Centenares de asalariados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, sitiaron el 20 de octubre las oficinas administrativas e impidieron toda actividad laboral durante 24 horas. Ante el éxito de la iniciativa, el sindicato anunció nuevos paros escalonados en apoyo al pliego de peticiones presentado el 29 de julio. Las tareas que se avecinan serán coordinadas con los sindicatos del Ministerio de Hacienda y de la Administración Postal, a través de un comité unitario.
Los 2.170 trabajadores del Codazzi fueron clasificados desde 1968 como empleados públicos, recién expedida la Reforma Administrativa de Lleras Restrepo. Ahora, siguiendo el ejemplo de sus compañeros del Ministerio de Hacienda, se disponen a quebrantar la arbitraria legalidad que les cercenó los derechos de huelga, organización y contratación colectiva.
La Administración Postal
6.200 empleados de la Administración Postal se aprestaban entretanto para iniciar la batalla por aumentos salariales, congelados desde hace dos años. El Consejo Consultivo del sindicato, que se reunió el 1 de noviembre, aprobó un plan de lucha y autorizó al comité ejecutivo para poner en práctica las medidas que considere indispensables. El sindicato protestó contra la persecución desatada por la Administración Postal en Barranquilla y denunció que continúa detenido Diego Hoyos, directivo de la seccional de Manizales.
El Dane
Los trabajadores del DANE dieron comienzo a una jornada nacional de lucha aprobada por el sindicato, para presionar el pago de salarios retenidos en los dos años anteriores. Se calcula que el valor total dejado de pagar por esa entidad asciende a $5 millones. La organización sindical reclamó además la libertad de varios trabajadores detenidos y la solución del pliego de peticiones.
El Banco Popular
El 7 de noviembre se iniciaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por 6.000 trabajadores del Banco Popular, que exigen $2.500 de aumento salarial al mes y el reintegro de 517 destituidos a raíz de la pasada huelga. Directivos del Sindicato dijeron que el Banco Popular, con sede principal en Calí, se niega a dar solución al problema de los despedidos. Los trabajadores están presionando, mediante mítines y movilizaciones, la satisfacción de sus reclamos.
La Caja Agraria
La junta directiva nacional de Sintracreditario, reunida en Bogotá el 1 y 2 de noviembre, denunció el despido de 600 trabajadores y anunció la realización de marchas por las principales ciudades el 18 de noviembre, como respuesta inmediata a la persecución desatada por la entidad. El sindicato condenó los resientes comunicados de prensa en los que el gerente de la Caja Agraria divulgó un supuesto plan de sabotaje contra la administración. Esta provocación ha sido el pretexto para lanzar a la calle a 25 asalariados semana tras semana.
Con las acciones programadas, los 13.000 trabajadores enfrentarán también la rebaja de los salarios, ocasionada por recientes medidas oficiales.
Idema
Según denuncia formulada por el sindicato, el Idema ha despedido en 10 meses a más de 2.500 empleados, alegando el «recorte de burocracia». Dejando al descubierto la falacia de tal argumento, un resiente boletín sindical afirmó que la cancelación de contratos no afecta a los empleados situados en los niveles superiores del escalafón, sino a los que perciben los salarios más bajos.
Los sindicalizados culparon directamente al gobierno de la situación: «Se trata de una táctica novedosa en la aplicación de la Reforma lopista que busca eliminar los derechos democráticos de los asalariados del Estado; ella consiste en suprimir, mediante la destitución colectiva, los cargos de los trabajadores que todavía figuran como oficiales». Tal atropello cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, que en abril autorizó al Idema para proceder al recorte masivo de personal.
Los 3.500 trabajadores se disponen a lanzarse al combate en defensa de la estabilidad. El sindicato convocó a la asamblea nacional para comienzos de 1978.