de 1991, estableció las bases para privatizar las empresas de servicios públicos. Las tarifas deben pagar el costo de producción del servicio, más el costo de la expansión de las empresas y, además –y esta es la clave del asunto-, deben generarle una rentabilidad adicional al capital invertido. Las alzas exorbitantes apuntan, entonces, a garantizar el lucro de los nuevos inversionistas. Por ello, a la larga todos los estratos tendrán que pagar tarifas plenas.

Las inconsistencias de las normas tienen que ver con la necesidad de colocar en los estratos de arriba, los que más pagan, al mayor número de usuarios. Si resultara que demasiados colombianos quedan en los estratos bajos, como corresponde a la realidad nacional, la privatización no sería posible porque el negocio se dañaría.

A pesar de que cualquier análisis permite explicar las alzas en las tarifas como un efecto de la privatización, los neoliberales se empeñan en justificar la feria del patrimonio nacional con unas cuantas falacias. Tres son sus principales argumentos: que el Estado es ineficiente por definición, que las empresas públicas son monopolios y que existe mucha corrupción en el sector oficial.

Es una afirmación falsa decir que todo lo oficial tiene que funcionar mal. Ahí están para demostrarlo la NASA, a la vanguardia de la tecnología universal, los ferrocarriles franceses y las empresas de telecomunicaciones de Alemania y Japón. Y ahí están también, como ejemplos en Colombia, Ecopetrol, Telecom, las Empresas Públicas de Medellín y la telefónica de Manizales.

Por otra parte, el propio proceso privatizador deja en ridículo el argumento de la eficiencia de los particulares. Éstos se presentan como muy eficientes, pero se niegan a tomar las empresas de servicios públicos si antes no se elevan las tarifas y se envilecen los sueldos de sus trabajadores.

Las privatizaciones les están generando a los inversionistas rentabilidades que impresionan a la opinión pública. En el primer año después de su venta, Temex, la telefónica mexicana, produjo 2.300 millones de dólares de utilidades, sobre ingresos de 5.400 millones. “‘Dios no concibe ganancias como éstas’, afirmó maravillado un asesor estadounidense de la compañía’. De ahí que no extrañe que una empresa que el Estado vendió, en 1990, por 1760 millones de dólares, aparezca cuatro años después con un precio en bolsa de 30 mil millones. Según la Contraloría General de la República de Colombia, en la privatización de los bancos del Comercio, de los Trabajadores y del Tequendama, el patrimonio público resultó menguado en 73.797 millones de pesos de 1992. En Manizales, la privatización del aseo se convirtió en “una verdadera guaca de oro” para sus compradores, según la calificara gráficamente Luis José Restrepo Restrepo (La Patria, 18 de agosto de 1996).

La privatización es una imposición del FMI y el Banco Mundial, los dos organismos que actúan como arietes de los pulpos financieros que, bajo la bandera de Estados Unidos y de las demás potencias, se apropian del fruto de los esfuerzos de las naciones débiles que se lo permiten. Claro que esas hazañas no las realizan los extranjeros solos. En cada país han contado con el respaldo de los magnates nativos; o con la colaboración de los comisionistas públicos o privados; o con la ayuda de los inversionistas locales; o con el respaldo teórico del puñado de superposgraduados en las universidades foráneas.

No se trata de oponerse a que lleguen al país capitales extranjeros. El reclamo apunta a que esas relaciones no lesionen al pueblo ni entraben el desarrollo nacional, porque además de producir los efectos empobrecedores ya anotados, conducen a que el trabajo de los colombianos no acumule riqueza en el país sino en el exterior.

El caso de la telefónica de Manizales comprueba que se busca privatizar los negocios buenos y no los malos y que ello se hace sin que medie, siquiera, alguna argumentación.

Estamos ante una empresa que no tiene problemas de deuda; que produce utilidades de miles de millones de pesos al año; que disfruta de tasas de rentabilidad que ya se las quisiera cualquier negocio lícito del país; y que pasará de ser monopolio público a privado foráneo, con lo cual la riqueza creada por el trabajo de los manizaleños desaparecerá de la ciudad.

