TAMBALEA EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

El creciente déficit fiscal norteamericano, el cual alcanzó la cifra sin precedentes de 195 mil millones de dólares; el aumento de la demanda privada de crédito en los Estados Unidos como consecuencia del actual período de reactivación económica, y, por último, las restricciones en el manejo monetario que se ha visto obligado a poner en práctica el mandato de Reagan, son los principales factores involucrados en las recientes a1zas de las tazas de interés de Wall Street, que tanto escozor han causado entre los aliados -ricos y pobres por igual- de la potencia del Norte.

En algo más de un trimestre el interés preferencial, o prime rate, ha sido reajustado cuatro veces por los principales bancos yanquis: éste se ha elevado, desde mediados de mayo, en 2 puntos porcentuales, lo que significa que el Tercer Mundo tendrá que pagar, por concepto de su deuda externa de 750 mil millones de dólares, cerca de 21 mil millones adicionales, de los cuales a América Latina le corresponden de 5 a 6 mil millones.

Este incremento ha promovido además importantes flujos de capitales hacia Estados Unidos, en especial aquéllos provenientes de los países industrializados, que les restan liquidez a sus economías y entraban la inversión productiva. Como lo expresara el Director del FMI en reciente discurso, «dada la magnitud del desbalance fiscal norteamericano con relación a sus ahorros domésticos, los déficit en ese país están contribuyendo a mantener elevadas las tasas de interés en los mercados internacionales y a absorber capital escaso del resto del mundo» (1). Durante 1983, según un informe del Departamento de Comercio, ingresaron, de fondos foráneos, a los Estados Unidos 81.700 millones de dólares en efectivo, al mismo tiempo que los activos norteamericanos en el exterior descendían de 118.500 a 49.500 millones de dólares, o sea una reducción de cerca del 60% en sólo un año. Por ello, a pesar de la aparente blandura europea y japonesa en la llamada Cumbre de los Siete Grandes realizada en Londres, en lo que se refiere al problema de las tasas de interés, las contradicciones con el gobierno de Reagan realmente no han hecho sino ahondarse, como lo sugieren los desabridos comentarios del ministro de Finanzas francés, Jacques Délors: «Los europeos hubiéramos apreciado una declaración más enérgica en torno a los déficit presupuestales y las tasas de interés» (2). Las economías desarrolladas de Occidente no tienen por qué cubrir, a sus expensas, el precio de una rápida y tal vez superficial recuperación de los Estados Unidos, parece ser el argumento de las veladas críticas a la superpotencia.

El déficit fiscal norteamericano
El cuantioso déficit presupuestal y sobre todo la imposibilidad de disminuirlo a corto plazo, es el resultado directo de la política económica de Reagan, consistente en una reducción de los impuestos al capital con un aumento simultáneo del Gasto Público, en particular, el deliberado crecimiento del Presupuesto de Defensa. Mientras los gastos del gobierno alcanzaron en 1983 la cifra de US$795.900 millones, los ingresos sólo llegaron a US$600.500 millones, desembocando en un déficit cercano a los 200 mil millones de dólares.

A manera de ejemplo se puede mencionar que el crecimiento de las erogaciones militares superó en 3 puntos el auge de los gastos totales, llegando a los US$205 mil millones, más de la cuarta parte del presupuesto global de 1983. Paralelamente se registró una disminución de 22 mil millones en los recaudos por concepto de impuestos a la renta. Si se tienen en cuenta las futuras prioridades presupuestales y las leyes fiscales que están en vigencia, se estima que el déficit continuará aumentando hasta finales de la presente década, pudiendo alcanzar los 325 mil millones de dólares para 1989, según la Oficina de Presupuesto que depende del Congreso de los Estados Unidos.

