Mientras el gobierno antipopular de López atraviesa día a día por dificultades, el proletariado coordina exitosas movilizaciones a escala nacional, lanza millares de sus efectivos al combate por la defensa de los derechos democráticos y obtiene nuevos triunfos. Se abre paso la unidad de las fuerzas revolucionarias en un solo frente de lucha, forjado al calor de las batallas cotidianas contra el régimen despótico y hambreador.
El magisterio prepara combate
La junta nacional ampliada de FECODE reiteró el 19 de marzo que el único camino para derrotar el Estatuto Docente es el paro nacional y llamó a los sindicatos filiales a respaldarlo masivamente.
Aprobaron ya el paro, desde comienzos de marzo, numerosas asambleas zonales efectuadas en Bogotá, así como Aspemboy y Sindimaestros, de Boyacá, Adida de Antioquia, la IV Convención de Nacional de Aceinem y otras organizaciones de los educadores. También millares de maestros en el Valle del Cauca, Atlántico, Arauca, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Cauca, Quindío, Huila, Santander y Tolima, durante varias semanas realizaron victoriosas huelgas en protesta por el atraso de los sueldos, y mil quinientos profesores del Chocó, un paro indefinido para presionar el pago de los salarios que el gobierno les adeuda.
Después de la agitación y las movilizaciones llevadas a cabo por los maestros, que han contado con la fervorosa simpatía de las fuerzas sindicales y populares, el gobierno anunció que la aplicación del Estatuto Docente quedaría suspendida temporalmente. En todo caso la junta ampliada de FECODE convocó para el 4 de abril un Pleno Nacional, que decidirá en definitiva el camino a seguir. El combate contra el policivo Estatuto movilizará a más de 150.000 maestros y construirá un poderoso refuerzo para el frente de batalla del proletariado.
Decenas de contiendas sindicales
Ante la arremetida de millares de trabajadores, que se lanzaron en no menos de treinta grandes empresas e instituciones a la defensa de la contratación colectiva y de la huelga, el gobierno se vio obligado a pactar aumentos convencionales que superan el 18 por ciento, límite calificado por el propio López como “infranqueable”.
La clase obrera rechazó unánimemente los tribunales de arbitramiento y reivindicó el camino de la negociación directa.
El 16 de marzo, una huelga de varias semanas paralizó cerca de 50 centros hospitalarios, con el respaldo de más de 60.000 asalariados. A la postre, el gobierno tuvo que ceder muchas de sus intransigentes negativas. En el curso del movimiento, los sindicatos de la salud denunciaron el cierre criminal de la Hortúa de Bogotá, paralizada por la asfixia presupuestal.
La opinión pública nacional repudió enérgicamente el brutal allanamiento del Hospital de Cartagena, ejecutado el 7 de marzo por la infantería de marina, que destruyó equipos quirúrgicos, golpeó a los pacientes y empleados y desalojó al personal médico. La tropa ocupó el 12 de marzo el Hospital Ramón Gonzáles Valencia de Bucaramanga, cuyos trabajadores se negaron a reiniciar actividades como expresión de protesta, pese a los despidos y sanciones que recayeron sobre dirigentes y activistas.
Cuando esperaban la hora cero, siete mil quinientos obreros metalúrgicos de Paz de Río (Boyacá), el gobierno y la empresa accedieron a firmar aumentos convencionales del 24 y el 26 por ciento.
Igual cosa sucedió en Telecom, Inravision, Administración Postal, Colpuertos y el Ministerio de Justicia, donde se obtuvieron varias conquistas, luego que los trabajadores –clasificados como empleados públicos – habían votado la huelga. Protocolizaron acuerdos poco después Fenaltracar y el Sindicato Nacional de Purina, que preparaban el paro nacional, ya aprobado por las bases.
