Editorial: COMBATIR INTEGRALMENTE LA DICTADURA

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

1. Entre mediocres mañas alternadas con cínicas intolerancias, los actos de gobierno que durante veinticuatro meses ha aplicado Uribe Vélez han mostrado palmariamente que están dirigidos a la instauración de una dictadura. Señalar que su contenido es de derecha, es decir, contra los intereses de la nación y sus mayorías, es indispensable, ya que del reconocimiento cabal y a fondo de esa naturaleza política depende el acierto en la política –posición y métodos– que se debe asumir frente a ella. Tal definición, lejos de obedecer a una adjetivación esquemática o redundante, es cuestión primordial dada la capital gravedad del desafío que la oligarquía pro imperialista les ha lanzado a los colombianos sobre su destino y el de la nación. Para contrarrestar inadmisibles laxitudes ideológicas y políticas a ese respecto, adquiere suma importancia que la mencionada apreciación impere entre todos los compatriotas, pero primeramente entre las personalidades y dirigentes que tienen ascendiente entre la población.

Ninguna dictadura es neutra. Desde el Estado, que es su instrumento, está al servicio de una dominación e interés de clase, en nuestro caso los de la oligarquía financiera criolla y la cúpula financiera imperialista y, por lo tanto, es por completo antagónica con los del pueblo colombiano. No cabe entonces tener ante ella actitudes de conciliación cuando quienes la están cimentando desatan su implacable lucha de clases contra los sectores populares, ni exhibir docilidad disfrazada de sensatez cuando quienes detentan el poder aducen las más dogmáticas ideas y proceden con el mayor sectarismo.

A medida que se entroniza el despotismo va haciéndose más evidente la necesidad de desechar algunos lemas que rondan entre organizaciones y movimientos que en diversos grados han venido oponiéndosele. Tal es el caso de la «oposición constructiva», que en sus mismos términos envuelve la cooperación; la disposición «propositiva», que llama a plantear ideas alternativas dentro de la política del régimen; la política de concertación, que implica tratar como entre iguales y con intereses comunes la relación entre sojuzgadores y sojuzgados; la consigna de la reconciliación que atribuye la polarización de la sociedad no a las arbitrariedades estatales, sino a la justa resistencia que se les opone. Posiciones y talantes políticos como estos no sólo no le hacen mella a la política del gobierno, sino que terminan remozando su índole dictatorial.

2. En las diversas actividades y expresiones que afloraron durante el pasado semestre para rechazar las políticas propias del neoliberalismo y la globalización norteamericana que cerrilmente aplica Uribe Vélez, se hizo patente una vez más el espíritu patriótico y democrático que pervive entre los colombianos, corroborándose así que este constituye un básico factor político a desarrollar en una batalla que se avizora como prolongada. Fueron paros cívicos, huelgas, jornadas y manifestaciones de protesta que, junto a los debates de las minorías parlamentarias contra la política gubernamental, la labor crítica de intelectuales y personalidades progresistas y las múltiples actividades de organizaciones políticas y sociales, van aquilatando el rumbo acertado y los métodos correctos para enfrentar la generalizada acometida.

Son todas luchas y posiciones con la formidable perspectiva de contrarrestar y, finalmente, derrotar la que seguramente pasará a la historia como la más desaforada agresión contra el país y sus gentes emprendida por el imperialismo norteamericano (hoy asediado, debido a la globalización del repudio que suscitan sus criminales tropelías), y por la oligarquía financiera colombiana que, «castrada de todo patriotismo y democracia», tiene a Uribe Vélez como su valido en la jefatura del gobierno.

Resaltan entre ellas la huelga de alto contenido político que durante 35 días libraron los trabajadores de Ecopetrol, erigiendo con ella una pauta en el movimiento obrero sobre la necesidad de ligar la lucha sindical con la defensa de los intereses nacionales y reafirmando la posición de dignidad y osadía de las organizaciones obreras frente al asedio de las amenazas y sobornos para que concilien la entrega de sus intereses y consientan su degeneración y marchitamiento; la abigarrada y combativa manifestación en contra del ALCA y el TLC que, enfrentando la brutal represión del gobierno, realizaron sectores populares de Cartagena acompañados de dirigentes y trabajadores de las centrales sindicales y de las organizaciones agrarias, indígenas procedentes de todo el país y un puñado de parlamentarios de oposición y de izquierda, y, por último, la recia resistencia de los habitantes de Girardota, Copacabana, Barbosa y Bello, durante el paro cívico en rechazo a la exacción, que por cobro de valorización y de un oneroso «peajito social», pretende hacerles el gobierno. Fueron tres trincheras que en su particularidad encarnan la guía de combate para toda la población.

