HOSTIGAMIENTO CONTRA COSECHEROS DE SABANA DE TORRES

Los Comités de Defensa Campesina del Bajo Lebrija, de la región de Sabana de Torres, en Santander, denunciaron a finales del pasado año la permanente represión por parte de los terratenientes, el ejército y las autoridades. Néstor Arenas Moreno, concesionario de la Ford, miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Santander propietario de más de ocho mil hectáreas de tierra y dueño y accionista mayoritario de importantes empresas, sin poseer ningún título de propiedad, alega ser el dueño de la finca «La Simónica» y, con la complicidad de las autoridades, hostiga permanentemente a las 22 familias que, damnificadas por la violencia del invierno de 1979, decidieron poner a producir aquellos terrenos baldíos.

La quema de ranchos, los encarcelamientos, como el del campesino Álvaro Lozano, quien permanece en la Cárcel Modelo de Bucaramanga desde el 14 de marzo pasado, y los desmanes de los uniformados son el pan de cada día para estas familias laboriosas. El 8 de agosto, por ejemplo, un oficial del puesto militar de Intercol detuvo arbitrariamente al campesino Manuel Botía por estar escuchando unas grabaciones de los discursos pronunciados durante un acto de solidaridad con los colonos de «El León», de San Vicente, que se había efectuado el día anterior. Posteriormente, el 27 de agosto último, una patrulla del ejército retuvo a diez campesinos bajo la única acusación de estar viviendo en la margen de la carretera a Provincia. Tres de ellos permanecieron incomunicaos durante cinco días en la prisión municipal de la Sabana. El Incora, fiel a su papel de aparato del Estado al servicio de los terratenientes, ha permanecido al lado de los opresores. Los supervisores van al campo a presentar la apariencia de preocupación por este conflicto mientras sus directivos regionales andan en comilonas y banquetes con los sojuzgadores de los labriegos.

En un comunicado público los Comités Campesinos Independientes de San Pablo, Bolívar; los Comités Campesinos de Yondó, la Unión Campesina de Santander, Aceb, Sintracreditario, Asandip, Aspu, Sindinalch, Sintucoop, Sintrasec, Sintrageofraficos, Anebre, Sittelecom, Aspes, Sinucom, Sintrabansan, Uso, Sintrametalúrgicos y Sintranal, pertenecientes a la coordinadora del Sindicalismo Independiente de Santander, respaldaron a los campesinos del Bajo Lebrija y rechazaron los atropellos, brindándoles además su plena solidaridad proletaria.

Arrasada invasión en Puerto Nare
Cerca de 50 uniformados desalojaron violentamente, el pasado 29 de agosto, a 250 familias que el 4 del mismo mes habían ocupado predios incultos pertenecientes a un terrateniente de La Sierra, municipio de Puerto Nare. Las hordas policiales acantonadas en Puerto Berrío y Puerto Nare derribaron las humildes viviendas de cartón y palma que habían sido levantadas por los mineros, trabajadores ferroviarios y cementeros, en lo que fue calificado por los sencillos moradores como «un asalto del gobierno turbayista». Varias personas resultaron heridas a consecuencia de la arremetida oficial, algunas fueron encarceladas y una mujer embarazada abortó y su estado de salud fue bastante delicado.

El Regional del MOIR en Antioquia repudió este vil atropello en un comunicado público y alentó a las gentes de La Sierra a perseverar en el combate por la tierra.

OLEADA DE ACCIDENTES LABORALES

Nuevas tragedias han venido a engrosar la abrumadora lista de accidentes laborales. El 17 de enero, once trabajadores murieron y veinte sufrieron graves heridas al hacer explosión el gas metano acumulado en un túnel de la represa de Chingaza, situada al oriente de Bogotá. Como se pudo comprobar, el hecho se debió a la negligencia del consorcio contratista, la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de México, que descuidó el mantenimiento en los tubos de ventilación. Un accidente similar, que se produjo en 1978, había costado la vida a cinco obreros.

En Armenia, el 12 de enero, perecieron ahogados ocho trabajadores que limpiaban de escombros un canal subterráneo construido hace 50 años. En este sitio laboraba una cuadrilla compuesta por treinta hombres, cuando un violento aguacero hizo crecer el caudal del alcantarillado. La empresa contratista sólo disponía de una escalera para evacuar a los obreros y, para colmo, la tarea de salvamento no se comenzó a tiempo.

Entre el 15 y el 25 de enero, debido a una contaminación del agua potable, resultaron intoxicados cuarenta trabajadores en la fábrica de camisas Manhattan de Bogotá. Cuatro de ellos fallecieron posteriormente. Desde hace cuatro meses se venían detectando filtraciones de aguas negras en las tuberías del acueducto, sin que la empresa distrital pusiera ningún remedio.

Y el 22 de enero, en la represa de San Carlos, Antioquia, que asimismo construye la empresa mexicana ICA, otra explosión segó la vida de un trabajador e hirió a tres más, por causa de una dinamita en mal estado que estalló antes de tiempo.

Pese a que son innumerables los accidentes laborales, el gobierno se niega a poner en marcha un programa serio de seguridad industrial, para no lesionar los intereses de los patronos. Bajo este régimen, el obrero debe exponer a diario su vida para tener derecho a un salario.

DURA Y HEROICA SERÁ LA LUCHA SALVADOREÑA POR LA LIBERTAD

Para los cinco millones de habitantes de El Salvador, los primeros veinte días de 1981 fueron un período muy rico en acontecimientos políticos. El 9 de enero, con la consideración de que había que pasar a la insurrección antes del ascenso al Poder del presidente electo de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que se efectuó el 20 del mismo mes, las organizaciones guerrilleras agrupadas alrededor del Frente Democrático Revolucionario (FDR) decretaron el comienzo de la “ofensiva final”. A las pocas horas de haber dado a conocer sus intenciones atacaron un aeropuerto del ejército en las afueras de San Salvador, convocaron a una huelga general contra el gobierno y se apoderaron de algunas poblaciones de provincia. Los principales combates tuvieron lugar en las calles de Santa Ana, la segunda ciudad más grande del país, y en las regiones campesinas de Morazán, Chalatenango y San Vicente.

