Nuevas tragedias han venido a engrosar la abrumadora lista de accidentes laborales. El 17 de enero, once trabajadores murieron y veinte sufrieron graves heridas al hacer explosión el gas metano acumulado en un túnel de la represa de Chingaza, situada al oriente de Bogotá. Como se pudo comprobar, el hecho se debió a la negligencia del consorcio contratista, la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de México, que descuidó el mantenimiento en los tubos de ventilación. Un accidente similar, que se produjo en 1978, había costado la vida a cinco obreros.
En Armenia, el 12 de enero, perecieron ahogados ocho trabajadores que limpiaban de escombros un canal subterráneo construido hace 50 años. En este sitio laboraba una cuadrilla compuesta por treinta hombres, cuando un violento aguacero hizo crecer el caudal del alcantarillado. La empresa contratista sólo disponía de una escalera para evacuar a los obreros y, para colmo, la tarea de salvamento no se comenzó a tiempo.
Entre el 15 y el 25 de enero, debido a una contaminación del agua potable, resultaron intoxicados cuarenta trabajadores en la fábrica de camisas Manhattan de Bogotá. Cuatro de ellos fallecieron posteriormente. Desde hace cuatro meses se venían detectando filtraciones de aguas negras en las tuberías del acueducto, sin que la empresa distrital pusiera ningún remedio.
Y el 22 de enero, en la represa de San Carlos, Antioquia, que asimismo construye la empresa mexicana ICA, otra explosión segó la vida de un trabajador e hirió a tres más, por causa de una dinamita en mal estado que estalló antes de tiempo.
Pese a que son innumerables los accidentes laborales, el gobierno se niega a poner en marcha un programa serio de seguridad industrial, para no lesionar los intereses de los patronos. Bajo este régimen, el obrero debe exponer a diario su vida para tener derecho a un salario.