Cinco contrapliegos utilizados como trampas arteras por las EE.PP. de Medellín, en un lapso de ocho años, maduraron las condiciones para que, finalmente, el 13 de junio, estallara el conflicto más vigoroso y duradero que haya librado el sindicato a través de su combativa historia.
Diecinueve días después de un primer paro, que duró 24 horas, las cuadrillas se negaron, de cara al ejército, a salir a los frentes. Muchas zonas urbanas e industriales, en especial los barrios residenciales de las afueras de Medellín, vieron interrumpirse con frecuencia los servicios.
Decenas de presos
Ya el primer día hubo 45 detenidos, de los cuales 13 (algunos de ellos directivos del sindicato) fueron condenados más tarde a dos meses de prisión mediante juicios sumarísimos y arbitrarios. El 14, medio millar de obreros, desalojados de las instalaciones de las EE.PP. en el barrio Belén y perseguidos luego por los uniformados, se refugiaron en la iglesia de Fátima. Allí permanecieron todo el día. En la periferia del Valle de Aburrá, donde funciona la Central Hidroeléctrica de Ríogrande, un centenar más fue desalojado violentamente por la tropa. Con la ciudad enteramente militarizada, los huelguistas se las ingeniaron para burlar el cerco de las bayonetas, realizando continuos mítines relámpago. Luego de cuarenta días de lucha continua, el movimiento fue levantado el 21 de julio.
Más utilidades que Coltejer
El costo de la vida podrá pasar este año del 50%, pero las ofertas de la EE.PP. durante las negociaciones no superaron la barrera de los $26. En contraste, sus utilidades ascendieron en 1976 a $760 millones, cifra superior a la suma de las ganancias registradas en los balances de Coltejer y Fabricato. La enorme cuantía no beneficia, sin embargo, a los cuatro mil asalariados, sino a los prestamistas yanquis a quienes la entidad descentralizada adeuda el 60% de su patrimonio.
La huelga, necesidad inaplazable
Como es una verdadera guerra en pequeña escala, los obreros de la EE.PP. de Medellín presionaron de diferentes formas el logro de sus reivindicaciones. De un extremo a otro de Colombia, un creciente número de sindicatos multiplican los paros y las luchas callejeras como respuesta inmediata al recorte de las libertades democráticas. Las huelgas son una necesidad cada vez más inaplazable para los trabajadores de los servicios públicos.