Raúl Arroyave, ejecutivo de Fecode
El 12 agosto de 2004 la Junta Nacional de Fecode tomó la determinación de impulsar la táctica del boicot al concurso para docentes y directivos, convocado por el Ministerio de Educación Nacional y los entes territoriales, pocos entendieron en verdad las dimensiones de la tarea y sus verdaderas implicaciones. Se trataba, en el fondo, de la primera gran batalla que debería librar el magisterio colombiano contra el decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente, teniendo en cuenta que esta norma había sido expedida por el gobierno desde mediados del año 2002.
No se trataba de una tarea rutinaria, del éxito o fracaso del boicot dependería, en última instancia, que el gobierno pudiera conformar o no las listas de elegibles, primer paso en la supresión definitiva de los derechos laborales para 60 mil docentes que pretendía enganchar.
No era una tarea fácil, por el contrario, demandaba de las organizaciones y dirigentes del magisterio una labor enorme de explicación, persuasión y propaganda, para lograr la más alta presencia de los estamentos de la comunidad educativa en esta gigantesca tarea de masas.
Con diversos grados de comprensión del problema, la táctica del boicot al concurso fue aprobada y echada andar. Encontramos filiales de Fecode que con entusiasmo y disciplina asumieron su ardua preparación, otras vacilantes que tildándola de descabellada y aventurera se opusieron a su adecuada implementación, pasando por sectores que en el colmo del oportunismo se lanzaron a impulsar las capacitaciones para el concurso, con lo cual no sólo montaban a costillas del empobrecido magisterio provisional un pingüe negocio, sino que contribuían desvergonzadamente a quebrar la táctica del boicot.
La convocatoria oficial al concurso
El concurso fue convocado por el decreto 3238 del 6 de octubre. Sin lugar a equívocos, fue la respuesta del gobierno a la determinación de la Junta Nacional de septiembre de no hacer el Paro Nacional Indefinido del magisterio y sustituirlo por una jornada de 24 horas para el 12 de octubre.
Aunque el Ministerio de Educación expidió la norma marco que oficializaba la convocatoria al concurso, cada uno de los entes territoriales certificados debería, en uso de su autonomía, convocarlo para su respectiva entidad. Así lo hicieron todos a una a partir del 20 de octubre, incluidos los llamados gobiernos sociales, con lo cual la confrontación entre concurso y boicot quedaba planteada.
A partir de entonces, las tareas de agitación y propaganda del boicot como única salida contra el concurso tramposo y amañado del régimen uribista, mejoraron en intensidad y calidad. Hubo dos jornadas nacionales que mostraban crecimiento en la comprensión de la tarea y un aumento del estado de ánimo del magisterio. La más importante de estas jornadas tuvo lugar el 24 de noviembre, tanto que la gran prensa tuvo que registrar la movilización de más de 50 mil personas en Bogotá.
En esté marco de ascenso en la preparación del boicot para el 4 de diciembre, la Corte Constitucional expidió la sentencia 1169 de noviembre 23 en virtud de la cual se declaraba inexequible el artículo 7° del decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente.
La embriaguez jurídica
A partir de entonces, el énfasis se desvió de la preparación del boicot hacia las más disparatadas especulaciones jurídicas. En todos los mentideros del magisterio se dio casi por un hecho que el concurso se caía y que era imposible que el gobierno lo hiciera a la luz de lo dispuesto en la sentencia de marras.
Hasta vivas a la Corte Constitucional se produjeron en eventos del magisterio, aupados por los interesados en reemplazar la lucha de las masas por especulaciones sobre lo jurídico, cuando estaba claro que la susodicha sentencia no declaraba inexequible todo el nuevo estatuto, ni siquiera taponaba la vía de acceso al nuevo sistema y, al contrario, junto a la inexequibilidad del artículo 7° se declaraba la exequibilidad de otros artículos demandados, dando por legal el asalto a los derechos de escalafón y carrera del magisterio provisional, ganados legítimamente bajo los parámetros del 2277.
El aplazamiento del concurso
A pesar de todo, se produjo una pequeña crisis, los gobiernos de varios entes territoriales suspendieron el concurso pidiéndole claridad al Ministerio de Educación Nacional, y este a pesar de haber declarado una y otra vez que con la sentencia no había problema alguno, tomó la determinación de aplazarlo, primero para el 18 y 19 de diciembre de 2004 y luego para el 15 y 16 de enero de 2005.
