Un vendaval de vandalismo azota desde hace más de un año la zona bananera de Urabá. De manera indiscriminada han sido asesinados, secuestrados o amenazados tanto empresarios como trabajadores. El imperio del terror que allí se desató ha llegado hasta los extremos de revivir prácticas anarquistas como la de atentar contra los medios de producción. Por ejemplo, los cables en los que se transporta el banano han sido destruidos, los camiones de los cultivadores incendiados, las cajas de cartón para empacar la fruta destrozadas. Toda esta barbarie arroja pérdidas por millones de pesos y ha empeorado la nada fácil tarea de los productores. La situación de los bananeros se había venido complicando por los vaivenes de los precios en el mercado internacional y por la extraña aparición del hongo de la sigatoca negra en pleno centro de la región. De otra parte, el gobierno de Belisario Betancur ha enredado aún más las cosas. «Belisario envileció por completo el salario de los obreros, atemorizó a la clase empresarial y, si vamos a hablar de paz, todos sabemos sus resultados y lo grave de la actual situación», declaró para Tribuna Roja el dirigente gremial Luis Enrique Gutiérrez. Otro empresario bananero, Enrique Molinares, opinó: «La política del presidente está diseñada para conciliar con los grupos alzados en armas. En Urabá se nota que las guerrillas cuentan con un espacio para moverse, lo que están aprovechando, y detrás se adivina la presencia del régimen». César Yepes, concejal de Chigorodó, complementó: «El país marcha hacia atrás. No se aprecian avances ni en la industria, ni para los obreros. El caos es total y no se vislumbra un buen futuro. En Urabá, por ejemplo, las toleradas manifestaciones de anarquismo le producen daño a la región, a los empresarios y a los obreros. Inutilizar los cables lleva a que el productor se vea obligado a asumir un costo que no figuraba en sus planes. Y así los incrementos o los subsidios que había proyectado para los jornaleros se hacen casi imposibles de llevar a la práctica. A la larga los obreros y el pueblo resultan pagando los platos rotos».
De otro lado, Jorge Hernán Pineda, gerente de Augura, expresó: «Desde finales de 1984 coincidió la aparición de un sector sindical muy beligerante, sin mucho piso jurídico, con una serie de actos terroristas y vandálicos. A pesar de hechos como la destrucción de los cables, nosotros accedimos a las sugerencias de los voceros del gobierno para que negociáramos los pliegos de peticiones. Ya firmamos varias convenciones colectivas. Sin embargo, las manifestaciones de violencia no cesan. Nosotros deseamos que las autoridades, sobre todo las centrales, intervengan y regulen con seriedad las relaciones obrero-patronales. Así como los cultivadores deben aceptar que los recolectores estén organizados sindicalmente, los líderes de los trabajadores tienen que responsabilizarse de que sus sindicatos no sean utilizados, ya sea por grupos de extrema derecha como de extrema izquierda».
Finalmente, Oscar Ochoa Espinal, vicepresidente de Augura, dijo: «Contra estas manifestaciones de violencia ha protestado todo el mundo, no sólo los inversionistas sino también los asalariados. A nadie le puede parecer justo que se prive de la vida a capataces y compañeros, administradores o dueños».