3. La aplicación de su nefaria política sin sujeción a reglas, leyes o control alguno es manifiesta en las recurrentes acometidas del uribismo contra las demás ramas del Estado (ya nos referimos en editorial anterior a lo que pretende contra la rama Judicial: Tribuna Roja No. 95). Al no poder cerrar el Congreso, se dedicó a denigrarlo con malicia o ensalzarlo con zalamerías, según cumpliera o no su voluntad; a apoderarse de la iniciativa parlamentaria, presentando por interpuestos congresistas todo tipo de proyectos de ley y a utilizar la vulgar politiquería para comprar voluntades y votos. Como resultado, las así adobadas mayorías parlamentarias, que componen un corro de liberales y conservadores ya desnaturalizados con un rampante uribismo, han conseguido revelar la corporación legislativa como un establo en donde el gobierno oficia de mayoral, algo que la valerosa actitud de crítica y denuncia desplegada allí por los congresistas de las minorías políticas hace más ostensible.

No es de extrañar que esas mayorías, arrimadas en el palacio presidencial, impongan la aprobación en serie de leyes que recortan o suprimen libertades y derechos democráticos, de lo cual es ominosa muestra el «estatuto antiterrorista»; normas dirigidas a que se nieguen o escatimen a la mayoría de la población servicios tan vitales como los de la salud, generando un real holocausto que cobra miles de veces más víctimas que las que arroja el conjunto de violencias y terror; mandatos que le dejan a los linces del capital privado la prestación de otros servicios públicos para que se lucren con la más despiadada expoliación de las gentes; disposiciones que despojan a los trabajadores de conquistas laborales y derechos pensionales, y arrojan de continuo pesadas cargas tributarias sobre las agobiadas capas populares, mientras llenan de privilegios y exenciones tributarias a la plutocracia financiera; preceptos que autorizan la entrega barata a las multinacionales de empresas y recursos públicos que hacían parte de nuestro patrimonio y les dan garantías para la toma de nuestro mercado interno, ahora a punto de rematarse mediante expedientes como el Tratado de Libre Comercio; en fin, leyes que, al igual que las que presentará el gobierno en la próxima legislatura, responden a los ucases del gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales. Se le concede así a los Estados Unidos una plataforma política y económica para su total recolonización del país.

Menos cabe sorprenderse de que, so capa de la «seguridad democrática», pero en realidad con el señalado propósito de poner cabalmente en ejecución la política antipopular y antinacional a la que se le viene otorgando estatus legal y constitucional mediante esa sucesión de leyes, las mayorías uribistas en el Congreso sigan aprobando la ley que facilita la reelección de Uribe Vélez, rompiendo adrede las reglas del juego del Estado de Derecho que rige bajo el régimen imperante, para pasar a consolidar uno de hecho, el dictatorial.

Dentro de la lógica propia de la manía presuntamente redentora del país con la que actúa Uribe, es tan cierto como siniestro que queda todavía mucho por arrasar en la base y en la superestructura de la nación, así como mucho por doblegar en la gente de bien, demócratas y patriotas, que mora en ella, antes de poder entregarla por completo a la voracidad de los dueños del capital financiero internacional y doméstico. Tal pretensión es el sentido escueto de la reelección.

Uribe ha logrado en la época moderna conjugar los elementos más eficaces para la destrucción de Colombia. El otro aspecto, la negación de tan sombrío proceso, está en gestación con la gama de oposiciones y combates que se ha venido desplegando. Advendrá pleno con el despertar ineluctable de las clases populares.

Héctor Valencia H.
Secretario general del MOIR

AVANZA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Importante seminario político e ideológico

Los días 5 y 6 del pasado mes de junio, se realizó en el Hotel Sochagota de Paipa un importante evento de Alternativa Democrática, con la participación de ocho parlamentarios de la bancada y dirigentes de los partidos y organizaciones que la integran. En las fotografías, vemos aspectos de la reunión, presidida por el doctor Carlos Gaviria Díaz.

