Categoría: Tribuna Roja N°41, Bogotá; enero de 1982

Los grupos y personas abajo firmantes, seriamente alarmados por el rumbo de los recientes sucesos de Polonia, creemos nuestro deber formular la siguiente Declaración:

El grueso de los obreros polacos emprendió desde hace un año y medio su organización independiente del control gubernamental – el Sindicato Solidaridad -, destinada a exigir los derechos reivindicativos y políticos de sus afiliados. Siguiendo su ejemplo, otros sectores del pueblo, como los campesinos, maestros y estudiantes, construyeron sendos gremios con la misma finalidad.

Desde un comienzo, la mayoría de la dirección del partido dominante y del gobierno de aquel país miró con singular desafecto el alarde autonomista de los recién surgidos sindicatos e intentó estigmatizarlos y destruirlos. Si al fin de cuentas se vio obligada a negociar con ellos, no fue sino por la evidencia abrumadora del respaldo masivo de que gozan.

Dos factores que no constituyen un secreto para nadie sirven de trasfondo al auge de las reclamaciones obreras: el primero, que Polonia forma parte de la órbita de la Unión Soviética, cuyas prácticas y prédicas acerca de la “soberanía limitada” de los otros miembros de la “comunidad socialista”, socavan la entidad misma de Polonia como nación. El segundo, que la actual crisis económica que sacude a las amplias capas sociales del país, es la mayor desde el final de la II Guerra Mundial, después de haber sido Polonia ocupada por el nazismo.

En estas condiciones, los requerimientos de los trabajadores no podían sino desembocar en el clamor unánime por la independencia y soberanía nacionales y por la democracia, como metas sin cuyo advenimiento no se podrán conquistar los demás derechos ni el bienestar de Polonia. Esto le bastó al Kremlin para calificar el movimiento con los peores epítetos y exigir reiteradamente a los perplejos mandatarios polacos la toma de medidas, del corte que fueran, para aplacar las demandas populares. Pero la Unión Soviética no hace mucho realizó maniobras militares e intimidación en la frontera polaca que revivieron el espectro de la Checoslovaquia de 1968 y del Afganistán de 1979.

Debido a que los corajudos sindicatos, despreciando el chantaje de la invasión soviética, no rebajaron el tenor de sus peticiones de pan, libertad y democracia, el grupo dirigente polaco, después de efectuar los cambios internos pertinentes, decidió decretar, el sábado 12 de diciembre, el “estado de guerra” en todo el país y dictar disposiciones draconianas que contemplan desde la suspensión de toda garantía ciudadana, hasta el fusilamiento de quienes se atrevan a entrar en paro.

Acto seguido, y en medio de un clima de terror propiciado por la militarización entera del Estado, procedió a detener a miles de personas, sin que hasta el momento se sepa del paradero y la suerte de los máximos dirigentes de Solidaridad. A juzgar por las últimas informaciones de prensa que, como es de suponer, se hallan casi totalmente controladas por las agencias oficiales de Moscú y Varsovia, los trabajadores resisten fieramente la andanada con los precarios medios a su alcance, o corren el peligro de la intervención armada directa de la Unión Soviética, que conserva de vieja data dos de sus divisiones estacionadas en suelo polaco.

Tal situación ha despertado una severa repulsa mundial, a la que sumamos nuestra voz de colombianos convencidos de que el respeto a la autodeterminación e independencia de las naciones es norma básica de las relaciones internacionales y de la paz mundial. De antemano rechazamos la intromisión soviética y expresamos nuestro apoyo al pueblo polaco para que resuelva sus problemas y moldee su destino sin injerencias extranjeras.

Decenas de víctimas en barrios de Manizales

El pasado 7 de enero, a la una de la mañana, los humildes moradores del Barrio San Fernando Bajo, en Manizales, se despertaron con una sensación de que el terremoto hacía desaparecer el suelo. Los que lograron salir de sus precarios ranchos vieron, impotentes, cómo éstos se deshacían y las guaduas, cartones, tablas y latas con los que estaban hechos, se precipitaban por la empinada pendiente del que otrora fuera un botadero de basura, y que desde finales de 1980 la administración municipal había convertido en “barrio de asentamiento espontáneo”. Pero no todos sobrevivieron, 26 miembros de las familias Raigosa, Gallego, Alzate, Poveda y Moreno murieron en el deslizamiento.

Electorerismo criminal
La caída de los barrios periféricos de Manizales no es un fenómeno nuevo; desde por lo menos hace 20 años ocurren tragedias similares. Incluso el mismo día en que rodó el San Fernando Bajo, hubo varios muertos en el Camilo Torres, por idéntica causa. Y en marzo del año pasado, 1.800 personas fueron alojadas en improvisados e insalubres albergues después de haber perdido sus viviendas en los barrios Galán, Fátima, Estrada, Nevado, San Fernando y otros, todos ellos promovidos por politiqueros de los más diversos pelambres, quienes, al fomentar los tugurios, comprometen a sus habitantes ara las elecciones.

Dieciocho años atrás hubo un deslizamiento en el barrio Sierra Morena, en el cual perecieron decenas de personas cuyos cadáveres quedaron entre el barro y los escombros; el lugar fue declarado entonces camposanto. Sin embargo, hoy se levanta allí mismo el barrio Luis Guillermo Giraldo Hurtado, nombre de un manzanillo liberal, actualmente senador de la República. Existe otro que se llama como la secretaria de este mismo político, Pilar Vallejo de Hoyos. Y hay uno más que fue bautizado en honor del ahora gobernador de Caldas, Carlos Fernando Giraldo Ángel. Fue este personaje quien, cuando ocupaba la Alcaldía de Manizales, adjudicó los lotes del desaparecido San Fernando Bajo, a través de un teniente suyo. Y tuvo la desfachatez de dar la vuelta al ruedo cuando se llevó a cabo, dos días después del desastre, una corrida de toros en beneficio de los damnificados.

La criminal práctica electorera, sin embargo, no es exclusiva de la rosca lópezturbayista. El Partido Comunista, por ejemplo, también ha traficado con el establecimiento de viviendas en dos deslizaderos llamados Estambul y La Baja Suiza, así como en parte del barrio Galán.

Advertencias desoídas
Desde varios meses atrás, repetidas voces de la ciudadanía alertaron sobre el inminente peligro que amenaza a las gentes que han sido ubicadas en tales despeñaderos. Con todo, el Ejecutivo departamental declaró que se le estaba criticando injustamente, en primer lugar porque su administración no fomentaba invasiones, dado que era “celosa defensora de la propiedad privada” y, en segunda instancia, porque resuelve “situaciones desesperadas sin que se altere la tradicional tranquilidad que ha vivido nuestra ciudad”.

No obstante, este atentado contra la vida del pueblo manizalita cuenta con respaldo institucional. Tanto la Caja de Vivienda Popular como el Inscredial, legalizan las adjudicaciones de los lotes, por los cuales la gente tiene que pagar no sólo las cuotas mensuales que le son fijadas, sino también $100 mensuales por concepto de “servicios” que en ningún caso se les brinda. La oligarquía, pues, acorrala al pueblo al cual ha condenado a la miseria, enajena los votos de sus víctimas, usa y abusa del poder oficial y, una vez ocurre la tragedia, posa de benefactora organizando recolectas en pro de los damnificados, para volver a venderles lotes en las laderas mortales.

