MÁXIMAS GARANTÍAS AL CAPITAL FORÁNEO

En los dos años que lleva de gobierno Belisario Betancur ha demostrado una vez más su índole antinacional, al levantarles a los monopolios imperialistas las escasas restricciones que pesaban, sobre sus inversiones en Colombia y otorgarles al mismo tiempo máximas garantías.

El foro sobre inversiones extranjeras que se realizó en Bogotá, en los primeros días del mes de julio pasado, significó la culminación de una extensa campaña oficial orientada a demostrarles a los capitalistas foráneos las enormes ventajas que les ofrecen, tanto el país como las autoridades, en sus actividades de explotación y de saqueo. Durante el mes anterior tres altos funcionarios, el ahora ministro de Hacienda Roberto Junguito, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el director de Proexpo, realizaron una prolongada y costosa correría por Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Japón y otras cinco naciones más, con el objeto de «vender» Colombia a los financistas del exterior.

Ya desde 1982 el primer mandatario había afirmado que «Colombia dejará de hacer sacrificios unilaterales en obsequio a la filosofía integracionista, y aceptará más inversiones extranjeras». (El Tiempo, diciembre 3 de 1982).

Asimismo, en septiembre de 1983, ante la Asociación Colombo-Americana en Nueva York, el anterior ministro de Hacienda, Gutierre Castro, hizo una fervorosa invitación a los capitalistas norteamericanos para que se vincularan al país, prometiéndoles «igualdad de condiciones» a las de los inversionistas domésticos.

La entrega de la nación
Los capitales de fuera estuvieron sometidos, desde inicios de los años setentas, a la reglamentación dispuesta por la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena.

El desmonte de las limitaciones que imponía la legislación del Pacto Andino comienza en agosto del año pasado. Por resolución 36 de 1983 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aumentó considerablemente el porcentaje de utilidades que pueden girar al exterior las compañías foráneas. Posteriormente, y por medio del Decreto 3548 de diciembre 29 de 1983, se les suspendieron los plazos que tenían para transformarse en empresas mixtas. El mencionado decreto, además autorizó nuevas inversiones directas extranjeras en empresas de transporte turístico y eximió de toda participación nacional, en su capital, a las sociedades que se constituyen para hotelería e infraestructura turística. En enero pasado quedaron eliminados los impedimentos en cuanto a localización de las nuevas inversiones, las cuales estaban prohibidas para Bogotá, Medellín y Cali. Desaparecieron también los impuestos por concepto de remesas por pagos efectuados fuera del país. A los consorcios trasnacionales se les permite, de nuevo, el acceso al crédito externo a largo plazo y la inversión en bancos, seguros y otras compañías financieras.

En mayo se consumó la entrega al autorizar el gobierno a los extranjeros el poder reinvertir los llamados capitales en el limbo». Estos, que superan la cifra de los 15.000 millones de pesos, están conformados por la parte de las utilidades que antes no se podían girar al exterior ni tampoco ser reinvertidas en el país.

Mediante su servil actitud frente a los imperialistas, el régimen colombiano pretende emular con naciones como Chile, Venezuela, Brasil y México por la atracción de los monopolios. Agobiados por la inmensa deuda externa y acosados por la falta de divisas para pagar siquiera los intereses de sus obligaciones, los detentadores del poder de estos Estados han iniciado una desenfrenada competencia por hacerse a los «favores» de quienes saquean los recursos naturales de sus territorios y explotan el trabajo de sus respectivos pueblos. La rebatiña por unos dólares más los lleva cada día a mayores envilecimientos ante el dinero de la metrópolis.

Los hierofantes de la economía colombiana, por su parte, argumentan que es necesario atraer, a como de lugar, a los grandes inversionistas del mundo desarrollado para que las divisas vuelvan a rebosar las arcas del Banco de la República y se reanime la producción.

Resulta pertinente recordar que en los últimos seis años, sin incluir la explotación de hidrocarburos, la inversión extranjera directa se duplicó al pasar de 686 millones de dólares en 1976 a 1.314 millones en 1982. Y fue precisamente durante este período que las actividades productivas del país han registrado sus peores descalabros. De remate, los envíos de dólares al exterior por concepto de remesas de utilidades y pagos por regalías, marcas y patentes de los oligopolios, ha superado año tras año, con creces, el monto que entra a Colombia por la alabada inversión directa.

