Resolución
La reunión de las Centrales Obreras CUT, CGTD, CTC y la Confederación de Pensionados, celebrada conjuntamente con los presidentes de las más importantes organizaciones del sector estatal -Fecode, USO, Sittelecom, Sindess, Fenaltrase, Futec, Sintraiss, Sintrateléfonos, Utradec, Aspuc, la Federación de Profesores Universitarios, UNEC, ATT, Sindesena, Sintrenal-, celebrada en la fecha en las instalaciones del INES, teniendo en cuenta que:
1. El gobierno nacional ha declarado la emergencia económica, argumentando para ello el inmenso déficit fiscal que vive el Estado pero en realidad con la pretensión de implementar las exigencias hechas recientemente por el Banco Mundial.
2. En desarrollo de la política neoliberal, el gobierno ha impuesto en forma unilateral un reajuste salarial para los servidores públicos del 13.5%, distante esta cifra de la inflación causada a 31 de diciembre de 1996, colocando a este importante sector de los trabajadores colombianos frente a una nueva pérdida real en su poder adquisitivo.
3. El gobierno ha sancionado la Ley 344 de diciembre de 1996, más conocida como ley de ajuste fiscal, mediante la cual se autoriza la liquidación o fusión de importantes entidades estatales como el Incora, el Instituto de Hidrología y Riego, Inpa, Carbocol, Mineralco, Ingeominas, Instituto Geográfico •Agustín Codazzi, Fonprenor, Inpec, Prosocial y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, continuando de esta manera con la reducción de la planta de trabajadores oficiales.
4. La ley antes señalada busca de otro lado intensificar la política de privatizaciones impulsada por los dos últimos gobiernos, entregando así a las multinacionales los activos más productivos del Estado, tal como ha ocurrido con el Banco Popular, el Banco de Colombia, el Banco Cafetero, las hidroeléctricas y termoeléctricas de Chivor y Termotasajero, el ICA, el sector de la salud y los servicios públicos domiciliarios, valiéndose para esto último de la descentralización y la Ley 142 de 1993. A esto se suma la mantenida pretensión de privatizar el sector de las telecomunicaciones (Telecom, Empresa de Teléfonos de Bogotá y Telecartagena, entre otros) y el sector de los hidrocarburos (Ecopetrol).
En Bogotá las políticas privatizadoras y de reducción del Estado han sido implementadas de manera atrabiliaria por Antanas Mockus, convirtiéndose de esta manera en un agente del neoliberalismo y la banca mundial.
5. Con el objeto de facilitar la implementación de lo anterior, de tiempo atrás se vienen aprobando y ejecutando medidas encaminadas a penalizar las justas acciones sindicales y populares en defensa de sus derechos, tal como está ocurriendo hoy con los dirigentes petroleros y del magisterio.
Resuelve:
1. Impulsar, preparar y realizar un gran paro nacional estatal, cuya duración dependerá de la voluntad de concertación que muestre el gobierno nacional.
La fecha de este paro será definida en la reunión que las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado celebrarán el próximo lunes 20 de enero a las 5:00 en las instalaciones de Fecode.
2. Definir como objetivos del paro estatal los siguientes:
a) Lograr con el gobierno nacional una renegociación de la política salarial, en la vía de romper el tope de 13.5%, teniendo como marco la inflación causada a 31 de diciembre de 1996.
b) Lograr concertar un proyecto de ley que modifique la Ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.
c) Detener el proceso de privatización de los activos del Estado, por cuanto con ello se afectan los ingresos de la nación y se lesionan los intereses de los trabajadores y la población en general.
d) Poner freno a la ola de violencia desatada en el país contra los trabajadores y sus organizaciones, lo cual se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos y exigir al gobierno nacional las garantías suficientes para el ejercicio del derecho constitucional de la protesta.
5. Declarar a 1997 como el año de la lucha social del pueblo colombiano. Por esto el Paro Nacional Estatal se proyecta como parte del proceso de acumulación de fuerzas que debe vivir el movimiento social en el camino de enfrentar la política gubernamental con acciones de mayor contundencia.