Arriba, el doctor Gaviria; Orlando Fals Borda, del Frente Social y Político; el senador Antonio Javier Peñalosa, Rafael Sánchez y el padre Bernardo Hoyos, del Movimiento Ciudadano. En la foto de la derecha, el doctor Gaviria Díaz se dirige a los asistentes.

Los parlamentarios de Alternativa Democrática: Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Félix Efrén Tarapués, Wilson Borja, Álex López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra, y dos delegados de cada una de las organizaciones políticas integrantes de la coalición (Frente Social y Político, Partido Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete y el MOIR, se reunieron en el Hotel Sochagota los días 5 y 6 de junio de 2004, para analizar la grave crisis nacional y la ofensiva antipopular del gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez, sus medidas lesivas de los derechos democráticos y su entrega de la dignidad nacional ante el creciente intervencionismo de Estados Unidos. Después de una amplia y franca deliberación, el evento llegó a importantes acuerdos, entre los cuales destacamos:

1.Luchar contra las pretensiones reeleccionistas de Álvaro Uribe Vélez.

2. Impulsar la defensa de la soberanía nacional contra la creciente injerencia e intervención de Estados Unidos y su arrasadora política neoliberal que busca imponer el Tratado de Libre Comercio, que es nada menos que la anexión de la economía colombiana a la de la poderosa potencia del Norte.

3.Exigir el respeto de las libertades democráticas y rechazar la creciente represión de este gobierno contra los luchadores populares y sus organizaciones.

4.Denunciar y combatir, en el Congreso y fuera de él, la agenda legislativa que pretende hacer aprobar Álvaro Uribe Vélez en la legislatura que comienza y que contiene, entre otras, medidas tan lesivas contra el pueblo como el recorte de las pensiones, el aumento de la edad y de las semanas cotizadas para obtener la jubilación, la eliminación de la mesada catorce y de los regímenes especiales, lo cual afecta a miles de trabajadores petroleros y del magisterio, la imposición del IVA a productos básicos de la canasta familiar.

Es conveniente señalar que mientras Uribe prepara esta avalancha contra los sectores populares, no tiene ningún empacho en aumentar las exenciones para las grandes empresas multinacionales, les recorta los impuestos y les da toda clase de garantías para sus inversiones.

La reforma a la Justicia y los proyectos de ley para apuntalar su «Seguridad Democrática» también serán objeto de importantes debates por parte de los parlamentarios de nuestra bancada.

5. Apoyar la búsqueda de una solución política del conflicto armado.

6. Defender las reivindicaciones sociales, económicas y culturales de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Oponerse a las privatizaciones y a la entrega del patrimonio público a los capitales privados y extranjeros. Ampliar la coalición y apoyar las luchas

La reunión de Paipa también aprobó que Alternativa Democrática no sea sólo una bancada parlamentaria, sino una coalición de movimientos sociales y políticos para presentarle al país una propuesta unitaria y democrática. Debe por ello darle cabida a nuevas organizaciones que defiendan las mismas posiciones políticas y que participen activamente, como lo hará Alternativa Democrática, en las luchas sociales, cívicas y democráticas que libran los trabajadores, pobladores y ciudadanos.

Coordinación organizativa

El evento aprobó la conformación de una dirección nacional integrada por los parlamentarios de la bancada y dos delegados en representación de cada uno de los movimientos políticos integrantes. Para un funcionamiento más ágil y efectivo la dirección elegirá un Comité Ejecutivo y definirá su funcionamiento. Igualmente, fueron aprobados varios mecanismos de coordinación de las tareas de las Unidades Técnicas Legislativas que apoyan la labor de los congresistas de Alternativa Democrática, así como la creación de mesas de estudio y de trabajo sobre temas donde el gobierno prepara graves atentados contra los intereses de las masas populares: salud, pensiones, servicios públicos, libre comercio, «seguridad democrática», propiedad intelectual, políticas medioambientales, recursos naturales, política de hidrocarburos, entre otros.

Gran Coalición Democrática

El seminario determinó que Alternativa Democrática continuará participando en la Gran Coalición Democrática, instancia unitaria creada pra impulsar las actividades por la abstención activa al referendo del 25 de octubre y que, como se recuerda, fue derrotado sin atenuantes, propinándole un severo golpe a las pretensiones uribistas.

Candidatura presidencial

Alternativa Democrática se empeñará en levantar una candidatura única de los sectores independientes y democráticos, con una plataforma de convergencia que contemple los puntos atrás señalados .