Esperemos que el referendo propuesto para que los habitantes de Manizales decidan si debe o no venderse la telefónica, no termine saboteado por alguna leguleyada.

Los patriotas de Colombia, de todos los partidos y de todas las condiciones sociales, tenemos el deber de organizar la resistencia contra la ley 142 y contra las demás medidas que sacrifican los más caros intereses nacionales.

ESTADOS UNIDOS GOLPEA EJÉRCITOS NACIONALES PARA CREAR FUERZA COLONIAL

Por Raúl Fernández

En una conferencia dictada en junio de 1996 en Tegucigalpa. Honduras, el general Mario Hung Pacheco, jefe de las fuerzas armadas de ese país, declaró: “Estados Unidos, en su afán de convertirse en la única superpotencia mundial, está resuelto a eliminara las fuerzas armadas del continente”.

La conclusión a la que llega el general hondureño se ve corroborada por multitud de documentos oficiales y extraoficiales, bastante ilustrativos de las políticas que se están cocinando en Washington. En un estudio publicado en 1992 por Diálogo Interamericano, entidad asesora de mucho peso en los asuntos latinoamericanos, se recomienda específicamente reducir los presupuestos militares en los países al sur del Río Grande. El mismo informe sugiere la formación de fuerzas denominadas multilaterales, que podrían utilizarse para invadir países donde la “democracia” esté en peligro.

La política exterior de Estados Unidos se ha propuesto intensificar el control de su patio trasero, sin excluir la intervención directa, ya permitida por la nueva Carta de la OEA impuesta hace unos años mediante la infame Declaración de Santiago de Chile. Son dos los aspectos sustanciales que entraña esta nueva política imperial: primero, debilitar, controlar o aun eliminar por completo las fuerzas armadas en el hemisferio; y segundo, utilizar, dependiendo de las circunstancias, una fuerza multinacional –que podría funcionar como un brazo armado de la OEA-, encargada de proteger los intereses de la superpotencia en el continente.
Todavía los ejércitos nacionales de América Latina tienen como misión constitucional explícita la defensa de la soberanía en cada país, independientemente de que hayan sido o no consecuentes con ello. En la historia de Nuestra América, además de la gesta de la Guerra de Independencia, existen precedentes sobre el papel que han de desempeñar las fuerzas militares en caso de invasión. En 1867, el ejército mexicano derrotó y expulsó a las huestes imperiales de Francia que depredaban su territorio. En fecha muy reciente, miles de soldados argentinos murieron en el intento de recobrar las Islas Malvinas, territorio usurpado por Gran Bretaña.
La política estadounidinense de debilitar a los ejércitos y conformar una fuerza multilateral que responda a los intereses particulares gringos fue también uno de los temas debatidos en la Conferencia de Ministros de Defensa celebrada en Williamsburg, Virginia, el año pasado. En desarrollo de los acuerdos preliminares adoptados allí, la Cumbre de Bariloche significa un paso adelante en la agenda de trabajo delineada por Washington, que se ha propuesto dejar establecidas drásticas normas hemisféricas sobre el tamaño de las fuerzas armadas en cada país y sobre presupuesto, entrenamiento, tipo y calidad de armamento, etc.

Estados Unidos presta especial importancia a que se apruebe en todas partes el control civil sobre los estamentos armados. Uno de sus planes consiste en integrar la Conferencia de Ejércitos Americanos y otras asociaciones castrenses a la órbita de organismos civiles multilaterales tales como la OEA. En reciente discurso, el actual secretario de Defensa norteamericano, William Perry, señalaba que sería muy grave que en un país cualquiera de América Latina o de Europa del Este la crisis económica pudiese derivar en un conflicto que implantara soluciones en contravía del Nuevo Orden Mundial impuesto por las trasnacionales.

Como lo añadiría Robert Pastor, consejero del ex presidente Carter y experto en América Latina, los ejércitos nacionales deben ante todo dejar atrás el “obsoleto concepto de soberanía”. No puede permitirse que nada se atraviese en los derroteros neoliberales ya trazados por Estados Unidos.