El conflicto en la Caja Agraria: DEBATE FECUNDO SOBRE LA TÁCTICA

TRIBUNA ROJA dialogó con el compañero Jesús Bernal, presidente del Sindicato Nacional de la Caja Agraria, con el objeto de oír sus conclusiones sobre la negociación colectiva y el paro nacional que a fines de abril adelantaron los 13.500 trabajadores de la entidad bancaria estatal en las 875 sucursales. Publicamos extractos de la entrevista.

TB: En la fase preparatoria del conflicto ¿qué merece especial mención?

Jesús Bernal: Ante todo el contrapliego patronal, pero también la firme decisión de los creditarios de no permitir que la administración Ospina Hernández nos despojara de prestaciones adquiridas en más de veinte años de luchas. El contrapliego fue el peor obstáculo en las etapas de arreglo directo y de conciliación, pues la empresa no quiso tomar en cuenta las peticiones sindicales mientras no se aceptaran sus diez demandas. Por tal razón, un pleno de presidentes reunido el 5 de abril determinó enfrentar la amenaza con un cese de actividades. Ese mismo día se nombró el comité de paro, compuesto por las cuatro fuerzas actualmente presentes en el ejecutivo nacional.

TR: ¿En dicho pleno las decisiones se tomaron por consenso, en forma unánime?

Jesús Bernal: Sí, y el consenso se mantuvo hasta el final de la conciliación. Aunque hubo una serie de incidentes que en el debate actual han vuelto a cobrar vigencia, no se rompió en ese lapso el frente común contra la empresa. Por ejemplo, la renuncia de Rafael Conde al cargo de negociador, por haberle negado el respaldó su corriente política. Y la destaco en primer término, porque en tal coyuntura el sector revolucionario mostró una actitud unitaria. Nosotros podríamos haber sacado fruto de esa rencilla interna. No lo hicimos, pues la lucha contra la empresa entraba en una fase que requería el fortalecimiento del sindicato. ¿Cómo hubieran visto las bases, en vísperas del paro, el resquebrajamiento de la comisión negociadora? En resumen, conseguimos que Conde echara atrás su dimisión.

Un segundo incidente tuvo que ver con la solidaridad. A comienzos de abril se llegó en el comité de paro a un compromiso por el cual las fuerzas integrantes debían recoger un millón de pesos entre los sindicatos amigos. Nosotros lo acatamos. En cambio la fracción afín a la CSTC lo incumplió abiertamente, ya que condicionó el apoyo financiero a que el sindicato alentara el proyecto mamerto de central unitaria. Y en este punto hay un abismo entre nosotros y la CSTC: cuando brindamos a un conflicto nuestro respaldo solidario lo hacemos de manera diáfana, como se vio en Colpuertos, sin exigirles a los huelguistas sectarias adhesiones en el campo ideológico y político.

El tercer litigio estuvo relacionado con la «hora cero», discusión que se llevó a cabo el 18 de abril. Tres corrientes del comité de paro proponían como fecha el 25 de abril, con el peregrino argumento de que el paro no podía postergarse, pues, según decían, mientras la represión ganaba terreno, el ánimo de los trabajadores disminuía. Nosotros sugeríamos el 2 de mayo, pensando en las manifestaciones de la víspera en las que podría concretarse el amplio respaldo de la clase obrera. Pensábamos también que, de lanzarse el movimiento el 25 de abril, la proximidad de los festivos de Semana Santa haría más difíciles las tareas preparatorias. Debido a que la Caja Agraria es el organismo encargado de pagar a algunos empleados del gobierno, resultaba factible en ese principio de mes aprovechar la circunstancia como arma de presión. Preveíamos además una pelea prolongada, tal cual sucedió, y estimábamos que los trabajadores debían percibir la quincena para estar aprovisionados. Finalmente, no compartíamos la idea de que el ánimo estuviera en baja.

Aquí cabe una consideración. ¿Ha de rendirle culto el dirigente a la espontaneidad dejándose llevar por tendencias derrotistas, que siempre las habrá, o, al revés, tomar las decisiones con base en el examen frió de la correlación de fuerzas? A dicho interrogante se dieron en el paro dos respuestas distintas.