Dada la cuantía del déficit es absolutamente improbable que éste pueda ser solucionado a corto plazo con una mayor captación de ingresos por parte del fisco norteamericano, máxime si se considera la precariedad financiera de vastos sectores industriales que aún no se recuperan del impacto de la recesión estadinense de 1981-83 y los altos índices de desempleo que todavía prevalecen. Tampoco existe la voluntad política de hacerlo si se tienen en cuenta los costos que para la imagen de Reagan, en el año de su reelección, significarían un aumento generalizado de impuestos y la aceptación tácita del fracaso de su política económica, uno de cuyos sustentos es, precisamente, la reducción de impuestos a los capitalistas como mecanismo para estimular la inversión productiva. El gobierno tendrá que seguir recurriendo al endeudamiento público para financiar el exceso de gastos a que se verá enfrentado en los próximos años.

En consecuencia, el Tesoro norteamericano se ha convertido en un competidor de gran peso por los fondos prestables, tanto nacionales como internacionales, presionando así el alza de las tasas de interés. Como se mencionó más arriba este efecto se ve reforzado de un lado, por la política de restricción monetaria del gobierno, y del otro, por el aumento- en la demanda de préstamos del sector privado que conlleva la actual recuperación económica de los Estados Unidos. Economistas norteamericanos reunidos recientemente en la Universidad de Yale, incluidos algunos premios Nobel, resumieron la situación de la siguiente manera: «Nuestros enormes déficit fiscales, resultantes de una reducción de impuestos con un aumento simultáneo del gasto y una política monetaria restrictiva, han generado tasas de interés extraordinariamente altas y las han expandido a todo el mundo»(3).

Mientras se mantenga un déficit fiscal de tal magnitud el prime rate continuará su escalada. Dicha posición, que le costó el cargo al principal asesor del Consejo Económico del gobierno de Reagan, el señor Feldstein, es compartida por los grandes monopolios. Durante una reunión del Consejo Empresarial que reúne los más importantes ejecutivos norteamericanos, el presidente de la IBM sostenía que «nuestros consultores predicen un aumento continuo (de las tasas de interés) durante el presente año y el próximo. Algunos prevén un prime rate de 15% e inclusive superior para el año siguiente» (4).

El desangre de los deudores
Para América Latina, colocada al borde de la insolvencia, contratada en cada vez mayor proporción con la banca privada, y que padece la depresión más honda de los últimos 50 años, el impacto de un alza general en las tasas de interés en Wall Street es devastador.

En primer lugar, la crisis que ha afectado al Continente durante el último lustro, reflejada de manera contundente en los desequilibrios externos de las principales economías, como Brasil, México y Argentina, continúa profundizándose. El Producto Interno Bruto de la región decreció durante 1983 en 3.3% con respecto al año anterior; por habitante representó realmente una caída de 5.6%. Los ingresos por exportaciones disminuyeron en 900 millones de dólares a pesar de que el Volumen de éstas aumentó en un 7%. Si bien se redujo el déficit en la cuenta corriente externa, que bordeaba ya los US$37 mil millones en 1982, su incidencia resulta relativa puesto que se debió casi exclusivamente a un descenso vertical en las importaciones, el cual ha traído consigo graves traumatismos para la industria, entre ellos, la escasez de materias primas básicas. Y si
a lo anterior sede añade un egreso de divisas de US$66 mil millones por concepto de amortizaciones y pago de intereses sobre la deuda, y una salida neta de capital del área cercana a US$17 mil millones, se comprenderá por qué países como Bolivia, Ecuador y República Dominicana se vieron forzados a suspender unilateralmente pagos a algunos de sus acreedores extranjeros, o por qué los gobiernos de México, Brasil Argentina han buscado por todos los medios una reestructuración de sus respectivas deudas.

En estas condiciones de recesión generalizada, una carga adicional de 2.500 millones de dólares al año por cada punto de aumento en las tasas de interés, es simplemente insostenible para los países latinoamericanos. De hecho Brasil tiene comprometido el 82.4% de sus exportaciones para el pago de servicio de su deuda, México, el 59.3%, Perú el 66.2%, Argentina el 149.4%, Colombia el 42.9% y globalmente para América Latina sus compromisos equivalen a más del 70% del producto de sus ventas en el exterior.

La carrera del endeudamiento ha llegado a tales extremos que muchos países están negociando nuevos préstamos prácticamente con el único objetivo de cumplir con las obligaciones que genera la propia deuda.

