Haciendo uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 8ª de 1979, el Presidente de la República expidió el 22 de enero del presente año los decretos leyes números 80, 81 y 82, sobre Reforma Universitaria y reorgánicos de la Universidad Nacional y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
Con los mencionados decretos se consolida un régimen antidemocrático en las universidades oficiales, se elimina por completo cualquier rescoldo de autonomía en ellas, se suprime la libertad de cátedra y, por lo tanto, se coarta la investigación y el desarrollo científico, y se reprime, a estudiantes, profesores y trabajadores. De esta manera logra el mandato turbayista lo que durante los últimos veinte años y por todos los medios trataron de imponer los gobiernos de turno; una reforma inspirada por el imperialismo norteamericano antipopular, antinacional y represiva.
Orígenes de la reforma
La legislación sobre la educación post-secundaria o superior no es otra cosa que la aplicación más acabada de todas las recomendaciones de la Misión de la Universidad de California de 1966, de la Misión de la Unesco de 1971, del Plan Decenal de Educación de la Alianza para el Progreso y del Programa del País PNUD–Unesco. Es la materialización de toda una política trazada y financiada por las agencias imperialistas desde principios de la década del sesenta, que parte del informe Atcon, sigue con la alianza para el Progreso y el Seminario de El Paso (Texas), de los cuales surge el Plan Básico de la Educación Superior. Este último, que sirve de fundamento de la reforma, fue financiado por la AID, agencia gubernamental de los Estados Unidos para la América, y contó con la asesoría de la Universidad de California.
Entre los puntos más importantes tratados por los rectores de las universidades oficiales colombianas, quienes se reunieron en la de California, invitados por la AID, tenemos los siguientes: el exceso de universidades; la tecnificación de la administración universitaria y la selección cuidadosa del personal directivo y docente para controlar la subversión estudiantil; el establecimiento de un sistema de educación superior con dos tipos de instituciones, uno para carreras intermedias y otro para carreras universitarias, coordinado por un solo organismo de planeación. ICFES. La Educación superior en Colombia. Documentos Básicos para su Planteamiento
En el mismo documento sostienen los sectores: “De poco valdrán todos los esfuerzos que se hagan para perfeccionar la educación superior si, por una parte, el estudiantado colombiano no reacciona contra las minorías extremistas… y por otra parte, el gobierno, las autoridades universitarias y los líderes de la sociedad no rechazan con mayor firmeza las actitudes débiles o complacientes hacia el desorden y el desacato de los reglamentos y las leyes.
Estas han sido, entre otras, las pautas que han orientado la legislación sobre la educación superior y que quedan plasmadas en los Decretos Leyes 80, 81 y 82 de 1980.
Como el Plan Básico careciera de una base institucional, el Ministro de Educación del gobierno de Pastrana, Luis Carlos Galán, presentó en 1971 a consideración del Congreso su plan de reforma universitaria. Esta fracasó como resultado del vigoroso movimiento estudiantil que se levantara ese año contra toda la política educativa y que a su vez conquistara el gobierno en las Universidades Nacional y de Antioquia. Pero esta corta etapa de reivindicaciones democráticas, adquiridas por la movilización masiva de los estamentos universitarios, fue cortada por Pastrana Borrero en 1972 utilizando el estado de sitio. Se inicia, entonces, una época marcadamente represiva, con la generalización de los llamados muy apropiadamente “rectores policías”.
Posteriormente, en el mandato de López, y después del efímero “experimento marxista” de la rectoría de Luis Carlos Pérez en la Nacional, viene la militarización permanente de los establecimientos educativos y la expulsión de profesores y estudiantes con los pretextos más baladíes.
Institucionalización de la autocracia
Los pocos vestigios de autonomía universitaria que aún quedaban fueron eliminados por la reforma de enero. Las universidades pierden todas las posibilidades de que sus determinaciones académicas sean tomadas democráticamente por los estamentos básicos.
El Decreto Ley número 82, reorgánico del ICFES, determina que este establecimiento público es el auxiliar del gobierno y del Presidente para la dirección, reglamentación, inspección y vigilancia de la educación superior, y le da amplios poderes para llevar a cabo dichas funciones.