Tras una discusión de cuatro horas, la cuestión de la fecha se puso a votación. Y aunque salimos derrotados, nos sometimos disciplinadamente y comenzamos a trabajar por el cese del 25 de abril, como a todo el mundo le consta. Nuestro comportamiento unitario fue consecuente de principio a fin, a diferencia de ciertos grupos, que durante el conflicto cuidaron más sus ambiciones mezquinas que la suerte de los trabajadores. Y yo aprovecho para denunciar en este reportaje que el día 17 de abril, es decir, cuando reinaba todavía la unidad en el sindicato, los tres sectores restantes del comité de paro suscribieron un documento clandestino y sectario, autenticado en la Notaría Diecisiete de Bogotá, mediante el cual se comprometieron a coordinar fuerzas para combatir al MOIR. De la existencia de tal escrito logramos enterarnos apenas en julio. Pero ahí está sin duda el verdadero origen del divisionismo. A ciertos dirigentes no les interesaba ni la unidad ni el pliego, sino desprestigiar a aquel partido.

TR: ¿Cómo evaluaron ustedes la participación de los asalariados en el paro?

Jesús Bernal: La habíamos calculado en un 80 por ciento pero llegó al 95 por ciento. Fue la repercusión lógica del contrapliego, que se encargó de unificar a los creditarios, incluso el estamento directivo de la empresa. Del 25 al 29 de abril, el gerente general y los gerentes regionales se quedaron solos, empecinados en sacar adelante su contrapliego frente al resto de los obreros y empleados.

TR: ¿Qué efectos inmediatos tuvo el movimiento?

Jesús Bernal: El 26 de abril, cuando el cese pasaba por el mejor momento, el gerente general, Mariano Ospina Hernández, llamó a negociar. Yo estaba en minoría en la dirección y los demás sectores me desautorizaron para hacerlo, con la tesis de que ya Ospina no decidía en las conversaciones. Ahora sabemos que en el trasfondo de todo esto se hallaba el documento clandestino al que ya hice referencia. Se pretendía con ello coartarle al sindicato su derecho legítimo a discutir con la cabeza de la parte patronal, que se veía obligada por la fuerza del paro a bajarse del pedestal. La mayoría del comité, por mantener un hirsuto enfrentamiento con nosotros, impidió la concreción de lo que podríamos llamar un primer objetivo, o sea, sentar en la mesa de negociaciones al recalcitrante gerente. Se argumentó en cambio que todo debía canalizarse a través de la Ministra de Trabajo ad hoc, Nohemí Sanín.

Todo ello implicaba otro asunto vital y era la conveniencia de negociar cuando el sindicato se encontraba en auge, con sus fuerzas intactas. En mi concepto, debíamos haber entrado a negociar el 26 de abril.

TR: ¿La Caja Agraria modificó, en algo su actitud intransigente?

Jesús Bernal: Hubo indicios de que la lucha continuaba rindiendo frutos. El 27 de abril, por ejemplo, el gobierno cedió terreno presentando una fórmula que en cierto sentido respetaba las dos reivindicaciones en juego: la prima de antigüedad y la jubilación.

TR: ¿Y qué estorbó el convenio?

Jesús Bernal: El sistema engorroso del lleva y trae que restó flexibilidad a las partes. El sindicato no estaba negociando directamente, sino por medio de un abogado. La ministra, a su vez, sopesaba con éste las alternativas pero debía someterlas al análisis de la empresa. Y el acercamiento logrado se vino a tierra el 29 de abril, cuando Nohemí Sanín rebajó la oferta sobre pensión.

Todavía a estas alturas existía la probabilidad de poner a salvo parte de la jubilación y la prima de antigüedad. A manera de solución, le propusimos entonces al gobierno que la prima de antigüedad sólo se congelara a los 20 años y la jubilación se mantuviera para aquellos trabajadores que superaran los diez años de servicios, incrementándose la edad a 50 años para el resto del personal, incluso el que ingresara posteriormente. Con base en ello, el gerente general volvió a citar al sindicato para el 30 de abril. Pero otra vez la mayoría me prohibió asistir. Si el principio de acuerdo hubiera partido de algún otro sector, con seguridad el comité de paro lo hubiera aceptado. Pero venía de nosotros y había que reprobarlo a toda costa. Uno de los grandes tropiezos para un arreglo ventajoso fue el sectarismo de ciertos directivos, interesados no en buscarle salida al pliego sino en sus propias ambiciones de grupo. A ello hay que sumar como aspecto fundamental la crisis del país, que se traduce en restricciones a los derechos laborales, no obstante las recias batallas libradas por los trabajadores, como fue el caso de Colpuertos.

