“De todas las crisis que se han vivido, la que puede producirse en Estados Unidos como fruto de la recesión sería, de hecho, la de mayor impacto pernicioso en todo el mundo”. Estas palabras de Héctor Valencia en 2001, entonces secretario general del MOIR, resultaron premonitorias. Así lo ratifican los informes de las instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la CEPAL y la OCDE que anticipan el desplome de la organización económica mundial y hablan de una profunda recesión e inclusive de depresión. Las proyecciones indican “perspectivas muy inciertas” y se ha pronosticado que la situación en 2009 será más grave que en 2008. Constantemente se corrigen a la baja las expectativas del desempeño para el año en curso. La caída del crecimiento mundial se ha presupuestado en el más bajo nivel desde la Segunda Guerra.
Las economías que generan el 70% del PIB mundial se han declarado oficialmente en recesión y el discurso de posesión de Barack Obama recordó los graves quebrantos de la superpotencia. “Estamos en medio de una crisis (…) Nuestra nación está en guerra (…) Nuestra economía está gravemente debilitada”. Se estima que la cifras negativas del PIB serán del 1,5% para Estados Unidos; del 2% para los 27 países de la zona euro; y del 2,5% para Japón. China e India, que venían subiendo a más del 9 y el 7 por ciento, no pasarán del 6; en tanto, Brasil y México, los líderes de América Latina, bajarán a menos del 2 por ciento y por debajo de cero, respectivamente.
“La fosa del crac” llamó Federico Engels a condiciones como las presentes, en las cuales las tasas de ganancia de los grandes trust financieros se han precipitado a un sexto del valor de la década de los sesenta y a la mitad del de los noventa; el comercio se paraliza; los mercados se sobresaturan; los productos abarrotan los almacenes; el dinero no fluye. Engels agregaba: “El crédito desaparece; las fábricas paran; las masas obreras carecen de medios de vida precisamente por haberlos producido en exceso, las bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras”.
II
De manera similar a lo acontecido luego del crac de 1929, cada país intenta sus propias soluciones, aun a expensas de los demás. De hecho, Estados Unidos tomó la iniciativa desde hace un lustro devaluando su moneda con respecto a las otras para enjugar sus déficit comerciales. La reunión del Grupo de los Veinte (G-20), de noviembre pasado, además de reiterar principios generales de la globalización fue, en la práctica, un llamado al ¡sálvese quien pueda!
Aunque el FMI habla de políticas fiscales y monetarias conjuntas y el Banco Mundial propaga el multilateralismo, se recrudece la competencia de los tesoros públicos en operaciones de salvamento para cada economía. Hasta en la misma Unión Europea se marcan diferencias de Alemania y Francia con los demás socios sobre el tratamiento a la crisis, todo dentro del frío cálculo de obtener ventajas en medio del maremágnum. “Necesitamos un enfoque común en Europa, pero debemos ser capaces de adaptarnos a cada situación nacional de manera flexible”, dijo la canciller alemana, Ángela Merkel, al oponerse a un fondo común de salvamento para la Unión Europea.
La más grande operación de “rescate” ha sido la emprendida por Estados Unidos. Pasando por encima de los dogmas del libre mercado, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal han adquirido compromisos de “rescate” por 8,8 billones de dólares, de los cuales ya se han gastado 2,1, que corresponde al 15% del PIB. Intervienen en inversiones directas en instituciones financieras, en compras de deuda corporativa y de hipotecas respaldadas por Fannie Mae, Freddie Mac y Ginnie Mae, en una significativa expansión de los préstamos tradicionales a los bancos, con extensión de términos hasta 90 días, y en el aseguramiento de deuda de instituciones financieras con garantías insuficientes, los llamados “activos tóxicos”. Las fuentes de esos recursos son la emisión monetaria –proscrita por el neoliberalismo– que en el último semestre creció 25% y un endeudamiento público que ya llega casi al 80% del PIB.
Tanto en el paquete de “salvamento” aprobado en la administración Bush, como en el propuesto por el gobierno de Obama, el objetivo ha sido la oxigenación del capital financiero. De cada 100 dólares destinados a atender la crisis, 92 han ido a parar a los bancos, usados para sanear sus balances lejos de los circuitos de producción. El Nobel de economía Paul Krugman ha calificado este tipo de intervención como “socialismo amargo: los contribuyentes pagan la factura si las cosas salen mal, pero los accionistas y los ejecutivos reciben los beneficios si las cosas salen bien”. Y con respecto al plan del nuevo gobierno, acotó: “Por el momento, la respuesta del Gobierno de Obama a la crisis económica recuerda mucho la respuesta de Japón en la década de 1990: una ampliación presupuestaria suficientemente amplia para evitar lo peor, pero no lo suficiente como para que la recuperación arranque; apoyo al sistema bancario, pero con reservas a la hora de obligar a los bancos a afrontar sus pérdidas”.
III
“La economía colombiana está blindada por el éxito de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista”, repitieron hasta la saciedad los altos funcionarios del uribismo, desde el propio jefe de Estado y el ministro de Hacienda hasta la junta directiva del Banco de la República. Aunque reconocen la “desaceleración”, niegan la posibilidad de la recesión.
Desde antes del estallido de la crisis, en agosto de 2008, ya los indicadores de Colombia mostraban un decaimiento causado principalmente por el precio mundial de los alimentos importados y de los combustibles (pese a ser un país productor de petróleo), que incidió fuertemente en la inflación. Así mismo, la revaluación del peso frente al dólar, generada por el ingreso voluminoso de divisas provenientes de las inversiones en la explotación de los recursos naturales, que golpeó severamente las exportaciones no tradicionales. El desempleo empezó a crecer desde febrero de 2008 y en algunas ciudades ya alcanzó niveles escandalosos. En enero de 2009, el índice de precios acumulado en un año se mantuvo por encima del 7% y el de los alimentos en más del 12%.
