“Toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo”
Augusto César Sandino
En la madrugada del pasado 17 de julio, un avión particular salió del aeropuerto de Managua llevándose los restos de una tiranía que gobernó a los nicaragüenses durante cuatro décadas. Anastasio Somoza Debayle, acompañado por su hijo, por un puñado de íntimos colaboradores y por los despojos mortales de su padre y de su hermano, abandonó el país que su familia había esclavizado desde 1937 y se exilió en los Estados Unidos. Terminaba así el primer capitulo de una de las batallas populares más aguerridas de los últimos veinte años en América Latina.
Cuarenta y ocho horas después, con pena y sin gloria, el presidente interino, Francisco Urcuyo escapó a Guatemala en medio de la repulsa general de sus conciudadanos, y en la mañana del 20 de julio alrededor de 100 mil personas llenaron hasta el tope la plaza de la Revolución, en la capital de Nicaragua, para esperar la entada victoriosa de los guerrilleros sandinistas y saludar a los principales dirigentes de la Junta de Reconstrucción Nacional. Los manifestantes entonaban canciones revolucionarias y portaban inmensas pancartas de Augusto César Sandino, el legendario combatiente antiimperialista que con su ejército de patriotas se batió contra las tropas de ocupación norteamericanas desde 1927 hasta 1933. Y en medio del entusiasmo desbordante de las masas que después de 42 años de lucha habían logrado el derrocamiento de una de las dictaduras más oprobiosas del Hemisferio, la naciente administración de los rebeldes expidió los primeros decretos del nuevo Poder nicaragüense.
La hermana nación centroamericana fue presentada ante el mundo como una república democrática, popular, independiente y no alineada con ningún bloque de Estados, según declaraciones de sus mismos personeros. El Congreso Somocista, que durante ocho años lustros consecutivos había servido para legitimar los atropellos de la dinastía, quedó clausurado de inmediato y en su lugar se creo un consejo legislativo de 33 miembros, en representación de todas las fuerzas políticas, sindicales y gremiales del país. La Guardia Nacional de Nicaragua, el aparato represivo al servicio incondicional del régimen depuesto, fue disuelta en el acto. Las tierras del clan de los Somoza se expropiaron con el propósito de ser repartidas entre los campesinos que la trabajen. El gobierno nacionalizó medio centenar de compañías pertenecientes al sátrapa exiliado y posteriormente aplicó la misma medida con los bancos privados, el comercio exterior y las industrias minera, pesquera y forestal, la mayor parte de las cuales había estado en manos de un reducido grupo de inversionistas norteamericanos desde finales del siglo XIX. Una carta de Derechos Ciudadanos consagró la libertad de expresión, de organización sindical y de huelga para la clase obrera y convocó a todos los demás sectores populares a participar la manera activa y sincera en las tareas de reconstrucción.
La unidad y el programa
Bajo la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que desde 1962 acaudillo la lucha contra la tiranía, Nicaragua ha demostrado una vez más ante los ojos del mundo que la causa de los oprimidos triunfa cuando sus abanderados, en una situación revolucionaria, se levantan con las armas en la mano y persisten en la rebelión. Del heroísmo y la tenacidad, de la audacia y de la inteligencia con que cientos de miles de nicaragüenses se enfrentaron a sus opresores tendrán mucho que aprender las naciones latinoamericanas, que se debaten en el atraso secular y en la miseria como producto de la dominación imperialista.
Entre otros factores que contribuyeron a ello, los herederos de Sandino, consiguieron la derrota de la dictadura porque lograron unificar a la abrumadora mayoría de sus compatriotas en un solo destacamento de combate contra el despotismo. En el frente libertario participaron en igualdad de condiciones los obreros de las fábricas, los campesinos de las regiones apartadas, las estudiantes de las ciudades grandes y pequeñas, las capas medias de la población y varios segmentos de la burguesía afectadas por la competencia ruinosa de los monopolios extranjeros y por los innumerables negociados de la familia presidencial. La unidad del pueblo se alcanzó gracias a la defensa común de un programa revolucionario que resguardaba los intereses de todas las clases sociales opuestas a la autocracia, o, para decirlo, con las palabras de Tomas Borge, uno de los voceros más caracterizados del actual gobierno, gracias a que “no estábamos proponiendo un rígido esquema socialista sino más bien una revolución democrática, popular y nacional”.
En Nicaragua no pudieron hacer carrera los pontífices socialisteros partidarios de “saltar etapas”, y la fulminante expulsión de la Brigada Simón Bolívar, comandada por dos pintorescos trotskistas colombianos en trance de curtidos guerrilleros, es una muestra de ello. Durante la insurrección tampoco dieron señales de vida los profetas revisionistas que en otros países sabotean los anhelos unitarios de las masas con la exigencia inaceptable de que éstas apoyen las aventuras mercenarias del régimen cubano, buscando matricular en esta forma el frente único antiimperialista y los contingentes que lo integran en la órbita de influencia de la Unión Soviética. Para fortuna suya, el movimiento patriótico de liberación que derribó a la dictadura no se declaró “aliado natural” de ninguna superpotencia.