Los dirigentes del imperio han venido poniendo en práctica estos planes. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, en el informe publicado a mediados de 1996,
• Las fuerzas armadas argentinas fueron objeto de la mayor reducción de gastos en la región y eliminaron el servicio militar;
• En Uruguay los gobiernos rebajaron los gastos de defensa de 15% a 10%;
• En Paraguay el presupuesto militar bajó de 24% a 7% en los últimos diez años.
• América Central, en su conjunto, registró drásticos recortes en los gastos militares.
• La invasión militar norteamericana acabó con los ejércitos en Panamá, en 1989, y en Haití, en 1994. Ambas han pasado a ser, junto con Costa Rica, las tres repúblicas desmilitarizadas de la región.

Lo ocurrido en Haití ilustra un tercer aspecto que cabe destacar en la nueva política. Al tiempo que’ lanza su ofensiva de desprestigio y debilitamiento contra los ejércitos, Washington viene promoviendo en cada país nuevos destacamentos de policía bajo el cuidado y supervisión del FBI. Numerosos oficiales de policía de América Latina participan actualmente en cursos y seminarios especiales que se llevan a cabo en estados Unidos.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia –una de cuyas dependencias es el FBI- brinda su espaldarazo a los fiscales y a los directores de la policía en países como México y Colombia dentro de la llamada guerra al narcotráfico, otro pretexto para su intervención abierta y descarada, que le ha permitido a Washington introducir en Latinoamérica todo tipo de efectivos militares y paramilitares, sean ellos miembros de la CIA, la DEA, el FBI, el ejército, los marines o la fuerza aérea.

Estados Unidos se halla empeñado en golpear a los ejércitos nacionales, pero cuidando al mismo tiempo de apuntalar su propia presencia militar en el hemisferio.

Haití parece ser el laboratorio en que se han puesto a prueba tales maniobras. El colosal tinglado político y diplomático armado por Washington antes de la invasión tuvo el sello de lo multilateral: embargo económico, misiones de la OEA ante los militares acaudillados por el general Cedras, campañas de propaganda orquestadas por las agencias internacionales de prensa, etc. Luego, el ejército imperial, recordado por aupar todas las dictaduras del continente, apareció de pronto fungiendo de fuerza humanitaria. Desalojó del poder a su alumno Raoul Cedras, agente de la CIA, y restauró al pío Aristide. Querían así los gringos arrojar toda la culpa de la historia de represión sangrienta sobre sus pupilos, los comandantes de los ejércitos nacionales.

Lo más significativo fue lo ocurrido poco después de la invasión: el ejército haitiano empezó a ser desmovilizado y terminó siendo disuelto. Después llegó un equipo especial del FBI, encargado de entrenar a la nueva fuerza de policía. Para colmo, cuando Aristide anunció que se sentía en peligro, desde Washington le fue enviada una compacta guardia pretoriana encargada supuestamente de custodiarlo.

John Foster Dulles, secretario de Estado en los comienzos de la guerra fría v estratega del poderoso imperio en expansión, anotaba que “hay dos formas de dominar un país: invadiéndolo militarmente o controlando su economía—. Este objetivo se mantiene vigente. Pero los recientes ardides le sugieren una variante a la Doctrina Dulles. De ahora en adelante, también intentan dominar a nuestras naciones invadiendo sus mercados y controlándolas militarmente”.

ALZAS EN LAS TARIFAS, DETONANTE DE LA IRA POPULAR

(Los días 16, 17 y 18 de septiembre, el pueblo de Facatativá puso a tambalear la engañifa oficial de la estratificación)

Por Fernando Chavéz y Vladimir Castañeda
A las diez de la mañana del primer día, cuando se avistaron las jaulas de la fuerza disponible, una mujer de unos 30 años, con seis meses de embarazo, se hizo al micrófono, miró al firmamento y con voz clara del alma, gritó: “¡Aquí estamos!”. De la barricada brotó atronadadora la respuesta: “¡Y aquí nos quedamos!”. Así era el ánimo de los facatativeños, quienes, ante las agobiantes alzas de la luz y el agua, recordaron que veinte años atrás, en la década de los setenta, derrotaron medidas similares mediante la protesta y el paro cívico.