En sólo diez años su monto global se ha multiplicado por seis, el pago de intereses por 14, el servicio por 10, mientras que las exportaciones de bienes y servicios sólo han aumentado algo más de tres veces. Se ha calculado que para liquidarla totalmente se requeriría destinar a tal fin los ingresos provenientes de sus exportaciones de cuatro años y medio.

Si nos situamos en una perspectiva de más largo plazo, la dominación que ejercen los países capitalistas desarrollados en el comercio mundial, la poca diversidad de las mercaderías del Tercer Mundo y su gran dependencia de las importaciones, han impedido a estos países aumentar las entradas por concepto de sus ventas y obligado a aceptar el progresivo deterioro en sus términos de intercambio, causándoles graves desequilibrios comerciales. Esto, aunado al constante drenaje de divisas que implican las remisiones de utilidades sin límite de las empresas transnacionales y el saqueo sin tasa ni medida del capital financiero imperialista, han precipitado la actual crisis financiera de América Latina cuya irracionalidad amenaza a los acreedores mismos.

Los bancos yanquis, el FMI y los gobernantes latinoamericanos, pretenden descargar el peso de una crisis de tamañas proporciones sobre las espaldas de las masas de trabajadores de la ciudad y el campo, a través de los llamados «programas de ajuste»: congelación de salarios, eliminación de subsidios, recortes del presupuesto público, devaluación, aumento de impuestos indirectos, etc. Sin embargo, es tal la penuria de los pueblos, que la aplicación de dichos programas ha tropezado, en algunos casos, con verdaderas explosiones sociales, o ha tenido que ser mitigada ante los conflictos que amenaza desatar.

Las relaciones con los países ricos son tan asimétricas que, tal como lo admite un exfuncionario del FMI, «el costo los ajustes económicos de los países deudores depende de 1as tasas de interés, de los mercados de exportación y del precio de sus productos…Esto significa que el costo de los ajustes es decidido por los acreedores (5).
Esta realidad se manifestó políticamente en el tratamiento que la reunión cumbre Londres dio al problema del endeudamiento. Allí, los presidentes de las grandes potencias se limitaron a reafirmar su convicción de que la única forma de enfrentar la crisis es a través de negociaciones individuales con los deudores, anunciando que premiarían a aquellas naciones que obedientemente acataran los planes de austeridad del FMI y, a la vez, rechazando enfáticamente las tímidas formulaciones de «responsabilidad compartida» que los siete presidentes de América Latina se atrevieron a presentar en los primeros días del mes de junio.

El club de deudores
Preocupa enormemente a los acreedores el que el agravamiento de la situación externa de las principales economías latinoamericanas propicie la formación de un «club de deudores», sobre todo a partir de la reciente Reunión de Cartagena. Pese a que en ella no hubo declaración que no fuese conciliatoria, salvo aquellas arandelas insustanciales que adornan el «nacionalismo» de nuestros gobernantes, los bancos norteamericanos saben que cualquier intento de negociación colectiva encaminada a mejorar los términos en una eventual reestructuración de la deuda, o cualquier declaración de moratoria en los pagos, borrarían de un plumazo las inmensas ganancias, fuente de su aparente solidez. Incluso podrían generar un pánico bancario, una crisis más o menos extendida de las finanzas mundiales, como se pudo apreciar en el caso del apresurado rescate del banco Manufacturers Hanover Trust ante sólo la posibilidad de que su principal cliente latinoamericano, la Argentina, no pudiera saldar sus compromisos.

Si persisten los incumplimientos los bancos tendrían que recortar los dividendos de sus accionistas y se acentuaría la tendencia a la baja de sus acciones en las bolsas de valores. Durante el año pasado el valor de las acciones de los principales bancos de Nueva York decayó en un 25%, debido, entre otros factores, a la desconfianza que los inversionistas muestran respecto a la recuperación de la cartera latinoamericana y en especial a los riesgos que implica una «politización» del problema, la cual haría tambalear el sistema financiero internacional. Uno de ellos, Barton Biggs, el estratega financiero del Morgan Stanley, lo sintetiza en las siguientes palabras:’ «simplemente no existe posibilidad alguna de que el Citibank incremente sus ganancias en 15% cada año apoyado en las espaldas de millones de resentidos peones latinoamericanos» (6).