La práctica de la revolución nicaragüense les cierra el camino a los oportunistas de “izquierda” y de derecha. Quiérase o no, el programa nacional y democrático y la política de no alineamiento fueron pospilares imprescindibles para edificar la unidad de los desposeídos y humillados, y la consiguiente victoria de los sandinistas.
El precio de una larga amistad
El derrumbe de Somoza significó una pérdida invaluable para la supremacía de los Estados Unidos en una región considerada como su tradicional patio trasero. Y no sólo porque el caído mayordomo les garantizaba a los capitalistas foráneos el control absoluto de la economía nacional nicaragüense, de sus recursos nacionales y de su posición geográfica estratégica, sino porque el poderío militar de la corrupta dinastía les había servido durante muchos años para contener el avance revolucionario en los demás países de América Central y del Caribe.
El somocismo respaldó siempre sin reservas la política de la Casa Blanca en la Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. Al empezar la década de los 50 años acompañó al imperialismo yanqui en su guerra de agresión contra el pueblo de Corea, y en 1954 desempeñó un papel determinante en el cuartelazo que depuso al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, cuyo gobierno se había enfrentado valerosamente a las pretensiones de la Unidad Fruit Company. Desde 1961 fue el soporte fundamental del Consejo redefensa Centroamericano CONDECA, un organismo castrense creado para mantener el orden imperial en Nicaragua y las repúblicas vecinas de Honduras, El Salvador y Guatemala. A partir de ese mismo año participó de manera beligerante en la fracasada invasión de Bahía Cochinos y en el bloqueo continental a la isla de Cuba, y en 1965 se asocio a los incontables atropellos de los “marines” gringos en Santo Domingo. Como lo expresará el último vástago de los Somoza, con visible amargura, pocas horas antes de abandonar “el bunker” asediado por los sandinistas: “No extraña mucho lo que está pasando aquí, porque durante toda la vida hemos sido uno de los aliados más fieles y más perseverantes de la democracia norteamericana en el mundo”.
Aunque el presidente Carter, en aras de sacar adelante su política y salvar la imagen de su administración, termino sacrificando a esta casta de vasallos tan sumisos, lo cierto fue que se valió de todas las artimañas que estuvieron a su alcance para apoyarla hasta el último momento. Hace poco más de un año que el primer mandatario de los Estados Unidos felicitaba a su colega de ese entonces por la supuesta mejoría de los derechos humanos en Nicaragua. El pasado mes de mayo, el Departamento de Estado dio su aprobación para que el fondo Monetario Internacional le concediera un préstamo de más de 65 millones de dólares al antiguo régimen, y el 15 de junio de 1979, en plena sublevación popular contra Somoza, 130 parlamentarios yanquis todavía reclamaban el restablecimiento de la ayuda militar al déspota. Fue sólo ante la creciente agudización de la crisis mundial por la que atraviesa el imperialismo norteamericano, ante el avance arrollador del movimiento revolucionario en Nicaragua y ante el descrédito universal que significaba para la Casa Blanca el mantenimiento de una tiranía tan repudiada y corrompida, que el actual presidente de los Estados Unidos resolvió quitarle su respaldo abierto al dictador y propugnar un “somocismo sin Somoza”.
Con ese objetivo, el Departamento de Estado propuso el 24 de junio del presente año, en la última reunión de consulta de una OEA, la constitución de una “Fuerza Interamericana de Paz” que le permitiera intervenir con tropas extranjeras en los asuntos internos de la república hermana y truncar el triunfo de los insurrectos. Posteriormente, con el argumento de que la Junta designada por los rebeldes “no representa a las fuerzas vitales y responsables de la nación”, los asesores de Carter hicieron todo lo posible por ampliarla con personajes del Partido Liberal, puntal de la autocracia.
Como los sandinistas se negaran entonces a aceptar elementos partidarios de Somoza dentro de las filas del nuevo gobierno, el imperialismo yanqui tuvo que ceder después de muchos forcejeos, ante la determinación de sus adversarios.
Se necesitó que las masas populares levantadas en armas persistieran en la lucha durante 19 meses seguidos, y que el país quedara totalmente arruinado y desvastado por las acciones criminales de la Guardia Nacional, para que los Estados Unidos acabaran por admitir de mala gana el desenlace final de los acontecimientos; la caída de una satrapía que los piratas de Wall Street elevaron al Poder hace 42 años, y que luego protegieron, financiaron y cebaron hasta cuando les fue de alguna utilidad.
