Tras cuatro cierres violentos que han mantenido a la Universidad Nacional clausurada intermitentemente por cerca de 500 días en los tres años y tres meses que van corridos de su gobierno, el demagogo de San Carlos ha decido reabrir el principal centro de educación del país, bajo un régimen rectoral despótico, con la bandera de una “reestructuración a fondo”.
Amparados en el decreto 1162, López Michelsen, su ministro Rivas Posada y el nuevo rector policía Emilio Aljure Nasser, perteneciente a la corriente llerista del liberalismo, se empeñan en implantar los programas educativos elaborados en los Estados Unidos. Con este fin, piensan llevar a cabo una tenebrosa reestructuración que consiste en instaurar cuerpos policivos internos, cercar el plantel como si fuera un campo de concentración, imponer el sistema de carnetización, despojar al estudiantado y al profesorado de todos sus derechos y suprimir por completo las libertades democráticas.
Pronunciamiento de los profesores
Ante esta andanada, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) señaló en una declaración que López Michelsen ha intentado imponer durante todo su gobierno, a la sombra de las Naciones Unidas, una reforma educativa reaccionaria en la Universidad para que ésta quede “al servicio de los partidos liberal y conservador” y para “ suprimir la libertad de cátedra y de expresión, dividir la organización profesoral, clasificar al profesorado como empleados públicos, adelantar una política de autofinanciamiento suprimiendo las residencias estudiantiles, fomentando el crédito educativo mediante la fórmula “estudie ahora pague después”, disminuyendo el presupuesto real y quitándole la autonomía en la fijación de sus necesidades presupuestales”.
“El cierre de los centros de educación superior, sus repetidas militarizaciones, los decretos de Estado de Sitio de tinte fascistoide – continua – no son sino el efecto y el resultado de una política que ha contado con la repulsa de los estamentos universitarios en las distintas universidades del país, como la de Nariño, la de Caldas, la del Atlántico, la Surcolombiana, la de Santander y otras, en donde se ha recrudecido la lucha en oposición a la arremetida reaccionaria contra la educación colombiana”.
Luego de desenmascarar la alianza de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN) con el rector Aljure a cambio de cargos directivos y decanaturas, ASPU resumió las condiciones en que fue reabierto el claustro docente: “Los organismos académicos del profesorado quedaron disueltos y anulada la representación profesoral y estudiantil en los cuerpos directivos; se atomizó la Facultad de Ciencias Humanas y se suprimió el Departamento de Ciencias de la Educación”.
“El gran movimiento de la clase obrera y el pueblo que fue el Paro Cívico Nacional, la lucha de FECODE, los trabajadores petroleros y otros sectores, así como avances importantes en la unidad de acción en la lucha cotidiana, son elementos que conforman un marco positivo para la recuperación del movimiento universitario”, concluyó el documento.
Declaración de la Jupa
Por su parte, la Juventud Patriótica (JUPA), organización juvenil del MOIR, expidió un comunicado en el que señala que el actual gobierno quiere poner en marcha en la universidad a sangre y fuego “el dictado de los monopolios imperialistas en materia educativa, en concordancia con los programas de explotación y saqueo de nuestra nación. La mentalidad servil de este mandato no puede hacer cosa distinta que incorporar a la legislación colombiana lo aprobado en los distintos organismos internacionales manipulados desde Washington y pugnar con el apoyo de las bayonetas, porque se ponga en práctica, continuando la antipatriótica obra de la microscópica coalición gobernante”.
Denuncio además que el rector ordenó “revisar la hoja de vida de todos los estudiantes, para preparar la masacre académica” en lo que el ministro entiende por “reducir la universidad a proporciones manejables”.
Asimismo, hace un llamado a combatir contra el nuevo reglamento académico y “por la recuperación del bienestar estudiantil, la libertad de cátedra e investigación, la adecuada financiación estatal, la reapertura total del Hospital de la Hortua, la expulsión del rector policía y de todo su aparato inquisitorial y la implantación de un régimen democrático con participación decisoria de profesores y estudiantes”.
“De lo que puede estar seguro este gobierno, agobiado por el desprestigio, descompuesto por la corrupción y condenado históricamente por la lucha de las masas laboriosas, es que no será en los claustros universitarios en los que encontrará el sosiego que no pudo alcanzar en el resto de la sociedad para sus días postreros”, puntualizó la JUPA.