El comité de paro, en secreto, acordó la hora cero para las 4 de la madrugada del lunes 16 de septiembre. El estallido de cientos de voladores y el ulular de las sirenas darían la señal.

Con llantas, piedras, palos y canecas, los activistas cerraron las aún desiertas vías de acceso y se lanzaron a corear las primeras consignas. El pueblo se fue sumando poco a poco a la protesta. Miles de mujeres de las floras, que ateridas de frío esperaban en las esquinas los desvencijados vehículos que las conducirían a sus sitios de trabajo, al oír las arengas de los dirigentes empezaron a expresar entre murmullos su inconformidad ante las alzas. El murmullo se convirtió en clamor; pronto ocuparon las calzadas, y la jornada, iniciada por sólo unas decenas de activistas, se tornó multitudinaria. El entusiasmo se transmitía de Cartagenita a Brasilia, de los Llanitos a Berlín, del parque principal a Santa Marta. Ya a las siete de la mañana, en cada uno de estos sitios las amas de casa repartían tinto a los manifestantes. El comercio no abrió. No hubo transporte. Grupos de agitadores recorrían las calles.

Antes del mediodía, el comité de paro exigió del gobierno nacional. Desde el Ministerio del Interior se les contestó con una negativa rotunda, sermoneando, como de costumbre, que no se dialogaría bajo presión. El alcalde pidió entonces que la gente levantara las barricadas como condición para sentarse a negociar. El emplazamiento oficial, lejos de apaciguar los ánimos, los caldeó aún más. La firmeza dio sus frutos, pues ya en la noche, el gobierno local se vio obligado a pactar el siguiente compromiso: Faca tendrá como máximo tres estratos, salvo contadas excepciones. Se deroga el decreto que eleva las tarifas del agua. Las partes convinieron un plazo de tres días para que la electrificadora de Cundinamarca echara atrás el alza, al cabo de los cuales, y de no cumplirse, el paro se reiniciaría.

Pero la población, consciente de la fortaleza del movimiento, e intuyendo que el gobierno utilizaría el plazo para quebrantar su voluntad de lucha, se opusó al acuerdo, y exigió rotundamente que el paro continuara. La reprimenda popular fue aceptada por los dirigentes, quienes se pusieron de nuevo al frente.

El gobierno, temeroso de que la protesta se extendiera a las poblaciones vecinas, que comenzaban a soliviantarse, ordenó suspender allí la entrega de facturas y reprimir en Faca el movimiento. En la mañana del martes 17, en el barrio Cartagenita, ubicado en las afueras sobre la carretera que conduce a Bogotá, la policía arremetió con tanquetas, lanzó gases lacrimógenos dentro de las viviendas y destrozó los ventanales de la escuela, el colegio y el puesto de salud. La paciencia del pueblo se agotó, y con piedras y palos hizo frente a la agresión. Todo el barrio se solidarizó. Las amas de casa colocaron en cada puerta un balde de agua y los ancianos repartían sal para contrarrestar el efecto asfixiante del gas.
Hubo varios heridos, pero la vía logró mantenerse cerrada. La comisión negociadora, que las masas decidieron ampliar con un delegado elegido en cada barricada, se reunió de nuevo con el alcalde, en presencia de monseñor Gabriel Romero, obispo de la diócesis, reclamándole al gobierno que enviara una delegación facultada para resolver el problema de las tarifas de energía. La respuesta samperista fue desplazar en helicópteros a cientos de efectivos de la Policía Militar.
A las cuatro de la tarde la tropa volvió a atacar a Cartagenita, iniciando un arduo enfrentamiento que se prolongó hasta el amanecer del miércoles. Centenares de personas que esperaban la respuesta gubernamental, enteradas de los hechos del barrio periférico, se agolparon a protestar frente a la alcaldía. Un nutrido grupo de conductores de tractomulas expresó su solidaridad con el movimiento, desplazando sus vehículos hasta el centro, para exigir inmediata solución.

