En noviembre de 1999, los gobiernos del mundo se van a reunir en Seattle, Estados Unidos, para la tercera conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Los firmantes de este llamado nos oponemos a los esfuerzos desplegados para extender los poderes de la OMC mediante una nueva ronda de negociaciones sobre el comercio mundial. Consideramos, al contrario, que los gobiernos deben revisar y rectificar las deficiencias del sistema y el propio funcionamiento de la OMC.
La ronda del Uruguay y el establecimiento de la OMC se proclamaron como un medio de desarrollar la creación de prosperidad y riqueza en el mundo, y de fomentar el bienestar de la población de todos los Estados. En realidad, sin embargo, durante los pasados cinco años la OMC ha contribuido a la concentración económica en las manos de unos pocos ricos, intensificando la pobreza para la mayoría de la población mundial, así como modelos no estables de producción y consumo.
Los acuerdos salidos de la ronda del Uruguay fueron orientados principalmente hacia la apertura de los mercados en beneficio de las empresas trasnacionales y a expensas de las economías nacionales, de los trabajadores, los agricultores y otros sectores, así como del medio ambiente.
Además el funcionamiento, las reglas y procederes de la OMC son antidemocráticos, oscuros, escapan de todo control ciudadano y marginan a la mayoría de la población del globo.
Todo eso se dio dentro de un contexto de inestabilidad económica mundial creciente, de derrumbe de las economías nacionales, de acrecentamiento de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas, y de acentuación de las degradaciones medioambiental y social, que resultan de la aceleración del proceso de mundialización.
Los gobiernos que dominan la OMC y las empresas trasnacionales que se beneficiaron del sistema, se negaron a reconocer y solucionar estos problemas. Al contrario, pujan por una mayor liberalización a través de la introducción de asuntos nuevos a adoptar en la OMC. Ello llevará a la agudización de la crisis vinculada con los procesos de globalización y la OMC.
Nos oponemos a toda negociación encaminada a una mayor liberalización, en especial las que apuntan a introducir nuevos sectores bajo la tutela de la OMC, tales como la inversión, la competencia y los mercados públicos. Nos comprometemos a promover una campaña para rechazar toda propuesta en tal sentido. En especial nos oponemos a los «acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relativos al comercio», TRIP.
Llamamos a una moratoria sobre toda negociación que extienda el alcance y el poder de la OMC. Durante esta moratoria deben operarse una revisión y una evaluación completas y en profundidad de los acuerdos existentes y deben darse pasos significativos para reformar los acuerdos.
Tal reforma debería permitir evaluar el impacto de la OMC sobre las comunidades marginadas, el desarrollo, la democracia, el medio ambiente, la salud, los derechos humanos, el derecho laboral y los derechos de las mujeres y los niños. Dicha reforma debe hacerse con la plena participación de la sociedad civil.
El fracaso del Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (AMI) en la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demuestra la oposición de un amplio público a la desregulación de la economía mundial, la dominación creciente de las empresas trasnacionales, el empeoramiento de la degradación del medio ambiente y la consecutiva sobreutilización de recursos.
Una reforma del sistema dará a la sociedad la oportunidad de cambiar su curso, de desarrollar un sistema internacional alternativo, humano y duradero en las relaciones de inversión y comercio.