(Por 17 votos contra 5 en el concejo, las Empresas Públicas de Medellín siguen teniendo al municipio como único dueño)
Por Jorge Aristizábal
Empresas Públicas de Medellín, EPM, la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios más eficiente del país, permanece como propiedad de la capital de Antioquia. Después de que la inmensa mayoría de los habitantes de la región hicieran toda clase de pronunciamientos y movilizaciones contra la privatización promovida por el alcalde Sergio Naranjo, el Concejo votó 17 contra 5 negando su venta y la convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado, con el municipio de Medellín como único dueño.
Comenzarían con la «privatización parcial»
El alcalde, obsecuente con los designios imperialistas, había solicitado al Concejo la autorización legal para dividir las EPM y venderlas «parcialmente». Para ello contó con el apoyo del nefasto Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, y de los representantes de los pulpos financieros.
Según la fórmula de la Alcaldía, los servicios de acueducto, alcantarillado, gas, y generación y distribución de energía se atenderían por una empresa de la cual se vendería inicialmente el 11 por un monto aproximado de 300 mil millones de pesos. La segunda empresa sería la encargada de los servicios de telecomunicaciones en larga distancia nacional e internacional, fija conmutada, rural móvil y todos los servicios derivados, y 49% de ella se vendería a monopolios nacionales y extranjeros por una suma aproximada a los 700 mil millones de pesos.
Esa propuesta retomaba lo sugerido por el Grupo de Definición Empresarial, GDE, asesor de la gerencia de la empresa, en el sentido de enajenar totalmente las
EPM: «La consideración más amplia del problema de la propiedad pública indica que es conveniente que el municipio convierta su empresa en una sociedad de economía mixta, bajo su control mayoritario, cotizo paso inicial para avanzar gradualmente hacia su enajenación total, sujeta a la condición de que el nuevo esquema institucional de los servicios públicos se consolide y funcione adecuadamente» (Pág. 25 estudio GDE). Más adelante agrega:-Bajo las anteriores consideraciones, el municipio debería colocar como objetivo, en una estrategia de largo plazo, la enajenación total de sus activos vinculados a la prestación de servicios públicos, en la medida en que ésta pueda ser asumida en condiciones de eficiencia por agentes privados. Naturalmente los pasos en este sentido deberán darse con prudencia y de manera gradual, permitiendo que el nuevo marco institucional se consolide, manejando las resistencias de la opinión pública y buscando lograr que la enajenación total se dé sin otorgar concesiones a los compradores y por el mayor precio posible. El primer paso en esta dirección sería la transformación de EPM en sociedad de economía mixta, con una participación privada inicialmente limitada» (Pág. 119, estudio GDE)
¿Qué está en juego en las EPM?
En servicios públicos domiciliarios las EPM brindan los de acueducto, alcantarillado, generación y distribución de energía, telefonía local y, próximamente, el de gas. Atienden los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado. Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con un cubrimiento de 98.2% en acueducto y 94.2% en alcantarillado, para un gran total de 2 millones 270 mil habitantes, casi la mitad del departamento. El sistema suministra 780 mil metros cúbicos diarios de agua. En generación y distribución de energía, las EPM alcanzan cobertura departamental, atendiendo más de 98% de las necesidades regionales, y tienen la propiedad de las siguientes hidroeléctricas: Guadalupe III y IV, Río Grande II. Guatapé, Piedras Blancas, Ayurá, Tasajera, Niquía y Porce II. En total generan 1.709 megavatios, correspondientes a cerca de la quinta parte de la capacidad de generación del país. Además, se aprestan a incursionar en la generación térmica con la central de La Sierra, en Puerto Nare.
En telecomunicaciones prestan el servicio a diez municipios del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. Con 795 mil líneas instaladas, y proyectos de expansión de 319 mil líneas digitalizadas a partir de 1995, además de la proyección a participar en el Satélite Simón Bolívar, las EPM asumen -junto con Telecom y la ETB- el liderazgo de las telecomunicaciones en Colombia. Las líneas instaladas representan una densidad de 26.36 por cada 100 habitantes, la más alta del país. En el inmediato futuro se tiene programado incursionaren Internet, TV Cable, servicio de buscapersonas, canales privados de televisión y comunicaciones satelitales.
Empresas Públicas Municipales es la entidad que más ganancias genera para el Estado, el departamento y el municipio en el renglón de los servicios públicos. En 1995 tuvo un resultado de $249.034 millones. Aportó al municipio de Medellín $60.543 millones, obteniendo un excedente financiero de $188.491 millones. El presupuesto para 1996 es de un billón 27 mil millones de pesos, distribuidos 21 para acueducto y alcantarillado, 60% para energía y el 19% restante para telecomunicaciones. Lo que muestra que se encuentra en juego un botín bastante codiciable.
La añagaza del fondo de desarrollo social
Intentando vencer la resistencia popular, el alcalde argumentó que el producto de la venta sería destinado a crear un «fondo de desarrollo social», con la mira de obtener recursos para inversión social del municipio. Pero buena parte del problema es que sus valores se colocarían en la especulación financiera y quedarían, entre otras cosas, a merced de una devaluación que de la noche a la mañana los podría convertir en cenizas, como bien lo señalara la CGTD de Antioquia en el Foro por la Defensa de las EPM. Por si fuera poco, se constituiría en un medio para que la Alcaldía distribuyera favores entre sus amigos. Según los cálculos del concejal Luis Carlos Díaz, el Fondo alcanzaría a rentar máximo 52 mil millones de pesos, cuando sin la privatización se podrían recibir 58 mil millones al colocar a interés los 300 mil millones que hoy producen de utilidades las EPM. En los cálculos del burgomaestre no se incluyen los rendimientos que habría que pagara los accionistas, de ser legal la constitución del fondo. Sería muy poco el servicio social que pudiera proporcionar a los habitantes de la región.
Más y más alzas
La estrategia de privatización hace parte de los designios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concretados durante el mandato de Gaviria con la expedición de la Ley 142 de 1994, que ordena privatizar las empresas de servicios públicos domiciliarios y elimina los subsidios, principalmente en la energía eléctrica, con lo que vendrá un alza desmedida en las tarifas. Defender el patrimonio estatal y oponernos a la privatización equivale entonces a oponernos al aumento en las tarifas que atenta contra la capacidad económica, ya menguada, de los sectores populares.
Las EPM, por su eficiencia y por el origen hídrico de su energía, tienen las tarifas más baratas del país y sirven de referencia clave para fijarlas a nivel nacional. Con costos promedios de generación hídrica de $ 35 por kilovatio, frente al térmico a gas, o carbón, de $ 55 a 60, o de $ 70 a 80 con fuel oil. Las EPM gozan de una renta diferencial energética tras la que van los monopolios.
Igual ocurre con las telecomunicaciones, dado que 70% son digitalizadas. Privatizándolas, todo el país recibiría el impacto de las altas tarifas.
El pueblo se moviliza
Entendiendo la gravedad de lo que estaba en juego, el Comité Intergremial de la Universidad de Antioquia unió esfuerzos con el sindicato de las Empresas Públicas, la seccional de la CGTD. Futran v el MOIR, y programaron numerosos encuentros con la comunidad, que llevaron a la creación del Comité pro Defensa de las EPM, que logró reunir a 734 organizaciones.
El Comité se opuso a la privatización de las EPM y ahogó por su transformación en una empresa industrial y comercial del Estado, con el municipio como único dueño. Se abrigaba la convicción de que luchar era la única salida. Las peleas del magisterio. Ecopetrol, la Caja Agraria, el SENA, los profesores universitarios y los cafeteros, así lo comprobaban.
El Comité realizó el 14 de junio una multitudinaria manifestación por las calles de la capital antioqueña, hasta llegar a la zona administrativa de La Alpujarra. Intervinieron el sindicato de las EPM, un vocero del MOI R en nombre de los partidos políticos y Luis Carlos Díaz, por los concejales patriotas. El alcalde y el gobernador recibieron el repudio de los asistentes, y el acto terminó con la quema de la bandera gringa, a los gritos de ¡Por la soberanía de Colombia, fuera gringos!
La decisión tomada por los 17 concejales el 25 de junio merece el respaldo de los colombianos. Pero la lucha continúa, tanto contra el alza desmedida en las tarifas como contra los repetidos intentos de privatización que no cesarán de hacer la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la de Telecomunicaciones
Es otro peldaño en la gran marcha por la defensa del patrimonio nacional y la soberanía.