La situación que sufre el Hospital de Caldas y otros más del departamento es un fiel reflejo de la crisis nacional de la salud pública. Las cifras del Hospital muestran con claridad la situación que padece:
La cartera a junio de 2003 era de casi 20 mil millones de pesos, de los cuales, más de 13 mil millones estaban objetados por las EPS, las ARS y otras instituciones, tanto públicas como privadas. El Hospital no puede funcionar, así le paguen lo adeudado, porque además el gobierno nacional no gira los recursos suficientes para atender a los vinculados.
El Hospital se acogió a la Ley 550, hizo cuatro reestructuraciones, despidió a cerca de 750 trabajadores, entregó áreas enteras de prestación de servicios al capital privado y, sin embargo, cuatro años después de la aplicación de la política de «salvamento», el resultado es peor: su cierre.
Según el Ministro de Protección Social, el cierre del Hospital obedece a que en Caldas hay tres hospitales públicos de tercer nivel de atención, ya que, en sus palabras, se requiere sólo uno por cada millón doscientos mil habitantes. En la lógica de los neoliberales, a nuestro pueblo no le falta atención en salud. El sistema está saturado, no hay pacientes para atender ni operaciones represadas. Tampoco hacen falta medicamentos ni material médico-quirúrgico y demás elementos para la prestación de un servicio adecuado. Pero la cruda realidad es que las gentes que acuden a los hospitales no reciben atención y los miles que no lo pueden hacer se mueren en sus casas.
El problema del Hospital es el mismo que asfixia a la salud en Colombia. Los intermediarios financieros se quedan con buena parte de los recursos sin atender a los pacientes y recibiendo dineros del Estado y de los usuarios para obtener jugosas utilidades. Mientras los recursos no sean girados directamente a la red pública y sobre la base de financiar la oferta en lugar de subsidiar la demanda, tal como ocurre hoy, seguirá ahondándose la crisis. Con el TLC la situación será peor, porque dicho tratado contempla la privatización total de la salud y la entrega de la misma a los operadores privados internacionales.
Al igual que en otros departamentos, miles de caldenses han protestado. El 18 de agosto se adelantó un Paro Cívico organizado por el Frente Común por la Defensa de la Salud Pública y el Hospital de Caldas, integrado por la CUT, los partidos políticos de izquierda, sectores académicos y personalidades democráticas, el cual, aunque no tuvo una participación mayoritaria de los manizaleños, sí movilizó a más de siete mil personas y contó con amplia simpatía entre la población. El Frente Común está comprometido a continuar su lucha hasta lograr la reapertura del Hospital de Caldas y la derogatoria de la Ley 100.