Mientras los marines que custodian la Embajada de los Estados Unidos eran puestos en estado de alerta, dos asesores norteamericanos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, junto con el presidente de la misma entidad, cayeron abaleados por grupos paramilitares de extrema derecha en un hotel de la capital.

Mil doscientas personas, entre obreros, trabajadores del campo, dirigentes políticos y sindicales, estudiantes, sacerdotes y periodistas perdieron la vida durante las primeras tres semanas del año que comienza, cuando la fuerza pública inició su contraataque. La violencia cotidiana ejercida contra el pueblo se recrudeció hasta el borde de lo insostenible en un nación que, según palabras de Alexander Haig, el nuevo jefe de la diplomacia yanqui “constituye el mayor desafío para la seguridad de Estados Unidos en el área centroamericana”.

El genocidio
De acuerdo con informes de la Iglesia Católica, en el curso de 1980 fueron asesinados cerca de diez mil salvadoreños por efectivos de la Guardia Nacional y de los escuadrones de la muerte. Estos últimos, como “Orden” y la “Unión Guerrera Blanca”, que se mueven sin ningún impedimento legal, reciben ingentes sumas de dinero por intermedio de la oligarquía criolla exiliada en Miami, actúan con el apoyo sistemático de los altos mandos militares y tienen a su disposición todos los arsenales del gobierno. Por otra parte, estadísticas de las Naciones Unidas señalan que 3.500 presos “desaparecieron” misteriosamente de las cárceles durante el año pasado, y que en el resto de países de América Central hay unos 200 mil refugiados, en su mayoría campesinos, provenientes de El Salvador.

Aunque la represión ha cobrado innumerables víctimas en todos los sectores de la sociedad opuestos a la Junta fascista, son los pobres de las zonas rurales contra quienes la barbarie se enseñorea con mayor crudeza. Uno de los casos más patéticos sucedió el 14 de mayo de 1980, sobre las riberas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, cuando catorce camiones del ejército salvadoreño llegaron a la aldea de San Jacinto y los soldados ejecutaron en masa a todos los habitantes, acusados de colaborar con las guerrillas. Un testigo de los hechos afirmó que seiscientos agricultores murieron fusilados contra un viejo paredón de adobe, en una masacre que duró hasta el anochecer, luego de que los militares incendiaran sus viviendas y arrasaran sus cultivos de maíz y de mandioca. Los cadáveres fueron arrojados a las aguas del Sumpul, y los pocos sobrevivientes que lograron huir a territorio hondureño perecieron bajo el fuego de las tropas locales, estacionadas al otro lado de la frontera.

En los cantones de esta región limítrofe entre los dos países, que se extiende a lo largo de 340 kilómetros de terreno agreste y montañoso, la Guardia Nacional de El Salvador ha emprendido verdaderas campañas de exterminio contra la población civil. A pesar de que la zona estuvo bajo control y vigilancia de la OEA desde la llamada “guerra del fútbol”, en 1969, hasta el Tratado de Tegucigalpa, suscrito por ambas naciones en diciembre de 1980, los campesinos que residen en ella han soportado toda clase de vejámenes y han tenido que aprender a defenderse como puedan. La dictadura militar bombardea sus campos de labranza, los persigue hasta en los caseríos más lejanos y los acorrala finalmente en los linderos con Honduras, donde millares de proscritos han sido “reubicados” en paupérrimos refugios, si consiguen escapar con vida. El baño de sangre que se ha desatado contra ellos, y contra el pueblo salvadoreño en su conjunto, sólo es comparable con el que sufrieron sus antepasados en 1932, en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno reprimió un levantamiento agrario en las provincias de Izalco, Sonsonate, Ilopango, Zaragoza y Cabañas con un saldo de 30 mil agricultores muertos.

Los labriegos de ese entonces peleaban por la tierra; por el derecho a sembrar, a trabajar y a organizarse en forma autónoma; por la baja de los arriendos en los latifundios cafeteros, y por el pago de mejores jornales durante los meses de recolección de las cosechas. Hoy, medio siglo después, sus descendientes continúan luchando por la misma causa.

Los amos de la heredad
En 1944, cuando se vino a pique el régimen del general Maximiliano Hernández Martínez, después de varios meses de huelgas, manifestaciones y conflictos callejeros, El Salvador seguía siendo uno de los países más atrasados del mundo. Como en la actualidad, la mayor parte de su economía estaba dedicada a producir café y materias primas con destino a los mercados norteamericanos, y unos cuantos monopolios foráneos controlaban los ferrocarriles, los servicios públicos, los puertos y el comercio exterior. Un número insignificante de grandes terratenientes era dueño del 42 por ciento de la tierra cultivable, y la naciente industria manufacturera había caído en manos de las mismas 14 familias propietarias de los bancos, las empresas de aviación, las firmas importadoras de maquinaria, los almacenes de lujo, los hoteles, los teatros y los cementerios.

El derrocamiento del tirano no significó gran cosa para esta oligarquía voraz, intermediaria y parásita, que ha manejado la vida política de la nación desde la independencia de España hasta nuestros días. Sus adalides de turno exigieron un Consejo de Gobierno que administró sus intereses comunes durante los meses de insubordinación popular, y a partir del término de ésta, en abril de 1944, se las ingeniaron para colocar en el Poder a diferentes mandatarios, civiles y militares “elegidos” o impuestos por las armas, que regentaron el país hasta 1961. El resultado fue que El Salvador inició la década de los años sesentas en condiciones de indigencia aún más alarmantes que las anteriores. Sólo tres de cada diez personas encontraban trabajo permanente en las ciudades; el analfabetismo llegaba al 73% en las zonas rurales; menos del ocho por ciento de la población recibía la mitad del ingreso nacional, y el consumo de calorías por habitante no era muy superior a los niveles registrados en Biafra.