TR: ¿Qué consecuencias arrojó el asesinato del ministro Lara Bonilla y la declaratoria del estado de sitio?

Jesús Bernal: Aunque es cierto que a nivel nacional el hecho debilitó al gobierno de Belisario Betancur, poniéndolo en dificultades, nuestra situación particular no nos permitió aprovecharnos de ellas. Al impacto causado entre los creditarios por la muerte de Lara se agregó el que el gobierno calificó de ilegal el paro y autorizó destituciones. El sindicato, por unanimidad, acordó el retorno a las labores y una tregua de 24 horas, que a la postre se volvió indefinida.

TR: ¿Y cómo se valió el gobierno de esta coyuntura?

Jesús Bernal: A partir de entonces, y hasta la firma de la convención, el 17 de mayo, se proceso en el que el gobierno fue rebajando sus precarios ofrecimientos. Tal tendencia se vio coadyuvada por ciertos directivos, que con su mezquindad tribuyeron a ahondar las dificultades del sindicato. En concreto, al destituirnos del comité de dirección, se generó el desconcierto entre las bases. A pesar de todo, nosotros no cejamos en presentar un frente unido de combate, para no dejarle ventajas a la parte patronal.

TR: ¿Por último, ¿qué conclusiones deriva usted del conflicto?

Jesús Bernal: Hay quienes dicen que la batalla no dio frutos positivos. Pero si se analiza sin prejuicios, se verá que la resistencia de los creditarios derrotó el contrapliego casi en su totalidad, e impidió el tribunal y las sanciones, ya autorizadas. Ahora bien: en la actualidad el debate interno se ha concentrado en los problemas de la táctica. Nosotros sostenemos que hubiera podido suscribirse en mejores condiciones la convención colectiva, pero que algunos grupos lo impidieron por su comportamiento sectario y estrecho. Tal discusión debe librarse con el criterio de educar a las bases y de fortalecer los niveles de dirección, pues la reciente batalla no fue sino escaramuza. Ya ha comenzado en la Caja una «reestructuración administrativa» que podría implicar la destitución masiva de unos tres mil asalariados. Ante la inminencia de esta agresión, nosotros estamos dispuestos a unirnos con todos los sectores, pese a las discrepancias expuestas, con el objeto de echar por tierra el nefasto plan.

EL MAGISTERIO DERROTÓ ESTADO DE SITIO

El compañero José Fernando Ocampo forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Terminado el paro nacional, el 26 de junio pasado, la federación convocó numerosas reuniones de base con el objeto de evaluar las experiencias del aguerrido movimiento. Los aspectos generales de tales discusiones fueron resumidos por José Fernando Ocampo para los lectores de TRIBUNA ROJA.

TR: ¿Existían condiciones favorables para lanzar el paro a comienzos de mayo?

José Fernando Ocampo: Las condiciones políticas del país eran buenas para el desarrollo del movimiento. La imagen de Betancur iba en franco deterioro e importantes sectores comenzaban a presentar fuerte oposición a sus medidas. La muerte de Lara Bonilla y el estado de sitio, sin embargo, plantearon la duda de si se llevaba a cabo el cese de actividades. Se decidió que sí, pues la pelea se venía postergando desde 1981 y, además, porque el crimen del ministro contribuía a debilitar al gobierno de Betancur. De tal manera que la orden de paro se dio cuatro días después del asesinato de Lara, con una respuesta casi total del magisterio.

