Categoría: Tribuna Roja N°41, Bogotá; enero de 1982

(Declaraciones del líder de Solidaridad en la región de Lodz, Sniu Kowaleski, a la Radio Nacional de España, pocos días antes de la implantación del estado de emergencia en Polonia)

En la región de Lodz contamos con medio millón de militantes en Solidaridad. Es una región fundamentalmente obrera, de trabajadores textiles y de la industria electromecánica. Es una zona con condiciones muy combativas. Allí se han acumulado muchas contradicciones, sobre todo tenemos tremendos problemas de abastecimiento, lo cual es una situación extremadamente grave para la población. Entonces, desde hace varios meses hay una tensión bastante grande, que desde luego nos obliga a actuar a veces de una manera bastante radical.

“Todo depende de la capacidad combativa de nuestro pueblo y de la correlación de fuerzas que nosotros logremos crear. Yo creo que todos los sistemas pueden reformarse. Lo que queremos precisamente es reformar este sistema desde dentro en un sentido democrático, en el sentido de asegurar al pueblo la posibilidad de expresar su voluntad en unas elecciones libres y de tomar el control sobre los aparatos gubernamentales, o sea, que la sociedad establezca el control sobre la economía, los medios de producción, las empresas. Estamos en la lucha por las elecciones libres, por la autogestión obrera de las empresas, etc. Consideramos que todo esto es posible dentro de este sistema, lo que significaría establecer un sistema socialista que asegure plenos derechos para todo el pueblo, para toda la nación y, específicamente, para el pueblo trabajador”.

“No creemos que haya algún problema en ese sentido, salvo la resistencia que los elementos conservadores en el aparato gubernamental puedan ofrecer. Si el pueblo logra cambiar a su favor la correlación de fuerzas, su relación con el aparato burocrático conservador del Estado, entonces todos estos cambios serán plenamente posibles, aunque será una lucha muy dura”.

El Frente por la Unidad del pueblo, efectuó el pasado 17 de diciembre un acto de solidaridad con el pueblo de Polonia. El evento, que se realizó en el Capitolio Nacional y al cual asistieron centenares de militantes y amigos de las organizaciones que integran el FUP, fue presidido por Consuelo de Montejo, Germán Pérez Ariza y José Zamudio, del MIL; Álvaro Bernal Segura, de Anapo Revolucionaria; y Enrique Daza, Marcelo Torres, Carlos Valverde y Avelino Niño; del MOIR.

Desde 1975, el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) se ha convertido en la fuerza principal del movimiento revolucionario en el hermano país, y a partir de entonces no ha dejado de extender su influencia entre millares de obreros, campesinos, y demás sectores democráticos de la isla caribeña, y de multiplicar sus contactos con otros partidos proletarios y con organizaciones progresistas de América Latina. Esteban Díaz Jáquez, miembro de la dirección nacional del PDT, visitó recientemente a Colombia, donde sostuvo conversaciones con el MOIR, y concedió a Tribuna Roja una entrevista que publicamos a continuación:

¿Cuál es la historia del Partido de los Trabajadores Dominicanos?

La historia de nuestro Partido, en líneas generales, es la historia de la intensa y prolongada lucha ideológica librada entre la corriente marxista-leninista y la corriente oportunista representada por el revisionismo. El castrismo y el trotskismo en nuestro país. Esta lucha se da en el marco de las titánicas batallas libradas por la clase obrera y el pueblo trabajador a lo largo de los últimos 20 años, período en el que sobresale la gloriosa Revolución de Abril de 1965, y refleja la contienda entablada por el proletariado y la burguesía, por la hegemonía sobre las masas en la presente etapa de la revolución.

Tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, en la República Dominicana se inició una poderosa oposición de carácter democrático que fue capitaneada por la burguesía liberal, organizada políticamente en el Partido Revolucionario Dominicano, liderado por Juan Bosch. También influyo enormemente el Movimiento Revolucionario “14 de junio”, agrupación representativa de la pequeña burguesía, encabezada por Manuel Aurelio Tabares Justo, el precursor de la revolución antiimperialista en la historia dominicana del presente siglo.

Sin embargo, la intervención militar norteamericana del 28 de abril de 1965, dirigida a sofocar la insurrección popular del coronel Caamaño, marcó el cambio significativo en la correlación de fuerzas y puso en bancarrota las concepciones ideológicas y políticas de la burguesía y la pequeña burguesía. Reveló, además, que esas clases y sectores de clase no pueden conducir la revolución democrático-antiimperialista de nuestro país, ni mucho menos empujarla hasta el final.

¿Qué consecuencias tuvo para ustedes la ocupación armada de los Estados Unidos?

El establecimiento del gobierno pro yanqui de Joaquín Balaguer, hijo legítimo de la intervención norteamericana, agudizó la crisis del movimiento revolucionario y originó un debate profundo y generalizado acerca de la experiencia vivida, provocando la gran división, fenómeno al que siguió un proceso de reagrupamiento sobre las bases ideológicas y políticas nuevas.

Con el nacimiento de los grupos “Voz Proletaria” y “Línea Roja del 14 de Junio”, a mediados de 1968, la corriente marxista-leninista que venía abriéndose paso en el país adquirió una cierta arma organizativa y se dedicó a la tarea de construir un auténtico partido político de la clase obrera dominicana.

Aunque en algunos aspectos tenían diferencias entre sí, las dos agrupaciones mencionadas estaban de acuerdo en que dicho partido debía guiarse por el marxismo-leninismo- pensamiento Mao Tsetung; desarrollar su actividad, fundamentalmente, en el seno del proletariado industrial y agrícola; darse una estructura celular, clandestina, centralizada, y disciplinada, capaz de operar en las más difíciles circunstancias, y apoyarse en sus propios esfuerzos; denunciar a los revisionistas de la Unión Soviética y aplicar el internacionalismo proletario de manera consecuente y sistemática, y llevar a cabo una profunda investigación de nuestra realidad social y económica para actuar con arreglo a un conocimiento científico de la situación material y espiritual de nuestro pueblo, evitando el trasplante mecánico de experiencias extranjeras y el planteamiento de políticas nacidas de la especulación idealista.

“Voz Proletaria” y “Línea Roja”, no obstante, como organizaciones provenientes de la pequeña burguesía, heredaron algunos rasgos de dogmatismo que las llevó a cometer serios errores. En 1970, por ejemplo, levantaron la consigna de “Boicot popular a la farsa electoral” en momentos en que la correlación de fuerzas no lo permitía, y al mismo tiempo aparecieron ciertas contracorrientes oportunistas principalmente de “izquierda”, que limitaron el desarrollo de los dos grupos. Ese mismo año, sin embargo, se presentó una intensa lucha ideológica en el Partido Comunista pro soviético de la República Dominicana, y a raíz de ella se retiró de las filas del revisionismo una organización denominada “Bandera Roja”, que entró a combatir al lado de los sectores marxista-leninista ya existentes en el país. Se ampliaron así las bases para que, en medio de una creciente agitación social y política, se creara en el año de 1975 el Comité Pro-fundación del Partido de los Trabajadores Dominicanos, cuyo Primer Congreso tuvo lugar algunos años después, del 11 al 21 de diciembre de 1980.

¿Cuáles son los principales puntos del programa aprobado por el Congreso?

Nuestro programa, basado en el análisis científico de la agricultura, la industria y demás áreas de la economía, así como en el estudio de la superestructura, establece, entre otras, las siguientes tesis: aunque el capitalismo es dominante en nuestra formación social, el peso específico de las relaciones de producción y de las formas de propiedad precapitalistas, sobre todo en la agricultura, sigue siendo muy significativo; el Estado desempeña un papel económico muy importante; nuestra economía se encuentra estrechamente vinculada al mercado mundial, y el imperialismo norteamericano ejerce un creciente predominio económico y político, lo que ha sumido a la nación dominicana en una situación neocolonial.

