LOS EMBROLLOS DEL VEEDOR

Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose, pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática

Si algo pone al descubierto el conflicto del «Veedor» es el fariseísmo de la clase gobernante y el caos creado por la multiplicación de los organismos de control que viven enfrentados unos con otros. Ya todos saben que Gaviria, el M19, el alvarismo y demás fuerzas políticas de la Constituyente de 1991 abonaron el terreno para la implantación de la apertura económica. Con este fin había que doblegar a la vieja clase política y esgrimir demagógicamente el argumento de la lucha contra la corrupción y contra el manejo usual que se les ha venido dando a los auxilios parlamentarios. En el fondo se trata de una simple reyerta preelectoral. Bajo este señuelo se puso en marcha el cambio de las reglas del juego democrático y la suplantación del Congreso.

Anticipándose a lo que habría de hacer Fujimori en el Perú, las cámaras fueron cerradas, se dio vida a una Comisión Especial Legislativa (el «congresito») y se citó a nuevas elecciones para diciembre de 1991. Pero los constituyentes fabricaron una vulgar paradoja: los auxilios no fueron suprimidos, sencillamente cambiaron de dueño, pues su manejo lo tiene ahora el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, que los puede transferir, por medio de contrato, a entidades privadas sin ánimo de lucro, conforme lo señala el artículo. 355 de la Carta, o de cualquier otra forma.

En componenda de última hora se inventaron el «Veedor», quien, con una vigencia temporal de sólo tres años, tiene la supuesta misión de impedir el uso de los dineros públicos o del exterior en los comicios. Sin embargo, su régimen es tan abstruso que nadie sabe a qué rama del poder pertenece ni cuál es la autoridad que puede enjuiciarlo y separarlo. Y su ejercicio se asemeja más a una comedia que a un efectivo control de los recursos económicos en las campañas electorales. A modo de ejemplo, el «Veedor» cree que la vigilancia se logra con el registro de los libros contables de los candidatos o con la creación de «veedurías cívicas». Es tal la anarquía reinante que la fiscalización de los auxilios terminó en parálisis de hospitales y centros de servicio a la comunidad, lo cual se quiso morigerar con la arrevesada introducción de un artículo suelto en el reglamento del Congreso. La supervisión de los dineros oficiales, ya estén en manos del presidente o de los parlamentarios, es sencillamente una empresa imposible.

Ocurrió, sin embargo, que algunas investigaciones del «Veedor» incomodaron al Ejecutivo y a sus conmilitones, como en el caso de las becas del Icetex. Esto dio origen a que el investigador fuera investigado: el contralor pidió al procurador que estableciera responsabilidad por esta conducta; el procurador se declaró impedido y solicitó al Congreso que designara un procurador ad hoc, el cual fue nombrado mediante terna que hicieron el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El procurador ad hoc lo acusa y el «Veedor» contraataca diciendo que no tiene competencia para hacerlo, lo cual dio lugar a la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó al presidente separar al funcionario de su cargo. Y por su parte, la Corte Constitucional precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo sólo puede sancionar a funcionarios de la rama jurisdiccional, mas no destituirlos. En su afán de recuperar el espacio político perdido y tirarle las orejas a Gaviria, el M19 y el alvarismo han armado un alboroto propagandístico y judicial en torno del embrollo.

Mucho queda en claro de este triste episodio de la vida nacional. Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática.

SITTELECOM, O LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

«Declarémosle al país que hoy ve en nosotros un símbolo de la lucha contra la apertura económica y la privatización, que ni la cárcel ni la persecución acallarán nuestro grito de patriotas en contra del cesarismo gavirista», afirmó en reciente comunicado el presidente nacional de Sittelecom.

En una demostración de firmeza revolucionaria, el compañero Eberto López ha sabido cumplir con sus deberes de dirigente, por encima de la arbitraria orden de captura en su contra, aupada por el alto gobierno y proferida por el Fiscal General de la Nación desde el mes de febrero. Su enhiesta actitud sirve de aliento para quienes en número cada vez mayor enarbolan los postulados de la soberanía nacional.

La huelga de abril de 1992 inyectó renovadas energías al movimiento obrero, reprimido por las políticas aperturistas del gobierno. Y la batalla continúa, y se agudiza, pese a que la reacción se ha venido armando con los argumentos de la dádiva y el chantaje para doblegar conciencias y promover la entrega.

