Tribuna Roja tuvo la oportunidad de entrevistar a Luis Eduardo Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, para conocer su opinión sobre los más palpitantes problemas de la actualidad nacional.
Tribuna Roja. En su criterio, ¿está ya en marcha la intervención norteamericana en el país?
Luis Eduardo Garzón. Participé en una serie de seminarios sobre el tema de la paz con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Banco Mundial. El primero de ellos fue el llamado Proyecto Houston. Ellos, muy hábilmente, nos advirtieron a los participantes que no se querían meter en nada; sólo deseaban conocer. Todo en la perspectiva de una solución política negociada al conflicto. Del Proyecto Houston salió un segundo encuentro, la Reunión de Cartagena. Después vinieron la discusión de Boston, en que participaron los Cacaos, y la de Villa de Leyva. Se trataba, decían, de crear escenarios posibles.
Desde hace dos años, el país se ha ido acostumbrando a la intervención norteamericana. Ya se ve como natural que nos visite un día el general Wilhelm, al siguiente McCaffrey y después los altos voceros del Departamento de Estado. Antes, un Juanchaco producía reacciones de fondo. Ahora pocos se mosquean. Se habla hasta de intervenciones «humanitarias».
TR. No hace mucho se anunció el acuerdo del régimen de Pastrana con el FMI. ¿Qué implicaciones tiene en el tema de la Reforma Laboral?
LEG. El gobierno necesita alargar las jornadas de trabajo, con salarios más bajos y con gente más joven o, en otras palabras, cobrarles a todos los colombianos, y no solamente a los trabajadores, el costo de lo social. ¿Cómo ha tratado de concretarlo? En cinco proyectos básicos. Uno, el de la flexibilización; dos, el de la seguridad social, con aumento de la edad de pensión y las cotizaciones; tres, el de las transferencias a municipios y departamentos; cuatro, el del proyecto 219, que niega la contratación colectiva en el sector público y elimina la retroactividad de las cesantías, y cinco, el que recorta la contratación colectiva en el sector privado. Los cinco proyectos, claro está, en función de la apertura económica, como política central, con todas sus secuelas: quiebra de la producción nacional y deterioro enorme de los ingresos de los colombianos. Aumenta el endeudamiento, que ya se come 36% del presupuesto, se incrementa el servicio de la deuda y el sector financiero entra a pelearse los enormes recursos de la seguridad social. Se mantiene el alto nivel de importaciones y el desempleo se dispara por encima del 20%.
TR. En las negociaciones que las centrales están adelantando con el gobierno, ¿qué posibilidades hay de frenar esta arremetida?
LEG. Ninguna. Cada uno está preparando su salida, procurando que los costos políticos sean mínimos. En la Comisión de Concertación lo único que ha hecho el gobierno es presentar un pliego contra los trabajadores. A los asalariados les piden todo, incluso que abandonen sus conquistas históricas, como la contratación colectiva, la jornada máxima de trabajo y la indemnización por despido injusto. El gobierno ha exigido incluso desmontar los aportes al Sena y a las Cajas de Compensación. ¿Y de salarios? Cero. De manera que aquí no hay nada. Mientras el gobierno sigue empeñado en que hay que disminuir el gasto público por la vía de reducir los ingresos de los colombianos, nosotros señalamos que lo único que resuelve el problema es que se modifique sustancialmente la apertura económica. Hay en la mesa dos posiciones antagónicas que no permiten negociación alguna.
TR. ¿Se puede hablar entonces de una ofensiva que apunta a liquidar al movimiento obrero?
LEG. Aclaremos: al movimiento obrero no lo van a poder liquidar jamás. Siempre habrá clase obrera, siempre habrá huelgas, siempre habrá formas asociativas. Lo que Pastrana busca liquidar es la estructura sindical. Cuando intenta imponer la ley de la selva y que sean las nuevas formas de contratación laboral, completamente desregularizadas, las que generen sus propias normas, sin convenciones colectivas y con jornadas hasta de 18 horas, lo que persigue en últimas es acabar con la interlocución de los sindicatos. Las centrales obreras entraríamos en una etapa muy grave de crisis.
TR. Mucho peor si a lo anterior se suma el cierre de entidades como la Caja Agraria. ¿Qué opina usted de eso?
LEG. Ahí está resumida la política de privatizaciones y apertura. Primero, por la forma como se hizo, sin respetar ningún derecho adquirido ni espacio alguno de negociación, y desconociendo por completo al campesinado. No le importó al gobierno que quedaran por fuera del sistema casi trescientos municipios. Y, lo segundo, porque tampoco les importó que se vieran perjudicados ocho mil trabajadores y miles de cuentahabientes. Es de todas modos una enorme lección para el movimiento sindical. En esos coletazos del dragón, la posibilidad de negociar con el gobierno siempre ha de darse sobre la base de profundizar al máximo la protesta.