Después de haber agitado durante cuatro años consecutivos la consigna del “segundo paro cívico nacional”, el Partido Comunista y sus correveidiles en el movimiento obrero terminaron realizando una comedia, a marchas forzadas, el pasado 21 de octubre.

Por abrumadora mayoría los asalariados de las principales ciudades del país se negaron a escuchar los cantos de sirena del revisionismo y asistieron a sus puestos de trabajo al igual que todos días. Aunque se presentaron esporádicos problemas de transporte en ciertos sitios, las fábricas funcionaron sin mayores traumatismos y lo mismo sucedió con los colegios y universidades, con el comercio y con las oficinas públicas.

Las centrales patronales UTC, CTC y CGT acabaron por plegarse todas a la posición del gobierno, como era de esperarse, y la casi totalidad de los sindicatos afiliados a la CSTC se abstuvo de tomar parte en la aventura, como también estaba previsto. En algunos barrios periféricos de Medellín y Barraquilla se dieron peleas y disturbios aislados, sin conexión entre sí, en los que murieron una niña y un estudiante, incidentes que el Comité Coordinador del paro calificó de “hechos en ningún caso propiciados por quienes participaron en la protesta”, según aviso publicado en El Espectador del 31 de octubre.
Con excepción de la franja mamerta y pro-mamerta, que salió a decir por la prensa: ¡“Le cumplimos al pueblo”!, para todo mundo fue evidente que las masas populares voltearon la espalda a las consignas, a las proclamas y a los “héroes” de la jornada, a quienes habían visto una semana antes, durante una “reunión cumbre” en el Palacio de Nariño, ofreciendo su respaldo al “sistema jurídico-político y a las instituciones que lo sustentan”.

Parodia en tres actos
La versión anual número 4 del segundo paro cívico nacional, comenzó a gestarse a principios de 1981, durante un encuentro de dirigentes obreros de Zipaquirá, pero sólo vino a tomar cuerpo varios meses después, los días 28, 29 y 30 de agosto, cuando se reunió en Bogotá el denominado Primer Foro Nacional Sindical. Este acto fue convocado por la CTC, la CSTC y dos organismos de bolsillo (el CNSU y CNSP), patrocinados por el Partido Comunista para dividir las fuerzas del sindicalismo independiente y embaucar a sus sectores más vacilantes y arribistas, y en sus sesiones finales se cocinó un documento que llamaba a realizar el paro en la segunda semana de octubre.

Los objetivos del movimiento aprobados por el Foro se limitaron a repetir la vieja cantinela conciliadora que poco convence y conmueve ya a los trabajadores. Los reformistas le proponen al gobierno la paz política y el entendimiento social a cambio de que éste levante el estado de sitio y derogue el Estatuto de Seguridad impuestos por el régimen para mantener el control dentro de la creciente crisis del país; pero los derechos democráticos sólo los podrá obtener el pueblo colombiano en una dura y prolongada batalla, y su conquista ha de ser base para agudizar el aislamiento de la minoría explotadora y no para devolverle la tranquilidad perdida. En editoriales y pomposos llamamientos públicos, la alta jerarquía del revisionismo criollo ha venido pidiendo la comprensión de los mandatarios de turno para pactar la concordia entre el oficialismo y la oposición, Ramón Márquez Iguarán, de la CTC, y Pastor Pérez, máximo vocero de la CSTC, declararon poco después del Foro Nacional Sindical que querían “hacerle un llamado al gobierno y colaborar con él en la búsqueda de soluciones concretas y, en momento alguno, incitar a la caída y al rompimiento de las instituciones”. El esquirol que lleva las riendas de la CTC, Manuel Felipe Hurtado, durante un homenaje ofrecido por la Confederación Colombiana de Consumidores al Presidente de la República, manifestó que este podía contar con él como “uno de sus mejores amigos aliados en la lucha por preservar el orden y la democracia”. Finalmente, el enlace de la trama tuvo lugar en una “cumbre de concertación” el 10 de octubre de 1981, algunos días antes del paro, cuando los organizadores del mismo, al lado de los gremios económicos, la banca y las otras dos centrales patronales, otorgaron su respaldo a las maniobras publicitarias del Ejecutivo y, de paso, al “sistema jurídico-político” que las sustenta.

Embelesados con las promesas de paz, diálogo y mejoramiento social emanadas de la “cumbre”, los cabecillas de la CTC arriaron las banderas de falsa rebeldía con que habían tratado de engañar a los trabajadores, al tiempo que la CSTC, con el apoyo de sus pupilos de vieja y nueva data, se vio obligada a continuar la farsa hasta la escena final. El paro evidenció, entre otras cosas, la bancarrota del Consejo Nacional Sindical y su política de entrega y de conciliación; la práctica demostró fehacientemente que no existían condiciones favorables para realizarlo, y sus miras estuvieron lejos de interpretar los intereses, los anhelos y requerimientos de la clase obrera.

Epílogo de la comedia
Desde el inicio de 1981, los destacamentos más avanzados del sindicalismo independiente señalaron que tras los aspavientos del paro se agazapaba la traición, y sus representantes en las juntas directivas de los sindicatos denunciaron el oportunismo de quienes sólo pretenden aprovecharse de las aspiraciones unitarias del proletariado con el objeto de ponerlo en manos de sus enemigos. En repetidas ocasiones sostuvieron públicamente que la correlación de fuerzas, el reflujo temporal en que se encuentran las masas, la división del movimiento obrero y otros factores adversos no permitían adelantar una lucha de envergadura nacional con probabilidades de éxito y por haber tenido la entereza de manifestar estos criterios, corroborados después por los hechos, numerosos compañeros fueron combatidos en las asambleas y al MOIR se le acusó con los más diversos epítetos calumniosos.

Sin embargo, si por algún motivo van a pasar a la historia los sucesos del 21 de octubre, ciertamente será porque los promotores de la jornada que tanto posaron de radicales ni siquiera supieron ser consecuentes con sus propias consignas y resoluciones. En Bogotá no hubo paro en ninguno de los sindicatos afiliados a la CSTC, y en el único frente donde se suspendieron parcialmente las actividades – el magisterio -, no pocos profesores del Partido Comunista madrugaron a dictar sus clases “imbuidos del más encomiable espíritu cívico”, como se comprobó en el caso de la Universidad Distrital y de muchos otros planteles educativos. En Medellín dejó de participar en la aventura la gran mayoría de las organizaciones gremiales pertenecientes a la CSTC, y en Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Cali y Cartagena no se presentaron ceses laborales en ninguna fábrica.

Vale la pena destacar el ejemplo de la Unión Sindical Obrera (USO), en Barrancabermeja, donde el revisionismo se valió de toda suerte de trapacerías antidemocráticas para lograr que una atemorizada y sorprendida asamblea aprobara el paro llegando hasta el extremo de falsificar un boletín de la empresa (“Temas y Noticias”), en el que se daba a entender que los patronos no tomarían represalias contra quienes secundaran ese salto al vacío. El resultado fue que el 21 de octubre, entraron a laborar más de tres cuartas partes de los obreros, encabezados, claro está, por los dirigentes sindicales del Partido Comunista. Al día siguiente Ecopetrol despidió a 11 trabajadores; 550 fueron sancionados, y 700 llamados a descargos.