Sin embargo, a raíz del triunfo de la revolución cubana, un acontecimiento que alentó a los inconformes de todos los rincones de América Latina, el dominio absoluto de la oligarquía salvadoreña comenzó a ser impugnado una vez más. Contra la costumbre establecida hasta el momento, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica denunciaron el contraste entre la miseria total de la inmensa mayoría y el derroche ostentoso de una pequeña casta de privilegiados. Los estudiantes universitarios señalaron al imperialismo norteamericano como el principal causante de la pobreza material y cultural de El Salvador, y muchos de ellos se vincularon a los paros obreros, a las invasiones campesinas, a los brotes periódicos de descontento. El estruendoso fracaso de la estrategia estadinense de aquel tiempo conocida con el nombre de Alianza para el progreso, contribuyó a gestar un movimiento de rebeldía que puso de manifiesto toda la hondura de la crisis. Surgieron nuevas agrupaciones políticas y otras salieron de la clandestinidad.

El reformismo en acción
En 1970, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN) conformaron una coalición de fuerzas que se llamó la Unión Nacional Opositora (UNO). El PDC había sido fundado en 1962 por un sector de terratenientes alejados de la burocracia estatal y molestos con algunas medidas del gobierno, el MNR representaba a un núcleo de industriales, intelectuales y comerciantes partidarios de la socialdemocracia europea, y la UDN era la mampara que utilizaba el Partido Comunista pro-soviético de El Salvador para ganar adeptos.

La Unión Nacional Opositora (UNO) se presentó a las elecciones de 1972 con un programa conjunto que prometía “modernizar la sociedad, fomentar un desarrollo independiente de la economía y defender los derechos inalienables del pueblo salvadoreño”. Su plataforma política estipulaba que “dentro de las normas constitucionales bien cumplidas puede lograrse un Estado social, justo, libre y soberano” y, sus declaraciones públicas aseguraban a los trabajadores que unas cuantas reformas conseguidas a través de las urnas, eran suficientes para que el país saliera de su atraso secular y se implantara el imperio de la democracia. El actual jefe de la Junta Cívico-Militar, José Napoleón Duarte, figuraba como candidato a la Presidencia de la República en las islas oficiales de la UNO; Guillermo Manuel Ungo, hoy dirigente máximo del Frente Democrático Revolucionario (FDR), fungía como su compañero de formula.

A pesar de que los dos personajes obtuvieron la mayor cantidad de votos, un escandaloso fraude electoral impuso en el poder al coronel Arturo Molina, quien gobernó hasta 1977 en nombre de los grandes potentados de la tierra y las finanzas y organizó los comicios de este año. La Unión Nacional Opositora resultó victoriosa una vez más, pero diversas artimañas en los escrutinios le dieron el triunfo al general Carlos Humberto Romero quien desempeñó el cargo hasta 1979. Ambos regímenes reprimieron de manera sanguinaria a sindicatos fabriles y asociaciones del campo. Las universidades fueron militarizadas. Una huelga nacional de educadores tuvo que ser levantada a balazos por la policía, y las bandas armadas de los latifundistas e iniciaron los asesinatos en las regiones agrarias.

El Partido Comunista, sin embargo, continuó con su estrategia de buscar “mejoras” en el marco de la Constitución y de las leyes, y su proceder conciliador, claudicante y liberal terminó por desenmascararlo incluso ante su propia militancia. Su dependencia de la Unión Soviética y su bancarrota ideológica y política, junto con el auge las luchas populares de entonces, fueron factores que ayudaron a que los numerosos destacamentos obreros, campesinos y estudiantiles se decidieran a construir nuevas organizaciones. Así, en el curso de la década del 60, aparecieron los principales grupos guerrilleros de la actualidad: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN).

El cuartelazo
El 15 de octubre de 1979, menos de tres meses después de que cayera Anastasio Somoza en Nicaragua, una Junta Cívico Militar de cinco miembros se hizo cargo del gobierno salvadoreño. El embajador norteamericano se comunicó personalmente con el general Carlos Humberto Romero, vencedor en las elecciones de 1977, y le aconsejó que se exiliara en Guatemala, donde sin duda sería bien recibido. Un vocero del Departamento de Estado declaró al día siguiente que el nuevo régimen de El Salvador significaba una “apertura” de carácter ‘progresista y razonable’. El coronel Adolfo Arnoldo Majano, uno de los promotores de la revuelta, concedió una conferencia de prensa para manifestar que los Derechos Humanos y las reformas moderadas serían los objetivos centrales de su administración. A las pocas horas fue disuelto con tanques un desfile de fuerzas democráticas en las calles de la capital, y en algunas poblaciones rurales se utilizaron bombas incendiarias para sofocar a los rebeldes. La Junta suspendió las garantías constitucionales, instauró la ley marcial y decretó el toque de queda.

El propósito de los golpistas no era destruir la maquinaria del Estado oligárquico sino remozarla; no buscaban abolir los aparatos represivos sino embellecerlos: intentaban realizar algunos cambios menores en el terreno económico y político, pero pretendían que tales cambios no afectaran a las clases dominantes, y que se adelantaran por medio de un ejército con el poderío suficiente para prevenir cualquier desbordamiento revolucionario de las masas. Un trabajador agrícola del departamento de Chalatenango resumió la situación en esta forma: “El golpe lo dio la misma institución que le ha servido de soporte a todas las dictaduras salvadoreñas, y sus cabecillas jamás le pasarán la cuenta de cobro a los responsables de que el país se encuentre al borde de la guerra civil”.