(1)»La Deuda Pública Norte americana» en Economía Colombiana, N° 156. Abril 1984, p.72.
(2) Newsweek. Junio 18, 1984, P.9.
(3) El Tiempo. 28 de Junio, 1984, p. 8A.
(4) Time. Mayo 21, 1984, p.47.
(5) Semana. Mayo 22-28, p. 32, (Énfasis nuestro).
(6) Time. Julio 2, 1984.

MÁXIMAS GARANTÍAS AL CAPITAL FORÁNEO

En los dos años que lleva de gobierno Belisario Betancur ha demostrado una vez más su índole antinacional, al levantarles a los monopolios imperialistas las escasas restricciones que pesaban, sobre sus inversiones en Colombia y otorgarles al mismo tiempo máximas garantías.

El foro sobre inversiones extranjeras que se realizó en Bogotá, en los primeros días del mes de julio pasado, significó la culminación de una extensa campaña oficial orientada a demostrarles a los capitalistas foráneos las enormes ventajas que les ofrecen, tanto el país como las autoridades, en sus actividades de explotación y de saqueo. Durante el mes anterior tres altos funcionarios, el ahora ministro de Hacienda Roberto Junguito, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el director de Proexpo, realizaron una prolongada y costosa correría por Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Japón y otras cinco naciones más, con el objeto de «vender» Colombia a los financistas del exterior.

Ya desde 1982 el primer mandatario había afirmado que «Colombia dejará de hacer sacrificios unilaterales en obsequio a la filosofía integracionista, y aceptará más inversiones extranjeras». (El Tiempo, diciembre 3 de 1982).

Asimismo, en septiembre de 1983, ante la Asociación Colombo-Americana en Nueva York, el anterior ministro de Hacienda, Gutierre Castro, hizo una fervorosa invitación a los capitalistas norteamericanos para que se vincularan al país, prometiéndoles «igualdad de condiciones» a las de los inversionistas domésticos.

La entrega de la nación
Los capitales de fuera estuvieron sometidos, desde inicios de los años setentas, a la reglamentación dispuesta por la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena.

El desmonte de las limitaciones que imponía la legislación del Pacto Andino comienza en agosto del año pasado. Por resolución 36 de 1983 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aumentó considerablemente el porcentaje de utilidades que pueden girar al exterior las compañías foráneas. Posteriormente, y por medio del Decreto 3548 de diciembre 29 de 1983, se les suspendieron los plazos que tenían para transformarse en empresas mixtas. El mencionado decreto, además autorizó nuevas inversiones directas extranjeras en empresas de transporte turístico y eximió de toda participación nacional, en su capital, a las sociedades que se constituyen para hotelería e infraestructura turística. En enero pasado quedaron eliminados los impedimentos en cuanto a localización de las nuevas inversiones, las cuales estaban prohibidas para Bogotá, Medellín y Cali. Desaparecieron también los impuestos por concepto de remesas por pagos efectuados fuera del país. A los consorcios trasnacionales se les permite, de nuevo, el acceso al crédito externo a largo plazo y la inversión en bancos, seguros y otras compañías financieras.

En mayo se consumó la entrega al autorizar el gobierno a los extranjeros el poder reinvertir los llamados capitales en el limbo». Estos, que superan la cifra de los 15.000 millones de pesos, están conformados por la parte de las utilidades que antes no se podían girar al exterior ni tampoco ser reinvertidas en el país.

Mediante su servil actitud frente a los imperialistas, el régimen colombiano pretende emular con naciones como Chile, Venezuela, Brasil y México por la atracción de los monopolios. Agobiados por la inmensa deuda externa y acosados por la falta de divisas para pagar siquiera los intereses de sus obligaciones, los detentadores del poder de estos Estados han iniciado una desenfrenada competencia por hacerse a los «favores» de quienes saquean los recursos naturales de sus territorios y explotan el trabajo de sus respectivos pueblos. La rebatiña por unos dólares más los lleva cada día a mayores envilecimientos ante el dinero de la metrópolis.