La táctica mamerta, por otro lado, consistió en comprometer a gemelas tendencias del oportunismo para que éstas “hicieran el gasto y luego pagaran los platos rotos”, como lo expresó gráficamente una chapola de los petroleros de Barranca. Los despidos se concentraron fundamentalmente en Fecode, Fenaltrase y otras agremiaciones no afiliadas a ninguna de las centrales existentes. Había tan pocas condiciones para realizar el movimiento que en Cali se conocieron casos de funcionarios de la CSTC que, con el objeto de evitar sanciones, sacaron permisos para el día del paro, y en Bogotá se llegó hasta el punto que el sector mayoritario de la Junta Directiva del Sindicato del Banco Popular, después de haberle hecho esforzada propaganda al cese en numerosos boletines y reuniones, dejó una constancia ante la empresa, el mismo 21 de octubre, en la que afirma muy astutamente que “no ha dado a conocer a los trabajadores ni ha firmado comunicado alguno en donde se apoye el impulso y la realización del mencionado paro”.

En resumen, y según declaración del propio Comité Coordinador del evento, publicada por la prensa el primero de noviembre de 1981, “el segundo paro cívico nacional tuvo un carácter más cívico que laboral”. ¡Valiente lógica! Semejante confesión de boca significa que en un país como Colombia, en donde la desocupación abierta y disfrazada afecta a millones de personas, el 21 dejaron de asistir al trabajo sólo los que no tienen empleo.

El paro, pues, por su dirección, sus objetivos y las circunstancias en que pretendió llevarlo a cabo, no fue más que un simple simulacro. El proletariado, no obstante, sabrá extraer de él las enseñanzas pertinentes, y una de ellas será la que el MOIR, en noviembre de 1981, expuso en Tribuna Roja: “Que los futuros sepultureros del sistema oligárquico descubran la importancia de guiarse sin claudicaciones por una estrategia revolucionaria, y la conveniencia de aplicar una táctica flexible que les permita avanzar en el zigzagueante sendero de la lucha”.

De las tantas confrontaciones obrero-patronales que estallaron el pasado año, la de más resonancia fue quizá la de Ferrocarriles Nacionales, donde once mil trabajadores recurrieron al paro siete veces para exigir la solución de un pliego y demandar la oportuna cancelación de los sueldos.

Casi todos los movimientos huelguísticos de importancia superaron los cien días de duración. Así ocurrió en la Flota Mercante Grancolombiana, Satexco, Eternit, Navenal, Unial y Astilleros Magdalena. De otra parte, en Sofasa-Renault, 2.587 obreros mantuvieron cerradas durante 25 días las plantas de Medellín, Duitama y Bogotá. En los últimos tres meses del año la empresa despidió en represalia a más de 300 operarios. Hay que hacer resaltar igualmente la combatividad de los 14 mil bancarios agremiados en ACEB, y las huelgas en Hilanderías del Fonce e Industrias Volmo.

La batalla reivindicativa en la Flota Mercante Grancolombiana comenzó el 5 de julio, cuando 600 tripulantes paralizaron en puertos extranjeros 18 buques. El 24 de julio, el Ministerio de Trabajo declaró el movimiento ilegal y autorizó despidos masivos para imponer el tribunal de arbitramento. Según Eduardo Vanegas, presidente de la Unión de Marinos Mercantes, Unimar, ha sido ésta una de las más prolongadas huelgas en los anales de la marina comercial en todo el mundo. Vanegas denunció a las centrales obreras colombianas por su falta de solidaridad y criticó asimismo la actitud que adoptaron los sindicatos norteamericanos, cuya plana mayor se negó a dar respaldo a los tripulantes en los puertos de San Francisco, Nueva York, Filadelfia y Baltimore.

En el sector oficial suspendieron labores repetidas veces los 150 mil maestros, los 12 mil portuarios y los 3 mil médicos internos y residentes agrupados en ANIR, mientras que en febrero lo hicieron los obreros de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, con el objeto de presionar un arreglo convencional.

Quiebras y despidos
Las quiebras y la recesión industriales afectaron a decenas de miles de asalariados. Los despidos colectivos se incrementaron, sobre todo en el sector textil de Medellín, y muchos operarios se vieron enfrentados al cierre intempestivo de las empresas, como en el caso de Textiles Jear en el Atlántico. En Marisol, de Barranquilla, el Instituto Bioquímico y Muebles Clavijo, de Bogotá, los sindicatos optaron por tomarse las instalaciones. Celanese, con plantas en Yumbo, Medellín, Barranquilla y Bogotá, pidió a su vez al Ministerio del Trabajo, el 2 de diciembre, permiso para destituir a todo el personal.

El cultivo de algodón es uno de los más importantes de la economía nacional. Llegó a cerca de 480.000 toneladas de algodón–semilla y generó divisas por 113 millones de dólares en su mejor cosecha. Y si aceptamos que el cultivo requiere en promedio la dedicación de un hombre por hectárea, encontramos que en el año de 1977 el algodón dio empleo directo a cuatro centenares de miles de personas, además de incidir sobre distintas, actividades como las de agroquímicos, maquinaria, mecánica, transporte, empresas de aviación, sector financiero, comercio, empleos institucionales, etc. A su vez la industria algodonera ha cubierto, desde 1960, prácticamente todos los requerimientos de las ramas textil y de grasas y aceites, con producciones de fibra y semilla hasta por un valor de 12.079 millones de pesos en un año, cifra nada despreciable para nuestra débil economía nacional.

Regiones importantes del país vivieron el impacto del desarrollo de este cultivo que convirtió a Colombia, desde hace 20 años, de importadora en exportadora de algodón. Poblaciones y zonas como Becerril, Codazzi, Bosconia y Casacará, en el Cesar; San Juan, Villa Nueva y Fonseca, en la Guajira; Cereté y San Pedro, en Córdoba y Sucre; Puerto López y Granada, en el Meta; Espinal, Armero y Natagaima, en el Tolima, vieron sus calles colmadas de tractores y camiones. Miles de cosecheros atravesaron el país del interior a la Costa y de la Costa al interior para recolectar la blanca mota que luego, en caravanas interminables de vehículos, sería conducida a las plantas desmotadoras y después, en pacas, entregada a las compañías textileras o puesta en los barcos para su exportación. Miles de hectáreas fueron arrancadas a la selva o a las ciénagas y convertidas en productivas empresas agrícolas. El oro blanco llevó prosperidad a doce departamentos colombianos. Y hasta un enjambre de bares y cantinas abrió sus puertas al jolgorio en los diferentes municipios. Pero ese auge se interrumpió bruscamente en su mejor momento, 1977.

Empieza la ruina
En 1977 se sembraron 115.000 hectáreas de algodón en el interior del país (Meta, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca) y 283.015 en los departamentos de la Costa Atlántica, cifras no alcanzadas antes en Colombia. La espectacular marcha algodonera vino a estrellarse contra una serie de obstáculos y errores que marcó el comienzo de la crisis generada desde aquel año, y que hoy presenta una situación desoladora; cantidad de pequeños y medianos agricultores quebrados y sacados de sus fundos; multitud de asalariados cesantes entre tractoristas, choferes, raleadores, cosecheros, innumerables empresas de fumigación, de mecánica y de expendio de insumos, retiradas del mercado, y profesionales sin trabajo. Todos mirando cómo la bancarrota se propaga y cómo las medidas del gobierno lo único que hacen es prolongar la agonía y si acaso despertar un poco de esperanza en los más ilusos.

