A pesar de figurar entre los cinco países que cuentan con el mayor potencial hidroeléctrico del mundo, Colombia soporta varios apagones desde el 29 de septiembre del año pasado.
La incapacidad de la oligarquía liberal-conservadora para resolver los problemas de la nación y su servilismo ante los monopolios extranjeros han conducido al caos y al desbarajuste del sector eléctrico colombiano.
Las dificultades financieras de las empresas públicas, debidas a los onerosos compromisos del endeudamiento externo, la inadecuada planeación, el retraso de las obras iniciadas, las represas mal construidas, los embalses insuficientes, la corrupción y la ineficiencia administrativa, son apenas algunos de los resultados de las políticas que han venido agenciando los distintos gobiernos de turno.
En 1979 el déficit de las instituciones encargadas del suministro de energía fue de 12.000 millones de pesos. Por el solo servicio de la deuda tuvieron que pagar, durante el mismo año, $8.346 millones. Para atender este panorama caótico, la administración Turbay recurrió a contratar nuevos créditos internos y externos, negociar con la banca nacional e internacional, la refinanciación de los empréstitos adquiridos, aumentar los recursos provenientes del presupuesto e incrementar el alza de las tarifas. Dichas medidas se traducen en una mayor carga para las masas laboriosas de la ciudad y el campo, a las que el Estado obligará a sufragar los cuantiosos faltantes.
Los pretextos oficiales
En su afán de salvar al gobierno de cualquier responsabilidad, algunos funcionarios obsecuentes explican la actual situación por la falta de lluvias, y otros, como el alcalde de Bogotá, por el deterioro ecológico. Pero en realidad no se han construido los embalses suficientes para regular el caudal de ríos en épocas de inundación, y la casi totalidad de los que funcionan están mal diseñados. No hay capacidad de almacenamiento. En la capital se ha llegado incluso al extremo de tener que abrir con frecuencia las compuertas del Sisga y botar millones de metros cúbicos que anegan la Sabana y ocasionan desastres como el de Patio Bonito. Durante los inviernos de los últimos tres años las crecientes dejaron sin techo y en la ruina a miles de familias en la mayoría de los departamentos. Siempre que acontecen tales desgracias los mandamases se escudan en los fenómenos naturales para justificar la ineficacia de sus proyectos. Sin embargo, la pobrecía, en su diario batallar, ha empezado a comprender que su verdadera tragedia es la dominación del imperialismo norteamericano y la opresión de la oligarquía.
De las 600.000 hectáreas de bosques que se destruyen anualmente, el Inderena sólo recolecta 22.000. Para ocultar su ineptitud el Ejecutivo da una explicación amañada al problema de la deforestación de las cuencas hidrográficas, al hacer recaer el peso de la culpa en colonos y pequeños agricultores y exonerar a terratenientes y empresas monopolistas que saquean los recursos maderables.
Continúa el racionamiento
Como si lo anterior no bastara, las autoridades y su séquito de tecnócratas han orquestado una nueva campaña tendiente a responsabilizar a los colombianos de la prolongación del racionamiento en el fluido eléctrico. Cuando se iniciaron los cortes de luz, el gobierno nacional se comprometió a suspenderlos en los primeros días del mes de abril pasado. Hoy afirma que continuarán durante uno o dos años más.
La falta de seriedad del Estado queda aún más patente si se recuerda que en 1970 las empresas del sector estimularon el consumo masivo de energía. En aquel año se les dijo a la población y en particular a los bogotanos: “Instale en su casa sistema trifásico (…) usted tendrá energía para todos los usos (…) La energía eléctrica no se acaba de la noche a la mañana como el gas, un combustible de intermitente abastecimiento”. Hoy, once años después, le aconsejan al país: “Ahorre energía, no bote corriente”. Cambio tan radical tiene su razón de ser en que el régimen no ha respondido, ni puede responder a las necesidades del desarrollo nacional. Para satisfacer la creciente demanda, que proviene fundamentalmente de los sectores urbano e industrial, se necesitaría duplicar, cada siete años, la capacidad instalada del complejo eléctrico.
La situación se torna más grave si se toman en cuenta las deficiencias protuberantes de los montajes actuales. En la Sabana de Bogotá, los embalses de Neusa, Sisga y Tominé tienen capacidad para contener 888 millones de metros cúbicos de agua pero hace poco sólo disponían de 154.
