Pastrana, como fiel servidor de la política imperialista, mantiene la Caja en total parálisis. El crédito agropecuario se encuentra cerrado y los servicios bancarios restringidos. Se ha iniciado una campaña de desprestigio institucional orquestada desde las distintas dependencias oficiales, especialmente desde Planeación y los Ministerios de Hacienda y Agricultura.
Con el sofisma de la «reestructuración», Pastrana quiere culminar la obra de sus antecesores y se halla presto a liquidar definitivamente la institución más importante y necesaria para la reactivación del campo colombiano. Para ello ha anunciado que hará uso de las facultades extraordinarias contenidas en la ley 489 de 1998, que le permiten «suprimir, fusionar, reestructurar o modificar» cualquier entidad pública. El gobierno pretende confundir al país señalando que habrá una «nueva Caja Agraria» más eficiente y moderna al servicio de los campesinos. La verdad es distinta. Lo que se busca es acabar con una entidad que le ha servido al desarrollo de la producción agropecuaria y, de contera, arrebatarles los derechos a sus trabajadores eliminando la convención colectiva y la organización sindical.
Defensa de la Caja, propósito nacional
Pese a la política de marchitamiento que desde el gobierno se impulsa contra la Caja, ésta sigue siendo la más importante institución para el campo y para los municipios colombianos. Por su conducto se distribuyen los recursos para el sector y sin ella los entes territoriales, especialmente las poblaciones más alejadas, se verían condenadas al aislamiento y al abandono total. El gobierno ha anunciado que cerrará 340 oficinas de las existentes hoy y 170 municipios se quedarán sin la presencia de la Caja. Contra esto, los alcaldes, los concejales, la Iglesia y las fuerzas vivas de cada población preparan su movilización para impedir que el gobierno consume este atropello, y para reivindicar sus exigencias frente a la falta de vías de comunicación, precios de sustentación e importaciones de alimentos.
Las batallas libradas por los creditarios han evitado que regímenes anteriores la liquiden. Esta tradición debe seguir siendo la respuesta ante la actual arremetida. La huelga, como arma de lucha por excelencia de los trabajadores, convocada por su organización sindical, es la garantía para mantener viva la entidad. Serán los trabajadores con su imprescindible movilización quienes jalonarán el más amplio despliegue de movimientos, paros cívicos y manifestaciones de solidaridad.
El gobierno ha iniciado también una campaña de desprestigio contra Sintracreditario, valiéndose de diferentes medios de comunicación. Pretende con ello restarle poder de convocatoria y minar la confianza de los trabajadores. Dicha campaña hace parte de la política liquidadora de Pastrana. No olvidemos que una ofensiva similar fue utilizada para forzar el cierre definitivo de entidades como Colpuertos, Ferrocarriles Nacionales, el Idema y el Ministerio de Obras Públicas. Exonerar al gobierno de esta campaña es hacerle el juego a la política liquidacionista.
El MOIR llama al movimiento sindical, a los gremios del sector, al movimiento campesino, a la Iglesia, a alcaldes, concejales y diputados y, en general, a las fuerzas democráticas y progresistas a que respalden la lucha que por la permanencia de la Caja han de adelantar sus trabajadores.
¡Por la soberanía económica, resistencia civil!