EL MAGISTERIO DERROTÓ ESTADO DE SITIO

El compañero José Fernando Ocampo forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Terminado el paro nacional, el 26 de junio pasado, la federación convocó numerosas reuniones de base con el objeto de evaluar las experiencias del aguerrido movimiento. Los aspectos generales de tales discusiones fueron resumidos por José Fernando Ocampo para los lectores de TRIBUNA ROJA.

TR: ¿Existían condiciones favorables para lanzar el paro a comienzos de mayo?

José Fernando Ocampo: Las condiciones políticas del país eran buenas para el desarrollo del movimiento. La imagen de Betancur iba en franco deterioro e importantes sectores comenzaban a presentar fuerte oposición a sus medidas. La muerte de Lara Bonilla y el estado de sitio, sin embargo, plantearon la duda de si se llevaba a cabo el cese de actividades. Se decidió que sí, pues la pelea se venía postergando desde 1981 y, además, porque el crimen del ministro contribuía a debilitar al gobierno de Betancur. De tal manera que la orden de paro se dio cuatro días después del asesinato de Lara, con una respuesta casi total del magisterio.

La dificultad mayor estribaba en sacar el Distrito al cese. Recuérdese que en agosto de 1977, en la batalla contra el Acuerdo 128 de Durán Dussán, el Distrito no secundó la huelga de Fecode. En cambio ahora la movilización de los maestros bogotanos llegó a ser de un 80%. Ello nos permitió realizar dos tomas inmensas de la Plaza de Bolívar, con lleno completo y con la participación de alumnos y padres de familia. Paralelamente, en el resto del país se efectuaron desfiles y protestas para crear conciencia entre la gente sobre la crisis de la educación pública.
TR: ¿El objetivo del movimiento no era sólo económico, entonces?
José Fernando Ocampo: El Paro no estuvo encaminado tan sólo a reclamar las prestaciones atrasadas, sino que se luchó también por rescatar la educación pública, abandonada financiera y administrativamente por el régimen actual. Una muestra disiente del caos de la educación pública es la deuda de 75 mil millones de pesos contraída por el gobierno con el magisterio por concepto de retroactividad salarial, cesantías, prestaciones sociales, etc.

TR: ¿Cuál fue la respuesta del gobierno al cese indefinido?

José Fernando Ocampo: En la segunda toma de la Plaza de Bolívar, el 23 de mayo, la consigna impartida a los educadores venidos de todo el país, consistía en permanecer allí hasta tanto el gobierno accediera a negociar con Fecode, como en efecto se vio obligado a hacerlo.

Durante las conversaciones pareció abrirse la posibilidad de discutir la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones para saldar las acreencias más urgentes. Sin embargo, esa misma noche el gobierno decreto las vacaciones del Magisterio. Fue una abierta provocación y una burla, agravada por el anuncio de que no se cancelarían los días atrasados del sueldo, amenaza que finalmente tuvo que echar atrás la ministra de Educación. De todos modos, la actitud del gobierno radicalizó aún más a las bases.

¿Qué pasó en el transcurso de éstas vacaciones decretadas?

José Fernando Ocampo: Aunque no se habían obtenido reivindicaciones concretas, nuestras fuerzas seguían intactas. Y cuando en el transcurso de las conversaciones posteriores, el gobierno condicionó el pago de los salarios atrasados a la normalidad académica a partir del 26 de junio, nosotros respondimos que como requisito indispensable para tal normalización exigíamos un acuerdo global sobre los puntos más inmediatos.

TR: ¿Sobre cuáles, en concreto?

José Fernando Ocampo: Las fórmulas de Fecode llegaron a resumirse en lo siguiente: pago de las deudas que no dieran plazo y cuyo monto ascendía a 20 mil millones de pesos, que el gobierno podría cancelar en varios contados antes de fin de año, mediante las respectivas adiciones presupuestales, pues no entendemos cómo el presidente Betancur no ha tenido para pagar al magisterio, pero se mostró generoso para refinanciar a los empresarios de la industria textil, al Banco del Estado y al Banco de Bogotá; ello comprendía el reconocimiento del subsidio familiar pendiente desde 1982, que suma en total unos tres mil millones de pesos, el cubrimiento del auxilio de transporte y de alimentación, de la retroactividad salarial, de los ascensos y bonificaciones y de una parte de las cesantías. Solicitamos también que se definiera el significado de las palabras «áreas rurales y poblaciones apartadas» para efecto del doble tiempo en el escalafón; pedimos que se aceptara el tiempo de servicio no utilizado para efectos de ascenso en el escalafón, como también que se aboliera el sistema de educación contratada por el Concordato con el Vaticano y, finalmente, demandamos que se garantizara la capacitación.