Aunque los hechos posteriores confirmaron la verdad de estas palabras, en el mes de octubre de 1979 casi todo el mundo procuraba ignorarlas. La Organización de Estados Americanos, las naciones del Pacto Andino, gobiernos como el de Nicaragua, Cuba, Granada, Jamaica y Panamá, expresaron su reconocimiento a la Junta y prometieron apoyarla. Una delegación de diplomáticos panameños, que trataba de servir de mediadora entre los militares y las guerrillas, se entrevistó con representantes de Fidel Castro en noviembre de 1979, y de común acuerdo decidieron “influir para bajar el nivel de los enfrentamientos y respaldar la tesis de la tregua”, que en síntesis quería decir dos cosas; darle tiempo al régimen salvadoreño para sacar adelante sus pretendidas reformas, por una parte, y estimular a los sectores “democráticos y progresistas” de las Fuerzas Armadas, por la otra.

Todos los partidos políticos de El Salvador, sin excepción alguna, se sumaron a la “tregua” mencionada. La Democracia Cristiana, el Movimiento Nacional Revolucionario y el Partido Comunista pro-soviético integraron el primer gabinete ministerial. El ex presidente Carter ofreció reanudar la ayuda económica, y la violencia reaccionaria siguió cobrando su cuota inexorable de víctimas.

La intervención foránea
Cuando se hizo evidente que los cambios anunciados no estaban dirigidos a beneficiar al pueblo, y cuando quedó absolutamente claro que los grupos paramilitares de extrema derecha contaban con el visto bueno de la camarilla gobernante, casi todos los ministros renunciaron a sus puestos. Los únicos que se mantuvieron en ellos fueron los del Partido Demócrata Cristiano. No obstante, la Unión Democrática Nacionalista (UDN), o sea el revisionismo, conservó su participación burocrática en Alcaldías y otros organismos menores hasta mayo de 1980, un mes después de que se promulgaran las leyes de Reforma Agraria, de “nacionalización” de la banca y del comercio exterior.

Hasta el día en que se expidieron los decretos, el 6 de abril de 1980, cerca de 1.500 personas habían caído asesinadas por el ejército desde el 15 de octubre de 1979, y más de 1.300 millones de dólares depositados en las cuentas bancarias de la oligarquía habían sido trasladados fuera del país.

Mientras tanto, millares de familias campesinas, que habían invadido latifundios ociosos desde mucho tiempo atrás, fueron desalojadas de sus tierras por la Guardia Nacional. El 5 de junio del año pasado, en el departamento de Cuscatlán, al norte de San Salvador, ochenta agricultores perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Diversos comentaristas han coincidido en afirmar que, a raíz del anuncio de la reforma agraria, se desató una verdadera campaña de crímenes y deportaciones masivas contra los labriegos salvadoreños.

Empero, lejos de adormecer el espíritu insumiso de la población, las reformas chocaron con la resistencia organizada de los campesinos, los obreros, los estudiantes y sectores medios de la sociedad. La Junta Cívico Militar se vio obligada a incrementar los hechos de terror con el objeto de llevarlas a la práctica, y para ello decidió encumbrar en el Poder a un hombre que gozara de la confianza plena de los Estados Unidos. El coronel Majano fue destituido de todas sus funciones, sin pena ni gloria, y José Napoleón Duarte, miembro del Partido Demócrata Cristiano, pasó a ocupar la Presidencia de la República.

Ronald Reagan, en diciembre de 1980, declaró con respecto a la situación de El Salvador: “No se puede pelear en una guerra civil y establecer reformas al mismo tiempo. Primero hay que salir de la guerra civil, y luego establecer las reformas”. Cuatro presidentes que lo antecedieron en el cargo perpetraron desembozados actos de agresión armada contra América Latina durante los dos primeros años de sus respectivos mandatos: Eisenhower intervino en Guatemala por intermedio de un ejército de mercenarios, para derrocar a Jacobo Arbenz en 1954; Kennedy ordenó la frustrada invasión de Bahía Cochinos, en la isla de Cuba, en 1961; Jhonson patrocinó el abaleo de decenas de estudiantes panameños en enero de 1964 y dispuso el desembarco de 450.000 marines en la República Dominicana, a principios de 1965, y Nixon estuvo al frente de las operaciones que condujeron al asesinato de Salvador Allende y a la posterior masacre de los trabajadores chilenos. No existe ningún motivo de peso para suponer que el nuevo héroe de los monopolios yanquis, Ronald Reagan, vaya a ser una excepción a esta regla.

Por el contrario, una de las primeras medidas de su administración fue la firma de un acuerdo de ayuda económica por 65 millones de dólares que serían otorgados al gobierno de El Salvador junto con fusiles automáticos, municiones, granadas y helicópteros para el transporte de tropas. El material y los empréstitos han sido utilizados por la dictadura demócrata cristiana para combatir con más fiereza al movimiento guerrillero, cuya “ofensiva final” logró desembocar en una insurrección de envergadura nacional pero que aún se mantienen firme en las regiones campesinas de Chalatenango, Morazán, La Unión y San Vicente, donde los rebeldes siguen hostigando al enemigo y recuperando medios de guerra para armarse y continuar la lucha.

El pueblo salvadoreño tendrá que preparar a sus huestes para una batalla prolongada y difícil, sin dejarse intimidar por el despotismo y sin caer en las manos de los reformistas y los demagogos. Sus combatientes habrán de levantar la bandera de la soberanía nacional contra el imperialismo norteamericano, y al mismo tiempo deberán cuidarse de las pretensiones hegemónicas de la Unión Soviética y de sus aliados, que sólo buscan manipular la crisis del país en beneficio de sus propios intereses de expansión. En el camino que les queda por delante, los desheredados de El Salvador contarán con el apoyo entusiasta, generoso y desinteresado de todos los pueblos del mundo.

Marcel Salamín:
Fue Asistente del jefe de Gobierno de Panamá, general Omar Torrijos, de octubre de 1977 a octubre de 1978, y a partir de entonces se desempeñó como asesor político del Comandante en Jefe de la Guardia Nacional panameña. En julio de 1979 fue nombrado embajador de la República de Panamá ante el gobierno de Nicaragua, y en septiembre de ese mismo año asistió a la VI Conferencia Cumbre de Países No Alineados, celebrada en La Habana, Cuba, en calidad de asesor del general Torrijos. A finales de 1979, el señor Salamín presidió la delegación de diplomáticos panameños que intentó servir de mediadora en la crisis de El Salvador.