Veamos las causas:

1. La errática política oficial que, a través de una serie de resoluciones de los Ministerios de Agricultura, Salud y Hacienda y de la Junta Monetaria, afectó de diversas formas la industria algodonera.
2. La disminución de los precios internacionales del algodón desde 86 centavos de dólar por libra en puerto de Liverpool (promedio en marzo de 1977), a 59 centavos en diciembre del mismo año.
3. La escasez y la baja calidad de los agroquímicos, lo cual hizo necesario un número desmesuradamente alto de aplicaciones de insecticidas inadecuados que rompieron el equilibrio biológico y aumentaron la resistencia natural de las plagas.
4. El comportamiento climático anormal que afectó seriamente el cultivo.
5. Las constantes e inmoderadas alzas de los agroquímicos, de la maquinaria y los repuestos, del transporte y el combustible, cuyos suministros están, fundamentalmente, en manos de los monopolios imperialistas.

Resultados inevitables de los cinco factores anotados fueron la baja en la productividad, el aumento de los costos y las pérdidas cuantiosas que sufrieron los algodoneros. El rendimiento nacional disminuyó de 1.350 kilogramos por hectárea, promedio de las cosechas anteriores durante más de 20 años, a 924. Los costos del cultivo subieron a 36.866 pesos por hectárea, con un incremento del 34 por ciento. El precio pagado al agricultor colombiano descendió en cambio en un 14 por ciento. En 1977 todo ello causó, según la estimación de las agremiaciones, pérdidas para el país por un valor de 6.000 millones de pesos y para las asociaciones un déficit de cartera de 1.600 millones por la venta de insumos a los agricultores.

Pidiendo oxígeno
Los algodoneros elevaron repetidas solicitudes al gobierno para que les arrojara una tabla de salvación. Proponían la refinanciación de 83.100 millones a cinco años, mientras el sector absorbía el resto. Pedían asimismo una serie de medidas como el restablecimiento del CAT al nivel del 12%; la eliminación de los gravámenes en el certificado de cambio algodonero; la compensación de precios a la exportación; el control de la importación de aceites comestibles con el fin de proteger la producción nacional de oleaginosas y la fijación de precios internos para la fibra y la semilla en relación con los costos de producción, amén de otras medidas de orden cambiario y tecnológico. Esto permitiría, según las agremiaciones, rehabilitar al agricultor y oxigenar de nuevo la actividad.

Las disposiciones del gobierno constituyeron simples paliativos proyectados a corto plazo. Para los agricultores que demostraran pérdidas se estipularon préstamos del Fondo Financiero Agropecuario por 1.200 millones de pesos, con plazos de dos años e intereses del 9%. Para las agremiaciones, refinanciación por Proexpo de 680 millones al 10% anual, plazo de 24 meses y amortización a partir del décimoquinto mes. Se incrementó el CAT del 1% al 5% y se fijó un mecanismo de compensación para las exportaciones de algodón del 2% del valor FOB de éstas (estimulo que fue ampliado al 10% en junio de 1978).

Si bien Federalgodón dice que “se le planteó al gobierno nacional que el tamaño del desastre requería de medidas más de fondo, acordes con la envergadura de la crisis”, la realidad es que el Estado no puede brindar solución para los productores; porque sencillamente no representa los intereses nacionales sino los del saqueo imperialista, y ha beneficiado y seguirá beneficiando a los grandes monopolios extranjeros y a la gran burguesía importadora que recogen siempre los frutos de las medidas oficiales. La demora en la aplicación de las discutibles disposiciones buscaba además golpear a los débiles y beneficiar a los que lograran sobrevivir, que, indudablemente, eran los grandes algodoneros, dándose así una gran concentración del cultivo y del control de las agremiaciones.

Especulación de los financistas
Se puede resumir lo ocurrido en las posteriores cosechas, del 78 al 80, con lloriqueos del presidente ejecutivo de Conalgodón, Hugo Mazuera Erazo, en su carta del 9 de junio de 1981 al ministro de Agricultura: “En la cosecha de 1977 los algodoneros sufrieron su mayor crisis desde cuando Colombia se convirtió en exportador neto de este producto. A esta crisis se le dieron soluciones que contemplaron refinanciaciones de crédito, a personas naturales y a las asociaciones de productores, a un plazo excesivamente corto en relación con su cuantía y con la esperada rentabilidad del cultivo. En esta forma la situación financiera de los agricultores y sus agremiaciones quedó seriamente comprometida para las siguientes cosechas, al tener que adicionar a sus crecientes costos de producción las obligaciones por crédito refinanciado a 1, 2, y 3 años.

“En 1979, la cosecha también fue desfavorable y los ingresos no alcanzaron a cubrir los costos de la producción. La cosecha de 1980 fue favorable en cuantía comparable con las pérdidas que nuevamente se han presentado en este año de 1981. En verdad esta crisis que vivimos ahora tal vez no justifica, por sí misma, la concurrencia del gobierno para ayudar a superarla, pues el algodonero conoce que sus actividades son de alto riesgo y está dispuesto a acudir a sus reservas para probar suerte cultivando otra vez. Pero en esta ocasión las pérdidas de la última cosecha han encontrado a los algodoneros y a sus asociaciones sin reserva, con su capacidad de endeudamiento saturada, con deudas vencidas o de inmediato vencimiento, sin posibilidad de ser atendidas, en razón de la carga que arrastran desde 1978.

“Los cultivadores recibieron financiaciones de corto plazo para sus deudas de 1977, que pronto se convirtieron en préstamos de cartera ordinaria con altos intereses”.
A pesar de las peticiones y de las lamentaciones, los agricultores cayeron en las garras del capital financiero. Así tenemos por ejemplo que los gremios algodoneros presentan actualmente pasivos con Proexpo que superan los 1.500 millones de pesos, auque han cancelado 612 millones de capital y 711 millones de intereses, cifras en conjunto superiores a la deuda original. De otro lado, la cuenta de los afiliados con las asociaciones es hoy de 1.677 millones de pesos cuando inicialmente era de 1.525 millones.

Exportaciones a pérdida
El desplazamiento de la producción de textiles a regiones con mejor tecnología y con ventajas comparativas sobre Colombia, como Taiwán y Corea del Sur; la pérdida paulatina de mercados para la exportación de telas e hilazas; el contrabando creciente de tejidos y confecciones y las medidas proteccionistas de Estados Unidos para su industria de fibra, son aspectos que acrecientan las dificultades de nuestra industria textil. Fábricas importantes como Celanese, quiebra definitivamente y casi todas las empresas del ramo han despedido gran número de trabajadores.

“La industria textil que compró 39.000 toneladas de algodón en la cosecha pasada, sólo ofrece comprar16.000 en esta ocasión y a un precio inferior en más de un 20% del que rigió en esa misma época”, denuncia un comunicado de las agremiaciones algodoneras publicado en la prensa nacional el día 9 de diciembre de 1981.

Las últimas medidas oficiales (resoluciones 690 y 691 de Minagricultura en diciembre pasado), ordenan a la Distribuidora de Algodón Nacional, Diagonal, pagar a 110 mil pesos la tonelada de fibra, pero le aceptan que solamente compre 16.600 toneladas. Según esta determinación el 60% de la producción algodonera deberá colocarse en el mercado internacional, en el cual los productores colombianos tienen grandes desventajas y pérdidas, pues de acuerdo con los precios y el cambio de moneda, nuestro algodón no es competitivo. A eso debe añadirse que la cotización tiende a la baja por las altas cosechas logradas en los Estados Unidos, Rusia, China y demás grandes productores de la fibra.