700 asalariados, dirigidos por Adenavi, interrumpieron durante varias semanas el dragado del canal del Dique y el mantenimiento de los muelles de Barrancabermeja y Puerto Berrío, logrando al cabo importantes reivindicaciones. Los días 19,20 y 21 de marzo, 400 obreros de Flores S.A., de Funza (Cundinamarca), dieron una valerosa muestra de resistencia, en protesta por el despido de destacados dirigentes del sindicato. Finalmente, los mineros de Industrial Hullera de Amagá (Antioquia) concretaron el 8 de marzo un arreglo que comprende mejoras en sueldos y otros puntos extralegales.
Al cierre de esta edición se supo que la USO había obtenido una significativa victoria parcial en la discusión y defensa de su pliego de peticiones. La firmeza de los trabajadores de Ecopetrol derrotó el contrapliego que la empresa pretendía imponer mediante un tribunal de arbitramiento, y forzó al gobierno a traspasar su propia frontera salarial del 18 por ciento.
Durante las negociaciones, la USO recibió del proletariado y de las masas populares el más caudaloso respaldo que se tenga noticia en los últimos años de la historia sindical del país, apoyo exteriorizado a través de numerosos mítines y declaraciones en la jornada de solidaridad del 4 de marzo.
Dentro del debate público suscitado por el conflicto petrolero, se demostró que para resolver no solo el problema energético del país, sino el bienestar de la clase obrera, es indispensable el rescate de los recursos naturales de manos de los monopolios y la independencia nacional de la influencia del imperialismo. Otra gran lección de la pelea de la USO es la necesidad de mantener dentro del campo de la revolución una política que unifique a todas las fuerzas en torno de una línea de combate, tanto contra el sistema oligárquico explotador, como contra el gobierno que lo representa.
A pesar de los logros alcanzados, quedan pendientes reivindicaciones muy sentidas por los trabajadores de Ecopetrol, como las de la estabilidad plena, la supresión del sistema de contratistas que le niega los derechos convencionales a una inmensa gama de trabajadores y otras conquistas democráticas y sindicales. La USO, que ha salido fortalecida y unificada de esa batalla, no cejará en sus intentos por alcanzar tales objetivos y en dar su aporte al prolongado combate por la liberación nacional y por la construcción de una patria soberana, democrática y próspera.
Continúan huelgas
720 trabajadores de metalúrgica de Boyacá, de Paipa, en paro desde el 25 de febrero, se convirtieron en avanzada combativa del sindicalismo de este departamento al congregar en Tunja dos semanas después a 10.000 manifestantes, en un acto entusiasta que contó con la presencia de directivos de UTC, Utramicol, Utrabo, Fecode, Fenaltracar y el Comité de Unidad Sindical de Boyacá.
Se encuentran también en huelga los obreros de Cervunión de Medellín, El Diario de la Costa de Cartagena y la fábrica de tornillos y remaches Gutemberto de Bogotá. Se preparan para el cese de actividades, de no concretar acuerdos satisfactorios para sus pliegos de peticiones, los sindicatos de Quintal de Barranquilla – subsidiaria de Celanese – la Chocó Pacífico, Monómeros Colombo-Venezolanos de Cartagena y Planta de Soda de Zipaquirá.
En el frente de los servicios públicos, más de 3.000 asalariados de las Empresas Varias de Medellín impidieron con un paro, el 16 de marzo, el funcionamiento del matadero, el aseo de las vías públicas y la recolección de la basura, para presionar la solución de sus exigencias. Coordinados por el Comité Intersindical de Trabajadores del Estado (CITE), los trabajadores del DANE y la Registraduría Civil, considerados arbitrariamente como empleados públicos, llevaron a cabo paros parciales el 10 de marzo. A su turno, el sindicato de Empresas Municipales de Cali programó paros escalonados y mítines, en protesta por el alza de las tarifas, el racionamiento de energía y la negativa de la administración a solucionar el pliego petitorio.
Ante los continuados atropellos de la empresa, que despidió a siete directivos sindicales y a 40 trabajadores, el Sindicato de la Compañía de Empaques de Medellín ha anunciado que responderá con decididas acciones de masas. En igual forma se preparan para nuevas acciones los sindicatos de la caña de azúcar, en el Valle del Cauca, donde los ingenios amenazan con echar a la calle a centenares de obreros.