De todas las contradicciones sociales existente hoy en día entre nosotros, la principal es indudablemente la que enfrenta a los Estados Unidos con la nación dominicana, y de su solución depende que se puedan resolver las demás. El carácter de nuestra formación social, las distintas reformas y transformaciones que exigen los destacamentos que participan en la lucha, al igual que la correlación de fuerzas entre los sectores en pugna, determinan que la revolución de nuestro país, en su etapa actual, sea democrática y antiimperialista. La dirección del proletariado, la expropiación del capital monopolista extranjero y nativo y de la gran propiedad terrateniente, el control del Estado por parte de las clases populares y el avance de los obreros a nivel internacional garantizan el tránsito inevitable de la etapa democrática de la revolución a su etapa socialista.

¿En qué condiciones se halla actualmente el movimiento obrero en la República Dominicana?

Con la derrota electoral, el 16 de mayo de 1978, del gobierno de Joaquín Balaguer, la República Dominicana entró en una situación política nueva, de la que forman parte sustancial el ascenso de masas y un importante desarrollo del movimiento obrero y popular.

La organización y reorganización de numerosos sindicatos, que habían sido severamente golpeados por el régimen balaguerista, y el auge de las protestas, huelgas, marchas, denuncias y piquete han impulsado significativamente el avance de la conciencia proletaria. Sin embargo, aún son muchos los trabajadores que no están organizados, principalmente en las zonas rurales, y a esto contribuye el hecho de que en el código laboral ha sido prohibido el reconocimiento de los sindicatos agrícolas. A su turno, el movimiento obrero se encuentra fragmentado en diversas centrales: la Confederación Sindical Clasista, dirigida por los socialcristianos; la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, de orientación patronal; la Central Unitaria de Trabajadores, de factura revisionista, y la Central General de Trabajadores (CGT), en la que influyen diferentes fuerzas progresistas.

No obstante la reciente creación del Consejo Nacional de Unidad Sindical, instrumento coordinador entre la CGT, los sindicatos independientes y otras entidades populares, abre amplias perspectivas para aquellos sectores obreros que pugnan por una línea de sindicalismo clasista, democrático, unitario y combativo.

¿Qué experiencias ha tenido el PTD en la lucha contra el revisionismo y en qué estado está la izquierda dominicana en este momento?

Aunque todavía goza de bastantes prebendas y facilidades a nivel de los medios de opinión pública, la política de apoyo a la dictadura de Balaguer que adoptó y aplicó el Partido Comunista pro soviético de la república Dominicana contribuyó grandemente a aislarlo de las masas, hasta el punto de que hoy en día es una organización completamente desprestigiada y sin capacidad para movilizar al pueblo.

Sobra decir que en este proceso de decadencia que caracteriza a los títeres del Kremlin en nuestro país, el trabajo ideológico y político del PTD ha desempeñado un papel muy importante.

En la izquierda revolucionaria, por otro lado, predomina la división, pero la tendencia hacia el reagrupamiento y la unidad se acentúa a medida que se intensifica la lucha de clases y se profundiza la polémica entre dos grandes corrientes de pensamiento; la que postula la tesis de que la revolución en la presente etapa conduce directamente al socialismo, y la que sostiene el carácter nacional y democrático de la misma en las condiciones actuales. La presente coyuntura de ascenso del combate reivindicativo de los trabajadores y de inicio de la campaña electoral, está sentando las bases para que en la izquierda se produzca un considerable avance de su unidad táctica, y nuestro Partido, junto con la “Unión Patriótica”, ha formulado la necesidad de conformar un Frente Popular Antiimperialista y ha sometido a la consideración del país un proyecto de programa en ese sentido.

¿Qué piensan ustedes acerca de la situación internacional?

En términos generales consideramos que se ha agudizado la crisis del sistema capitalista, y que la disputa entre las dos superpotencias por la hegemonía mundial ha incrementado el desarrollo de los factores de guerra, correspondiendo al socialimperialismo soviético el papel más dinámico en la creación de dichos factores. El imperialismo norteamericano, pese a su agresividad actual, no ha podido detener el proceso de declive histórico en que se encuentra. El Tercer Mundo continúa siendo el escenario y el protagonista principal de la lucha por la liberación y emancipación de los pueblos. Centroamérica se ha convertido en un importantes bastión de la contienda antiimperialista a escala internacional, y la región del Caribe es cada vez más una fuente de enfrentamientos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Finalmente, ¿qué importancia y perspectivas atribuyen ustedes a los contactos que se han establecido entre diversos partidos comunistas marxista-leninistas de América Latina?

En el marco de la compleja situación mundial y dadas las dificultades por las que atraviesa el movimiento comunista internacional, nuestro Partido entiende que los agrupamientos marxista-leninistas deben impulsar el desarrollo de relaciones bilaterales, fundamentalmente, y utilizar esas relaciones como base para hacer más efectiva la unidad, la coordinación y la solidaridad de los distintos partidos marxista-leninistas entre sí y de éstos con los distintos movimientos revolucionarios.

No excluimos la realización de encuentros consultivos multilaterales; al contrario, los estimamos convenientes. Pero los mismos no deben erigirse en centros de dirección y decisión mundial o regional. La independencia, la autodecisión y el autosostenimiento constituyen banderas irrenunciables para los distintos partidos y organizaciones marxista-leninistas.

El Frente por la Unidad del Pueblo efectuó el pasado 17 de diciembre un acto de solidaridad con el pueblo de Polonia. El evento que se realizó en el Capitolio Nacional y al cual asistieron militantes y amigos de las organizaciones que integran el FUP, fue presidido por Consuelo de Montejo, Germán Pérez Ariza y José Zamudio del MIL; Álvaro Bernal Segura, de Anapo Revolucionaria, y Enrique Daza, Marcelo Torres, Carlos Valverde y Avelino Niño, del MOIR.

En respuesta a una invitación del Partido Comunista de China, una delegación del MOIR visitó la República Popular China entre el 30 de septiembre y el 24 de octubre del año pasado. La representación de nuestro Partido estuvo presidida por el camarada Oscar Parra e integrada además por los dirigentes nacionales Enrique Daza y Ricardo Camacho. La delegación estableció contactos, asimismo, con líderes de varias organizaciones marxista-leninistas y de liberación nacional de Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos. El viaje de nuestros voceros sirvió para ampliar y estrechar los lazos de amistad del MOIR con partidos y movimientos hermanos que combaten por la revolución y el socialismo.

Entrevista con Ji Peng Fei
La delegación del MOIR y el viceprimer ministro, Ji Peng Fei, quien a la vez se desempeña como jefe del Departamento de Enlace del Comité Central del Partido Comunista, se entrevistaron en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Sostuvieron una importante conversación en torno a las experiencias de la construcción socialista en China y a los principales focos de tensión en el mundo. De igual modo, nuestros compañeros se reunieron con el subjefe del Departamento de Enlace, Chang Chi Yiang.
Ambas partes coincidieron en que la característica principal de la actual situación del mundo es el peligro de una nueva conflagración general. Dentro de este contexto, el principal factor bélico lo constituye la agresividad del socialimperialismo soviético en los cinco continentes. La intervención de Moscú directamente a través de sus títeres, en Afganistán, Kampuchea, Lao, Angola, Etiopía. Polonia y otras regiones de África, el Medio Oriente y América Latina han acrecentado la posibilidad de una guerra mundial. Por ello, los contingentes revolucionarios del orbe llaman a conformar un amplio frente internacional contra el expansionismo soviético, como único medio eficaz de preservar la paz, y convergen en apoyar firmemente las luchas de liberación nacional de los pueblos y en oponerse a las políticas hegemonistas.

Los tres delegados del MOIR efectuaron un recorrido por varias regiones de China, en las que visitaron fábricas, comunas, instituciones artísticas y lugares conmemorativos de la revolución; entre estos últimos, la aldea natal de Mao Tsetung, la casa donde se efectuó el primer congreso del Partido Comunista y la Tumba de Sun Yat Sen.