Según lo fijado por el gobierno y conforme a los guarismos de Liverpool, la tonelada de algodón–semilla, valdría 45.910 pesos en los primeros días de 1982 en el mercado nacional y sólo 39.227 en el mundial, incluida la bonificación del 9% del CAT. Además, a este precio de exportación abría que hacerle con plena seguridad grandes descuentos, hasta de diez mil pesos por tonelada, por concepto de clasificación de la fibra, costos de almacenamientos, seguros y comisiones, todo lo cual redundará en una menor liquidación definitiva para el algodonero.

“El aumento a 110.000 pesos ordenado por el gobierno para la tonelada de fibra (o sea el algodón desmotado, limpiado y empacado) ayuda algo pero de todas maneras son precios de ruina, por las condiciones en que nos toca trabajar en Colombia”, concluye un directivo de la Federación Nacional de Algodoneros.

En manos de los graseros
El mercado de las semillas es más caótico aún. Si bien el gobierno ha establecido 13.000 pesos por tonelada, el agricultor queda en la práctica a merced de los graseros. Estos reciben la cantidad de semilla que quieran; clasifican y valoran a su antojo el producto y, para colmo, lo cancelan cuando les provoca.
Sobre tales hechos son ampliamente conocidas las frecuentes protestas de los cultivadores de algodón y de soya del Valle del Cauca, en contra de los atropellos de los pulpos de la industria de grasas y aceites de Colombia, los cuales, amparados por el Ejecutivo, efectúan permanentes y masivas importaciones de aceites. “La industria estuvo importando aceites crudos durante todo el año y tiene almacenado en cantidad suficiente para abastecer el país por 8 meses sin contar el que está en camino. Incluso consiguieron autorización recientemente para importar 14.000 toneladas de trigo y soya”, señala Conalgodón en su documento interno “Situación del cultivo de algodón, septiembre de 1981”.

Sólo hay un camino
La conjugación de circunstancias adversas, como drásticas alteraciones del clima; bajos precios internacionales; escasez, mala calidad y encarecimiento de los insumos; dificultades financieras y costo creciente de los préstamos, y una desastrosa política gubernamental, han llevado al sector algodonero a una situación extremadamente grave, que puede convertir al país, en el curso de poco tiempo, en importador de la fibra.

“El problema es tan grande, decía un dirigente gremial interrogado por El Heraldo, de Barranquilla, y es tanto lo que hemos hecho por llamar la atención del gobierno sobre esta crisis, que si no salen medidas eficaces nos veremos obligados a entregar al Estado las asociaciones para que se haga cargo de ellas”.

Se sabe de la devolución al Idema de 40% del equipo de desmote en la Costa Atlántica, el resto del cual se entregará al finalizar la cosecha de este año. Se redujo el área general de siembra a sólo 102.000 hectáreas inscritas para la cosecha 1981-1982, con casos tan alarmantes como la disminución de 30.000 a 2.000 hectáreas en el departamento del Meta y de 60.000 a 3.000 en Córdoba. Se conoce también que los algodoneros han tenido que feriar la maquinaría agrícola, las fincas, las casas y los vehículos, cuando no son víctimas de los embargos, remates y desahucios.

Igualmente, se está dando en forma acelerada la concentración de la propiedad de la tierra en esas zonas, la conversión de gran cantidad de empresas agrícolas en ganaderías extensivas, el enriquecimiento de buen número de intermediarios y el aumento en las utilidades de los usureros de todos los pelambres, tanto bancarios como extra-bancarios.
El problema ha llegado tan hondo que los agricultores empiezan a tomarse las calles de los municipios algodoneros y las carreteras troncales, bloqueándolas con tractores y remolques, como ocurrió en 1981 en Espinal y Natagaima y como amenazaron los algodoneros de la Costa y del Meta. Y día llegará en que la masa de empresarios amenazados de ruina entienda que con el régimen social imperante no sólo padece hambre y miseria el desempleado sino también el que trabaja y que hay que organizarse decididamente y unirse a quienes combaten por derrocar a los opresores y construir una nación libre y democrática.

La lección es muy clara: si en la mejor época del cultivo hubo descalabros para tantos, nada positivo se puede esperar en momentos de dificultad. El clima y las plagas son factores que influyen en los problemas de los cultivadores, es cierto, pero la causa fundamental está en el saqueo de un imperialismo voraz y en los manejos de un gobierno corrompido y cruel.

En octubre de 1980 las tres grandes textileras antioqueñas, Coltejer, Fabricato y Tejicóndor, señalaron que mientras el mercado nacional se reduce en un 14%, la oferta de géneros del exterior crece a un ritmo del 87%. Lo anterior las llevó a afirmar que, de persistir esta situación, la industria textil colombiana quedará en peligro de desaparecer. El contrabando y las importaciones legales de telas superan la producción de Fabricato y sobrepasan el total de las ventas nacionales de Coltejer.

Si a lo anterior se agregan las elevadas tasas de interés y el alto grado de endeudamiento de las empresas, no son de extrañar las dificultades por las que atraviesa el sector textilero; Celanese cerró las plantas de Yumbo y Sabaneta y solicitó permiso para licenciar sus 1.300 activos y sus gastos financieros aumentaron, entre 1979 y 1980, en 161 por ciento; en Barranquilla, los 450 operarios de Tejidos Marisol se tomaron las dependencias debido a su inevitable cierre.

La pérdida del mercado nacional, las dificultades financieras que sufren las sociedades y el retroceso económico del país, no son más que el fruto de la política antinacional y antipopular de las clases dominantes de liberar las importaciones, el contrabando, impulsar la inflación, restringir y encarecer el crédito y entregarle la economía a los monopolios foráneos y al capital especulativo financiero.

Quiebra de dos grandes
Marisol, una de las primeras fábricas de tejidos del país, alcanzó a contar con 1.500 trabajadores. A partir de julio del año pasado, fecha en la cual entró en concordato, comenzó a despedir personal, reduciendo su nómina a 450 operarios. El 21 de diciembre, con el fin de presionar ante las autoridades y los patronos algún arreglo a su precaria situación laboral y económica, los obreros decidieron ocupar las instalaciones. Se repite la historia, a escaso un año, de lo ocurrido con ropa el Roble, de Bucaramanga, y después de que más de un centenar de pequeñas y medianas empresas suspendieron actividades o entraron en bancarrota.

Celanese tiene 1.300 trabajadores y tres plantas en Yumbo, Sabaneta y Barranquilla, pertenece en un 48% a Celanese Internacional; en un 42% a Empresas del Grupo Financiero Bogotá, como Seguros Bolívar y Cementos Samper y el resto a particulares norteamericanos y colombianos.

En mayo, la compañía debía más de 3.200 millones de pesos de los cuales 2.522 eran a corto plazo. Para esa misma fecha presentaba unas pérdidas de cerca de 300 millones, siéndole imposible atender el pago de sus obligaciones inmediatas. A tal estado de cosas se llegó por una baja considerable de sus ventas, ya que el mercado nacional se encuentra inundado por las fibras entradas tanto de contrabando como legalmente. Los propietarios extranjeros se rehusaron a recapitalizar la sociedad y ésta fue puesta en concordato en julio del año pasado. Sin embargo, finalmente no hubo acuerdo entre los acreedores, incluidos el Banco de Bogotá y entidades del Grupo Grancolombiano, lo cual hace prever para muy pronto la declaratoria de quiebra.

