Los días 30 y 31 de enero, en el Instituto Nacional de Estudios Sociales de la CGTD, se reunieron las asociaciones de profesores de las universidades públicas, para discutir la propuesta de participar en el Paro Nacional Estatal del 11 de febrero.
La reunión fue dirigida por Fabio Lozano, presidente de la Federación de Profesores, y Pedro Hernández, presidente de ASPU nacional. Asistieron representantes de las Universidades de Cartagena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Chocó, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Antioquia, Industrial de Santander, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional con sus seccionales de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, el Colegio Mayor de Cartagena y el Colegio Mayor de Cundinamarca.
El paro se aprobó casi por unanimidad, por 30 votos a favor y uno en contra. La reunión también definió los problemas particulares que afectan a este sector de trabajadores y que serán agitados conjuntamente con los puntos aprobados por los estatales:
• Defensa de la universidad pública, ante los intentos privatizadores.
• Cumplimiento de la ley 4 de 1992 que estipula la nivelación salarial.
• Autonomía universitaria. La ley 344 en su artículo 10, impide la creación de programas académicos sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, lo cual debe ser combatido.
• Defensa de los servicios médicos. Se exige el mismo tratamiento dado por el decreto 344 en su artículo 41, que garantiza la existencia del Fondo de Previsión Social del Congreso, mientras que la ley 100 liquida las cajas de Servicios Médicos. Es importante aclarar que las cajas de las universidades y la del Congreso tenían un régimen idéntico.
• Derogación del decreto 2337 de 1996, por medio del cual el gobierno ordena el pago de apenas 78% del pasivo pensional de las universidades territoriales, calculado por el ICFES en 187 mil millones de pesos, en bonos que se emitirán en 1997 y sólo podrán ser redimidos en 1998. Además, este nefasto decreto sienta un precedente para que el gobierno eluda el pago de los pasivos pensionales de los profesores de los centros de educación superior no contemplados en el mismo.
• Rechazo al alza de matriculas y a la venta de servicios, para autofinanciar la educación superior y cumplir con el pago de las primas extra legales que el gobierno reconoció hasta diciembre de 1993.