La dificultad mayor estribaba en sacar el Distrito al cese. Recuérdese que en agosto de 1977, en la batalla contra el Acuerdo 128 de Durán Dussán, el Distrito no secundó la huelga de Fecode. En cambio ahora la movilización de los maestros bogotanos llegó a ser de un 80%. Ello nos permitió realizar dos tomas inmensas de la Plaza de Bolívar, con lleno completo y con la participación de alumnos y padres de familia. Paralelamente, en el resto del país se efectuaron desfiles y protestas para crear conciencia entre la gente sobre la crisis de la educación pública.
TR: ¿El objetivo del movimiento no era sólo económico, entonces?
José Fernando Ocampo: El Paro no estuvo encaminado tan sólo a reclamar las prestaciones atrasadas, sino que se luchó también por rescatar la educación pública, abandonada financiera y administrativamente por el régimen actual. Una muestra disiente del caos de la educación pública es la deuda de 75 mil millones de pesos contraída por el gobierno con el magisterio por concepto de retroactividad salarial, cesantías, prestaciones sociales, etc.

TR: ¿Cuál fue la respuesta del gobierno al cese indefinido?

José Fernando Ocampo: En la segunda toma de la Plaza de Bolívar, el 23 de mayo, la consigna impartida a los educadores venidos de todo el país, consistía en permanecer allí hasta tanto el gobierno accediera a negociar con Fecode, como en efecto se vio obligado a hacerlo.

Durante las conversaciones pareció abrirse la posibilidad de discutir la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones para saldar las acreencias más urgentes. Sin embargo, esa misma noche el gobierno decreto las vacaciones del Magisterio. Fue una abierta provocación y una burla, agravada por el anuncio de que no se cancelarían los días atrasados del sueldo, amenaza que finalmente tuvo que echar atrás la ministra de Educación. De todos modos, la actitud del gobierno radicalizó aún más a las bases.

¿Qué pasó en el transcurso de éstas vacaciones decretadas?

José Fernando Ocampo: Aunque no se habían obtenido reivindicaciones concretas, nuestras fuerzas seguían intactas. Y cuando en el transcurso de las conversaciones posteriores, el gobierno condicionó el pago de los salarios atrasados a la normalidad académica a partir del 26 de junio, nosotros respondimos que como requisito indispensable para tal normalización exigíamos un acuerdo global sobre los puntos más inmediatos.

TR: ¿Sobre cuáles, en concreto?

José Fernando Ocampo: Las fórmulas de Fecode llegaron a resumirse en lo siguiente: pago de las deudas que no dieran plazo y cuyo monto ascendía a 20 mil millones de pesos, que el gobierno podría cancelar en varios contados antes de fin de año, mediante las respectivas adiciones presupuestales, pues no entendemos cómo el presidente Betancur no ha tenido para pagar al magisterio, pero se mostró generoso para refinanciar a los empresarios de la industria textil, al Banco del Estado y al Banco de Bogotá; ello comprendía el reconocimiento del subsidio familiar pendiente desde 1982, que suma en total unos tres mil millones de pesos, el cubrimiento del auxilio de transporte y de alimentación, de la retroactividad salarial, de los ascensos y bonificaciones y de una parte de las cesantías. Solicitamos también que se definiera el significado de las palabras «áreas rurales y poblaciones apartadas» para efecto del doble tiempo en el escalafón; pedimos que se aceptara el tiempo de servicio no utilizado para efectos de ascenso en el escalafón, como también que se aboliera el sistema de educación contratada por el Concordato con el Vaticano y, finalmente, demandamos que se garantizara la capacitación.

TR: en ese conjunto de prestaciones, ¿cuál era la fundamental para el magisterio?

José Fernando Ocampo: Las cesantías y la jubilación son el aspecto central. Frente a la posición del gobierno, empeñado en congelar las cesantías, nosotros hemos propuesto que sean liquidadas por el último, sueldo y retroactivamente, como siempre se le han reconocido al magisterio. El proyecto de ley 38 consagraba estos puntos, pero fue echado atrás: uno de los objetivos, del paro radicó justamente en la defensa del proyecto de ley 38, positivo en muchos aspectos por haber sido fruto de un acuerdo entre el gobierno y Fecode. Para materializar lo anterior le planteamos al gobierno la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones, que se encargara en adelante de cancelar las cesantías y la jubilación y contratara la asistencia médica con entidades públicas o privadas.

TR: ¿Tiene que ver todo esto con la nacionalización de la educación?