Además de cerrar las plantas de Yumbo y Sabaneta, la empresa ha solicitado permiso para despedir a los 1.300 obreros que quedan, de los 1.580 que tuvo un año antes.

El atolladero de los textiles
La industria textil colombina, considerada la más dinámica del país, la primera en cuanto a generación de empleo (el 14.7% de toda la manufactura) y la segunda por el valor de la producción bruta (el 11.1%), daba ocupación hacia 1979 a 76.000 personas. En 1980, con respecto a 1979, disminuyó el empleo en el 1.5%, según el DANE, y, en el período enero a septiembre de 1981, lo volvió a reducir en el 5.77% con respecto al año anterior. En otras palabras, en los dos últimos años esta rama de la producción ha dejado cesantes a más de 6.000 operarios. A lo cual hay que sumarle los miles de desocupados producto del cierre o merma de la actividad de numerosas fábricas de la rama de la confección.

La crisis de los tejidos repercute a su vez en la que sufre el cultivo del algodón. Diagonal, comercializadora que adquiere la fibra para las grandes firmas, anunció a última hora que durante el primer semestre de 1982 ni siquiera compraría las 16.600 toneladas asignadas por el Ministerio de Agricultura, cuando en el mismo período de 1979 había obtenido 54.000 y, en el de 1981, 39.000.

Desde principios del año antepasado los diferentes gremios económicos vienen sosteniendo que la industria colombiana, y en especial la textil, presenta claros signos de recesión. La Andi ha calculado en 150 millones los metros de tela provenientes del exterior en 1980, equivalentes a la cuarta parte de la producción nacional. Por otro lado, las altas tasas de los intereses y el grado de endeudamiento de las sociedades las han descapitalizado. Mientras las ventas se les redujeron en cerca de un 20% a Coltejer, Fabricato, Tejicóndor y Celanese, los gastos financieros más que se duplicaron en promedio para estas mismas empresas. Las deudas de Fabricato y Tejicóndor están alrededor del 70% con respecto al total de sus activos y las de Coltejer y Celanese superan el 80%.

Entre tanto, el gobierno sostiene que la situación es buena y el DANE, acomodando las estadísticas, trata de restarle importancia a la recesión. El ministro de Hacienda, Wiesner Durán, afirmaba en separata de The New York Times del 31 de mayo de 1981, pagada con fondos oficiales, que “no cabe duda que el país ha venido experimentado un progreso rápido y sostenido”. El ministro asimismo anotaba que “la existencia de problemas cada vez más grandes significa síntomas de crecimiento”. (El Tiempo, diciembre 14 de 1981).

Pero los miles de pequeños empresarios agrícolas e industriales arruinados por la caótica política gubernamental, los cientos de miles de desempleados y en general el pueblo que padece la escalada de la inflación, sólo encontrarán alivio cuando logremos derrocar a la oligarquía vendepatria y explotadora, única causante de la postración en que se encuentra la economía colombiana.

El pasado 7 de noviembre, en un derrumbe que se produjo en la mina El Silencio, en Amagá, perdieron la vida cinco obreros. En aquel mismo lugar, el 14 de julio de 1977, una explosión de gas grisú ocasionó la muerte a casi un centenar de trabajadores. Hoy, al igual que en aquella dolorosa ocasión, los mineros y sus familias han señalado a la empresa Industrial Hullera y al gobierno como lo únicos culpables de la tragedia.

Hernán Taborda, presidente del Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, al ser interrogado por un enviado de Tribuna Roja expresó: “La causa directa del último accidente es la irresponsabilidad de la compañía en el suministro de los materiales necesarios para la explotación del yacimiento. Con mucha anterioridad al 7 de noviembre, los trabajadores le venían solicitando a Industrial Hullera que se prestaran medidas eficientes de seguridad, con la aireación de la mina, la detección de los gases nocivos y el que los sectores que se explotan por el sistema de tajo abierto con derrumbe dirigido cuenten con un acero que responda a las necesidades del peso que tienen que sostener”.

Las mujeres y los familiares de los mineros desaparecidos también relatan cómo la premonición de su propia muerte acompañó a las víctimas en los días anteriores a la desgracia. Flor Marina Urrego de Muriel, viuda en la mitad de su adolescencia, y cuyo padre había perecido en la explosión del 77 en la mina de El Silencio, aún recuerda cómo su esposo, Norberio Muriel Acevedo, le había dicho el viernes anterior a la desgracia: “El tajo está muy inseguro, falta ver si salimos vivos”. El sábado, su nombre le reafirmó el preludio de la desventura, antes de partir, por última vez, hacia el socavón: “Ese tajo está muy malo. Si nos tapa, nos tapa de una”.

En una vieja casa de corredores empedrados, sobre una de las colinas de las afueras del pueblo, Ana Débora de Restrepo, vestida de negro, rodeada por sus cinco hijos, llora la muerte de su marido, Manuel de Jesús Restrepo Arenas. Con más de 19 años de labores en la mina, a este proletario de 49 años sólo le faltaban siete meses de trabajo para conseguir la jubilación. En el sindicato y en el MOIR, su deceso ha sido uno de los más lamentados, pues Manuel de Jesús era un corajudo combatiente que, a pesar de no ser un militante, nunca se había negado a alistarse en las duras batallas libradas por los proletarios de Amagá. Con frases entrecortadas, como queriendo rehuir el amargo pasado, su mujer apenas alcanza a musitar: “Él lo había advertido. Si caemos, me dijo, en la empresa están los culpables”.

Martha Doris Ángel, la esposa de Darío Rivera Herrera, un minero de 29 años de edad y con ocho de experiencia en la extracción del carbón, es ahora una viuda desolada y con un hijo. Ella cuenta que Darío le comentó que las palancas de acero ya no resistían y que los patronos, a pesar de los reclamos de los excavadores, no las cambiaban.

Altiva, con un sencillo traje negro, Blanca Raigosa va hasta la sede sindical a consultar la manera para hacer que la compañía responda por la vida de su marido, Audo Maro Pérez, y por el sostenimiento de ella y sus catorce hijos. Quince días antes del derrumbe – dice Blanca – Audo me venía contando que el tajo estaba muy malo, que a las palancas les metían una cuña y se deslizaban o se descascaraban. Inclusive un día me dijo que suspendieron a un trabajador porque había entrado al tajo una palanca nueva para reemplazar una de las antiguas”.

Bajando los párpados sobre sus transparentes ojos grises, ella revive la última conversación que tuvo como Audo Maro: “Tengo miedo de ir a trabajar – recuerda que le confesó. Pero el problema es que la empresa, si no vamos nos descuadra el salario”.

Flor Inés Rojas de Ángel, ahora sola con sus dos hijos, tampoco olvida las advertencias que sobre el peligro que se cernía en ‘El Silencio’ hiciera su esposo Luis Eduardo Ángel Sánchez. Sin embargo, impelido por la necesidad del menguado jornal, también este minero de 35 años, encontró, junto con sus otros cuatro compañeros, una muerte desdichada bajo el alud de rocas.