TR: en ese conjunto de prestaciones, ¿cuál era la fundamental para el magisterio?

José Fernando Ocampo: Las cesantías y la jubilación son el aspecto central. Frente a la posición del gobierno, empeñado en congelar las cesantías, nosotros hemos propuesto que sean liquidadas por el último, sueldo y retroactivamente, como siempre se le han reconocido al magisterio. El proyecto de ley 38 consagraba estos puntos, pero fue echado atrás: uno de los objetivos, del paro radicó justamente en la defensa del proyecto de ley 38, positivo en muchos aspectos por haber sido fruto de un acuerdo entre el gobierno y Fecode. Para materializar lo anterior le planteamos al gobierno la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones, que se encargara en adelante de cancelar las cesantías y la jubilación y contratara la asistencia médica con entidades públicas o privadas.

TR: ¿Tiene que ver todo esto con la nacionalización de la educación?

José Fernando Ocampo: La nacionalización de la educación pública es un punto trascendental, sobre el cual el MOIR siempre ha mostrado una posición consecuente; a diferencia de López Michelsen que en la Ley 43 de 1975 nacionalizó apenas los pagos, pero no la administración ni las prestaciones mismas. De ahí que en Colombia administra el FER, administra el Ministerio y administran los departamentos. Tampoco el gobierno de Betancur ha exhibido una postura definida, oscilando entre la «departamentalización» del ministro Arias Ramírez y la posición romanticona de «ir a las veredas» formulada por Escobar Navia, tras la cual se esconde la sujeción del magisterio a las acciones comunales, vieja ambición del imperialismo. En la misma línea, la actual ministra de Educación planteó a mediados de junio en Cimitarra que fuera la comunidad la que pagara a los maestros y la que construyera las escuelas. Es curioso que el gobierno hable de «racionalizar» la educación y al mismo tiempo salga con desatinos como los anteriores.

TR: ¿Qué alternativa presenta Fecode?

José Fernando Ocampo: Hasta 1975, financiaban y administraban la educación los municipios y los departamentos. En la actualidad financia la nación, pero siguen administrando los departamentos. Ninguno de los dos sistemas ha dado resultado. Fecode se inclina por la financiación nacional y la administración en las entidades territoriales mediante organismos autónomos, dependientes del Ministerio de Educación y con representantes de los gobiernos seccionales, del gobierno nacional y del magisterio.

TR: Volviendo al paro ¿cuál fue el desenlace?

José Fernando Ocampo: Ante la negativa del gobierno de presentar fórmulas de arreglo, Fecode convocó de nuevo al combate el 26 de junio, día en que terminaron las vacaciones forzosas. El criterio de Fecode consistió en radicalizar el movimiento, no para presionar como objetivo inmediato la nacionalización ni la totalidad de los 15 puntos del pliego, pero sí aspectos asequibles a corto plazo, como el pago de las deudas más; apremiantes, meta que finalmente se obtuvo el 26 de junio, mediante la firma de un acuerdo con el gobierno. Por fuera de los acuerdos, el gobierno está tratando de imponer mediante proyectos de ley, medidas que atentan contra conquistas muy sentidas de los educadores, tales como el escalafón y otros aspectos del estatuto docente. En estas condiciones lo que se coloca en el orden del día en Fecode, es preservar la unidad de acción con miras a una lucha nacional para defender los acuerdos. Dicha tarea está siendo puesta en peligro por el ilusionismo del «diálogo nacional» propuesto por el Partido Comunista y sus acólitos, cuando el gobierno ya ha anunciado que seguirá golpeando a los trabajadores colombianos y, en particular, a los educadores.

TR: Finalmente, compañero Ocampo, un balance de la batalla librada.