ENCUENTRO DEL SINDICALISMO INDEPENDIENTE EN MEDELLÍN

Durante los días 20 y 23 de septiembre, el sindicalismo independiente llevó a cabo en Medellín un encuentro de solidaridad con el sindicato de Empaques, víctima del despotismo turbayista. El evento fue citado por la Acción Sindical Antioqueña (ASA) y el Frente Sindical Autónomo, y contó con la presencia de 227 delegados plenos, 80 fraternales y 20 invitados especiales.

CRECE LA INDISCIPLINA SOCIAL EN POLONIA

Durante más de dos meses a partir de julio del año pasado, centenares de miles de obreros poloneses mantuvieron prácticamente paralizada la economía de este país de Europa Occidental, con un movimiento huelguístico, sin precedentes por su amplitud y unidad, en procura de sentidas reivindicaciones económicas y políticas.

Como resultado de la dominación neocolonial que ejerce la Unión Soviética sobre dicho país, las crisis económicas han generado varias explosiones de descontento entre las masas trabajadoras. Así, en 1970, estallaron numerosos paros en protesta contra el aumento de los precios de los alimentos básicos; la reacción violenta del régimen dejó un saldo trágico de 45 proletarios muertos. Los hechos sangrientos precipitaron la caída del líder del Partido Obrero Unificado, Wladislaw Gomulka. En 1976, se repitió la insurgencia obrera por motivos similares; la escasez crónica de artículos de primera necesidad y los aumentos de precios. Las malas cosechas en la agricultura (el 80% de la cual está compuesta por explotaciones privadas), el alza de un 150% en el petróleo importado de la URSS, el incremento promedio del 60% en los precios de los alimentos, la escasez y las exageradas obligaciones de la deuda externa (20% del ingreso proveniente de las exportaciones), llevaron a la nación a la bancarrota. El gobierno dirigido por Edward Gierek resolvió temporalmente el problema recurriendo a la represión (numerosos arrestos y dos trabajadores asesinados) y a un préstamo de Moscú de más de 100 millones de dólares.

Hacia mediados de 1980 de nuevo se sintieron los efectos de las periódicas crisis económicas. Polonia depende cada vez más del capital foráneo, principalmente ruso, para solventar sus apremiantes necesidades productivas. Actualmente, la deuda externa alcanza los 23.000 millones de dólares, cuyo servicio absorbe alrededor del 60% de las exportaciones a Occidente; la inflación es del 19% y el ingreso nacional declinó en 1979 en un 2%; las materias primas y los carburantes comprados a la URSS equivalen al 58% de las importaciones polonesas. Con el fin de adquirir divisas, el Estado emprendió grandes exportaciones de carne, con lo cual comenzó a escasear este producto en el mercado y sus precios subieron. Esta fue la chispa que provocó la airada inconformidad de los asalariados.

Los paros se iniciaron el 1° de julio en varias fábricas de Varsovia, incluida la planta de tractores “Ursus”, y de Lublin. A mediados de agosto, se sumaron al movimiento los 16.000 trabajadores del gigantesco astillero “Lenin” del puerto de Gdansk, quienes se tomaron las instalaciones de la empresa; la determinación de estos operarios fue imitada bien pronto por sus compañeros de ciudades bálticas como Gydnia y Sopot, abarcando unas 400 industrias y cerca de 100.000 proletarios. Las exigencias planteadas al gobierno contemplaban no sólo el aumento de salarios y la reducción de los precios de los alimentos, sino también el establecimiento de sindicatos libres e independientes, el derecho legal a la huelga, la abolición de la censura de prensa y la liberación de todos los presos políticos. En pocas semanas, los obreros en huelga sumaron 300.000, paralizando una parte considerable de la construcción naval, la metalurgia, la minería, los textiles, la construcción de maquinaria, los puertos y el transporte público. Un líder de los asalariados de Gdansk señaló que “durante años se nos ha prometido el paraíso; sólo hemos tenido miseria”. Por su parte, el dirigente del comité nacional de huelga, Lech Walesa indicó: “Sí en unos cuantos días no obtenemos resultados, que se extiendan los paros”.

A diferencia de las crisis anteriores, el gobierno de Gierek decidió entablar negociaciones con los huelguistas, no sin antes amenazar abiertamente con una posible intervención rusa. En efecto, un alto funcionario estatal dijo: “Ni las huelgas ni la continuación de la presente situación pueden seguir. En la República Democrática de Alemania hay tropas soviéticas. Si las comunicaciones militares vía Polonia se interrumpen como resultado de los paros, ello constituye una amenaza para la Unión Soviética”. Cuando a comienzos de septiembre el número de obreros parados alcanzaba el medio millón y las empresas sobrepasaban las 600, el periódico del Partido, Tribuna Ludu, anotaba amenazante que “nuestro país está directamente en la zona de seguridad de la potencia socialista mundial, la Unión Soviética”. Y para completar esta campaña de intimidación con el espectro de la invasión del oso ruso, el mismo Brezhnev declaró: “Nosotros no usurpamos la tierra de nadie ni interferimos en sus asuntos internos. Pero siempre defenderemos nuestros derechos e intereses legítimos”. La prensa soviética acusó sistemáticamente a los obreros rebeldes de “elementos antisocialistas que trataban de “aprovechar la complicada situación en el país para exacerbar las dificultades tanto políticas como económicas”. No debe olvidarse que el socialimperialismo mantiene en territorio polonés dos divisiones de tanques (650 vehículos) y 35.000 hombres.

La formidable ola de protesta desató varias purgas en los altos niveles de la dirección del Partido, incluido su jefe máximo, Gierek, quien fue sustituido el 5 de septiembre por Stanislaw Kania.

