Eberto López Machado, presidente de Sittelecom
La decisión de entregar los servicios más rentables al capital privado y liquidar a Telecom fue adoptada hace rato, desde el momento mismo en que Barco, Gaviria y Samper aceptaron plegarse a las imposiciones políticas, económicas y sociales de la recolonización norteamericana. Las diferentes variantes que han asumido los tres gobiernos nunca se han apartado del norte privatizador. El único obstáculo ha sido, es y será la posición patriótica de los trabajadores.
La actitud de Samper y de los funcionarios del ramo ha sido vergonzosa. Empeñaron su palabra en un acuerdo convencional con los sindicatos de Telecom, comprometiéndose a adelantar un proceso de discusión abierta sobre lo conveniente o no de allanar el camino a la competencia. En siete foros regionales y uno internacional, los neoliberales fueron arrinconados por los argumentos de sindicalistas, expertos nacionales y extranjeros, senadores, representantes, diputados, concejales y organizaciones populares. La conclusión de este proceso fue tajante: la apertura a la competencia en la larga distancia es un aleve atentado contra el interés nacional.
Mientras los foros se cumplían, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, produjo las resoluciones 086, 087 y 088, que imponían la apertura. Tanto el presidente como el ministro dieron declaraciones sobre su «inevitabilidad». Los acuerdos fueron desconocidos y se procedió a arrinconar a Telecom y a poner en subasta el patrimonio público.
Telecom, empresa consolidada
Telecom es una empresa consolidada que por más de cincuenta años «ha comunicado a los colombianos y a Colombia con el mundo», con niveles de adelanto tecnológico, cobertura, eficiencia y tarifas razonables que la colocan a la vanguardia de las empresas de telecomunicaciones de América Latina. Posee 75 centrales locales, 32 centrales interurbanas, 65 centrales combinadas y 328 concentradores remotos, distribuidos en la geografía nacional, muchos de ellos en localidades apartadas que no pueden ofrecer la más mínima rentabilidad, pero para las cuales la comunicación constituye un elemento estratégico de su supervivencia y su posibilidad de integrarse al desarrollo nacional. La red troncal y la red complementaria están digitalizadas prácticamente en su totalidad. Para el servicio internacional cuenta con las más modernas centrales digitales (EIOMT y AXE-10). En la actualidad se termina la red nacional de fibra óptica, que cubre una ruta de 4.600 kilómetros, con un costo de US$ 247 millones, que enlaza 101 ciudades y pondrá a disposición de los usuarios 153 mil circuitos, frente a los 61 mil circuitos disponibles hoy. Telecom participa en la propiedad del cable submarino de fibra óptica, que sale de nuestra Costa Caribe y a través del cual se comunica el sur con el norte del Continente, lo que convierte al país en punto estratégico.
Las tarifas de telefonía local en Colombia están entre las más bajas del mundo. En Latinoamérica oscilan entre $13 y $80 por minuto, cuando en Colombia la tarifa media es de $3.6. En larga distancia nacional la tarifa media por minuto es de $192, sustancialmente inferior a las cobradas en Argentina ($804), Brasil ($400), Alemania ($324), España ($312) o México ($240). Las tarifas de larga distancia internacional que cobra Telecom han decrecido en 72% en términos reales desde 1990, fundamentalmente por presiones de Estados Unidos a través de su agencia Federal Communications Commision, FCC, en razón de que es mayor el número de llamadas salientes de Estados Unidos que el entrante (con Colombia la relación es cercana a 4-1) y ello genera un flujo cercano a US$ 5.000 millones, que va hacia los corresponsales extranjeros, entre ellos Telecom. Las actuales tarifas módicas de telefonía local y larga distancia desaparecerán por la apertura, que plantea la supresión de los subsidios cruzados entre servicios y exige un rebalanceo tarifario consistente en un alza desmesurada de los precios de la telefonía local y larga distancia nacional, que afectarán significativamente a los colombianos. Las tarifas telefónicas en Venezuela, por ejemplo, han crecido 3.803% desde que en 1991 se privatizó la Compañía de Teléfonos de Venezuela.
Nuestro país ocupa el primer lugar en cobertura telefónica de larga distancia en América Latina: 4.118 localidades tienen servicio telefónico, 865 cuentan con discado directo nacional y 480 con discado directo internacional a través del cual pueden comunicarse con 224 países. Telecom tiene 1.054.000 líneas locales distribuidas en 733 municipios. Esto se ha logrado por la existencia de una empresa estatal entre cuyas funciones está ampliar la cobertura a sitios no rentables económicamente y prestar servicios subsidiados como la telegrafía y el télex. Sus ganancias, y sólo parcialmente, porque el gobierno año tras año desangra a Telecom con impuestos superiores a los que cobra al capital privado, son reinvertidas en la prestación de servicios. En un esquema de competencia, Telecom tendría que abandonar la prestación de servicios no rentables.