José Fernando Ocampo: El paro fue exitoso: derrotó el estado de sitio, forzó al gobierno a negociar y pactar ciertos puntos que representan un avance, logró la movilización nacional de los institutores, puso en actividad después de mucho tiempo al magisterio bogotano, imprimió en los huelguistas una conciencia clara sobre los objetivos del combate, aclaró la cuestión de la nacionalización y, sobre todo, respondió en forma unificada las provocaciones del gobierno. De los 180 mil maestros, calculamos en Fecode que alrededor de 140 mil estuvieron presentes. Para Fecode fue importante esta lucha, además, porque enterró las conclusiones del Congreso de Bucaramanga. El belisarismo, que impregnó las ponencias aprobadas en este Congreso, se vio derrotado en el reciente movimiento. Una de las consignas principales, la de que el magisterio debía cambiar sus formas de pelea -«en vez de paros, lucha pedagógica»-, quedó hecha pedazos. El PC no pudo levantarse ahora en Fecode a gritar «viva la apertura democrática», ni logró comprometer a los institutores con el llamado desfile de la paz del 28 de mayo.
¿Cómo iba a propiciar Fecode la avenencia con el gobierno si el magisterio estaba enfrentado radicalmente contra él? ¿Y cómo iba a apoyar la «apertura democrática» agitada por el Partido Comunista, si los maestros venían sufriendo en carne propia las medidas antidemocráticas del régimen? En resumen, el paro fue el entierro de las tesis de Bucaramanga, donde el MOIR tuvo que batirse en minoría.

DIEZ PAUTAS SOBRE COPERATIVAS CAMPESINAS

En las zonas de colonización de casi todos los departamentos del país, por lo general regiones aisladas donde prima el esfuerzo humano en las faenas agropecuarias, el problema del mercadeo de la producción campesina es una de las mayores trabas para el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. A los agricultores, en muchas ocasiones, les resulta prácticamente imposible llevar sus cosechas a los centros de consumo, y si logran hacerlo terminan atrapados en una red de intermediarios que se queda con el monto principal de las ganancias, cuando no con todas ellas. Resolver de manera acertada la cuestión del mercadeo, por lo tanto, contribuirá a desarrollar la producción y aliviar las condiciones de pobreza en que se debaten cientos de miles de labriegos.

De ahí que las ligas campesinas, que han venido creciendo a un ritmo sorprendente en estas zonas de colonización, se hayan concentrado desde hace algunos años en la tarea de crear y promover cooperativas. Tales organizaciones de masas, apoyándose en sus propios esfuerzos y preservando a toda costa su independencia frente al gobierno y los dos partidos tradicionales, han alcanzado éxitos notables en varias regiones del país. Sin embargo, por distintas circunstancias ha sido particularmente en el sur de Bolívar donde han prendido con mayor fuerza y han dejado las más ricas experiencias. El campesinado de numerosas veredas apartadas del departamento ha comprendido la importancia de asociarse para vender lo que produce, y las ligas han comprobado en los hechos que el mercadeo es una labor imprescindible para aumentar la producción de los agricultores y mejorar así las bases materiales y espirituales de su lucha revolucionaria.

A finales del año pasado, la Unión Campesina Independiente de Bolívar (UCIB), que agrupa a 19 ligas de los municipios de El Carmen, Magangué, Achí, Pinillos, San Martín de Loba, Morales y San Pablo, efectuó en Montecristo, corregimiento de Achí, un encuentro departamental para resumir las experiencias de más de un centenar de dirigentes campesinos en varios frentes de trabajo, pero especialmente en el de las cooperativas. La reunión dio pruebas irrefutables de que el mercadeo organizado por los propios agricultores puede llegar incluso hasta las grandes ciudades y arrojar resultados positivos, si se realiza como debe ser, y demostró que en mayor o menor medida todas las delegaciones se han preocupado por construir cooperativas y han conseguido avances de consideración en este campo. Una de ellas ha logrado la hazaña de sextuplicar el área sembrada de arroz de una vereda en solo un año. Y aunque todavía están lejos de solucionar los ingentes problemas económicos de los colonos, el camino que han emprendido es digno de tenerse en cuenta y de aplicarse a las condiciones concretas de otros departamentos. Por este motivo, TRIBUNA ROJA ha considerado conveniente hacer un resumen de las diez conclusiones principales del encuentro en relación con las cooperativas, conclusiones que fueron publicadas por el órgano informativo de la UCIB, Renacer Campesino, en abril de 1984.

