El 8 de noviembre pasado, cuando estaba a punto de iniciarse la sesión de apertura del Concejo Municipal de Apartadó, en la zona bananera de Urabá, se presentó un hecho que no se suele ser frecuente en un país como Colombia. Agitando rudimentarias pancartas pintadas a brochazos y gritando consignas de protesta, centenares de personas del pueblo se tomaron las instalaciones del cabildo y las calles aledañas para exigir una solución concreta a un problema concreto; la semana anterior cerca de millar y medio de familias sin techo habían invadido unos terrenos urbanos del Sena y de entidades privadas.
Los destechados ya se habían organizado por su cuenta en un Comité de Invasores, desde algunos meses antes, y después de haberse instalado en sus respectivos lotes realizaron nutridas manifestaciones públicas para denunciar los allanamientos continuos, el garrote, la cárcel y la persecución oficial de que eran victimas. Su lucha se ganó la simpatía de vastos sectores de la población y la solidaridad de numerosos sindicatos, y dentro del cabildo recibió el apoyo irrestricto del compañero Enrique Molinares, concejal del Frente por la Unidad del Pueblo en Apartadó. El mismo día de la inauguración de las sesiones Molinares presentó un proyecto de acuerdo que ordenaba adjudicar los terrenos en cuestión entre los invasores, condenar los atropellos cometidos por la policía y exigir la libertad inmediata de los detenidos, y presionando por la presencia multitudinaria de las barras el órgano municipal que integran además tres liberales, dos miembros del Partido Comunista, uno del Partido Conservador y uno del Nuevo Liberalísimo, se vio obligado a votar unánimemente la proposición.
Lejos de ajar la guardia, el Comité dio la orden de que nadie se moviera de los lotes ocupados hasta cuando la alcaldía expidiera las nuevas adjudicaciones dispuestas por el concejo. En la reunión del 12 de noviembre Enrique Molinares presento un proyecto adicional por el cual se crea el barrio Policarpa Salavarrieta, se autoriza al alcalde para comprar las tierras y cederlas a los invasores, se conforma una Comisión Especial de Adjudicaciones integrada por cinco concejales, y cinco miembros del comité, y se estipula que el municipio debe proveer gratuitamente los servicios y las obras de infraestructura necesarias.
Durante el tercero y último debate del proyecto, programado para el domingo 14 de noviembre, los concejales liberales y del Partido Comunista se dedicaron a interponer todo tipo de trabas de carácter legal con el objeto de impedir la victoria de los destechados y a base de maniobras curuleras lograron expulsar de la Comisión de Adjudicaciones a los miembros del comité, sustituyéndolos por personas de confianza nombradas, por el cabildo. Sin embargo, a pesar de este pequeño traspiés, los invasores persistieron en la lucha y la alcaldía tuvo que expedir los documentos que obligan al gobierno municipal a entregar las tierras en un plazo de 60 días, a más tardar.