Enrique Santos Calderón
La semana pasada una numerosa comisión oficial encabezada por los ministros de Minas y Desarrollo visitó la zona carbonífera de El Cerrejón, en el municipio guajiro de Barrancas. Por primera vez, altos funcionarios del Estado vieron de cerca los yacimientos de carbón más grandes del país -80 millones de toneladas de reservas probadas- y regresaron con el cuento de que “esta riqueza aún no ha sido entregada para su explotación a ninguna compañía extranjera”.
La advertencia de los ministros seguramente busca disipar la reacción que despertó en todo el país el aberrante acuerdo firmado por el IFI con la firma norteamericana Peabody, en septiembre de 1972, para la “exploración, desarrollo y explotación económica de los carbones de El Cerrejón”. Se trata, ahora, de crear la impresión de que sólo existe acuerdo para explorar los yacimientos y que la explotación propiamente dicha podrá ser contratada libremente por el gobierno colombiano en una fase posterior con cualquiera otra compañía en términos más favorables.
Esta nueva e impreovisada versión se esfuerza por tapar algo inocultable. La verdad es que, mientras no se derogue o suscriba otro, el único válido que existe es el ya mencionado con la Peabody. Además, la firma norteamericana ya ha invertido un millón de dólares en exploración. Y ninguna compañía del mundo, menos un pulpo internacional como la Peabody (filial de Kennecot Copper Corp.), va a desembolsar esta suma sin plenas garantías de seguir adelante con la explotación, que representa el verdadero negocio.
Debe ser por esto que los ministros recuerdan al final de sus declaraciones que, claro está, la Peabody es una empresa seria y que “esta prestigiosa firma tiene la primera opción” (“El Tiempo”, enero 26), Entonces, se preguntan muchos, para qué tanta cortina de humo verbal si todos sabemos quien acabará explotando estas minas.
La Peabody, en todo caso, no dejará escapar así no mas, un negocio tan redondo como el que consagra el polemizado acuerdo en cuestión. Sobre todo en momentos en que recursos energéticos como el carbón adquieren un extraordinario valor en todo el mundo. Y ya que el actual gobierno ha decidido seguir adelante con esta campaña en El Cerrejón, creando en su entorno falsas ilusiones nacionalistas, conviene recordar algunos de los aspectos más significativos y aún no modificados del acuerdo vigente.
La Peabody obtuvo la licitación tras un procedimiento rodeado de irregularidades, entre ellas la se que su apoderado en Colombia era miembro de la junta directiva del IFI, organismo encargado de concretar la negociación. El acuerdo firmado apresuradamente en ese entonces resultó tan contrario a los intereses del país que fue criticado por los mismos técnicos del IFI y el Departamento de Planeación elaboró un documento, urgiendo que se renegociara el contrato de El Cerrejón.
En el mencionado acuerdo, el Estado colombiano entrega a la compañía un 47 por ciento del depósito carbonífero sin recibir ninguna compensación por su descubrimiento, ni por el hecho de ser el propietario de esa riqueza. Pero sí le concede a la firma extranjera prebendas como el de un porcentaje por “asistencia técnica y asesoría en ventas” que puede llegar hasta el 40 por ciento de las utilidades brutas. Esto, con el antecedente de que el pliego de cargos presentado por el IFI especificaba claramente que el país no pagaría regalías por concepto de asistencia técnica, patentes, etc.
Cómo apareció esta asombrosa claúsula es apenas uno de los muchos lados oscuros de esta negociación, que ni ésta ni la anterior administración han querido aclarar. Se ha optado más bien por crear la impresión de que los perjuicios a la nación podrán subsanarse en la tercera fase del proyecto. Lo más probable es que en la etapa de la explotación, aparezca una tercera compañía, con un nombre y marco jurídico distintos, que no sería sino una filial de la Peabody. Esta es, por lo demás, una fórmula común dentro del modelo de “contratos de asociación” adoptado por el gobierno y donde la alianza de los pulpos internacionales con el capital estatal legitimiza la nueva forma del saqueo.
Tal vez con el ánimo de disimular aún más las dimensiones del atropello de El Cerrejón, se hace saber oficialmente que la zona adelaña a las 10 mil hectáreas ya adjudicadas, será entregada a Ecopetrol para su explotación. Pero no se especifica que Ecopetrol piensa entregárselas a su vez, al consorcio petrolero British Petroleum. Tampoco se informa que los yacimientos carboníferos de Santander los explotará otra compañía petrolera, la Cayman. Dos hechos que apenas confirman la avidez con que los consorcios petroleros, conscientes, ellos sí, de la creciente importancia del carbón como fuente de energía, se están apoderando de cuanto yacimiento de importancia aparezca en el horizonte.
Siguiendo con este mineral, cabe resaltar el anuncio del ministro de Minas, el miércoles, de que ha sido definitivamente cancelado el convenio con el Brasil para explotar conjuntamente el carbón de Cundinamarca por considerarlo “lesivo a los intereses nacionales”. Esto es incuestionable y debe aplaudirse. Pero doblemente lesivo a estos mismos intereses resulta el convenio con la Peabody en Cerrejón. Y lo es mucho más desde que la administración López expidió el célebre decreto de hidrocarburos, donde se extiende a la minería el concepto de “agotamiento”, que regía exclusivamente para el petróleo.
Esta regresiva modificación permite que también las empresas mineras puedan acogerse ahora a que “sus” reservas disminuyen gradualmente para pagar una suma cada vez menor de impuestos al Estado. Tanta generosidad busca estimular aún más -si cabe- a empresas como la Peabody o como la Hanna-Chevron, el consorcio norteamericano que explotará el níquel de Cerromatoso.
A esta última firma se le han otorgado también concesiones realmente abrumadoras, como la de permitir que su giro de utilidades sea calculado no sólo sobre el capital que la compañía aporte, sino también sobre los préstamos externos que se obtengan para financiar el proyecto. De esta manera, la Hanna-Chevron podrá repatriar hasta el 100 por ciento de ganancias y recuperar -según Planeación Nacional- “la inversión neta en uno o dos años”.
Los casos anteriores, todos muy concretos, sumados a otros como la entrega del gas natural de la Guajira a la Texas (libre giro al exterior de utilidades) o como los asombrosos privilegios que se otorgan al consorcio “Mineros Colombianos”, para que trafique con el oro, conforman un panorama desolador en lo que se refiere a la supuesta defensa de los recursos naturales anunciada en alguna ocasión por el gobierno.
No hay argumento sobre falta de capital nacional, o tecnología, o divisas, que justifique que riquezas como el petróleo y el carbón, el oro y el platino, el gas natural y el níquel sean arrancadas del país sin dejar más que la ilusión de una prosperidad pasajera. Este es el antidesarrollo por excelencia. Algunos responderán que estos recursos (fuente de divisas, mano de obra, “desarrollo”, etc) no pueden guardarse indefinidamente bajo tierra. Pero no se trata de eso, sino de ejercer una mínima capacidad de negociación cuando se decide ofrecerlos.
Para rematar, esta semana se divulgó la noticia de que también somos inmensamente ricos en uranio, materia prima de la energía nuclear.
Pero simultáneamente con los grandes titulares y los mapas de color indicando el sitio de los yacimientos, ya se insinúa el tremendo interés de diversas compañías extranjeras por sacar cuanto antes este mineral radioactivo de gran valor estratégico. Dados los antecedentes en este campo y la forma como se está preparando el terreno, el uranio parece destinado a seguir el camino que, desde tiempos inmemoriables, le ha trazado a las riquezas naturales la clase dirigente colombiana.