1. Las cooperativas no deben repartir las utilidades entre los socios, como se ha venido haciendo en muchos casos, sino explicar a los campesinos que el principal beneficio que obtienen con el mercadeo es el que resulta de vender las cosechas a mejor precio y de adquirir las mercancías de consumo más baratas. Si las utilidades se reparten la organización no podrá capitalizar, ni crecer, ni conseguir los medios de transporte, de acopio y de distribución que requiere para cumplir sus funciones.
2. Las cooperativas deben procurar tener. Funcionarios especializados, lo que equivale a decir remunerados, en cada una de las ramas de esta actividad: transporte, mercadeo, finanzas, contabilidad, etc. El logro de este objetivo depende de los recursos y del crecimiento de cada cooperativa, naturalmente, pero a él hay que aspirar de todas maneras.
3. Las cooperativas tienen que estudiar qué productos son aptos para el mercadeo y cuáles no. La experiencia enseña que existen cultivos que no dan garantías o que no se pueden vender rentablemente, ya sea porque la competencia dificulta su comercialización, porque están restringidos a causa del control oficial o por otras razones. Para determinar el producto principal del mercadeo es necesario realizar un análisis minucioso de las condiciones y no actuar movidos por juicios subjetivos o simples sentimientos. El meollo de la cuestión, en estos casos, reside en que las cooperativas prosperen.

4. Las cooperativas deben ocuparse tanto del mercadeo como del consumo. Ambos factores están indisolublemente unidos. Desde mucho antes de que sus productos salgan al mercado, los campesinos necesitan proveerse de artículos indispensables y en la mayoría de los casos los requieren fiados. Por lo general, los comerciantes les dan crédito y por este medio los explotan, proporcionándoles muy caras las mercancías de consumo y obligándolos a empeñar a bajos precios la siguiente cosecha. Las cooperativas han de atender este problema porque de lo contrario no será posible que los agricultores se liberen del control de intermediarios y usureros, que en no pocas ocasiones son al mismo tiempo los gamonales políticos de la localidad. Por otra parte, para que sea rentable el transporte de la producción campesina a los centros urbanos, es conveniente que haya carga no sólo de ida sino de venida

5. Las cooperativas deben dominar y saber utilizar las leyes y mecanismos de la actividad comercial; aprender a trabajar con números y hablar de economía; perderle el miedo a operar con dinero, aprovechar el crédito, hacer cálculos minuciosos y familiarizarse con todos los tejemanejes del mercado. La diferencia con los comerciantes está en que ellos utilizan estos instrumentos para oprimir a los labriegos, mientras que las cooperativas los aplican en beneficio de la comunidad y del desarrollo de la producción.

6. Las cooperativas no pueden lanzarse a una temeraria competencia de precios. El propósito de abaratar los artículos de consumo y combatir la especulación, que de manera inevitable provoca enfrentamientos con los intermediarios, hay que llevarlo a cabo en el entendimiento de que el poder económico de las cooperativas es por ahora demasiado precario para sostener una guerra de precios prolongada. En cuanto a la necesidad de adelantar una política de frente unido con los comerciantes, el encuentro reiteré que ésta no debe emprenderse a costa del bienestar de los campesinos ni de la existencia de sus organizaciones. Otros factores, y fundamentalmente la opresión económica y política del régimen, facilitan el acuerdo con ellos.

7. Las cooperativas tienen que asumir las pérdidas y las ganancias del mercadeo que realicen. Debido a las distancias y a las fluctuaciones propias de la actividad comercial, y es frecuente que los precios a los cuales compran o venden a los campesinos difieran de los precios a los cuales compran o venden en los centros de consumo. En esto suelen influir, por ejemplo, los costos del transporte, que en determinados momentos pueden ser decisivos para la obtención de pérdidas o ganancias. Ambas eventualidades todo caso, son responsabilidad de las cooperativas, y no de los socios en particular.

8. Las cooperativas deben buscar en sus operaciones comerciales regularidad y volumen. La primera para no perder los clientes que compran las cosechas de los agricultores y asegurar el abastecimiento y el crédito, y el segundo para conseguir rentabilidad en los negocios. Muchas transacciones, en efecto dan un margen reducido de utilidades por unidad, y hay productos que sólo se pueden comerciar con beneficio en cantidades apreciables.

