«Ante los vestigios feudales, la burguesía criolla prefiere que éstos se disuelvan en el lentísimo y escabroso transcurso del apoderamiento a cargo del capital de una a una de las zonas agrícolas, o mediante la metamorfosis de los hacendados señoriales en caballeros de industria. Dentro de ese esquema encuadran las reformas basadas en la compra cara de una migaja de las posesiones terratenientes, la de menor fertilidad, para a su vez revendérsela a los campesinos bajo estipulaciones irritantes, o en las tan publicitadas obras de adecuación que no son más que mejoras introducidas por el Estado, al costo de considerables erogaciones presupuéstales, para valorizar los grandes fundos. (…) La financiación proviene de los empréstitos externos, cuyas amortizaciones e intereses se respaldan con mayores gravámenes fiscales, verbigracia, el despojo de los obreros y del pueblo. Soluciones reaccionarias que implican contemporizar con el atraso al mantener para el campo en lo sustancial la obsoleta economía terrateniente; al fomentar la especulación, ya que se efectúan según las ordenanzas del capital usurario internacional, y al prolongar los suplicios sin cuento de la masa campesina, sometida a la propiedad latifundista y exprimida por el agio, o desalojada de sus lares y sin trabajo en las urbes. Al cabo, la modernización del agro no logrará consumarse en las condiciones prevalecientes de explotación neocolonial. Nosotros apremiamos la confiscación de la tierra de los grandes terratenientes y su reparto entre los campesinos que la trabajen. Iniciativa elemental y viable que por sí sola entrañará un salto hacia adelante como no lo han contemplado los colombianos desde los fastos de la Patria Boba. Las heredades feraces y deficientemente atendidas pasarán de inmediato a ser cultivadas por millones de manos ansiosas de rozar y de arar. Vuelco extraordinario en las regulaciones económicas y en las costumbres; desatascamiento de las formidables fuerzas productivas del campesinado, echadas a andar redimidas por fin de la coyunda del semifeudalismo, y a la vez de la del imperialismo, pues no se puede cortar la una sin cortar la otra, y cuyos frutos erigirán la base del desarrollo próspero, autosostenido e independiente de Colombia. Su defensa será la refutación apabullante de la alharaca de las clases dominantes y de sus epígonos de la oposición oficializada acerca de la ‘revolución verde’, las ‘bonanzas’ y las reformas agrarias que asuelan e hipotecan el país a las agencias prestamistas internacionales, redundan en mayores impuestos para el pueblo, engordan los bolsillos de latifundistas y burócratas y desembocan infaliblemente en la importación desenfrenada de alimentos y en el encarecimiento del costo de la vida. Si conducimos airosamente esta confrontación teórica y política y no transigimos, los pobres del campo que luchan por el derecho a la tierra y antaño distinguían mal quiénes eran sus amigos y quiénes sus enemigos, ya no querrán oír de los emplastos ofrecidos por imperialistas y oportunistas y tenderán la mano fraterna a los obreros, sus leales compañeros de trinchera. La revolución a nada habrá de temerle entonces. La gallarda figura del proletariado se erguirá con la complexión y fortaleza de un campeón invencible y recibirá en premio la presea anhelada de una Colombia libre y democrática». (Tribuna Roja No. 33, febrero-marzo de 1979).
Revolución agraria
«1971 ha registrado muchas luchas de obreros y estudiantes. Sin embargo, se puede afirmar que éste es un año especialmente rico en combates campesinos.
«Centenares de fincas han sido invadidas por miles de campesinos en todos los departamentos del país. Las invasiones son un rechazo categórico a la política agraria del imperialismo yanqui y sus lacayos, la prueba contundente de que esta política ha fracasado. Los campesinos, ejecutores principales de la revolución agraria, se levantan y comienzan a hacer valer su derecho de únicos y legítimos dueños de las tierras que trabajan.
«Al fragor de estas primeras batallas y enarbolando la consigna de ‘la tierra para el que la trabaja’, los campesinos han empezado a crear sus propias organizaciones, independientes del tutelaje de las clases dominantes y conformadas por los campesinos pobres y medios.
«Por experiencia propia las masas campesinas han ido descubriendo quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Saben que los agentes del gobierno buscan dividirlos, amarrarlos de pies y manos y entregarlos indefensos a los explotadores. Han aprendido que para emanciparse de la explotación del imperialismo y de los terratenientes tienen que librar luchas supremamente duras y largas, luchas que adquirirán las formas más elevadas. Y con la ayuda de las organizaciones proletarias han venido comprendiendo que su más íntimo amigo es la clase obrera, que la alianza obrero-campesina y la dirección obrera son la salvación y única garantía del triunfo». («Concepción marxista del problema agrario», en Unidad y combate, op. cit.).
«No pueden tampoco convencer al país con reformas como la agraria (…). La reforma agraria ‘integral’ es realmente un negocio redondo, integral, de los monopolios yanquis por cuenta de las masas campesinas. ¿En qué consiste el negocio? En que el imperialismo yanqui financia la reforma agraria con empréstitos elevadísimos que paga la nación. Con esos dineros se compran las peores tierras de los terratenientes a los mejores precios y luego se les vende cara a los campesinos que reciben parcelas, pero que no pasan de 20.000 en todo el país y en diez años de reforma agraria. A estos campesinos se les ha entregado un pedazo de tierra en condiciones arbitrarias y antidemocráticas, obligándolos a amarrarse a la tierra e hipotecándolos de por vida. Los préstamos que les hacen a los campesinos se lo entregan en mercancías, en productos de los monopolios, en ganado que los terratenientes venden a muy buen precio. Y el último acuerdo, el de Chicoral, que fue un acuerdo entre terratenientes, tenía una finalidad, como lo dijo cínicamente Mario Laserna en un artículo publicado en El Tiempo, que la reforma agraria no podía correr a cargo de los terratenientes, sino que tenía que ser costeada por el pueblo colombiano». (Tribuna Roja N° 6, marzo 21 de marzo de 1972)