El alcalde, desatento a las previsibles consecuencias, decretó el toque de queda, provocación que los pobladores respondieron arremetiendo contra el palacio municipal. Como si el aviso hubiera sido a somatén, miles de se volcaron a las calles para atacar lo que consideraban los símbolos de sus angustias: el CAI central, los bancos, un gran supermercado. Frente a la alcaldía, que terminó envuelta en llamas, cayó abatido por un proyectil Jaime Lara Vásquez, un joven y sencillo obrero de la construcción.

En Cartagenita, la beligerancia del pueblo obligó al envío de más efectivos policiales. Desde el centro, unos mil manifestantes marcharon hacia allí. Por el camino se sumaron habitantes de San Cristóbal, San Carlos, Las Mercedes, Girardot y Paraíso. La carretera fue atestada con árboles, enormes piedras, vallas publicitarias, chatarra y llantas encendidas. Este refuerzo permitió prolongar la pelea hasta la madrugada, cuando de varios camiones descargaron tropa para sofocarla. Perspicazmente, ante el peligro de enfrentarse en la oscuridad con una fuerza muy superior, la comunidad se replegó. En los otros tapones la gente se preparaba para repeler el inminente desalojo. Al amanecer del 18, en Brasilia, los uniformados intentaron agresivamente despejar la vía. Acataban la orden del ministro Serpa de reprimir el paro, tal como se procedió contra los campesinos del sur del país.

La gente respondió reforzando el bloqueo. Acudieron habitantes del resto del municipio para mantener paralizada la troncal de occidente y la pedrea se extendió. Con esporádicas interrupciones, los enfrentamientos se prolongaron a lo largo del día. En la noche, los manifestantes prendieron fuego al edificio de la Empresa de Energía.

Facatativá puso a tambalear la engañifa oficial de la estratificación. Los facatativeños de todas las clases testificaron que el pueblo no resiste más los desmanes de la apertura. Sus rostros reflejaban la ira contenida tras años de opresión, de hambre, de felonías. La entusiasta solidaridad de los colombianos demostró que nadie cree la falacia de que el descontento obedecía a la acción de agitadores aislados. La osadía y la inteligencia de las masas debe notificar a los escépticos que el túnel sí tiene una salida.

“NO SE DEBE HACER CASO A ESTADOS UNIDOS”: MANUEL JOSÉ BONNET

(Apartes de la entrevista al general Manuel José Bonnet, tomados de la revista Cambio 16, No. 147, abril 8-15 de 1996)

“P. ¿Los ejércitos latinoamericanos se convertirán en policías antinarcóticos como aventuran los Estados Unidos?

“R. No se debe hacer caso a lo que dicen los Estados Unidos, ya que este país no piensa sólo con el deseo, sino con la intención. El Ejército colombiano no tiene atribuciones jurídicas ni capacitación técnica para afrontar eficazmente el narcotráfico. Además, ya hay una Policía que lo combate. Los ejércitos latinoamericanos deben continuar con su deber de garantizar la soberanía nacional, el orden constitucional y la seguridad de la población. Y esto no permite discusión ni reducir efectivos.

“P. Pero los Estados Unidos insisten…

“R. Deberían reducir primero el suyo, que cada día es mayor. Quizá los Estados Unidos buscan reducir nuestras fuerzas militares para intervenir con más libertad en nuestros territorios”

FRENTE COMUNITARIO UNIDO EN CALI CONTRA PRIVATIZACIONES Y ESTRATIFICACIÓN

(Apartes del manifiesto publicado por el Frente Comunitario Unido de Cali).

Están frescas las imágenes de la justa lucha del pueblo de Facatativá, derivada de la estratificación socio-económica, que eleva arbitrariamente las tarifas de los servicios y el impuesto predial.

Éste es el resultado de la política de desvalijamiento impuesta por la apertura, que sumisamente Samper emula por cumplir. El FMI ha ordenado elevar tarifas antes de privatizar, aplicando la Ley 142, para garantizar a los afortunados monopolios el usufructo a perpetuidad de un negocio rentable.