Después de firmar con los trabajadores un acuerdo que lo obligaba a no enajenar la empresa, el gavirismo, que posa de participativo, echó mano de su Constitución de 1991 para desconocer lo pactado y continuar feriando las telecomunicaciones del país. Dentro de la negra campaña persecutoria se propició el encarcelamiento de dieciséis dirigentes, trece de los cuales están en prisión. La verdad es que al sindicato de Telecom y a los trabajadores no se les ha respetado ningún derecho.

En virtud de los contratos de asociación las multinacionales se vienen adueñando de las compañías estatales. Están haciendo cola la AT & T, sus subsidiarias, los grupos financieros y demás pulpos monopólicos foráneos tras la tajada grande del pastel. Entre los intermediarios colombianos se destacan personajes como Julio Mario Santodomingo, Ardila Lulle y Sarmiento Angulo.

Respaldo nacional e internacional
La dimensión continental de la pelea se la da el hecho de que el proletariado de América Latina afronta unas mismas contradicciones y unos mismos enemigos.

Cabe destacar las solidarias contribuciones de la central obrera CGTD y de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, cuyas denuncias y movilizaciones le han dado una mayor envergadura a la contienda. En otra bandera indeclinable se ha convertido la demanda de libertad de los compañeros detenidos, entre los cuales habrá de mencionarse a Gonzalo Díaz Gaviria, presidente de la Asociación de Técnicos de Telecom, ATT; Carlos León Salazar Pérez y Jorge Eliécer Lerma Sterling.

Aparte de marchas semanales, mítines y asambleas informativas, la nueva confederación organizó en Bogotá una jornada de finanzas el pasado 16 de abril en la plazoleta de Telecom. Los fondos allí recolectados fueron entregados a los compañeros perseguidos y a sus familias.

También fue convocada la Asamblea Nacional del sindicato, Sittelecom, a realizarse en las instalaciones del INES de Bogotá. Durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre.

El MOIR también se ha hecho presente en este duro proceso, desde sus inicios, a través de las orientaciones impartidas por sus cuadros y militantes, quienes no han cesado en alertar sobre las maniobras oficiales, ni de insistir en una resistencia acorde con las exigencias de la hora actual.

TEXTILES Y CONFECCIONES: COLAPSO INMINENTE

Los presidentes de las principales textileras antioqueñas han alertado al país sobre la quiebra inminente de sus empresas, de persistir la situación actual. En lo corrido de 1993 los efectos de la apertura se han evidenciado en el sector con crudeza. Se estima que las telas que entran legalmente o de contrabando copan más del 30% del mercado interno y su cuantía crece sin cesar. Mientras tanto las exportaciones se han estancado. Y las ventas internas, que sostuvieron el ramo en 1992, se han venido a pique. La industria nacional no puede enfrentar el dumping, la subfacturación, la falta absoluta de controles aduaneros, la revaluación del peso y el contrabando.

Lo dicen los propios textileros, el sector que más inversiones ha hecho para modernizar sus factorías y que más peticiones ha elevado al gobierno para conjurar la crisis. La respuesta oficial ha sido tardía e incompleta: establecer precios mínimos de aforo para 30 productos, cuando los empresarios los solicitaban para cien. Esto sin incluir las exigencias para la totalidad de las confecciones.
La burguesía ha optado por descargar sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de su bancarrota. Una de las estrategias, facilitada por la reforma laboral, ha sido dividir las empresas, creando nuevas firmas que contratan personal con salarios bajísimos sin sujeción a la llamada «unidad de empresa». Tejicóndor ya ensayó el procedimiento y Coltejer está imponiéndolo a marchas forzadas. Había sido una de las recomendaciones del Banco Mundial.

Las negociaciones colectivas han sido particularmente difíciles desde la promulgación de los retrógrados preceptos de la ley 50 de 1990, que dieron luz verde a los despidos colectivos, a la contratación temporal y a la pérdida de la retroactividad de las cesantías. No es una exageración afirmar que se está echando a la calle por hornadas a los trabajadores. Coltejer, por ejemplo, licenció temporalmente a unos 200 obreros desde hace más de tres meses, y casi la mitad aún no han sido reintegrados. Más de 300 han renunciado a la compañía desde septiembre de 1990, cuando empezó la invasión de telas foráneas. Polímeros, del mismo grupo Coltejer, solicitó al Ministerio del Trabajo autorización para despedir a 300 asalariados, de 650 que ocupa. En Fabricato se ha desvinculado a 140 en lo que va de 1993. Allí mismo los obreros temporales suman ya 450, de un total de 5.500. En Coltejer y en Enka, miles de operarios cambiaron de régimen de cesantías por presiones de sus patronos.