Luego de intensos forcejeos entre los representantes del Estado y los sindicatos, los primeros se vieron obligados a aceptar todas las demandas de las masas laboriosas, a comienzos del mes de septiembre. Entre los principales puntos acordados figuran: creación de sindicatos nuevos, independiente y libres del tutelaje oficial; derecho de huelga; libertad de prensa; incrementos salariales graduales; control de precios; limitación de las exportaciones de carne; programas de vivienda popular, etc. Para poder cumplir con los compromisos adquiridos, el gobierno de Varsovia sólo tiene una alternativa: recurrir al endeudamiento con el capital extranjero. En agosto obtuvo un préstamo de 325 millones de dólares de un grupo de bancos occidentales y otro de 672 millones de Alemania Federal; en septiembre aceptó un crédito de los Estados Unidos por 670 millones de dólares para la compra de granos y alimentos norteamericanos, y un préstamo soviético de 100 millones como adelanto de los 1.300 millones prometidos por Moscú.

Sin embargo, la marejada de huelgas no terminó con la firma del acuerdo. Los mineros del carbón de Silesia abandonaron las labores exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo. El gobierno también hubo de aceptar los puntos de los 200.000 mineros en paro. Al mismo tiempo, en por lo menos 20 localidades, estallaron nuevos conflictos.

A finales de octubre se agudizó una vez más la tensión en Polonia cuando un tribunal de Varsovia, encargado de registrar legalmente al sindicato independiente “Solidaridad” (que representa una cincuentena de organizaciones y cerca de diez millones de obreros), modificó sus estatutos incluyendo una cláusula que estipula el “papel dirigente” del Partido sobre la actividad sindical, así como serias limitaciones al derecho de huelga. El valiente proletariado polonés repudió enérgicamente esta maniobra del régimen y amenazó con una huelga general para mediados de noviembre si no se eliminaba la disposición judicial. El dirigente Walesa anotó: “Somos conscientes de las pérdidas económicas que conllevaría otra huelga, pero ya que esa es nuestra arma no podemos dejar de usarla”. El 30 de octubre, el jefe del Partido Obrero Polonés, Kania, y su primer ministro viajaron a Moscú a informar a sus amos sobre la situación del país, lo cual proyectaba la sombra de la intervención rusa en caso de que la insubordinación obrera no lograra ser aplacada. Un líder sindical dijo al respecto: “Los tanques nos pueden ocupar, pero no nos pueden hacer trabajar”.

No obstante, a pesar de la realización de grandes maniobras militares conjuntas polaco-soviéticas, el movimiento continuó firme en sus demandas, a tiempo que recibía el apoyo de estudiantes, médicos y choferes de varias ciudades. Finalmente, el 10 de noviembre, el Tribunal Supremo de Polonia cedió a las demandas obreras y resolvió eliminar la cláusula de la constitución de “Solidaridad” que estipulaba la supremacía del Partido. Con ello, los trabajadores poloneses obtuvieron una resonante victoria luego de más de cuatro meses de intenso batallar.

Pocos días después, renació la agitación sindical en todo el territorio polonés; los obreros ferrocarrileros, los textileros y los mineros del carbón se lanzaron a la huelga, y 16.00 trabajadores de una fábrica de tractores de Varsovia pararon en protesta por la detención de dos activistas. Para el 26 de noviembre, pasaban de treinta las factorías paralizadas y se conoció que cerca de veinte organismos del Partido de diferentes regiones exigieron a la dirección central medidas para democratizar dicha organización.

Enfrentando la amenaza rusa
A partir del 2 de diciembre, la Unión Soviética empezó preparativos para una posible invasión a Polonia, colocando en estado de máxima alerta una treinta de divisiones en la Rusia europea, Checoslovaquia y Alemania Oriental. De inmediato, la Casa Blanca advirtió al Kremlin que “una intervención militar extranjera en Polonia tendría las consecuencias más negativas en las relaciones Este–Oeste en general y en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en particular”. Por su parte, los países miembros de la OTAN amenazaron a Moscú con tomar fuertes represalias diplomáticas y económicas en caso de que se produjera la entrada de tropas del Pacto de Varsovia y Polonia. “Afganistán es una cosa; pero no hay que olvidar que esto es Europa”, señaló un dirigente Alemán. La posición de Occidente fue respaldada por la República Popular China.

Empero, debe tenerse en cuenta que una acción soviética contra Polonia no es tan sencilla como la realizada contra Checoslovaquia en 1968, la actitud enérgica de la OTAN, el triunfo de Reagan, la guerra en Afganistán, las tensiones en el Golfo Pérsico, el fuerte patriotismo del pueblo polonés y el creciente aislamiento y las dificultades económicas de la URSS son todos factores que deben considerar los burócratas rusos antes de pasar a las medidas militares.

Desde mediados de diciembre la insubordinación pasó al campo: más de medio millón de agricultores, agrupados en un gremio llamado Solidaridad Rural, planteó al gobierno una serie de exigencias políticas y económicas. El movimiento de los campesinos ha contado con el apoyo irrestricto de los obreros industriales de toda la nación. El líder del Partido Comunista, Stanislaw Kania condenó la insubordinación señalando que “en el campo no puede haber oposición política de carácter anti-socialista”.

El año se inició con muchos conflictos al pedir los trabajadores una jornada laboral de cinco días. Según Solidaridad, el régimen se había comprometido desde 1980 a conceder todos los sábados libres a los obreros, pero ahora se niega a cumplir dicho acuerdo. Desde los primeros días de enero, Polonia se vio sacudida por una nueva e intensa oleada de paros de protesta; los proletarios se tomaron los sábados libres a la fuerza.

La crisis polonesa tuvo repercusiones en otros países de Europa; por ejemplo, en Berlín Oriental centenares de empleados del ferrocarril suspendieron la jornada en procura de alzas salariales y sindicatos libres. El gobierno de Alemania Democrática cerró la frontera con Polonia para evitar el contagio subversivo.