En Cali, el alcalde Mauricio Guzmán ha jugado sus cartas sin encontrar oposición en el dócil Concejo. El 28 de junio de 1996, con el decreto 1052, oficializó los cambios de estratificación y con el decreto 1 188 de julio 17 de 1996 conformó su comité de bolsillo. Estas medidas allanan el camino para la transformación de Emcali y Emsirva, con el fin de entregar este patrimonio del pueblo caleño a las garras del capital privado.

Los moradores caleños hemos realizado grandes esfuerzos con el objeto de mejorar la vivienda. No obstante estos esfuerzos, los cambios de estratificación propuestos, resultado de la aplicación de arbitrarios factores como la fachada o el material con el que están construidas las viviendas, no atienden a los ingresos reales. El problema es que esta estratificación se convirtió en un dolor de cabeza para el pago de los servicios públicos.

En estas circunstancias, toda la comunidad caleña pasó a un estrato superior. En el distrito de Aguablanca, algunos barrios pasaron del estrato 1 al 2 y 3, perdiendo el 10% y el 25% del subsidio.

Como contraste, la estratificación beneficia a las empresas controladas por los grandes monopolios (Ardila Lulle, Sarmiento Angulo, Santodomingo), puesto que Bavaria, las embotelladoras de gaseosas (Postobón. Coca-Cola, Lux), quedaron ubicadas en el estrato 2, convirtiendo al resto de la población circunvecina en los nuevos ricos de Cali, pues la estratificación en la comuna No. 8 ascendió al 3o. y 4o. nivel.

Se viene propalando la idea de que Emcali y Emsirva no son eficientes. Pero los niveles actuales de los servicios hacen rentable la operación de las mismas, pues de acuerdo con los balances conocidos de Emcali, a diciembre 31 de 1995 las utilidades superan los 86 mil millones de pesos. En el semestre A de 1996, las utilidades sumaron más de 50 mil millones de pesos.

Varias comunidades hemos constituido un Frente Comunitario Unido para enfrentar las medidas del alcalde Guzmán. Sin embargo, algunos de sus sumisos concejales, asustados con la marea alta, han pretendido subirse al bus para mermar el repudio a estas medidas y desorientar a la población.

Los dirigentes elegidos popularmente que contribuyan a la política de estratificación y a la privatización de los bienes públicos fracasarán políticamente. Por el contrario, aquellos que se opongan firmemente a la entrega del patrimonio público y rechacen las políticas antipopulares en marcha serán respaldados por los caleños. La hora es de unidad. Fortalezcamos el Frente Comunitario Unido con todos los sectores democráticos de la ciudad que se opongan a los nefastos negocios del alcalde aperturista.

Conferencia de Bariloche: PLANES DE HEGEMONÍA MILITAR

La Conferencia de Bariloche, realizada entre el 7 y el 9 de octubre, avanzó otro paso sobre lo acordado en Williamsburg en 1995. Un día antes de comenzar la reunión, un vocero del Pentágono declaró que la cita de Bariloche se realizaría en el marco de los principios de Williamsburg, a saber, “la promoción de los valores democráticos”, “la subordinación de los militares a los gobiernos democráticamente constituidos”, “la cooperación en operaciones de peace-keeping o mantenimiento de paz”, “lucha contra el narcotráfico” y la “transparencia en asuntos militares”, o sea, “”que todo el mundo sepa lo que cada uno está haciendo en el plano militar”, para utilizar sus palabras textuales. Esto último se facilitaría si se hacen homogéneos los presupuestos y gastos militares.

Bariloche dio otro paso concreto: Estados Unidos propuso (o, más bien, dispuso) que se creara un Centro Interamericano sobre Defensa, con la tarea dizque de preparar a funcionarios en temas militares y fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas en resguardo de la democracia. El secretario Perry indicó que a fin de materializar el proyecto, el Centro tendrá su sede en la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos y será financiado por el gobierno de su país. Dijo Perry que el Centro “procurará preparar cuadros de civiles expertos en cuestiones de seguridad, defensa y militares. Su programa será práctico, enfocado en problemas del mundo real y en la forma de resolverlos”. Como vemos, los gringos no se esperaron un minuto para poner en práctica sus planes de control sobre los ejércitos latinoamericanos.