Informe sobre la situación en Kampuchea
Los dirigentes del MOIR se entrevistaron con el embajador de Kampuchea Democrática en Pekín, quien envió un saludo fraternal al pueblo colombiano y agradeció la solidaridad de nuestro Partido para con el combate que libran los patriotas de su país contra el invasor vietnamita. El diplomático facilitó a nuestros compañeros el último balance militar realizado por el alto comando del Ejército Nacional Patriota y las guerrillas de Kampuchea Democrática de octubre de 1981.

He aquí algunos datos: durante la temporada de lluvias, las fuerzas de liberación dieron muerte o hirieron a más de 36.000 soldados enemigos, liberaron 275 aldeas y cortaron numerosas vías de comunicación estratégicas para los agresores. Hacia septiembre del año pasado, 1.700.000 personas habitaban ya en las zonas bajo influencia del Ejército Nacional y las guerrillas, en un área que abarca alrededor del 80% del territorio de Kampuchea. El informe destaca el hecho de que, a lo largo de 1981, las tropas vietnamitas perdieron la iniciativa de la lucha; en la actualidad se encuentran empantanadas en una prolongada guerra cuya victoria se les escapa de las manos día a día. Por último, los combatientes kampucheanos denuncian la cuantiosa ayuda brindada por Moscú a los vietnamitas, sin la cual Hanoi no estaría en condiciones de mantener 200.000 hombres peleando en territorio extranjero. Bajo la dirección del Frente Patriótico y Democrático de la Gran Unión Nacional de Kampuchea, las amplias mayorías populares continuaran desarrollando la lucha armada hasta que todos los ocupacionistas hayan sido expulsados del país.

Avanza resistencia afgana
En Paris los dirigentes del MOIR sostuvieron una entrevista con representantes del Frente de Combatiente Mudjahidines de Afganistán, quienes informaron sobre los éxitos alcanzados por éstas y otras organizaciones de patriotas en su guerra con el invasor soviético. El Frente de Combatientes, fundado en junio de 1979, está conformado por cinco grupos: La Organización por la Defensa del Islam, el Movimiento de la Revolución Islámica, la Organización de Salvación Nacional, la Organización de la Guerra Santa y la Organización por la Liberación de Afganistán (OLA).

El Frente, que se define como una entidad islámica progresista, ha venido proponiendo el criterio de que la lucha debe ser nacional y que debe agrupar a todos los afganos independientemente de su credo religioso y de su clase social.
El programa de coalición incluye los siguientes puntos: lucha armada contra el socialimperialismo soviético; eliminación del dominio ruso y de todos los imperialismos en el plano político, militar, económico y cultural, y creación de un Afganistán independiente de las superpotencias; defensa de las tradiciones del pueblo musulmán y de otras minorías religiosas; instauración de la igualdad entre las nacionalidades; política de apoyarse en sus propias fuerzas; respaldo a los movimientos islámicos progresistas de liberación nacional y a los países no alineados; relaciones de amistad y fraternidad con los Estados vecinos y con todos los países del mundo sobre la base de los principios de coexistencia pacífica.

En cuanto al estado de la resistencia contra los ocupacionistas rusos, aquella controla diversas zonas rurales de Afganistán y algunos centros urbanos. En las provincias donde son más fuertes los grupos guerrilleros se han establecido formas autónomas de gobierno popular.

Otros contactos
En el Japón se iniciaron relaciones con el Partido de los Trabajadores, a través de su secretario general, Takeshi Hayashi, y otros dirigentes de dicha organización. El Partido de los Trabajadores del Japón, fundado en septiembre de 1981 a raíz de la fusión de dos grupos marxista-leninistas, desempeñó un papel muy activo en la celebración de la Conferencia Internacional sobre Kampuchea, celebrada en Tokio el año pasado.

Los camaradas japoneses plantean la necesidad de combatir el expansionismo soviético y defender la soberanía de su nación ante el peligro creciente que para ella representan los avances de Moscú en el Extremo Oriente.

En Alemania Occidental, la delegación del MOIR sostuvo charlas con la Unión Comunista, organización marxista-leninista creada en 1973, y que en la actualidad prepara la realización de su VI Congreso. La Unión ha brindado apoyo político y económico a los patriotas de Afganistán y Kampuchea, así como a la joven república de Zimbabwe. De igual modo, participó en la manifestación que se llevó a cabo en noviembre contra la visita de Brezhnev a Alemania Federal.

En la ciudad de Colonia, nuestros compañeros se reunieron con miembros del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Colombia, a cuya cabeza se encuentra Ana Dal Moulin. El Comité ha venido difundiendo noticias sobre las luchas que libran las masas colombianas contra el imperialismo yanqui y sus testaferros, y promueve la solidaridad para con la causa revolucionaria por la que combatimos.

En los Estados Unidos, Oscar Parra, enrique Daza y Ricardo Camacho conversaron con miembros de la dirección del Partido Comunista Marxista-Leninista de dicho país acerca de la problemática internacional y la política de los revolucionarios norteamericanos. En la presente etapa, los camaradas del Partido Comunista Revolucionario Marxista-Leninista de Francia, el cual se desempeña en denunciar las actividades imperialistas del régimen de su país, encubiertas bajo la máscara demagógica de Mitterrand.

De igual modo, se estrecharon los vínculos de amistad con el Partido Comunista Marxista-Leninista de Argentina, que trabaja por reconstruir su estructura orgánica, luego de la embestida que viene soportando desde hace algunos años por parte de la tiranía militar. El Partido hermano ha conquistado notables éxitos en su difícil tarea. Los camaradas argentinos, a la vez que luchan contra la dictadura, enfilan sus baterías contra las dos superpotencias, que procuran ganar posiciones en el país austral.

Por último, los representantes de nuestro partido efectuaron reuniones con destacados patriotas y revolucionarios uruguayos y haitianos.

En los últimos años el MOIR ha venido ahondando sus vínculos de amistad no sólo con el Partido Comunista de China sino con un buen número de vanguardias obreras de todos los Continentes.

Tales relaciones obedecen a los postulados internacionalistas de nuestro Partido y se tornan en una necesidad política ante las condiciones actuales del mundo, caracterizadas por la traición de los revisionistas contemporáneos y por la ofensiva militar estratégica del socialimperialismo soviético, en su delirio de apropiarse del Planeta y subyugar a los pueblos. Especial mención merecen los acercamientos con los combatientes latinoamericanos que, además de enarbolar las banderas independentistas frente al viejo yugo yanqui, previenen a las masas sobre las alevosas y criminales acechanzas de los zares de la era del socialismo. Habremos de aprender de las valiosas experiencias de otros países y confrontarlas con las nuestras, derrotando las hipócritas tendencias que llaman a encasillar la revolución en un burdo nacionalismo parroquial que a la hora de nona les carga ladrillo a los colonialistas extranjeros de la otra denominación. La emancipación de Colombia depende en gran medida del rumbo de los acontecimientos mundiales. Si los agresores soviéticos se salen con la suya y las repúblicas esclavizadas no logran la victoria, nuestra causa se verá seriamente comprometida. Unámonos pues los partidos hermanos y los revolucionarios que en cualquier lugar del globo contiendan por la democracia, el socialismo y para hacer de la autodeterminación de las naciones la base fundamental de la armonía y la paz internacionales.

Los grupos y personas abajo firmantes, seriamente alarmados por el rumbo de los recientes sucesos de Polonia, creemos nuestro deber formular la siguiente Declaración:

El grueso de los obreros polacos emprendió desde hace un año y medio su organización independiente del control gubernamental – el Sindicato Solidaridad -, destinada a exigir los derechos reivindicativos y políticos de sus afiliados. Siguiendo su ejemplo, otros sectores del pueblo, como los campesinos, maestros y estudiantes, construyeron sendos gremios con la misma finalidad.