En Rumania, 25.000 obreros de la importante factoría de maquinaria pesada pararon para protegerlos contra la reducción de sueldos decretada hace poco por el Estado. Ni siquiera la Santa Rusia ha estado a salvo de la oleada de inconformidad; en la capital de Estonia, Tallin, miles de estudiantes realizaron manifestaciones de protesta contra Moscú, al igual que los trabajadores de la ciudad industrial de Tartu. Los pueblos de las naciones sometidas a la dominación económica y al control del social imperialismo soviético han empezado a luchar por sus derechos y su bienestar, pero sólo alcanzarán la verdadera solución a sus graves problemas liberándose de sus opresores y siguiendo el camino de una construcción socialista independiente.

BATALLA OBRERA EN CIERNES

Mientras Sittelecom, la USO, los sindicatos portuarios, Fenaltracar, Paz del Río, FF.NN. y numerosas organizaciones más preparan fuerzas para la batalla por aumentos y otras reivindicaciones, el gobierno se empecina en mantener el tope del 26 por ciento e imponer el «salario integral». Fecode anunció que irá al cese de actividades si el Ministerio de Educación se niega a resolver el pliego petitorio en trámite. Otros trabajadores del Estado, como los vinculados al poder judicial, realizaron ya exitosas huelgas en todo el país.

Los comités regionales de solidaridad ratificaron su respaldo a las organizaciones mencionadas y llamaron a combatir la política hambreadora de Turbay y las conciliaciones del Consejo Nacional Sindical.

EL ROMPECABEZAS DEL GOLFO PÉRSICO

A partir del 22 de septiembre de 1980, el mundo estuvo pendiente del desarrollo del conflicto armado entre Irán e Irak, debido a que su escenario constituye la zona más neurálgica de la actualidad internacional, el Golfo Pérsico. Como es sabido, de allí sale un poco más del 40% del crudo consumido por Occidente y sus aliados (70% de las necesidades del Mercadeo Común Europeo, 17% de las de Estados Unidos y 73% de las del Japón). Sólo la península Arábiga posee alrededor del 60% de las reservas de petróleo del orbe. Por el estrecho de Hormuz pasan diariamente 17 millones barriles del preciado combustible.

La importancia estratégica de la región hace que Washington y sus amigos sean extraordinariamente vulnerables a cualquier turbulencia que ponga en peligro los vitales suministros de petróleo. De otro lado, hacia 1985 la URSS que estará produciendo dos millones de barriles diarios de crudo por debajo de sus necesidades ha venido sacando la “vena yugular” de sus adversarios. En el sector norte cuenta con Siria e Irak a los que ha tratado los militares; al frente ocupa Afganistán 1.000 hombres, a solo pocos kilómetros del golfo; en el área meridional cuenta con otro aliado del sur, donde mantiene los soldados de Cuba y dispone de miles de militares en Adén, y finalmente en el Oeste, cierra el cerco con otras 17.000 unidades cubanas en Etiopía y en el Mar Rojo.

A pesar de la cercanía y las intrigas del oso ruso y del bloqueo por parte del águila americana, el gobierno iraní ha sabido mantener hasta ahora una indeclinable política de no alineamiento e independencia. Irak, ligado por un “tratado de amistad” desde 1972 con el Kremlin, de donde provienen sus aprovisionamientos militares, ha estado actuando en los últimos tiempos con cierta autonomía frente a los soviéticos; votó contra la invasión a Afganistán en la ONU y ha mejorado sustancialmente sus relaciones con Europa, el Japón y las naciones árabes amigas de Washington.

Luego de varios años de incidentes fronterizos entre los dos países, que culminaron con la ocupación por parte de las tropas del Shah de tres islas a la entrada del Golfo y el apoyo de dicho gobernante a la rebelión kurda en Irak, se firmaron los acuerdos de Argel, en marzo de 1975. En virtud de tal convenio quedaron fijados los límites fluviales de las dos naciones a lo largo del río SAT el Arab, fuente de constantes disputas, y la frontera establecida en la mitad del estuario, a cuyos costados se hayan los principales centros petroleros de los dos Estados. Además de los litigios mencionados, convergen diferencias de tipo religioso, político y racial que contribuyen de una forma u otra al enfrentamiento.

El 17 de septiembre del año pasado, el presidente iraquí, Saddam Hussein, declaró nulos y sin valor los acuerdos de Argel y reclamó la soberanía iraquí sobre el río de 140 kilómetros de largo. Cinco días más tarde, los dos países se encontraban en guerra abierta.

La contienda y las superpotencias
El ejército iraquí atacó a lo largo de un frente de 800 kilómetros, en la provincia iraní de Khuzestán, centrando sus embates contra las ciudades de Abadán, Khorramshahr, Ahwaz y Dezful. Bagdad exigió la devolución por parte de Teherán de las tres islas del golfo a los Emiratos Árabes Unidos. De inmediato, la Casa Blanca, que pronto cumpliría un año de humillaciones a causa de la situación de los rehenes, exigió “a todos los demás países, incluida la Unión Soviética, que se abstengan de intervenir” en el conflicto. Es decir, indudablemente el señor Carter confiaba en una victoria rápida de Irak, lo cual a su vez redundaría en la caída del gobierno de Khomeini y en la liberación de los rehenes; ello sólo era posible manteniendo a Moscú fuera de la escena. De otro lado, el presidente Iraní, Bani Sadr, acusó a Estados Unidos y a la URSS como principales apoyos de Irak. Regímenes pro-yanquis como los de Jordania y Arabia Saudita anunciaron su respaldo a Bagdad.

Las cuentas alegres de Washington no concordaron con la realidad de los hechos; a partir del 30 de septiembre las fuerzas iraníes desataron una violenta contraofensiva a lo largo del frente, a tiempo que sus aviones bombardeaban intensamente varios objetivos iraquíes. A partir de entonces, la guerra se estancaría sin que ninguno de los contendores lograse ganancias sustanciales. Simultáneamente, los soviéticos saltaron a la palestra ofreciendo armas a Irán (lo cual fue rechazado por el primer ministro Alí Rajai) firmando, el 8 de octubre, un “tratado de amistad y cooperación” con Siria (enemiga de Irak), similar al que habían suscrito en 1972 con Bagdad. En medio de la confusión reinante y la aparente pérdida de iniciativa de Estados Unidos, Rusia trataba ahora de toar el timón de los acontecimientos y hacer un doble juego, ya que mientras era el principal proveedor de armas de Irak, parecía inclinarse a favor de Irán. Ante tales cambios en la situación, los estadinenses declararon que responderían “favorablemente a los pedidos de ayuda de países amigos y no beligerante en la región, que se sienten amenazados por el conflicto”; enviaron cuatro sofisticados aviones radares “Awacs” a Arabia Saudita. Por otro lado Siria y Libia comenzaron a suministrar material bélico a Irán.