De acuerdo con el artículo segundo del mencionado decreto, le corresponde a este organismo, entre otras cosas, evaluar las instituciones de educación superior y los programas de las diferentes modalidades educativas; elaborar y proponer proyectos de normas reglamentarias; suspender o cancelar los programas y determinar los contenidos mínimos de ellos, y fijar los niveles requeridos para el ingreso a las universidades, mediante “exámenes de estado” obligatorios.
Por otra parte, tenemos la estructura de dirección en los centros docentes, hecha de tal manera que le permite al mandatario de turno ejercer un estricto control sobre ellos. El rector, quien es el representante directo del Presidente de la República, queda con poderes autocráticos y domina los consejos académico y directivo.
Lo anterior le permite al Estado tener injerencia total en las actividades de los centros universitarios. Ni siquiera les deja a estos expedir autónomamente su Estatuto General, pues aunque elaborado por el respectivo Consejo Superior, debe contar para su vigencia con la aprobación del Gobierno Nacional.
Así, pese a que la palabra “autonomía” es incorporada a la legislación, lo cierto es que en la práctica desaparece por completo.
Investidos de omnímodos poderes, los rectores poseen entre las más significativas de sus funciones, las de nombrar, remover, evaluar y sancionar al personal docente y presentar ternas de candidatos para la elección de los decanos.
Antidemocrática y anticientífica
El carácter colegiado del Consejo Superior, aunque se mantiene en los decretos, y que podría significar un elemento de democracia, no pasa de ser una ilusión. El gobierno impone allí una mayoría de cinco representantes directos e indirectos suyos, contra un profesor y un estudiante.
Además de dejar a la universidad sin ningún asomo de autonomía y darle una dirección autocrática, se busca reducir a sus estamentos básicos a una situación de impotencia que les impida disentir y oponerse al asalto ideológico que en favor de los monopolios y las clases dominantes ha emprendido el mandato continuista de Turbay.
El principal instrumento para realizar esa política consiste en la clasificación de los profesores como empleados públicos de “régimen especial”, que los cataloga de dependientes de confianza, de libre nombramiento y remoción por parte del rector. Los profesores de cátedra, que constituyen la gran mayoría, no son ni trabajadores oficiales ni empleados públicos. La relación laboral de los profesores de cátedra se hace mediante “un contrato administrativo de prestación de servicios”, a término fijo, que extiende a la universidad pública la inestabilidad y la explotación propias de las universidades privadas-. El artículo 99 del Decreto 80 deja abierta la posibilidad de aplicar el mismo sistema a los de tiempo completo. Estos últimos podrán, también, verse obligados a distribuir su jornada laboral entre dos o más instituciones. Se crea la figura del traslado (utilizada en otros tiempos para perseguir al magisterio) como un factor adicional de represión y se eleva a la calificación de abandono del cargo, si dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se les comunicó el traslado, el educador no ha asumido el nuevo.
Todo lo anterior hace imposible la libertad de cátedra, una de las condiciones para el desarrollo de la ciencia. Una universidad bajo la férula del Estado, donde se ha establecido una rígida jerarquía interna independiente de un funcionario del gobierno; sin autonomía académica y con un profesorado recargado de trabajo y amenazado por la inestabilidad, no puede ser científica ni estar al servicio del país y del pueblo. El personal docente, sometido de esa manera, carece de las mínimas garantías para una libre expresión. Es por eso que la reforma ha sufrido el más amplio rechazo. Desde cuando se conocieran los anteproyectos, estudiantes y profesores, especialmente la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, se han pronunciado en diferentes oportunidades contra ella, señalando tanto su carácter antinacional, represivo y antidemocrático, como su papel de obstrucción a cualquier manifestación y avance científicos.
Todo el pueblo colombiano debe apoyar a estudiantes y profesores en su lucha contra la actual política educativa y en defensa de la autonomía universitaria; por la financiación total y adecuada de las universidades por parte del Estado; por la libertad de cátedra y de investigación; por la reivindicación del derecho de los profesores y estudiantes a participar decisoria y mayoritariamente en la dirección de los planteles docentes; por el derecho de organización, movilización y huelga de profesores y trabajadores, así como por el reconocimiento de los derechos democráticos de los estudiantes, y en defensa del derecho de elaborar autónomamente el Estatuto Docente y el Reglamento Estudiantil.