Desde un comienzo, la mayoría de la dirección del partido dominante y del gobierno de aquel país miró con singular desafecto el alarde autonomista de los recién surgidos sindicatos e intentó estigmatizarlos y destruirlos. Si al fin de cuentas se vio obligada a negociar con ellos, no fue sino por la evidencia abrumadora del respaldo masivo de que gozan.

Dos factores que no constituyen un secreto para nadie sirven de trasfondo al auge de las reclamaciones obreras: el primero, que Polonia forma parte de la órbita de la Unión Soviética, cuyas prácticas y prédicas acerca de la “soberanía limitada” de los otros miembros de la “comunidad socialista”, socavan la entidad misma de Polonia como nación. El segundo, que la actual crisis económica que sacude a las amplias capas sociales del país, es la mayor desde el final de la II Guerra Mundial, después de haber sido Polonia ocupada por el nazismo.

En estas condiciones, los requerimientos de los trabajadores no podían sino desembocar en el clamor unánime por la independencia y soberanía nacionales y por la democracia, como metas sin cuyo advenimiento no se podrán conquistar los demás derechos ni el bienestar de Polonia. Esto le bastó al Kremlin para calificar el movimiento con los peores epítetos y exigir reiteradamente a los perplejos mandatarios polacos la toma de medidas, del corte que fueran, para aplacar las demandas populares. Pero la Unión Soviética no hace mucho realizó maniobras militares e intimidación en la frontera polaca que revivieron el espectro de la Checoslovaquia de 1968 y del Afganistán de 1979.

Debido a que los corajudos sindicatos, despreciando el chantaje de la invasión soviética, no rebajaron el tenor de sus peticiones de pan, libertad y democracia, el grupo dirigente polaco, después de efectuar los cambios internos pertinentes, decidió decretar, el sábado 12 de diciembre, el “estado de guerra” en todo el país y dictar disposiciones draconianas que contemplan desde la suspensión de toda garantía ciudadana, hasta el fusilamiento de quienes se atrevan a entrar en paro.

Acto seguido, y en medio de un clima de terror propiciado por la militarización entera del Estado, procedió a detener a miles de personas, sin que hasta el momento se sepa del paradero y la suerte de los máximos dirigentes de Solidaridad. A juzgar por las últimas informaciones de prensa que, como es de suponer, se hallan casi totalmente controladas por las agencias oficiales de Moscú y Varsovia, los trabajadores resisten fieramente la andanada con los precarios medios a su alcance, o corren el peligro de la intervención armada directa de la Unión Soviética, que conserva de vieja data dos de sus divisiones estacionadas en suelo polaco.

Tal situación ha despertado una severa repulsa mundial, a la que sumamos nuestra voz de colombianos convencidos de que el respeto a la autodeterminación e independencia de las naciones es norma básica de las relaciones internacionales y de la paz mundial. De antemano rechazamos la intromisión soviética y expresamos nuestro apoyo al pueblo polaco para que resuelva sus problemas y moldee su destino sin injerencias extranjeras.

Decenas de víctimas en barrios de Manizales

El pasado 7 de enero, a la una de la mañana, los humildes moradores del Barrio San Fernando Bajo, en Manizales, se despertaron con una sensación de que el terremoto hacía desaparecer el suelo. Los que lograron salir de sus precarios ranchos vieron, impotentes, cómo éstos se deshacían y las guaduas, cartones, tablas y latas con los que estaban hechos, se precipitaban por la empinada pendiente del que otrora fuera un botadero de basura, y que desde finales de 1980 la administración municipal había convertido en “barrio de asentamiento espontáneo”. Pero no todos sobrevivieron, 26 miembros de las familias Raigosa, Gallego, Alzate, Poveda y Moreno murieron en el deslizamiento.

Electorerismo criminal
La caída de los barrios periféricos de Manizales no es un fenómeno nuevo; desde por lo menos hace 20 años ocurren tragedias similares. Incluso el mismo día en que rodó el San Fernando Bajo, hubo varios muertos en el Camilo Torres, por idéntica causa. Y en marzo del año pasado, 1.800 personas fueron alojadas en improvisados e insalubres albergues después de haber perdido sus viviendas en los barrios Galán, Fátima, Estrada, Nevado, San Fernando y otros, todos ellos promovidos por politiqueros de los más diversos pelambres, quienes, al fomentar los tugurios, comprometen a sus habitantes ara las elecciones.

Dieciocho años atrás hubo un deslizamiento en el barrio Sierra Morena, en el cual perecieron decenas de personas cuyos cadáveres quedaron entre el barro y los escombros; el lugar fue declarado entonces camposanto. Sin embargo, hoy se levanta allí mismo el barrio Luis Guillermo Giraldo Hurtado, nombre de un manzanillo liberal, actualmente senador de la República. Existe otro que se llama como la secretaria de este mismo político, Pilar Vallejo de Hoyos. Y hay uno más que fue bautizado en honor del ahora gobernador de Caldas, Carlos Fernando Giraldo Ángel. Fue este personaje quien, cuando ocupaba la Alcaldía de Manizales, adjudicó los lotes del desaparecido San Fernando Bajo, a través de un teniente suyo. Y tuvo la desfachatez de dar la vuelta al ruedo cuando se llevó a cabo, dos días después del desastre, una corrida de toros en beneficio de los damnificados.

La criminal práctica electorera, sin embargo, no es exclusiva de la rosca lópezturbayista. El Partido Comunista, por ejemplo, también ha traficado con el establecimiento de viviendas en dos deslizaderos llamados Estambul y La Baja Suiza, así como en parte del barrio Galán.

Advertencias desoídas
Desde varios meses atrás, repetidas voces de la ciudadanía alertaron sobre el inminente peligro que amenaza a las gentes que han sido ubicadas en tales despeñaderos. Con todo, el Ejecutivo departamental declaró que se le estaba criticando injustamente, en primer lugar porque su administración no fomentaba invasiones, dado que era “celosa defensora de la propiedad privada” y, en segunda instancia, porque resuelve “situaciones desesperadas sin que se altere la tradicional tranquilidad que ha vivido nuestra ciudad”.

No obstante, este atentado contra la vida del pueblo manizalita cuenta con respaldo institucional. Tanto la Caja de Vivienda Popular como el Inscredial, legalizan las adjudicaciones de los lotes, por los cuales la gente tiene que pagar no sólo las cuotas mensuales que le son fijadas, sino también $100 mensuales por concepto de “servicios” que en ningún caso se les brinda. La oligarquía, pues, acorrala al pueblo al cual ha condenado a la miseria, enajena los votos de sus víctimas, usa y abusa del poder oficial y, una vez ocurre la tragedia, posa de benefactora organizando recolectas en pro de los damnificados, para volver a venderles lotes en las laderas mortales.

Después de haber agitado durante cuatro años consecutivos la consigna del “segundo paro cívico nacional”, el Partido Comunista y sus correveidiles en el movimiento obrero terminaron realizando una comedia, a marchas forzadas, el pasado 21 de octubre.

Por abrumadora mayoría los asalariados de las principales ciudades del país se negaron a escuchar los cantos de sirena del revisionismo y asistieron a sus puestos de trabajo al igual que todos días. Aunque se presentaron esporádicos problemas de transporte en ciertos sitios, las fábricas funcionaron sin mayores traumatismos y lo mismo sucedió con los colegios y universidades, con el comercio y con las oficinas públicas.