En este contexto, se pondrá a consideración de los colombianos el nombre del doctor Carlos Gaviria como posible candidato presidencial.

Alternativa Democrática en los departamentos

Para el domingo 8 de agosto, en el Rincón Latino de la ciudad capital del Atlántico, se llevará a cabo un extraordinario acto de lanzamiento de Alternativa Democrática en la Costa, en el cual participarán los parlamentarios de esta coalición política: los senadores Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda y Antonio Javier Peñalosa, y los representantes Wilson Borja, Álex López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra. El Movimiento Ciudadano, que dirigen el padre Bernardo Hoyos Montoya, el senador Antonio Javier Peñalosa y el concejal de Barranquilla, Rafael Sánchez, adelantan los preparativos del evento, que ha despertado enorme expectativa. Cuentan para ello con el respaldo de la militancia del MOIR, de Unidad Democrática y del Frente Social y Político.

En el Valle del Cauca

Después de numerosas reuniones en varios municipios, las fuerzas integrantes de Alternativa Democrática en el Valle del Cauca realizarán en Cali una concentración el 31 de julio, la cual será encabezada por el representante a la Cámara, el compañero Alexánder López. Allí también se harán presentes varios de los congresistas de la bancada.

En otras regiones

En Pereira, Manizales, Tunja, Santa Marta y Bucaramanga se han realizado actos y reuniones de Alternativa Democrática con miras a consolidar los esfuerzos unitarios entre las diferentes fuerzas.

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE POLÍTICA Y SOCIAL

Bogotá, julio 22 de 2004

En esta amplia y representativa Cumbre Política y Social que se ha realizado hoy, 22 de julio, en el auditorio del edificio Orquídea Real de Bogotá, la Gran Coalición Democrática, los partidos políticos democráticos, el movimiento sindical confederado, parlamentarios, diputados y concejales de diversas corrientes políticas, los pensionados y las más activas organizaciones no gubernamentales hemos unificado criterios, propósitos, planes y tareas alrededor de cinco grandes ejes de trabajo en los cuales se juega el futuro del país y los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos:

Defensa del Estado social de derecho, las libertades y la soberanía

Ante la ofensiva del gobierno del presidente Uribe Vélez encaminada a profundizar el desequilibrio de los poderes públicos, restringir las libertades y el ejercicio de los derechos democráticos a la población, disminuir la responsabilidad y la inversión social del Estado, y respaldar irrestricta e integralmente la política hegemonista norteamericana, nos hemos comprometido en la defensa del Estado social de derecho oponiéndonos al proyecto de reforma a la justicia que propiciaría una mayor injerencia del Ejecutivo en la Rama judicial, al recorte de facultades a la Corte Constitucional, a las limitaciones que harán inoperante la acción de tutela y al desmonte de las obligaciones sociales del Estado; en la defensa de las libertades ciudadanas encabezando el desenmascaramiento del carácter fascistoide del Estatuto Antiterrorista y su ley reglamentaria así como la denuncia de su inconstitucionalidad como ya lo han señalado voces muy representativas de la sociedad colombiana; en la defensa de la soberanía luchando contra los planes económicos, políticos y militares elaborados contra el interés nacional desde Washington y aplicados a rajatabla por el gobierno uribista; así mismo rechazamos la presencia de tropas norteamericanas y mercenarios extranjeros en el territorio nacional.

Contra las neoliberales reformas constitucionales, económicas y sociales del gobierno

Nos hemos comprometido a luchar en el parlamento, en las calles y plazas de Colombia para impedir la aprobación de una agenda legislativa oficial que pretende descargar en los hombros y en el bolsillo de las mayorías pauperizadas las consecuencias de una política económica neoliberal que ha sumido al país en la más honda crisis de su vida republicana. Ni una nueva reforma tributaria (la tercera de este gobierno) que pretende imponer un IVA del cuatro por ciento a los alimentos básicos de la canasta familiar, ni una nueva reforma pensional resolverán los graves problemas del presupuesto y las finanzas nacionales originados en el acatamiento dócil a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI y, en cambio, someterán a los colombianos a mayores niveles de pobreza y miseria. Hoy, en Colombia, 13 millones de colombianos viven en la indigencia, 33 millones por debajo de la pobreza y el desempleo supera el 17%. Además, nos oponemos a las propuestas legislativas que intenten consagrar la impunidad.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos

De firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, como pretende a las volandas el gobierno de Uribe Vélez, los pocos sectores de la producción que han sobrevivido a los catorce años de aplicación de la apertura económica neoliberal colapsarían estrepitosamente como lo han anunciado reiteradamente caracterizados voceros de la academia, del parlamento, de las organizaciones políticas, de los gremios empresariales y de las centrales de los trabajadores. La faena apátrida de entregar el mercado nacional, centenares de miles de empleos y jornales agrícolas, recursos naturales y empresas públicas habrá terminado para beneficio del capital internacional, principalmente norteamericano, y la ruina de una nación despojada de su soberanía económica y de la columna vertebral de su aparato productivo. Por lo tanto, nos comprometemos ante los trabajadores y los productores colombianos a denunciar este proyecto de anexión y luchar por impedir su firma.

La reelección presidencial

Con el apoyo del Embajador norteamericano y la compra de los votos de algunos parlamentarios a cambio de ciertas partidas presupuestales, como corresponde a la más cruda tradición clientelista y corrupta de la forma de hacer política en Colombia, el presidente Uribe Vélez logró imponer en primera vuelta el proyecto de reforma constitucional que establece la reelección inmediata, con evidentes propósitos dictatoriales. Es decir, ha avanzado en estrategia de cambiar las normas constitucionales para beneficio propio aprovechando sin pudor ni tapujos el cargo que desempeña y el poder que de allí se deriva. Reiteramos nuestra decidida oposición al proyecto de reelección dentro y fuera del parlamento colombiano y nuestra disposición a lograr una unidad de acción aún más amplia que la de esta Cumbre Política y Social con los sectores de las vertientes tradicionales que deslinden campos con la pretensión uribista.

La solución política del conflicto armado y los acuerdos humanitarios

Reiteramos nuestro compromiso porque Colombia supere las dificultades causadas por la generalización de la violencia a través de la solución política negociada del conflicto armado. Así mismo, apoyamos la búsqueda de acuerdos y compromisos humanitarios, entre los cuales están los que permitan la libertad de los colombianos afectados por las fuerzas en contienda.

Llamamos a la ciudadanía a participar activamente en el Plan de Acción aprobado en esta Cumbre Política y Social, con el objetivo de potenciar la movilización de los colombianos por la defensa de la nación hoy amenazada.

Gran Coalición Democrática, Partido Liberal Colombiano, Partido Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática, Partido del Trabajo de Colombia, Convergencia Popular Cívica, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Comunista Colombiano, Frente Social y Político, Partido Unidad Democrática, Partido Comunitario Opción Siete, Movimiento Ciudadano, Movimiento Colectivo Guillermo Marín, Unión Patriótica, Central Unitaria de Trabajadores, Confederación General de Trabajadores Democráticos, Confederación de Trabajadores de Colombia, Confederación de Pensionados de Colombia, Comando Nacional Unitario, Comando Nacional Sindical Estatal, Federación Colombiana de Educadores, Unión Nacional de Empleados Bancarios, Fenaltrase, Aspu, Central Nacional Provivienda, Sindess, Ascontrol, Sintragobernaciones, Concec, Corporación Viva La Ciudadanía, Sintraseguridad Social. (Sigue listado de organizaciones sindicales y sociales, parlamentarios y otras personalidades).

LA USO EN EL CAMINO DE LA RESISTENCIA

Gustavo Triana

Durante 35 días los trabajadores petroleros, dirigidos por la Unión Sindical Obrera, libraron una de las batallas más importantes contra la política de recolonización. La huelga de la USO dio una clara muestra de la capacidad de organización y movilización de los trabajadores y sacó a relucir todos los valores antiimperialistas del proletariado petrolero. Esta combativa movilización interpretó el afán de la inmensa mayoría del pueblo colombiano por contener las tropelías de Uribe Vélez. Se convirtió en el ejemplo a emular si queremos resistir eficazmente la brutal embestida de Estados Unidos para saquear nuestra nación y esclavizar a nuestro pueblo.