9. Todos los dirigentes y socios de las cooperativas deben concentrar sus esfuerzos en la tarea de crear una cadena de organizaciones que resuelva todos los eslabones de la comercialización, desde el transporte hasta el empaque, almacenamiento, financiación y distribución de los productos campesinos. A esta empresa de elevar las condiciones de vida a través del mercadeo, que se ha convertido en el trabajo más importante de las ligas en las regiones aisladas y atrasadas del país, hay que dedicarle toda la consagración que sea necesaria

10. Las cooperativas reunidas en el encuentro de Montecristo, finalmente, se comprometieron a constituir una escuela campesina orientada a formar dirigentes agrarios de ésta y otras zonas de Colombia, aprovechando la experiencia y los recursos de las organizaciones de la UCIB.

«LA IDEA DE SEMBRAR DE NUEVO»

La cooperativa de Micumao (Mico Ahumado), corregimiento de Achí, fue fundada el 6 de febrero de 1982 en La Plaza, un caserío de unos quince ranchos por donde pasan periódicamente los campesinos que habitan la región. En su mayoría, éstos han emigrado de los más diversos departamentos del país por la crisis general que se vive en el campo, y se han abierto camino en espesas zonas boscosas, a golpes de hacha y machete, para transformarlas en cultivos de fríjol, maíz, café, yuca, plátano y árboles de fruta. La Plaza está comunicada con el casco urbano de Morales, a orillas del río Magdalena, por medio de una trocha que despejó hace algunos años una compañía maderera holandesa, con sede en Barranquilla, cuyos propietarios saquearon grandes extensiones ricas en caoba y tolú. Para sacar una carga de fríjol al mercado, los agricultores tienen que llevarla a lomo de mula desde su parcela hasta La Plaza; de allí, cuando llega carro, es transportada hasta Morales, y de Morales a El Banco hay que enviarla por tierra o en chalupa. En el primer caso el viaje dura diez horas, si no se presentan mayores imprevistos; en el segundo es menos demorado, pero también muchísimo más caro.

Por estos motivos, el flete de los productos campesinos hasta El Banco es extremadamente alto y en muchas ocasiones no compensa el esfuerzo, al tiempo que los precios de los víveres y otros artículos básicos están en las tiendas de La Plaza con frecuencia dos, tres, cinco o diez veces más elevados que los de Morales. Los labriegos acogieron entonces la idea, impulsada por la liga campesina, de conformar una cooperativa que en la actualidad ya tiene cerca de sesenta socios, cada uno de los cuales ha hecho un aporte de mil pesos por acción, único requisito que se exige para pertenecer a ella. Gracias a esta iniciativa, durante 1982 se duplicó el área sembrada de maíz en Mícumao, y el año pasado la cooperativa comerció más de ochocientas cargas de este grano.

Algo similar ocurre en El Dorado, una vereda de la Serranía de San Lucas a siete horas a pie del caserío más cercano. Según Lucho Ávila, actual administrador de la cooperativa, «aquí se dejó de cultivar arroz porque los costos eran mayores que el precio de venta. Sembrar una hectárea podía valer alrededor de 35 mil pesos y producía seis fanegas (24 bultos, aproximadamente) que se vendían en Montecristo con una pérdida de más de diez mil pesos. Esta situación desestimuló el cultivo y llevó todavía más miseria a la región, que terminó comprando arroz pilado en Magangué a precios recargados en más del cincuenta por ciento».

En esas circunstancias, los campesinos de El Dorado comenzaron a vender acciones al mismo precio de las de Micumao y organizaron una cooperativa. Esta realizó al poco tiempo un «festival de la cosecha» destinado a recoger fondos y obtuvo algunos pesos que le sirvieron para pagar la cuota inicial de un molino. Ante los ojos incrédulos de los comerciantes y la alegría de los agricultores, el molino llegó en junio de 1983 a Montecristo, donde piló 37 quintales de arroz. Después fue desarmado y transferido en piezas, a lomo de tres mulas, hasta El Dorado, donde piló 17 quintales, y de allí pasó a La Garita, un caserío a cuatro horas de camino, donde piló 21 quintales. «Este hecho ha transformado en gran medida la situación de la región», afirma Lucho Ávila. «El año pasado sembramos diez hectáreas de arroz, y hoy estamos cultivando sesenta».

Cooperativas como las de Micumao y El Dorado han sido organizadas también en La Ventura, Los Planos, Regencia, Quebrada del Medio y otros corregimientos y veredas del sur de Bolívar. «Gracias a ellas», como dijo un campesino de Montecristo, «se sembró entre nosotros la idea de sembrar de nuevo».