P. Pasando a otro tema, ¿qué posición tiene usted sobre la política de paz de Pastrana?
R. El gobierno trabaja cuatro agendas: una, la del Caguán; otra, la del Fondo Monetario Internacional; otra, la del Congreso, y la última, la del movimiento social. El gobierno las desarrolla dependiendo de sus necesidades. Pero resulta que la del Fondo es la prioritaria. Al aplicarla, Pastrana reproduce el comportamiento de Belisario Betancur: lleva a cabo un ajuste drástico, pero cuidando al mismo tiempo de dar ante el país la impresión de que está propiciando espacios de diálogo. A ello se le agrega el interés de este gobierno en acatar la agenda antinarcóticos de Estados Unidos.
Yo les resumiría entonces las prioridades del gobierno con estas tres palabras: ajuste, droga y paz. Hay de por medio, además, los compromisos con los grupos financieros nacionales, desde luego, con los más fuertes. De esta manera, la política de paz de largo plazo se convierte en política de un día, pues depende en buena medida de las presiones que se ejercen sobre el gobierno.
Pero hay un hecho evidente: la actual política de paz pone en grave peligro la soberanía de la nación. La tendencia es a balcanizar el país. Nosotros le apostamos a la solución política del conflicto armado, siempre que no destruya la unidad nacional y mientras respete la soberanía. Y, además, mientras no se convierta en un elemento de distracción frente a los problemas fundamentales de la sociedad.
De ahí que en las mesas de negociación, vamos a presentar nuestras propias propuestas. Pedimos, en resumen, que se respete la autonomía del movimiento sindical.
P. ¿Qué diferencias ve usted entre el Paro Cívico librado por el pueblo contra López, en septiembre de 1977, y el que ustedes promueven?
R. La pelea es ahora de una dimensión mucho mayor, pues rechaza todo un modelo económico y su base social es más amplia. No es sólo el movimiento sindical el que está amenazado; son la industria, la producción agropecuaria, la vivienda, atenazada por el Upac, la educación y la salud públicas, en medio de la más grande recesión que haya vivido el país en muchas décadas.
Otro hecho de bulto es que en este momento libramos la pelea social en medio del creciente intervencionismo gringo y de un conflicto armado cada vez más intenso.
TR. ¿Cuáles son los objetivos del paro?
LEG.El pliego por sector podría ser interminable. Pero hemos dicho que debe haber un aglutinante central. Lo que estamos exigiendo es que el gobierno modifique sustancialmente su modelo económico de apertura, en especial los procesos de ajuste, que implican una drástica reducción de los ingresos, el desmonte de los derechos adquiridos, la quiebra de la producción nacional y la privatización de lo poco que queda por privatizar. Ahí está la esencia del problema. Es el tema central alrededor del cual debe empezar cualquier negociación.
TR. ¿Qué duración tienen prevista ustedes para este movimiento?
LEG. El paro va más allá del 31 de agosto. Lo que pueda durar, dependerá de la profundidad de la protesta.
Luis E. Garzón:
«El Frente Político y Social, hacia una gran confluencia democrática»
TR. ¿Cuál es la idea, compañero Garzón, del Frente Político y Social que usted viene promoviendo?
LEG. Hay tres temas que en nuestra opinión pueden convocar un movimiento alternativo. Uno, el de la paz. Un proceso de paz que parta del respeto a la soberanía y a la unidad territorial y que sea capaz de confrontar métodos como los del secuestro y la pesca milagrosa, a más de la campante impunidad, el magnicidio y el genocidio. El segundo tema es el rechazo al modelo neoliberal. Y el tercero, el repudio a la Reforma Política y, a la vez, el planteamiento de nuevas formas de mirar la política.
Le estamos haciendo al país una propuesta que tiene en su forma organizativa cuatro elementos integrantes: uno, cada organización política sigue funcionando como tal, es decir, no tiene que desarticularse; dos, lo mismo ocurre con los movimientos sociales, que conservan su identidad; tres, se respeta la enorme dinámica de los movimientos regionales, y cuatro, las personalidades democráticas, que tienen su propio acumulado, como dirigentes políticos o gremiales, académicos, dirigentes empresariales, intelectuales y profesionales, gozarán de su propio espacio.
Éste no es un proceso sólo para hacer análisis de coyuntura, sino que incluye la participación política y, obviamente, la perspectiva electoral.
Hay ya consenso sobre los temas fundamentales y una primera confluencia de sectores, como el de la Asamblea Ciudadana por la Paz, que dirige Rosemberg Pabón; el de la Corriente de Renovación Socialista; el MOIR; el de quienes se mueven en el campo social, como es el caso de las centrales, y el del Foro Alternativo, que aglutina a la izquierda tradicional, además de otros, que aunque no hacen aún parte integral del Frente, se han estado acercando.