(Miles de firmas, un cabildo abierto y enérgicas declaraciones de Unidad Cafetera y de importantes dirigentes políticos exigen que las EE.PP. de Pereira sean declaradas Empresa Industrial y Comercial del Estado.)
Por Aurelio Suárez Montoya
Desde cuando se planteó en el Concejo de Pereira privatizar las Empresas Públicas, afloró una profunda discusión en la cual la gran mayoría de los pereiranos se manifestaron contra la posibilidad de enajenar, así fuera 1%, el mayor patrimonio público de la Perla del Otún.
La voluntad de los habitantes se ha plasmado en la consigna: “¡Ni un 1 % privado, sólo Empresa Industrial y Comercial del Estado!”. Así lo prueban un cabildo abierto, más de 20 mil firmas recogidas para exigir que se consulte al pueblo, la constitución de cerca de 30 comités en los barrios, cuatro manifestaciones masivas, y la decisión de lucha mostrada por los obreros de Sintraemdes-Pereira en todos estos actos. Inclusive la Asamblea aprobó, por mayoría, una proposición de rechazo a la privatización.
El sindicato, las organizaciones obreras, la Unidad Cafetera, el senador Juan Guillermo Ángel, el diputado moirista Aurelio Suárez Montoya, los concejales Carlos Crosthwaite, Luz Mary Zapata, Mario Marín y Juan Hurtado y el ex gerente Guillermo Botero, integraron un frente de lucha para defender las empresas de servicios.
Las EE. PP. son la segunda empresa más grande el eje cafetero, luego de la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec. Para sólo dar algunas cifras, en energía eléctrica atiende a 84 mil usuarios, y en acueducto tiene 70 mil conexiones. Su utilidad neta en 1995 fue de 11 mil 700 millones de pesos, y sus activos en libros, 218 mil 800 millones.
El alcalde Juan Manuel Arango, con el apoyo de la mayoría del Concejo, seguidora del representante Rodrigo Rivera, hizo aprobar la venta de 11 % de la empresa. Semejante decisión indignó a los más de mil asistentes a la sesión, quienes por cinco horas bloquearon la salida del recinto de los concejales y de los asesores de la gerencia.
Ya un año antes de la aprobación por el Concejo, el actual gerente Jorge Eduardo Murillo había entrado en componendas con el BID, según consta en documentos de esta agencia multilateral del 11 de septiembre y 3 de noviembre de 1995. En éstos, Murillo se comprometió a someter a consideración del BID el texto de la propuesta que se llevaría a esa corporación. Además, ofreció entregar a firmas privadas la reforestación de la microcuenca del río Otún.
Contra este atraco, los habitantes de barrios y comunas han empezado a organizar los comités de usuarios para resistir unitariamente el encarecimiento y desmejora que traerá la privatización de las EE. PP., gestadas por varias generaciones de pereiranos con el tesón que les es característico.
Protestas en Santa Rosa de Cabal
Haciendo caso omiso de que Santa Rosa de Cabal cuenta con aguas abundantes y que desde cuando la fundara Fermín López, en el siglo pasado, los santarrosanos han hecho de la empresa de agua Empocabal, la más tecnificada de Risaralda, el Concejo, por iniciativa del alcalde, decidió privatizar 20% de sus activos. El sindicato, Sintraempocabal, se ha abanderado de la protesta, para pedir la revocatoria de tal decisión, urdida a espaldas de los habitantes.
Vale la pena señalar que Empocabal vende a muy buen precio a Dosquebradas más de 830 mil metros cúbicos mensuales de agua. Este negocio le da ingresos por algo más de lo que factura mensualmente. Dada la buena situación financiera de la empresa, la venta constituye un traslado directo de utilidades a los muy afortunados socios privados. Los caficultores también han manifestado su rechazo, ya que los acueductos rurales de El Español y Guacas, fruto de sus recursos y desvelos, se los encimarán como obsequio a los nuevos dueños.
En dos manifestaciones, donde han participado organizaciones y personalidades como los diputados Alberto López, Julio César Serna y Aurelio Suárez, se ha agitado la necesidad de un referendo para echar atrás la decisión antipopular. Mientras la Registraduría Municipal se ha negado a convocar a la consulta, en barrios y veredas se adelantan reuniones para exigir respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo.