A solicitud del alcalde de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca viene gestionando la clasificación de los 14.00 trabajadores distritales como empleados públicos. La medida es una de las condiciones impuestas a Gaitán Mahecha por los prestamistas norteamericanos.
Sin esperar los resultados de la demanda, el gobierno ha puesto en práctica una serie de disposiciones encaminadas a obstaculizar la contratación colectiva. En el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el alcalde condicionó el aumento salarial al reconocimiento de la clasificación por parte de los sindicalizados. En la Energía, los trabajadores denunciaron permanentes violaciones a la convención y exigieron la abolición del sistema de contratistas. Se informó, por otra parte, que más de cien activistas fueron lanzados a la calle en la Empresa de Acueducto, en represalia por su participación en las recientes movilizaciones, que culminaron a finales de febrero con la firma de significativos acuerdos convencionales.
Las ocho organizaciones sindicales del Distrito anunciaron paros parciales y mítines y dijeron que están dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la Reforma Administrativa.