Las centrales patronales UTC, CTC y CGT acabaron por plegarse todas a la posición del gobierno, como era de esperarse, y la casi totalidad de los sindicatos afiliados a la CSTC se abstuvo de tomar parte en la aventura, como también estaba previsto. En algunos barrios periféricos de Medellín y Barraquilla se dieron peleas y disturbios aislados, sin conexión entre sí, en los que murieron una niña y un estudiante, incidentes que el Comité Coordinador del paro calificó de “hechos en ningún caso propiciados por quienes participaron en la protesta”, según aviso publicado en El Espectador del 31 de octubre.
Con excepción de la franja mamerta y pro-mamerta, que salió a decir por la prensa: ¡“Le cumplimos al pueblo”!, para todo mundo fue evidente que las masas populares voltearon la espalda a las consignas, a las proclamas y a los “héroes” de la jornada, a quienes habían visto una semana antes, durante una “reunión cumbre” en el Palacio de Nariño, ofreciendo su respaldo al “sistema jurídico-político y a las instituciones que lo sustentan”.

Parodia en tres actos
La versión anual número 4 del segundo paro cívico nacional, comenzó a gestarse a principios de 1981, durante un encuentro de dirigentes obreros de Zipaquirá, pero sólo vino a tomar cuerpo varios meses después, los días 28, 29 y 30 de agosto, cuando se reunió en Bogotá el denominado Primer Foro Nacional Sindical. Este acto fue convocado por la CTC, la CSTC y dos organismos de bolsillo (el CNSU y CNSP), patrocinados por el Partido Comunista para dividir las fuerzas del sindicalismo independiente y embaucar a sus sectores más vacilantes y arribistas, y en sus sesiones finales se cocinó un documento que llamaba a realizar el paro en la segunda semana de octubre.

Los objetivos del movimiento aprobados por el Foro se limitaron a repetir la vieja cantinela conciliadora que poco convence y conmueve ya a los trabajadores. Los reformistas le proponen al gobierno la paz política y el entendimiento social a cambio de que éste levante el estado de sitio y derogue el Estatuto de Seguridad impuestos por el régimen para mantener el control dentro de la creciente crisis del país; pero los derechos democráticos sólo los podrá obtener el pueblo colombiano en una dura y prolongada batalla, y su conquista ha de ser base para agudizar el aislamiento de la minoría explotadora y no para devolverle la tranquilidad perdida. En editoriales y pomposos llamamientos públicos, la alta jerarquía del revisionismo criollo ha venido pidiendo la comprensión de los mandatarios de turno para pactar la concordia entre el oficialismo y la oposición, Ramón Márquez Iguarán, de la CTC, y Pastor Pérez, máximo vocero de la CSTC, declararon poco después del Foro Nacional Sindical que querían “hacerle un llamado al gobierno y colaborar con él en la búsqueda de soluciones concretas y, en momento alguno, incitar a la caída y al rompimiento de las instituciones”. El esquirol que lleva las riendas de la CTC, Manuel Felipe Hurtado, durante un homenaje ofrecido por la Confederación Colombiana de Consumidores al Presidente de la República, manifestó que este podía contar con él como “uno de sus mejores amigos aliados en la lucha por preservar el orden y la democracia”. Finalmente, el enlace de la trama tuvo lugar en una “cumbre de concertación” el 10 de octubre de 1981, algunos días antes del paro, cuando los organizadores del mismo, al lado de los gremios económicos, la banca y las otras dos centrales patronales, otorgaron su respaldo a las maniobras publicitarias del Ejecutivo y, de paso, al “sistema jurídico-político” que las sustenta.

Embelesados con las promesas de paz, diálogo y mejoramiento social emanadas de la “cumbre”, los cabecillas de la CTC arriaron las banderas de falsa rebeldía con que habían tratado de engañar a los trabajadores, al tiempo que la CSTC, con el apoyo de sus pupilos de vieja y nueva data, se vio obligada a continuar la farsa hasta la escena final. El paro evidenció, entre otras cosas, la bancarrota del Consejo Nacional Sindical y su política de entrega y de conciliación; la práctica demostró fehacientemente que no existían condiciones favorables para realizarlo, y sus miras estuvieron lejos de interpretar los intereses, los anhelos y requerimientos de la clase obrera.

Epílogo de la comedia
Desde el inicio de 1981, los destacamentos más avanzados del sindicalismo independiente señalaron que tras los aspavientos del paro se agazapaba la traición, y sus representantes en las juntas directivas de los sindicatos denunciaron el oportunismo de quienes sólo pretenden aprovecharse de las aspiraciones unitarias del proletariado con el objeto de ponerlo en manos de sus enemigos. En repetidas ocasiones sostuvieron públicamente que la correlación de fuerzas, el reflujo temporal en que se encuentran las masas, la división del movimiento obrero y otros factores adversos no permitían adelantar una lucha de envergadura nacional con probabilidades de éxito y por haber tenido la entereza de manifestar estos criterios, corroborados después por los hechos, numerosos compañeros fueron combatidos en las asambleas y al MOIR se le acusó con los más diversos epítetos calumniosos.

Sin embargo, si por algún motivo van a pasar a la historia los sucesos del 21 de octubre, ciertamente será porque los promotores de la jornada que tanto posaron de radicales ni siquiera supieron ser consecuentes con sus propias consignas y resoluciones. En Bogotá no hubo paro en ninguno de los sindicatos afiliados a la CSTC, y en el único frente donde se suspendieron parcialmente las actividades – el magisterio -, no pocos profesores del Partido Comunista madrugaron a dictar sus clases “imbuidos del más encomiable espíritu cívico”, como se comprobó en el caso de la Universidad Distrital y de muchos otros planteles educativos. En Medellín dejó de participar en la aventura la gran mayoría de las organizaciones gremiales pertenecientes a la CSTC, y en Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Cali y Cartagena no se presentaron ceses laborales en ninguna fábrica.

Vale la pena destacar el ejemplo de la Unión Sindical Obrera (USO), en Barrancabermeja, donde el revisionismo se valió de toda suerte de trapacerías antidemocráticas para lograr que una atemorizada y sorprendida asamblea aprobara el paro llegando hasta el extremo de falsificar un boletín de la empresa (“Temas y Noticias”), en el que se daba a entender que los patronos no tomarían represalias contra quienes secundaran ese salto al vacío. El resultado fue que el 21 de octubre, entraron a laborar más de tres cuartas partes de los obreros, encabezados, claro está, por los dirigentes sindicales del Partido Comunista. Al día siguiente Ecopetrol despidió a 11 trabajadores; 550 fueron sancionados, y 700 llamados a descargos.

La táctica mamerta, por otro lado, consistió en comprometer a gemelas tendencias del oportunismo para que éstas “hicieran el gasto y luego pagaran los platos rotos”, como lo expresó gráficamente una chapola de los petroleros de Barranca. Los despidos se concentraron fundamentalmente en Fecode, Fenaltrase y otras agremiaciones no afiliadas a ninguna de las centrales existentes. Había tan pocas condiciones para realizar el movimiento que en Cali se conocieron casos de funcionarios de la CSTC que, con el objeto de evitar sanciones, sacaron permisos para el día del paro, y en Bogotá se llegó hasta el punto que el sector mayoritario de la Junta Directiva del Sindicato del Banco Popular, después de haberle hecho esforzada propaganda al cese en numerosos boletines y reuniones, dejó una constancia ante la empresa, el mismo 21 de octubre, en la que afirma muy astutamente que “no ha dado a conocer a los trabajadores ni ha firmado comunicado alguno en donde se apoye el impulso y la realización del mencionado paro”.

En resumen, y según declaración del propio Comité Coordinador del evento, publicada por la prensa el primero de noviembre de 1981, “el segundo paro cívico nacional tuvo un carácter más cívico que laboral”. ¡Valiente lógica! Semejante confesión de boca significa que en un país como Colombia, en donde la desocupación abierta y disfrazada afecta a millones de personas, el 21 dejaron de asistir al trabajo sólo los que no tienen empleo.

El paro, pues, por su dirección, sus objetivos y las circunstancias en que pretendió llevarlo a cabo, no fue más que un simple simulacro. El proletariado, no obstante, sabrá extraer de él las enseñanzas pertinentes, y una de ellas será la que el MOIR, en noviembre de 1981, expuso en Tribuna Roja: “Que los futuros sepultureros del sistema oligárquico descubran la importancia de guiarse sin claudicaciones por una estrategia revolucionaria, y la conveniencia de aplicar una táctica flexible que les permita avanzar en el zigzagueante sendero de la lucha”.