En el sector de confecciones, que comprende en su mayor parte empresas medianas y pequeñas, los problemas no son menos graves. Acopi destacó recientemente las dificultades insalvables de los confeccionistas por los mismos motivos del resto de la industria: competencia desleal del extranjero con productos subsidiados, ausencia de controles oficiales y contrabando. El valor de las exportaciones del sector bajó en 1992 en un 30% frente a 1991. Y es vox populi que en este año las ventas para el mercado doméstico se han visto severamente afectadas. Centenares de empresas confeccionistas en Barranquilla, Medellín y otras ciudades, han tenido que cerrar sus puertas.

A mediados de mayo se reunió en Medellín un congreso nacional de sindicatos textileros, que señaló como causante de la crisis a la política aperturista del gobierno, puesta en marcha a instancia de los organismos financieros internacionales. En la reunión se recordó cómo las tres únicas crisis vividas por la industria textil, la de 1975, la de 1982 y la actual, muestran el mismo denominador común: la liberación de las importaciones.

El evento sindical instó a los obreros a luchar contra el inminente peligro que se cierne sobre la estabilidad y los derechos de contratación y organización, y lanzó un llamado a los empresarios a unificar esfuerzos con los trabajadores para echar atrás la estrategia neoliberal que amenaza con arruinar la producción y el trabajo nacionales.

EL PARO DEL MAGISTERIO, UNA VICTORIA PATRIÓTICA

José Fernando Ocampo, Vicepresidente de Fecode.
No había realizado Fecode en sus treinta años de historia una movilización victoriosa de tanta envergadura y significación patriótica como el paro indefinido de este año. Cien mil personas, entre maestros, padres de familia y estudiantes, con el entusiasta respaldo de todo el pueblo, colmaron el 26 de mayo la Plaza de Bolívar para defender la educación pública y oponerse a la política neoliberal de Gaviria.

Por primera vez Fecode había elaborado una propuesta revolucionaria de reforma educativa y tras negociarla con el gobierno, había logrado su aprobación en la Cámara de Representantes. Pero la ministra de Educación, Maruja Pachón, en acatamiento a las órdenes del Banco Mundial consignadas en una carta del 9 de abril del presente año, desconoció los acuerdos del gobierno con el magisterio.

La táctica oficial, entonces, consistió en hundir el proyecto de ley «general de educación» convenido con el Ejecutivo y hacer aprobar otro proyecto, el de «distribución de recursos y competencias», elaborado por Planeación y Hacienda, que instauraba toda la política neoliberal de la «apertura educativa», impulsada por el imperialismo.

Desde el principio del proceso, hace dos años, se había conformado una santa alianza entre el ministro de Hacienda, el director de Planeación y los representantes de la educación privada, para derrotar esta propuesta de reforma. Y dentro de la misma Fecode, algunos sectores le hicieron el juego a Gaviria, con su oposición al proyecto de ley general y a la táctica aprobada por la Federación.
El paro lo clarificó todo. En primer lugar, el contenido de la ley. El secreto de la política neoliberal del gobierno residía en municipalizar y privatizar la educación publica y en arrebatarles a los educadores las conquistas logradas en ardua lucha. Como resultado de la batalla Fecode logró desmontar la autonomía de los municipios e incorporar a todos los docentes bajo un solo régimen especial de vinculación, de salarios, cesantías y pensiones dejando incólume el Estatuto Docente y el Fondo de Prestaciones; asegurar el giro del situado fiscal a los FER y no a las tesorerías municipales y suprimir la facultad de departamentos y municipios para contratar la educación pública con «empresas» privadas. En esta forma se obtenía una centralización financiera y una descentralización administrativa sin municipalización, y se detenía la privatización.

Además el movimiento confirmó que la táctica había sido correcta: l,) al elaborar y negociar el proyecto de ley de educación que fue la base para el acuerdo del paro; y 2) al lanzar la pelea en el momento preciso, para defender el proyecto de ley de educación y derrotar el otro, el de “distribución de recursos y competencias”, en lugar de embarcarse en escaramuzas que lo habrían dejado sin arrestos a la hora de la verdad.