Además, la densidad telefónica es una de las más altas de América Latina, cercana a 15 líneas por cada cien habitantes. La demagogia neoliberal y aperturista habla sobre la necesidad de la competencia para alcanzar 30 líneas por cada cien habitantes. La realidad es que esta cifra es ideal para un país desarrollado, con ingresos diez veces superiores al de los colombianos. Pero para Colombia, donde 80% de los asalariados gana menos de dos salarios mínimos, el desempleo supera 14% y la nación atraviesa la peor crisis económica de su historia, es absurdo colocar estas metas como pretexto para la privatización. En las ciudades donde la capacidad de las telefónicas se ha incrementado substancialmente, sólo se han vendido entre 20 y 40% de las nuevas líneas.
La ofensiva neoliberal
El Ministerio de Comunicaciones, la CRT y la presidencia de Telecom han planteado que hay que hacer legalmente la apertura, legalmente, porque ella existe de manera ilegal a través de las empresas llamadas de call-back y las que utilizan las licencias de prestación de servicios de valor agregado para vender irregularmente los de transmisión de voz. Es decir, como existen el contrabando y la piratería, el camino no es enfrentarlos sino legalizarlos. Hoy la tecnología de telecomunicaciones permite, si existe voluntad para ello, detectar estos fraudes y erradicarlos. Pero las autoridades de comunicaciones, en vez de afrontar el problema, lo utilizan como argucia para imponer la privatización.
Abrir la competencia a Telecom es parte medular del proyecto de apertura económica impuesto a América Latina, para exclusivo beneficio de Estados Unidos y sus conglomerados. En febrero de 1977 se suscribió en Ginebra un Acuerdo Internacional de Telecomunicaciones, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo, firmado por el gobierno de Colombia a espaldas del país y en contra de los intereses nacionales, obliga a entregar los mercados de telecomunicaciones a los monopolios internacionales, principalmente gringos, que contarán con una poderosa herramienta para facilitar el control en todo el orbe. Ese mercado significó en 1995 más de 600 mil millones de dólares, o sea, 2.1% del producto mundial bruto. Y la tendencia universalmente aceptada es el crecimiento permanente de ese porcentaje.
Tan estratégico es el tema, y tan graves las secuelas sobre las economías y las soberanías nacionales, que países como Canadá, Japón, Italia, España y Portugal se resistieron a abrir a la competencia sus mercados y, finalmente, poco antes de suscribir el acuerdo, resolvieron dejar buena parte de las acciones de sus empresas estatales lejos del alcance de los inversionistas privados extranjeros.
La modalidad de apertura del sector de telecomunicaciones que se pretende implantar se basa en que el Estado, Telecom y las telefónicas locales coloquen al servicio de los nuevos operadores privados toda su infraestructura técnica, física y administrativa a cambio de insignificantes peajes o cánones de arrendamiento. La supuesta modernización del sector por el aporte de la inversión privada no existe sino en la demagogia oficial.
Telecom contrae la obligación de alquilar su red nacional a los precios que fije la CRT, es decir, de transmitir las llamadas de sus competidores a precios bajísimos. Telecom y las locales deben prestar servicios adicionales a los operadores privados como medición, registro de tráfico, facturación, recaudo, reclamos, fallas y errores, cobranzas, operadores y directorio telefónico. Telecom debe facilitar sus instalaciones suplementarias como predios, obras civiles, generadores de energía, para que sus competidores construyan en dos años una red paralela que una los mercados más jugosos: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
En síntesis, los nuevos operadores sólo aportarán, a cambio de la concesión, 150 millones de dólares en módicas cuotas, para acceder por diez años, prorrogables automáticamente por otros diez, a un mercado que significa hoy 1.500 millones de dólares anuales. Deben abrir además una cuenta corriente para que Telecom y las locales les consignen sus ganancias.
El complemento a la apertura es la conversión de Telecom y las telefónicas locales en empresas por acciones para entregar a precio de quema los activos y el control de estas empresas estatales a los monopolios mundiales de las telecomunicaciones. Se anuncia que antes de finalizar octubre habrá una definición de la presidencia de la República en tal sentido. Se alega, para sustentar la cacareada «inevitabilidad» de esta medida el pasivo pensional de Telecom, lo cual es una falacia.
Sí hay alternativa patriótica
Ante tamaña felonía contra el patrimonio público y sus gravísimas consecuencias sobre la soberanía, la única alternativa patriótica es respaldar la lucha que han adelantado los trabajadores del sector de telecomunicaciones. Ésta no es una batalla sólo de los asalariados. Es de todos los colombianos que sufren o les indigna la entrega de la nación a los voraces intereses del imperialismo norteamericano.
No basta la fuerza de los argumentos frente a quienes tan sólo escuchan con la cerviz inclinada los dictados del FMI, cumpliendo su papel de vendepatrias. Como siempre en la historia de los combates de los trabajadores, los argumentos de la fuerza, la unidad, el paro nacional, se colocan en primer plano a causa de la intransigencia del gobierno y ante las presiones ejercidas por el capital extranjero.
Hoy, como en abril de 1992, la mayoría de los colombianos tomará partido al lado de los trabajadores, que representan el interés de la nación, e impedirá la apertura, que sólo favorece a los conglomerados foráneos, principalmente norteamericanos, acolitados por los vendepatria.