Los decretos 731 y 745, recientemente expedidos por el alcalde Ricardo Cobo Lloreda, eliminan las primas extralegales para más de 3.800 empleados públicos que ingresaron a trabajar después de 1986 y perjudican a los más de mil que lo hicieron antes de ese año.
En cumplimiento del ajuste fiscal impuesto por el FMI, a través de los convenios de desempeño, los municipios deben recortar gastos laborales y lanzar a la calle a sus trabajadores. Los empleados de Cali pierden 21 días de prima semestral y otro tanto de prima de vacaciones. Además, la prima de diciembre quedaría reducida de 36 a 30 días, y desaparecen las bonificaciones por servicios prestados y servicios complementarios de salud.
Esta aleve arremetida fue firmemente rechazada por los trabajadores de todas las organizaciones sindicales ligadas a la administración municipal en acto cumplido el jueves 16 de septiembre, cuando paralizaron desde las 10 y media de la mañana la torre de la alcaldía del CAM. Contaron con el apoyo de los trabajadores de Emcali, quienes celebraban el primer aniversario de la toma de la torre de las Empresas Municipales. Cobo Lloreda, acostumbrado a reprimir las justas protestas ciudadanas, ordenó gases y garrote, único argumento de una administración caracterizada por su incapacidad y su obsecuente disposición a seguir a pie juntillas las órdenes que, a través de Pastrana, envía desde Washington el Fondo Monetario Internacional.
La presidenta del sindicato del municipio, Elizabeth Osorio, llamó a defender la estabilidad laboral y las prestaciones extralegales consignadas en los decretos 0216 de 1991 y 1321 de 1993, uno de los blancos de ataque de la banca internacional. La clase dirigente de Cali, desde cuando Cobo era concejal, apoyó los negociados del tristemente célebre Mauricio Guzmán, cabeza visible del desfalco y endeudamiento con los prestamistas foráneos.
El martes 21 de septiembre continuó la lucha de los trabajadores estatales, quienes desfilaron multitudinariamente decididos a no dejar pasar los atentados que se cocinan e impedir su ejecución por parte de los mandatarios de turno. Este espíritu de lucha sirvió de acicate para que durante el paro nacional del 14 de octubre, Cali viviera durante todo el día una de las jornadas de movilización más concurridas, que llevó a la parálisis de la administración hasta el día 23, fecha en la que el gobierno se comprometió a discutir un pliego regional. Él pliego demanda la defensa de las empresas públicas y los intereses de la ciudadanía, así como el compromiso de no represalias.
Con esta ejemplar pelea los trabajadores han notificado a quienes pretenden pisotear sus derechos y los del pueblo que encontrarán una fuerte resistencia por parte de todos los afectados, hoy unificados en el Comando Social e Intersindical de Cali.
El «Llamamiento al pueblo caleño», del 16 de octubre, condenó al alcalde Cobo Lloreda por su «compromiso con los bancos para empobrecer aún más la ciudad». Señala además el comunicado que «con la construcción de un mal llamado metro, pretende el despido de trabajadores y la entrega de las Empresas de Servicios Públicos a los monopolios financieros, mientras los prestamistas usureros se llenan sus bolsillos y los corruptos se enriquecen con los dineros del pueblo».