La respuesta masiva del magisterio, su conciencia sobre la política neoliberal, el apoyo del pueblo a esta lucha patriótica, las propuestas acertadas de solución a la crisis educativa, fueron los elementos que condujeron al triunfo.

El proyecto de ley de «distribución de recursos y competencias» fue aprobado ya en el Congreso con la incorporación de todos los logros del paro. Resta ahora el segundo debate en el Senado sobre el otro proyecto de ley, el de educación. Fecode tiene que seguir alerta en este debate para defender una enseñanza del más alto nivel científico y técnico, que le sirva al desarrollo del país.

Veinte años del Teatro Libre: CRESCENCIO Y EL ARTE POPULAR COLOMBIANO

Guillermo Alberto Arévalo

Crescencio Salcedo, uno de los más importantes compositores colombianos de música popular, nació en Palomino, departamento de Bolívar, en 1913. Sesenta años después, en julio de 1973, un puñado de estudiantes cultores del arte dramático decidió constituirse como grupo estable y fundó el Teatro libre de Bogotá, el cual ahora, para celebrar dos décadas de fructífera labor artística, ha puesto en escena el espectáculo Crescencio, la leyenda y la música, en homenaje al artista fallecido en Medellín en 1976.

Múltiples logros artísticos
La nueva obra es la culminación de este período en el que el grupo ha llevado a cabo más de cuarenta montajes de autores tanto extranjeros (Shakespeare, Moliére, Arthur Miller, Sartre, Pirandello, Tennessee Williams, Edward Albee, Pablo Neruda o Milan Kundera), como colombianos vinculados en diferentes momentos a su taller de dramaturgia (Esteban Navajas, Jairo Aníbal Niño, Jorge Plata, Sebastián Ospina, Eduardo Camacho, Piedad Bonnett, José Domingo Garzón y Armando Múnera). Después de haber iniciado labores en el desvencijado salón de una sede sindical, el Teatro Libre logró construir en cinco años su primera sede, una sala pequeña en el barrio de La Candelaria, donde funciona su Escuela de Formación de Actores, que ofrece una carrera de cuatro años; en 1988 adquirió el antiguo Teatro de La Comedia, ubicado en Chapinero, lo restauró y lo dotó con modernos equipos técnicos. Ha invitado para diversas producciones a prestigiosos artistas y directores invitados, y ha realizado numerosas giras, por ciudades y pueblos colombianos y por diversos países extranjeros.

Homenaje a un artista popular
Con motivo de la celebración de estos veinte años, Tribuna Roja realizó una entrevista al fundador y director del grupo, Ricardo Camacho, sobre su montaje de Crescencio, la obra que exalta al genial compositor de Santa Marta y Cartagena, La múcura, Mi cafetal, El caimán y tantas otras imperecederas composiciones musicales y poéticas; el «Compae Mochila», como fuera llamado con cariño, el hombre que viviera en Palomino, Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, Bogotá y Medellín, siempre de pata al suelo «para mejor sentir el contacto de la Madre Tierra», con su sombrero «vueltiao», su flauta y su mochila, recogiendo motivos que luego vertía en sus canciones «para alentar a la materia cuando está triste», El mismo que desde 1957, en Medellín, quedó semiparalizado por un derrame cerebral y murió en la miseria, vendiendo flautas a los transeúntes, mientras los avivatos del negocio de la música registraban a nombre propio sus partituras, aprovechando el abandono oficial del artista con el cual las instituciones colombianas fueron, como dice el programa del Teatro Libre, «tan pródigos en elogios cuando muerto, como mezquinos en apoyar al hombre vivo».

La Constitución de 1991 (1): CRONOLOGIA DE UNA DUDOSA GESTACIÓN

La Asamblea fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

Marcelo Torres

El nacimiento de la actual Constitución tuvo lugar después de una cadena de violaciones a la anterior Carta política, en la que cada paso era peor y se apoyaba en el precedente. Los reveses iniciales, el plebiscito propuesto por Virgilio Barco en las elecciones del 11 de marzo de 1988 –frente al cual el expresidente Pastrana amenazó con declarar la abstención-, y el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma constitucional del gobierno, en 1989, no hicieron desistir a los inspiradores de la llamada consulta popular, que al final quedó anulada por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Y el gobierno de entonces se resignó a someterse a los canales habituales presentando al Congreso la enmienda mediante un proyecto de acto legislativo. La pantomima llegó a su fin cuando el gobierno retiró la iniciativa, tras el artificial alegato contra la no extradición, después de que los parlamentarios la habían aprobado en las dos legislaturas correspondientes.

Para reformar la Constitución por la vía plebiscitaria -procedimiento prohibido por la Carta entonces vigente- había que desprestigiar y someter tanto al Congreso como a la justicia. La nefanda campaña puesta en movimiento desde la Casa de Nariño no tardó en rendir frutos, ante la pasividad de los órganos del Estado afectados.

La llamada «séptima papeleta», en marzo de 1990, con ocasión de la consulta para escoger candidato oficial del liberalismo, materializó un definitivo avance en esa dirección. Era la introducción de una insólita cláusula en las reglas de juego electoral, bajo la mascarada de una supuesta iniciativa estudiantil, impelida por el gobierno y sin fundamento alguno. El decreto 927 del 3 de mayo del mismo año, también de Barco, al convocar el referéndum en tomo a la urgencia de reunir una Constituyente, retomó claramente el camino plebiscitario, vale decir, inconstitucional, para reformar la Constitución. El intenso apremio ejercido desde las altas esferas sobre la Corte Suprema de Justicia para obtener de ella un fallo favorable, desembocó en la inevitable aprobación de la consulta, la cual se llevó a cabo en los comicios presidenciales del 27 de mayo de aquel año, abriéndole así una tronera al ordenamiento constitucional.

El 2 de agosto de 1990, el presidente electo César Gaviria, en su calidad de director nacional de su partido, encabezó el acto en que se firmaron por parte del liberalismo, el conservatismo, el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, varios acuerdos cuya médula era la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente. El 23 del mismo mes las fuerzas políticas implicadas ratificaron los compromisos y el 24 el nuevo gobierno las convirtió en norma legal, expidiendo el decreto 1926. Otra vez la Corte Suprema fue presionada sin pudor alguno. Desconociendo el fallo de su Sala Constitucional que declaraba inexequible el decreto, el máximo Tribunal dio luz verde a la convocatoria de la Asamblea. Esta fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

En el curso de sus deliberaciones no sólo desconoció olímpicamente una providencia del Consejo de Estado que suspendía algunas de sus decisiones sobre materias electorales, sino que declaró, desafiante, que sus determinaciones configuraban actos de «vigencia inmediata» y elevó su reglamento interno a rango constitucional. Domesticada la Corte Suprema, desconocido el Consejo de Estado y derrumbado todo el orden jurídico, sólo le faltaba rematar al arrinconado Congreso, y fue lo que hizo a continuación. Antes de desaparecer, disolvió el órgano legislativo y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.

La Corte rechazó el que se incluyera en la convocatoria de la Constituyente un temario oficial, mas la abrumadora mayoría de los 380 artículos permanentes y de los 59 transitorios de la nueva Constitución recogieron lo esencial de lo propuesto por el gobierno: unos basamentos más regresivos, antidemocráticos y antinacionales que las antiguas normas abolidas, Se había puesto en marcha el «revolcón».

REPORTAJE A RICARDO CAMACHO

Tribuna Roja: ¿Cuál ha sido la visión del Teatro Libre acerca de la dramaturgia nacional?

Ricardo Camacho: Desde nuestros comienzos el norte fue lograr una producción dramática enraizada en los problemas y la historia de la realidad colombiana. El proceso de un grupo teatral es, sin embargo, zigzagueante, y por lo tanto ha habido muchos ires y venires. En nuestra primera etapa tuvimos un taller de dramaturgia, algo que era inédito en el país, el cual produjo al menos diez obras de las cuales la más importante es, sin duda, La agonía del difunto, de Esteban Navajas. Se trata de la obra teatral latinoamericana más montada en el mundo. Desde 1977, sabemos de escenificaciones no sólo en todo el continente sino en lugares como la antigua República Democrática Alemana, Polonia, Hungría…

Después vimos que nos faltaba mucha experiencia, no sólo en lo dramatúrgico sino también en lo referente a la producción de espectáculos. Para aprender escogimos las obras de los autores clásicos, y la primera obra que nos ayudó a pulir las herramientas fue El Rey Lear de Shakespeare. Tal inquietud tiene sus raíces en la formación que recibimos en la universidad, y nos llevó a diversos montajes de piezas del repertorio universal. Hace algunos años retomamos la producción de obras propias y de este nuevo proceso han surgido, entre otras, Un muro en el jardín , de Jorge Plata, Gato por liebre, de Piedad Bonnett, Muchacho, no salgas, de José Domingo Garzón, o Crescencio , de Armando Múnera; hemos reconstruido el taller, y en su seno se gestan nuevos proyectos.

