Fiel como su antecesor a los dictámenes del FMI, y a pesar de existir un acuerdo firmado en 1992 con los trabajadores, el actual gobierno expidió en diciembre de 1995 la resolución 028 en la cual define el cronograma para hacer entrega de los servicios de larga distancia nacional e internacional a los monopolios privados y extranjeros, obligando además a Telecom a dividir en varias entidades los servicios que hoy brinda al público.
Tan lesiva disposición la obligaría a vender sus acciones en las empresas teleasociadas que hoy funcionan en distintas ciudades, lo que en primer lugar acarrearía el cambio o sustitución patronal en perjuicio de numerosos trabajadores. Igualmente dejaría a las teleasociadas a merced de las multinacionales que tienen ya presencia en el país por conducto de los famosos con tratos de joint venture.
Conscientes del grave peligro que corre tan vital sector los trabajadores definieron como puntos fundamentales del pliego de peticiones aprobado en 1995 las siguientes reivindicaciones de carácter nacionalista: defender celosamente la unidad de Telecom; pugnar porque siga siendo el único operador de los servicios de larga distancia nacional e internacional; conservar las acciones que posee en las telefónicas locales, y extender la telefonía social y rural, por la vía de los subsidios cruzados a los sitios más distantes de la geografía patria. Acordaron por último, luchar porque se garanticen las prestaciones socioeconómicas de que hoy disfrutan los asalariados, puestas en peligro por un siniestro contrapliego que busca eliminarlas en un 90%.
Apelando a un censo sindical lleno de trámites engorrosos interminables, la administración ha dilatado la negociación colectiva, que debió haberse iniciado en enero.
Sittelecom ha afirmado que sólo el combate decidido será prenda de garantía para la defensa de la empresa y de un sector tan estratégico como son las telecomunicaciones, y convoca al movimiento obrero colombiano a unir esfuerzos contra el saqueo imperialista.