Alza salarial de diez puntos por encima de la inflación, piden confederaciones obreras
El 8 de octubre pasado, Utradec, CGTD, Fenaltrase-CUT y otras federaciones presentaron al gobierno el pliego unificado de los trabajadores estatales, que sintetiza las demandas más apremiantes de los 800 mil asalariados de la Administración. El siguiente es el resumen del documento.
Sobre privatizaciones
El pliego exige al gobierno suspender de inmediato los programas de privatización o liquidación de entidades del Estado como Cerromatoso, Carbocol y las hidroeléctricas, como también la licitación de larga distancia nacional e internacional. No cambiar la naturaleza de las entidades públicas de salud y seguridad social. No transformar las empresas de servicios públicos domiciliarios en entes mixtos o por acciones, garantizando la prestación directa por parte del Estado. No debilitar a la Caja Agraria, el Idema, el Incora, el ICA y demás entidades de apoyo a la producción agraria.
Medidas legislativas urgentes
Tramitar ante el Congreso la ley general de hidrocarburos presentada por la USO.
Declarar sin efecto los decretos reglamentarios de la Ley 115, expedidos de manera unilateral, y convenir con Fecode los términos que garanticen la defensa de la educación pública.
Negociar con los sindicatos del ISS un presupuesto adecuado que fortalezca el instituto y mejore la calidad de sus servicios.
Respaldar el proyecto que transforma a Cajanal en Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Régimen disciplinario
El gobierno convendrá con las organizaciones sindicales un régimen disciplinario que respete las convenciones colectivas, el Estatuto Docente y la representación de sindicatos y comisiones de personal.
Estabilidad laboral
El gobierno acordará con las organizaciones sindicales un proyecto de ley de carrera administrativa que brinde garantías de ingreso y permanencia en el servicio público, estabilidad laboral y promoción adecuada.
De igual manera se procederá a declarar sin vigencia las normas contempladas en la Ley 80 de 1993, relativas a la contratación de personal bajo la modalidad de contratos civiles y administrativos.
Negociación colectiva y huelga
El gobierno se compromete a presentar un pliego de modificaciones al proyecto de ley que regula la negociación colectiva para los empleados públicos.
El gobierno se compromete a tramitar un proyecto de ley que defina la categoría de servicios públicos esenciales, con base en la definición contenida en los convenios de la OIT.
Garantía presupuestal
El gobierno retirará las propuestas que tienden a disminuir los porcentajes de transferencia para inversión social de los municipios, contempladas en el proyecto de ley 89 de 1996, y revisará con las federaciones departamentales los niveles de transferencias vigentes en la Ley 60 de 1993.
El gobierno no recortará el presupuesto del SENA ni cambiará la destinación de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar.
El gobierno retirará del proyecto de ley 89 de 1996 todos los aspectos que debiliten la función social del Estado.
Política salarial
Para los servidores públicos, el gobierno acordará con la comisión negociadora de las centrales obreras un incremento salarial de diez puntos por encima de la inflación oficializada por el DANE a 31 de diciembre de 1996.
Seguridad social
El gobierno respetará los regímenes convencionales de pensión y dará preferencia a la afiliación de todos los servicios públicos al Seguro Social.
En materia de salud, el gobierno respetará los derechos adquiridos y garantizará a todos los servidores públicos la atención integral, sin enfermedades preexistentes, períodos de carencia, topes, exclusiones y pago de cuotas moderadores o copagos.