Los hierofantes de la economía colombiana, por su parte, argumentan que es necesario atraer, a como de lugar, a los grandes inversionistas del mundo desarrollado para que las divisas vuelvan a rebosar las arcas del Banco de la República y se reanime la producción.

Resulta pertinente recordar que en los últimos seis años, sin incluir la explotación de hidrocarburos, la inversión extranjera directa se duplicó al pasar de 686 millones de dólares en 1976 a 1.314 millones en 1982. Y fue precisamente durante este período que las actividades productivas del país han registrado sus peores descalabros. De remate, los envíos de dólares al exterior por concepto de remesas de utilidades y pagos por regalías, marcas y patentes de los oligopolios, ha superado año tras año, con creces, el monto que entra a Colombia por la alabada inversión directa.

El conflicto en la Caja Agraria: DEBATE FECUNDO SOBRE LA TÁCTICA

TRIBUNA ROJA dialogó con el compañero Jesús Bernal, presidente del Sindicato Nacional de la Caja Agraria, con el objeto de oír sus conclusiones sobre la negociación colectiva y el paro nacional que a fines de abril adelantaron los 13.500 trabajadores de la entidad bancaria estatal en las 875 sucursales. Publicamos extractos de la entrevista.

TB: En la fase preparatoria del conflicto ¿qué merece especial mención?

Jesús Bernal: Ante todo el contrapliego patronal, pero también la firme decisión de los creditarios de no permitir que la administración Ospina Hernández nos despojara de prestaciones adquiridas en más de veinte años de luchas. El contrapliego fue el peor obstáculo en las etapas de arreglo directo y de conciliación, pues la empresa no quiso tomar en cuenta las peticiones sindicales mientras no se aceptaran sus diez demandas. Por tal razón, un pleno de presidentes reunido el 5 de abril determinó enfrentar la amenaza con un cese de actividades. Ese mismo día se nombró el comité de paro, compuesto por las cuatro fuerzas actualmente presentes en el ejecutivo nacional.

TR: ¿En dicho pleno las decisiones se tomaron por consenso, en forma unánime?

Jesús Bernal: Sí, y el consenso se mantuvo hasta el final de la conciliación. Aunque hubo una serie de incidentes que en el debate actual han vuelto a cobrar vigencia, no se rompió en ese lapso el frente común contra la empresa. Por ejemplo, la renuncia de Rafael Conde al cargo de negociador, por haberle negado el respaldó su corriente política. Y la destaco en primer término, porque en tal coyuntura el sector revolucionario mostró una actitud unitaria. Nosotros podríamos haber sacado fruto de esa rencilla interna. No lo hicimos, pues la lucha contra la empresa entraba en una fase que requería el fortalecimiento del sindicato. ¿Cómo hubieran visto las bases, en vísperas del paro, el resquebrajamiento de la comisión negociadora? En resumen, conseguimos que Conde echara atrás su dimisión.

Un segundo incidente tuvo que ver con la solidaridad. A comienzos de abril se llegó en el comité de paro a un compromiso por el cual las fuerzas integrantes debían recoger un millón de pesos entre los sindicatos amigos. Nosotros lo acatamos. En cambio la fracción afín a la CSTC lo incumplió abiertamente, ya que condicionó el apoyo financiero a que el sindicato alentara el proyecto mamerto de central unitaria. Y en este punto hay un abismo entre nosotros y la CSTC: cuando brindamos a un conflicto nuestro respaldo solidario lo hacemos de manera diáfana, como se vio en Colpuertos, sin exigirles a los huelguistas sectarias adhesiones en el campo ideológico y político.

