Comprando conciencias, Indupalma mantuvo detenidos por más de cuatro años, en represalia por la huelga de 1971, a cinco directivos del anterior sindicato, entre ellos Víctor Moreno, dirigente nacional del MOIR. Despidió a 970 de los que participaron en ese movimiento, y luego, para desterrar cualquier vestigio de organización, arrasó con buldózer la sede sindical. Hace poco consiguió que el Ministerio de Trabajo negara la personería jurídica al sindicato.
Protegida por sus directivos, que se mueven a sus anchas entre los reducidos círculos del Poder, la empresa desconoce el salario mínimo, no paga prestaciones sociales, obliga al personal a laborar hasta 16 horas diarias bajo los rigores del clima tropical, no reconoce ni horas extras ni dominicales y, al igual que la United Fruit en 1928, no responde por los trabajadores, porque los 3.000 que laboran a sus órdenes son enganchados por contratistas independientes.
A disposición de Indupalma permanece un batallón del ejército, acuartelando dentro de las plantaciones, que más parecen campos de concentración. Se suman 200 ó más agentes del DAS encargados de vigilar los pasos de los obreros. Los capataces andan armados, con revólver al cinto, y rodeados de tropa.
Pero este despliegue de fuerzas e influencia de nada sirvió a la hora de la verdad. Los animosos obreros bloquearon el pasado 17 de agosto la entrada a las plantaciones, desafiando al ejército, y declararon que no reiniciarán labores hasta tanto no se negocie el pliego de peticiones presentado hace meses, sean reintegrados 80 activistas despedidos en las últimas semanas y cese la retención indebida de salarios.