Conforme a recientes denuncias aparecidas en la gran prensa, la Empresa del Tren Metropolitano de Medellín y del Valle de Aburrá, haciendo a un lado propuestas más ventajosas en calidad, experiencia, formas de pago y de financiación, adjudicó la construcción de la obra al grupo hispano-alemán Entrecanales RFA, por un valor superior en 155 millones de dólares (unos 15.000 millones de pesos) al precio ofrecido por otros competidores como el Grupo Mecolin o el Grupo Francés. El resultado de una de las más importantes licitaciones públicas abiertas en Colombia ha despertado amplios y diversos comentarios, no sólo por las demandas de los consorcios perdedores que señalan la existencia de serias irregularidades en la adjudicación, sino por la posible intervención de altísimos funcionarios de los gobiernos de Colombia y España en beneficio de los favorecidos. Sobre el primer aspecto es conveniente destacar que además de ignorarse mejores alternativas, tales como el aporte gratuito del gobierno británico por US$ 60 millones y la compensación comercial con carbón colombiano por US$ 150 millones, la Empresa hizo caso omiso de las incompatibilidades de Entrecanales RFA derivadas de sus vinculaciones con la firma consultora Electrowatt. Para colmos, la Empresa agregó unilateralmente la suma de USS 82 millones al precio base presentado por una de las compañías, lo cual colocaba a ésta en desventaja frente a los otros licitantes. Las denuncias, como se nota, son supremamente graves.
Sin embargo, el gobierno no ha respondido los cargos y el Primer Magistrado se redujo a pedirle al Procurador, Carlos Jiménez Gómez, que adelantara la investigación del caso. Pero dicho funcionario, como lo sabe el país, se cuenta dentro del selecto círculo de los más íntimos y allegados del señor Betancur, quien prácticamente lo impuso en el Ministerio Público para que fuera el fiscal de sus actos.
Se conoce igualmente que la empresa oficial fundada para la construcción de la obra está compuesta por quince miembros, diez de ellos representantes del jefe del Estado y cinco altos dignatarios de la administración seccional, o sea que la entidad depende directamente de la Presidencia. Asimismo, no faltará quien recuerde que el actual moralizador de la república realizó en no remoto pasado negocios con determinados monopolios europeos, especialmente ibéricos. Y si a esto se agrega que en la licitación hubo errores, irregularidades y omisiones, el asunto pasa de castaño a oscuro.