Mientras en las economías industrializadas el Estado interviene para sostener el crecimiento, en Colombia el FMI impele a aplicar otro tipo de política económica, diseñada para las colonias y obedecida al pie de la letra por las autoridades económicas. El Fondo, en una “misión de consulta” a la economía colombiana en enero de 2009, reconoció que “los mercados financieros colombianos se han visto afectados por la reciente turbulencia mundial”, ya que han aumentado las primas de riesgo de la deuda soberana, las tasas de interés y también los coeficientes de cartera vencida, especialmente los relacionados con el crédito de consumo. A contramano de lo que permite en los países poderosos, el FMI llama al cabal cumplimiento de las metas fiscales convenidas en los acuerdos suscritos con esa institución. Su verdadera preocupación es que en medio de la tormenta, Colombia entre en cesación de pagos de su deuda pública. Si ello ocurriera en las naciones endeudadas, se agravaría a escalas inimaginables el colapso de Wall Street. Así pagarán las naciones débiles los quebrantos de las poderosas.
El endeudamiento total del país ha crecido en términos absolutos en los últimos seis años, de septiembre de 2002 a septiembre de 2008, de 98 billones de pesos a 183, un 87% más, lo cual incluye la porción externa, que pasó de 18 mil a 28 mil millones de dólares. Esto último implica que, en la medida en que el peso se devalúe, como ha sido la tendencia en los últimos meses, al pasar de $1.678 en junio de 2008 a $2.520 en febrero de 2009, el aumento real de la deuda sería del 50%, el equivalente a deber cerca de 40 mil millones de dólares. El riesgo de una crisis cambiaria llevaría al Gobierno a una exigencia fiscal que lo obligaría a endeudarse aún más para honrar sus compromisos y a mayor costo, lo que, a su vez, encarecería el crédito para toda la economía y podría postrarla por completo, ampliando la recesión que ya se registra en la industria, que en 2008 sufrió una contracción de 3,3%.
Las expectativas del FMI no se alejan de esa eventualidad. Hay evidencia de la “disminución” de las exportaciones, restringidas tanto por la baja de demanda de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador como por la caída en los precios del petróleo y el carbón; de las remesas, provenientes en un 75% de Estados Unidos y España; y de la inversión extranjera, que ha decaído en los últimos meses. Todo lo anterior hace prever que el déficit consolidado de las cuentas externas del país supere en 2008 el 3,6% del PIB, el mayor desde 2004, y es de esperar un resultado peor para 2009. No será tampoco la confianza inversionista la que vendrá en ayuda de Colombia. Algunas firmas, como Glencore y otras, que han suscrito contratos para invertir en las “zonas francas”, están desistiendo de sus propósitos ante la escasez y el encarecimiento de los recursos a escala internacional.
Todo apunta a cifras negativas en el balance fiscal y en la balanza de pagos, lo cual acrecentará las necesidades de financiación mientras los mercados de crédito se restringen y aumentan su costo. El gobierno limita su acción a practicar el neoliberalismo, desechado en todas las latitudes, incluidas las potencias económicas que lo han predicado. No se proyecta un gasto mayor en infraestructura, como factor de aumento de la demanda efectiva. “No es un plan de choque. No hay obras nuevas”, han dicho los gremios de la construcción respecto a los proyectos gubernamentales, supuestamente aforados en 55 billones de pesos. No hay medidas proteccionistas para la producción industrial y agropecuaria ni control de capitales. Las propuestas oficiales para el empleo han sido calificadas como una “pequeñez” ante la “magnitud del problema”. A contravía, se promueven más inicuos tratados de comercio, como el que se está negociando con la Unión Europea, elevando a norma constitucional los axiomas neoliberales que han fracasado rotundamente.
IV
La obsecuencia del gobierno de Uribe a los ucases del FMI presagia funestos tiempos para las mayorías laboriosas. No sólo se incrementarán por la crisis los dos millones de desempleados existentes y se envilecerá en peor grado el empleo rural y urbano, sino que se intensificará la expulsión de campesinos del agro, con la acentuación de la pobreza y la miseria. Las prescripciones del Fondo, consistentes en eliminar “las rigideces presupuestales”, es decir, reducir todavía más las “transferencias” para educación, salud, saneamiento básico; reformar la seguridad social hacia un “sistema de pensiones de pilares múltiples”, que es crear distintas categorías en la individualización de la jubilación; “fortalecer los derechos de los acreedores”, que significa tener como prioridad fiscal el pago de la deuda pública; “seguir mejorando la eficacia del sistema tributario”, que se traduce en el acrecentamiento del recaudo de impuestos y en la profundización de la antidemocracia tributaria, harán más dolorosas las lesiones de la crisis mundial, que ya ha contagiado a la economía nacional.
El Polo Democrático Alternativo debe plantear una política económica que permita a la Nación colombiana sortear el brete de la crisis económica y construir un país hacia el pleno empleo, la producción y la distribución del ingreso. Para ello tiene la misión histórica de iniciar el desmonte del neoliberalismo con nuevas políticas macroeconómicas autónomas, que consulten el interés y el progreso nacionales, con políticas sectoriales que articulen y fomenten las distintas ramas de la producción, y con políticas sociales que partan de la universalización de los derechos sociales y económicos. Toda fórmula intermedia o “centrista” no será más que la mimetización, en medio de los afanes de la hora, de las tesis neoliberales y, a la larga, se tornará en motivo de más agudos padecimientos para la mayoría de la población. La hora es propicia para realzar los principios económicos de una Nueva Democracia, arropada en la enseña de la izquierda democrática.