De las tantas confrontaciones obrero-patronales que estallaron el pasado año, la de más resonancia fue quizá la de Ferrocarriles Nacionales, donde once mil trabajadores recurrieron al paro siete veces para exigir la solución de un pliego y demandar la oportuna cancelación de los sueldos.

Casi todos los movimientos huelguísticos de importancia superaron los cien días de duración. Así ocurrió en la Flota Mercante Grancolombiana, Satexco, Eternit, Navenal, Unial y Astilleros Magdalena. De otra parte, en Sofasa-Renault, 2.587 obreros mantuvieron cerradas durante 25 días las plantas de Medellín, Duitama y Bogotá. En los últimos tres meses del año la empresa despidió en represalia a más de 300 operarios. Hay que hacer resaltar igualmente la combatividad de los 14 mil bancarios agremiados en ACEB, y las huelgas en Hilanderías del Fonce e Industrias Volmo.

La batalla reivindicativa en la Flota Mercante Grancolombiana comenzó el 5 de julio, cuando 600 tripulantes paralizaron en puertos extranjeros 18 buques. El 24 de julio, el Ministerio de Trabajo declaró el movimiento ilegal y autorizó despidos masivos para imponer el tribunal de arbitramento. Según Eduardo Vanegas, presidente de la Unión de Marinos Mercantes, Unimar, ha sido ésta una de las más prolongadas huelgas en los anales de la marina comercial en todo el mundo. Vanegas denunció a las centrales obreras colombianas por su falta de solidaridad y criticó asimismo la actitud que adoptaron los sindicatos norteamericanos, cuya plana mayor se negó a dar respaldo a los tripulantes en los puertos de San Francisco, Nueva York, Filadelfia y Baltimore.

En el sector oficial suspendieron labores repetidas veces los 150 mil maestros, los 12 mil portuarios y los 3 mil médicos internos y residentes agrupados en ANIR, mientras que en febrero lo hicieron los obreros de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, con el objeto de presionar un arreglo convencional.

Quiebras y despidos
Las quiebras y la recesión industriales afectaron a decenas de miles de asalariados. Los despidos colectivos se incrementaron, sobre todo en el sector textil de Medellín, y muchos operarios se vieron enfrentados al cierre intempestivo de las empresas, como en el caso de Textiles Jear en el Atlántico. En Marisol, de Barranquilla, el Instituto Bioquímico y Muebles Clavijo, de Bogotá, los sindicatos optaron por tomarse las instalaciones. Celanese, con plantas en Yumbo, Medellín, Barranquilla y Bogotá, pidió a su vez al Ministerio del Trabajo, el 2 de diciembre, permiso para destituir a todo el personal.

El cultivo de algodón es uno de los más importantes de la economía nacional. Llegó a cerca de 480.000 toneladas de algodón–semilla y generó divisas por 113 millones de dólares en su mejor cosecha. Y si aceptamos que el cultivo requiere en promedio la dedicación de un hombre por hectárea, encontramos que en el año de 1977 el algodón dio empleo directo a cuatro centenares de miles de personas, además de incidir sobre distintas, actividades como las de agroquímicos, maquinaria, mecánica, transporte, empresas de aviación, sector financiero, comercio, empleos institucionales, etc. A su vez la industria algodonera ha cubierto, desde 1960, prácticamente todos los requerimientos de las ramas textil y de grasas y aceites, con producciones de fibra y semilla hasta por un valor de 12.079 millones de pesos en un año, cifra nada despreciable para nuestra débil economía nacional.

Regiones importantes del país vivieron el impacto del desarrollo de este cultivo que convirtió a Colombia, desde hace 20 años, de importadora en exportadora de algodón. Poblaciones y zonas como Becerril, Codazzi, Bosconia y Casacará, en el Cesar; San Juan, Villa Nueva y Fonseca, en la Guajira; Cereté y San Pedro, en Córdoba y Sucre; Puerto López y Granada, en el Meta; Espinal, Armero y Natagaima, en el Tolima, vieron sus calles colmadas de tractores y camiones. Miles de cosecheros atravesaron el país del interior a la Costa y de la Costa al interior para recolectar la blanca mota que luego, en caravanas interminables de vehículos, sería conducida a las plantas desmotadoras y después, en pacas, entregada a las compañías textileras o puesta en los barcos para su exportación. Miles de hectáreas fueron arrancadas a la selva o a las ciénagas y convertidas en productivas empresas agrícolas. El oro blanco llevó prosperidad a doce departamentos colombianos. Y hasta un enjambre de bares y cantinas abrió sus puertas al jolgorio en los diferentes municipios. Pero ese auge se interrumpió bruscamente en su mejor momento, 1977.

Empieza la ruina
En 1977 se sembraron 115.000 hectáreas de algodón en el interior del país (Meta, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca) y 283.015 en los departamentos de la Costa Atlántica, cifras no alcanzadas antes en Colombia. La espectacular marcha algodonera vino a estrellarse contra una serie de obstáculos y errores que marcó el comienzo de la crisis generada desde aquel año, y que hoy presenta una situación desoladora; cantidad de pequeños y medianos agricultores quebrados y sacados de sus fundos; multitud de asalariados cesantes entre tractoristas, choferes, raleadores, cosecheros, innumerables empresas de fumigación, de mecánica y de expendio de insumos, retiradas del mercado, y profesionales sin trabajo. Todos mirando cómo la bancarrota se propaga y cómo las medidas del gobierno lo único que hacen es prolongar la agonía y si acaso despertar un poco de esperanza en los más ilusos.

Veamos las causas:

1. La errática política oficial que, a través de una serie de resoluciones de los Ministerios de Agricultura, Salud y Hacienda y de la Junta Monetaria, afectó de diversas formas la industria algodonera.
2. La disminución de los precios internacionales del algodón desde 86 centavos de dólar por libra en puerto de Liverpool (promedio en marzo de 1977), a 59 centavos en diciembre del mismo año.
3. La escasez y la baja calidad de los agroquímicos, lo cual hizo necesario un número desmesuradamente alto de aplicaciones de insecticidas inadecuados que rompieron el equilibrio biológico y aumentaron la resistencia natural de las plagas.
4. El comportamiento climático anormal que afectó seriamente el cultivo.
5. Las constantes e inmoderadas alzas de los agroquímicos, de la maquinaria y los repuestos, del transporte y el combustible, cuyos suministros están, fundamentalmente, en manos de los monopolios imperialistas.

Resultados inevitables de los cinco factores anotados fueron la baja en la productividad, el aumento de los costos y las pérdidas cuantiosas que sufrieron los algodoneros. El rendimiento nacional disminuyó de 1.350 kilogramos por hectárea, promedio de las cosechas anteriores durante más de 20 años, a 924. Los costos del cultivo subieron a 36.866 pesos por hectárea, con un incremento del 34 por ciento. El precio pagado al agricultor colombiano descendió en cambio en un 14 por ciento. En 1977 todo ello causó, según la estimación de las agremiaciones, pérdidas para el país por un valor de 6.000 millones de pesos y para las asociaciones un déficit de cartera de 1.600 millones por la venta de insumos a los agricultores.

Pidiendo oxígeno
Los algodoneros elevaron repetidas solicitudes al gobierno para que les arrojara una tabla de salvación. Proponían la refinanciación de 83.100 millones a cinco años, mientras el sector absorbía el resto. Pedían asimismo una serie de medidas como el restablecimiento del CAT al nivel del 12%; la eliminación de los gravámenes en el certificado de cambio algodonero; la compensación de precios a la exportación; el control de la importación de aceites comestibles con el fin de proteger la producción nacional de oleaginosas y la fijación de precios internos para la fibra y la semilla en relación con los costos de producción, amén de otras medidas de orden cambiario y tecnológico. Esto permitiría, según las agremiaciones, rehabilitar al agricultor y oxigenar de nuevo la actividad.

