Indignación general por los bárbaros allanamientos y capturas de tres sacerdotes y una monja en Cartagena.
El pueblo exige libertad de los religiosos y demás compañeros detenidos.
“Si esto se hace con miembros del clero, cuáles no serán los abusos contra las gentes humildes”
En los últimos días la opinión publica ha venido conociendo a traces de la gran prensa los detalles de una nueva farsa represiva montada por el gobierno y sus aparatos de seguridad. El sistema empleado por los esbirros del régimen consiste en “descubrir” poderosos arsenales en las viviendas y sitios de trabajo de las víctimas. Como en el caso de las residencias de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, el ejército “incautó” un “arsenal suficiente para una matanza de incalculables proporciones” a tres sacerdotes y una religiosa en Cartagena. Con alarde de imaginación, el ejército aplica su novedoso sistema hasta en templos y residencias sacerdotales. Tan absurdo “hallazgo” motivó de inmediato la protesta del arzobispo de Cartagena, monseñor Rubén Isaza Restrepo, quien afirmó categóricamente: “Las armas de las cuales se ha dado cuenta no fueron halladas en los templos y casas parroquiales allanadas”. (El Tiempo; nov.7/76).
La detención
El 30 de octubre, fuerzas de la Infantería de Marina allanaron las iglesias y las casas parroquiales de San Jerónimo (corregimiento de Pasacaballos) y Santa Ana (isla de Barú) y detuvieron al sacerdote Rafael Geney y a la religiosa Herlinda Moisés. Tres días más tarde fueron privados de la libertad los sacerdotes César Augusto Rojas y Everardo Ramírez. Una quinta persona, José Manuel de Hoyos Arenilla, fue asimismo conducida a las instalaciones de la Base Naval de Cartagena. La acusación que formularon las autoridades contra los cinco detenidos fue la de tener en su poder numerosas granadas de fragmentación, dinero y drogas “con destino a los grupos subversivos” y de formar parte de una “red subversiva” que abarcaría una amplia zona de la Costa Atlántica.
Según lo denunció el clero de Cartagena en comunicado público del 5 de noviembre, durante el allanamiento de los templos los agentes de la Infantería de Marina “rompieron cielos rasos, levantaron pozos sépticos, bucearon aljibes, requisaron escaparates regando por el suelo todos los objetos personales; finalmente profanaron iglesia y sacristía tirando al suelo los ornamentos y vasos del culto y una caja fuerte destinada a sagrario de un templo en construcción. Arrojaron más tarde al suelo la custodia y se comieron las hostias.” (El Tiempo; nov.6/76). Todo esto con el fin de justificar el “descubrimiento” del arsenal, el dinero y las drogas.
Al servicio de la comunidad
Los cuatro religiosos arbitrariamente detenidos y acusados gozan de prestigio desde hace varios años entre las clases populares de la Bahía de Cartagena por su total dedicación y estrecha vinculación a los problemas cotidianos de las masas desposeídas. A este respecto dice el comunicado del clero cartagenero: “Queremos hacer resaltar ante los cristianos y la comunidad social en general, que tanto el padre Geney como los padres Rojas y Ramírez y la hermana Herlinda, se han distinguido por su trabajo evangélico de muchos años a favor de las gentes más pobres y olvidadas de la arquidiócesis. El padre Geney y la hermana Herlinda han venido trabajando ejemplarmente y en forma generosa en los 14 pueblos que integran la Bahía, en donde han construido importantes obras en beneficio de la comunidad”. A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor José de Jesús Pimiento, señaló: “Creo que se han hecho una novela alrededor de estas informaciones y que todo obedece más a una especulación de prensa que a la realidad de los hechos, porque los religiosos acusados son calificados plenamente en orden apostolado y han prestado grandes servicios en sectores marginados de la población”. (El País; nov. 9/76; p.1ª).
El atropello cometido contra los cuatro religiosos en Cartagena ha sido enérgicamente condenado por diversos estamentos y sectores de la opinión publica y el clero colombiano. El Comité de Sacerdotes y Religiosas para la Defensa de los Derechos Humanos emitió el 8 de noviembre una declaración publica solidarizándose con el comunicado del clero cartegenero. El Comité sienta una encandecida protesta “por la violación de los derechos humanos en la persona de los sacerdotes y de la religiosa citados, por la violación de sus domicilios; por su detención sin que haya mediado inicialmente información alguna sobre las causas; por el aislamiento casi completo al que se los ha sometido, de modo que al mismo señor obispo se le prohibió por mucho tiempo visitarlos; por la profanación de las formas eucarísticas y de los templos.” La declaración agrega: “Si esto se hace con los miembros del clero, que cuentan con un amplio respaldo institucional y de opinión publica es fácil suponer cuáles puedan ser los abusos y violaciones de los derechos de las gentes humildes de Colombia”.
Finalmente, el Comité “llama la atención de la opinión publica internacional para que se llame a engaño ante el aparente respeto de nuestros gobiernos a las instituciones democráticas.” (El Espectador; nov. 10/76: p.11A).
Por otra parte, la protesta publica del arzobispo de Cartagena fue respaldada íntegramente por las religiosas de esa ciudad mediante comunicado del 8 de noviembre. Luego de denunciar los irrespetos a que fuera sometido el jerarca eclesiástico por parte de los mandos militares, el comunicado anota: “Con respecto a la religiosa y los sacerdotes capturados, protestamos por: a) la forma abusiva como se procedió en el momento de la captura; b) el desacato con que se trataron los lugares y objetos sagrados.” (El Tiempo; nov. 9/76).
La farsa del gobierno
Hasta tal punto ha llegado la algarabía oficial sobre los sucesos de Cartagena y sobre la necesidad de justificar a toda costa los abusos y la represión del gobierno, que “en medios del comando del ejército” se divulgó la noticia sobre un “desembarco de fuerzas extremistas” en las costas colombianas, y que “las armas descubiertas en algunas iglesias y casas parroquiales de la Babia de Cartagena, formaban parte del gran plan que se estaba iniciando en la Costa Atlántica.” (La Patria; nov. 10/76; p.1ª).
Con tales informaciones sensacionalistas, rayanas en lo grotesco, el gobierno y los mandos militares pretenden embaucar al pueblo colombiano y cubrir con un manto de legitimidad la desaforada cacería de brujas en que están empeñados. No obstante, las fuerzas revolucionarias, los sectores democratices, las organizaciones populares y el clero consecuente han repudiado este atropello, continuarán batallando para derrotar esta nueva patraña macartista del “mandato de hambre” y exigiendo la libertad de los religiosos y demás compañeros detenidos.