Los dirigentes y activistas desplegaron una titánica labor de explicación de la batalla en sindicatos, concejos, asambleas departamentales, colegios, universidades, barrios populares, veredas y todo escenario posible en las zonas de influencia petrolera. Las formas organizativas utilizadas son una escuela para el movimiento obrero. Se crearon comités de mujeres, contratistas, temporales, aprendices y estudiantes del Sena, como también por áreas de producción y por actividades de la huelga y, lo más importante, se afianzó el Frente Patriótico por la Defensa de Ecopetrol, que en Barranca corresponde al Foro Social, la organización más amplia de la región, liderada por monseñor Jaime Prieto y cuya bandera principal es la defensa de lo público y el bienestar de los pobladores.

La vinculación de todo el sindicato a este trabajo rindió sus frutos y tempranamente se sintieron las manifestaciones de apoyo del Movimiento de Mujeres por la Defensa de Ecopetrol, de las organizaciones de pensionados, senadores, representantes, concejales, diputados y alcaldes, de la Iglesia Católica y otros credos religiosos, el movimiento sindical nacional e internacional, los medios de comunicación de orden nacional y regional, los estudiantes, y, en fin, todos los patriotas. Treinta y dos senadores y representantes dejaron pública constancia en favor de la huelga.

Durante la huelga se desarrolló una impecable línea de masas que permitió alcanzar un gran respaldo, neutralizar el macartismo del gobierno y la gran prensa y esclarecerles a influyentes sectores sociales la importancia del manejo soberano del petróleo. El apoyo en las masas, la política de Frente y la posición patriótica y de clase que condujo el movimiento permitieron doblegar la arrogancia de Uribe y de Yanovich, obligándolos a negociar varios aspectos de la política petrolera y del manejo de Ecopetrol, lo que significa un avance en la contención de la recolonización imperialista. Fue una enseñanza contra el pesimismo y las tendencias conciliacionistas del movimiento sindical y la demostración de que la lucha organizada de las masas es lo único que hace retroceder el autoritarismo y antinacionalismo de Uribe.

Sin embargo, no se lograron todos los objetivos. Lo concerniente a los derechos de los trabajadores sigue dependiendo de poder derrotar el nefasto laudo arbitral, refrendado por la Corte Suprema pero que no está en firme por los recursos jurídicos interpuestos, ya que el trámite violenta toda la legislación laboral. La postura fascista de Uribe y Yanovich obligó a aceptar la pensión anticipada de 80 trabajadores, entre ellos los más veteranos dirigentes del sindicato, y un tribunal de arbitramento para el estudio del reintegro de otros 170 compañeros huelguistas. Lo relevante de la gesta es que la empresa mantiene su carácter estatal, no se entregan a las multinacionales los campos de producción de la estatal, se reafirma la ampliación y propiedad de la refinería de Cartagena y se frena la descapitalización de Ecopetrol impidiendo que se le pase a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, su participación en las asociaciones. Además, el sindicato sobrevive a la arremetida y no entrega absolutamente ningún principio, así temporal y parcialmente haya sufrido merma en sus dirigentes y activistas.

Para llegar hasta la declaratoria de la huelga política nacional, el jueves 22 de abril, se recorrió un camino de análisis y discusiones que son lección para el movimiento obrero. Los anuncios de arrasar la convención y completar la entrega del petróleo al imperialismo hacían que la Asamblea Nacional de Delegados, de noviembre de 2002, tuviera clara la necesidad de preparar y hacer una huelga que pusiera como eje central de la pelea defender el recurso hidrocarburífero nacional, la estatal petrolera y los derechos de los trabajadores.

La resolución adoptada así lo interpretó. La contradicción estuvo en cuándo debía iniciarse la huelga. La mayoría de la dirección concentró sus esfuerzos en la búsqueda de un eventual acuerdo para evitar el conflicto, sin tomar nota de la actitud cada vez más arrogante de Yanovich y del alistamiento de los decretos de reforma del Estado, que incluían a Ecopetrol. El desenfoque condujo a equivocaciones como atenerse solo a los recursos jurídicos, de los que hoy sigue pendiente la vigencia de la convención, y a desaprovechar las coyunturas que se presentaron para lanzar la batalla.

No se dio la orden de parar, por ejemplo, en el momento de expedir el Decreto 1760, que convirtió a Ecopetrol en empresa por acciones, creó la ANH para quitarle la administración de las reservas de crudo y gas y escindió sus inversiones en otras empresas para fundar la promotora de inversiones. Se optó por una asamblea permanente que no correspondía a la magnitud de la agresión. Al instalarse el tribunal en septiembre 26 de 2003, el sindicato permaneció en unos diálogos estériles, cuando la única respuesta era la huelga. Igual sucedió en diciembre de 2003, cuando se produjo el laudo arbitral que cercenó los aspectos más importantes de la convención.

