Por Aurelio Suárez y Juan Pablo Fernández
Después de veintiún meses, a las cuatro de la mañana del 27 de febrero se «cerraron» las «negociaciones» del TLC con Estados Unidos. En todo el proceso, el gobierno colombiano se dedicó a ceder, ceder y ceder, y Estados Unidos a imponer, imponer e imponer. Quedó al descubierto la obsecuencia del régimen de Álvaro Uribe Vélez frente a los designios del imperio. Llamar negociación a las rondas del TLC resulta una falacia, porque el gobierno de Colombia se doblegó ante todas y cada una de las exigencias de Estados Unidos. Y si en algunas ocasiones no lo hizo de manera inmediata, fue para hacer creer que Uribe con su tecnocracia neoliberal «daba la pelea» para luego inclinarse ante los designios estadounidenses.
Los hechos mostraron que teníamos razón quienes desde un principio advertimos que esto terminaría en una lesión enorme para la nación y un menoscabo a la soberanía y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Táctica de Uribe: ceder, ceder y ceder
En los días previos al cierre, en un acto más de colaboracionismo con Estados Unidos, Uribe Vélez viajó a Washington para apuntalar la claudicación total, pues al agotarse la negociación técnica se llegó a la llamada «fase política», la cual trató principalmente en torno al comercio de productos agropecuarios y del capítulo de Propiedad Intelectual sin que en otros temas, como inversiones o servicios, hubiera dejado de satisfacerse a plenitud la agenda de la superpotencia. Al arribo de Uribe, Robert Portman, representante comercial de Estados Unidos, señaló que el periplo serviría para que Colombia cediera un poco más, como en efecto sucedió en beneficio de los intereses estadounidenses y en contra de los colombianos.
El ejemplo del Capítulo de Agricultura
Como botón de muestra de esta pantomima, sirve el proceso del capítulo de Agricultura en el que hubo múltiples entregas, pese a que se convirtió en el más embarazoso para la capitulación debido a la férrea oposición que al TLC le han hecho millones de agricultores, campesinos e indígenas. Vale mencionar desde la más grave, la del Sistema Andino de Franjas de Precios, hasta otras como la de las Salvaguardias Especiales Agropecuarias disparadas por precios y su carácter de permanente durante la vigencia del Tratado, a fin de contrarrestar –así fuera en mínima forma– las ayudas internas a los productores agropecuarios gringos, que suman más de 50 mil millones de dólares anuales, y que constituyen el contrafuerte para la exportación de sus productos a precios por debajo del costo de producción, bajo la modalidad conocida como dumping, condenada hasta por la misma OMC. Del mismo modo, fue altamente nociva la clasificación de sólo tres productos agropecuarios –arroz, maíz y pollo–, como «sensibles», cuando al principio de la negociación catorce cadenas eran tenidas como tales.
En su visita de hinojos a la Casa Blanca, Uribe Vélez avaló una negociación con tan inicua estructura y, además, renunció a un eventual comité permanente de trabajo en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que, según los negociadores, dejaría expedito el «acceso real al mercado más grande del mundo». Esa quimérica ambición fue trocada simplemente por unos planes de trabajo sectoriales insuficientes, bajo la supervisión de autoridades norteamericanas y la contratación de empresas y firmas gringas que trabajan en estas áreas, con lo cual el anhelado acceso de los géneros colombianos que sufren el obstáculo de las barreras no arancelarias no deja de ser un espejismo.
Contraria fue la suerte que en ese sentido corrieron las ambiciones gringas en cuanto al mercado colombiano En junio de 2005, Colombia había propuesto permitir el ingreso sin aranceles de 27 000 toneladas de arroz blanco, con 80% como arancel para cantidades mayores, y crecimiento de esa cantidad libre de impuestos a un ritmo de 3,5% por año, durante 20 años, al cabo de los cuales quedaba un impuesto de 25% para las importaciones, conocido como arancel residual. En la «fase política de la negociación», Uribe aumentó el monto de las toneladas libres de impuestos a 79 000, el ritmo de crecimiento anual de esa cantidad pasó a 5%, el plazo para llegar al cero por ciento de arancel bajó a 19 años y, pese a que el arancel de castigo se mantuvo, solamente operará para los primeros diez años, en tanto se cedió en la fijación de un arancel residual de 25% que inicialmente se había solicitado.
En maíz, un cereal de producción campesina, Colombia ofreció permitir el ingreso de 500 000 toneladas desde Estados Unidos, libres de impuestos, y terminó aceptando la entrada de dos millones. Y ofrecía que esa cuantía sin aranceles creciera 3,5% anual, pero con la intervención servil de Uribe se aceptó que ese crecimiento fuera de 5%, y que el impuesto con el que se castigarían las importaciones mayores a dos millones fuera sólo de 25% cuando Colombia había pedido que estuviera entre 70% y 60%.
Para los cuartos traseros de pollo, Colombia entregaba una concesión de 1 000 toneladas anuales de libre ingreso. Luego del viaje de Uribe, la suma libre de tributo se incrementó a 26 000 toneladas y podrá crecer 4% anual. Y se determinó en 164% el arancel de castigo para exportaciones estadounidenses mayores a la cuota permitida, porcentaje que llegará a cero en 18 años, cuando la OMC tiene para el mismo caso aranceles hasta de 209%. Para los trozos sazonados de pollo, que son cuartos traseros pero con una transformación mínima, el arancel será de 70%, situación que a ojos de Fenavi significa que «la industria del pollo ha quedado expuesta a la competencia estadounidense desde el primer día de vigencia del acuerdo».