La represa de Calima, en el Valle del Cauca, no puede poner a funcionar las cuatro turbinas porque de hacerlo se secaría el lago del mismo nombre. Para la construcción de esta obra primó el criterio de la valorización de las tierras de los terratenientes y no el de los requerimientos técnicos. Los monopolios constructores extranjeros, con tal de lograr la adjudicación de los contratos, efectúan estudios acomodaticios. Por errores de diseño la represa de Prado, en el Tolima, únicamente puede producir el 30% de la energía prevista. En el proyecto de Chingaza se realizaron excavaciones inadecuadas, que ocasionaron un retrazo de 36 meses e hicieron pasar su presupuesto de 5 mil millones a once mil. Los anteriores casos son tan sólo unos pocos ejemplos. El futuro no es nada prometedor, ya que los nuevos planes no escapan tampoco a la improvisación y al chanchullo. Las diez mayores presas en construcción están retrasadas. En 1985 y 1986 la oscuridad podrá ser aún más oscura.
Una de las características de los países desarrollados es su alto grado de utilización de energía eléctrica. En Colombia el atraso se manifiesta en este aspecto como en ningún otro. Nuestro consumo por persona es de 518 kilovatios-hora-año, mientras que, por ejemplo, en los Estados Unidos alcanza a 7.123. No solamente estamos por debajo del promedio latinoamericano, sino que incluso poseemos uno de los índices más exiguos del mundo.
Alza en las tarifas
La causa de la crisis financiera de las empresas encargadas de la electrificación se encuentra en la política de entrega de las mismas al imperialismo norteamericano. Su endeudamiento externo las ha conducido a la insolvencia. Se estima que aquellas entidades deberán pagar, a partir de 1985, cerca de mil millones de dólares anuales por el servicio de la deuda.
Con la campaña de ahorro de energía el gobierno pretende imponer un alza desmedida en las tarifas. Ahora se habla de la autofinanciación. Solamente el cinismo de las autoridades supera su indolencia. Cuando era gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, el actual ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, manifestó en un seminario que se realizó en la Universidad de los Andes, entre el 22 y el 24 de octubre de 1979, “que el criterio actual de incrementos graduales aplicados mensual y bimensualmente es un criterio sano que disminuye por lo menos sicológicamente, el impacto de las alzas tarifarias”. Dos años más tarde, siendo ya miembro del gabinete, insistió: “El mejor mecanismo para lograr un uso racional de la energía es a través de una política de precios”. El incremento de las tarifas es tal que en Bogotá llegará este año al 60%, según el estimativo oficial.
La iniciativa de las medidas no brotan espontáneamente del Palacio de Nariño, sino de las imposiciones de la banca internacional. El señor Durán Dussán, alcalde de la capital, al instalar el presente periodo de sesiones del Concejo, reconocía con desvergüenza su docilidad ante los amos extranjeros: “Hemos discutido muy a fondo con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo la situación de tarifas en relación con los créditos que necesitamos para los ensanches que están programados como el del Guavio, por ejemplo, y las entidades crediticias encuentran que los ingresos tarifarios que poseemos son insuficientes”.
Para los monopolios extranjeros se fijan tarifas subsidiadas. Es el caso de la Exxon que negoció con el gobierno, para el proyecto de El Cerrejón, el costo del servicio a $1.20 el kilovatio-hora, cuando en el departamento de La Guajira se le cobra a la industria $2.82, y a la población entre $1.91 y $3.63.
La suspensión del servicio de luz y el alza en el precio del fluido perjudican básicamente la producción nacional. Durante los primeros cuatro meses de racionamiento en Bogotá quebraron varias pequeñas industrias y las ventas de los comerciantes menos pudientes se redujeron en forma considerable. El director de la Andi, seccional Barranquilla, expresó que en 1980 las tendencias del suministro eléctrico en la capital del Atlántico “le representaron al sector (industrial) pérdidas por más de mil millones de pesos”. A su vez, pequeños y medianos empresarios de la ciudad de Medellín señalaron que sus actividades se habían visto seriamente afectadas.
Mientas las perspectivas del país en el campo de la energía eléctrica, como queda demostrado, son realmente negras, y las autoridades someten al pueblo a los lesivos apagones y al incremento de las tarifas, la oligarquía paga menos y derrocha irritantemente, sin tasa ni control, tan necesario recurso.
Las zonas residenciales donde habitan personajes influyentes, los suntuosos edificios, los clubes de la clase alta, permanecen permanentemente iluminados. Pero la rebeldía de las masas ha empezado a brotar. Los mineros de la antigua Gold Mines, echaron a la deriva un planchón repleto de mercancías de propiedad de la compañía, en señal de protesta, porque al tiempo que a ellos se les negaba la electricidad al monopolio no le falta nunca. Actos como éste habrán de generalizarse a lo largo y ancho de Colombia.