A las 6 a. m. del jueves 24 de febrero, los obreros de la refinería de Barrancabermeja recibieron con un multitudinario mitin y calle de honor a los primeros 20 compañeros reintegrados por el fallo del tribunal de arbitramento voluntario, saboreando los resultados de persistir en la lucha y apoyarse en la unidad y la solidaridad. Yanovich y Uribe recibían así una contundente derrota.
Para poner término a la huelga que se había iniciado el 22de abril de 2004, la USO y la CUT, Ecopetrol, los Ministerios de Minas y de Seguridad Social, con el acompañamiento de la Iglesia Católica y el Concejo de Barranca, firmaron el 26 de mayo de 2004 el Acta de Acuerdo que, además de consignar puntos conducentes a impedir la privatización de la empresa, estipulaba la instalación de un tribunal de arbitramento voluntario ad-hoc, para tramitar la solicitud de reintegro de los 162 compañeros despedidos. De los 248 huelguistas despedidos, el acuerdo consignó la pensión para 82, pensiones que se concedieron inmediatamente después de finalizar el movimiento.
La administración Yanovich se propuso desde entonces sabotear el funcionamiento del tribunal, empezando por la escogencia del quinto árbitro, pues la USO tuvo que aceptar el propuesto por la Cámara de Comercio de Bogota, ya que Yanovich no aceptó ninguno de los sugeridos por la Iglesia. Además, se negó a pagar los honorarios de los árbitros escogidos por el sindicato y los demás gastos de instalación y funcionamiento del tribunal, que debía sufragarlos la empresa. La USO debió pagar por ese concepto 400 millones de pesos.
El abogado de Ecopetrol ante el tribunal, López Guerra, reconocido enemigo de los trabajadores, intentó por todos los medios sabotear su funcionamiento e inducir un fallo adverso al sindicato y los ministros involucrados hicieron llamadas para presionar a los miembros del tribunal. Solo la entereza y profesionalismo de los mismos permitió que con actuaciones en derecho se enmendaran en parte las arbitrariedades cometidas durante el conflicto por Uribe, Yanovich, Mejía y Palacios.
El 21 de febrero se pronunció el tribunal, dentro de los seis meses convenidos para su funcionamiento, y ordenó el reintegro de 105 trabajadores, la indemnización de 23 compañeros temporales y ratificó el despido de 34. Debemos recordar que en la huelga participaron de manera ejemplar los temporales contratistas y aprendices del SENA, y por eso la mención de indemnización que tiene el fallo. La USO estuvo representada ante el tribunal por el abogado Adalberto Carvajal, y como árbitros de los trabajadores actuaron los abogados Armando Novoa y Jaime Moreno, equipo que puso toda su experiencia al servicio de la causa de los compañeros despedidos.
A pesar de que contra la decisión del tribunal no cabía recurso alguno, Yanovich interpuso un incidente constitucional de nulidad, que fue negado por el tribunal. La CUT, y las otras centrales obreras y de pensionados, y un grupo de doce parlamentarios encabezados por Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Wilson Borja y los demás integrantes de Alternativa Democrática, exigieron el cumplimiento de los acuerdos y el respeto al fallo del tribunal .
Finalmente el gobierno y la administración tuvieron que acatar la decisión unánime de los cinco árbitros. El resultado es un triunfo indiscutible de la USO y de los sectores de la clase obrera que se mantienen en resistencia contra el imperialismo norteamericano y el gobierno de Uribe.