Las disposiciones del gobierno constituyeron simples paliativos proyectados a corto plazo. Para los agricultores que demostraran pérdidas se estipularon préstamos del Fondo Financiero Agropecuario por 1.200 millones de pesos, con plazos de dos años e intereses del 9%. Para las agremiaciones, refinanciación por Proexpo de 680 millones al 10% anual, plazo de 24 meses y amortización a partir del décimoquinto mes. Se incrementó el CAT del 1% al 5% y se fijó un mecanismo de compensación para las exportaciones de algodón del 2% del valor FOB de éstas (estimulo que fue ampliado al 10% en junio de 1978).

Si bien Federalgodón dice que “se le planteó al gobierno nacional que el tamaño del desastre requería de medidas más de fondo, acordes con la envergadura de la crisis”, la realidad es que el Estado no puede brindar solución para los productores; porque sencillamente no representa los intereses nacionales sino los del saqueo imperialista, y ha beneficiado y seguirá beneficiando a los grandes monopolios extranjeros y a la gran burguesía importadora que recogen siempre los frutos de las medidas oficiales. La demora en la aplicación de las discutibles disposiciones buscaba además golpear a los débiles y beneficiar a los que lograran sobrevivir, que, indudablemente, eran los grandes algodoneros, dándose así una gran concentración del cultivo y del control de las agremiaciones.

Especulación de los financistas
Se puede resumir lo ocurrido en las posteriores cosechas, del 78 al 80, con lloriqueos del presidente ejecutivo de Conalgodón, Hugo Mazuera Erazo, en su carta del 9 de junio de 1981 al ministro de Agricultura: “En la cosecha de 1977 los algodoneros sufrieron su mayor crisis desde cuando Colombia se convirtió en exportador neto de este producto. A esta crisis se le dieron soluciones que contemplaron refinanciaciones de crédito, a personas naturales y a las asociaciones de productores, a un plazo excesivamente corto en relación con su cuantía y con la esperada rentabilidad del cultivo. En esta forma la situación financiera de los agricultores y sus agremiaciones quedó seriamente comprometida para las siguientes cosechas, al tener que adicionar a sus crecientes costos de producción las obligaciones por crédito refinanciado a 1, 2, y 3 años.

“En 1979, la cosecha también fue desfavorable y los ingresos no alcanzaron a cubrir los costos de la producción. La cosecha de 1980 fue favorable en cuantía comparable con las pérdidas que nuevamente se han presentado en este año de 1981. En verdad esta crisis que vivimos ahora tal vez no justifica, por sí misma, la concurrencia del gobierno para ayudar a superarla, pues el algodonero conoce que sus actividades son de alto riesgo y está dispuesto a acudir a sus reservas para probar suerte cultivando otra vez. Pero en esta ocasión las pérdidas de la última cosecha han encontrado a los algodoneros y a sus asociaciones sin reserva, con su capacidad de endeudamiento saturada, con deudas vencidas o de inmediato vencimiento, sin posibilidad de ser atendidas, en razón de la carga que arrastran desde 1978.

“Los cultivadores recibieron financiaciones de corto plazo para sus deudas de 1977, que pronto se convirtieron en préstamos de cartera ordinaria con altos intereses”.
A pesar de las peticiones y de las lamentaciones, los agricultores cayeron en las garras del capital financiero. Así tenemos por ejemplo que los gremios algodoneros presentan actualmente pasivos con Proexpo que superan los 1.500 millones de pesos, auque han cancelado 612 millones de capital y 711 millones de intereses, cifras en conjunto superiores a la deuda original. De otro lado, la cuenta de los afiliados con las asociaciones es hoy de 1.677 millones de pesos cuando inicialmente era de 1.525 millones.

Exportaciones a pérdida
El desplazamiento de la producción de textiles a regiones con mejor tecnología y con ventajas comparativas sobre Colombia, como Taiwán y Corea del Sur; la pérdida paulatina de mercados para la exportación de telas e hilazas; el contrabando creciente de tejidos y confecciones y las medidas proteccionistas de Estados Unidos para su industria de fibra, son aspectos que acrecientan las dificultades de nuestra industria textil. Fábricas importantes como Celanese, quiebra definitivamente y casi todas las empresas del ramo han despedido gran número de trabajadores.

“La industria textil que compró 39.000 toneladas de algodón en la cosecha pasada, sólo ofrece comprar16.000 en esta ocasión y a un precio inferior en más de un 20% del que rigió en esa misma época”, denuncia un comunicado de las agremiaciones algodoneras publicado en la prensa nacional el día 9 de diciembre de 1981.

Las últimas medidas oficiales (resoluciones 690 y 691 de Minagricultura en diciembre pasado), ordenan a la Distribuidora de Algodón Nacional, Diagonal, pagar a 110 mil pesos la tonelada de fibra, pero le aceptan que solamente compre 16.600 toneladas. Según esta determinación el 60% de la producción algodonera deberá colocarse en el mercado internacional, en el cual los productores colombianos tienen grandes desventajas y pérdidas, pues de acuerdo con los precios y el cambio de moneda, nuestro algodón no es competitivo. A eso debe añadirse que la cotización tiende a la baja por las altas cosechas logradas en los Estados Unidos, Rusia, China y demás grandes productores de la fibra.

Según lo fijado por el gobierno y conforme a los guarismos de Liverpool, la tonelada de algodón–semilla, valdría 45.910 pesos en los primeros días de 1982 en el mercado nacional y sólo 39.227 en el mundial, incluida la bonificación del 9% del CAT. Además, a este precio de exportación abría que hacerle con plena seguridad grandes descuentos, hasta de diez mil pesos por tonelada, por concepto de clasificación de la fibra, costos de almacenamientos, seguros y comisiones, todo lo cual redundará en una menor liquidación definitiva para el algodonero.

“El aumento a 110.000 pesos ordenado por el gobierno para la tonelada de fibra (o sea el algodón desmotado, limpiado y empacado) ayuda algo pero de todas maneras son precios de ruina, por las condiciones en que nos toca trabajar en Colombia”, concluye un directivo de la Federación Nacional de Algodoneros.

En manos de los graseros
El mercado de las semillas es más caótico aún. Si bien el gobierno ha establecido 13.000 pesos por tonelada, el agricultor queda en la práctica a merced de los graseros. Estos reciben la cantidad de semilla que quieran; clasifican y valoran a su antojo el producto y, para colmo, lo cancelan cuando les provoca.
Sobre tales hechos son ampliamente conocidas las frecuentes protestas de los cultivadores de algodón y de soya del Valle del Cauca, en contra de los atropellos de los pulpos de la industria de grasas y aceites de Colombia, los cuales, amparados por el Ejecutivo, efectúan permanentes y masivas importaciones de aceites. “La industria estuvo importando aceites crudos durante todo el año y tiene almacenado en cantidad suficiente para abastecer el país por 8 meses sin contar el que está en camino. Incluso consiguieron autorización recientemente para importar 14.000 toneladas de trigo y soya”, señala Conalgodón en su documento interno “Situación del cultivo de algodón, septiembre de 1981”.

Sólo hay un camino
La conjugación de circunstancias adversas, como drásticas alteraciones del clima; bajos precios internacionales; escasez, mala calidad y encarecimiento de los insumos; dificultades financieras y costo creciente de los préstamos, y una desastrosa política gubernamental, han llevado al sector algodonero a una situación extremadamente grave, que puede convertir al país, en el curso de poco tiempo, en importador de la fibra.

“El problema es tan grande, decía un dirigente gremial interrogado por El Heraldo, de Barranquilla, y es tanto lo que hemos hecho por llamar la atención del gobierno sobre esta crisis, que si no salen medidas eficaces nos veremos obligados a entregar al Estado las asociaciones para que se haga cargo de ellas”.

Se sabe de la devolución al Idema de 40% del equipo de desmote en la Costa Atlántica, el resto del cual se entregará al finalizar la cosecha de este año. Se redujo el área general de siembra a sólo 102.000 hectáreas inscritas para la cosecha 1981-1982, con casos tan alarmantes como la disminución de 30.000 a 2.000 hectáreas en el departamento del Meta y de 60.000 a 3.000 en Córdoba. Se conoce también que los algodoneros han tenido que feriar la maquinaría agrícola, las fincas, las casas y los vehículos, cuando no son víctimas de los embargos, remates y desahucios.

Igualmente, se está dando en forma acelerada la concentración de la propiedad de la tierra en esas zonas, la conversión de gran cantidad de empresas agrícolas en ganaderías extensivas, el enriquecimiento de buen número de intermediarios y el aumento en las utilidades de los usureros de todos los pelambres, tanto bancarios como extra-bancarios.
El problema ha llegado tan hondo que los agricultores empiezan a tomarse las calles de los municipios algodoneros y las carreteras troncales, bloqueándolas con tractores y remolques, como ocurrió en 1981 en Espinal y Natagaima y como amenazaron los algodoneros de la Costa y del Meta. Y día llegará en que la masa de empresarios amenazados de ruina entienda que con el régimen social imperante no sólo padece hambre y miseria el desempleado sino también el que trabaja y que hay que organizarse decididamente y unirse a quienes combaten por derrocar a los opresores y construir una nación libre y democrática.

La lección es muy clara: si en la mejor época del cultivo hubo descalabros para tantos, nada positivo se puede esperar en momentos de dificultad. El clima y las plagas son factores que influyen en los problemas de los cultivadores, es cierto, pero la causa fundamental está en el saqueo de un imperialismo voraz y en los manejos de un gobierno corrompido y cruel.

En octubre de 1980 las tres grandes textileras antioqueñas, Coltejer, Fabricato y Tejicóndor, señalaron que mientras el mercado nacional se reduce en un 14%, la oferta de géneros del exterior crece a un ritmo del 87%. Lo anterior las llevó a afirmar que, de persistir esta situación, la industria textil colombiana quedará en peligro de desaparecer. El contrabando y las importaciones legales de telas superan la producción de Fabricato y sobrepasan el total de las ventas nacionales de Coltejer.

Si a lo anterior se agregan las elevadas tasas de interés y el alto grado de endeudamiento de las empresas, no son de extrañar las dificultades por las que atraviesa el sector textilero; Celanese cerró las plantas de Yumbo y Sabaneta y solicitó permiso para licenciar sus 1.300 activos y sus gastos financieros aumentaron, entre 1979 y 1980, en 161 por ciento; en Barranquilla, los 450 operarios de Tejidos Marisol se tomaron las dependencias debido a su inevitable cierre.

La pérdida del mercado nacional, las dificultades financieras que sufren las sociedades y el retroceso económico del país, no son más que el fruto de la política antinacional y antipopular de las clases dominantes de liberar las importaciones, el contrabando, impulsar la inflación, restringir y encarecer el crédito y entregarle la economía a los monopolios foráneos y al capital especulativo financiero.

Quiebra de dos grandes
Marisol, una de las primeras fábricas de tejidos del país, alcanzó a contar con 1.500 trabajadores. A partir de julio del año pasado, fecha en la cual entró en concordato, comenzó a despedir personal, reduciendo su nómina a 450 operarios. El 21 de diciembre, con el fin de presionar ante las autoridades y los patronos algún arreglo a su precaria situación laboral y económica, los obreros decidieron ocupar las instalaciones. Se repite la historia, a escaso un año, de lo ocurrido con ropa el Roble, de Bucaramanga, y después de que más de un centenar de pequeñas y medianas empresas suspendieron actividades o entraron en bancarrota.

Celanese tiene 1.300 trabajadores y tres plantas en Yumbo, Sabaneta y Barranquilla, pertenece en un 48% a Celanese Internacional; en un 42% a Empresas del Grupo Financiero Bogotá, como Seguros Bolívar y Cementos Samper y el resto a particulares norteamericanos y colombianos.

En mayo, la compañía debía más de 3.200 millones de pesos de los cuales 2.522 eran a corto plazo. Para esa misma fecha presentaba unas pérdidas de cerca de 300 millones, siéndole imposible atender el pago de sus obligaciones inmediatas. A tal estado de cosas se llegó por una baja considerable de sus ventas, ya que el mercado nacional se encuentra inundado por las fibras entradas tanto de contrabando como legalmente. Los propietarios extranjeros se rehusaron a recapitalizar la sociedad y ésta fue puesta en concordato en julio del año pasado. Sin embargo, finalmente no hubo acuerdo entre los acreedores, incluidos el Banco de Bogotá y entidades del Grupo Grancolombiano, lo cual hace prever para muy pronto la declaratoria de quiebra.

Además de cerrar las plantas de Yumbo y Sabaneta, la empresa ha solicitado permiso para despedir a los 1.300 obreros que quedan, de los 1.580 que tuvo un año antes.

El atolladero de los textiles
La industria textil colombina, considerada la más dinámica del país, la primera en cuanto a generación de empleo (el 14.7% de toda la manufactura) y la segunda por el valor de la producción bruta (el 11.1%), daba ocupación hacia 1979 a 76.000 personas. En 1980, con respecto a 1979, disminuyó el empleo en el 1.5%, según el DANE, y, en el período enero a septiembre de 1981, lo volvió a reducir en el 5.77% con respecto al año anterior. En otras palabras, en los dos últimos años esta rama de la producción ha dejado cesantes a más de 6.000 operarios. A lo cual hay que sumarle los miles de desocupados producto del cierre o merma de la actividad de numerosas fábricas de la rama de la confección.

La crisis de los tejidos repercute a su vez en la que sufre el cultivo del algodón. Diagonal, comercializadora que adquiere la fibra para las grandes firmas, anunció a última hora que durante el primer semestre de 1982 ni siquiera compraría las 16.600 toneladas asignadas por el Ministerio de Agricultura, cuando en el mismo período de 1979 había obtenido 54.000 y, en el de 1981, 39.000.

Desde principios del año antepasado los diferentes gremios económicos vienen sosteniendo que la industria colombiana, y en especial la textil, presenta claros signos de recesión. La Andi ha calculado en 150 millones los metros de tela provenientes del exterior en 1980, equivalentes a la cuarta parte de la producción nacional. Por otro lado, las altas tasas de los intereses y el grado de endeudamiento de las sociedades las han descapitalizado. Mientras las ventas se les redujeron en cerca de un 20% a Coltejer, Fabricato, Tejicóndor y Celanese, los gastos financieros más que se duplicaron en promedio para estas mismas empresas. Las deudas de Fabricato y Tejicóndor están alrededor del 70% con respecto al total de sus activos y las de Coltejer y Celanese superan el 80%.

Entre tanto, el gobierno sostiene que la situación es buena y el DANE, acomodando las estadísticas, trata de restarle importancia a la recesión. El ministro de Hacienda, Wiesner Durán, afirmaba en separata de The New York Times del 31 de mayo de 1981, pagada con fondos oficiales, que “no cabe duda que el país ha venido experimentado un progreso rápido y sostenido”. El ministro asimismo anotaba que “la existencia de problemas cada vez más grandes significa síntomas de crecimiento”. (El Tiempo, diciembre 14 de 1981).

Pero los miles de pequeños empresarios agrícolas e industriales arruinados por la caótica política gubernamental, los cientos de miles de desempleados y en general el pueblo que padece la escalada de la inflación, sólo encontrarán alivio cuando logremos derrocar a la oligarquía vendepatria y explotadora, única causante de la postración en que se encuentra la economía colombiana.