José Fernando Ocampo: La nacionalización de la educación pública es un punto trascendental, sobre el cual el MOIR siempre ha mostrado una posición consecuente; a diferencia de López Michelsen que en la Ley 43 de 1975 nacionalizó apenas los pagos, pero no la administración ni las prestaciones mismas. De ahí que en Colombia administra el FER, administra el Ministerio y administran los departamentos. Tampoco el gobierno de Betancur ha exhibido una postura definida, oscilando entre la «departamentalización» del ministro Arias Ramírez y la posición romanticona de «ir a las veredas» formulada por Escobar Navia, tras la cual se esconde la sujeción del magisterio a las acciones comunales, vieja ambición del imperialismo. En la misma línea, la actual ministra de Educación planteó a mediados de junio en Cimitarra que fuera la comunidad la que pagara a los maestros y la que construyera las escuelas. Es curioso que el gobierno hable de «racionalizar» la educación y al mismo tiempo salga con desatinos como los anteriores.

TR: ¿Qué alternativa presenta Fecode?

José Fernando Ocampo: Hasta 1975, financiaban y administraban la educación los municipios y los departamentos. En la actualidad financia la nación, pero siguen administrando los departamentos. Ninguno de los dos sistemas ha dado resultado. Fecode se inclina por la financiación nacional y la administración en las entidades territoriales mediante organismos autónomos, dependientes del Ministerio de Educación y con representantes de los gobiernos seccionales, del gobierno nacional y del magisterio.

TR: Volviendo al paro ¿cuál fue el desenlace?

José Fernando Ocampo: Ante la negativa del gobierno de presentar fórmulas de arreglo, Fecode convocó de nuevo al combate el 26 de junio, día en que terminaron las vacaciones forzosas. El criterio de Fecode consistió en radicalizar el movimiento, no para presionar como objetivo inmediato la nacionalización ni la totalidad de los 15 puntos del pliego, pero sí aspectos asequibles a corto plazo, como el pago de las deudas más; apremiantes, meta que finalmente se obtuvo el 26 de junio, mediante la firma de un acuerdo con el gobierno. Por fuera de los acuerdos, el gobierno está tratando de imponer mediante proyectos de ley, medidas que atentan contra conquistas muy sentidas de los educadores, tales como el escalafón y otros aspectos del estatuto docente. En estas condiciones lo que se coloca en el orden del día en Fecode, es preservar la unidad de acción con miras a una lucha nacional para defender los acuerdos. Dicha tarea está siendo puesta en peligro por el ilusionismo del «diálogo nacional» propuesto por el Partido Comunista y sus acólitos, cuando el gobierno ya ha anunciado que seguirá golpeando a los trabajadores colombianos y, en particular, a los educadores.

TR: Finalmente, compañero Ocampo, un balance de la batalla librada.

José Fernando Ocampo: El paro fue exitoso: derrotó el estado de sitio, forzó al gobierno a negociar y pactar ciertos puntos que representan un avance, logró la movilización nacional de los institutores, puso en actividad después de mucho tiempo al magisterio bogotano, imprimió en los huelguistas una conciencia clara sobre los objetivos del combate, aclaró la cuestión de la nacionalización y, sobre todo, respondió en forma unificada las provocaciones del gobierno. De los 180 mil maestros, calculamos en Fecode que alrededor de 140 mil estuvieron presentes. Para Fecode fue importante esta lucha, además, porque enterró las conclusiones del Congreso de Bucaramanga. El belisarismo, que impregnó las ponencias aprobadas en este Congreso, se vio derrotado en el reciente movimiento. Una de las consignas principales, la de que el magisterio debía cambiar sus formas de pelea -«en vez de paros, lucha pedagógica»-, quedó hecha pedazos. El PC no pudo levantarse ahora en Fecode a gritar «viva la apertura democrática», ni logró comprometer a los institutores con el llamado desfile de la paz del 28 de mayo.
¿Cómo iba a propiciar Fecode la avenencia con el gobierno si el magisterio estaba enfrentado radicalmente contra él? ¿Y cómo iba a apoyar la «apertura democrática» agitada por el Partido Comunista, si los maestros venían sufriendo en carne propia las medidas antidemocráticas del régimen? En resumen, el paro fue el entierro de las tesis de Bucaramanga, donde el MOIR tuvo que batirse en minoría.