De otra parte es bueno recordar que el Teatro es cada vez más un hecho internacional, y por lo tanto nuestra dramaturgia debe lograr una proyección que trascienda las fronteras. Los nuevos esfuerzos colombianos en este campo necesitan, pues, superar el costumbrismo, el folclorismo, lo inmediato, el «color local» y entrar de lleno, sin complejos, en los grandes temas contemporáneos. Por eso, creo que Crescencio, la leyenda y la música es, para nosotros, la culminación de una etapa.

T. R: ¿Qué actividades investigativas les demandó esta realización?

Ricardo Camacho: Contamos con una base documental amplia, efectuamos entrevistas y nos apoyamos en la bibliografía existente sobre Crescencio Salcedo y su música. Pero quiero aclarar que en ningún momento fue nuestro propósito transplantar al escenario investigaciones de tipo antropológico o sociológico. No partimos de teorías sino de una recuperación de nuestras raíces dormidas, que son las de la mitología popular, la música, el aire que se respiró, los colores que se vieron, los sonidos que se escucharon.
La investigación, pues, fue mediatizada en busca de una dimensión teatral. En La agonía del difunto, por ejemplo, después de conocer el texto de Navajas los actores hicieron un exhaustivo trabajo de campo en la Costa Atlántica. En Crescencio no tuvimos inicialmente una partitura. La obra no pretende una ilustración biográfica; ni se basa en un documento, ni es una pieza costumbrista o una comedia musical. Se aprovecha al máximo la capacidad de creación de imágenes de los actores.

T.R.: ¿Cómo influyó en este trabajo la confrontación con el teatro universal?

Ricardo Camacho: El grupo analizó decenas de espectáculos dé todas las vertientes. Incluso llegamos a ver videos de danza japonesa contemporánea y hasta de producciones de Broadway, en fin. Pero luego nos importó cómo asimilar la realidad, partiendo no de lo leído sino de nuestros propios recursos, posibilidades y vivencias; por ello la obra no es una copia de ningún estilo, sino una creación verdaderamente original.

T.R.: Hablando de los actores, parece destacable que, de los trece, seis son debutantes que provienen de las dos promociones que ha graduado ya la Escuela de Formación de Actores. ¿Cómo consiguieron acoplarlos?

Ricardo Camacho: Sin mayores dificultades estos jóvenes actores y actrices se integraron con el resto del elenco, dentro del cual hay algunos con muchísimos años de experiencia profesional, y brindaron aportes importantes para la creación del espectáculo. Por ejemplo el protagonista, Ramsés Ramos, quien interpreta a Crescencio, realizaba su primer trabajo después de haberse graduado en la escuela.

T.R.: Uno de los temas tratados en la obra es el del abandono de los artistas por parte del Estado. ¿Cómo ha sido la relación del Teatro Libre con las instancias oficiales de la cultura a lo largo de sus veinte años?

Ricardo Camacho: Hagamos la salvedad de que el verdadero artista crea su obra con o sin apoyo del Estado. Ahí está la viva imagen de Crescencio Salcedo. Frente al Teatro Libre, la relación ha oscilado desde la hostilidad hasta un tibio reconocimiento, pasando por la indiferencia. Hoy en día, en el mundo entero, el neoliberalismo hace estragos en el terreno de las artes. Valga el caso de la desaparecida Alemania oriental, donde hay miles de músicos lavando carros o pintando casas, o el de los Estados Unidos, país que en los últimos diez años no ha producido una sola obra teatral importante. Y Colombia no es la excepción. Nosotros perseveraremos en nuestro oficio, tengamos o no el apoyo oficial. No usaremos esto como excusa para el inmovilismo, pero eso sí, jamás hemos dejado de luchar por las reivindicaciones de los artistas colombianos.

SIGUE DETENIDO JAVIER ZAPATA

El pasado 15 de julio cumplió seis meses de encarcelamiento el dirigente del MOIR en Sucre, Javier Alberto Zapata Jaramillo. Se encuentra recluido en la cárcel de Sincelejo por acusaciones absolutamente infundadas.

Nuestro dirigente se ha caracterizado por servir a los pobladores de la región y goza de gran aprecio por su desprendimiento y sencillez, desde los tiempos en que se vinculó al departamento.

El 15 de enero, cuando caminaba por una céntrica calle de la capital sucreña, después de salir a mediodía del Almacén Stela, donde trabaja, fue arrestado al pasar coincidencialmente ante un piquete de infantes de marina que detenía a un sujeto con el cual Javier no tiene ningún vínculo.

Las autoridades levantaron además el infundio de que el compañero pertenece a las Farc. Semejante atropello ha encontrado eco en la Fiscalía de Barranquilla. La verdad es que dicha oficina carece de pruebas y ha dilatado la decisión sobre su libertad, la que exigimos perentoriamente.

DEFENDER EL SENA COMO UNA CONQUISTA MÁS

Si la batalla se adelanta con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

Paro nacional indefinido aprobaron los trabajadores y estudiantes del SENA si el régimen determina convertir cualquiera de sus 92 centros en corporación privada.

La patriótica decisión va encaminada a tumbar el decreto 2149 de 1992, que entrega la entidad a los particulares. Las fuerzas sindicales se hallan resueltas a seguir el camino de Telecom, la Caja Agraria y Fecode, cuyas resonantes batallas hicieron frente a las medidas neoliberales.

La orden de paro busca preservar al SENA como parte del patrimonio nacional y evitar su atomización. La actual infraestructura, construida en 36 años, es fruto del esfuerzo de varias generaciones de colombianos y no sólo de la empresa privada, cual lo pregona la propaganda oficial.

El SENA capacita a los trabajadores en forma gratuita y transfiere conocimientos tecnológicos requeridos por las empresas del país.

Pero con una industria y un agro en bancarrota, sobre todo después de la apertura, la mínima capacitación de los asalariados deja de ser un objetivo importante. Aún menos se preocuparán por ella los monopolios foráneos que terminen por adueñarse de Colombia. Como ya se vio en México, los talleres de la maquila se reducen a emplear mano de obra temporal y de muy baja preparación.

En la actualidad cursan ocho demandas contra el 2149 ante el Consejo de Estado, que ha suspendido provisionalmente algunos artículos. El comité prodefensa del SENA, integrado por sus sindicatos, presentó además ante el Congreso un proyecto de ley, respaldado por un millón de firmas, en procura de echar atrás el decreto. El Senado le impartió su aprobación el 17 de junio, pero la Cámara no se pronunció al respecto. Fiel al espíritu dictatorial que orienta la apertura económica, el presidente Gaviria anticipó que, de ser aprobada la ley, se abstendría de sancionarla.

Nuestro Partido apoya decididamente esta lucha. Si la batalla se sigue adelantando como hasta hoy, con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

Tras ocho días de huelga: PARTE DE VICTORIA EN CAJA AGRARIA

La Caja Agraria es otra de las empresas afectada por los decretos privatizadores en donde los asalariados enfrentan con el paro la arremetida gavirista y salen victoriosos.

El gobierno se ha propuesto arrasar con la agricultura y destruir las entidades de fomento a la producción agrícola.

La portentosa batalla contra la privatización obtuvo como resultado el reintegro de unos 600 trabajadores y la congelación de más de mil despidos. Queda probado que tan sólo con el combate podrá el pueblo impedir la destrucción en marcha del patrimonio nacional.

Bajo la dirección del comité ejecutivo del sindicato, encabezado por Jesús Bernal, los nueve mil trabajadores de la entidad paralizaron actividades el 6 de abril. La hora cero fue fijada a las 11: 30 a.m., tan pronto se conocieron los primeros despidos que afectaban a directivos sindicales, a veintidós trabajadoras en embarazo y a varios empleados enfermos.

A pesar de las amenazas patronales, la militarización de las oficinas y la renuencia de la empresa a negociar, los trabajadores dieron una lección de valor encarando a la administración y al esquirolaje.

La solidaridad del movimiento obrero fue un hecho determinante en la contienda: las centrales, en especial la CGTD, movilizaron a sus activistas. Merece destacarse la participación de Sittelecom, ACEB, Utradec, Sindes, Sinucom y el sindicato del SENA.