Por si hubiera alguna duda sobre los planes yanquis para asegurarse la hegemonía mundial, el secretario de Estado, Warren Christopher propuso en Addis Abeba, ante una reunión de la Organización de la Unidad Africana, que se formara una fuerza multilateral de seguridad -a la cual Estados Unidos apoyaría con hombres y logística- que sirviera para intervenir en los países y resolver los conflictos y mantener la paz.

Así que Estados Unidos busca lo mismo en todas partes. Sólo que en su patio trasero ya ha avanzado bastante.

PROCLAMA DE LA UNIÓN CÍVICA POR CARTAGENA

Unión Cívica por Cartagena

Cartagena, como capital, posee el mayor índice de pobreza, la más alta tasa de desnutrición infantil, un elevado nivel de desempleo, sólo el 50% de cubrimiento del alcantarillado y ningún tratamiento de aguas negras.

Ante tanta calamidad, el alcalde Paniza ha decretado una nueva estratificación que no refleja las reales condiciones de vida de ningún sector de la ciudad y, basado en argumentos de la jerga neoliberal, ha gravado inmisericordemente a los cartageneros. Por eso pedimos la derogatoria de los decretos 0642 y 0862 emitidos por ese despacho.

Rechazamos el alza adicional del 30% en el valor del m` de agua potable, más otros subterfugios en la liquidación de los rangos de consumo y del alcantarillado, que elevan las facturas al doble, haciendo cada vez más impagable el servicio.

Desde hace más de un año, ante el repudio general, Paniza tiene guardado el proyecto de acuerdo que pretende vender Telecartagena. La venta de éste y otros activos sólo acabarán postrando las finanzas del distrito y encareciendo la vida de los cartageneros y de los visitantes.

Todos sentimos cómo se señala injustamente a Colombia de nación indeseable y se la somete desde el extranjero a presiones que ponen en peligro su soberanía y que pretenden apoderarse de los principales renglones de nuestra economía. Ante esta arremetida, sólo hay dos opciones: o seguimos las voces de los que, aprovechando las dificultades y la crisis, piden una mayor sumisión y entrega a la banca mundial en detrimento de la nación, o nos levantamos decididamente a defender el patrimonio nacional, el pueblo y el territorio, su producción y sus bienes.

Hoy, cuando nos aprestamos a celebrar el 185o. aniversario de la declaración de Cartagena, que proclamó por primera vez en nuestra Patria la independencia, la Unión Cívica declara su decidido rechazo a las medidas que golpeen los intereses de los cartageneros y los exhorta a que luchemos unidos en esta gran cruzada, antes que sea tarde.

Unión Cívica por Cartagena

Teobaldo Cavadia M., coordinador, y Carlos Carrascal F., secretario.

Noviembre 4 de 1996 (Se publican apartes del comunicado)

MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

La política de asfixia presupuestal de las universidades del Estado impuesta por el Banco Mundial y el FMI y aplicada por el gobierno de Samper, viene provocando la reacción de los estudiantes, profesores, trabajadores y directivos.

El último mes ha sido de especial actividad. Todo parece indicar que se avecina un gran movimiento nacional en defensa de la universidad pública.

La falta de $60 mil millones de pesos para culminar el semestre académico ha hecho inminente la parálisis en las universidades oficiales, y motivó la convocatoria a un foro nacional que se realizó entre el 30 de septiembre y el 1° de octubre, con la participación de representantes de todos los estamentos de la comunidad universitaria del país.

El 4 de octubre partió de Tunja una marcha estudiantil de protesta de varias universidades, que arribó a Bogotá tres días después. El 10 del mismo mes, varias instituciones de educación superior se sumaron activamente al paro estatal, destacándose el cese de labores y las movilizaciones en las de Atlántico, Cesar, Guajira, Llanos, Tolima, Caldas y Valle.