Por el debate en las filas del sindicato para esclarecer la táctica, se llegó incluso a que el compañero Rodolfo Gutiérrez renunciara a la presidencia, pues tanto él como los dirigentes y delegados del MOIR y el Colectivo Guillermo Marín estaban en contra de la táctica aprobada por mayoría en la asamblea de agosto de 2003 y pedían aplicar la resolución que ordenaba la huelga general. En diciembre de 2003 y enero de 2004, la administración y el gobierno desataron una racha de medidas para aplicar el laudo arbitral, negar la renovación de contrato a los temporales, prorrogar los contratos de asociación de La Guajira, Caño Limón y Sabana de Torres, regresar a la concesión como forma de contrato y entregar los campos de Casabe y La Cira-Infantas a OXY y Schlumbeguer. Se anunció también la emisión de acciones de Ecopetrol, se cuestionó la propiedad de la empresa sobre los contratos de asociación existentes hasta diciembre de 2003 y se filtró una posible venta de la refinería de Cartagena. Todo se juntaba para darle el golpe final a la USO y a Ecopetrol, asunto que comprendió la dirección del sindicato y se retomó la decisión de ir al combate.

Restablecida la unidad, se lanzó la batalla, que la dirección sacó adelante con toda consecuencia. La tarea principal ahora es recomponer las filas de la organización y prepararla para continuar la lucha, pues urge materializar el reintegro de los compañeros despedidos, a quienes se debe respaldar política y económicamente, y persistir en la defensa de la convención colectiva de trabajo y en la revocatoria del laudo arbitral. La USO se debe mantener en guardia contra los nuevos intentos de Uribe y el imperialismo por apropiarse totalmente del petróleo nacional y liquidar o privatizar a Ecopetrol. La huelga reanima el movimiento obrero y social levantando la bandera de lucha en momentos en que la política oficial es aceptar el TLC y el ALCA, acuerdos que harán retroceder a la nación a las épocas de la Colonia española conculcando cualquier posibilidad de bienestar y desarrollo económico.

EN DEFENSA DE LOS PENSIONADOS

Jorge Enrique Robledo Castillo, jerobledo@senado.gov.co, Bogotá, 3 de julio de 2004.

En lo que suena como una especie de campaña en contra del derecho a pensionarse de los colombianos, se presenta a quienes lo han logrado casi como a una especie de zánganos que abusan del resto de la nación. Cuando lo cierto es que la pensión de jubilación no representa otra cosa que la única posibilidad que tienen los asalariados de sobrellevar una vejez a la que no se le sumen los sufrimientos de la indigencia. Porque exceptuando unos cuantos casos, el salario no les alcanza a quienes lo reciben para constituir ahorros que les permitan satisfacer sus necesidades más elementales una vez concluyen su vida laboral. Esos compatriotas, además, adquirieron o adquirirán el derecho a pensionarse luego de haber aportado para sus pensiones por el monto y el tiempo que les establecieron una normas que no fueron redactadas por ellos. De ahí que sea tan regresiva la reforma anunciada de imponerles impuestos a los pensionados, eliminar la mesada catorce, acabar con los regímenes especiales y hasta imponer pensiones que apenas equivalen a la mitad del salario mínimo.

También hay que rechazar la tendencia iniciada con la Ley 100 de 1993 –que tuvo como ponente a Álvaro Uribe Vélez, entonces senador– de hacer reformas que incrementan los aportes de los trabajadores para sus pensiones, aumentan la edad a la que se adquiere el derecho y reducen el monto de la pensión, de manera que esta se parece cada vez más a un seguro de entierro. Y es obvio que la cantaleta en contra de las mayores pensiones (que son 846) busca ocultar que cada reforma pensional va dirigida contra las gentes del común, según lo muestran las propias cifras oficiales: mientras que la disminución del gasto que se obtendría por la vía de ponerle como tope nueve millones de pesos mensuales a las pensiones más altas llegaría a 11.700 millones de pesos anuales, la eliminación de la mesada catorce costaría ochocientos mil millones de pesos al año. Si de lo que supuestamente se trata es de tocar a los “privilegiados”, ¿por qué se meten con los demás, que son casi todos? ¿Y no atenta contra los derechos democráticos de los trabajadores prohibir en la Constitución los regímenes especiales, convirtiendo los derechos laborales mínimos de ley en los máximos legales?