El tercer litigio estuvo relacionado con la «hora cero», discusión que se llevó a cabo el 18 de abril. Tres corrientes del comité de paro proponían como fecha el 25 de abril, con el peregrino argumento de que el paro no podía postergarse, pues, según decían, mientras la represión ganaba terreno, el ánimo de los trabajadores disminuía. Nosotros sugeríamos el 2 de mayo, pensando en las manifestaciones de la víspera en las que podría concretarse el amplio respaldo de la clase obrera. Pensábamos también que, de lanzarse el movimiento el 25 de abril, la proximidad de los festivos de Semana Santa haría más difíciles las tareas preparatorias. Debido a que la Caja Agraria es el organismo encargado de pagar a algunos empleados del gobierno, resultaba factible en ese principio de mes aprovechar la circunstancia como arma de presión. Preveíamos además una pelea prolongada, tal cual sucedió, y estimábamos que los trabajadores debían percibir la quincena para estar aprovisionados. Finalmente, no compartíamos la idea de que el ánimo estuviera en baja.

Aquí cabe una consideración. ¿Ha de rendirle culto el dirigente a la espontaneidad dejándose llevar por tendencias derrotistas, que siempre las habrá, o, al revés, tomar las decisiones con base en el examen frió de la correlación de fuerzas? A dicho interrogante se dieron en el paro dos respuestas distintas.

Tras una discusión de cuatro horas, la cuestión de la fecha se puso a votación. Y aunque salimos derrotados, nos sometimos disciplinadamente y comenzamos a trabajar por el cese del 25 de abril, como a todo el mundo le consta. Nuestro comportamiento unitario fue consecuente de principio a fin, a diferencia de ciertos grupos, que durante el conflicto cuidaron más sus ambiciones mezquinas que la suerte de los trabajadores. Y yo aprovecho para denunciar en este reportaje que el día 17 de abril, es decir, cuando reinaba todavía la unidad en el sindicato, los tres sectores restantes del comité de paro suscribieron un documento clandestino y sectario, autenticado en la Notaría Diecisiete de Bogotá, mediante el cual se comprometieron a coordinar fuerzas para combatir al MOIR. De la existencia de tal escrito logramos enterarnos apenas en julio. Pero ahí está sin duda el verdadero origen del divisionismo. A ciertos dirigentes no les interesaba ni la unidad ni el pliego, sino desprestigiar a aquel partido.

TR: ¿Cómo evaluaron ustedes la participación de los asalariados en el paro?

Jesús Bernal: La habíamos calculado en un 80 por ciento pero llegó al 95 por ciento. Fue la repercusión lógica del contrapliego, que se encargó de unificar a los creditarios, incluso el estamento directivo de la empresa. Del 25 al 29 de abril, el gerente general y los gerentes regionales se quedaron solos, empecinados en sacar adelante su contrapliego frente al resto de los obreros y empleados.

TR: ¿Qué efectos inmediatos tuvo el movimiento?

Jesús Bernal: El 26 de abril, cuando el cese pasaba por el mejor momento, el gerente general, Mariano Ospina Hernández, llamó a negociar. Yo estaba en minoría en la dirección y los demás sectores me desautorizaron para hacerlo, con la tesis de que ya Ospina no decidía en las conversaciones. Ahora sabemos que en el trasfondo de todo esto se hallaba el documento clandestino al que ya hice referencia. Se pretendía con ello coartarle al sindicato su derecho legítimo a discutir con la cabeza de la parte patronal, que se veía obligada por la fuerza del paro a bajarse del pedestal. La mayoría del comité, por mantener un hirsuto enfrentamiento con nosotros, impidió la concreción de lo que podríamos llamar un primer objetivo, o sea, sentar en la mesa de negociaciones al recalcitrante gerente. Se argumentó en cambio que todo debía canalizarse a través de la Ministra de Trabajo ad hoc, Nohemí Sanín.

Todo ello implicaba otro asunto vital y era la conveniencia de negociar cuando el sindicato se encontraba en auge, con sus fuerzas intactas. En mi concepto, debíamos haber entrado a negociar el 26 de abril.

TR: ¿La Caja Agraria modificó, en algo su actitud intransigente?

