Mas de 40 sindicatos nacionales y regionales pertenecientes a Fecode aprobaron la realización de asambleas permanentes durante los días 25 de marzo, 6 y 7 de abril y acordaron jornadas de protesta en las que 180.000 institutores saldrán a las calles para repudiar la reforma educativa lopista y defender el pliego único presentado desde el pasado año al gobierno. 130 delegados presentes en el 23º. Pleno de la federación, que concluyó el 13 de marzo, objetaron además el 7% de aumento salarial ofrecido por el Ministerio de Educación y se solidarizaron con las luchas que en la actualidad libran importantes sectores del proletariado colombiano.
Ninguna solución a los problemas del magisterio
Dijeron directivos de Fecode que “en las negociaciones del pliego se han gastado varios meses sin que el gobierno haya aportado ninguna solución. La situación económica de los maestros es grave. No existe departamento del país en el que estos no se sientan en carne propia las consecuencias del régimen continuista, pero tampoco hay lugar en el que no haya habido la justa respuesta. El panorama de las luchas es brillante”, concluyeron. En Nariño, un paro efectuado por más de 3.500 profesores obligó al gobierno, después de dos meses, el reintegro de cerca de 500 destituidos y al pago de los salarios atrasados. Miles de institutores del Atlántico realizan paros escalonados para enfrentar el despido de 250 compañeros, entre ellos un directivo de Fecode. Y en Risaralda, 800 profesores de secundaria, agrupados en Apror, exigen en asambleas permanentes el cumplimiento del acuerdo pactado desde el año pasado, que contempla a partir del 1º de enero un aumento salarial del 15%. Todas estas luchas concentran el ataque contra la reforma educativa lopista y la falsa nacionalización de la enseñanza.
La letra con sangre entra
Con el criterio de que no va a seguir financiándose la “subversión” desde las escuelas oficiales, el gobierno ha entrado a sangre contra los institutores, generalizando la persecución política. En alarde de inútil prepotencia, el F-2 allanó recientemente la sede de Ademacor en Córdoba, robando los archivos y detenido a 23 activistas, quienes fueron condenados con el 1533 apenas entre 25 y 30 días de arresto. Igualmente fueron encarcelados en Medellín el 9 de marzo seis miembros de Adida, en el curso de una manifestación en la que se exigía solución para los pliegos regionales presentados por el magisterio de primaria y secundaria, al tiempo que se apoyaba el pliego único nacional. La seccional de Córdoba de Aceinem protestó asimismo por el traslado discriminatorio de numerosos compañeros, confinados a regiones apartadas de Nariño en represalia por su participación en actividades sindicales. Son incontable los casos de persecución política. La seccional de Acpes del Valle del Cauca cumplió hasta hace pocos días persistentes paros escalonados, expresando su indignación por el despido de dirigentes sindicales, quienes hasta el momento aún no han sido reintegrados. “Un total de 1.000 educadores destituidos, 800 suspendidos y 2.000 trasladados, en un lapso de dos años, es un indicativo de la situación”, dice un comunicado reciente de Fecode.
Hasta dos meses se atrasan los salarios
Aunque el ministro de educación cacarea que “el movimiento de los maestros es político y persigue objetivos electorales”, un gran porcentaje de los paros llevados a cabo en el curso de los últimos meses se originaron en el atraso de los pagos. En tal sentido, dirigentes de Fecode sostuvieron que “muchas veces, los institutores de las escuelas rurales deben alimentarse tan sólo con esperanzas, porque sus salarios se retardan hasta dos meses”. Un recuento de los recientes combates librados así lo indica.
3.100 maestros pertenecientes a Asoinca del Cauca, cesaron actividades el 8 de marzo porque desde enero no recibían ni un centavo. El 11 de marzo lo hicieron los profesores del Instituto Técnico Industrial, el Liceo Femenino y el Colegio Pacelli de Manizales, reclamando la liquidación oportuna de los sueldos. Los siguieron al día siguiente los del Instituto Universitario e Instituto Chipre en la misma ciudad y los Colegios San Francisco de Chinchiná, bajo las orientaciones de Aprocal. La presa publicó el 15 de marzo que “por fin, después de mes y medio, será levantado el paro de profesores y trabajadores de la Universidad del Tolima, quienes reclamaban el pago de salarios correspondientes al mes de enero”. Dos días después, el Comité de Unidad del Magisterio del Valle, ordenó la realización de asambleas permanentes durante 24 horas, porque desde mediados del 1975 no percibían subsidio familiar. Cesaron actividades, a finales de febrero, igualmente por falta de cancelación de los salarios, los maestros de Corozal (Sucre), los del Instituto Técnico Santiago de Arma de Rionegro (Antioquia), los maestros de Barrancabermeja, los profesores del Inem de Manizales y los compañeros del Liceo nacional Alejandro Humboldt. El 11 de febrero lo hicieron 200 maestros de Puerto Tejada (Cauca).
Mientras el gobierno repleta las páginas de la gran prensa con declaraciones altisonante contra la “subversión” en las escuelas, cientos de miles de maestros, en alejadas e inhópitas zonas rurales y en las barriadas populares de las grandes ciudades, son sometidos al régimen de pan, agua y cárcel. Pero como en una gigantesca marcha de hogueras, sus luchas han convergido en un solo torrente luminoso que está sirviendo de guía para las futuras movilizaciones del proletariado colombiano.