Las causas del déficit del ISS deben explicarse para que se entienda lo que ocurre. Si se suman los aportes de ley que el Estado nunca le hizo, las pérdidas que sufrió por inversiones que los gobiernos lo obligaron a hacer en el IFI y el BCH y las platas que el gobierno nacional no aportó por sus trabajadores, la deuda del Estado con el Seguro fue calculada por uno de sus presidentes en 40 billones de pesos, aunque hay analistas que la elevan a 60 billones. También cuenta en la crisis del ISS la política de apertura económica, la cual, al quebrar amplios sectores del aparato productivo, aumentar el desempleo y reducir los salarios, disminuyó el número de quienes aportan para pensiones y el monto de sus pagos.

Pero, por sobre todo, la crisis del Seguro se explica por la decisión de la Ley 100 de crearle al capital financiero el negocio de los fondos privados de pensiones, lo que, fuera de convertir en ganancias grandes sumas que deberían ir a los pensionados, le arrebató millones de aportantes al ISS. Al respecto, las cifras son elocuentes: en 1995 le cotizaban al Seguro 3,12 millones de colombianos y había 313 mil pensionados; para 2003 los pensionados aumentaron en 280 mil, en tanto los cotizantes disminuyeron en más de un millón. Así se pasó de 9,95 a 3,72 aportantes por cada pensionado, cuando el Seguro se diseñó para funcionar con una relación de ocho a uno, porque se concibió para que los aportes de los trabajadores contribuyan con el pago de los que ya se pensionaron, lo que se conoce como “solidaridad intergeneracional”. Entonces, la Ley 100 significó que el Estado se quedó con los pensionados y los fondos privados con los cotizantes, despropósito que copiaron del modelo implantado por Pinochet en Chile. Por lo tanto, ni siquiera pueden aducir en su favor que no sabían lo que hacían.

Que los fondos privados de pensiones posean 22 billones de pesos dedicados al parasitismo financiero, mientras el Seguro no tiene con qué pagarles a sus pensionados, le da una explicación concreta a buena parte del faltante. El resto se explica por el cada vez menor aporte del trabajo formal y los salarios a la economía del país, tendencia que se acentuó con la reforma laboral de 2002 y que deberá agravarse si Colombia suscribe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y los patrones que se alegran cuando las pensiones disminuyen, que no olviden que estas también son parte de la capacidad de compra nacional.

EFRAÍN MARIN: SENSIBLE FALLECIMIENTO

El 12 de julio, a los 89 años de edad, falleció en Barbosa, Santander, el camarada Efraín Marín Mosquera, connotado dirigente de los trabajadores de carreteras nacionales y uno de los fundadores del MOIR. Hasta el momento de su muerte, Efraín Marín se mantuvo fiel a nuestro Partido.

Era uno de los militantes más antiguos y el de mayor edad, el decano. Ingresó al MOEC a comienzos de 1969, en lo más duro del combate contra las camarillas de UTC y CTC. Nuestro guía y fundador, Francisco Mosquera, venía haciendo esfuerzos desde hacía algún tiempo por agrupar en una fuerza unificada, independiente y revolucionaria, a lo mejor del movimiento sindical colombiano. Las gestiones cristalizaron en nutridos encuentros regionales en los que el camarada Marín, como vicepresidente de Fenaltracar, la federación de obreros de carreteras, desempeñó activísimo papel al lado de Mosquera, Rafael Torres, Eliécer Benavides, Diego Montaña Cuéllar, Virgilio Piedrahita, Fabio Cadavid y Luis Carlos Ramírez,entre otros. Desde entonces, con entusiasmo de neófito, el veterano dirigente acompañó a Mosquera en las más importantes batallas de la hora: desde el Paro Patriótico hasta el debate electoral, pasando por las luchas internas, en las que nunca perdió el rumbo.

Efraín Marín, nacido en Puente Nacional, Santander, se había vinculado a muy temprana edad al Partido Comunista de Colombia, pero desde 1948 empezó a hacer notar su descontento, porque no compartía los ataques que el conclave vieirista menudeaba contra Gaitán. Ya muy anciano, le confesó a Tribuna Roja que uno de los mayores orgullos de su vida era el de haber sido abrileño.