Jesús Bernal: Hubo indicios de que la lucha continuaba rindiendo frutos. El 27 de abril, por ejemplo, el gobierno cedió terreno presentando una fórmula que en cierto sentido respetaba las dos reivindicaciones en juego: la prima de antigüedad y la jubilación.

TR: ¿Y qué estorbó el convenio?

Jesús Bernal: El sistema engorroso del lleva y trae que restó flexibilidad a las partes. El sindicato no estaba negociando directamente, sino por medio de un abogado. La ministra, a su vez, sopesaba con éste las alternativas pero debía someterlas al análisis de la empresa. Y el acercamiento logrado se vino a tierra el 29 de abril, cuando Nohemí Sanín rebajó la oferta sobre pensión.

Todavía a estas alturas existía la probabilidad de poner a salvo parte de la jubilación y la prima de antigüedad. A manera de solución, le propusimos entonces al gobierno que la prima de antigüedad sólo se congelara a los 20 años y la jubilación se mantuviera para aquellos trabajadores que superaran los diez años de servicios, incrementándose la edad a 50 años para el resto del personal, incluso el que ingresara posteriormente. Con base en ello, el gerente general volvió a citar al sindicato para el 30 de abril. Pero otra vez la mayoría me prohibió asistir. Si el principio de acuerdo hubiera partido de algún otro sector, con seguridad el comité de paro lo hubiera aceptado. Pero venía de nosotros y había que reprobarlo a toda costa. Uno de los grandes tropiezos para un arreglo ventajoso fue el sectarismo de ciertos directivos, interesados no en buscarle salida al pliego sino en sus propias ambiciones de grupo. A ello hay que sumar como aspecto fundamental la crisis del país, que se traduce en restricciones a los derechos laborales, no obstante las recias batallas libradas por los trabajadores, como fue el caso de Colpuertos.

TR: ¿Qué consecuencias arrojó el asesinato del ministro Lara Bonilla y la declaratoria del estado de sitio?

Jesús Bernal: Aunque es cierto que a nivel nacional el hecho debilitó al gobierno de Belisario Betancur, poniéndolo en dificultades, nuestra situación particular no nos permitió aprovecharnos de ellas. Al impacto causado entre los creditarios por la muerte de Lara se agregó el que el gobierno calificó de ilegal el paro y autorizó destituciones. El sindicato, por unanimidad, acordó el retorno a las labores y una tregua de 24 horas, que a la postre se volvió indefinida.

TR: ¿Y cómo se valió el gobierno de esta coyuntura?

Jesús Bernal: A partir de entonces, y hasta la firma de la convención, el 17 de mayo, se proceso en el que el gobierno fue rebajando sus precarios ofrecimientos. Tal tendencia se vio coadyuvada por ciertos directivos, que con su mezquindad tribuyeron a ahondar las dificultades del sindicato. En concreto, al destituirnos del comité de dirección, se generó el desconcierto entre las bases. A pesar de todo, nosotros no cejamos en presentar un frente unido de combate, para no dejarle ventajas a la parte patronal.

TR: ¿Por último, ¿qué conclusiones deriva usted del conflicto?

Jesús Bernal: Hay quienes dicen que la batalla no dio frutos positivos. Pero si se analiza sin prejuicios, se verá que la resistencia de los creditarios derrotó el contrapliego casi en su totalidad, e impidió el tribunal y las sanciones, ya autorizadas. Ahora bien: en la actualidad el debate interno se ha concentrado en los problemas de la táctica. Nosotros sostenemos que hubiera podido suscribirse en mejores condiciones la convención colectiva, pero que algunos grupos lo impidieron por su comportamiento sectario y estrecho. Tal discusión debe librarse con el criterio de educar a las bases y de fortalecer los niveles de dirección, pues la reciente batalla no fue sino escaramuza. Ya ha comenzado en la Caja una «reestructuración administrativa» que podría implicar la destitución masiva de unos tres mil asalariados. Ante la inminencia de esta agresión, nosotros estamos dispuestos a unirnos con todos los sectores, pese a las discrepancias expuestas, con el objeto de echar por tierra el nefasto plan.