En el interregno, el gobierno introdujo modificaciones a la luz de la sentencia que blindaran el concurso contra futuras demandas. Para proseguir en la intentona, acude a los artículos 116 y 118 de la ley general de educación; homologa el título de tecnólogo en educación al de Normalista Superior; establece que la formación pedagógica de los profesionales sin título docente convocados al concurso puede ser obtenida durante el año de período de prueba; da tiempo a que se instale la Comisión del Servicio Civil; introduce modificaciones secundarias en los parámetros valorativos del concurso, rebajándole unos puntos a la prueba escrita y subiéndoselos a la entrevista, lo que, de paso sea dicho, alebresta las aspiraciones del clientelismo y el tráfico que se ve venir en la realización de las mismas; unifica para la nueva convocatoria a todos los gobiernos de los entes territoriales, incluidos los denominados sociales, y convoca el concurso bajo la férula de las bayonetas para una época en la cual los colegios del calendario A se encontraban en vacaciones; es decir, mejor imposible ¡Qué más podía pedir!
El día D
Y llegó la hora fijada. En medio de un operativo policiaco sin precedentes, el Ministerio de Educación Nacional y todos los gobiernos de los entes territoriales quisieron imponer el concurso, como era de esperarse, a sangre y fuego. Escuadrones antimotines se dedicaron desde la madrugada del 16 de enero a amedrentar a los educadores, y estos en muchas partes decidieron enfrentar la fuerza con la fuerza, y así en vez de concurso en muchos sitios del país se vivió fue una verdadera batalla campal en la que se destacaron por su combatividad y arrojo los maestros de Cartagena, Valledupar, Aguachica, Santa Marta, Córdoba, Sogamoso, Villavicencio y algunos sectores de Bucaramanga, Ibagué, Buga, Cali y Florencia, entre otros.
La información del gobierno dice que se presentaron 130 mil concursantes de los 196 mil inscritos, y que 42% de ellos aprobaron la prueba. A partir de entonces han aflorado todas las irregularidades que acompañaron ese tramposo concurso, empezando por los atropellos y agresiones de la fuerza pública, continuando con el transporte en tanquetas de concursantes hacia los cuarteles de policía y siguiendo con los cambios de sedes y horarios; la solución en grupo de las pruebas; la circulación de las mismas públicamente en Medellín, Sincelejo y San José del Guaviare; la entrega de formatos de respuesta correspondientes a personas diferentes a los concursantes, y muchas anomalías más, que han sido objeto de miles de querellas y tutelas interpuestas por los afectados en todo el país.
Conclusión
El balance nos demuestra que la táctica del boicot fue correcta, como única forma de defender consecuentemente la estabilidad de los educadores provisionales y de exigir la negociación con Fecode de un concurso que salvaguardara derechos adquiridos y diera garantías. En las regiones donde se entendió el significado del boicot y se trabajó a conciencia por su implementación, el resultado fue exitoso y a la postre el gobierno no puede continuar con los pasos siguientes del concurso. Y se comprobó que el tramposo concurso no era sino un parapeto que el gobierno necesitaba para justificar de manera “legal” el desenganche de más de 60 mil maestros provisionales, y lograr de una vez por todas la implementación del oprobioso régimen laboral del Nuevo Estatuto Docente a quienes, paradójicamente, logren ganarlo.
No sobra señalar que la estructura de la prueba en sí, que merecería análisis aparte, configura el más craso ejemplo de las arbitrarias evaluaciones por competencias con las que el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y los organismos multilaterales vienen avasallando toda la educación pública en América Latina, para adecuarla a los designios del capítulo de servicios en el TLC.
La lucha por el boicot al Concurso del 16 de enero fue la primera gran batalla contra el nuevo Estatuto Docente, o decreto ley 1278 de 2002. De hecho se convirtió en una especie de bautizo en las luchas callejeras para la sangre nueva del magisterio colombiano. Sin duda, empieza un camino proceloso que tendrá que recorrerse a partir de ahora en medio de agudas confrontaciones para derrotar definitivamente este esperpento y lograr un Estatuto que realmente salvaguarde derechos laborales inalienables y las garantías necesarias para que efectivamente la situación laboral del magisterio sea un factor decisivo en el impulso de la calidad de la educación que necesita nuestro pueblo.