Empresa y gobierno se lavan las manos
Con mucha anterioridad a la desgracia del 7 de diciembre, el sindicato de la Industria Minera de Antioquia había reclamado a la empresa sobre los riesgos que acechaban en el interior de la mina. El 18 de febrero de 1981, la organización obrera remitió una carta al jefe de la Sección de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo de Antioquia, solicitando una inspección de los socavones de El Silencio y Villa Diana. La repuesta seca y demagógica de los funcionarios fue una sola: “La haremos”. Más nunca la efectuaron.

En vista de que el Ministerio no adelantaba la investigación, el 7 de octubre los explotados firmaron un memorial en el que denunciaban el incumplimiento de la convención colectiva, pactada a principios de 1981, y en el que volvía a exigir la ejecución de las medidas de seguridad. La comunicación le fue enviada al gerente de Industrial Hullera, con copia al consejero principal de la compañía y al Jefe de la División Departamental del Trabajo. En la respuesta del gerente, producida el 20 de octubre, 18 días antes de que sucediera el fatal accidente, la compañía afirmó cínicamente que no se estaba violando la convención y que, en cuanto a la seguridad, los asalariados podían confiar en que no correrían ningún peligro.

David Velásquez, vicepresidente del Sindicato, anota que hace “unos tres meses la comisión de reclamos se entrevistó con el administrador de la mina y urgió el reemplazo de las palancas. Los delegados de Hullera se obligaron a efectuar este cambio, sólo que apenas lo vinieron a cumplir el sábado 7 de noviembre, después de que en el tajo había cinco compañeros sacrificados por la indolencia de los patronos”.
Las palancas nuevas permanecieron arrumadas durante mucho tiempo a la entrada de la mina. Los hombres que marchaban hacia las temibles entrañas de la tierra, pasaban diariamente junto a las barras de acero que tanta falta hacían para guardar sus vidas. Pero la empresa las tenía destinadas a la explotación de otra veta.

A pesar de las evidencias acopiadas durante mucho tiempo por los explotados, los empresarios hablan con desfachatez de que lo sucedido no es más que “un accidente imprevisto”, y los funcionarios del Ministerio del Trabajo, con igual impudicia, sentencian que “la culpa es de la naturaleza”. Empleados de Industrial Hullera trataron de tomar algunas declaraciones, con los trabajadores que se prestaran a ello, para justificar la irresponsabilidad de la empresa y descargar sobre los proletarios la causa de la tragedia.

Con esa patraña querían hacer creer que los excavadores no aseguraban bien el acero, cuando los pivotes, por su desgaste, ya no se prestan para efectuar una tarea normal. Una visita conjunta del comité de seguridad del sindicato y de varios gerentes de Hullera, llevada a cabo después del 7 de noviembre, confirmó, en un corto recorrido por las galerías, la ubicación de más de 50 palancas inservibles.

La muerte sigue acechando
En cada rincón de los sofocantes túneles de El Silencio y Villa Diana parece agazaparse una trampa mortal, montada para hacer caer a los inermes mineros de Amagá. No existe semana en la que allí no se presente un percance por la ausencia de equipos adecuados y de sistemas de seguridad. Hernán Taborda afirma que “aproximadamente dos meses atrás, el tajo UNO ya se había tapado, ocasionando lesiones a varios compañeros, entre ellos a dos de los que perdieron la vida el 7 de noviembre, Manuel Restrepo y Luis Eduardo Ángel. Este derrumbe también lo originó el problema de las palancas”.

“En cuanto a la ventilación de la mina, dice Miguel Ángel Puerta, la empresa aún carece del material suficiente para detectar gases. La mayoría de los metanómetros funcionan defectuosamente y las personas que realizan las mediciones de la composición del aire no saben manejarlos, pues apenas han recibido instrucciones superficiales. El médico que asiste a las reuniones del comité de seguridad no está especializado en salud ocupacional. Dentro de la mina no se ha aplicado un plan que brinde protección a los trabajadores. Numerosos compañeros han venido perdiendo dedos y manos porque las bandas no tienen mallas y los malacates están averiados.

La oficina de Antioquia del Ministerio de Trabajo mandó tomar placas de rayos X para verificar el estado de los pulmones de los mineros, pero jamás nos enteramos del resultado de estas pruebas. Supimos, sin embargo, que en la compañía reposan exámenes de laboratorio que confirman que entre los compañeros se han presentado síntomas de antracosis, una enfermedad que es causada por el polvo del carbón.”

Como cualquier fariseo, y repitiendo las mismas muecas de pesadumbre de la tragedia anterior, Industrial Hullera difundió en la prensa oligárquica burdas lamentaciones. Sin el menor asomo de recato, el gerente dijo que la muerte de los cinco mineros “trastornó el normal funcionamiento de la compañía, y el personal directivo nuestro se frustró un poco” 1.

La esposa de uno de los hombres que cayó el 7 de noviembre, revive con ira las horas de la desgracia, cuando los administradores querían obligar a los otros turnos de los proletarios a entrar a las galerías a trabajar. En ese instante no se había rescatado uno solo de los cadáveres. Los explotados, con su sangre hirviendo por la afrentosa propuesta, contestaron al unísono: “Allá en el socavón, bajo las rocas, no hay un perro sino seres humanos, y no volveremos al tajo hasta no rescatar sus cuerpos”. Más adelante, cuando los asalariados se negaron a laborar hasta que se tomaran unas mínimas medidas de seguridad, la compañía suspendió los pagos de los jornales ya devengados. “Industrial Hullera se convirtió para la clase obrera en un campo de concentración en el que mueren, por un sí o por un no, los mineros, bajo la dictadura de su administración”, señala con enojo uno de los excavadores.

“Volveremos al combate”
Además de los 400 obreros que bajan todos los días a las profundidades de El Silencio y Villa Diana, en la región de Amagá existen unos dos mil hombres que viven de extraer el carbón y que cumplen agotadores esfuerzos, en extensas jornadas, con menguados salarios y en aterradoras y rudimentarias condiciones de trabajo. La miseria en la que se mueven estos colombianos es tal, y su aspecto es tan denigrante, que las gentes los llaman “gurreros”, especies de topos que abundan en las hondonadas de estas montañas de la Cordillera Central.

“Estos esclavos, explican en el Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, no gozan de prestaciones sociales, no reciben overoles, botas, ni casco y jamás han sabido lo que es un autorrescatador o metanómetro”. Y luego añaden los dirigentes proletarios: pero vamos a ir de pueblo en pueblo, de yacimiento en yacimiento, agitando la necesidad de que los trabajadores se organicen y luchen en un solo sindicato”.

“No será la primera vez que nos unamos ni la última en que libremos un combate. Y así como realizamos las huelgas victoriosas de 1968 y de 1977, la primera durante 45 días y la segunda a lo largo de 53, con el respaldo y la orientación del MOIR y de nuestro camarada Francisco Mosquera, con la solidaridad material y política de los campesinos y de la región, asimismo proseguiremos en la batalla para borrar de la faz de Colombia, al lado de nuestros hermanos, todas las iniquidades y las injusticias que se cometen contra el proletariado y el pueblo”, termina diciendo el compañero Hernán Taborda.

Los obreros caídos
Norberto Muriel Acevedo, Manuel de Jesús Restrepo, Darío Rivera Herrera, Audo Maro Pérez, Luis Eduardo Ángel Sánchez.

Nota
1. Declaración del gerente de Industrial Hullera, publicada en El Mundo, el 2 de diciembre de 1981.

Durante las últimas semanas de 1981, Consuelo de Montejo presidió nutridas manifestaciones en Cali, Medellín, Manizales, Pasto, Ipiales, Taminango, Aguachica, Puerto Boyacá, Zipaquirá, Repelón y Espinal. Asimismo, la candidata del Frente por la Unidad del Pueblo, recibió el apoyo de Luis Arturo García, dirigente del liberalismo independiente de Risaralda, y en Calarcá, Buga y Palmira fue objeto de multitudinarios actos en su honor. “Sí, Colombia desea ser patria libre y soberana” – afirmó Consuelo de Montejo en Cali, “tiene que manejarse por sí misma. Por eso, lo primero que necesitamos es una izquierda verdaderamente independiente del imperialismo norteamericano y del socialimperialismo soviético”.

Homenaje a la juventud

El 3 de diciembre, en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, cerca de un millar de jóvenes militantes del Frente por la Unidad del Pueblo rindieron un caluroso homenaje a Consuelo de Montejo. El acto estuvo presidido por la candidata del FUP, Germán Pérez Ariza, Álvaro Bernal Segura, Carlos Valverde y Marcelo Torres; intervinieron Aníbal Barros, de la Juventud Patriótica; Humberto Serna, de las Juventudes del MIL, y Jaime Gómez, de las Juventudes de Anapo Revolucionaria.

Con ocasión de la celebración del 53° aniversario de 1p fundación del Partido Comunista del Perú, una delegación del Comité Ejecutivo Central del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) de Colombia, encabezada por su Secretario General, el camarada Francisco Mosquera, ha visitado el Perú.

Durante su estadía esta delegación sostuvo cordiales y fructíferas conversaciones con una similar del Comité Central del Partido Comunista del Perú, dirigida por su Secretario General, el camarada Alberto Moreno.

La delegación colombiana explicó cómo la crisis de la sociedad neocolonial y semifeudal de Colombia ha llegado a un punto supremamente agudo, sin precedentes en la historia de la nación. La extorsión de los monopolios extranjeros, principalmente norteamericanos, y los privilegios de la gran burguesía financiera y de los demás sectores parasitarios y antinacionales han terminado por estrangular la producción nacional, que atraviesa por un calamitoso proceso de quiebras y de retroceso en todas sus ramas. Esta situación golpea duramente a las masas populares. Aumenta el desempleo, crece el costo de vida y se agudiza el hambre. Las minorías dominantes, en un vano intento por mantener el control, combinan el reformismo con la más violenta represión contra el pueblo. Y el revisionismo prosoviético, en su afán por abrirles paso a sus amos socialimperialistas, busca un entendimiento con la reacción oficial tendiente a establecer una artificiosa armonía y una supuesta paz entre opresores y oprimidos. Por su lado, las clases revolucionarias, con el proletariado a la cabeza, resisten a la represión gubernamental, reagrupan sus fuerzas, libran la batalla ideológica y política contra los demagogos y oportunistas y se preparan para pasar a la ofensiva dentro de la coyuntura prevaleciente. El MOIR se encuentra a la vanguardia de estas luchas, en alianza con el resto de partidos revolucionarios que conforman el Frente por la Unidad del Pueblo (FUP). En tales condiciones, la revolución colombiana seguirá avanzando inevitablemente, y Colombia saldrá de la oscura noche por la que atraviesa y conquistará una aurora brillante.

En este punto, el camarada Alberto Moreno, en representación del PC del Perú, manifestó su aprecio por el desarrollo de las luchas populares en Colombia y por los avances del MOIR y del FUP.

La delegación peruana informó del desarrollo creciente de las luchas y de los avances organizativos del pueblo peruano, en la perspectiva del logro de la democracia popular y del socialismo. Las luchas populares obligaron el retiro de los militares a sus cuarteles, luego de doce años de dictadura. Restituido el régimen parlamentario, ha asumido el gobierno el partido derechista Acción Popular que, aliado al Partido Popular Cristiano, viene desarrollando una política entreguista, antidemocrática y antipopular, favorable al imperialismo, principalmente norteamericano; que viene tomando los visos de una dictadura civil, en su afán de descargar el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo. Fuerzas ultraderechistas y anarquistas han efectuado una serie de acciones terroristas, que sirven objetivamente a la reacción; y bajo el pretexto de combatirlas, el gobierno ha lanzado una campaña represiva contra la izquierda y el pueblo. El PC del Perú, conjuntamente con otras fuerzas, ha constituido la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR), que a su vez es parte de Izquierda Unida, la cual levanta las banderas de la soberanía nacional, la democracia y el bienestar popular, y una política de independencia y no alineamiento. El fortalecimiento de Izquierda Unida, que el PC del Perú propugna, pasa por el combate tenaz al revisionismo y otras corrientes reformistas que pugnan por hegemonizarla y arrastrarla tras sus propias alternativas. Los comunistas peruanos trabajan por hacer del PC del Perú un partido revolucionario, capaz de asumir con éxito sus tareas históricas

En este punto, el camarada Francisco Mosquera expresó el respaldo fraterno del MOIR y del pueblo colombiano a las luchas que por la liberación nacional, la democracia popular y el socialismo libra el pueblo peruano, bajo la dirección del UNIR y del partido Comunista del Perú (Patria Roja).

Las dos delegaciones dieron a conocer sus opiniones sobre la situación mundial y la del movimiento comunista internacional. Manifestaron su condena a la política hegemonista y de guerra de ambas superpotencias, tanto de los EE.UU, principal opresor de los pueblos de nuestro continente, como de la URSS, fuente principal de la guerra mundial y el más peligroso de los enemigos del pueblo del mundo; y al nefasto papel que cumplen los regímenes de Cuba y Vietnam como agentes al servicios socialimperialista en el mundo. Expresaron, además, su disposición a seguir impulsando la formación de un gran frente único internacional de todos los pueblos, naciones y países en contra de las dos superpotencias y como un instrumento de defensa de la paz mundial. Coincidieron, también en alertar a los pueblos de América Latina para que sus luchas por la independencia nacional no terminen siendo aprovechadas por el socialimperialismo y sus agentes, que pretenden apoderarse de las naciones que combaten por liberarse del yugo del imperialismo norteamericano, como ocurre en Centroamérica, el Caribe y otras áreas del mundo.

Ambas delegaciones manifestaron su solidaridad con los países, naciones y pueblos victimas de las superpotencias y reaccionarios, y comprometieron su apoyo activo a El Salvador, Afganistán, Kampuchea, Palestina, el Sur de África, Polonia y otros pueblos que luchan por la autodeterminación e independencia nacionales.

Las dos delegaciones recalcaron que el apoyo recíproco entre los dos pueblos y entre los dos partidos será un factor importante para las revoluciones de Perú y de Colombia.

Finalmente, ambos partidos ratificaron sus deseos de fortalecer sus relaciones y de desarrollarlas sobre la base ideológica común, el marxismo-leninismo pensamiento Mao Tsetung, y el internacionalismo proletario.

Lima, 7 de octubre de 1982
Por el Partido Comunista del Perú
ALBERTO MORENO
Secretario General
Por el MOIR
FRANCISCO MOSQUERA
Secretario General.