El Comando Nacional Unitario y las organizaciones sociales y políticas, reunidas para analizar las últimas manifestaciones de la injerencia norteamericana sobre nuestro país y las acciones de protesta que se realizarán el miércoles 5 de marzo en las principales ciudades de Colombia, declaran:
1. Ningún Estado puede arrogarse la facultad de calificar o de descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna. Los trabajadores y el pueblo de Colombia rechazan el procedimiento colonial de la «certificación», utilizado por el gobierno norteamericano sobre los demás países como presión para la imposición de sus políticas, trátese de asuntos comerciales, de inversión, militares o de narcotráfico.
2. La decisión de «descertificar» por segundo año consecutivo a Colombia reafirma la necesidad de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía, contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos del país y el rechazo a gobernantes y dirigentes políticos y gremiales que de una u otra forma han puesto sus responsabilidades en el sentido señalado por Washington.
3. La gravedad del inaceptable pronunciamiento gringo, de clara naturaleza imperialista, no se puede soslayar señalando al país que es «injusto», «unilateral». «político» y «desmoralizante». Para los trabajadores y el pueblo constituye una razón más para incrementar su indignación y desprecio al gobierno de Ernesto Samper, que se ha dedicado, sumisamente, a consolidar el modelo económico neoliberal -para beneficio del interés norteamericano- y a cumplir todas las exigencias planteadas por Clinton y el virrey Frechette. Las medidas, declaraciones y actos de los funcionarios de Estados Unidos contra Colombia generan entre los demócratas y los patriotas un incremento del sentimiento de nacionalismo, necesario para defender la soberanía y combatir la subyugación.
4. El gobierno norteamericano, al reiterar las pocas exigencias aún no satisfechas, ha vuelto a colocarla extradición de colombianos como la más importante de ellas. Los firmantes de esta declaración enfatizamos nuestra posición contraria a esta pretensión. Es claro que el tratado negociado en 1979 con Estados Unidos no está vigente y la extradición está expresamente prohibida por la Constitución. Este asunto, más que jurídico, es de soberanía y la insistencia gringa para que se entreguen nacionales con el fin de juzgarlos y condenarlos es inadmisible y contrario al principio de la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la modificación o la eliminación del artículo 35 de la Constitución, como ha anunciado hacerlo el gobierno a través de un proyecto de reforma constitucional.
5. Como las viejas y muevas exigencias norteamericanas contarán con el respaldo del gobierno y los dirigentes políticos y gremiales ya señalados, los trabajadores y el pueblo ejerceremos el derecho a la protesta contra la intervención gringa y a la denuncia de quienes la acepten o la promuevan.
Bogotá, 3 de marzo de 1997.
CUT, CCTD. CTC, (PC. Comando Distrital de Paro, Utradec. Fenaltrase, Futee, USO, Sittelecom. Federación de Profesores Universitarios, ASPU, Sindess, Anthoc, Sindesena. Asdecol, Sintracreditario, SintraelecoI, MOIR y Partido Comunista Colombiano.