Raúl Fernández, desde Estados Unidos
El mismo día en que el mandatario azteca Salinas de Gortari anunciaba el inicio del tan manido Tratado de Libre Comercio, TLC o Nafta, se le complicó la situación en el estado de Chiapas, donde un numeroso grupo de simpatizantes de Emiliano Zapata se declaró en rebelión armada contra el gobierno federal. Este acto contribuyó aún más a poner al descubierto y en ridículo al entreguista y reaccionario Partido Revolucionario Institucional, PRI, y a su dirigente de turno.
De por sí la firma del acuerdo había adquirido características circenses. Lo más grotesco de las deliberaciones fue que Clinton, para obtener la venia del Congreso, aceptó que cada parlamentario en Washington impusiera lo que su respectivo distrito electoral exigía en procura de proteger sus intereses, sin que México se atreviera a chistar. Un congresista de Texas votó a favor del Nafta sólo después de que el Pentágono prometiese ampliar un contrato anterior con su distrito para construir aviones de carga. Otro, de la Florida, condicionó su apoyo a que el Departamento de Estado lograra la extradición, desde México, de un individuo acusado de un crimen en Estados Unidos. Un representante más, de Georgia, dio su aprobación luego que el Departamento de Agricultura hizo gestiones con el objeto de imponer trabas a las importaciones de mantequilla de maní provenientes del Canadá. Hubo quienes hasta consiguieron favorecer a los fabricantes de escobas en sus jurisdicciones. Con este tipo de disparidades, en repetidas ocasiones cualquier congresista norteamericano se halló en capacidad de negociar sin que se tuviese en cuenta al sumiso gobierno mexicano. En resumidas cuentas el mercado de México abrió más sus fronteras a las mercaderías estadinenses, mientras la Casa Blanca insistía en las medidas proteccionistas.
El Tratado de Libre Comercio puede ser resumido en unas pocas tesis.
Primero: no es tanto un tratado de «libre comercio» sino más bien de libre inversión, pues, desde hace varios años se hallan casi eliminadas las tarifas de México sobre productos provenientes de Norteamérica. Lo que se abre por completo con el Nafta es el campo para la inversión de capitales de Estados Unidos en México, que son protegidos contra las nacionalizaciones y autorizados para usar partes norteamericanas.
Segundo: la libre inversión se ve limitada frente a terceros por un capítulo que establece las llamadas «reglas de origen». Estas simplemente hacen que bienes provenientes de México, Estados Unidos o Canadá sean legalmente considerados como domésticos, no así los que procedan de Japón u otros países; para éstos se fijan restricciones. De esta forma se le dificulta al resto del mundo industrializado llevar tranquilamente sus mercaderías a México, o ensamblarlas allí y utilizar la patria de Cuauhtémoc como plataforma de exportación al mercado estadinense. Bien lo dice Mickey Kantor, importante delegado de Washington: «El libre comercio no existe, lo que existen son reglas del juego». Ya las compañías de automóviles de Estados Unidos están anunciando planes para aumentar su inversión en los territorios de su vecino del sur. El gran perdedor será Japón, cuyos materiales para la producción de automóviles serán considerados «no domésticos», a menos que los compre a compañías gringas. El único resquicio se presenta en la producción de camiones y camionetas cuyas exportaciones desde México no tienen controles. En cuanto a los demás automotores se previeron ciertas cortapisas para el envío a Estados Unidos. Una compañía japonesa ya establecida en México desde hace años, la Nissan, ha indicado que tratará de utilizar esta licencia para producir camiones de exportación a Estados Unidos.
Tercero: no es posible contemplar el tratado como un estímulo para el progreso del país azteca, ya que los planes y decisiones de las empresas norteamericanas que busquen establecerse allí van a basarse en los bajísimos salarios, que han extendido la miseria bajo el régimen de Salinas de Gortari. Sin pobreza no habrá inversión. No existe siquiera la posibilidad de que el capital foráneo conduzca a elevar el nivel de vida, ya que en realidad sólo un puñado de multinacionales estarán en capacidad de colocar grandes sumas. El aumento en el empleo será muy inferior a la aplastante pérdida de ocupaciones que ya se viene presentando merced a las medidas de privatización. Ahí está el ejemplo de Puerto Rico, donde las multinacionales norteamericanas han campeado a sus anchas por cincuenta años y la isla del encanto sigue siendo ni más ni menos un paupérrimo país del archipiélago antillano.
Cuarto: el nivel de vida de la clase obrera norteamericana será el más afectado por el TLC. Los grandes monopolios incrementarán en México la oferta de empleos y el conjunto de los trabajadores estadinenses se verá amenazado con la pérdida de sus puestos, a menos que cedan ante la presión por rebajar sus salarios y prestaciones. Debido a ello el movimiento obrero de Estados Unidos se ha opuesto radicalmente al tratado. Así que ni México se beneficia en forma significativa; y la masa trabajadora de Estados Unidos queda notoriamente perjudicada.
Quinto: el desplazamiento de mexicanos de sus tierras y la merma de la producción agrícola serán un hecho inexorable, una vez que el campo desprotegido se enfrente a la competencia de los poderosos consorcios de la agricultura gringa. El gobierno de Salinas ha jugado el destino de su pueblo a la ruleta rusa del mercado libre, es decir, al afán de ganancia de los pulpos económicos del Norte.
A nadie debería sorprender que las ideas de una imprevista rebelión armada encontraran eco en el sureño estado de Chiapas. En el transcurso de 1993 se registraron, a lo largo y ancho del país, numerosos movimientos de protesta por parte de campesinos abrumados de deudas, y que veían su futuro en peligro por la desaparición de los precios de garantía bajo el régimen salinista. En Chiapas, zona cafetera, la caída de las cotizaciones de sustentación había causado estragos severos en las condiciones de vida.
En los estados de Guerrero, Morelos y Michoacán, la exasperación rural provocó brotes de violencia contra las autoridades. Al menos cuatro pueblos protagonizaron sus Fuenteovejunas en 1993, pasando por las armas o linchando a representantes gubernamentales prepotentes y abusivos.
El Tratado de Libre Comercio le prohíbe a México participar, junto con otros países, en grupos que busquen proteger el precio internacional del café. Además, el predominio del latifundio, hecho que dio lugar a la revolución agrarista de Emiliano Zapata, es otra vez una realidad en el México de la apertura económica.
A pocos días de los choques violentos, un portavoz del Departamento de Estado afirmaba en Washington que no había conexión alguna entre el Nafta y lo ocurrido en Chiapas. ¿Estaría ciego o sordo? El primer comunicado emitido por los insurgentes indicaba que las repentinas acciones se debían en parte a que el Tratado de Libre Comercio era algo así como «la sentencia del muerte del territorio indígena»