Bajo las últimas lluvias del invierno, miles de jóvenes desfilaron en repetidas ocasiones por las principales avenidas de Ciudad de Panamá para repudiar la ley que organiza la universidad y que fue sancionada el 9 de junio por el gobierno que preside Arístides Royo. Desde finales de mayo las demostraciones contra el proyecto oficial se habían acrecentado y vuelto más beligerantes. En una clara provocación, uniformados de la Guardia Nacional ocuparon violentamente una noche los predios universitarios. Diez estudiantes resultaron con heridas de consideración. Sin dejarse arredrar, una vez más, el 11 de junio, los alumnos recorrieron la Avenida Central con una larga marcha. Al pasar frente al Palacio Legislativo, fueron saludados exclusivamente por centenares de obreros del sector de la construcción que permanecían allí para exigir la aprobación de un decreto de reajuste de salarios.
El actual movimiento de los estudiantes panameños se inició desde septiembre del año pasado, cuando se reanudaron las protestas contra el decreto 144 de 1969, que reglamentó el funcionamiento de la Universidad de Panamá, única entidad de educación superior pública que existe en el vecino país. Por medio de ese decreto, el gobierno militar que consiguió el poder luego del golpe de Estado de 1968 quiso someter y controlar a las mayorías del alma mater. La medida eliminó la autonomía de la institución, abolió la libertad de cátedra, integró un consejo directivo con personas ajenas a los problemas de la docencia, dio vía libre para que el Ejecutivo interviniera en los asuntos internos de la universidad y la manejara como un Ministerio más, creó un llamado “cuerpo de seguridad” para reprimir a la izquierda y liquidó las posibilidades de organización política del estudiantado.
En el segundo semestre de 1980 los alumnos, el profesorado y los trabajadores del centro docente prosiguieron la batalla y se fusionaron en un organismo de dirección, la Coordinadora Estudiantil Universitaria. A nivel de masas se discutió entonces un proyecto de ley para oponerlo al 144, conocido como “decreto mordaza”. Una vez más volvieron a escucharse las consignas que demandaban “una educación nacional, democrática, científica y popular”; la derogatoria del 144; la instauración de un efectivo gobierno con la participación paritaria y proporcional de profesores y estudiantes; la eliminación del “cuerpo de seguridad”; el aumento del presupuesto; la elección democrática del rector, decanos y demás integrantes de los organismos colegiados; el respeto a la autonomía y a la inviabilidad del alma mater por parte de los militares; el reconocimiento de las organizaciones de los profesores y educandos, y otras reivindicaciones.
Ante la combativa posición de la mayoría de los 29.000 matriculados y de los 2.000 catedráticos, el Consejo Nacional de Legislación se vio obligado a discutir un proyecto de ley que sustituyera el decreto 144. Sin embargo, el régimen de Royo-Torrijos y los parlamentarios voceros de las corrientes gobiernistas, como el Partido Revolucionario Democrático, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal, vetaron el proyecto 51, presentado por la comunidad universitaria, y respaldaron el proyecto 67, auspiciado por la reacción. En esta tarea contaron con el apoyo del Frente de Reforma Universitaria, organización juvenil del Partido Revolucionario Democrático, principal sostén de Royo y Torrijos, y con la labor de zapa del Frente Antiimperialista Universitario, instrumento del Partido del Pueblo, agente del socialimperialismo soviético en el Istmo.
En la concordancia con la política melindrosa con la que La Habana le da su visto bueno a Royo y a Torrijos, los revisionistas panameños decidieron torpedear la batalla estudiantil, aduciendo que no querían favorecer las posibilidades de un golpe de Estado de la derecha. Años atrás, en 1976, estos mamertos centroamericanos habían incurrido en una traición igualmente execrable, cuando numerosos sectores de la clase obrera se levantaron a combatir contra la ley 95, que recortó importantes derechos sindicales. Entonces el llamado Partido del Pueblo se marginó de la pelea y descaradamente anunció que era preferible aceptar la voluntad oficial para no entorpecer la firma del tratado Carter-Torrijos, que ya también había sido criticado por varias organizaciones de la izquierda, entre ellas el Buró de Reconstrucción del Partido Comunista de Panamá.
Después de ignorar los planteamientos estudiantiles y de sofocar con gases lacrimógenos y a bayoneta las concentraciones públicas, el presidente Arístides Royo estampó su firma en la nueva ley que reglamenta la Universidad de Panamá. Millares de alumnos y profesores regresaron a las vías y dieron rienda suelta a su indignación. Las muestras de repulsa a la injusta medida se extendieron a los centros regionales universitarios de provincia, dependientes de la sede central. Todo el pueblo panameño vio con manifiestas pruebas de simpatía la beligerancia estudiantil. Sólo los partidos de la oligarquía y los intermediarios de Moscú y La Habana aprecian con buenos ojos los dictados de Royo y Torrijos, que han conducido a Panamá a una grave situación económica y social, con una tasa de desempleo que sobrepasa el 20 por ciento y una deuda externa de casi 4.000 millones de dólares. Contra este estado de cosas han venido mostrando su desavenencia los de abajo. Apenas en lo que va corrido del año se destacan las movilizaciones de los trabajadores de la caña, de las fábricas de aceite, de la bananera Chiriquí Land Company, de los puertos de Cristóbal y Balboa, del Ministerio de Obras Públicas, de Air Panamá, de la construcción y de las factorías de utensilios de aseo. Hay que subrayar además la creciente hostilidad de las masas contra la prolongación de la presencia norteamericana en la Zona del Canal y contra el tratado Carter-Torrijos.