La farsa de Turbay
Como en tantas otras naciones hemisféricas, en Colombia, donde las autoridades civiles y militares no tienen mucho que envidiarle al derrocado gobierno de Somoza, el turbayismo quiso aprovechar la rebelión del pueblo nicaragüense para componer siquiera en parte la maltrecha imagen de la dictadura imperante en el país. Ríos de demagogia corrieron por la prensa u por distintos documentos oficiales. El pasado 20 de julio, por ejemplo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Turbay Ayala tuvo el descaro de manifestar que las presiones diplomáticas del Pacto Andino, y más particularmente de su administración, habían sido “definitivas” para la derrota del somocismo y el triunfo de sus contendores.
Los hechos, sin embargo, demuestran lo contrario. En unas declaraciones dadas a una agencia española de noticias durante su largo, inoficioso y costoso peregrinaje por México y varios países europeos, el presidente de Colombia fue el primer mandatario latinoamericano en apoyar públicamente la mencionada “Fuerza Interamericana de Paz”, concebida por los Estados Unidos para camuflar sus pretensiones de injerencia militar en la gesta liberadora de los sandinistas.
Una vez que tal proposición de la superpotencia yanqui había cumplido con una de sus finalidades principales, cual era la de tratar de intimidar al pueblo de la pequeña nación centroamericana con la amenaza de una intervención armada, estimulando en esta forma a los sectores sociales más retardatarios de Nicaragua, la Casa Blanca puso en juego a sus aliados del Pacto Andino para tramar su próxima maniobra imperialista. Y así, con el patrocinio de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cuando ya Somoza estaba totalmente aislado y cercado por sus enemigos internos, se aprobó en la XVII reunión de consulta de la OEA una resolución que pedía el “reemplazo inmediato y definitivo”, del dictador, pero bajo la condición explicita de que el gobierno provisional propuesto por los insurgentes otorgara plenas “garantías de respeto a los Derechos Humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción”.
La exigencia de “garantías” para “todos los nicaragüenses”, incluidos los asesinos a sueldo de la Guardia Nacional, reflejaba los intentos del Pacto Andino por impedir que la justicia revolucionaria castigara a los responsables de miles de crímenes contra las masas desheredada. Y en cuanto a los “Derechos Humanos”, es bien sabido que con esta política del señor Carter se pretende crear un nuevo ambiente para la vieja estrategia de saqueo y de dominación que practican los Estados Unidos en el mundo entero. Cuando el imperialismo norteamericano habla de los “Derechos Humanos”, lo que entiende por ellos es la defensa cerrada de los monopolios yanquis y el establecimiento de repúblicas antinacionales con careta democrática, que mantengan esclavizados a los pueblos de los países neocoloniales. Eso fue, en última instancia, lo que votó favorablemente la delegación colombiana ante la OEA.
El canciller Uribe Vargas y sus colegas del llamado Acuerdo de Cartagena colaboraron después con los mensajeros diplomáticos de Washington para que la junta de Reconstrucción se ampliara con “otros dos miembros moderados” de conocida trayectoria somocista, y durante todo el proceso de la guerra fueron el instrumento fundamental que utilizó el Departamento de Estado para procurar influir en los acontecimientos y torcerles el rumbo. No en vano el viceministro nicaragüense del Interior. Edén Pastora, dijo recientemente que “algunos gobiernos están tratando de adquirir prestigió a costa del sacrificio de todo un pueblo”.
Atrás la intervención foránea
A la revolución nacional y democrática que ha tenido lugar en Nicaragua la rondan dos peligros principales. Por una parte, el imperialismo norteamericano y sus aliados nunca se resignarán a perder el control sobre un país que mantuvieron bajo su dominio absoluto desde principios del siglo, y, a través de los empréstitos condicionados para la reconstrucción de la economía, del sabotaje político e incluso de la agresión militar, bregarán por reconquistar el terreno ganado palmo a palmo por el heroico pueblo nicaragüense.
Por otra parte, el gobierno de Cuba y los revisionistas que pelechan a su amparo, y que actúan ambos según las conveniencias hegemónicas de la Unión Soviética a nivel Internacional, no descansaran en sus aspiraciones por doblegar la independencia de Nicaragua, pisotear su soberanía recién alcanzada en la lucha y colocar a la patria de Sandino bajo la égida del socialimperialismo. Sobran los ejemplos históricos para demostrar que los altos burócratas cubanos son simples peleles de los nuevos zares de Rusia, y que su pretendida “ayuda” a los movimientos de liberación nacional de los países sometidos no es sino el primer eslabón de una larga cadena de futuros atropellos.
Alinearse con regímenes intermediarios de la Unión Soviética sólo puede conducir a que Nicaragua caiga bajo la bota militar del Kremlin, y los miles de patriotas que derrocaron a Somoza no permitirán sumisamente que esto suceda. Como dijera el comandante en jefe del Ejército Defensor de la Soberanía Nicaragüense, Augusto César Sandino, en una proclama escrita desde Las Segovias, en febrero de 1928: “toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo”.