240 días de paro cumplieron 86 asalariados de Carbones San Fernando, de Amagá, mientras seguía sin resolverse la ambigua situación creada por el Ministerio del Trabajo, que convocó tribunal de arbitramento y declaró al mismo tiempo la ilegalidad del conflicto. La empresa es propiedad de José Betancur.
Hernán Taborda, presidente del Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, informó, que, según el Ministerio, está vigente la última resolución. Con todo, señaló Taborda, la compañía se rehúsa a admitir el reingreso de los trabajadores a sus puestos, lo que equivale al despido colectivo.
El mismo José Betancur, propietario también de la mina Excarbón, de Titiribí, viene instigando la ilegalización del cese de actividades que allí adelantan 50 compañeros. Denunció Taborda que en esta última empresa los mineros a duras penas perciben el mínimo, debiendo laborar en condiciones completamente adversas y riesgosas, sin implementos personales ni de seguridad y sin ventilación en los socavones. La subdirectiva del sindicato en Titiribí está exigiendo el 90 por ciento de aumento en los sueldos.
La posición del sindicato
Según lo manifestó César Ortiz, presidente de la organización sindical, las ofertas salariales de la empresa en la etapa de prehuelga tan sólo beneficiaban a 654 trabajadores, los más calificados técnicamente, pero dejan por fuera al resto; de ahí que el sindicato hubiera tenido que rechazarlas.
“Nosotros pedimos aumento de 100 pesos para el primer año y de 100 para el segundo, mientras que las ofertas de la compañía para el grueso del personal no superan los 63 pesos, oferta completamente inaceptable si se tiene en cuenta que el jornal mínimo en Coltejer es de 194 pesos, inferior al de Fabricato, en tanto que las ganancias de la compañía en el último semestre pasaron de los 1.000 millones de pesos”.
Dijo también que para los obreros sindicalizados es de vital importancia la estabilidad, dada la gran cantidad de despidos sin justa causa registrados en los dos últimos años (más de 800), y añadió que sobre este punto la empresa nada había ofrecido.
Finalmente, Ortiz protestó por el cierre de las siete escuelas de Coltejer, medida que perjudica a más de dos mil niños, hijos de trabajadores. “Aunque ya comenzaron las represalias de los capitalistas y las primeras detenciones (el 19 de febrero fueron capturados cien huelguistas durante un desfile), el movimiento continua firme y el sindicato está dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias”, concluyó el dirigente.
Acuerdos en Fabricato y Tejicóndor
Con alzas de 75 pesos diarios para el primer año y de 82 para el segundo, el sindicato de Fabricato suscribió nueva convención colectiva el 20 de febrero, en beneficio de nueve mil trabajadores. La organización de base conquistó asimismo incrementos en las prestaciones extralegales, principalmente en las primas de servicio y vacaciones, así como en los Fondos de Educación y vivienda.
El arreglo anterior fue seguido de otros muy similares en Tejicondor y Riotex. En Tejidos el Condor, el Sindicato había decretado un paro el pasado 22 de febrero. Cerca de tres mil operarios abandonaron a las 9 de la mañana las instalaciones de la compañía en Medellín y Barbosa; 48 horas después, los patronos accedieron a las demandas del sindicato, suscribiendo aumentos de 75 y 80 pesos para 1980 y 1981, respectivamente.
Al mismo tiempo, más de doce mil obreros de Vicuña, Everfit-Indulana, Pepalfa, Vestex y otras empresas, adelantaban los últimos contactos con los voceros patronales ante de hacer efectivo el cese, ya aprobado por las asambleas de los sindicatos.