La Ley 72 de 1989 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Además, definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contrato o licencias y el pago de derechos, tasas o tarifa.
A las puertas de cumplirse cuatro años de haberse impuesto contra la voluntad de los trabajadores la privatización, o mal llamada competencia, Telecom está a las puertas de su ruina e intervención definitivas. No se sabe cuál ha sido la más nefasta de todas estas normas. Si la Constitución de 1991 o la continua legislación del gobierno nacional a través del Congreso de la República y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, que han acondicionado la normatividad para quebrar la Empresa. Lo cierto es que la aplicación permanente de las Leyes 142 y 37 de 1993 facilita el control de este servicio fundamental por parte de las multinacionales.
Si lo anterior no fuera suficiente, el Congreso, en un nuevo acto de obediencia ante la política de recolonización del imperialismo gringo, aprobó el año pasado el Cuarto Protocolo y la Ley Marco de Telecomunicaciones, dentro de los parámetros que establecen los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, firmados por el gobierno de Samper en 1997. Ambas normas propician la llegada de inversión extranjera en el sector sin límite alguno. Los monopolios foráneos se tomarán en muy corto tiempo los servicios básicos de telecomunicaciones, al permitírseles la explotación del servicio portador nacional e internacional.
Los estragos privatizadores de los últimos cuatro años quedan a la vista con indicadores deficitarios en los rubros de ingresos de Telecom. Es tan inminente la bancarrota, que la empresa va a tener pérdidas en este y en los próximos cuatro años por encima del billón de pesos, lo que acelera su liquidación definitiva. Se suma a lo anterior el latrocinio abierto perpetrado contra Telecom, con aplicación de la Ley 37 de 1993, que permitió que las multinacionales puedan instalar y explotar abonados telefónicos por el sistema de concesión. En cumplimiento de esta norma, las diferentes administraciones de la empresa entre 1993 y 1998, fieles a su concepción antinacional y de desprecio del patrimonio público, firmaron quince contratos de asociación con gigantes mundiales de telecomunicaciones como Siemens, Alcatel, Ericson, Nec, Itochu y Nortel, para instalar alrededor de dos millones de líneas telefónicas y ampliar nuestra red de telefonía local. Es tanta la voracidad de dichas multinacionales, que no se satisfacen con los más de dos mil millones de dólares pagados por cargos de conexión y facturación, y continúan exigiendo el pago, por supuestos derechos de compensación, de entre 800 y 1.500 millones de dólares en los próximos tres años.
El gobierno nacional acaba de notificarle al país y especialmente a los trabajadores de Telecom, a través de un documento del Conpes titulado Lineamientos de política para Telecom, que le quitará a la empresa estatal el control de la telefonía local, para posteriormente entregárselo a las multinacionales; la hipotecará con un préstamo de la banca internacional por 600 millones de dólares; dejará sus activos en manos del capital financiero foráneo y les arrebatará derechos fundamentales a los trabajadores y pensionados como la estabilidad, las prestaciones extralegales y los comités obrero-patronales, que han impedido de alguna forma que se haya culminado el saqueo interno de sus recursos y la subasta total de la infraestructura tecnológica.
Nos corresponde a los trabajadores de Telecom reeditar la gesta patriótica de 1992, cuando decidimos utilizar el camino de la lucha como única herramienta para derrotar la pretensión del gobierno de Gaviria de vender la empresa. Señalémosle con nuestro ejemplo al movimiento sindical que esta es la única fórmula capaz de hacer retroceder la política imperialista.
Las diferentes fuerzas que estamos trabajando hombro a hombro en la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, USTC, debemos hacer los esfuerzos necesarios para explicarles debidamente a los trabajadores las consecuencias del atentado que se avecina contra la nación y nuestros derechos. Hay que infundirles un estado de ánimo favorable a la movilización para detener la avalancha de medidas que, en su plan de globalización, ha desatado el imperialismo norteamericano contra los trabajadores y el país.
Descalifiquemos el camino de la concertación que han trazado recientemente el sindicato del Instituto del Seguro Social y otras organizaciones, que entregaron importantes derechos convencionales de los trabajadores.