Al algodón y al fríjol, la perfidia de Uribe no los pudo tratar peor. Para el algodón de fibras larga y media, el que más se produce en el país, se había fijado un impuesto de 10%, que se llevaría gradualmente a cero en cinco años. Al final, se negoció un ingreso libre, en cualquier volumen, desde el primer año de vigencia del TLC, igualando la infeliz condición del trigo y de la cebada. Y con el fríjol, las 6 000 toneladas libres de arancel antes del «paseo de la traición», se volvieron 15 000; y para importaciones superiores, se rebajó a diez el plazo de veinte años contemplado para llevar a cero el arancel de 60% hoy existente.
Para la porcicultura, previamente a la «fase política» algunas partidas de sus productos se ofrecieron con ciertas salvaguardias, y se hablaba de desgravaciones desde 70% a 15 y 20 años. Con la visita «redentora» de Uribe este plazo se volvió de cinco años y el máximo arancel quedó en 30%, aunque es conocido que la carne de cerdo de Estados Unidos es 30% más barata, y de las salvaguardias no se habló más. Por ello Freddy Velásquez, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores, señaló que «los efectos negativos sobre la producción nacional se podrían observar a partir del año tres». Con las oleaginosas ocurrió algo parecido.
Pasando por encima de la Constitución y acabando con la CAN
En su perversa gestión, Uribe desestimó que el artículo 65 de la Constitución Política, lo obliga a proteger debidamente la producción agropecuaria y sacrificó cualquier posibilidad de desarrollo serio para el sector y la seguridad alimentaria nacional, entregándole a Estados Unidos el monopolio futuro de la comida en Colombia. Nuestra nación ingresará al grupo de las más dependientes en materia alimenticia, cuando ya son importadas más de 50% de las proteínas y las calorías y 33% de las grasas de origen vegetal que los colombianos ingieren en promedio al día. Se fragua así una grave alevosía contra la patria.
Y si bien el Capítulo de Agricultura es una prueba al canto sobre la claudicación de proporciones insospechadas que se extiende a todas las cláusulas del Tratado, esa rutina desvergonzada ha seguido después del 27 de febrero. Con el argumento de supuestas inconsistencias en el anexo se terminó en una ronda adicional de negociación, en la que Estados Unidos ha señalado que no se moverá de su posición, con un draconiano «tómelo o déjelo». Y, tal como ha sido durante los dos últimos años, el jefe negociador, Hernando José Gómez, y el ministro Andrés Arias, en representación del primer mandatario, accedieron en todo para satisfacer al «socio amigo», incluido el comercio libre de rarísimos especímenes como las «gallinas viejas».
Estas concesiones y las que Perú hizo a Estados Unidos harán estallar en pedazos la Comunidad Andina de Naciones, con o sin la presencia de Venezuela. Desaparecerán elementos claves de la integración como el Arancel Externo Común; así lo ha reconocido el propio ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, o aspectos sustanciales de la normatividad de la CAN como el de la autoridad sanitaria, suplantada, como se establece en una carta adjunta al capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, firmada el 26 de febrero, por el reconocimiento con facultades equivalentes al sistema de control e inspección de carne y aves de Estados Unidos, permitiendo simultáneamente, a más tardar el 15 de abril y el 15 de mayo de 2006, la importación de carne y de productos avícolas, pasando por encima de decisiones como la 515 y la 1013. Este acto ilegal ha sido reconocido por el negociador de la mesa de asuntos sanitarios, Juan Lucas Restrepo (Véase Carta Fedegan, edición especial, marzo de 2006).
Verdades a medias y mentiras oficiales contra realidades
En plena campaña presidencial el país asiste a un festín de engaños acerca de las implicaciones del TLC, orquestado por Uribe Vélez y sus conmilitones. Se ocultan los graves perjuicios que en materia institucional y constitucional se le infligen al orden jurídico del país y a las normas que preservan derechos colectivos y fundamentales de los ciudadanos, como lo ha advertido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un fallo a la Acción Popular interpuesta contra el TLC por Recalca. Uribe, por su parte, utilizando de manera abusiva los medios de comunicación y braveando a sus opositores en distintos escenarios, funda su infamia en que productos como etanol, azúcar, confecciones, flores y algunos artículos exóticos han conquistado acceso a Estados Unidos.
Este procedimiento tiene como propósito desarmar la resistencia de quienes con su suerte atada a la de la nación están condenados a la ruina, el hambre y la pobreza que les traerá el TLC. Para tan maligna empresa, Uribe ha contado con algunos dirigentes gremiales, quienes por razones ajenas a los intereses de sus representados o porque están comprometidos con los de compañías multinacionales o de importadores, predican que el Tratado «es manejable» o positivo para el país.
Los sectores patrióticos del país tienen que hacer una labor de esclarecimiento de gran alcance para enfrentar la reaccionaria empresa de desinformación oficial. Resulta indispensable desarrollar la más amplia iniciativa política, con variadas formas de difusión de la verdad en torno al TLC, que lleve a la movilización de las magnitudes necesarias para derrotarlo, pues es un Tratado que guarda analogías con los documentos de Protectorado que las metrópolis europeas obligaron a suscribir a los países africanos a comienzos del siglo pasado.