El 15 de octubre el Congreso aprobó una suma de apenas $20 mil millones, con los cuales es imposible cubrir las necesidades. Ante el anuncio oficial de que no habrá más recursos, las conversaciones entre la comisión universitaria y el gobierno realizadas el 16 y 17 de octubre, no arrojaron ningún resultado. El mismo 17, la policía procedió brutalmente contra una asamblea de estudiantes de la Universidad del Valle. En respuesta fue organizada una manifestación que tuvo lugar el 23 y en la que participaron ocho mil personas.

Mientras esto sucedía, se acordó la realización de una jornada nacional de protesta para el 14 de noviembre en una reunión conjunta de la Asociación de Profesores Universitarios, Aspu, el Sindicato de trabajadores de las Universidades de Colombia, Sintraunicol, la Asamblea Nacional Estudiantil y el Concejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, Consec.

La lucha que se ha iniciado tiende a subir de temperatura. Si no hay una respuesta aceptable por parte del gobierno, se convocará un paro nacional universitario. Comienza a sentirse la presencia juvenil que tanta falta le estaba haciendo a la resistencia antimperialista del pueblo colombiano.

CHAPARRAL NO SERÁ INFERIOR A SU TRADICIÓN HISTÓRICA

El racionamiento del fluido eléctrico es en Chaparral el pan de cada día, lo cual afecta gravemente la atención hospitalaria, las actividades comerciales y las labores escolares. En enero de 1990, con presidente de la República a bordo, se inauguró el acueducto por gravedad, del que, pasados unos meses, la gente ha terminado por decir: “El acueducto, de gravedad”. La obra costó 450 millones de pesos y Chaparral sigue sin agua. La lucha por la mejora del servicio y contra los cobros injustificados estuvo encabezada por nuestro camarada Harry Fúneme, asesinado el 27 de agosto, quien organizó comités de usuarios para oponerse a la estratificación y al alza de los servicios públicos. El objetivo sigue sin solución y el pueblo chaparraluno, que no será inferior a su tradición, se apresta para nuevas y arduas batallas.

CONFERENCIAS DE ROBERTO GIRALDO EN COLOMBIA

El compañero Roberto Giraldo, magíster en medicina tropical de la Universidad de Londres y vinculado en la actualidad a la sección de Inmunología del Departamento de Microbiología del New York Hospital -Cornell Medical Center, realizó una gira de conferencias por Colombia en la primera semana de noviembre.

En Bogotá, Barranquilla, Medellín, Yopal y otras capitales, Roberto Giraldo dio a conocer el punto de vista de una importante escuela de la medicina contemporánea, la cual sostiene que “el sida no es una enfermedad infecciosa ni se transmite sexualmente”.

El tema ocupa un lugar predominante en el actual debate científico que se libra en el mundo en torno a lo que dado en llamarse “el mal del siglo XXI”.

El expositor brindó argumentos para probar que el Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, no tiene ningún papel causal en el sida y, antes por el contrario, puede ser efecto de la patogénesis del síndrome.

Explicó que el sida, una severa inmunodeficiencia adquirida, es causado por exposiciones múltiples, repetidas y crónicas a agentes estresantes inmunológicos de origen químico, físico, biológico, mental y nutricional, y cuya distribución varía dentro de los grupos que con mayor frecuencia desarrollan el sida. Dichos agentes estresantes ejercen, o bien efectos inmumotóxicos, o bien efectos inmunogénicos, o ambos a la vez, sobre las células inmunocompetentes y sobre las reacciones metabólicas del sistema inmunológico, y llevan al individuo a un déficit de las funciones inmunológicas de defensa, homeostasis y vigilancia, con la subsiguiente aparición de infecciones, neoplasias y alteraciones metabólicas.

Según Roberto Giraldo, “esta visión alternativa para la patogénesis y la historia natural del sida permite vislumbrar nuevas formas de tratamiento y prevención, las cuales tienen repercusiones positivas sobre la salud individual y colectiva”.

Dijo también que “la hipótesis alterna del sida, como síndrome tóxico-nutricional, resuelve todos los problemas que la hipótesis infecciosa-el VIH como causante del sida- no ha logrado solucionar, a pesar de las millonarias sumas invertidas en investigación”.