Los bandazos de Carter
A mediados de octubre, el presidente norteamericano declaró sorpresivamente: “Irán es actualmente atacado por Irak, un país invasor, y la seguridad de Irán está amenazada. Estados Unidos sigue interesado por la seguridad nacional y la integridad de Irán”.

Tan súbito cambio de posición estuvo determinado por algunas señales enviadas desde Teherán en el sentido de una posible liberación de los 52 rehenes estadinenses, de la cual dependía en buena parte la frustrada reelección de Carter en los sufragios del 4 de noviembre. El secretario de Estado, Edmund Muskie, se apresuró a decir, el 16 de octubre, que Washington estaría dispuesto incluso a suministrar a los iraníes cerca de 600 millones de dólares en equipo militar ya pagado por éstos, pero retenidos a causa del embargo decretado en noviembre de 1979. Según altos funcionarios del Departamento de Estado, la puesta en libertad de los rehenes era inminente en aquel momento.

El bandazo dado por la Casa Blanca produjo reacciones diversas. Por ejemplo, los sauditas, que habían solicitado y obtenido recientemente de Norteamérica modernos aviones para su defensa ante un posible ataque de Irán, recibieron una bofetada de sus vacilantes benefactores que de nuevo cambiaban de táctica. Bagdad señaló amenazante que cualquier envío de armas o repuestos a Teherán haría de Estados Unidos “un bando hostil en la guerra del Golfo” y que en dicho caso “otras partes podrían verse involucradas directamente”, aludiendo a sus amigos rusos.

No obstante, la administración Carter maniobró mal otra vez; el 27 de octubre, radio Teherán afirmó que los yanquis “están ahora fanfarroneando sobre la liberación inminente de los rehenes”. Y concluyó diciendo: “Este es el rumor con el que desean consolarse. Estados Unidos no sabe la posición real de Irán islamita, que consiste en que no entregaremos a ninguno de los rehenes a menos que Estados Unidos acceda a las demandas de la revolución islámica”. Dichas exigencias fueron fijadas por el parlamento iranio el 2 de noviembre: primera, compromiso público de Washington de no interferir en los asuntos internos de Irán; segunda, reconocimiento del derecho de Irán a la fortuna del Shah y su familia, así como su devolución; tercera, renuncia de los estadinenses a cualquier reclamación financiera contra Irán y cuarta, descongelamiento de los 9.000 millones de dólares en bienes iraníes depositados en bancos norteamericanos.

A dos días de los comicios presidenciales, el equipo de Carter se enfrascó en desesperadas gestiones de última hora con los iranios, contactos que fueron calificados por Brezhnev como “intentos del imperialismo por restablecer su influencia en Irán”, y que como era de esperarse, no fructificaron en beneficio de los intereses electorales del Partido Demócrata. Resulta que al congelar los fondos iraníes el año pasado, surgió una multitud de demandas y solicitudes de indemnización contra esos dineros por parte de varias compañías e individuos de Estados Unidos; en consecuencia, liberar tales fondos implica todo un proceso legal que tomará bastante tiempo.

Como si fuera poco, a finales de diciembre, las autoridades iraníes agregaron otra demanda; que los Estados Unidos depositaran en un banco argelino la astronómica suma de 24.000 millones de dólares a cuenta de Teherán y como garantía de la buena voluntad de Washington. Carter respondió inmediatamente afirmando que “no pagaremos ningún rescate; jamás lo hemos siquiera considerado”.

El triunfo de Ronald Reagan y sus declaraciones en el sentido de que difícilmente negociaría un acuerdo con los iraníes una vez posesionado, contribuyó en buena medida a la solución del problema de los rehenes. El 19 de enero, representantes de Estados Unidos y del país mediador, Argelia, firmaron un convenio por medio del cual Teherán liberaba a los 52 estadinenses con las siguientes contraprestaciones de Washington: devolución de los bienes iranios congelados en bancos norteamericanos desde el 14 de noviembre de 1979; terminación de los litigios entre los gobiernos de cada parte y los ciudadanos de la otra, y arreglo de tales reclamaciones a través de arbitraje obligatorio; compromiso de no intervención directa o indirecta en los asuntos internos de Irán; revocación de todas las sanciones comerciales dictadas contra Irán desde 1979; congelamiento de las propiedades y bienes de los herederos del Shah en Estados Unidos; prohibición de cualquier demanda ante tribunales norteamericanos que involucre reclamaciones de personas e instituciones estadinenses contra Irán.

Los rehenes fueron puestos en libertad el 20 de enero. Al día siguiente, el presidente Reagan anunció que su gobierno revisaría cuidadosamente los términos del acuerdo con Teherán por considerar que se trata de una especie de rescate.

Los Estados Unidos se encuentran en una difícil situación; dejaron caer al Shah, su mejor aliado; sufrieron la afrentosa toma de los 52 rehenes durante 444 días; apostaron inicialmente a Irak en la guerra del Golfo; aceptaron las condiciones impuestas por Irán, y ahora amenazan con no cumplir el compromiso pactado.

El oso soviético no está en mejores condiciones; su agresión contra Afganistán y sus descaradas ansias de expansión en la zona han limitado mucho su capacidad de maniobra. Aunque trata de aprovechar las dificultades y los errores de su contendor imperialista, el Kremlin no ha logrado sacar ventajas sustanciales de la situación del Golfo.